Seis mapas y gráficos que explican el aumento del hambre en el mundo

Hasta la declaración de la hambruna en Gaza en agosto de 2025, en el siglo XXI sólo se habían declarado dos hambrunas en el mundo: en 2011, Somalia sufrió las peores consecuencias de la enorme sequía que azotó la región del Cuerno de África, mientras que la guerra civil llevaría a Sudán del Sur a la catástrofe alimentaria en 2017. Desde entonces, el aumento de los conflictos y la inestabilidad han hecho crecer el hambre a nivel internacional.

Así lo indican las cifras de la FAO, que advierte que hoy hay más personas pasando hambre que hace una década. Conflictos como la invasión de Ucrania, el genocidio en Gaza, las guerras civiles en Sudán o Myanmar o la oleada de insurgencias en el Sahel han provocado una sucesión de crisis alimentarias a lo largo y ancho del globo. Todo ello, con el mundo atravesando su mayor nivel de violencia armada desde la Segunda Guerra Mundial. 

Además de los conflictos, los 673 millones de personas que sufren subalimentación enfrentan otros problemas estructurales como la desigualdad o la falta de voluntad política, encarnada en una crisis del multilateralismo que está reduciendo el papel de los organismos internacionales. De hecho, en el mundo se produce comida suficiente para alimentar a 1,5 veces la población actual.

La hambruna no ocurre de un día para otro: es la última fase de un largo proceso de falta suficiente de alimentos. Se considera que existe esa insuficiencia alimentaria por debajo de 1.800 kilocalorías al día. Para declarar una hambruna, la Clasificación Integrada de las Fases (IPC, por sus siglas en inglés), la métrica de referencia, establece que se deben cumplir tres condiciones: que un 20% de la población enfrente niveles extremos de hambre; que el 30% de los niños estén desnutridos o sean demasiado delgados para su altura; y que ocurran más de dos muertes diarias por cada 10.000 adultos o cuatro por cada 10.000 menores.

Acabar con el hambre sigue siendo uno de los principales retos del mundo. El desarrollo agrícola y ganadero, así como el aperturismo comercial desde principios de siglo parecían indicar que se avanzaba por el buen camino para la erradicación del hambre.

Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) buscaban reducir el número de personas que pasaban hambre a la mitad entre 1990 y 2015. Si bien se avanzó en esa dirección, en 2015 la subalimentación afectaba a 577 millones de personas, 20 millones más que el año anterior. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados ese mismo año ponían la meta para el hambre cero en 2030. Nada más lejos de la realidad.

Las guerras que impulsan el hambre

La mayor causa del hambre son los conflictos. Cerca del 75% de las personas que sufren desnutrición en el mundo viven en zonas de conflicto armado. Según la FAO, en doce de las trece zonas críticas afectadas por la hambruna en mundo el conflicto es la mayor causa de la inseguridad alimentaria.

Dentro de los territorios que sufren esta situación, los principales factores que agudizan la inseguridad alimentaria son la violencia, los desplazamientos internos y la destrucción de recursos e infraestructuras. Además, los conflictos dificultan la entrega de ayuda humanitaria y desatan disputas por el acceso al agua o los alimentos, agravando una situación ya de por sí crítica.

Nigeria, el país más poblado de África con más de 200 millones de habitantes, es el lugar donde más gente sufre inseguridad alimentaria aguda, con 31,8 millones de personas en esa situación de hambre. Le siguen Sudán, la República Democrática del Congo —azotada por el conflicto en el este del país—, Bangladés o Etiopía, todos por encima de los 20 millones de personas en una situación alimentaria que supera la tercera fase del IPC.

Sudán presenta uno de los casos más críticos de hambruna, con más de la mitad de su población en una fase de crisis alimentaria o peor. El país lleva décadas sufriendo conflictos internos, pero la situación empeoró tras la caída del dictador Omar al Bashir en 2019 y el posterior estallido de una guerra civil en 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). 

Se calcula que el conflicto de Sudán ha llevado a la hambruna extrema a 800.000 personas, sobre todo afectando a niños y mujeres, pero en total 25 millones de personas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria grave (IPC 3 o más). El conflicto ha generado un círculo vicioso de desplazamientos masivos, destrucción de infraestructura agrícola e interrupción de mercados y rutas de suministro, siendo más de 14 millones los desplazados en el país.

