La amenaza del apartheid de las vacunas

El pistoletazo de salida en la carrera por la vacunación mundial se dio en diciembre de 2020. Desde entonces, hay países más ricos que han comenzado su campaña de inmunización y han acordado grandes lotes de vacunas con las farmacéuticas, y países pobres que tendrán que esperar hasta 2022 e incluso 2023 para empezar a vacunar. Estos últimos son también el destino de un gran número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes irregulares. 
La escasez de vacunas pone contra las cuerdas a los Gobiernos, que deben priorizar a unos grupos de población sobre otros mientras esperan el resto de viales. Primero diferenciaron entre personas mayores, de salud delicada o trabajadores de primera línea. Sin embargo, las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la ONU han saltado cuando algunos países han trazado una raya entre nacionales y extranjeros a la hora de vacunar.
Ante esta diferenciación, los medios de comunicación han acuñado los términos “apartheid de las vacunas” o “nacionalismo de las vacunas” para definir el acceso desigual a las dosis entre países o la política de solo vacunar a los nacionales. No se trata solo de un debate moral: controlar la pandemia exige alcanzar la inmunidad global, para lo cual hay que inmunizar al 60 o 70% de la población. Por lo tanto, que existan grupos de población sin inocular supone una amenaza para la salud internacional.
¿Quién protege a los desprotegidos?
Los Estados tienen potestad para diseñar sus planes de vacunación: deciden a quién compran la vacuna, cuántas dosis comprar, cuándo, cómo y a quién administrarlas, siempre dentro del derecho internacional. En ese sentido, deben proteger a los refugiados y solicitantes de asilo que residen en su territorio, porque son personas que emigran de manera forzosa: huyen de una guerra o se les persigue por su etnia o sus ideas políticas o religiosas. La Carta de las Naciones Unidas recoge el derecho a buscar y disfrutar de asilo, y la Convención del Estatuto de los...