Bo045es

LEY Nº 439
LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL. ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la
siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
CÓDIGO PROCESAL CIVIL
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1. (PRINCIPIOS). El proceso civil se sustenta en los
principios de:
1. Oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso,
sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la
Ley.
2. Legalidad. La autoridad judicial, en los procesos deberá
actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

3. Dispositivo. El proceso se construye en función al poder de
disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la
tutela jurisdiccional.
4. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad
jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de
manera eficaz y eficiente, y ordena a las partes, sus
apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones
legales.
5. Inmediación. Permite a la autoridad jurisdiccional, el
contacto personal y directo con las partes en las audiencias,
con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso,
excepto en los actos procesales que deban cumplirse por
comisión fuera de la jurisdicción de Juzgado.
6. Concentración. Determina la conjunción de la actividad
procesal en el menor número posible de actos, para evitar su
dispersión.
7. Publicidad. La publicidad exige como condición
indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que
la autoridad judicial decida lo contrario cuando la Ley lo
determine.
8. Saneamiento. Faculta a la autoridad judicial para adoptar
decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la
tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios
del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que
se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad
procesal.
9. Gratuidad. El proceso civil es gratuito, siendo ésta la
condición para hacer realidad el acceso a la justicia en
condiciones de igualdad.
10. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada
sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una
pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la
inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y

abogados, y servidores judiciales.El Juez no podrá aplazar
una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones
que expresamente autorice el presente Código.
11. Interculturalidad. La autoridad judicial en el desarrollo del
proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos
individuales y colectivos, permiten la convivencia de una
diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística.
12. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por
otorgar a las partes información útil y fiable facilitando la
publicidad de los mismos, con el objeto de que la jurisdicción
cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que
merezcan tutela jurídica.
13. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la
sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar que las
partes, estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de
sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o
privilegio entre las partes.
14. Eventualidad. Exige realizar actividades conjuntas, dentro
de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias
e incompatibles.
15. Contradicción. Las partes tienen derecho a exponer sus
argumentos y rebatir los contrarios.
16. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus
decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas
probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aún cuando no
hayan sido propuestas por las partes.
17. Probidad. Exige en la actuación de las autoridades
judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción
y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en
los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad.

ARTÍCULO 2. (IMPULSO PROCESAL). Las autoridades
judiciales en forma independiente de la actividad de las partes, tendrán a su
cargo la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a la finalización
del proceso y evitar su paralización, procurando que los trámites se
desarrollen con la mayor celeridad, dentro de los plazos procesales.
ARTÍCULO 3. (BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL).
I Las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y
sancionar toda forma de fraude procesal, colusión, dilación, y en
suma cualquier manifestación de inconducta procesal.
II. Las partes y en general quienes intervienen en el proceso,
deben actuar en forma honesta, de buena fe, con lealtad y
veracidad sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y el
entender racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad
judicial y los derechos del adversario.
ARTÍCULO 4. (DERECHO AL DEBIDO PROCESO). Toda
persona tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo, en el que sus
derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales
aplicables a los que se hallen en una situación similar; comprende el
conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial
en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado,
los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley.
ARTÍCULO 5. (NORMAS PROCESALES). Las normas
procesales son de orden público y. en consecuencia, de obligado
acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales
terceros. Se exceptúan de estas reglas, las normas que, aunque
procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados
de las partes.
ARTÍCULO 6. (INTERPRETACIÓN). Al interpretar la Ley
Procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los
procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley
sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del presente Código, se
recurrirá a normas análogas, la equidad que nace de las leyes y a los

principios generales del derecho, preservando las garantías
constitucionales en todo momento.
TÍTULO II
AUTORIDADES JUDICIALES
CAPÍTULO PRIMERO
FUNCIÓN JURISDICCIONAL
ARTÍCULO 7. (FUNCIÓN).
I. La autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional. las
servidoras y los servidores auxiliares sólo realizarán los actos
permitidos por la Ley del Órgano Judicial y el presente Código.
bajo responsabilidad.
II. Las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán las causas
sometidas a su competencia, de acuerdo a las leyes del Estado
Plurinacional.
ARTÍCULO 8. (INDEPENDENCIA). Las autoridades judiciales son
independientes en el ejercicio de sus funciones y están sometidas sólo a la
Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 9. (OBLIGATORIEDAD).
I. Las decisiones de las autoridades judiciales deben ser acatadas por
todas las autoridades y personas individuales o colectivas. Las
autoridades en general están en la obligación de prestar
asistencia para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
II. Para el cumplimiento de sus decisiones. las autoridades judiciales
podrán:
1. Disponer el auxilio de la fuerza pública, que deberá
prestarse a solo requerimiento.
2. Decretar conminatorias y sanciones económicas bajo la
modalidad de multas, sin que en ningún caso el cumplimiento

de obligaciones civiles pueda hacerse efectivo a través del
apremio corporal de la obligada u obligado.
CAPÍTULO SEGUNDO
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
ARTÍCULO 10. (CARÁCTER Y ALCANCE). La función
jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio del Estado
Plurinacional.
ARTÍCULO 11. (CRITERIOS DE COMPETENCIA).
I. La competencia de la autoridad judicial para conocer de un
asunto se determina por razón de materia y territorio.
II. Todo proceso tendrá dos instancias, salvo aquellos que por
Ley se tramiten en única instancia.
ARTÍCULO 12. (REGLAS DE COMPETENCIA). En el proceso
civil se observarán las siguientes reglas de competencia:
1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre
bienes en general, será competente:
a) La autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el
bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, a
elección de la parte demandante.
b) Si los bienes fueren varios y estuvieren situados en
lugares diferentes, el de aquel donde se encontrare
cualquiera de ellos.
c) Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el
que eligiere la parte demandante.
2. En las demandas con pretensiones personales, será
competente:

a) La autoridad judicial del domicilio real de la parte
demandada.
b) El del lugar donde deba cumplirse la obligación, o el de
donde fue suscrito el contrato, a elección del
demandante.
c) En caso de contratos por medio electrónico, será
competente la autoridad judicial pactada en el contrato, y
a falta de éste.la autoridad judicial del domicilio real de la
parte demandada, salvo que la Ley especializada
disponga lo contrario.
3. En las sucesiones, será competente:
a) La autoridad judicial del lugar del último domicilio real de
la o del causante, o el de donde se hallare cualquiera de
los bienes sucesorios.
b) Si el fallecimiento ocurriere .en el extranjero, el del
último domicilio real que la o el causante hubiere
constituido en el Estado Plurinacional, o el de donde se
hallare cualquiera de los bienes sucesorios.
ARTÍCULO 13. (PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA POR
RAZON DE TERRITORIO). La competencia por razón de territorio se
puede prorrogar únicamente por consentimiento expreso o tácito de las
partes. En forma expresa, cuando ellas convienen en someterse a una
autoridad judicial que para una o para ambas partes no es competente; en
forma tácita, cuando la parte demandada contesta ante una autoridad
judicial incompetente, sin oponer esta excepción.
ARTÍCULO 14. (SUSPENSIÓN DE LA COMPETENCIA). La
competencia de una autoridad judicial puede suspenderse en todos los
asuntos que conoce o sólo en determinado asunto. En el primer caso, por
cualquiera de las causas que privan a la autoridad judicial de sus funciones,
como la suspensión motivada por acción penal, vacación o licencia; y en el
segundo caso, por excusa o recusación, o por la conclusión del pleito.

ARTÍCULO 15. (SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA
COMPETENCIA). La competencia se suspende temporalmente en
determinadas causas:
1. Por apelación concedida en efecto suspensivo.
2. Por acuerdo de las partes, en los casos permitidos por Ley.
3. Por suspensión del asunto en los casos señalados por Ley.
ARTÍCULO 16. (PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA). La autoridad
judicial perderá competencia por:
1. Excusa declarada legal.
2. Recusación probada.
3. Resolverse en su contra la competencia suscitada.
4. Conclusión del pleito.
CAPÍTULO TERCERO
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
ARTÍCULO 17. (PROCEDENCIA). Los conflictos de competencia
que se suscitaren entre dos o más juzgados o tribunales para determinar a
cual corresponde el conocimiento de la causa, podrán promoverle de oficio
o a instancia de parte, por inhibitoria o por declinatoria, antes de haberse
consentido la competencia reclamada.
ARTÍCULO 18. (INHIBITORIA). La inhibitoria, se intentará ante el
juez o tribunal a quién se considere competente, pidiéndole dirija oficio al
que se estimare incompetente para que se inhiba y le remita el proceso.
ARTÍCULO 19. (DECLINATORIA). Por vía de declinatoria se
planteará ante el juzgado o tribunal que se considere incompetente,
pidiéndole se separe del conocimiento de la causa y remita el proceso a la
autoridad tenida por competente.

ARTÍCULO 20. (PROCEDIMIENTO DE LA INHIBITORIA). Si
planteada la inhibitoria la autoridad judicial se declarare competente, se
dirigirá a la jueza o juez o tribunal tenida o tenido por incompetente,
acompañando fotocopia legalizada del memorial en que se hubiere
planteado la inhibitoria, como de la resolución correspondiente y demás
recaudos sobre los que hubiere fundado su competencia: asimismo,
solicitará a la autoridad judicial su inhibitoria, la remisión del expediente o,
en su defecto, el envío de éste al tribunal superior llamado por Ley para
dirimir el conflicto.
ARTÍCULO 21. (PROCEDIMIENTO DE LA INHIBITORIA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL REQUERIDA).
I. La autoridad requerida previa notificación, se pronunciará en el
plazo de cuarenta y ocho horas aceptando o negando la
inhibitoria.
II. Si la autoridad requerida aceptare la inhibitoria, remitirá la
causa ante el juzgado o tribunal requirente, emplazando a las
partes para que comparezcan ante este último. Esta resolución
será inapelable.
III. Si la autoridad requerida negare la inhibitoria y se declarare
competente, en el término de cuarenta y ocho horas enviará las
actuaciones sin otra sustanciación al tribunal superior para dirimir
el conflicto, comunicando al mismo tiempo a la o el requirente
para que remita las suyas en igual plazo si las o los jueces se
encontraren en el mismo asiento judicial o, en el de seis días si lo
estuvieren en asientos diferentes.
ARTÍCULO 22. (PROCEDIMIENTO DE LA INHIBITORIA ANTE
EL TRIBUNAL DIRIMIDOR). Dentro de los cinco días de recibidas las
actuaciones de ambas autoridades judiciales o a los quince días de
remitidas aquellas sólo por la autoridad requerida, el tribunal superior
resolverá el conflicto sin otra sustanciación ni ulterior recurso, .declarando:
1. La competencia de la autoridad judicial que conoció en su
origen la demanda principal.

2. La incompetencia de la autoridad judicial origen, en cuyo caso
dispondrá la remisión de obrados a la autoridad considerada
competente.
3. La incompetencia de ambas, en cuyo caso dispondrá la
remisión de antecedentes al juzgado o tribunal que considere
competente para conocer el asunto.
ARTICULO 23. (SUSPENSIÓN DEL PROCESÓ.): Durante el
conflicto y desde que la autoridad judicial fuere notificada, ambas
autoridades judiciales deberán abstenerse de toda actuación sobre lo
principal, salvo las medidas camelares que podrá solicitarse a cualquiera de
ellas.
CAPÍTULO CUARTO
PODERES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES
DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ARTICULO 24. (PODERES). La autoridad judicial tiene poder
para:
1. Rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda
cuando:
a) Sea manifiestamente improponible.
b) Se reclame un derecho sujeto a plazo de caducidad y
éste haya vencido, siempre que se trate de derechos
indisponibles.
2. Impulsar el proceso observando el trámite que legalmente
corresponda, cuando el requerido por la parte no sea el
adecuado.
3. Ejercitar las potestades y deberes que le concede este
Código para encausar adecuadamente el proceso y la
averiguación de la verdad de los hechos y derechos
invocados por las partes.

4. .Disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes
de sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a
objeto de formular aclaraciones o complementaciones que
fueren necesarias para fundar la resolución.
5. Rechazar sin sustanciación, la prueba inadmisible en
relación al objeto de la controversia.
6. Rechazar los incidentes que tiendan a dilatar o entrabar el
proceso.
7. Imponer a las abogadas o los abogados y a las partes,
sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas cuando
obstaculicen maliciosamente el desarrollo del proceso,
observando conducta incompatible con la ética profesional y
el respeto a la justicia.
8. Sancionar con arresto de hasta ocho horas a las o los
abogados o a las partes, que falten manifiestamente al
respeto a la autoridad judicial, servidores judiciales o parte
contraria; impidan u obstaculicen maliciosamente cualquier
audiencia o diligencia.
ARTÍCULO 25. (DEBERES). Son deberes de las autoridades
judiciales:
1. Fallar, aplicando las reglas de derecho positivo, sin que en
ningún caso puedan excusarse bajo pretexto de falta,
oscuridad o insuficiencia de la Ley en las causas sometidas a
su juzgamiento. Sólo podrán fallar por equidad cuando,
tratándose de derechos disponibles.las partes lo soliciten.
2. Dictar resoluciones dentro de los plazos señalados por este
Código.
3. Disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva
igualdad de las partes.

4. Considerar que el ejercicio de los derechos individuales y
colectivos; permiten la convivencia de una diversidad cultural,
institucional, normativa y lingüística.
5. En la audiencia deberán tomar en cuenta la cosmovisión de
las personas que intervienen en la misma, velando por el
respeto de sus tradiciones y costumbres; así como la
comprensión adecuada de la realidad donde desempeña sus
funciones.
ARTÍCULO 26. (RESPONSABILIDADES).
I. Las autoridades judiciales serán responsables por:
1. Demorar injustificadamente en proveer.
2. Dictar providencias inapropiadas.
3. Proceder con dolo o fraude.
4. Sentenciar incurriendo en error inexcusable.
II. Las autoridades judiciales tienen responsabilidad civil, penal y
disciplinaria, establecida en la forma que determina la Ley.
TÍTULO PARTES
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTÍCULO 27. (PARTES). Son partes esenciales en el proceso la
o el demandante, la o el demandado y terceros en los casos previstos por
la Ley.
ARTÍCULO 28. (OTROS SUJETOS PROCESALES). Concurren
también al proceso las servidoras y los servidores auxiliares de la
administración de justicia señalados en la Ley del Órgano Judicial,

abogadas y abogados., peritos, traductores, intérpretes, depositarios,
administradores, interventores, martilleros, comisionados, y en general
aquellas o aquellos que no tienen interés en el objeto del proceso, pero que
actúan en éste de una u otra forma.
ARTÍCULO 29. (CAPACIDAD E INCAPACIDAD).
I. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar,
podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora,
demandada o tercero, ya sea directamente o por representación.
II Las y los incapaces no podrán intervenir por sí mismos en el
proceso, debiendo actuar por medio de sus representantes.
ARTICULO 30 (CAPACIDAD E
INCAPACIDAD SOBREVINIENTES).-
I. Si la persona incapaz que estuviere litigando se tornare capaz,
continuará los trámites por sí misma o mediante apoderado y, los
actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos. Si
la persona capaz durante el proceso se incapacitare y estuviere
actuando personalmente, comprobado el hecho, se le designará
representante judicial, en un plazo máximo de tres días.
II. Si actuare mediante representación, ésta o éste se
incapacitare, se comunicará a la autoridad judicial, a efecto de la
designación referida en el Parágrafo anterior, debiendo continuar
en el ejercicio del mandato, sin suspensión del proceso, hasta su
sustitución.
ARTÍCULO 31. (SUCESIÓN PROCESAL DE LAS PARTES).
I. La sucesión procesal se presenta cuando una persona ocupa el
lugar de una de las partes en el proceso, reemplazándola como
sujeto activo o pasivo del derecho discutido.
II. Existe sucesión procesal cuando:
1. Fallece una persona que sea parte en el proceso.

2. Se disuelve o extingue una persona colectiva.
3. Se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien
litigioso.
III. Si durante la sustanciación del proceso falleciere la persona
natural que interviene como parte, o fuere declarada la
desaparición o el fallecimiento presunto, el proceso continuará con
los sucesores.
IV. La contraparte podrá pedir el emplazamiento de los sucesores
sin que sea necesario que éstos agoten el trámite sucesorio,
debiendo procederse en la misma forma prevista para la
demanda. Mientras tanto el proceso en que fueron llamados
quedará suspendido por el plazo de cuarenta días, salvo que se
encuentre en estado de dictarse sentencia, en cuyo caso la
suspensión se producirá después de pronunciada ella.
V .La autoridad judicial a tiempo de disponer la suspensión del
proceso, mandará la citación personal o mediante una publicación
de edicto a las o los herederos, otorgándoseles hasta un plazo de
treinta días, para su comparecencia. Si las o los herederos o la o
el albacea, no se presentaren, se declarará la extinción de la
instancia o la prosecución de la causa según corresponda,
debiendo en este último caso designarse una o un defensor.
VI. Si en el curso del proceso sobreviniere la fusión o escisión de
alguna persona colectiva que figure como parte.los sucesores en
el derecho debatido podrán comparecer para que se les
reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá
efectos respecto de ellos aunque no concurran.
ARTÍCULO 32. (DISOLUCIÓN DE PERSONA COLECTIVA). Si,
la persona colectiva en litigio se disolviere, el proceso continuará con
quienes. estén a cargo de la liquidación del patrimonio.
ARTÍCULO 33. (TRANSFERENCIA DEL DERECHO O DE BIEN
LITIGIOSO).

I. En caso de transferencia por acto entre vivos del derecho o del
bien litigioso en todo o en parte, el adquirente podrá suceder en
forma total o parcial a la o el enajenante en el proceso.
II. De existir oposición, se dictará resolución de previo y especial
pronunciamiento. Si ella fuere admitida, la o el enajenante
conservará su condición de parte en el proceso, pero como
litisconsorte activo o pasivo de la o el adquirente; en caso
contrario, la o el sucesor procesal ocupará el lugar de su
enajenante,
ARTÍCULO 34. (MENORES EMANCIPADOS). Los menores
emancipados por matrimonio podrán actuar directamente y con plena
capacidad por sus derechos personales y personalísimos.
ARTÍCULO 35. (REPRESENTACIÓN PROCESAL).
I. La persona natural podrá actuar por intermedio de
representante, sea que éste se hallaré previsto por la Ley, por
poder otorgado al efecto o designado por la autoridad judicial.
II. La representación de la persona colectiva deberá adecuarse a
las disposiciones que determinaron su creación y que estén
previstas en su norma interna, y se ejercerá por sus órganos
autorizados. Si se tratare de un representante designado en el
acto constitutivo, no requerirá presentar poder especial para
actuar a nombre del ente colectivo, salvo revocatoria de mandato.
El representante deberá acreditar la existencia legal del ente
colectivo respecto del cual alega su representación y tratándose
de un representante convencional, el poder que acredite su
personería.
III. En cualquier caso, el representante deberá presentar el
documento idóneo en su primera intervención en el proceso.
IV. El desaparecido declarado judicialmente, intervendrá mediante
representante designada o designado al efecto.

ARTÍCULO 36. (REPRESENTACIÓN DE PLENO DERECHO).
Las madres o los padres que comparezcan en representación de sus hijas
o hijos menores de edad no emancipados por matrimonio, no estarán
obligados a presentar los certificados de nacimiento, salvo que la autoridad
judicial, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo
apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.
ARTÍCULO 37. (REPRESENTACIÓN DE PERSONAS
COLECTIVAS EXTRANJERAS).
I. Las personas colectivas extranjeras, sus sucursales, agencias o
establecimientos que realicen actividades debidamente
autorizadas en Bolivia, están sujetas a las mismas exigencias de
representación que la Ley señala para las personas colectivas
nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en
contrario.
II. El poder que se otorgare en el extranjero, debidamente
traducido, cuando corresponda, y legalizado, deberá presentarse
en el primer escrito en que el apoderado se apersone como tal.
CAPÍTULO SEGUNDO
APODERADA O APODERADO JUDICIAL
ARTICULO 38. (CONSTITUCIÓN).
I. La parte con capacidad para comparecer por sí al proceso,
podrá constituir uno o más apoderados. Si las o los apoderados
fueren varios, podrán actuar indistintamente y cada uno de ellas o
ellos asumirá responsabilidad ante su mandante por los actos
procesales que realice.
II. El Estado y demás órganos de derecho público, podrán
designar apoderadas o apoderados para los procesos en que
fueren parte.

ARTÍCULO 39. (CAPACIDAD). La representación judicial podrá
ser conferida a cualquier persona que tenga capacidad de obrar.
ARTÍCULO 40. (ACEPTACIÓN Y ADMISIÓN DE LA
PERSONERÍA).
I. La aceptación de la o el apoderado judicial se presume por su
ejercicio.
II. Admitida la personería de la o el apoderado, ésta o. éste,
asume las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos
obligan a la o el mandante.
ARTÍCULO 41. (OBLIGACIONES). La o el apoderado está
obligado a seguir todos los trámites del proceso mientras no cese
legalmente el mandato. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos
que le fueren practicadas, incluso con las resoluciones, tendrán la misma
eficacia que si se hicieren a la o el mandante, sin que le sea permitido pedir
se entiendan con éste. Se exceptúan los actos que por disposición de este
Código deban ser citados, notificados y emplazados a la parte.
ARTÍCULO 42. (EXTENSIÓN DEL MANDATO).
I. El poder conferido para uno o más pleitos determinados,
cualesquiera fueren sus facultades, comprenderá las de
interponer y tramitar los recursos ordinarios y extraordinarios, así
como las diversas instancias y etapas de aquellos, incluyendo los
procesos preliminares, cautelares, de ejecución de sentencia e
incidentales y en suma, realizar todos los actos procesales,
extensivo pero no limitativa para hacer efectiva la sentencia. Para
realizar actos jurídicos de disposición de derechos, tales como
confesar, desistir del proceso o de la pretensión, conciliar,
transigir, suspender el proceso y -sustituir o delegar la
representación, se requiere de facultades especiales contenidas
en el poder.
II. Si la parte demandada reconviene, la o el apoderado estará
obligada u obligado a responder, aun cuando no se lo hubiera
conferido mandato especial para tal acto.

ARTÍCULO 43. (SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL
MANDATO).
I. La o el apoderado podrá sustituir o delegar sus facultades,
siempre que esté autorizada o autorizado expresamente para ello.
La delegación faculta al delegante para revocarla o reasumir la
representación.
II. La actuación de la o el apoderado sustituto o delegado obliga a la
parte representada dentro de los límites de las facultades
conferidas.
III. La formalidad para sustituir o delegar es la misma que la
exigida para otorgar el poder.
ARTÍCULO. 44. (CESE DE LA REPRESENTACIÓN). La
representación de la o el apoderado cesará:
1. Por revocación del mandato que conste en el expediente,
en cuyo caso la o el mandante deberá comparecer por sí o
constituir nuevo apoderado bajo pena de continuarse el
proceso en rebeldía. Sin embargo, la ejecución de un acto
procesal por la o el mandante no supone la revocación del
poder, salvo declaración explícita en tal sentido.
2. Por renuncia de la o el apoderado, caso en el cual ésta o
éste deberá, bajo pena .de daños y perjuicios, continuar los
trámites hasta el vencimiento del plazo fijado por la autoridad
judicial a la o el mandante para que comparezca
personalmente o designe nuevo apoderado. La resolución
que otorga el plazo contendrá apercibimiento de continuarse
el proceso en rebeldía y será notificada por cédula en el
domicilio de la o el mandante, conforme al Artículo 72,
Parágrafo VI, de este Código.

