Početna stranica Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe de iniciativa sobre soberanía digital y tecnológica y sobre infraestructuras digitales europeas, tras un proceso de negociación liderado exclusivamente por la mayoría proeuropea, integrada por el S&D, el PPE, Renew Europe y Los Verdes, y sin ninguna contribución de la extrema derecha.
El informe aprobado envía un mensaje político claro: Europa debe reforzar su soberanía tecnológica, proteger la privacidad y la seguridad digital de los ciudadanos, apostar por energías limpias para el sector digital y preparar el terreno para iniciativas legislativas clave como el Chips Act 2.0, la Ley de Redes Digitales, la Ley de la Nube, la IA y la Ley de Computación Cuántica.
Por ello, desde la delegación socialista española reafirmamos nuestro compromiso con una Europa digital resiliente y democrática, donde la tecnología esté al servicio de las personas y donde la soberanía no signifique aislamiento, sino capacidad de decisión estratégica y protección frente a amenazas externas.

El 28 de diciembre, los comerciantes iraníes iniciaron unas manifestaciones con el cierre del Gran Bazar de Teherán con motivo de una inflación que alcanza el 50% y hace inaccesible el acceso a los alimentos. A las movilizaciones se unieron estudiantes y mujeres -que habían liderado protestas anteriores- y que acabaron protestando contra el régimen. El gobierno respondió con una represión brutal: arrestos masivos, un apagón de internet y miles de muertos y detenidos.
Ante esta situación, los socialistas hemos apoyado esta resolución, que denuncia con firmeza la represión violenta del régimen contra manifestantes pacíficos, las detenciones masivas, los juicios injustos, las ejecuciones y el apagón de comunicaciones. En ella, ponemos la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la libertad del pueblo iraní en el centro de la acción europea. Apoyamos una transición democrática libre y solicitamos medidas concretas como sancionar a los responsables de la represión, designar al IRGC como organización terrorista, apoyar la rendición de cuentas internacional, proteger a la sociedad civil y a la diáspora iraní, garantizar herramientas contra la censura y exigir la liberación de presos políticos, el fin de la represión y la abolición de la pena de muerte.

Los socialistas españoles hemos votado contra la moción a favor de pedir la opinión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la compatibilidad del acuerdo UE-Mercosur con los tratados de la UE.
Esta votación no es una buena noticia. La decisión paraliza la tramitación del acuerdo comercial con Mercosur en el Parlamento Europeo hasta que el TJUE emita su opinión. Sin embargo, no bloquea automáticamente la aplicación del acuerdo.
Estamos convencidos de que, tras 25 años de negociación, el acuerdo respeta plenamente la normativa comunitaria. Enviarlo al TJUE supone una maniobra dilatoria que transmite una imagen muy negativa de la Unión Europea, especialmente ante los estados miembros de Mercosur, que se han comportado como socios fiables durante esta larguísima negociación, de quienes ya hemos obtenido concesiones muy importantes.
El acuerdo UE-Mercosur permitirá ampliar de manera significativa las posibilidades comerciales para las empresas españolas en sectores cruciales de nuestra economía. También amplía las posibilidades de exportación para los agricultores. Los sectores más sensibles quedarán protegidos mediante cuotas, periodos transición, cláusulas de salvaguarda, reglas de origen, medidas fitosanitarias y protección de indicaciones geográficas. Se introduce un fondo de protección y controles más estrictos de bienestar animal y seguridad alimentaria.