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El 22 de enero de 2025 la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora remitió a la Inspección Fiscal escrito en el que informa que tras el cese por traslado de la anterior Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía Provincial, doña María Pilar Berceruelo Blanco, en virtud de RD 554/2024, de 11 de junio, por el que se resuelve el concurso de traslados para la cobertura de plazas vacantes del Ministerio Fiscal, ha abierto la convocatoria para proceder a la cobertura de la citada delegación.

Abierta la convocatoria se ha presentado una única peticionaria: doña Alba Alonso Vidal, quien presenta méritos y formación para ocupar la citada delegación, siendo valorada como idónea para el cargo por la Fiscal Jefe provincial.

Recibido el escrito se procedió a la apertura de expediente gubernativo.

Mediante escrito de fecha de 29 de enero de 2025 la Excma. Sra. Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado informó que considera pertinente el nombramiento de doña Alba Alonso Vidal, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (art. 3.4. Real Decreto 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscal delegado especialista, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo, y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (art. 62.2 RMF).

Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (art. 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora está suficientemente motivada.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a doña Alba Alonso Vidal como Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía Provincial de Zamora.

2. Notifíquese lo acordado a la Excma. Sra. Fiscal Jefe Inspectora, a la Excma. Sra. Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, al Excmo. Sr. Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora, que trasladará copia del presente decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todas/os los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el art. 12, 1, b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 6 de febrero de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.