3. Por extinción.de la personalidad de la persona colectiva
mandante.
4. Por conclusión de la causa para la cual se otorgó el
mandato.
5. Por muerte o incapacidad de la o del mandante, en cuyo
caso:
a) Comprobado el hecho, la autoridad judicial suspenderá
la tramitación y citará a las o los herederos, tutora o
tutor, mediante edicto publicado por una sola vez, para
que en el plazo de treinta días se hagan presentes y
asimilan defensa prosiguiendo el juicio en el estado en el
que se encontrare. Si las o los herederos o tutora o tutor
no se presentaren en el plazo señalado, se declarará la
extinción de la instancia o rebeldía, según corresponda.
Si el mandante siendo incapaz no tuviera tutor o tutora,
se le designará representante judicial. La o el apoderado
en el caso de medidas urgentes, continuará ejerciendo
personería hasta que las o los herederos o
representantes, asuman la defensa que corresponda. .
b) Cuando el fallecimiento o la incapacidad de la o el
.mandante hubiere sido de conocimiento de la o el
mandatario, éste deberá dar parte del hecho a la
autoridad judicial en el plazo de tres días; asimismo,
deberá indicar el nombre y domicilio de la o los
herederos o de la tutora o el tutor, si los conociere. En
caso de incumplimiento perderá el derecho a percibir
honorarios que se devengaren con posterioridad al
acontecimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal.
6. Por muerte o incapacidad de la o el apoderado, en cuyo
caso se suspenderá el trámite del proceso, disponiendo la
autoridad judicial en la misma providencia, que la o el
mandante comparezca por sí o nuevo apoderado, en el plazo
de tres días, con citación mediante cédula en su domicilio

señalado. Vencido el plazo sin que la o el mandante
cumpliere lo ordenado, se declarará la extinción de la
instancia o continuará el proceso en su rebeldía, según
corresponda.
7. Por resolución judicial fundamentada, cuando la o el
apoderado actué con malicia o temeridad reiterada.
ARTÍCULO 45. (UNIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN).
I. Cuando actuaren en el proceso diversas personas con un
interés común, deberán hacerlo conjuntamente. Si no lo hicieren,
la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte y después de
contestada la demanda, les intimará a unificar su representación
siempre que hubiere compatibilidad o que el derecho o
fundamento de la demanda fuere el mismo o iguales las defensas.
A este efecto, señalará audiencia; si las o los interesados no
concurrieren o no se avinieren en el nombramiento de
representante único, designará de entre las o los que intervinieren
en el proceso.
II. La unificación no podrá disponerse si. tratándose de proceso
ordinario, las partes no llegaren a acuerdo sobre la persona que
asumirá la representación única. En caso de negativa de una
persona a la designación de apoderada o apoderado común,
queda obligada a litigar por separado.
III. Dispuesta la unificación, podrá ser revocada por acuerdo unánime
de las partes, o por la autoridad judicial a petición de una de ellas,
siempre que hubiere motivo justificado. La revocación del poder o
la renuncia de la apoderada o el apoderado común no surten
efectos mientras no se designe uno nuevo y éste se apersone al
proceso.
IV. Producida la unificación, la o el representante único tendrá,
respecto de sus mandantes, todas las facultades y
responsabilidades inherentes al mandato.

ARTÍCULO 46. (REPRESENTACIÓN SIN MANDATO). Nadie
podrá pretender asumir la representación de una persona, sin mandato
expreso, salvo:
I. El esposo o esposa por su cónyuge, los padres por los hijos o
viceversa, el hermano por el hermano, suegros por sus yernos y
nueras o viceversa y los socios o comuneros, cuando la persona a
quien se representa se encontrare impedida de hacerlo o ausente
del país, siempre que no se trate de pretensiones personalísimas.
II. La o el representado hasta antes de la sentencia, ratificará lo
actuado en su nombre.
III. Si la o el representado no ratificare lo actuado a su nombre, se
tendrá por nulas las actuaciones de la o el representante.
imponiéndose daños y perjuicios a esta última si hubiere lugar.
IV. La ratificación es tácita cuando la o el representado
comparezca por sí o por apoderado y no rechace expresamente
las actuaciones. La ratificación parcial condicional no es válida.
V. La ratificación tiene efectos retroactivos a la fecha de
comparecencia de la o del representante.
VI. No procede esta representación en los procesos voluntarios y
concursales.
CAPÍTULO TERCERO
LITISCONSORCIO
ARTÍCULO 47. (LITISCONSORCIO FACULTATIVO).
I. Dos o más personas podrán litigar en forma conjunta como
demandantes o demandadas en el mismo proceso, cuando sus
pretensiones fueren conexas por su causa u objeto, o cuando la
sentencia a dictarse respecto de una pudiere afectar a la otra.

II. Los litisconsortes facultativos serán tenidos como sujetos
procesales independientes, salvo disposición en contrario.
III. Los actos de un litisconsorte no favorecen ni perjudican a los
otros y tampoco afectan la unidad del proceso.
ARTÍCULO 48. (LITISCONSORCIO NECESARIO).
I. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica substancial,
objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia, sin la
concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, según
se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos
los litisconsortes activos deberán comparecer y todos los pasivos
deberán ser emplazados en forma legal.
II. Los recursos y actuaciones procesales de uno de los
litisconsortes favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que
impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si
fueren consentidos por todos los litisconsortes.
ARTÍCULO 49. (FACULTADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL).
I. En el caso del litisconsorcio necesario activo, si no comparecieren
todos los interesados, la autoridad judicial, no proseguirá la
tramitación de la demanda hasta tanto no sean citados. La misma
facultad ejercerá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo,
mientras la parte no proporcione en término que fije la autoridad
judicial, los datos necesarios para que todos los litisconsortes
puedan ser citadas y citados.
II. Si después de citada o contestada la demanda se estableciere
la existencia de otras personas que pudieren revestir la calidad de
litisconsortes necesarios, se suspenderá la tramitación de la
causa, hasta que se establezca correctamente la relación procesal
conforme al parágrafo anterior.

CAPÍTULO CUARTO
INTERVENCIÓN DE TERCEROS
SECCIÓN I
ARTÍCULO 50. (ALCANCE).
I. Se admite la intervención de terceros cuando éstos asumen la
calidad de parte en el proceso, quedando en consecuencia
vinculados a la sentencia, salvo que la Ley establezca lo contrario.
II. La intervención de sujetos originariamente no demandantes ni
demandados procede, mientras se encuentre pendiente el
proceso, para quien acredite tener interés legítimo en el resultado
y en los efectos del litigio
III. La solicitud de intervención de terceros no retrotraerá ni
suspenderá el desarrollo del proceso, salvo que la Ley establezca
lo contrario.
IV. La parte demandante o demandada podrá presentar oposición
a la citación del tercero, la que será resuelta por auto
interlocutorio, sólo apelable en el efecto devolutivo cuando se
rechace la intervención.
V .La autoridad judicial, siempre que considere que pudiera existir
fraude o colusión, de oficio o a petición de parte, ordenará la
citación de las personas que resultaren perjudicadas para que
hagan valer sus derechos durante el proceso, en cuyo caso, se
podrá ordenar la suspensión de trámites hasta por treinta días.
ARTÍCULO 51. (CLASES). De acuerdo con la forma con la que se
produce la intervención del tercero, puede ser:
1. Voluntaria, sea principal o accesoria.
2. Forzosa.
SECCIÓN II

INTERVENCION VOLUNTARIA PRINCIPAL Y ACCESORIA
ARTÍCULO 52. (TERCERÍA DE DOMINIO EXCLUYENTE).
Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte
sobre el bien o derecho que se embargo, en un proceso pendiente, podrá
intervenir formulando su pretensión contra las partes.
ARTÍCULO 53. (TERCERÍA DE DERECHO PREFERENTE).
Quien alegue un derecho de crédito privilegiado o preferencial, podrá
proponer en ejecución de sentencia su pretensión de ser pagado antes que
a la parte actora, debiendo deducir su pretensión hasta antes de hacerse
efectivo el pago al acreedor demandante.
ARTÍCULO 54. (TERCERÍA COADYUVANTE SIMPLE).
I. Quien tenga con una de las partes una relación jurídica substancial,
a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia, pero
que pueda verse afectadas desfavorablemente si dicha parte es
vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.
II. Esta intervención podrá admitirse sólo en primera instancia, hasta
la audiencia preliminar.
III. El tercero puede realizar los actos procesales que no estén en
oposición a la parte que coadyuva y no impliquen disposición del
derecho discutido.
III. El coadyuvante simple no es parte en el proceso, sino un
auxiliar de la parte a la que coadyuva y no se requiere su voluntad
en los actos de desistimiento, transacción conciliación u otro acto
de disposición.
ARTÍCULO 55. (TERCERÍA COADYUVANTE
LITISCONSORCIAL).
I. Quien como titular de una relación jurídica substancial
considere que presumiblemente puedan extenderse en su contra
los efectos de una sentencia, por cuya razón se encuentre

legitimada o legitimado en el proceso como demandante o
demandado, podrá intervenir como litisconsorte de una parte,
reconociéndosele las mismas facultades y obligaciones que a ella.
II. Esta intervención puede admitirse incluso en segunda
instancia.
ARTÍCULO 56. (APELACIÓN POR TERCERO). Pronunciada la
sentencia o auto definitivo, si sus efectos pudieran perjudicar los intereses
de un tercero, éste se encontrará facultado para plantear recurso de
apelación contra la resolución demostrando documentalmente su calidad de
interesado. En este caso el término para interponer el recurso será de diez
días computables desde la última notificación a las partes.
ARTÍCULO 57. (OPOSICIÓN A UN EMBARGO). Un tercero
podrá oponerse al embargo ordenado o practicado sobre bienes muebles
propios acreditando su derecho de propiedad. También podrá oponerse
alegando ser detentador a nombre del ejecutado o tener un derecho
exigible sobre la cosa embargada, en estos últimos casos no se
suspenderá el embargo pero se respetará el derecho del tercero. El
procedimiento para estos casos, es el de la vía incidental, debiendo ser
deducida esta pretensión hasta antes de la aprobación del acta de remate.
SECCIÓN III
INTERVENCIÓN FORZOSA
ARTÍCULO 58. (CITACIÓN DE EVICCIÓN).
I. Tratándose de pretensiones en las que se discuta la titularidad
de un derecho adquirido de forma onerosa, la parte demandada, a
tiempo de contestar, podrá pedir se cite de evicción a su
causante.
II. La o el garante de evicción será citada o citado para que
comparezca dentro del plazo de la contestación.
ARTÍCULO 59. (EFECTOS DE LA CITACIÓN).

I. Si la o el citado de evicción no compareciere o, habiendo
comparecido, no asumiere defensa por la parte que solicitó la
citación, el proceso continuará contra este último, salvando sus
derechos contra aquel.
II. Si la o el citado compareciere, tornará la causa en el estado en
que se encuentre.
III. Si la sentencia causare perjuicio a la parte demandada, en
ejecución de fallos, se liquidará por la vía incidental los daños y
perjuicios ocasionados por el enajenante conforme a las normas
del Código Civil.
IV. En uno u otro supuesto, la autoridad judicial, en un plazo de
cinco días, convocará a audiencia, en la que, escuchando a las
partes, dictará auto interlocutorio que podrá ser:
1. Declarativo de la procedencia del llamamiento, en cuyo
caso el proceso continuará contra la parte demandada y la o
el citado con el carácter de litisconsorte.
2. Desestimatorio del llamamiento, debiendo proseguir la
causa contra el principal, cuyos derechos quedarán saltados
para que los haga valer contra su enajenante.
V. Contra el auto interlocutorio procederá únicamente el recurso
de apelación en efecto devolutivo.
ARTÍCULO 60. (LLAMAMIENTO EN CAUSA DE UN TERCERO).
La parte demandada en el plazo previsto para la contestación, podrá
solicitar la citación de un tercero, a quien se considere que la controversia
le es común o a quien la sentencia pudiere afectar. El citado no podrá
objetar la citación y comparecerá con los mismos derechos y deberes de la
parte
ARTÍCULO 61. (DENUNCIA DE TERCERO). Se produce cuando
promovida la demanda contra el que posee una cosa ajena, la parte
demandada denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario, bajo
responsabilidad de daños y perjuicios en caso de omisión, a fin de que el

proceso continúe con éste. La parte actora una vez conocida la denuncia
formulada por la parte demandada, debe dirigir la demanda contra el
poseedor o propietario, permitiendo la exclusión de la parte demandada
original, de lo contrario su demanda deberá ser rechazada por falta de
legitimación.
CAPÍTULO QUINTO
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 62. (DEBERES DE LAS PARTES Y
REPRESENTANTES). Son deberes de las partes y de las o los
representantes:
1. Proceder con veracidad, honestidad, lealtad y buena fe en
todos sus actos e intervenciones en el proceso.
2 .Abstenerse de usar expresiones agraviantes, difamatorias
o temerarias en el ejercicio de sus derechos.
3. Guardar respeto y decoro a la autoridad judicial y a las
partes, abogadas o abogados y servidoras o servidores
auxiliares de justicia.
4. Acatar las órdenes de la autoridad judicial durante el
desarrollo del proceso y concurrir a las audiencias y otras
actuaciones judiciales.
5. Evitar el uso de recursos dilatorios que obstaculicen el
curso normal del proceso.
6. Realizar las diligencias establecidas por Ley dentro de los
plazos procesales.
ARTÍCULO 63. (RESPONSABILIDAD).
I. Las partes, representantes, terceros y abogados son
responsables por los perjuicios que causen con sus actuaciones
procesales negligentes, temerarias o de mala fe.

II. Cuando la autoridad judicial considere que la abogada o el
abogado actúa con negligencia, temeridad o mala fe, remitirá
antecedentes a la institución que corresponda, para efectos
disciplinarios.
ARTÍCULO 64. (DAÑOS Y PERJUICIOS). Cuando la mala fe o la
temeridad resultaren plenamente acreditadas, la parte podrá ser
condenada, además de las costas y costos, a los daños y perjuicios, que se
liquidarán en la vía incidental, en el mismo proceso.
ARTÍCULO 65. (TEMERIDAD Y MALA FE). Existe temeridad y/o
mala fe cuando:
1. Se sustraiga, mutile o inutilice alguna parte o pieza del
expediente.
2. Se obstruya la producción de medios probatorios.
3. Sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la
demanda, excepción, medio de impugnación, incidente o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
4. Se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente
ilegales con propósito doloso o fraudulento.
5. Por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el
desarrollo normal del proceso.
6. Se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas.
7. Las partes, apoderados, terceros o abogados por razones
injustificadas no asistan a la audiencia generando dilación.
8. Se usen expresiones agraviantes, difamatorias o
temerarias.
TÍTULO IV

ACTIVIDAD PROCESAL
CAPÍTULO PRIMERO
SECCIÓN I
ACTOS PROCESALES
ARTÍCULO 66. (PREVALENCIA DE LA VOLUNTAD
DECLARADA).
I. Los actos procesales se presumirán siempre realizados por
acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad
declarada, salvo disposición en contrario.
II. Los actos procesales deben tener por causa un interés legítimo.
ARTÍCULO 67. (FORMA). Cuando la forma de los actos
procesales no estuviere expresamente determinada en este Código, se
exigirá la que resulte indispensable e idónea para el objeto del proceso.
ARTÍCULO 68. (IDIOMA).
I. En los actos procesales se utilizará el idioma castellano o el
preponderante en la región, que será definido por la Sala Plena de
cada Tribunal. Departamental de Justicia, asegurando que en los
tribunales de apelación y casación sean perfectamente
entendibles los actuados.
II. En caso de utilizarse el castellano u otro idioma e intervenir en el
proceso quien no conozca éste, la autoridad judicial nombrará una
traductora, traductor o intérprete. según las circunstancias, sin
más trámite.
III. Si cualquiera de las partes además de su idioma hablare el
castellano pero fuere analfabeta o analfabeto, se procederá de
acuerdo al parágrafo anterior.

SECCIÓN II
MEMORIALES
ARTÍCULO 69. (MEMORIALES DE LAS PARTES).
1. Los memoriales de las partes deberán ser redactados por
medio técnico o manuscrito y suscritos por las partes y
abogados.
2. Se indicará en ellos la autoridad judicial ante el cual son
dirigidos, con los nombres de las partes y la individualización
del proceso.
3. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del
petitorio y al final el lugar y la fecha del memorial.
4. Si la parte no supiere o no pudiere firmar, estampará sus
impresiones digitales.
5. Los memoriales presentados por personas que concurren al
proceso en forma ocasional deberán observar los mismos
requisitos exigidos para las partes principales.
ARTÍCULO 70. (COPIAS). Todo memorial será acompañado de
tantas copias o fotocopias, claramente legibles cuantas, sean las personas
que tuvieren que ser notificadas.
ARTÍCULO 71. (CARGO).-
I. Todo memorial llevará cargo. en el que, se hará constar los
documentos acompañados y el día y hora de presentación
que será puesto con letra legible, o con fechador al pie del
memorial y firmado por la o el servidor receptor.
II. Además de las copias a que se refiere el artículo anterior, se
acompañará otra, en la que se pondrá el cargo. Esta
copia con la firma y sello de la o el servidor receptor será
devuelta a la o el presentante.

III. En los recursos ordinarios o extraordinarios o en las notas
de provisión para testimonios o reproducción de
fotocopias legalizadas, el cargo según corresponda, será
puesto por la secretaria o el secretario, bajo su
responsabilidad.
SECCIÓN III
DOMICILIO PROCESAL
ARTÍCULO 72. (SEÑALAMIENTO).
I. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán
señalar con precisión en el primer memorial.a tiempo de su
comparecencia, el domicilio que constituyen para fines de la
comunicación procesal en los casos expresamente señalados por
este Código.
II. Las partes, las abogadas, o los abogados, también podrán
comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios
electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como
domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y
emplazamientos.
III. Si en el primer memorial, no se señalare el domicilio, se tendrá
por constituido el domicilio en estrados a todos los efectos del
proceso.
IV. El domicilio procesal fuera de estrados, será fijado en un radio
de veinte cuadras con respecto al asiento del juzgado en las
capitales de Departamento, y en el resto de diez.
V. El domicilio señalado conforme a los anteriores parágrafos,
subsistirá hasta que sea cambiado por otro.
VI. Cuando la parte actuare mediante apoderado judicial, éste
estará obligados a señalar el domicilio procesal de su mandante,
si no lo hiciere, se tendrá por domicilio procesal, el propio de la o
del apoderado y, a falta de éste, será el estrado judicial.

CAPÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PROCESAL
SECCIÓN I CITACIÓN
ARTÍCULO 73. (REGLA GENERAL).
I. Admitida la demanda, se citará a la parte demandada para que
la conteste u oponga excepciones en plazo legal o se la
emplazará para que comparezca cuando así determine la
autoridad judicial, estará a derecho como efecto de la citación o
emplazamiento y será notificada con los actos y resoluciones que
se señalaren en este Código.
II La citada o el citado por una autoridad judicial, no podrá serlo
después por otra, sobre el mismo asunto.
ARTÍCULO 74. (CITACIÓN PERSONAL).
I. La citación con la demanda será practicada en forma personal.
II. En la citación se entregará a la parte copia de la demanda y su
resolución, lo cual deberá constar en la diligencia respectiva, con
indicación del lugar, fecha y hora y con firma de la citada o el
citado, así como de la servidora o servidor público. Si la citada o el
citado rehusare, ignorare firmar o estuviere imposibilitada o
imposibilitado para ello, se hará constar en la diligencia con
intervención de testigo, debidamente identificado que
firmará también en la diligencia.
III. La parte reconvenida, será citada con la reconvención mediante
cédula, en el domicilio procesal señalado en la demanda.
ARTÍCULO 75. (CITACIÓN POR CÉDULA).
I. Si la parte que debiera ser citada no fuere encontrada, la o el
servidor, comisionada o comisionado, dejará cedulón a cualquiera

de los familiares o dependientes mayores de dieciocho años. La o
el oficial de diligencias o la persona comisionada, deberá
identificar a la persona a quien entrega el cedulón y firmará en la
diligencia y en caso de negativa, deberá firmar el testigo de
actuación debidamente identificado.
II. Si no fuere encontrada ninguna de las personas citadas en el
Parágrafo anterior o no pudiera identificarse, la servidora o el
servidor fijará el cedulón de citación en la puerta del domicilio, con
intervención de un testigo que será .debidamente identificado y
firmará también en la diligencia.
III. En los casos anteriores, la o el oficial de diligencias .o la
persona comisionada, deberá acompañar a la diligencia de
citación o emplazamiento una fotografía del inmueble en la
que se practicó la diligencia y de la persona que recepcionó el
cedulón o presenció el acto, agregando además un croquis de
ubicación.
IV. En caso de no poder ubicar el inmueble donde se practicara la
citación y después de haber indagado en el vecindario, la o el
servidor público, representará el hecho.
V Si la citación por cédula se hubiere practicado en el domicilio
indicado por la parte demandante y tal domicilio resultare ser
falso, la diligencia será nula.
ARTÍCULO 76. (CONTENIDO DE LA CÉDULA).-
I. La cédula contendrá los siguientes datos:
1. Nombre y domicilio de la persona que será citada.
2. Tribunal o juzgado en el que se tramita el proceso.
3. Naturaleza del proceso.
4. Firma y sello de la secretaria o el secretario.

II. Las copias o fotocopias de memoriales, informes de peritos,
liquidaciones y otras actuaciones procesales podrán servir corno
cédulas y contendrán, además, la providencia o resolución de la
autoridad judicial, autenticadas con la firma y sello de la secretaria
o el secretario.
ARTÍCULO 77. (CITACIÓN POR COMISIÓN).
I. Si la parte demandada tuviere su domicilio fuera de la
jurisdicción territorial de la autoridad judicial, será citada por
comisión.
II. Si la parte demandada residiere fuera del Estado Plurinacional,
será citada por comisión mediante exhorto suplicatorio, conforme
a las normas fijadas en este Código o los acuerdos
internacionales.
ARTÍCULO 78. (CITACIÓN POR EDICTOS).
I. Si la parte señalare que la o el demandado no tiene domicilio
conocido, la autoridad judicial, deberá requerir informes a las
autoridades que corresponda con el objeto de establecer el
domicilio.
II. Tratándose de personas desconocidas o indeterminadas o cuyo
domicilio no pudiera establecerse, la parte solicitará la citación
mediante edictos, previo juramento de desconocimiento. Deferida
la solicitud, el edicto se publicará por dos veces con intervalo no
menor a cinco días, en un periódico de circulación nacional, o a
falta de éste, se difundirá en una radiodifusora o medio televisivo,
nacional o local, en la misma forma y plazo previstos.
III. Agregadas las publicaciones al expediente si la parte
demandada no compareciere en el plazo de treinta días, contados
desde la primera publicación, se le designará defensora o
defensor de oficio, con quien se entenderán ulteriores
actuaciones. Es obligación de la defensora o defensor procurar
que la parte demandada tome conocimiento de la demanda, así

como la defensa y seguimiento de la causa hasta la conclusión del
proceso, bajo pena de nulidad.
IV. La o el citado por edictos podrá comparecer para asumir su
defensa en el estado que se encuentre la causa, así como hacer
uso de los medios impugnatorios previstos por el presente Código.
ARTÍCULO 79. (CITACIÓN AL ESTADO Y OTRAS PERSONAS
COLECTIVAS).
I. Si la parte demandada fuere el Estado o la persona colectiva de
derecho público, se citará a la o el personero legal de la entidad
estatal correspondiente. sin perjuicio de notificarse a la
Procuraduría General del Estado; su falta de apersonamiento no
importará nulidad de obrados.
II. Si la parte demandada fuere contra una persona colectiva de
derecho privado, la citación se practicará a su personero o
representante legal.
ARTÍCULO 80. (CITACIÓN TÁCITA). Si la parte demandada o
reconvenida compareciere ante la autoridad judicial para contestar, oponer
excepciones o asumir alguna forma de defensa, se la tendrá por citada en
forma tácita con la demanda o reconvención.
ARTÍCULO 81. (PROVISIONES).
I. El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales
de Justicia, de oficio o a petición de parte, a nombre del Estado
Plurinacional, con mención del Tribunal remitente. Tribunal o
Juzgado destinatario, partes intervinientes, naturaleza y objeto del
proceso, se dirigirán a los Juzgados o Tribunales inferiores
mediante provisiones citatorias, ejecutorias o compulsorias.
II. Las provisiones citatorias contendrán la transcripción de los
memoriales de las partes y la resolución que dispone la citación.
Las ejecutorias, además de la transcripción de las piezas
señaladas, contendrán la resolución que dispone el cumplimiento

del acto o diligencia correspondiente, y las compulsorias, la
prevención o conminatoria para su cumplimiento oportuno en el
plazo señalado al efecto.
III La autoridad judicial comisionada deberá dar estricta
observancia a las provisiones que les fueren libradas, bajo
responsabilidad.
SECCIÓN II
NOTIFICACIÓN
ARTÍCULO 82. (REGLA GENERAL).
I. Después
de las citaciones con la demanda y la reconvención, las
actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso
deberán ser inmediatamente notificadas a las partes en la
secretaria del juzgado o tribunal o por medios electrónicos,
conforme a las disposiciones de la presente Sección.
II Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por
notificadas a quienes estuvieren presentes en ella.
ARTICULO 83. (FORMAS DE NOTIFICACIÓN).
I .Las notificaciones se practicarán por la o el oficial de
diligencias en las formas y condiciones que señala el presente
Código y. en su caso, por correo, facsímil, radiograma, telegrama,
acta notarial, comisión a autoridad pública o policial u otro medio
técnicamente idóneo que autorice el Tribunal Supremo de Justicia.
II Cuando los juzgados, tribunales y las partes o los destinatarios
de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos,
telemáticos infotelecomunicaciones o de otra clase semejante que
permitan el envío y la recepción de escritos y documentos de tal
forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y

de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y
recepción integras y del momento en que se hicieron, los actos de
comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con
constancia del recibo respectivo.
ARTÍCULO 84. (CARGA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL O
JUZGADO).
I. Por principio, las actuaciones judiciales, en todos los grados,
serán inmediatamente notificadas a las partes en la secretaría del
juzgado o tribunal, excepto en los casos previstos por Ley.
II. Con este objeto.las partes, las y los abogados que actúen en el
proceso, tendrán la carga procesal de asistencia obligatoria a la
secretaría del juzgado o tribunal. Podrá actuar como procuradora
o procurador del profesional, un estudiante de la carrera de
derecho, cuando este lo autorizare.
III. Si la parte o su abogada o abogado o procurador de estos
últimos, no se apersonare al juzgado o tribunal, se tendrá por
efectuada la notificación y se sentará la diligencia respectiva.
IV. No se considerará cumplida la notificación si el expediente o la
actuación no se encontrare en secretaría, en cuyo caso, se hará
constar esta circunstancia en el libro de control de notificaciones u
otro medio autorizado del juzgado o tribunal, bajo responsabilidad
de la o el oficial de diligencias y de la o el secretario, quedando en
tal caso postergada la notificación para el día hábil siguiente.
ARTÍCULO 85. (NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS). Cuando la
parte a quien deba notificarse concurriere al juzgado, será notificada por la
o el oficial de diligencias, quien le franqueará el expediente para la lectura
del actuado correspondiente y le entregará la cédula, debidamente suscrita
por la o el secretario. A continuación se sentará diligencia de la notificación
que suscribirán la servidora o el servidor y la o el interesado. Si éste no
pudiere o se resistiere a firmar, se dejará constancia.
ARTÍCULO 86. (NOTIFICACIÓN POR CORREO).