Gaza, el hambre como arma de guerra

Hay casos en los que el hambre es consecuencia de un conflicto armado, pero otros en los que se usa como arma de guerra. Es el caso del territorio palestino de la Franja de Gaza, contra el que Israel impone unas condiciones diseñadas para generar hambruna masiva, desde el control total de la entrada de ayuda humanitaria hasta el bombardeo de infraestructura civil, pasando por el desplazamiento forzoso de la población hacia áreas prácticamente inhabitables. Así lo recoge una investigación de la agencia Forensic Architecture, publicada el pasado agosto con el apoyo de World Peace Foundation.

De acuerdo con las proyecciones del IPC, cerca de un tercio de la población gazatí (640.000 personas) sufre ya una falta extrema de alimentos, mientras que 1,14 millones están en situación de emergencia alimentaria. Nunca se había hecho pasar hambre a una población de forma tan rápida y abrumadora. Han bastado 22 meses para llegar a esta situación. En 2025, el uso del hambre como arma de guerra sólo se da en Gaza y en Sudán, donde las partes enfrentadas en el conflicto lo llevan a cabo a través del saqueo de pueblos y el bloqueo de la entrada de ayuda. De hecho, el asedio por parte de las RSF a la capital de la provincia sudanesa de Darfur del Norte, una de las más afectadas por el conflicto, ha dejado a más de 10.000 niños con desnutrición aguda sin acceso a tratamiento.

La hambruna declarada por la ONU el pasado agosto en Gaza ha sido posible por el desmantelamiento total por parte de Israel de las estructuras que sostenían la soberanía alimentaria gazatí. El bloqueo del enclave palestino comenzó a principios de siglo, cuando, en respuesta a la Segunda Intifada, las fuerzas israelíes restringieron el acceso al mar —una de las principales fuentes de alimento en la región— y destruyeron gran parte de las tierras agrícolas del enclave. En 2005, todos los accesos salvo el paso fronterizo de Rafah con Egipto quedaron bajo control del Ejército israelí, incluyendo así la revisión de todas las mercancías con entrada al enclave.

A este bloque se suma una zona de “seguridad” o “separación” a lo largo de la frontera, que abarca el 35% de la tierra cultivable, o la fumigación con herbicidas peligrosos en tierras de cultivo en la zona fronteriza. Por tanto, en la práctica, la soberanía alimentaria del enclave resultaba ya imposible mucho antes de la invasión posterior a los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por la milicia islamista Hamás.

Un reparto desigual

La desigualdad y la falta de oportunidades son otros motores que mueven el hambre en el mundo. El sistema alimentario es altamente desigual y la inseguridad alimentaria crónica está estrechamente relacionada con factores estructurales como la pobreza, las brechas económicas o la exclusión social. Actualmente, cerca de 648 millones de personas viven en situación de pobreza extrema a nivel mundial y no pueden permitirse acceso a agua potable o alimentos nutritivos.

Al mismo tiempo, y aunque el Sur Global produce gran parte de los alimentos del mundo, los beneficios económicos de la producción no se distribuyen equitativamente. Ejemplo de ello es la producción de café: los agricultores, concentrados en países cercanos al ecuador como Brasil o Vietnam, sólo reciben el 2,5% del precio final de una taza de café, mientras que cerca del 90% de beneficios se extrae de los procesos tueste y comercialización, que en muchos casos se realizan cerca de las zonas de consumo de Europa y Norteamérica.

Además, la desigualdad alimentaria se reproduce a nivel nacional y regional. Un informe de Oxfam de 2016 ya advertía que el 1% de las explotaciones agrarias de América Latina concentraba algo más del 50% de las tierras agrícolas disponibles. El acaparamiento de tierras además se da en los terrenos más fértiles y productivos, que acaban orientados a la exportación. Como consecuencia, quienes tienen menos recursos y menos poder adquisitivo experimentan mayores problemas para acceder a la alimentación básica.