I. La autoridad judicial cuando corresponda podrá disponer la
notificación por correo y se hará necesariamente por carta
certificada, en la que la o el oficial de diligencias, bajo
responsabilidad, incluirá copias con transcripción de las piezas
pertinentes, para el conocimiento de la resolución judicial.
II. El correo entregará la carta a la o el destinatario, haciendo
firmar acuse de recibo, el cual será devuelto a la autoridad judicial,
bajo constancia.
III. Si la persona a quien debe notificarse no se encontrare en el
domicilio será devuelto a la autoridad judicial.
ARTÍCULO 87. (NOTIFICACIÓN POR AUTORIDAD PÚBLICA O
POLICIAL). Cuando la notificación deba practicarse en lugares alejados
donde no exista la posibilidad de que se cumpla por los medios
anteriormente señalados, podrá practicarse por intermedio de la autoridad
pública o policial del lugar, quien remitirá a la autoridad comitente copia o
fotocopia del cedulón debidamente firmado por la interesada o el interesado
o de quien la reciba.
ARTÍCULO 88. (COMISIÓN A OTRAS AUTORIDADES).
I. Cuando la autoridad judicial tuviere que ordenar diligencias de
notificación dentro de su jurisdicción y no pudiere cumplirlas a
través de la o el oficial de diligencias, podrá comisionarlas a otras
autoridades judiciales y, a falta de éstas, a las administrativas.
II. Cuando tenga que comunicar sus actos o resoluciones a
autoridades no judiciales, lo hará por oficio u otro medio
técnicamente idóneo.
SECCIÓN III
PLAZOS PROCESALES
ARTÍCULO 89. (CARÁCTER).

I. Los plazos procesales son perentorios.
II. Las partes, expresamente y de común acuerdo, de modo
previo o durante su desarrollo, podrán pedir la abreviación de los
plazos por el tiempo que estimen conveniente o la suspensión de
los que estuvieren en curso, en este último caso, por una sola vez
y por un plazo máximo de treinta días. La autoridad judicial
accederá a la petición sin otro trámite.
ARTÍCULO 90. (COMIENZO, TRANSCURSO Y VENCIMIENTO).
I. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr
para cada una de ellas, a partir del día siguiente hábil al de la
respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la
Ley o de la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieren el
carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día hábil
siguiente al de la última notificación
II. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo
disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no
exceda de quince días, los cuales sólo se computarán los días
hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días
se computarán los días hábiles y los inhábiles.
III. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de
funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin
embargo, si resultare que el último día corresponde al día inhábil,
el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
IV. Vencido el plazo, la o el secretario, sin necesidad de orden
alguna, informará verbalmente del vencimiento a la autoridad
judicial a fin de que dicte la resolución que corresponda.
ARTÍCULO 91. (DÍAS Y HORAS HÁBILES).
I. Son días hábiles para la realización de actos procesales todos
aquellos en los cuales funcionan los juzgados y tribunales del
Estado Plurinacional.

II. Son horas hábiles las correspondientes al horario de
funcionamiento de las oficinas judiciales; sin embargo, tratándose
de diligencias que deban practicarse fuera del juzgado, serán
horas hábiles las que medien entre las seis y las diecinueve
horas.
ARTÍCULO 92. (HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS
INHÁBILES).
I. De oficio o a petición de parte, podrá disponerse la habilitación
de días y horas inhábiles para la realización de actos o diligencias
cuyo cumplimiento sea urgente.
II. La habilitación se pedirá durante los días y horas en que
funcionan los juzgados y tribunales.
III. Los actos de desapoderamiento, lanzamiento y ejecución de
medidas cautelares, en ningún caso podrán ejecutarse en horas
de la madrugada, que comprende desde las cero horas hasta seis
de la mañana.
ARTÍCULO 93. (HABILITACIÓN TÁCITA). La actuación iniciada
en día y hora hábiles podrá llevarse hasta su conclusión en horas inhábiles,
sin necesidad de habilitación expresa.
ARTÍCULO 94. (PLAZO DE LA DISTANCIA).
I. Para toda diligencia que deba practicarse fuera del asiento
judicial, pero dentro del territorio del Estado Plurinacional, se
ampliarán los plazos fijados por este Código a razón de un día por
cada doscientos kilómetros o cada fracción que no baje de cien,
siempre que exista transporte aéreo, fluvial, ferroviario o de
carretera.
II. Si no hubieren estos servicios, la ampliación será de un día por
cada sesenta kilómetros.
ARTÍCULO 95. (IMPEDIMENTO POR JUSTA CAUSA).

I. A la o el impedido por justa causa, no le corre plazo ni le depara
perjuicio, desde el momento en que nace el impedimento y hasta
su cese.
II. Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o
caso fortuito insuperable para la parte, que se encuentre en la
imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandataria o
mandatario.
SECCIÓN IV
AUDIENCIAS
ARTÍCULO 96. (DIRECCIÓN). La autoridad judicial presidirá
personalmente las audiencias, bajo pena de nulidad y podrá adoptar las
medidas y resoluciones necesarias para su realización y desarrollo, salvo
los casos previstos por este Código.
ARTÍCULO 97. (CONTINUIDAD).
I. Las audiencias, si fueren varias, serán fijadas con la mayor
proximidad posible, a fin de asegurar la continuidad del proceso.
II. En el caso de suspensión obligada de la audiencia, se fijará en
el mismo acto de oficio, nuevo día y hora para su reanudación.
ARTÍCULO 98. (ACTA).
I. Lo obrado en audiencia se documentará en acta resumida que la o
el secretario labrará durante su transcurso o en plazo máximo de
cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad.
II. Para asegurar la fidelidad del acta, las partes podrán pedir
aclaraciones o complementaciones y formular observaciones, las
cuales se resolverán de inmediato.
III. Las actas deberán contener:

1. Lugar, fecha, hora y expediente al que corresponde.
2. Nombre de las o los intervinientes y constancia de la
asistencia o inasistencia de las o los obligados a comparecer,
indicándose en su caso, el motivo de la ausencia, si se
conociere.
3. Relación circunstanciada de lo obrado.
4. Peticiones de las partes o resoluciones de la autoridad
judicial dictadas en el desarrollo de la audiencia.
5 .Firma y sello de la autoridad judicial y de la o el secretario.
SECCIÓN V
EXPEDIENTES
ARTICULO 99. (FORMACIÓN DE EXPEDIENTES). Con el primer
memorial o acta inicial de toda causa, se formará un expediente al que
serán incorporadas cronológica y sucesivamente.las actuaciones
posteriores, pudiendo ser éste electrónico.
ARTÍCULO 100. (CONSULTA Y EXHIBICIÓN).
I. Los expedientes permanecerán en las oficinas para su examen
por las partes y por todas o todos los que tuvieren interés en su
exhibición
II. Si el expediente fuere negado a la parte que solicita su
exhibición, se podrá reclamar verbalmente ante la autoridad
judicial, que resolverá de inmediato lo que corresponda.
III. Los expedientes no podrán ser trasladados de los tribunales y
juzgados, a menos que exista orden expresa.
ARTÍCULO 101. (TESTIMONIOS, CERTIFICADOS Y
FOTOCOPIAS).

I. Las partes o terceros interesados podrán pedir se les franquee
testimonio o fotocopias legalizadas del expediente en forma total o
parcial, o certificado que refleje los puntos solicitados, lo que será
deferido con notificación de la parte contraria, o de ambas si la
petición proviniere de un tercero
II. Las oposiciones fundadas, serán resueltas por la autoridad
judicial sin recurso ulterior.
III Las partes y terceros interesados pueden recabar fotocopias
simples sin necesidad de orden judicial y con solo requerimiento
verbal a la secretaria o secretario.
ARTÍCULO 102. (PROHIBICION DE RETIRO DE EXPEDIENTE).
Los expedientes no podrán ser retirados del juzgado o del tribunal, mientras
esté en trámite el proceso, salvo autorización judicial debidamente
fundamentada.
ARTÍCULO 103. (ARCHIVO DE EXPEDIENTES). A la conclusión
del proceso, el expediente será archivado. Cualquiera de las partes,
posteriormente, podrá solicitar por escrito, el desarchivo.
ARTÍCULO 104. (REPOSICIÓN DE EXPEDIENTES). La
reposición de expedientes estará sujeta al siguiente procedimiento
1. Si el extravío o pérdida fuere sólo de alguna o algunas
piezas del expediente, la autoridad judicial mandará la
reposición mediante providencia, sin suspender el
procedimiento, a menos que ello fuere indispensable.
2. Si el extravío o pérdida fuere total, la autoridad judicial, de
oficio, dictará la providencia de reposición, intimando a las
partes o a otras autoridades judiciales o no judiciales a que
hubiere lugar, para que en el plazo de diez días remitan todos
los documentos posibles, trátese de originales, testimonios,
certificaciones, fotocopias legalizadas, cedulones u otros. El
personal subalterno, en el plazo de tercero día, acumulará al
expediente las copias de los actos procesales que pudieren

ser obtenidos al efecto intimado, sin perjuicio de otras
medidas que se considere necesarias, y. elevará los informes
del caso.
3. Vencidos los diez días, sobre la base de los documentos
agregados al nuevo expediente, se dará por repuesto el
original extraviado o perdido mediante auto interlocutorio, y
se dispondrá la prosecución de la causa.
CAPÍTULO TERCERO
NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
ARTÍCULO 105. (ESPECIFICIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA
NULIDAD).
I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no
estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo
responsabilidad.
II. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando
carezca de los requisitos formales indispensables para la
obtención de su fin. El acto será válido, aunque sea irregular, si
con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado,
salvo que se hubiere provocado indefensión.
ARTÍCULO 106. (DECLARACIÓN DE LA NULIDAD).
I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en
cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique
expresamente.
II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no
concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la
norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos
formales indispensables para la obtención de su fin y haber
sufrido indefensión.

ARTICULO 107. (SUBSANACIÓN DE DEFECTOS FORMALES).
I. Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los
requisitos formales esenciales previstos por la Ley, siempre y.
cuando su finalidad se hubiera cumplido.
II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha
consentido, aunque sea de manera tácita.
III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad
en la primera oportunidad hábil.
ARTÍCULO 108. (NULIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA).
I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre
un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de
nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos
de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente
Código.
II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de
la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla,
se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por
la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de
obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los
actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.
ARTÍCULO 109. (EXTENSIÓN DE LA NULIDAD).
I. La nulidad declarada de un acto procesal no importará la de los
anteriores ni de los posteriores que sean independientes de aquel.
Los actos procesales que resultaren afectados con la declaración
de nulidad, de oficio serán declarados nulos.
II La nulidad de un acto especifico no afecta a otros que sean
independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los
cuales el acto es idóneo, salvo que la Ley disponga lo contrario.

III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión
deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal
afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo.
CAPÍTULO CUARTO
ACTOS DE PROPOSICIÓN
SECCIÓN I
DEMANDA
ARTÍCULO 110. (FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA). La
demanda será escrita, salvo disposición expresa en contrario, y deberá
reunir los siguientes requisitos de forma y contenido:
1. La indicación de la autoridad judicial ante quien se
interpusiere.
2. Suma o síntesis de la pretensión que se dedujere.
3 El nombre, domicilio y generales de la parte demandante o
del representante legal, si se tratare de persona colectiva.
4. El nombre, domicilio y generales de la parte demandada. Si
se tratare de persona colectiva, la indicación de su
5 .El bien demandado designándolo con toda exactitud.
6. La relación precisa de los hechos.
7. La invocación del derecho en que se funda.
8. La cuantía cuando su estimación fuere posible.
9. La petición formulada en términos claros y positivos.

10. Las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o
abogado.
ARTÍCULO 111. (PRUEBA CON LA DEMANDA).
I. Se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a
su pretensión. Si la parte no dispusiere de documentos a tiempo
de presentar la demanda se indicará en ésta, el contenido y el
lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al
proceso. En este último caso, la autoridad judicial de oficio
conminará la remisión de la documentación requerida en un
término no mayor a tres días.
II. Si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá
señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar.
III. Podrán ser propuestas con posterioridad a la demanda las
pruebas sobrevinientes referidas a hechos nuevos, y las
mencionadas por la contraparte a tiempo de contestarla y
reconvenirla.
ARTÍCULO 112. (DOCUMENTOS POSTERIORES O
ANTERIORES). Después de interpuesta la demanda, sólo se admitirá
documentos de fecha posterior a ella o siendo anteriores, bajo juramento o
promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos.
ARTÍCULO 113. (DEMANDA DEFECTUOSA).
I. Si la demanda no se ajustare a los requisitos señalados en el
Artículo 110 del presente Código. se dispondrá la subsanación de
los defectos en plazo de tres días, bajo apercibimiento, en caso
contrario, de tenerse por no presentada aquella.
II. Si fuere manifiestamente improponible, se la rechazará de
plano en resolución fundamentada. Contra el auto desestimatorio
sólo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin
recurso ulterior. En caso de revocarse la resolución denegatoria,

el tribunal superior impondrá responsabilidad a la autoridad
judicial inferior.
ARTÍCULO 114. (DEMANDA CON PRETENSIÓN MÚLTIPLE).
En la demanda con pretensión múltiple deberán concurrir los siguientes
requisitos:
I Se trate de pretensiones de materias iguales, análogas o
conexas.
2. Las pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo el caso
de que una se proponga como alternativa de la otra
3. Todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento.
ARTÍCULO 115. (AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN).
I. La demanda podrá ser ampliada o modificada hasta antes de la
contestación. En tal caso, la ampliación o modificación deberán
citarse a la parte demandada, con los mismos efectos de la
citación con la demanda original.
II. Si después de contestada sobreviene algún hecho nuevo que
influya sobre el derecho pretendido por las partes en el proceso,
éstas podrán alegarlo y probarlo hasta antes de la sentencia; si
fuere posterior, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia.
En ambos casos se concederá a la contraparte las facultades de
contradicción y prueba correspondientes.
ARTÍCULO 116. (EFECTOS DE LA DEMANDA). La presentación
de la demanda formalmente idónea surtirá los siguientes efectos:
1. La competencia de la autoridad judicial no se modificará
aunque posteriormente varíen las circunstancias que la
determinaron.
2. La legimitación de las partes subsistirá aunque los hechos
que la sustenten hubieren cambiado.

3. La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los
límites previstos por este Código.
4. No se podrá iniciar otro proceso con la misma pretensión.
5. Los demás efectos sustanciales legalmente establecidos.
SECCION II
CITACION Y EMPLAZAMIENTO
ARTICULO 117. (OBJETO Y PLAZO)
I. La citación como acto procesal de comunicación, tiene por objeto
poner en conocimiento de la parte demandada la existencia formal
de la demanda para que éste a derecho.
II. Se practicará bajo responsabilidad, en el plazo máximo de diez
días computados a partir de la admisión de la demanda, salvo
caso de fuerza mayor u orden expresa en contrario.
ARTÍCULO 118. (EFECTOS DE LA CITACIÓN). La citación con
la demanda o con la reconvención producirá los siguientes efectos:
1. La parte demandada es prevenida con la demanda y no
podrá ser citada por otra autoridad judicial sobre el mismo
asunto.
2. Interrumpe la prescripción.
3. Da lugar a que los intereses legales corran desde el día de
la citación.
4. Determina la mora del deudor.
5. Obliga a la restitución de los frutos percibidos por el
poseedor a partir de esa fecha.
6. Los demás efectos jurídicos establecidos por Ley.

ARTÍCULO 119. (CARGA DEL CITADO). La persona citada tiene
la carga de comparecer o constituir apoderada o apoderado y señalar
domicilio bajo apercibimiento de lo que en derecho corresponda.
ARTÍCULO 120. (CASO DE FALLECIMIENTO). Si, practicada la
citación, falleciere la parte demandada antes de la contestación.se citará a
los .herederos en la forma señalada en este Código, bajo pena de nulidad.
ARTÍCULO 121. (NULIDAD DE LA CITACIÓN). Es nula toda
renuncia a la citación con la demanda o la reconvención; asimismo, es nula
la citación que no se ajuste a los preceptos establecidos en este Código.
ARTÍCULO 122. (EMPLAZAMIENTO). Es la convocatoria a la
parte demandada para que comparezca ante la autoridad judicial con objeto
de realizar un acto procesal determinado dentro de plazo legal o judicial.
ARTÍCULO 123. (FORMAS Y PLAZOS DEL EMPLAZAMIENTO).
I. Si la parte demandada tuviere su domicilio en la ciudad o
población donde se tramita el proceso, el emplazamiento se
practicará observando las formalidades previstas para las
notificaciones que se realizan dentro de la jurisdicción de la
autoridad judicial que conoce la causa.
II. Si la parte demandada tuviere domicilio en otra ciudad o
población, el emplazamiento se practicará observando las
formalidades establecidas para las notificaciones fuera del asiento
judicial. En este caso se agregará el plazo de la distancia, previsto
en este Código.
III. Si la parte demandada se encontrare fuera del país, será
emplazado mediante exhorto suplicatorio librado a la autoridad del
lugar donde estuviere domiciliado. El plazo, para comparecer será
fijado por la autoridad judicial entre un mínimo de sesenta y un
máximo de noventa días.
ARTÍCULO 124. (NULIDAD DEI, EMPLAZAMIENTO).

I La omisión o alteración de las formalidades del emplazamiento
determinará su Nulidad.
II. El emplazamiento aunque carezca de requisitos formales, si
hubiera cumplido su finalidad será válido.
SECCION III
CONTESTACION
ARTÍCULO 125. (FORMA Y CONTENIDO). En la contestación, la
parte demandada observará los siguientes requisitos:
1. La presentará por escrito, observando las formas previstas
para la demanda, en el plazo de treinta días contados a partir
de la citación.
2. Deberá pronunciarse sobre los hechos alegados en la
demanda, sobre la autenticidad de los documentos
acompañados, cuya autoría le fuere atribuida y su contenido.
Su silencio o evasiva se tendrá como admisión de los hechos
y de la autenticidad de los documentos.
3 .Expondrá con claridad y precisión los hechos que alegare
como fundamento de su defensa.
4. Acompañará la prueba que le incumba e indicará las demás
que pretendiere diligenciar, señalando expresamente que
hechos pretende demostrar.
5. Podrá oponer excepciones previas señaladas en el Artículo
128 de este Código.
ARTICULO 126.- (ACTITUDES DE LA PARTE DEMANDADA).
La parte demandada podrá, conforme a sus intereses, allanarse a la
pretensión, plantear excepciones previas, asumir una actitud de mera
expectativa, contestar negativamente o deducir reconvención. Si optare por
más de estas actitudes, lo hará en forma simultánea y en el mismo acto.

ARTÍCULO 127. (ALLANAMIENTO A LA DEMANDA).
I. La parte demandada a tiempo de contestar, podrá allanarse a la
demanda, aceptando la pretensión de la parte actora.
II. Si el allanamiento a la demanda fuere total, se pronunciará
sentencia sin necesidad de otra prueba ni trámite, y si fuere sólo
parcial, se tendrá por probada en la parte allanada, debiendo
proseguir la sustanciación en lo demás.
III. No será admisible el allanamiento si el objeto de la pretensión es
de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los
hechos en que se funda la demanda no pudieren ser probados por
confesión.
ARTÍCULO 128. (EXCEPCIONES PREVIAS).
I. Las excepciones previas son:
1. Incompetencia de la autoridad judicial.
2. Incapacidad de la parte demandante o impersonería de su
apoderada apoderado.
3. Falta de legitimación o interés legítimo que surja de los
términos de la demanda.
4. Litispendencia.
6. Demanda defectuosamente propuesta, trámite
inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o
indebida acumulación de pretensiones.
7. Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del
término o el cumplimiento de la condición.
8. Emplazamiento de terceros, en los casos que corresponda.

9. Prescripción o caducidad.
10 .Cosa juzgada.
11 Transacción o conciliación.
12. Desistimiento del derecho.
II. La autoridad judicial podrá declarar, aún de oficio, la
incompetencia, la incapacidad del actor o de su representante, la
cosa juzgada y la transacción. La prescripción y la caducidad sólo
podrán declararse a instancia de parte
III. Las defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos y
dirigidas al fondo o mérito de la causa, deberán justificarse con
prueba pre constituida y podrán oponerse en cualquier estado de
la causa, aun en ejecución de sentencia.
ARTÍCULO 129. (MODO DE PLANTEARLAS).
I. Planteadas las excepciones previas serán corridas en traslado
al demandante para que las conteste en quince días, salvo que
mediare reconvención, en cuyo caso el plazo será el previsto para
la contestación a la reconvención.
II Las excepciones previas serán resueltas
en la audiencia preliminar a tiempo del saneamiento del proceso.
SECCIÓN IV
RECONVENCIÓN
ARTÍCULO 130. (FORMA Y CONTENIDO). La parte demandada
podrá reconvenir en el mismo escrito de contestación, observando en lo
pertinente los mismos requisitos exigidos para la demanda. Fuera de esta
oportunidad no podrá deducirla, quedando a salvo su derecho para hacerlo
valer en proceso distinto.
ARTÍCULO 131. (ADMISIBILIDAD). La reconvención será
admisible sólo en procesos ordinarios siempre que corresponda a la

competencia de la autoridad judicial que conociere la demanda, por razón
de la materia.
ARTÍCULO 132. (MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN). La parte
demandada podrá ampliar o modificar su reconvención sólo hasta antes de
la contestación a ésta por la parte actora. Se observará el Artículo 115.
Parágrafo Il de este Código.
ARTÍCULO 133. (TRÁMITE).
I. Planteada la reconvención se correrá traslado a la parte actora,
quien deberá responder en el plazo de treinta días observando
las formas previstas para la contestación.
II. Después de interpuesta la reconvención, sólo se admitirán
documentos de fecha posterior o, siendo anteriores, bajo
juramento de no haberse tenido conocimiento de ellos.
III. La reconvención se sustanciará y resolverá juntamente con la
demanda principal.
CAPÍTULO QUINTO
PRUEBA
SECCIÓN I
PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 134. (PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL). La
autoridad judicial en relación a los hechos alegados por las partes,
averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba
producidos en base a un análisis integral.
ARTÍCULO 135. (NECESIDAD DE PRUEBA).
I. Las afirmaciones de hecho efectuadas por una parte que fueren
relevantes o controvertidas, deben ser probadas.

II. También requieren prueba los hechos expresa o tácitamente
admitidos, si así lo dispone la Ley.
ARTÍCULO 136. (CARGA DE LA PRUEBA).
I Quien pretende un derecho, debe probar los hechos
constitutivos de su pretensión.
II. Quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar
los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de
la parte actora.
III. La carga de la prueba que el presente Código impone a las
partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial.
ARTÍCULO 137. (EXENCIÓN DE LA PRUEBA). No requieren
prueba:
1. Los hechos admitidos por la parte adversa, salvo las
limitaciones señaladas por Ley.
2. Los hechos notorios, conocidos por la generalidad de las
personas, salvo que constituyan el fundamento de la
pretensión y no sean admitidos por las partes.
3. Los hechos evidentes cuya existencia se acredite por sí
misma.
4. Las presunciones establecidas por la Ley.
ARTÍCULO 138. (PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA). Las pruebas
serán producidas en audiencia, conforme a lo dispuesto para cada proceso
en particular, salvo disposición contraria.
ARTÍCULO 139. (PRUEBA FUERA DE LA SEDE JUDICIAL).
Cuando las pruebas tengan que producirse fuera del asiento del juzgado, la
autoridad judicial podrá trasladarse para recibirlas o comisionar su

recepción a las autoridades judiciales de las localidades respectivas y. a
falta de ellas, a una autoridad administrativa, concediendo en su caso el
término de la distancia previsto en el presente Código.
ARTÍCULO 140. (RECEPCIÓN DE PRUEBA EN EL
EXTRANJERO). Si la prueba debiere producirse fuera del Estado
Plurinacional de Bolivia, la autoridad judicial comisionará a la autoridad
judicial correspondiente, siempre que se presenten cualquiera de las
circunstancias siguientes:
a) El hecho a probar hubiere ocurrido fuera del Estado
Plurinacional de Bolivia.
b) Los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se
encontraren en el extranjero.
c) La persona que deberá declarar residiere en el extranjero
ARTÍCULO 141. (PRUEBA DEL DERECHO).
I. El derecho aplicable al margen de su nacionalidad, no requiere
prueba.
II. El derecho extranjero o la costumbre sólo necesitan ser
probados cuando la autoridad judicial no los conozca. Para la
determinación de las normas de esta clase, la autoridad judicial no
queda limitada a las pruebas que le ofrezcan las partes; está
facultada para servirse de otras fuentes de conocimiento y para
ordenar todo lo que conduzca al aprovechamiento de los mismos.
ARTÍCULO 142.(RECHAZO DE LA PRUEBA). Determinados los
hechos a probar, la autoridad judicial rechazará de oficio o a petición de
parte, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o
prohibidas por la regla de derecho. De la misma manera a tiempo de dictar
sentencia, podrá desestimar las pruebas impertinentes al objeto del
proceso.
ARTICULO 143. (PRUEBA TRASLADADA). Las pruebas
legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia

en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se
hubieren producido por una de las partes contra la otra.
ARTICULO 144. (MEDIOS DE PRUEBA).
I. Son medios legales de prueba, los documentos, la confesión,
las declaraciones de testigos, la inspección judicial, la
reconstrucción de hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba
por informe.
II. Igualmente se consideran medios legales de prueba los
documentos y firmas digitales y los documentos generados
mediante correo electrónico, en las condiciones previstas en la
Ley.
III. Las partes pueden valerse de cualquier otro medio de prueba
no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren
conducentes a la demostración de sus pretensiones. Estos
medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las
disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes
contemplados en el presente Código, y en su defecto en la forma
que disponga la autoridad judicial.
ARTÍCULO 145. (VALORACIÓN DE LA PRUEBA).
I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución
tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las
pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar
convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su
criterio.
II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la
individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo
con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la
Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.
III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial,
apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la
cual se ha generado el medio probatorio.

ARTÍCULO 146. (RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES
SOBRE PRUEBAS). Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial
sobre rechazo, producción y diligenciarniento de la prueba, serán apelables
en el efecto diferido sin recurso ulterior.
SECCIÓN II
PRUEBA DOCUMENTAL
ARTÍCULO 147. (DOCUMENTOS).
I. La prueba documental será presentada por la parte a quien
interesa o cuando la autoridad judicial así lo requiere en los casos
en que la Ley o la naturaleza de los hechos lo precisare.
II. Los documentos serán presentados en originales. Si se tratare
de fotocopias legalizadas deberán guardar fidelidad con el
original, acreditada por servidora o servidor público autorizado que
tenga el original en su poder y que, en caso de duda, deberá
exhibirlo.
III .Los documentos públicos otorgados en el extranjero
debidamente legalizados ante la respectiva autoridad pública,
serán presentados para su admisión y procesamiento en la causa,
salvo las excepciones establecidas en leyes o tratados.
Tratándose de documentos redactados en idioma extranjero.
deberá acompañarse la traducción legal en cada caso, salvo las
excepciones mencionadas.
IV. Cuando se trate de libros p documentos extensos, la traducción
comprenderá sólo aquella parte o partes pertinentes al objeto del
proceso.
ARTÍCULO 148. (CLASES DE DOCUMENTOS).
I. El documento público es:

1. El otorgado por funcionario autorizado en ejercicio de su
cargo.
2. La escritura pública y demás documentos otorgados por o
ante notario de fe pública.
II. El documento privado tendrá valor, autenticidad y eficacia de
documento público cuando:
1. Hubiere sido declarado como reconocido por autoridad
judicial.
2. Habiendo sido negada la firma y rúbrica por la parte contra
quien se opusiere.se lo declare auténtico por resolución
judicial ejecutoriada.
3. Hubiere sido inscrito con las formalidades legales
pertinentes en registro público, a pedido de la parte contra
quien se opusiere.
4. Hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar
suscrito o estar manuscrito por la parte contra quien se
opusiere, sin que hubiere sido oportunamente tachado de
falso.
III. El documento digitalizado o electrónico en los términos que
señale la Ley.
IV. El documento mercantil se regirá por las normas del Código de
Comercio y otras leyes.
ARTÍCULO 149. (INDIVISIBILIDAD Y VALOR PROBATORIO).
I. La eficacia probatoria de los documentos públicos o privados,
es indivisible y comprenderá aun lo meramente enunciado,
siempre que tuviere relación directa con lo dispuesto en el acto o
contrato.

II. El documento público se presume auténtico mientras no se
demuestre lo contrario; igual regla se aplicará al documento
privado cuyas firmas y rúbricas se encuentren reconocidas o
autenticadas ante autoridad competente.
III. El documento privado aun sin reconocimiento de firmas hará fe
entre partes, salvo que oportunamente se desconozca la firma o
en su caso la autoría o falsedad.
ARTÍCULO 150. (VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS,
COPIAS, FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y CERTIFICADAS). Los
testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados tendrán el mismo
valor probatorio que el original, cuando:
1. Hubieren sido otorgados por notario u otro funcionario
autorizado, siempre que el original se encontrare a su cargo.
2. Consistan en reproducciones mecánicas o técnicas del
documento original, siempre que estuvieren debidamente
autenticadas por el funcionario a cuyo cargo se encuentre el
original y fueren otorgadas por orden judicial o de autoridad
competente.
3 Cuando se trate de la reproducción de documentos privados
voluntariamente reconocidos ante notario de fe pública.
4. Cuando sean generados mediante correo electrónico o se
trate de documentos digitalizados, certificados por entidad
competente.
ARTÍCULO 151. (SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS).
I. Documentos en Oficinas Públicas. La parte que pretendiere
servirse de documento que se encuentre en una oficina pública, -
podrá pedir se le franquee testimonio, copia o fotocopia legalizada
del mismo, con orden judicial; igualmente, el abogado de la parte
podrá solicitarlos directamente., especificando el proceso a que
será destinado. La institución o autoridad requerida en ningún

caso podrá negar su francatura. Cuando la parte hubiere
intervenido en. el acto, no necesitará autorización judicial, para su
otorgamiento y será suficiente solicitud verbal.
II. Documentos en Poder del Adversario. La parte que
pretendiere servirse de documento que se encuentre en poder de
la otra, podrá pedir a la autoridad judicial que la intime para su
presentación en el plazo que al efecto se fije, sin que el intimado
pueda resistir la orden judicial. Cuando por otros elementos del
proceso, la existencia y contenido del documento resultare
verosímil, la negativa a presentarlo se tendrá como
reconocimiento de ese contenido.
II. Documentos en Poder de Terceros. Cuando la parte pretendiera
servirse de documentos que se encuentren en poder de terceros,
solicitará a la autoridad judicial que ordene su entrega en
originales, en el caso en que éstos pertenezcan a los requirentes,
o en copias o fotocopias autenticadas, sin que el requerido pueda
rechazar la orden judicial, con cargo al requirente. El tercero
requerido podrá oponerse a, la entrega sólo si el documento fuere
de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere causarle
perjuicio, situación que será apreciada por la autoridad judicial
para determinar lo que corresponda.
ARTÍCULO 152. (DOCUMENTOS COMERCIALES). La prueba
por libros de comercios y otros documentos comerciales se regirá por las
normas establecidas en la Ley.
ARTÍCULO 153. (DESCONOCIMIENTO).
I. Los documentos que se presenten con la demanda o con la
reconvención sólo podrán ser objetados al momento de la
contestación.
II. Los documentos acompañados con la contestación a la
demanda o a la reconvención, o en cualquier otra oportunidad en
que fuere admisible su presentación, sólo- podrán ser objetados

dentro de los seis días siguientes al de su notificación, excepto si
se tratare de documentos presentados en audiencia, en cuyo caso
el desconocimiento deberá formularse en la misma.
ARTÍCULO 154. (DENUNCIA DE FALSEDAD).
I. La parte que denuncie la falsedad material o ideológica de un
documento público o.de un documento privado auténtico o tenido
por auténtico presentado por su adversario, deberá hacerlo en las
oportunidades señaladas en el Artículo anterior promoviendo
demanda incidental de falsedad.
II. La denuncia de falsedad material o ideológica o de nulidad del
documento se planteará como defensa en el curso del proceso.
III. Si de la tramitación de la denuncia se evidenciare la comisión
de un delito, se remitirá antecedentes al Ministerio Público.
ARTÍCULO 155. (DOCUMENTOS EN IDIOMA CASTELLANO U
OTRO). .
I. Los documentos deberán presentarse en idioma castellano.
II. Los documentos en otro idioma deberán presentarse
acompañados de su correspondiente traducción al castellano. Si
la parte contra quién se oponen pidiere su traducción oficial, la
autoridad judicial designará perito traductor, en cuyo caso los
gastos correrán a cargo del solicitante; empero, si la autoridad
judicial considerare necesario, podrá ordenar de oficio la
traducción y los gastos serán prorrateados entre las partes.
SECCION III
CONFESION
ARTICULO 156. (ALCANCE DE LA CONFESION). Existe
confesión cuando la parte admite total o parcialmente la veracidad de un
hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés o favorable
a la del adversario.

ARTÍCULO 157. (CLASES DE CONFESIÓN).
I. Existen dos clases de confesión, la judicial que podrá ser
provocada o espontánea. y la extrajudicial.
II. Es confesión judicial provocada la que una parte absolviere en
virtud de petición expresa y conforme a interrogatorio de la otra
parte, o dispuesta de oficio por la autoridad judicial, bajo
juramento o promesa de decir la verdad y demás formalidades
establecidas por Ley.
III. Es confesión judicial espontánea la que se formulare en la
demanda, la contestación o en cualquier otro acto del proceso y
aun en ejecución de sentencia, sin interrogatorio previo; en éste
último caso, importará renuncia a los beneficios acordados en la
sentencia.
IV. La confesión extrajudicial es la que tiene lugar fuera del
proceso. Cuando sea formulada por la parte o por quien
legalmente la represente, surtirá el mismo efecto que la judicial en
los casos en que fuere admisible la prueba de testigos.
La confesión extrajudicial de la parte a un tercero tendrá el valor
de presunción simple.
ARTÍCULO 158. (CONFESIÓN DE PARTE).
I. Las partes podrán recíprocamente deferirse a confesión e
interrogarse por conducto de la autoridad judicial en la audiencia
de recepción de prueba.
II. La confesión necesariamente se absolverá de manera personal,
salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario.
ARTÍCULO 159. (CONFESIÓN DE PERSONAS COLECTIVAS).

I. Los personeros, directores o gerentes de personas colectivas
de derecho público o privado de cualquier naturaleza, podrán
confesar en representación de las mismas.
II. Si negaren su calidad de representantes, estarán obligados a
la prueba pertinente e indicar, además, la persona que invistiere la
representación.
ARTÍCULO 160. (CONFESIÓN DE LITISCONSORTE). La
confesión de un litisconsorte no perjudicará a los otros.
ARTÍCULO 161. (REQUISITOS DE LA CONFESIÓN). Los
requisitos de la confesión son:
1. Tener la o el confesante capacidad de obrar y poder de
disposición sobre el derecho.
2. Recaer sobre hechos que produzcan consecuencias
jurídicas adversas al confesante o favorables a quien la
defiera.
3. Ser libre, expresa y consciente.
4. Versar sobre hechos personales de la o el confesante o de
los que tuviere conocimiento directo.
5. Estar debidamente probada, si fuere extrajudicial.
ARTÍCULO 162. (EFECTOS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL).
I. La confesión judicial constituirá prueba, excepto que:
1. Estuviere excluida por la Ley respecto a los hechos que
constituyen el objeto del proceso, o afectare derechos que el
confesante no pudiere renunciar o transigir válidamente.
2. Recayere sobre hechos cuya investigación o información
esté prohibida por Ley.

3. Fuere opuesta a documentos fehacientes de data anterior,
ya agregados al expediente.
II. La confesión judicial hace plena prueba contra la parte que la
realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la
Ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos
indisponibles.
ARTÍCULO 163. (INTERPRETACIÓN DE LA CONFESIÓN).
I. En caso de duda, la confesión se interpretará en favor de quien
la absuelve.
II. La Confesión será indivisible, excepto si:
1. El confesante invocare hechos impeditivos, modificatorios,
extintivos o absolutamente separables o independientes unos
de otros.
2. Los hechos expuestos por el confesante fueren
inverosímiles o contrarios a una presunción legal.
3. Las modalidades del caso hicieren procedente su
divisibilidad.
ARTÍCULO 164. (RETRACTACIÓN). La parte que defiere a
confesión no podrá retractarse cuando el deferido hubiere sido emplazado y
estuviere presto a absolverla.
ARTÍCULO 165. (INTERROGATORIO A LA O EL
CONFESANTE).
I. El interrogatorio a la o el confesante se formulará por la
autoridad judicial, con sujeción al cuestionario propuesto por el
deferente o al dispuesto de oficio. Las preguntas recaerán en
forma clara y precisa sobre los hechos relevantes o
controvertidos. La autoridad judicial deberá considerar la

condición socio cultural de la o el confesante a los efectos de
formular las preguntas. Las preguntas obscuras, ambiguas,
impertinentes o inútiles, serán rechazadas por la autoridad judicial
de oficio o a solicitud de parte.
II Concluido el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus
abogadas o abogados, podrán solicitar aclaraciones a las
respuestas, siempre por intermedio de la autoridad judicial, que
durante el acto podrá formular a su vez las preguntas que estime
convenientes.
III. El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por la autoridad
judicial en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a petición dé
parte, sin necesidad de emplazamiento previo. También podrá
efectuarse previo emplazamiento específico, de oficio o a petición
de parte.
IV. Si las preguntas fueren oscuras la autoridad judicial podrá
formular otras preguntas.
Si el confesante se negare a contestar o lo hiciere con evasivas, la
autoridad judicial lo amonestará para que responda en forma clara
y concreta, bajo apercibimiento de que se presumirán por ciertos
los hechos señalados en el interrogatorio, que serán valorados a
tiempo de la sentencia, igual efecto producirá la incomparecencia
del confesante a la audiencia sin causa justificada.
ARTÍCULO 166. (TRADUCTOR O INTÉRPRETE).
I. Si la o el confesante no supiere castellano o no pudiera hablar,
el interrogatorio se formulará a través de traductor o interprete,
según el caso, que será designado de oficio por la autoridad
judicial en la misma audiencia; sino fuere posible, se suspenderá
la audiencia por un plazo máximo de tres días para designar a la o
el traductor o interprete.
II. La o el traductor o intérprete deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Gozar de capacidad de obrar.
2 Dominar el idioma del confesante y el castellano.
3. No tener ninguna causa de impedimento.
4. Prestar juramento o promesa de traducir o interpretar de
forma fehaciente cuanto señale la o el confesante.
ARTÍCULO 167. (CONFESIÓN FUERA DEL LUGAR DEL
PROCESO). Tratándose de parte que actuare en el proceso por intermedio
de apoderada o apoderado, por tener domicilio real o de hecho constituido
en lugar distante de la sede del tribunal, que hiciere razonablemente
admisible su inconcurrencia, o que tuviere domicilio constituido en el
extranjero, la recepción de la confesión podrá ser comisionada a la
autoridad judicial competente del lugar.
SECCION I
DECLARACIONES DE TESTIGOS
ARTÍCULO 168. (PROCEDENCIA). Toda persona mayor de
dieciséis años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de
comparecer y declarar salvo las excepciones establecidas por Ley.
ARTÍCULO 169. (TACHAS).
I. La tacha absoluta procede contra:
1. Quienes padecieren de enajenación mental o perturbación
psicológica grave.
2. Los que se encuentren en estado de embriaguez o bajo el
efecto de sustancias estupefacientes o alucinógenas.
3. Los que hubieren sido condenados por falso testimonio.

4. Los ciegos y sordos con relación a hechos perceptibles por
la vista o el oído respectivamente.
II. La tacha relativa procede contra:
1. El pariente en línea directa, así como el pariente colateral
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad; y el derivado de vínculos de adopción.
2. El dependiente de la parte que lo ofreciere.
3. Quien tuviere interés directo o indirecto en el litigio, por sí
mismo o por parentesco dentro de los grados establecidos -
en el numeral I de este parágrafo.
4. Los pupilos por sus tutores y viceversa.
5. Quien tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su
presentante.
6. El amigo íntimo de la parte que lo presentare o el enemigo
manifiesto de la parte adversa.
7. Ser deudor o acreedor de alguna de las partes.
ARTÍCULO 170. (PLAZO PARA TACHAR).
I. La parte interesada podrá tachar a los testigos de la contraparte
dentro de los tres días de haber sido notificada con la prueba
testifical propuesta en la demanda o en la reconvención. Pasado
este plazo, caducará el derecho de tachar.
II. La prueba de tacha se producirá únicamente en audiencia.
ARTÍCULO 171. (TACHAS INADMISIBLES).

I. Las tachas necesariamente serán concretas; no se admitirán
tachas generales.
II. Será inadmisible la prueba testifical para invalidar las
declaraciones de los testigos de tacha.
III. Cuando una parte contrainterrogare a los testigos ofrecidos por
la otra, se tendrá por retirada la tacha que contra ellos hubiere
propuesto.
ARTÍCULO 172. (VALOR DE LAS TACHAS).
I. La tacha propuesta no impedirá recibir la declaración de la
persona ofrecida como testigo pero, probada la tacha, la autoridad
judicial en sentencia prescindirá de la declaración, salvo que
atentas las circunstancias del caso, no asignare al hecho probado
gravedad suficiente para invalidar la declaración.
II. Podrá probarse, además de las causales mencionadas en el
Artículo 169 de este Código, otras que tendieren a disminuir o
destruir la fe de un testigo.
ARTÍCULO 173. (PRUEBA DE LAS TACHAS).
I. Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad
de los testigos serán debidamente probadas por las partes en
audiencia y apreciadas por la autoridad judicial en sentencia.
II. El reconocimiento por el testigo de la veracidad de la causal de
tacha que se le imputa, dispensa de toda otra prueba.
ARTÍCULO 174. (OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIFICAL).
I. Cuando se ofrezca prueba testifical, se deberá acompañar la
lista de testigos con designación de nombres y apellidos,
domicilio, profesión, oficio u ocupación habitual y número de
cédula de identidad. Si no fuere posible conocer algunos de esos
datos, bastará indicar los necesarios para individualizar al testigo.

II. No podrán proponerse más de cinco testigos sobre el objeto del
proceso, salvo exista motivo fundado a juicio de la autoridad
judicial.
ARTÍCULO 175. (EMPLAZAMIENTO DEL. TESTIGO).
I. El testigo será emplazado por cédula que deberá diligenciarse
por lo menos con días de anticipación a la audiencia y,
apercibimiento de las sanciones legales a que dará lugar su
desobediencia o falso testimonio.
II. Se prescindirá del emplazamiento cuando la parte que propuso
al testigo a la carga de hacerlo comparecer: empero. si el testigo
no concurriere, se prescindirá de su declaración, salvo lo
dispuesto por el Articulo 24, numeral 3 del presente Código.
III. El testigo que legalmente emplazado rehusare comparecer será
conducido a presencia la autoridad judicial por la fuerza pública. El
testigo que se negare a declarar incurrirá en desobediencia y será
sancionado con arresto hasta un máximo de veinticuatro horas.
ARTÍCULO 176. (AUDIENCIA). La prueba testifical se recibirá en
audiencia interrogándose a cada testigo en forma separada, previo
juramento o promesa de decir la verdad, observando el siguiente
procedimiento:
1. La autoridad judicial interrogará a la o el testigo, sobre su
nombre, estado Civil, domicilio, nacionalidad o. nación o
pueblo indígena originario campesino al que pertenece,
profesión, oficio u ocupación habitual. y si existe en relación a
ella o él alguna causal de tacha.
2. En forma inmediata se ordenará al testigo que haga una
exposición de los hechos que personalmente le conste en
relación al objeto de la controversia; asimismo, que justifique
sus afirmaciones, explicando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que hubiere ocurrido cada hecho.