El caso de las mujeres es muy claro. Debido a barreras estructurales y la discriminación sistémica, son más vulnerables a estar en situación de extrema pobreza y sufrir inseguridad alimentaria. De hecho, las mujeres son el 49,7% de la población mundial, pero representan el 60% de las personas que sufren hambre crónica.

Esta desigualdad se agrava con la crisis climática, un problema que incrementa la pobreza y el hambre en el mundo. El 10% de la población que más contamina —y que acapara un 75% de la riqueza— genera la mitad de las emisiones globales, pero sólo sufre un 3% de las pérdidas por el cambio climático. Mientras tanto, la mitad de la población más pobre sólo genera un 10% de la contaminación, pero son los más afectados por los desastres naturales.

Los desastres como inundaciones, sequías prolongadas, olas de calor o incendios son además más recurrentes en algunas de las zonas más pobres del mundo. Estas alteraciones climáticas están empeorando el potencial productivo de países que dependen de la agricultura. Informes de organismos como la FAO han demostrado que las regiones más pobres y con niveles crónicos de hambre son las que están más expuestas a una inestabilidad de producción alimenticia producida por el cambio climático. 

El caso de Haití tras el terremoto de 2010, uno de los más devastadores de la historia, es un ejemplo claro de la desigualdad en el impacto de los desastres naturales. Las comunidades más pobres del país, que vivían en viviendas precarias y tenían poco acceso a servicios básicos, sufrieron las consecuencias a mayor escala: viviendas destruidas, desplazamiento masivo y escasez de alimentos.

Las desigualdades estructurales, como la pobreza extrema, la informalidad urbana y la ausencia de regulación en la construcción, amplificaron los efectos del desastre sobre los sectores más vulnerables. En este sentido, el hambre, el cambio climático y la desigualdad no son crisis separadas, sino que están entrelazadas como parte de un mismo problema sistémico.

Erradicar el hambre ya no es una prioridad

El hambre no es sólo un problema de alimentos: es un círculo vicioso impulsado por desigualdades, conflictos —como el genocidio en Palestina o la guerra en Sudán— y desastres naturales, como el terremoto de marzo de 2025 en Myanmar o las sequías que azotan el Sahel. Pero también por la falta de voluntad política: insuficiente inversión en prevención y gestión de desastres, gobiernos débiles incapaces de proteger a sus poblaciones, y una incapacidad global para llegar a acuerdos multilaterales que defiendan la legalidad internacional y que generan un escenario cada vez más inseguro.

La pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania pusieron manifiesto que las cadenas de suministro globales no pueden darse por sentadas, y que la búsqueda de autonomía estratégica y alimentaria es especialmente difícil para los países más empobrecidos y vulnerables. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el precio del grano se disparó, ya que el país es uno de los principales proveedores de trigo a nivel mundial. El año siguiente a la invasión, la ONU estimaba que entre 19 y 24 millones de personas sufrirían inseguridad alimentaria a raíz de carencias relacionadas con ese conflicto.

En 2021, la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente la comida como un derecho humano fundamental, con sólo dos votos en contra: EE. UU. e Israel, un Estado señalado precisamente por su implicación en la hambruna en Gaza. Este hecho evidencia que, aunque las normas existen, su cumplimiento depende de la voluntad política de los actores internacionales.

El deterioro de las organizaciones internacionales y los foros multilaterales, junto con su desprestigio por parte de actores clave como EE. UU., complica aún más la lucha contra el hambre. La reciente desarticulación de la Usaid, la principal agencia estadounidense de desarrollo y ayuda humanitaria —responsable de salvar, según estimaciones, unos 90 millones de vidas en sus 20 años de funcionamiento— ha dejado a millones de personas y organizaciones locales sin apoyo.

Los impactos son inmediatos. En Sudán, donde la mitad de la población sufre carencias alimentarias graves, el cese de operaciones de Usaid ya ha obligado a cerrar casi el 80% de los comedores de emergencia. No es un caso aislado: el Reino Unido o Alemania también han recortado o anunciado recortes en cooperación y ayuda humanitaria. Si se cumplen estas medidas, el valor total de la ayuda podría caer hasta un 45% este 2025. Según un estudio publicado por la revista The Lancet, de mantenerse este ritmo, para 2030 se habrán producido 14 millones de muertes evitables.