3. Terminada la declaración del testigo, las partes podrán
interrogarlo libremente por intermedio de sus abogados y
bajo la dirección del juzgador., que en cualquier momento
podrá formular nuevas interrogaciones, rechazar las
preguntas impertinentes o agraviantes para el testigo, así
como dar por terminado el interrogatorio.
4. Cada pregunta no estará referida a más de un hecho; será
clara y concreta. No se admitirán las preguntas vejatorias u
ofensivas, tampoco podrá asesora de abogado a tiempo de
responder.
5. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que por la
índole de la pregunta la autoridad judicial así lo disponga. En
este caso se dejará en el acta constancia de las respuestas
dadas en esa forma.
ARTÍCULO 177. (NEGATIVA A RESPONDER). La o el testigo no
está obligado a responde preguntas que lo expongan a él o a sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad, a enjuiciamiento penal o
comprometan su honor; asimismo, cuando la pregunta lo exponga a violar
un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial que estuviere
obligado a guardar, salvo que medie consentimiento informado del
afectado.
ARTÍCULO 178. (PERMANENCIA). Después de prestada su
declaración, los testigos permanecerán en estrados sin comunicación entre
ellos, a los efectos de eventuales declaraciones complementarias o careos,
excepto que la autoridad judicial autorice su retiro.
ARTÍCULO 179. (CAREO). Se podrá disponer de oficio o a
petición de parte y siempre que fuere pertinente, el careo de testigos entre
sí o de éstos con las partes.
ARTÍCULO 180. (DECLARACIÓN DE AUTORIDADES
JERÁRQUICAS). El Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional,
Ministros de Estado, Presidentes de las Cámaras de Senadores y
Diputados, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrados del
Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejeros de la Magistratura,

Magistrados del Tribunal Agroambiental, Fiscal General del Estado,
Procurador General del Estado, Defensor del Pueblo, Contralor General del
Estado, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Comandantes de
Fuerza, Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, podrán declarar por
escrito con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de
decir la verdad, en un plazo máximo de cinco días computables desde su
notificación. La parte contraria a la que ofreciere el testigo podrá presentar
contra interrogatorio que será Incluido en el despacho a librarse.
ARTÍCULO 181. (DECLARACIÓN EN DOMICILIO). Las
declaraciones de los mayores, las personas que se hallaren enfermas o
estuvieren imposibilitadas de comparecer, se recibirán en su domicilio, en
cuyo caso se tomarán las medidas correspondientes para asegurar el
normal desenvolvimiento de la audiencia en ese domicilio o en el lugar
donde se encontrare la o el testigo, con asistencia de las partes y sus
abogados si desearen concurrir al acto.
ARTÍCULO 182. (TESTIGOS TRABAJADORES).
I. Si el testigo fuere empleado u obrero, público o privado, la
autoridad judicial, a petición de parte hará conocer la citación al
empleador, para que le sea concedida licencia sin descuento de
sus sueldos o salarios.
II. El requerido no podrá negar la licencia bajo ninguna
circunstancia, con apercibimiento de incurrir en desobediencia.
ARTÍCULO 183. (TESTIGOS CON CAPACIDADES
DIFERENCIADAS). Tratándose de testigos sordos, mudos o sordomudos
que sólo pudieren hacerse entender por Ienguaje especializado, se les
nombrará intérprete.
ARTÍCULO 184. (TESTIGOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINOS Y EXTRANJEROS). Las o los testigos pertenecientes a las
ilaciones y pueblos indígena originario campesinos, y ciudadanas o
ciudadanos extranjeros podrán declarar en su idioma, debiendo formularse
las preguntas y respuestas a través de traductor.

ARTÍCULO 185. (FALSO TESTIMONIO). Si las declaraciones
arrojaren indicios graves- de falso testimonio u otro delito, por los cuales la
autoridad judicial considere que el testigo falta, conociendo la verdad, en
forma inmediata denunciará el hecho al ministerio público.
ARTÍCULO 186. (APRECIACIÓN). La autoridad judicial a tiempo
de dictar sentencia, sujetándose a las reglas de la sana crítica o prudente
criterio, apreciará las circunstancias y motivos que corroboran o disminuyen
la fuerza probatoria de las declaraciones testificales.
SECCIÓN V
INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
ARTÍCULO 187. (PROCEDENCIA).
I. La autoridad judicial de oficio o a petición de parte, podrá diligenciar
antes que otros medios de prueba, inspeccionar lugares o
cosas, con la finalidad de esclarecer hechos que interesen a la
decisión del proceso.
II. Al decretar la inspección, individualizará su objeto y
determinará el lugar, fecha y hora de su realización dentro de los
diez días siguientes, pudiendo disponer la concurrencia de peritos
o testigos.
III. Si hubiere urgencia, la notificación se practicará con un día de
anticipación.
ARTÍCULO 188. (PROCEDIMIENTO).
I. La autoridad judicial dirigirá personalmente la diligencia. Las
partes podrán concurrir con sus abogados y asesores técnicos
para formular las observaciones pertinentes de las que se dejará
constancia en acta.
II. La inconcurrencia de las partes río suspenderá la inspección.

III. Los peritos salvarán las explicaciones técnicas del caso,
pudiendo disponerse que informen por separado en materias que
así lo justifiquen, en plazo que se les fijará al efecto.
IV. Los testigos serán interrogados libremente sobre el objeto de la
inspección.
ARTÍCULO 189. (RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS).
Observando el procedimiento anterior, podrá procederse a la
reconstrucción de hechos bajo la dirección de la autoridad judicial para
comprobar si ellos se realizaron o pudieron haberse realizado de una
manera determinada. A este efecto, se podrá disponer que comparezcan
las partes, peritos y testigos.
ARTÍCULO 190. (DEBER DE COLABORACIÓN).
I. Las partes y terceros tendrán el deber de prestar la máxima
colaboración para el mejor cumplimiento de las inspecciones y
reconstrucciones.
II. En el caso de que terceros rehusaren colaborar, se podrá
disponer las medidas conminatorias pertinentes.
III. Si una o ambas panes negaren su colaboración, la autoridad
judicial podrá intimar su presencia, y si a pesar de ello persistiere
la resistencia, se dispondrá la suspensión de la diligencia,
debiendo interpretarse la negativa a colaborar como prueba de la
veracidad de las afirmaciones de la parte contraria, respecto del
hecho que se pretenda probar.
ARTÍCULO 191. (SUSPENSIÓN DE TRABAJO O TRÁNSITO).
Cuando la inspección se efectuare en locales o sitios de mucha
concurrencia o tránsito intenso o mediaren otras circunstancias que
dificulten la diligencia, la autoridad judicial ordenará, con ayuda de la fuerza
pública si fuere necesario, la desocupación o suspensión del trabajo o
tránsito mientras durare la inspección o reconstrucción. A este efecto la
autoridad judicial deberá comunicar oportunamente a las autoridades
administrativas, la diligencia a realizarse.

ARTÍCULO 192. (GASTOS). La parte que hubiere solicitado la
inspección o la reconstrucción sufragará los gastos que ésta pudiere
ocasionar. Si hubiere sido ordenada de oficio, los gastos serán pagados a
prorrata por las partes, a menos que una de ellas o ambas gozaren del
beneficio de gratuidad, caso en el cual los gastos serán sufragados por el
Tesoro Judicial.
SECCIÓN VI
PRUEBA PERICIAL
I La prueba pericial será admisible cuando la apreciación de los
hechos que interesan al proceso requiriere conocimientos
especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica.
II .Las partes podrán solicitar sólo un dictamen pericial sobre un
mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus
conclusiones en tiempo y forma oportunos.
La autoridad judicial podrá disponer de oficio un nuevo dictamen
cuando, a su juicio, fuere necesario.
ARTÍCULO 194. (NÚMERO DE PERITOS).
I. El perito será uno sólo, salvo que las partes.de común acuerdo,
decidan otra cosa o cuando la complejidad de la cuestión
sometida a proceso lo requiera.
II. Cuando el dictamen pericial requiriere conocimientos de alta
especialización, la autoridad judicial, a petición de parte o de
oficio, podrá formular consultas a universidades, academias,
colegios, profesionales, institutos y entidades públicas o privadas
de carácter científico, cultural o técnico.

I. La parte que solicite un examen pericial señalará los puntos
sobre los cuales versará la prueba. El adversario podrá objetarla o
agregar nuevos puntos.
II. La autoridad judicial resolverá en la audiencia preliminar sobre
la procedencia del dictamen, designará con criterio propio al perito
y fijará los puntos sobre los que versará la pericia, de acuerdo con
las proposiciones de las partes y los que considere necesarios.
III. En la misma providencia se fijará un plazo prudencial para la
presentación del dictamen, que podrá ser prorrogado por una sola
vez en caso de motivo fundado.
ARTÍCULO 196. (ACEPTACIÓN DEL CARGO).
I. El perito aceptará el cargo ante el secretario del tribunal o
juzgado, dentro de los tres días de su notificación con el
nombramiento, bajo juramento o promesa de dictaminar conforme
a su leal saber y entender.
II. Si el perito dentro de los tres días siguientes a su designación
no aceptare el cargo de oficio, sin más trámite, se nombrará otro
en su reemplazo.
III. Si el perito no concurriere a manifestar su aceptación sin causa
justificada, su nombramiento quedará sin efecto y se nombrará
otro en forma inmediata.
ARTÍCULO 197. (RECUSACIÓN).
I. El perito, dentro del plazo de tres días, podrá inhibirse del cargo
cuando tenga motivos fundados para ello.
II. Podrá ser recusado por las mismas causas previstas para las
autoridades judiciales, también será recusable por falta de título
profesional o por incompetencia notoria en la materia del
dictamen.

ARTÍCULO 198. (REMOCIÓN).
I. Será removido el perito que después de haber aceptado el
cargo, rehusare dar su dictamen o no lo presentare en el plazo
que le fue concedido. La autoridad judicial de oficio, nombrará otro
en su lugar y condenará al removido a pagar los gastos de las
diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las
partes, si éstas los reclamaren. El perito reemplazado perderá el
derecho a cobrar honorarios.
II. Si los peritos fueren varios, la negligencia de uno de ellos no
excusará a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y
dictaminar dentro de plazo.
ARTÍCULO 199. (DICTAMEN INMEDIATO). Cuando el objeto de
la pericia fuere de tal naturaleza que permita al perito dictaminar
inmediatamente, así deberá hacerlo en audiencia o por escrito.
ARTÍCULO 200. (PLANOS Y EXÁMENES CIENTÍFICOS). La
autoridad judicial de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar:
1. Elaboración o ejecución de planos, relevamientos,
reproducciones fotográficas, cinematográficas, fotocopias u
otras, de objetos, documentos o lugares con el empleo de
medios o instrumentos técnicos.
2. Exámenes científicos necesarios para el mejor
esclarecimiento de los hechos.
ARTÍCULO 201. (ENTREGA DEL DICTAMEN).
I. Entregado el dictamen pericial será notificado a las partes, que
dentro de los tres días siguientes o en la audiencia de prueba,
podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen
necesarias, las que serán salvadas por el perito durante el curso
de la audiencia o, en su caso, en el plazo que señale la autoridad
judicial. El dictamen podrá ser examinado en audiencia, en
presencia del perito que lo formuló.

II. En la misma oportunidad. las partes podrán impugnar las
conclusiones del peritaje, acompañando las pruebas que las
justifiquen o, si correspondiere, solicitarán nuevo peritaje,
debiendo la autoridad judicial resolver en audiencia.
III. La autoridad judicial podrá requerir del perito las aclaraciones y
complementaciones que entienda necesarias y disponer, a pedido
fundado de parte o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.
ARTÍCULO 202. (FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN). La
fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad
judicial en consideración a la competencia del perito, los principios
científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con
las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción
que la causa ofreciere. La autoridad judicial no está obligada u obligado a
seguir el criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante
resolución fundada.
ARTÍCULO 203. (GASTOS Y HONORARIOS).
I. Los honorarios del perito serán cubiertos por la parte que
solicitó la pericia. Si la pericia hubiere sido dispuesta por la
autoridad judicial, o requerida por ambas partes, o pedida por una
sola de ellas a la que posteriormente se hubiere adherido la otra,
serán pagados a prorrata.
II. Los honorarios serán regulados tomando en cuenta la
importancia del trabajo realizado.
SECCIÓN VII
PRUEBA POR INFORME
I. Los informes salvados por entidades públicas o privadas harán
prueba cuando recaigan sobre puntos claramente individualizados
y referidos a hechos o actos que resulten de la documentación,
archivo o registro del órgano informante.

II. No se admitirá la petición de informe en que manifiestamente
se pretenda sustituir o ampliar otro medio de prueba que
específicamente corresponda por disposición de la Ley o por la
naturaleza del hecho cuya prueba se pretenda
III. La entidad requerida podrá presentar el informe solicitado si
existiere causa de reserva o secreto, lo que se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial dentro de cinco días de
recibida la orden, en cuyo caso se obervara la resolución que al
efecto se dicte.
ARTÍCULO 205. (DERECHO EXTENSIVO).
I. Los abogados y en general quienes actúen en representación de
otro, podrán solicitar en cualquier oficina, pública o privada,
testimonio, copia legalizada o fotocopia autenticada del
documento que les interese o de la actuación administrativa que
se pretenda, aclarando que lo hacen para presentarlo como
prueba en proceso iniciado o por iniciarse, o por cualquier
finalidad lícita.
II. La autoridad judicial también podrá disponer que el informe sea
recabado directamente por uno de los funcionarios de su
dependencia.
III. La contraparte podrá plantear las proposiciones que estime
necesarias para que el informe solicitado sea objetivo y ajustado a
los hechos a que habrá de referirse.
IV. También podrá impugnar la falsedad del informe, quedando
facultada para requerir la exhibición de los asientos, documentos y
demás antecedentes sustentarios de la impugnación; ésta sólo
podrá ser formulada en la propia audiencia en que se presentare y
sustanciarse observando el procedimiento previsto para los
incidentes, o dentro del tercero día siguiente al de la notificación
con la providencia que ordenare la acumulación del informe.
SECCIÓN VIII

PRESUNCIONES
ARTÍCULO 206. (VALOR PROBATORIO).
I. Las presunciones judiciales constituirán prueba cuando a juicio
de la autoridad judicial sean graves, precisas y concordantes, en
los casos en que la Ley admita prueba testifical.
II. Las presunciones legales se regirán por las disposiciones del
Código Civil.
CAPÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES
PARA LA PRODUCCIÓN DE PRUEBA
ARTÍCULO 207. (PRUEBAS POSTERIORES).
I. Concluida la audiencia y al retirarse la autoridad judicial para
fundar su decisión, no se admitirá ninguna otra prueba ni solicitud
alguna.
II. La autoridad judicial, concluida la audiencia, en forma
excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria
para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su
criterio, disponiendo sobre la forma y el tiempo en que deberá ser
recibida. En este caso, dejará constancia de las razones por las
cuales no dispuso oportunamente su diligenciamiento durante el
curso del proceso.
ARTÍCULO 208. (EFECTOS DE LAS DILIGENCIAS DE MEJOR
PROVEER SOBRE LOS PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA).
I. La audiencia para dictar sentencia no podrá postergarse por
más de treinta días, computados a partir de la última audiencia
II. La autoridad judicial tendrá el deber de ordenar las medidas
necesarias para posibilitar que la producción de las pruebas para
mejor proveer sean incorporadas con la antelación debida a la
audiencia final.

III. En esta audiencia se diligenciará la prueba que pudiere ser
recibida y se oirá a cada parte por el tiempo que la autoridad
judicial considere necesario. La autoridad judicial para tomar su
decisión, podrá decretar cuarto intermedio, levantado el cual en
forma inmediata pronunciará sentencia fundada.
CAPÍTULO SÉPTIMO
RESOLUCIONES JUDICIALES
SECCIÓN I
PROVIDENCIAS Y AUTOS
ARTÍCULO 209. (PROVIDENCIAS).
I. Las providencias sólo tenderán al desarrollo del proceso y,
ordenarán actos de mera ejecución.
II. No requerirán otras formalidades que expresarse por escrito,
indicarse el lugar, fecha y la firma de la autoridad judicial. En las
actuaciones orales las providencias constarán en el acta.
ARTÍCULO 210. (AUTOS INTERLOCUTORIOS). Los autos
interlocutorios resolverán cuestiones que se suscitaren durante la
tramitación del proceso. Además de los requisitos indicados en el Artículo
precedente, contendrán:
1. La precisión del objeto de la decisión.
2. Los fundamentos jurídicos.
3. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones
planteadas.
4. La imposición de costas y multas en su caso.
ARTÍCULO 211. (AUTOS DEFINITIVOS).

I. Los autos definitivos resolverán cuestiones que requieren
sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la
causa.
II. Deberán cumplir con los requisitos previstos para el auto
interlocutorio.
ARTÍCULO 212. (PLAZOS).
I. Las providencias que deban dictarse en orden a peticiones
escritas de las partes, en el plazo de veinticuatro horas.
II. Los autos interlocutorios y definitivos, serán dictados en el
plazo máximo de cinco días.
III. En los casos previstos en el presente Código y cuando amerite
el asunto, se dictarán en audiencia las resoluciones señaladas en
los parágrafos anteriores.
SECCIÓN II
SENTENCIA, AUTO DE VISTA Y AUTO SUPREMO
ARTÍCULO 213. (SENTENCIA).
I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá
sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido
demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas
del proceso.
II. La sentencia contendrá:
1. El encabezamiento, con determinación del proceso, nombre
de las partes intervinientes y sus generales y, objeto del
litigio.
2. La parte narrativa con exposición sucinta del hecho y del
derecho que se litiga.

3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en
su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de
las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte,
para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o
constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las
razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una
transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación.
4. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y
precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso,
declarando el derecho de los litigantes y condenando o
absolviendo total o parcialmente.
5. El plazo que se otorgare para su cumplimiento.
6. El pronunciamiento sobre costos y costas.
7. La imposición de multa en el caso de declararse temeridad
o malicia por parte de los litigantes, abogadas o abogados.
8. El lugar y fecha en que se pronuncia.
9. La firma de la autoridad judicial, la autorización de la o el
secretario con los sellos respectivos del juzgado.
ARTÍCULO 214. (PRONUNCIAMIENTO POR EQUIDAD). Si
mediare acuerdo de partes y éstas tuvieren, además, la libre disposición de
sus derechos discutidos en el proceso, la autoridad judicial podrá fallar por
equidad.
ARTÍCULO 215. (CONDENA AL PAGO DE FRUTOS E
INTERESES Y AL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS). Si la
sentencia condenare al pago de frutos o intereses o al resarcimiento de
daños y perjuicios, deberá fijar en cantidad líquida y plazo determinado
para su cumplimiento o, excepcionalmente, establecerá las bases las
cuales habrá de hacerse su liquidación en ejecución de sentencia.
ARTÍCULO 216. (PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA).

I. La autoridad judicial deberá dictar sentencia al cabo de la
audiencia, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los
efectos de su notificación. Sin embargo cuando el caso así lo
amerite podrá dictar solamente la parte resolutiva.
II. La autoridad judicial podrá diferir la fundamentación del fallo
para una ulterior audiencia, que se realizará en un plazo no mayor
de veinte días.
III. A la autoridad judicial suplente no se le aplicará los plazos
señalados en los parágrafos anteriores.
IV. Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente
a la celebración de esta audiencia, donde se notificará el fallo.
Para el caso de que una de las partes no asistiere a la audiencia,
el plazo se computará a partir de su notificación.
V. En los procesos de estructura monitoria, la autoridad judicial
deberá pronunciar sentencia en el plazo de cinco días,
computables desde el ingreso a despacho del expediente
ARTÍCULO 217. (VALIDEZ DE LA SENTENCIA). Es válida la
sentencia pronunciada fuera del plazo previsto por este Código, pero, dará
lugar a sanción disciplinaria a la autoridad judicial, conforme a Ley.
ARTÍCULO 218. (AUTO DE VISTA).
I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá
cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere
pertinente.
II. Este fallo deberá ser:
1. Inadmisible.
a) Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación
después de vencido el término.
b) Por falta de expresión de agravios.
2. Confirmatorio

3. Revocatorio total o parcial.
4. Anulatorio o repositorio.
III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo
pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal
de alzada deberá fallar en el fondo.
ARTÍCULO 219. (AUTO SUPREMO). El Tribunal Supremo de
justicia se pronunciará mediante auto supremo y deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
1. Encabezamiento con identificación del proceso, nombre de
las partes y objeto del litigio.
2. Parte narrativa con exposición resumida del auto de vista
impugnado, del recurso y de la respuesta, ésta última si la
hubiere.
3. La doctrina aplicable al caso.
4. La fundamentación.
5. Parte resolutiva, en términos claros, positivos y precisos.
ARTÍCULO 220. (FORMAS DEL AUTO SUPREMO). La forma del
auto supremo será:
I. Improcedente, cuando:
1. Se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el
término.
2. Pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este
recurso ordinario, excepto que la parte estuviese conforme
con la sentencia y esta fuese anulada, revocada total o
parcialmente en grado de apelación.
3. La resolución no admita recurso de casación.

4. El recurso no cumpliera con lo previsto por el Artículo 274,
Parágrafo 1 del presente Código.
5. La o el recurrente no hubiera intervenido en las instancias
anteriores.
II. Infundado, cuando el tribunal no encontrare haber sido violada
la Ley o leyes acusadas en el recurso.
III. Anulatorio de obrados con o sin reposición.
1. En el primer caso, cuando sea resuelto por:
a) Autoridad judicial incompetente o por tribunal integrado
contraviniendo la Ley.
b) Autoridad judicial legalmente impedida o cuya excusa o
recusación estuviere pendiente o hubiera sido declarada
legal por tribunal competente.
c) Faltar alguna diligencia o trámite declarados
esenciales, falta expresamente penada con la nulidad
por la Ley.
2. En el segundo caso, cuando:
a) Se otorgue más de lo pedido por las partes.
b) Hubiere apelación desistida.
IV. Casando, cuando la resolución infringiere la Ley o leyes
acusadas en el recurso, en este caso fallará en lo principal del
litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenando en
responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a
menos que encontrare excusable el error. La casación podrá ser
total o parcial.
SECCIÓN III
COSTAS Y COSTOS
ARTÍCULO 221. (CONDENACIONES EN LA SENTENCIA). Las
resoluciones judiciales impondrán, según corresponda, condenación en

costas, condenación en costas y costos o declararán no haber lugar a la
condenación.
ARTÍCULO 222. (REGULACIÓN DE COSTAS Y COSTOS). La
autoridad judicial regulará los alcances de la condena en costas y costos,
tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención
a la actividad procesal desarrollada.
ARTÍCULO 223. (CASOS DE CONDENA).
I. En la sentencia que declarare improbada la demanda en todas
sus partes, se condenará en costas y costos al demandante.
II. En la sentencia pronunciada contra el demandado, éste será
condenado en costas y costos.
III. En procesos dobles no procede condenación en costas y
costos en primera instancia.
IV. En los autos de vista las condenaciones serán las siguientes:
1. Si se declarare inadmisible la apelación, costas y costos al
apelante.
2. Si se confirmare el fallo del inferior en todas sus partes,
costas y costos al apelante.
3. Si se revocare el fallo del inferior, no se impondrá
condenación.
V. En autos supremos las condenaciones serán las siguientes:
1. Si se declarare improcedente el recurso, costas y costos al
recurrente.
2. Si se lo declarare infundado, costas y costos al recurrente.
3. Si se dictare la casación, se impondrá la condenación al
perdedor en lo principal del fallo casado.

VI. Las resoluciones que rechazaren los incidentes, condenarán en
costas al incidentista, sin perjuicio de la condena en costos si
correspondiere.
VII. Las resoluciones de rechazo a recursos de reposición
comprenderán también la condenación en costas.
VIII. Los recursos de compulsa rechazados darán lugar a la
imposición de multa, a favor del Tesoro Judicial.
IX. El tribunal o autoridad judicial, atendidas las circunstancias en
cada caso, determinará si la condena es solidaria o si, en su caso,
es divisible entre los Iitisconsortes.
X. Si las resoluciones fueren anulatorias, se podrá sancionar con
responsabilidad a la autoridad que hubiere dictado la resolución
anulada.
ARTÍCULO 224. (ALCANCE DE LAS COSTAS Y COSTOS).
I. Las costas comprenden todos los gastos necesarios y
justificados efectuados por la parte victoriosa, tales como tasas y
derechos judiciales, honorarios de peritos, depositarios,
martilleros, publicaciones y otros valores legalmente establecidos.
II. Los costos comprenden los honorarios de abogado y los
derechos del mandatario.
ARTÍCULO 225. (TASACIÓN, REGULACIÓN Y ORDEN DE
PAGO).
I. El secretario, por orden de la autoridad judicial, tasará las
costas en el plazo máximo de dos días.
II. Notificadas las partes con la tasación, podrán reclamar u
observar en el plazo de tercero día.

III. Aprobada la tasación de las costas o renunciadas éstas, podrá
la autoridad judicial regular los costos, ordenando al mismo tiempo
su pago dentro de tercero día. Esta resolución podrá ser apelada
en el efecto devolutivo, en el término de tres días sin recurso
ulterior.
IV. Si la parte condenada al pago de las costas o costos no los
hiciere efectivos dentro a del término fijado por la Ley o la
autoridad judicial, queda expedita la vía de la ejecución forzosa de
resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada.
SECCIÓN IV
ACLARACIÓN, ENMIENDA Y COMPLEMENTACIÓN
I. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de
oficio los errores materiales advertidos en las
resoluciones judiciales.
II. Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos
podrán ser corregidos aun en ejecución de sentencia.
III. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro,
corrección de cualquier error material o subsanación de omisión
en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto
supremo en el plazo improrrogable de veinticuatro horas
contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez
vencido dicho plazo. Si se tratare de resolución dictada en
audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia.
IV. La aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo
sustancial de la decisión principal.
V. Respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de
esta facultad por una sola vez; en este caso, se suspenderá el
plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal.
Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la
notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración,
enmienda o complementación.

SECCIÓN V
EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES
ARTÍCULO 227. (EFICACIA DE LAS PROVIDENCIAS Y AUTOS
INTERLOCUTORIOS). En las providencias y autos interlocutorios que no
prejuzgaren lo principal en el litigio, ni cortaren otro procedimiento ulterior
suspendiendo la competencia de la autoridad judicial, ésta podrá de oficio o
a instancia de parte hacer en cualquier estado del proceso antes de la
sentencia, las mutaciones o revocaciones que correspondan debidamente
fundadas.
ARTÍCULO 228. (COSA JUZGADA). Los autos definitivos y las
sentencias adquieren la calidad de cosa juzgada cuando:
1. No fueren susceptibles de instancias o recursos posteriores.
2. Las partes consintieren expresa o tácitamente en su
ejecutoria.
ARTÍCULO 229. (ALCANCE DE LA SENTENCIA).
I. La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a titulo
universal.
II. También alcanza los efectos de la sentencia a las personas que
trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ningún caso
afectará a terceros adquirentes de buena fe a título oneroso de
bienes o derechos y que tengan titulo inscrito en el registro público
correspondiente.
III. Alcanza igualmente a los socios, comuneros o codeudores
solidarios e indivisibles conforme a las reglas del Código Civil y a
los titulares de derechos sobre la cosa ajena; a estos últimos,
cuando se controvierte un desmembramiento que no es el propio
respecto del mismo bien.
ARTÍCULO 230. (EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EN
PROCESO PREEXISTENTE). La cosa juzgada en proceso contencioso

tendrá efecto en otro proceso ulterior siempre que se trate de las mismas
partes, se funde en la misma causa y verse sobre el mismo objeto.
ARTÍCULO 231. (EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EN
PROCESO CON CITACIÓN A PERSONAS INCIERTAS O
INDETERMINADAS). En los procesos en que hubieren sido demandadas
personas cuya identidad se desconozca, la sentencia surtirá efectos en
relación a todas las demás comprendidas en la demanda, salvo que se
compruebe en el mismo proceso o en otro posterior que su identidad fue
conocida por alguna de las partes.
TÍTULO V
MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO
CAPÍTULO PRIMERO
TRANSACCIÓN
ARTÍCULO 232. (OPORTUNIDAD). En cualquier estado del
proceso, las partes pueden transigir, para dirimir los derechos en litigio,
conforme a las normas del Código Civil.
ARTÍCULO 233. (FORMA Y TRÁMITE).
I. La transacción será presentada por escrito.
II. Para su homologación, la autoridad judicial, examinará el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Capacidad de las partes.
2. Si se actúa mediante apoderada o apoderado, se tenga
facultad de transigir.
3. Que se trate de derechos disponibles.
III. Si la transacción no fuere homologada, se proseguirá el trámite
de la causa. La apelación de la negativa se concederá en efecto
devolutivo.

IV. Las partes podrán solicitar homologación de un contrato
transaccional a la autoridad judicial, en los términos establecidos
en los parágrafos anteriores, aun cuando no exista proceso entre
éstas. La solicitud suscrita y presentada por ambas partes, será
homologada inmediatamente. En caso de ser presentada sólo por
una de éstas, se correrá en traslado a la otra mediante
citación, para que en el plazo de cinco días sea respondida.
Transcurrido el plazo para la respuesta, con o sin ella, se
procederá a la homologación, salvo rechazo expreso de la misma,
en cuyo caso se negará la solicitud.
V. En caso de una transacción no homologada, previa a la
existencia de un proceso Judicial, las partes podrán hacerla valer
mediante excepción.
CAPÍTULO SECUNDO
CONCILIACIÓN
ARTÍCULO 234. (REGLAS GENERALES).
I. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular,
así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el
proceso.
N La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por
las partes.
III. Las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al
conciliador judicial.
IV. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia preliminar, tiene
el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad.
V. Las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en
cualquier etapa o fase del proceso.
ARTÍCULO 235. (CLASES DE CONCILIACIÓN).
I. La conciliación podrá ser previa o intraprocesal.

II. La conciliación previa se rige por lo dispuesto en el Capítulo I,
Título I del Libro Segundo del presente Código.
III. En la conciliación intraprocesal, iniciado el proceso, la autoridad
judicial instará a las partes a conciliación en la audiencia
preliminar, proponiendo a tal fin medios idóneos, de lo que se
dejará constancia en acta. Asimismo, las partes, en cualquier
estado del proceso, podrán promover la conciliación en cuyo caso
la autoridad judicial señalará audiencia.
ARTÍCULO 236. (CONCILIACIÓN PARCIAL). Si la conciliación
sólo recayere sobre parte del litigio o se relacionare con alguno de los
sujetos procesales, la causa continuará respecto de los puntos no
conciliados o de las personas no comprendidas por aquella.
ARTÍCULO 237. (APROBACIÓN Y VALOR DE COSA
JUZGADA).
I. La conciliación constara en acta, la cual será firmada por las partes,
la autoridad judicial y refrendada por la o el secretario.
II. La conciliación aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre
las partes y sus sucesores a título universal.
ARTÍCULO 238. (INEXISTENCIA DE PREJUZGAMIENTO).
Cuanto expusiere la autoridad judicial en la audiencia de conciliación, no
importará prejuzgamiento, aunque estuviere referido al fondo de la
controversia. Las opiniones vertidas por la autoridad judicial en la audiencia
de conciliación, no son causales de excusa ni recusación.
CAPÍTULO TERCERO
DESISTIMIENTO
ARTÍCULO 239. (RETIRO DE DEMANDA). Antes de la citación
con la demanda, ésta podrá ser retirada por la parte actora y se la tendrá
por no presentada.

ARTÍCULO 240. (CARACTERES Y FORMAS DEL
DESISTIMIENTO).
I. El proceso y la pretensión jurídica pueden ser desistidos.
II. El desistimiento es:
a) Expreso y no se presume, debiendo precisarse su
contenido y alcance.
b) Incondicional y sólo afecta a la parte que desiste.
III. Presentado el desistimiento, éste no podrá ser retirado.
ARTÍCULO 241. (DESISTIMIENTO DEL PROCESO).
I. La parte actora en cualquier estado del proceso y antes de la
sentencia, en acto de voluntad expreso, podrá desistir del mismo.
En este caso, y siempre que no hubiere contestación o
reconvención, la autoridad judicial dictará auto aprobatorio sin otro
trámite, ordenando el archivo de obrados.
II. En caso de que el desistimiento fuere presentado después de la
contestación se requerirá el consentimiento de la parte
demandada y una vez aceptado por ésta, será aprobado con
costas a la parte actora, salvo acuerdo de partes. Si no fuere
aceptado, se proseguirá el trámite de la causa, según
corresponda a su estado.
III. El desistimiento de la reconvención que hubiere planteado la
parte demandada será aprobado en los mismos términos y con los
mismos efectos precedentemente señalados. En este caso, la
tramitación proseguirá sólo con respecto a la demanda principal.
IV. Si tanto parte actora corno la demandada y reconviniente
formularen desistimiento recíproco, se pronunciará auto
aprobatorio sin otro trámite y se ordenará el archivo de obrados.

V. El desistimiento del proceso en primera instancia deja las
situaciones jurídicas en el mismo estado que tenían antes de la
demanda y no impide la presentación de otra nueva.
ARTÍCULO 242. (DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN).
I. En las mismas oportunidades a que se refiere el Artículo
anterior, la parte actora podrá desistir de la pretensión jurídica o
renunciar a su derecho. En este caso, no se requerirá la
aceptación de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial
limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del
derecho en litigio o por el objeto de la demanda y dictar auto
aprobatorio que dé por terminado el proceso, el cual no podrá
promoverse en el futuro.
II. Si la parte demandada que interpuso reconvención fuere quien
desiste de su pretensión o renuncia a su derecho, se aplicará en
lo pertinente lo dispuesto en el Parágrafo anterior.
III. Si las dos partes desistieren de su pretensión o renunciaren a
su derecho en forma recíproca, la autoridad judicial, examinando
su procedencia, los aprobará con todos sus efectos, sin que
ninguna pueda posteriormente iniciar nuevo proceso.
ARTÍCULO 243. (DESISTIMIENTO PARCIAL DE LA
PRETENSIÓN Y EN LITISCONSORCIO FACULTATIVO).
I. Si el desistimiento fuere parcial, el proceso continuará respecto
de las pretensiones no comprendidas en él.
II. Si fueren varias o varios las o los demandantes y el
desistimiento fuere deducido por una o uno de ellas o ellos, el
proceso continuará respecto de las demás partes.
III. Si el desistimiento fuere de la demanda reconvencional, se
aplicarán las reglas de los anteriores parágrafos.
ARTÍCULO 244. (MEDIOS IMPUGNATORIOS).

I. El desistimiento de los medios impugnatorios importará la
ejecución del auto, sentencia o auto de vista impugnado.
II. Si la contraparte también hubiere recurrido, el proceso
continuará solamente en lo relativo a su impugnación.
III. Los tribunales de apelación o casación; presentando el
desistimiento, lo aprobarán sin más trámite, con costas.
ARTÍCULO 245. (DESISTIMIENTO EN TERCERÍAS).
I. El desistimiento del tercerista coadyuvante simple, no afecta los
intereses de la parte coadyuvada, ni suspende la tramitación de la
causa.
II. Si el tercerista excluyente desistiere de su intervención en el
proceso, previo traslado y aceptación de las partes, será aprobado
con costas al tercerista.
III. Si el desistimiento del tercerista excluyente fuere de su pretensión
o derecho, será aprobado sin más trámite, con costas.
IV. En cualquier caso, el auto aprobatorio dispondrá se dejen sin
efecto las medidas cautelares que hubieren podido ser ordenadas
como consecuencia de la tercería.
V. El desistimiento de intervención dentro del proceso por parte del
tercerista de derecho preferente, será aprobado, previo traslado a
las partes y con condenación de costas.
VI. Si el desistimiento fuere de su pretensión o de su derecho, será
aprobado sin más trámite, con costas.
VII. El desistimiento del proceso sea de la parte demandante o de la o
el reconvencionista, en caso de tercería excluyente, no podrá
aprobarse sin la aceptación del tercerista.
ARTICULO 246. (IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO). No
procede el desistimiento de los representantes de incapaces, salvo

autorización judicial. Tampoco procede cuando se trata de derechos
indisponibles.
I. Quedará extinguida la instancia cuando las partes no cumplan
con las obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en
los siguientes casos:
1. Transcurridos treinta días a contar desde la fecha de
admisión de la demanda principal, la o el demandante no
hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley
para que sea practicada la citación de la parte demandada.
2. Transcurridos treinta días a contar desde la ampliación o
modificación de la demanda hecha antes de la citación, la
parte demandante, no hubiese cumplido con las obligaciones
señaladas en el numeral anterior.
3. Dentro del término de seis meses contados desde la
notificación de resolución de suspensión del proceso por la
muerte, fallecimiento presunto de alguno de los litigantes o
por haber perdido el carácter con el que obraban, los
interesados no hubiesen gestionado la continuación de la
causa ni dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley les
impone para proseguirlas.
II. En el caso de los numerales 1 y 2 del presente Artículo, no
correrán los plazos señalados por razones de fuerza mayor
atribuible al órgano jurisdiccional.
ARTÍCULO 248. (RESOLUCIÓN).
I. La autoridad judicial en cualquiera de los casos anteriores, de oficio
o a petición de parte, pronunciará auto definitivo declarando
extinguido el proceso con costas, si corresponde.
II. La resolución que declare extinguida la instancia, podrá ser
apelada sin recurso ulterior en el efecto suspensivo.

ARTÍCULO 249. (EFECTOS). La parte actora podrá deducir
nueva demanda en el término de seis meses a partir de la ejecutoria del
auto definitivo señalado en el anterior Artículo; en caso de no hacerlo
caducará su derecho.
TÍTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
CAPÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 250. (IMPUGNABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES).
I. Las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición
expresa en contrario.
II. Puede renunciarse a la impugnación en forma expresa o tácita
dentro del proceso. Expresamente, cuando en forma y plazo la
parte así lo declare, independientemente de la aceptación de la
otra parte, y en forma tácita, cuando se deje vencer el plazo o se
realice un acto incompatible con la voluntad manifiesta de recurrir.
ARTÍCULO 251. (LEGITIMACIÓN). Cualquiera de las partes,
incluso los terceros, está legitimado para ejercitar el derecho de
impugnación de las resoluciones que les causaren agravio.
ARTÍCULO 252. (CLASES). Los medios de impugnación judicial
son:
1. Reposición.
2. Apelación.
3. Casación.
4. Compulsa.

5. Revisión extraordinaria de sentencia.
CAPÍTULO SEGUNDO
RECURSO DE REPOSICIÓN
I. El recurso de reposición procede contra las providencias y
autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial,
advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule.
II. Este recurso podrá plantearse en cualquier momento del
proceso, inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo
resuelto lo permite.
I. Este recurso se interpondrá verbalmente en la audiencia o por
escrito fundamentado en el plazo de tres días contados a partir de
la notificación con la providencia o auto interlocutorio; en este
último caso, siempre que no hubieren sido dictadas en audiencia.
II. La autoridad judicial podrá resolver inmediatamente y sin
sustanciación, el recurso, manteniendo, modificando, dejando sin
efecto o anulando la providencia o auto interlocutorio.
III. El recurso planteado por escrito será corrido en traslado con
plazo de tres días, con la contestación o sin ella, se dictará
resolución sin más trámite.
IV. El recurso de reposición, planteado en la audiencia contra
providencias, será contestado en la misma, y deberá ser resuelto
inmediatamente.
V. La apelación contra los autos interlocutorios podrá ser
alternativa del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos
recursos de manera conjunta.

ARTÍCULO 255. (IRRECURRIBILIDAD DE RESOLUCIÓN). La
resolución que modificare o dejare sin efecto la recurrida, es inimpugnable.
Sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición, al recurrir de
la sentencia o auto definitivo, si fuera procedente.
CAPÍTULO TERCERO
RECURSO DE APELACIÓN
ARTÍCULO 256. (NATURALEZA Y OBJETO). La apelación es el
recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una
resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal
superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule.
I. Procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos
definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la
Ley.
II. No se considerarán como causales de apelación los errores de
derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia.
ARTÍCULO 258. (IMPROCEDENCIA). No procede apelación
contra las providencias de simple sustanciación y resoluciones contra las
cuales la Ley expresamente las prohíbe.
ARTÍCULO 259. (EFECTOS). El recurso de apelación, sin
perjuicio de lo establecido para la ejecución provisional de las sentencias y
autos definitivos, a que se refiere el Artículo 402 de este Código, se
concede:
1. En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de la
autoridad judicial se suspende, desde que se expide el auto
de concesión hasta que el tribunal de segunda instancia
devuelva el expediente para que se cumpla lo resuelto por el
superior en grado, impidiendo la ejecución de la sentencia o
auto definitivo.

2. En el efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la
prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio de la
alzada, con indicación de las piezas estrictamente necesarias
a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas, y su remisión
separadamente, al tribunal superior. En caso de la falta de
pago de gastos para las fotocopias legalizadas referidas, en
el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la
notificación con el auto de concesión del recurso, se aplicará
su caducidad y ejecutoria de la resolución impugnada.
3. En el efecto diferido, en cuyo caso se limitará al simple
anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la
resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso, se
reservará la interposición y fundamentación juntamente con
una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere
apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la
contraparte, con cuya contestación o sin ella serán
concedidos para su resolución en forma conjunta por el
superior en grado. Si la sentencia no fuere apelada por la
misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido se
tendrá por retirada.
ARTÍCULO 260 (PROCEDENCIA DE LAS APELACIONES
SUSPENSIVA, DEVOLUTIVA Y DIFERIDA).
I. La apelación tendrá efecto suspensivo sólo en proceso
ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al
litigio, o hagan imposible su continuación.
II. En los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y
deberá ser concedida devolutivamente.
III. El anuncio y posterior interposición de la apelación en efecto
diferido procederá contra las siguientes resoluciones en primera
instancia:
1. Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas,
excepto las mencionadas en el Artículo 367, Parágrafo I.
Numeral

2. Autos interlocutorios que resolvieren incidentes.
3. Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y
diligenciamiento de la prueba.
4. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior,
salvo que el presente Código disponga lo contrario.
ARTÍCULO 261. (APELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS
DEFINITIVOS).
I. El recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos, se
interpondrá por escrito fundado en el plazo de diez días y se
sustanciará con traslado a la parte contraria.
II. En el escrito de contestación, que deberá ser presentado en el
mismo plazo fijado en el parágrafo anterior, la parte contraria
podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se
sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de diez
días.
III. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de
prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición
del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior
accederá a la solicitud en los siguientes casos:
1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo.
2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no
hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las
partes que las ofrecieron.
3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la
sentencia.
4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo
presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se

solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente,
conforme a lo prescrito para presentar prueba con la
demanda.
ARTÍCULO 262. (APELACIÓN DE AUTOS
INTERLOCUTORIOS). El recurso de apelación contra los autos
interlocutorios, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, con las
siguientes modificaciones:
1. Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de
audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres días.
Corrido en traslado el recurso, la contraparte podrá contestar
en el mismo plazo.
2. Si se tratare de autos interlocutorios dictados en audiencia,
deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y
sustanciarse dentro del plazo para apelar previsto en el
numeral anterior.
ARTÍCULO 263. (CONCESIÓN).
I. Interpuesta en la forma y plazo la apelación, será admitida con
indicación expresa del efecto en que se la concede, previas las
notificaciones a las partes, será remitid, al tribunal superior en el
término de veinticuatro horas.
II. Si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en efecto que
no corresponde, la parte podrá hacer uso del recurso de
compulsa.
ARTÍCULO 264. (PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA
INSTANCIA).
I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la
apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la
radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo
de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se
refiere el Artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de
habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer

uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes
podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal
relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a
la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día
y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá
exceder de tres días.
II. Tratándose de apelación en el efecto devolutivo el tribunal
superior decretará la radicatoria y previo sorteo de vocal relator,
se pronunciará auto de vista en el plazo de quince días.
ARTÍCULO 265. (FACULTADES DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTANCIA).
I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el
inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.
II. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en
perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiera
apelado en forma principal o se hubiere adherido.
III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de
primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración,
complementación o enmienda, siempre que en los agravios se
hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios.
ARTÍCULO 266. (DISIDENCIA Y LLAMAMIENTO).
I. Si en el tribunal de apelación se suscitare disidencia, ésta y sus
fundamentos se harán constar al pie del fallo.
II. Si suscitada la disidencia, no existiere el número de votos
suficientes para dictar resolución, se llamará, por turno, al vocal
de la otra sala civil, en los tribunales donde hubieren dos salas; y;
en el caso de que sólo hubiere una, se convocará al vocal de la
Sala Social y al de la Sala Penal, en ese orden y a falta de ellos al
vocal suplente, quien emitirá su voto después de los disidentes,
en el plazo de veinte días.

ARTÍCULO 267. (NOTIFICACIÓN CON EL AUTO DE VISTA).
Una vez pronunciado el auto de vista, se notificará a las partes por su turno,
en la Secretaría de Cámara.
ARTÍCULO 268. (RECURSO CONTRA EL AUTO DE VISTA).
Contra el fallo segunda instancia procede el recurso de casación en los
casos previstos en este Código.
ARTÍCULO 269. (EJECUCIÓN PROVISIONAL).
I. Si se recurriere de una sentencia de condena, la parte
vencedora podrá solicitar la ejecución provisional, prestando
garantía suficiente para responder, en su caso, a los gastos
judiciales y daños y perjuicios ocasionados a la parte contraria.
II. La solicitud se presentará ante la misma autoridad judicial que
conoció en primera instancia, formándose en los casos en los que
se remite obrados originales, cuaderno separado que contendrá
las piezas indispensables, y se sustanciará, observando, en lo que
fuere pertinente, lo dispuesto para la ejecución de sentencias.
III. La parte perdedora sólo podrá oponerse a la solicitud con el
fundamento de que la ejecución provisional de la sentencia le
causa perjuicio grave y es de difícil reparación, circunstancia que
la autoridad judicial apreciará según las circunstancias; toda otra
oposición será rechazada de inmediato. La oposición se tramitará
con traslado a la otra parte. Si la autoridad judicial estimare que
existe esa posibilidad, exigirá a la parte obligada a que preste
garantía suficiente para asegurar, en todo caso, lo que habrá de
ser objeto de ejecución, más intereses, costas y costos, y los que
el trámite posterior del recurso pudiere ocasionar.
IV. En lugar de ejecución provisional, podrán adoptarse medidas
cautelares, si la parte interesada así lo solicitare.
CAPÍTULO CUARTO
RECURSO DE CASACIÓN

I. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista
dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente
señalados por Ley.
II. No procede el recurso de casación en los procesos ordinarios
derivados de las resoluciones pronunciadas en los procesos
extraordinarios.
ARTÍCULO 271. (CAUSALES DE CASACIÓN).
I. El recurso de casación se funda en la existencia de una
violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley,
sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la
apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de
derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por
documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación
manifiesta de la autoridad judicial.
II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la
infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren
esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas
oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores.
III. No se considerarán como causales de casación los errores de
derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista.
ARTICULO 272. (LEGITIMACIÓN).
I. El recurso sólo podrá interponerse por la parte que recibió un
agravio en el auto de vista.
II. No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de
primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte,
cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado
totalmente la sentencia apelada.

ARTÍCULO 273. (PLAZO). El recurso se interpondrá en todos los
casos, dentro del plazo de diez días computables a partir de la notificación
con el auto de vista.
ARTÍCULO 274. (REQUISITOS).
I. El recurso deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Será presentado por escrito ante el tribunal que dictó el auto
de vista cuya casación se pretenda.
2. Citará en términos claros y precisos el auto de vista del que
se recurriere, y su foliación.
3. Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes
infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente
interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la
violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación
en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones
deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse
en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente.
II. El tribunal negará directamente la concesión del recurso
cuando:
1 Hubiere sido interpuesto después de vencido el plazo.
2. Cuando la resolución impugnada no admita recurso de
casación.
ARTÍCULO 275. (EFECTOS). La presentación del recurso en
tiempo y forma suspenderá el cumplimiento definitivo de la sentencia, sin
perjuicio de su ejecución provisional, si así lo solicita la parte interesada.
ARTÍCULO 276. (INTERPOSICIÓN DEL RECURSO).
I. El recurso de casación contra autos de vista, se interpondrá por
escrito ante el mismo tribunal que pronunció el fallo, cumpliendo
los requisitos previstos por el Artículo 274 del presente Código,
corriéndose en traslado a la parte contraria, que podrá responder
en el mismo plazo.

II. Cumplidos los plazos establecidos en el parágrafo anterior, con
o sin respuesta, el tribunal concederá el recurso ante el Tribunal
Supremo de Justicia, disponiendo la remisión de los obrados
originales en forma inmediata.
III. Notificadas las partes con el auto de concesión la o el
recurrente deberá proveer el importe de los gastos de remisión del
expediente en el plazo máximo de quince días, bajo pena de
declararse, de oficio, la caducidad del recurso y la ejecutoria del
auto de vista recurrido.
ARTÍCULO 277. (PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA).
I. Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días,
examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el Artículo
274 del presente Código, y de no ser así, dictará resolución
declarando improcedente el recurso, en cuyo caso se tendrá por
ejecutoriada la resolución recurrida para su consiguiente
cumplimiento por el inferior.
II. Si se admitiere el recurso, será pasado el expediente en el
término de cuarenta y ocho horas para sorteo de magistrado
relator, quien tendrá el plazo de treinta días para relacionar la
causa materia del recurso.
III. Admitido el recurso, la o el recurrente, podrá solicitar audiencia
a objeto de concurrir a ésta y hacer las aclaraciones que estimare
convenientes.
IV. Los magistrados que concurran a la vista de la causa, podrán
pedir aclaraciones, lectura de las piezas del proceso que juzguen
necesarias, e incluso la entrega del proceso para informarse
personalmente por el plazo de tres días.
V. Concluida la relación de la causa, la magistrada o el magistrado
relator, presentará para consideración de la Sala el proyecto de

casación, en la forma prevista por el Artículo 220 del presente
Código.
ARTÍCULO 278. (VOTO, DISIDENCIA Y LLAMAMIENTO).
I. Las resoluciones que adopte la Sala serán por mayoría
absoluta de votos de sus miembros.
II. Si en el tribunal de casación se suscitare disidencia, ésta y sus
fundamentos se harán constar al pie del fallo.
III. Suscitada la disidencia, se llamará a la magistrada o el
magistrado de la otra Sala Civil, en caso de que hubieren dos
salas; y en caso de que hubiere una, se convocará a la
magistrada o magistrado de la Sala Social o de la Sala Penal, en
ese orden, y a falta de ellos a los suplentes.
CAPÍTULO QUINTO
COMPULSA
ARTÍCULO 279. (PROCEDENCIA). El recurso de compulsa
procede por negativa indebida del recurso de apelación o del de casación,
o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no
corresponda, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la
resolución objeto del recurso.
ARTÍCULO 280. (PLAZO Y FORMA). El recurso se interpondrá
por escrito fundado ante la misma autoridad judicial que denegó el recurso
o lo concedió erróneamente, en el plazo de tres días contados a partir de la
fecha de notificación con el auto correspondiente.
I. Recibido el memorial de compulsa, la autoridad judicial,
decretará se remitan fotocopias legalizadas de las piezas
estrictamente necesarias al superior en grado. El recurrente en el
plazo de dos días de su notificación, proveerá los recaudos
correspondientes, bajo pena de caducidad del recurso.

II. El incumplimiento de esta obligación por la autoridad judicial
compulsada dará mérito a la imposición de las sanciones de
responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio del derecho que asiste
al recurrente de acudir al superior denunciando el hecho para que
éste a su vez ordene la inmediata remisión de antecedentes.
I. El tribunal superior dictará resolución en el plazo de tres días de
recibida la causa, declarando la legalidad o ilegalidad de la
compulsa.
II. Si se declarare la legalidad de la compulsa, ordenará se
sustancie o conceda el recurso denegado, según corresponda,
librando al efecto provisión compulsoria.
ARTÍCULO 283. (NULIDAD E INADMISIBILIDAD).
I. Si el superior declarare legal la compulsa, todo lo actuado por el
inferior a partir de la interposición del recurso, será nulo de pleno
derecho.
II. No será admisible ningún recurso contra la resolución que resuelva
la compulsa.
CAPÍTULO SEXTO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIA
ARTÍCULO 284. (PROCEDENCIA). Habrá lugar al recurso
extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia de una
sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, en los casos siguientes:
I. Si ella se hubiere fundado en documentos, declarados falsos por
otra sentencia ejecutoriada que se hubiere dictado con
posterioridad a la sentencia que se tratare de rever.
II. Si habiéndose dictado exclusivamente en virtud de prueba
testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso
testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la
sentencia.

III. Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho,
violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada.
IV. Si después de pronunciada, se recobraren documentos
decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en
favor de la cual se hubiere dictado, previa sentencia declarativa de
estos hechos y ejecutoriada.
ARTÍCULO 285. (LEGITIMACIÓN). El recurso extraordinario de
revisión será interpuesto por quienes hubieren sido parte en el proceso
ordinario, por sus sucesores o causahabientes a título universal o particular.
ARTÍCULO 286. (PLAZO).
I. El recurso extraordinario de revisión sólo podrá interponerse
dentro del plazo fatal de un año computable desde la fecha en que
la sentencia quedó ejecutoriada.
II. Si se presentare vencido este plazo, será rechazado de
inmediato; sin embargo, si durante un año, no se hubiere fallado
aún en el proceso dirigido a la comprobación de las causales
señaladas en el Artículo 284 del presente Código, bastará que
dentro de este plazo se hiciere protesta formal de usar el recurso,
el cual deberá ser formalizado en el plazo fatal de treinta días
computables desde la ejecutoria de la sentencia pronunciada en
dicho proceso.
ARTÍCULO 287. (ADMISIBILIDAD). El recurso extraordinario de
revisión será admisible siempre que cumpliere con los requisitos siguientes:
1. Presentación de las fotocopias legalizadas de las
sentencias respectivas con certificación de sus ejecutorias.
2. Expresión concreta de la causa que se invocare y los
fundamentos que se alegaren.
3. Indicación del juzgado donde se encontrare el expediente
en el cual se pronunció la sentencia impugnada.

4. Presentación de tantas copias o fotocopias del recurso
corno partes hubieren intervenido en el proceso que se
reverá.
I. El Tribunal Supremo de Justicia una vez verificado la
observancia de los plazos y los requisitos señalados, dispondrá
que el tribunal o juzgado donde se encuentra el proceso lo remita
en el plazo máximo de diez días, y emplazará a las partes que
hubieren litigado en el mismo, a sus sucesores o causahabientes,
para que contesten al recurso en el plazo de treinta días
computables a partir de la citación.
II. Respondido el recurso, se observará el trámite previsto para los
procesos incidentales.
III. En el memorial de presentación del recurso o en cualquier
momento del procedimiento, la parte recurrente podrá pedir la
suspensión de los efectos de la sentencia impugnada. El Tribunal
Supremo de Justicia dará curso a la petición si de las
circunstancias resulta que el recurso pudiere estar fundado y
exista la posibilidad de que la demora del trámite pudiere causar
perjuicios graves a la parte recurrente, en cuyo caso se deberá
prestar garantía suficiente.
ARTÍCULO 289. (RECURSO FUNDADO).
I. Si se declarare fundado el recurso, se dictará nueva sentencia
anulando total o parcialmente o modificando la anterior.
II. Si se rechazare el recurso se condenará al pago de daños y
perjuicios al recurrente, si hubiere lugar.
ARTÍCULO 290. (IRRECURRIBILIDAD). La sentencia que
resuelva el recurso sólo admitirá el pedido de aclaración, enmienda o
complementación.

ARTÍCULO 291. (COSTAS Y COSTOS).
I. Las costas y costos del recurso desestimado serán de cargo del
recurrente.
II. Si el recurso se declarare fundado, se condenará en costas y
costos al recurrido, si éste hubiere tenido participación en los
hechos que dieron lugar a la revocatoria de la sentencia.
III. En los demás casos, las costas y costos se determinarán según las
circunstancias.
LIBRO SEGUNDO
DESARROLLO DE LOS PROCESOS
TÍTULO I
PROCESOS PRELIMINARES
CAPÍTULO PRIMERO
CONCILIACIÓN PREVIA
ARTÍCULO 292. (OBLIGATORIEDAD). Se establece con carácter
obligatorio la conciliación previa, la que se regirá por las disposiciones del
presente Código, por lo que al promoverse demanda principal deberá
acompañarse acta expedida y firmada por el conciliador autorizado.
ARTÍCULO 293. (ASUNTOS EXCLUIDOS DE LA
CONCILIACIÓN PREVIA). Se exceptúan de la conciliación previa:
1. Los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar.
2. A quienes expresamente les prohíbe la Ley.
3. En beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias y
medidas cautelares.
4. En procesos concursales.

5. En procesos voluntarios si se suscitaré contienda, la
conciliación será obligatoria conforme lo prevé el Artículo 452
del presente Código.
6. Cuando la parte demandada tuviere su domicilio en
jurisdicción departamental distinta al lugar donde se
promoverá la demanda principal o en el exterior, o cuando su
domicilio fuera desconocido.
ARTÍCULO 294. (APLICACIÓN OPTATIVA). En los procesos
ejecutivos y otros procesos monitorios, la conciliación previa será optativa
para la parte demandante, sin que la o el requerido pueda cuestionar la vía.
ARTÍCULO 295. (ALCANCE. Y CESE DE LA
CONFIDENCIALIDAD).
I. La confidencialidad que debe guardar el conciliador incluye el
contenido de los papeles o cualquier otro material de trabajo que
las partes hayan presentado, confeccionado o evalúen a los fines
de la conciliación.
II. La confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes.
III. La confidencialidad cesa en los siguientes casos:
a) Por disposición expresa y fundamentada de la autoridad
judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron.
b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está
cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.
IV. El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con
carácter restrictivo y los supuestos de excepción surgir de manera
evidente.
I. La audiencia de conciliación previa se convocará por la o el
conciliador. Para este acto se citará y emplazará al futuro
demandado con una anticipación no menor a tres días.

II. La autoridad dispondrá se lleve a cabo dicha actuación, con la
presencia de las partes. La presencia de abogados no es
obligatoria.
III. Instalada la audiencia por la o el conciliador, explicará a las
partes las ventajas de la conciliación, utilizando las técnicas
adecuadas para lograr su finalidad.
IV. Seguidamente la parte que promovió la conciliación fijará su
pretensión con claridad y precisión, a su vez, la otra parte se
pronunciará sobre la propuesta. La o el conciliador podrá proponer
alternativas de solución, actuando con buena fe y ecuanimidad,
que podrá ser aceptada o desestimada por las partes.
V. En caso de litisconsorcio facultativo, la conciliación podrá
llevarse a cabo inclusive con uno o algunos de los litisconsortes.
En caso de litisconsorcio necesario, la conciliación deberá llevarse
a cabo con la concurrencia o el emplazamiento de todos los
litisconsortes.
VI. El conciliador levantará un acta resumida de las pretensiones
de las partes, señalando de manera precisa en que aspectos hubo
acuerdo. Si se llegare a un acuerdo total o parcial, constará en el
acta, el cual será suscrito por las partes y el conciliador.
VII. Inmediatamente de concluida la audiencia, la o el conciliador
pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, el contenido del
acta. La autoridad judicial aprobará la conciliación, sin
condenación en costas y costos, siempre que verse sobre
derechos disponibles, mediante auto definitivo con efecto de
sentencia y valor de cosa juzgada, no admitiendo recurso alguno.
Si la conciliación recayere sobre una parte del litigio, será
aprobada parcialmente, salvando derechos respecto de los puntos
no conciliados. Si la conciliación fuere desestimada, el
procedimiento se tendrá por concluido.
VIII. La incomparecencia del citado a conciliación determinará una
presunción simple en contra de su interés en el proceso que
posteriormente fuere formalizado.

IX. Si una de las partes no pudiere concurrir a la audiencia, hará
conocer el impedimento antes de su verificativo y, si la autoridad
lo encontrare justificado, señalará nueva audiencia.
X. El domicilio real de las partes se tendrá como subsistente para
el proceso posterior, a condición de que éste se formalice dentro
de los seis meses siguientes computables desde la fecha de la
audiencia.
XI. La autoridad judicial que aprobó la conciliación será
competente para la ejecución de los acuerdos arribados en el acta
de conciliación.
ARTÍCULO 297. (TESTIMONIO O FOTOCOPIA LEGALIZADA).
El testimonio o fotocopia legalizada del acta de conciliación y auto definitivo
de aprobación, tendrán valor de documento público o auténtico para el
ejercicio de los derechos definidos por esta vía, así como para su
inscripción en el registro que corresponda.
CAPÍTULO SEGUNDO
EXENCIÓN DE COSTOS Y COSTAS
I. La exención de costos y costas, como proceso preliminar, será
concedido únicamente a quien no tuviere medios económicos
suficientes para litigar o hacer valer algún derecho, aunque tuviere
lo indispensable para la subsistencia. Esta exención es personal e
intransmisible.
II. Las instituciones de beneficencia pública gozan de esta
exención sin necesidad de declaratoria judicial.
III. Si el requerimiento fuera sólo de un abogado, bastará que la
autoridad judicial lo designe de la lista remitida por el Ministerio de
Justicia.
ARTÍCULO 299. (OPORTUNIDAD).

I. La solicitud podrá formularse antes de la demanda como
proceso previo o en otro estado del mismo, en cuyo caso se
tramitará como proceso incidental.
II. La petición podrá formularse mediante carta y sin firma de
abogado.
ARTÍCULO 300. (REQUISI'T'OS). La solicitud contendrá:
1. La mención de los hechos en que se fundare.
2. La indicación de la persona o personas con quienes se
hubiere de litigar.
3. La justificación de la imposibilidad de obtención de recursos
pecuniarios para cubrir los gastos judiciales.
I. La solicitud se presentará ante la autoridad judicial que debiere
conocer la causa principal.
II. Si estuviere en curso el proceso principal, no se interrumpirá,
debiendo sustanciarse la solicitud como demanda incidental.
I. La autoridad judicial sin necesidad de trámite alguno, resolverá
la solicitud dentro de tres días, acordando la exención total o
parcialmente, o negándola.
II. La resolución que concediere o negare la exención, no causará
ejecutoria.
III. La que lo concediere podrá ser dejada sin efecto a petición de
la otra parte, cuando se demuestre incidentalmente que el
beneficiario ya no tiene derecho al beneficio. Si fuere denegatoria,

el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar nueva
resolución.
VI. La resolución será apelable en el efecto devolutivo, sin recurso
ulterior.
ARTÍCULO 303. (EFECTOS).
I. Quien obtuviere la exención:
1. Tendrá derecho a la asignación de abogado patrocinante a
través del Ministerio de Justicia.
2. Estará exento total o parcialmente de los aranceles
judiciales, de las costas y costos.
II. Las y los abogados tendrán derecho al pago de sus honorarios
provenientes de la condenación en costos a la parte adversa.
ARTÍCULO 304. (EFECTO EXTENSIVO). En los procesos en que
el beneficio sea declarado en favor de la parte demandante, la parte
demandada gozará del mismo beneficio, que se consolidará si la acción de
la parte demandante fuere rechazada, y si no existieren condenaciones
particulares.
CAPÍTULO TERCERO
DILIGENCIAS PREPARATORIAS
ARTÍCULO 305. (PRINCIPIO GENERAL). En todo proceso podrá
sustanciarse etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar
o por quien supusiere fundadamente que será demandado, ante la
autoridad judicial, que conocerá del proceso principal con la finalidad de:
1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de
las partes en el futuro proceso.
2. Anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera
perderse.

3. Practicar las diligencias que correspondan para verificar la
mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan
de fundamento al proceso posterior, como datos contables y
otros documentos de naturaleza similar.
4. Ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito
al proceso posterior.
ARTÍCULO 306. (ENUNCIACIÓN).
I. Además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse
como medidas preparatorias:
1. La declaración jurada que podrá prestar la persona contra
quien se propusiere dirigir la demanda sobre algún hecho
relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no
pudiera iniciarse eficazmente el proceso. En ningún caso esta
medida será admisible cuando su contenido sea una
confesión provocada, bajo pena de nulidad.
2. El reconocimiento de firmas y rúbricas será judicial y
notarial, esta última se regirá por su Ley especializada. El
reconocimiento de firmas y rúbrica, judicial en documento
privado estará sujeto a las siguientes reglas:
a) Cuando se trate de personas naturales, aquella a quien
se opone un documento privado está obligada a
reconocer o negar formalmente si es de su letra o firma.
b) Emplazada la persona, si no concurriere, se tendrá por
reconocidas la firma y rúbrica y la efectividad del
documento; lo mismo ocurrirá, si concurriendo, diere
respuestas evasivas.
c) Si el otorgante del documento hubiere fallecido, se
emplazará a sus, herederos. Si éstos manifestaren que
no les consta la firma o la letra de su causante, la
autoridad judicial a solicitud de parte, ordenará la
comprobación pericial observando el procedimiento

previsto en los incisos que siguen. Si no concurrieren al
emplazamiento, la firma y la efectividad del documento
se tendrán por reconocidos.
d) Si la persona emplazada negare su firma y rúbrica, la
autoridad judicial, a pedido de parte, dispondrá se
practique pericia en la vía incidental.
e) El dictamen pericial será valorado por la autoridad
judicial, a los efectos de determinar lo que corresponda.
Si el dictamen señalare la imposibilidad de determinar la
autoría, la parte interesada podrá acudir a la vía
ordinaria.
f) Si las firmas y rúbricas fueren declaradas auténticas, el
falsario será condenado al pago de las costas de la
pericia.
g) En el caso de las personas jurídicas, la efectividad del
documento será reconocida por su personero. Si éste
hubiere dejado de serlo o por cualquier circunstancia se
encontrare impedido, la efectividad del documento será
reconocida por quien lo reemplace o supla.
h) Tratándose de documentos privados otorgados por
personas que no puedan firmar o por analfabetos en los
que consten sus impresiones digitales puestas en
presencia de tres personas de los cuales uno será a
ruego y dos testigos que sepan leer y escribir, estos
últimos suscriban al pie. El otorgante reconocerá el
contenido del documento y el hecho de haber
estampado sus impresiones, los testigos reconocerán
sus firmas y rúbricas. Si no fuere posible esta forma de
reconocimiento, la autoridad judicial, a solicitud de parte,
ordenará la comprobación que corresponda en la vía
incidental.
3. La exhibición de:

a) Bien mueble que será objeto de la pretensión.
b) Los testamentos, a petición de quien se creyere
heredero, legatario u otro tercero que justifique un
interés legítimo.
c) Los títulos u otros documentos que en el caso de la
evicción, justifiquen derecho de propiedad del bien
vendido.
d) El título que en el caso de saneamiento, justifique la
posesión actual de la persona que tenga que ser
demandada de reivindicación u otra acción real.
e) Los documentos de la sociedad o comunidad, por el
socio o comunero o por quien los tuviere en su poder,
para que el interesado pueda fundar la acción
correspondiente o asumir defensa en juicios promovidos
por terceros.
4. El nombramiento de un defensor que lo represente en el
proceso en los casos de desaparición.
5. La designación de un tutor para el litigio, en el caso del
incapaz que habiendo sido demandado, careciere de tutor o
6. El diligenciamiento de inspección judicial, pericia o testifical
anticipados cuando:
a) Pudiere alterarse o perecer el bien.
b) Pudieren modificarse las circunstancias necesarias para
el juicio.
c) Se tratare de testigos de edad avanzada o, gravemente
enfermos o próximos a ausentarse del país.
7. La citación de quien hubiere de ser demandado por
reivindicación u otra acción para la que fuere necesario

conocer el carácter en virtud del cual ocupa el bien objeto del
juicio a promoverse y, exprese a qué título lo tiene.
II. No procederá la exhibición de documentos privados anulados,
documentos accesibles en archivos públicos y medios de prueba
que debieran ser exhibidos por el tenedor de los mismos.
I. La parte que demandare las diligencias preparatorias indicará
con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la
futura demanda principal.
II. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su
admisión o su rechazo. En el primer caso, se tramitará
unilateralmente o bilateralmente, según corresponda. La
intimación destinada a comprobar la mora se tramitará en forma
unilateral.
III. Las diligencias se dispondrán con citación personal de la parte
contra quien se pretendan, salvo si la citación pudiere frustrar la
finalidad y eficacia de las medidas cautelares; en este último
caso, diligenciadas las medidas, se dará conocimiento de ellas a
la contraparte. Si se tratare del diligenciamiento de medios de
prueba, la otra parte podrá completarla o en su caso acreditar
prueba en contrario.
IV. Las diligencias se verificarán en audiencia que la autoridad
judicial señalará al efecto; sólo si resultare indispensable por la
naturaleza de las mismas, se diligenciarán fuera de la audiencia.
V. Si la parte citada para reconocimiento de firmas y rúbricas
concurriere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero
dentro del horario de labores judiciales del día señalado, la
autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia
correspondiente.
ARTÍCULO 308. (OPOSICIÓN).

I. La parte contra quien se pidiere la medida, podrá oponerse a
ésta en el plazo de cinco días de la citación o bien solicitar su
aclaración, modificación o ampliación, lo que se resolverá sin
ulterior recurso.
II. En ningún caso se podrán plantear excepciones ni incidentes,
las que deberán reservarse para el proceso principal.
ARTÍCULO 309. (RECURSOS). La resolución que rechace la
diligencia admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo.
TÍTULO II
PROCESO CAUTELAR
CAPÍTULO PRIMERO
Artículo 310. (OPORTUNIDAD).
I. Las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la demanda o
durante la sustanciación del proceso.
II. Cuando se planteen corno medida preparatoria de demanda,
caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda
principal dentro de los treinta días siguientes de habérselas
ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el
levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la
parte demandante, si hubiere lugar, al pago de daños, perjuicios y
costas.
III. Las medidas se decretarán únicamente a instancia de parte, bajo
responsabilidad de quien las pidiere, salvo que la Ley disponga lo
contrario.
ARTÍCULO 311. (REQUISITOS Y PROCEDENCIA).
I. La petición contendrá:
1. El fundamento de hecho de la medida.

2. La determinación de la medida y sus alcances.
II. Las medidas cautelares se ordenarán cuando la autoridad
judicial estime que son indispensables para la protección del
derecho, siempre que exista peligro de perjuicio o frustración del
mismo por la demora del proceso.
III. La verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio deberán
justificarse documentalmente, sin que sea necesaria prueba
plena.
ARTÍCULO 312. (COMPETENCIA). Será competente para
disponer las medidas cautelares, si hubieren sido planteadas como medida
preparatoria, la autoridad judicial que deba conocer la demanda principal.
ARTÍCULO 313. (MEDIDA ORDENADA SIN COMPETENCIA). Si
la medida fuere ordenada por una autoridad judicial incompetente, será
válida siempre que hubiere sido ordenada de conformidad con las
disposiciones contenidas en el presente Capítulo, pero no se prorrogará su
competencia para el conocimiento de la causa principal. La autoridad
judicial que decretó la medida, inmediatamente después de ser requerido
por parte interesada, remitirá los antecedentes a la autoridad que sea
competente.
ARTÍCULO 314. (FACULIADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL).
I. La autoridad judicial tendrá las siguientes facultades:
1. Para evitar perjuicios innecesarios, podrá limitar la medida
cautelar solicitada o disponer otra diferente o menos rigurosa
si lo estimare suficiente para la protección de los derechos.
2. Señalar su alcance.
II. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las
circunstancias que las determinaron. La autoridad judicial de oficio
o a petición de parte, podrá disponer su modificación, sustitución o
cese, en razón de la mejor protección de los derechos.

ARTÍCULO 315. (RESOLUCIÓN Y CUMPLIMIENTO).
I. Las medidas cautelares se decretarán sin audiencia de la otra
parte. Ningún incidente ni observación planteados por la o el
cautelado con la medida podrá impedir su ejecución.
II. Si el afectado con las medidas cautelares no hubiere tenido
conocimiento de ellas a tiempo de su ejecución, será notificado
dentro del plazo de tres días computables desde su ejecución.
III. De la valoración de la prueba ofrecida, la autoridad judicial
resolverá fundadamente la admisión o rechazo dé la medida.
ARTÍCULO 316. (MEDIDAS PROVISIONALES Y
ANTICIPADAS).
I. La autoridad judicial podrá disponer las medidas provisionales que
correspondan o en su caso, anticipar la realización de
determinadas diligencias para evitar que se cause a la parte,
antes de la sentencia, un perjuicio grave o de dificil reparación, o
para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo.
II. La autoridad judicial a petición de parte o de oficio, también
podrá disponer, como medida provisional anticipada, el remate de
bienes que se hubieren embargado o que en general se
encontraren sometidos a medidas cautelares, cualquiera que
fuere la materia del proceso, y que corran riesgo de perecer,
deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación
irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.
III. La autoridad judicial en estos casos, dispondrá se haga el depósito
judicial del producto.
ARTÍCULO 317. (BIENES DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES O INDUSTRIALES). Cuando se trate de medidas que
afectaren bienes muebles, mercaderías o materias primas pertenecientes a
establecimientos comerciales, industriales o afines, necesarios para su

funcionamiento, la autoridad judicial podrá autorizar otras medidas para no
comprometer el proceso de fabricación o negociación.
ARTÍCULO 318. (BIENES INEMBARGABLES). Son bienes
inembargables:
1. Los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de
asistencia familiar.
2. Las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez o
invalidez y demás beneficios sociales establecidos
legalmente, excepto el caso de asistencia familiar.
3. Las prendas de uso personal y los muebles imprescindibles
que guarnecen la vivienda del deudor y de su familia, salvo
que la deuda provenga de la adquisición de los mismos
muebles o de alquileres de la casa. Son embargables los
bienes suntuarios.
4. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor.
ARTÍCULO 319. (USO DE BIENES EMBARGADOS). Losbienes
embargados que se encontraren afectados a los servicios públicos, no
obstante el embargo, seguirán utilizándose por el deudor. La autoridad
judicial, en todos los casos, limitará al mínimo indispensable las
prohibiciones de uso de los bienes embargados, salvo disposición en
contrario.
ARTÍCULO 320. (MEDIDAS CONTRACAUTELA). Las medidas
cautelares podrán ordenarse bajo responsabilidad de la parte solicitante,
sin necesidad de dar caución. La autoridad judicial deberá fundar su
decisión en consideración a la verosimilitud del derecho, el peligro en la
demora, la posibilidad jurídica y la proporcionalidad de la medida. Sin
embargo, se requerirá contracautela cuando se trate de intervención judicial
y en los casos señalados por Ley.
ARTÍCULO 321. (MODIFICACIÓN).

I. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora ó sustitución de la
medida cautelar decretada, justificando que ella no cumple
adecuadamente la función de garantía.
II. El deudor podrá solicitar el cambio de una medida cautelar por otra
que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantizare
suficientemente el derecho del acreedor. De la misma manera,
podrá pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la
reducción del monto por el cual la medida cautelar hubiere sido
dispuesta, siempre que corresponda.
III. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el
plazo de tres días.
ARTÍCULO 322. (RECURSO). La resolución que admitiere o
denegare una medida cautelar u ordenare su sustitución o modificación por
otra, podrá ser impugnada por vía de apelación en efecto devolutivo.
ARTÍCULO 323. (RESPONSABILIDAD).
I. Cuando se dispusiere que una medida cautelar se levante por
haberse demostrado que el solicitante abusó o se excedió en su
derecho para obtenerla, la resolución lo condenará al
resarcimiento de daños y perjuicios si la otra parte lo solicitare.
II. La determinación del monto se sustanciará por vía incidental.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo anterior, la autoridad
judicial, de oficio, podrá aplicar multa.
CAPÍTULO SEGUNDO
MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS
ARTÍCULO 324. (PODER CÁUTELAR GENÉRICO). Fuera de los
casos previstos en los Artículos que siguen, quien tuviere fundado motivo
para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su
derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá
solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias, fueren las más
aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

CAPÍTULO TERCERO
MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS
SECCIÓN I
ANOTACIÓN PREVENTIVA
I. La anotación preventiva de la demanda contenciosa, procederá
sobre derechos de propiedad de bienes inmuebles o muebles
sujetos a registro cuando la pretensión tenga por finalidad la
constitución, modificación o extinción de un derecho real, o
cualquier forma de desmembración del derecho mediante
sentencia.
II. La anotación preventiva en un registro público constituye un
acto de publicidad y no impide a su titular el ejercicio del contenido
de su derecho, ni otorga al que obtuvo la preferencia.
III. La orden de la autoridad judicial contendrá los siguientes datos:
1. Nombre de las partes del proceso.
2. El objeto.
3. Naturaleza de la causa.
4. Situación de los bienes.
5. El número de la matrícula o datos de registros si aquella no
existiera.
IV. Si la sentencia de primera instancia es favorable a la parte que
solicitó la medida, a petición de ésta, la autoridad judicial ordenará
el embargo o secuestro de los bienes afectados con la anotación.
SECCIÓN II
EMBARGO PREVENTIVO Y SECUESTRO

ARTICULO 326. (PROCEDENCIA).
I. El acreedor de una obligación en dinero o en especie podrá pedir
embargo preventivo cuando:
1. El deudor no tuviere domicilio en el territorio del Estado
Plurinacional.
2. El crédito constare en documento público o privado
reconocido y no contare con una garantía suficiente.
3. El coheredero, el condómino o el socio con respecto a los
bienes de la herencia del condominio o de la
sociedad, respectivamente, acreditaren la verosimilitud del
derecho y el peligro de la demora.
4. La persona que tuviere que demandar reivindicación,
división de herencia, nulidad de testamento o simulación, u
otras acciones reales respecto del bien demandado mientras
dure el juicio, presentará prueba documental que haga
verosímil su pretensión.
5. Se demandare el cumplimiento de un contrato de
compraventa, si el derecho fuere verosímil.
II. El secuestro de bienes muebles y semovientes, procederá cuando:
1. El embargo no asegure por sí solo el derecho pretendido
por la parte solicitante, siempre que se presente documento
que hiciere verosímil el crédito cuya efectividad se trata de
garantizar.
2. Fuere necesaria la guarda o conservación de bienes para
asegurar el resultado de la sentencia.
3. El deudor ofreciere bienes para su descargo.
III. La autoridad judicial al disponer el embargo preventivo o el
secuestro, designara depositario a quien advertirá las
responsabilidades que conforme a Ley asume.

IV. El secuestro no procede cuando el demandado tenga título de
propiedad o posesión del bien por más de un año.
ARTÍCULO 327. (EJECUCIÓN Y EFECTOS). La ejecución y
efectos del embargo preventivo y secuestro se sujetarán a lo dispuesto en
el Capítulo II, Título V del Libro Segundo de este Código.
ARTÍCULO 328. (PRIORIDAD).
I. El acreedor que hubiere obtenido en forma prioritaria el
embargo o secuestro de los bienes de su deudor que no se
encuentren vinculados a causas legítimas de preferencia, tendrá
derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses, costas y
costos, con prelación a otros acreedores, salvo en el caso de
concurso.
II. Los embargos o secuestros posteriores afectarán únicamente al
sobrante que quedare después de pagados los créditos que
dieron lugar a embargos o secuestros anteriores.
SECCIÓN III
INTERVENCIÓN JUDICIAL
ARTÍCULO 329. (INTERVENTOR ADMINISTRADOR).
I. La intervención con facultades de administración o sin ellas, a
falta de otra medida cautelar o complementaria de una
anteriormente dispuesta, podrá ordenarse a pedido de un socio o
copropietario, si los actos u omisiones de los administradores o
poseedores de los bienes de la sociedad o de la copropiedad,
pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren en peligro las
actividades propias de la sociedad o de la copropiedad.
II. El interventor administrador tendrá la facultad de coadministrar
con el administrador natural o sustituirlo.
ARTÍCULO 330. (OTROS FORMAS DE INTERVENCIÓN). La
autoridad judicial a solicitud de cualquier interesado legítimo, aunque no
fuere socio o copropietario, podrá designar:

1. Un interventor informante para que haga conocer el estado
de los bienes, objeto del proceso o las operaciones o
actividades desarrolladas por el interventor administrador a
quien alude el Articulo anterior, con la periodicidad dispuesta
en la resolución pertinente.
2. Un interventor recaudador, cuando la medida recayere
sobre bienes productores de frutos civiles o naturales. Su
función se limitará exclusivamente a la recaudación de la
parte embargada, sin injerencia alguna en la administración.
La autoridad judicial determinará el monto de la recaudación,
que no podrá exceder del cincuenta por ciento de las
entradas brutas, debiendo el importe ser depositado a la
orden del juzgado dentro del plazo que se determine.
ARTÍCULO 331. (ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL). Para designar interventor, la autoridad judicial tendrá en cuenta
que:
1. La designación recaiga en persona idónea para
desempeñar la función y sea ajena a la sociedad intervenida.
2. La resolución que disponga la medida señalará las
funciones del interventor y el plazo de ella, que podrá
prorrogarse únicamente cuando la autoridad judicial lo
disponga.
3. La contracautela será fijada teniendo en cuenta la clase de
intervención y los perjuicios, costas y costos que la medida
pudiere irrogar. Tratándose de interventor informante, no
requerirá contracautela, salvo mejor criterio de la autoridad
judicial.
ARTÍCULO 332. (OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL
INTERVENTOR).
I. Son obligaciones del interventor:

1. Desempeñar personalmente la función, observando
estrictamente las instrucciones que imparta la autoridad
judicial.
2. Prestar informes periódicos mientras dure la intervención y
uno final al concluir sus funciones en el cual se rinda cuentas
de su cometido.
3. Vigilar la conservación del activo y cuidar que los bienes no
sufran deterioro.
6. Dar cuenta, en el caso del interventor informante, de toda
irregularidad que advirtiere en la administración.
II. El interventor será responsable civil y penalmente por los actos de
su gestión.
ARTÍCULO 333. (HONORARIO).
I. El interventor percibirá el honorario fijado por la autoridad
judicial, una vez aprobado el informe final de su gestión.
II. Si la actuación del interventor tuviere que prolongarse durante
un plazo que a criterio de la autoridad judicial justifique el pago de
anticipos, previo conocimiento de partes, ellos se fijarán en
proporción al importe total de su honorario.
III. Para la regulación del honorario, se tendrán en cuenta la
naturaleza y modalidades de la intervención, las utilidades
obtenidas como consecuencia de ella, el tiempo de duración y
otras circunstancias que correspondan.
ARTÍCULO 334. (REMOCIÓN). El interventor será removido, sin
derecho a percibir honorarios, a petición de parte o de oficio, cuando:
1. No cumpliere su cometido o revelare falta de idoneidad.
2. Ejerciere sus funciones con negligencia inadmisible que
comprometa el interés de las partes y la conservación de los
bienes.
3. Incurriere en abuso en el ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN IV
INHIBICIÓN DE BIENES
ARTÍCULO 335. (ADMISIBILIDAD).
I. En todos los casos en que hubiere lugar al embargo y éste no
pudiere hacerse efectivo por no conocerse los bienes del deudor o
por no cubrir ellos el monto de la deuda, el acreedor podrá
solicitar la inhibición de vender o gravar los bienes del deudor. La
medida se dejará sin efecto siempre que el deudor consintiere en
el embargo de sus bienes hasta el monto de lo debido o
alternativamente ofreciere garantías suficientes.
II. La inhibición surtirá efectos desde la fecha de su anotación en el
registro correspondiente y concederá preferencia sobre las
medidas de inhibición ordenadas con posterioridad.
SECCIÓN V
PROHIBICIONES DE INNOVAR Y CONTRATAR
ARTÍCULO 336. (PROHIBICIÓN DE INNOVAR).
I. La prohibición de innovar se podrá disponer en toda clase de
procesos, siempre que:
1. El derecho fuere verosímil.
2. Existiere peligro de que si se altera la situación de hecho o
de derecho, la modificación pudiere influir en la sentencia o
hacer ineficaz o imposible su ejecución.
II. Excepcionalmente, cuando no sea aplicable otra medida
prevista por la Ley y ante la inminencia de un perjuicio irreparable,
la autoridad judicial puede ordenar medidas destinadas a reponer
un estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es
el sustento de la demanda, en los siguientes casos:
1. Procesos interdictos. La autoridad judicial a petición de
parte o excepcionalmente de oficio, puede dictar en el

proceso la medida cautelar que exija la naturaleza y alcances
de la situación presentada.
2. Obra nueva perjudicial y daño temido. Cuando la
demanda persiga la demolición de una obra en ejecución que
daña la propiedad o la posesión del demandante, la autoridad
judicial podrá disponer la paralización de los trabajos de
edificación. De igual manera puede ordenar las medidas de
seguridad tendientes a evitar el daño que pudiera causar la
caída de un bien en ruina o en situación de inestabilidad.
3. Abuso de derecho. Cuando la demanda versa sobre el
ejercicio abusivo de un derecho, la autoridad judicial podrá
dictar las medidas indispensables para evitar la consumación
de un perjuicio irreparable.
4. Derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz. Cuando la
demanda de reconocimiento o restablecimiento del derecho a
la intimidad de la vida personal o familiar, así como la
preservación y debido aprovechamiento de la imagen o la voz
de una persona, la autoridad judicial podrá dictar la medida
que exija la naturaleza y circunstancias de la situación
presentada.
ARTÍCULO 337. (PROHIBICIÓN DE CONTRATAR).
I. Cuando por disposición de la Ley o lo acordado en el contrato, o
para asegurar la ejecución forzada de los bienes, objeto del litigio,
fuere procedente la prohibición de contratar sobre determinados
bienes, la autoridad judicial ordenará la medida, individualizando
el objeto de la misma y disponiendo su inscripción en los registros
correspondientes. así como la notificación a los interesados y
terceros que señale el solicitante.
II. La prohibición quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la
demanda dentro del plazo de treinta días de haber sido dispuesta,
y en cualquier momento en que se demostrare su improcedencia.
TITULO III

PROCESOS INCIDENTALES
CAPÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 338. (PRINCIPIO). Toda cuestión accesoria con el
objeto principal del litigio y no sometida a un procedimiento especializado,
se tramitará por la vía incidental.
ARTÍCULO 339. (REGLA GENERAL). Los incidentes no
suspenderán la prosecución de la causa principal, a menos que la Ley
expresamente lo señale.
ARTÍCULO 340. (RECHAZO SIN TRÁMITE). Si el incidente
promovido fuere manifiestamente improcedente, la autoridad judicial deberá
rechazarlo sin más trámite, fundando su decisión.
ARTÍCULO 341. (INCIDENTES EN AUDIENCIA). Los incidentes
que se plantearen en el curso de una audiencia se formularán verbalmente
y, oída la parte contraria, se decidirán de inmediato.
ARTÍCULO 342. (INCIDENTES FUERA DE AUDIENCIA).
I. El proceso incidental que se planteare fuera de la audiencia se
formulará por escrito y se sustanciará previo traslado a la
contraparte para que sea contestado dentro de tres días.
II. Tanto con la demanda incidental como con la contestación, las
partes acompañarán las pruebas pertinentes, si se tratare de
cuestiones que así lo requieran. La autoridad judicial ordenará la
recepción de la prueba en una sola audiencia, a cuyo término,
oídas las exposiciones de las partes, se resolverá el incidente.
III. Si el incidente versare sobre cuestiones de puro derecho, si las
partes no ofrecieren prueba o si la autoridad judicial no
considerare necesaria la recepción de ella, se dictará resolución
sin más trámite.

IV. Si existieren dos o más incidentes en estado de resolución,
serán decididos en un mismo auto.
ARTÍCULO 343. (SANCIONES).
I. La resolución que rechace un incidente condenará en costas,
costos y multas a la parte incidentista, que se aumentarán en
progresión geométrica, hasta cinco veces, en caso de nuevos
incidentes rechazados a la misma parte.
II. La resolución también contendrá, en su caso, la declaratoria de
temeridad por la conducta del incidentista o su abogado,
imponiéndose una multa individual o conjunta en favor del Tesoro
Judicial.
III. Si la declaratoria de temeridad se dictare contra el abogado, los
antecedentes y la resolución de rechazo serán remitidos, de oficio,
en fotocopias autenticadas, ante el Tribunal de Honor
correspondiente.
ARTÍCULO 344. (RECURSOS).
I. Las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán
recurso de reposición con alternativa de apelación.
II. Si las resoluciones se pronuncian antes de sentencia se
concederán en el efecto diferido.
CAPÍTULO SEGUNDO
INCIDENTES ESPECIALIZADOS
SECCIÓN I
ACUMULACIÓN
I. Procede la acumulación de procesos que se encuentren
pendientes ante el mismo juzgado o ante otro u otros diferentes,
siempre que la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los

procesos pudiere producir efectos de cosa juzgada en el otro u
otros, o cuando las pretensiones provinieren de la misma causa.
II. Se requerirá además que:
1. La autoridad judicial ante quien se realice la acumulación
sea competente, por razón de la materia, para conocer en
todos los procesos.
2. Los procesos se encuentren en primera instancia y no estén
en estado de pronunciarse sentencia.
3. Puedan sustanciarse por los mismos procedimientos.
4. Los procesos que tengan por objeto idénticas pretensiones
entre las mismas partes, o sobre pretensiones diferentes,
pero provenientes de la misma causa; sean iguales o
diferentes las partes o sobre pretensiones diferentes,
siempre que las partes sean idénticas y recaigan sobre los
mismos bienes.
I. La acumulación podrá decretarse de oficio o a pedido de parte,
en cualquier momento del proceso y antes de pronunciarse
sentencia.
II. Será competente para ordenar la acumulación, la autoridad
judicial que hubiere asumido conocimiento previo de una de las
causas.
III. La acumulación en lo formal, se planteará con los requisitos
establecidos para la demanda en lo que fuere pertinente, y se
sustanciará con traslado a los demás interesados para que
respondan en el plazo de cinco días, a cuyo vencimiento la
autoridad judicial tenida por competente dispondrá la acumulación
de los demás expedientes. Si la autoridad judicial requerida
negare la remisión, ésta o la autoridad requirente someterá la

cuestión al Tribunal Departamental de Justicia, que dirimirá sin
otro trámite.
IV. La solicitud de acumulación suspenderá el trámite del proceso
en el cual se solicita.
De la misma manera, la recepción de la orden de remisión de los
procesos tendrá el mismo efecto suspensivo sobre los otros, salvo
las medidas cautelares de urgencia.
V. Remitidos los expedientes, el Tribunal Departamental, dictará la
resolución que corresponda, sin recurso ulterior.
VI. El proceso más reciente se acumulará al más antiguo.
VII. Decretada la acumulación, el proceso que se encuentre más
adelantado en su trámite, quedará en suspenso hasta que todos
los otros lleguen al mismo estado. Conseguida la igualación en el
avance de los procesos, todos se tramitarán en un sólo
expediente y se fallarán por una misma sentencia.
SECCIÓN II
RECUSACIONES Y EXCUSAS
ARTICULO 347. (CAUSAS DE RECUSACIÓN). Son causas de
recusación:
1. El parentesco o relación conyugal de la autoridad judicial
con alguna de las partes, sus abogados o mandatarios, hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o
el derivado de los vínculos de adopción.
2. La relación de compadre, padrino o ahijado de la autoridad
judicial con alguna de las partes, proveniente de matrimonio o
bautizo.
3. La amistad íntima de la autoridad judicial con alguna de las
partes o sus abogados, que se manifestare por trato y
familiaridad constantes.

4. La enemistad, odio o resentimiento de la autoridad judicial
con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare
por hechos conocidos. En ningún caso procederá la
recusación por ataques u ofensas inferidas a la autoridad
judicial después de que hubiere comenzado a conocer el
asunto.
5. La condición de la autoridad judicial de acreedor, deudor o
garante de alguna de las partes, excepto de las entidades
bancarias y financieras.
6. La existencia de un litigio pendiente de la autoridad judicial
con alguna de las partes, siempre que no hubiere sido
promovido expresamente para inhabilitar al juzgador.
7. La condición de la autoridad judicial como abogado,
mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que deba
conocer.
8. Haber manifestado criterio sobre la justicia o injusticia del
litigio que conste en actuado judicial; antes de asumir
conocimiento de él.
9. Los beneficios importantes o regalos recibidos por la
autoridad judicial de alguna de las partes.
10. La denuncia o querella planteada por la autoridad judicial
contra una de las partes, o la de cualquiera de éstas contra
aquel, con anterioridad a la iniciación del litigio.
ARTÍCULO 348. (OBLIGACIÓN DE EXCUSA).
I. La autoridad judicial comprendida en cualquiera de las causas de
recusación tendrá la obligación de excusarse en su primera
actuación. La excusa no procede a pedido de parte.
II. Decretada la excusa, la autoridad judicial remitirá obrados
originales de inmediato al llamado por Ley.

III. En caso de excusa de todos los vocales de un Tribunal
Departamental o de todos los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia, el Presidente, no obstante haberse excusado,
convocará a los suplentes en el orden establecido por la Ley.
IV. Será nulo todo acto o resolución pronunciada después de la
excusa.
ARTÍCULO 349. (EXCUSA OBSERVADA).
I. Si la autoridad judicial a cuyo conocimiento pase el proceso
estimare ilegal la excusa, la elevará en consulta, en el día, ante el
superior en grado, con copias autenticadas de las piezas
pertinentes, sin perjuicio de asumir conocimiento y proseguir los
trámites de la causa.
II. El superior en grado dictará resolución en el plazo de seis días,
sin recurso ulterior.
ARTÍCULO 350. (EXCUSA DECLARADA ILEGAL).
I. Si la excusa fuere declarada ilegal, la autoridad superior
dispondrá la devolución de los obrados a la autoridad judicial que
se hubiere excusado ilegalmente, quien reasumirá la competencia
y además se impondrá multa de tres días de haber.
II. Si la excusa fuere declarada legal, se impondrá multa a la
autoridad judicial consultante.
III. Las excusas declaradas ilegales tendrán la responsabilidad
disciplinaria señalada en la Ley.
ARTÍCULO 351. (OPORTUNIDAD DE LA RECUSACIÓN).
I. Si la autoridad judicial, sin embargo de haIlarse comprendida en
alguna de las causas del Artículo 347 del presente Código, no se
excusare, procederá la recusación.

II. La recusación podrá ser deducida por cualquiera de las partes,
en la primera actuación que realice en el proceso. Si la causal
fuere sobreviniente, se deducirá dentro de los tres días de tenerse
conocimiento de su existencia y hasta antes de quedar la causa
en estado de resolución.
ARTÍCULO 352. (COMPETENCIA).
I. Será competente para conocer de la recusación tratándose de
juezas y jueces, el Tribunal Departamental de Justicia en la Sala
de la materia que corresponda; si fuere deducida contra uno o
más vocales, corresponderá su conocimiento a la misma Sala del
Tribunal Departamental de la que formen parte los recusados; y si
fuere deducida contra uno o más magistrados del Tribunal
Supremo, corresponderá su conocimiento a la misma Sala que
conforme el o los recusados.
II. La autoridad judicial que conozca de la recusación, es irrecusable.
SECCIÓN III
PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE LA RECUSACIÓN
ARTICULO 353. (TRÁMITE).
I. La recusación se planteará como incidente ante la autoridad
judicial cuya recusación se pretenda, con descripción de la causal
o causales en que se funda, acompañando o proponiendo toda la
prueba de la que la parte recusante intentare valerse.
II. Presentada la demanda, si la autoridad recusada se allanare a
la misma, se tendrá por aceptada la recusación. Al efecto serán
aplicables los Artículos 349 y 350 del presente Código en lo que
corresponda.
III. Si la autoridad judicial no se allanare, remitirá antecedentes de
la recusación ante quien conocerá de ella en el plazo máximo de
tres días, con informe explicativo de las razones por las que no
acepta la recusación, acompañando o proponiendo en su caso la
prueba de la que intentare valerse.

N Si en la recusación no se alegare concretamente alguna de las
causas, si la invocada fuere manifiestamente improcedente, si no
se hubieren observado los requisitos formales previstos en el
parágrafo I anterior o si se presentare fuera de la oportunidad
preceptuada en el Artículo 351, Parágrafo II, del presente Código,
la demanda será rechazada sin más trámite, por el tribunal
competente.
V. La recusación no suspenderá la competencia de la autoridad
judicial, quien continuará con el trámite del proceso hasta que
llegue al estado de pronunciarse sentencia. Los actos procesales
cumplidos serán válidos aun cuando fuere declarada la
separación.
VI. En ningún caso podrá recusarse a la autoridad judicial que
conozca de la recusación.
ARTICULO 354. (AUDIENCIA).
I. Admitida la demanda, el tribunal competente señalará día y
hora para audiencia, que tendrá lugar en el plazo máximo de diez
días computables desde la recepción por aquel.
II. La parte recusante comparecerá a la audiencia en forma
personal, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia
por representante. El recusado lo hará personalmente.
III. La incomparecencia de la parte recusante o su representante
dará lugar a la declaratoria de desistimiento de la demanda, con
expresa condenación en costas; la del recusado, no impedirá la
continuación de los procedimientos.
IV. Instalada la audiencia, la parte recusante ratificará su demanda
y ambas partes producirán la prueba ofrecida.
I. En la misma audiencia, el tribunal resolverá la recusación, no
será necesario el sorteo de la causa entre sus miembros.

II. La resolución que declare probada la recusación separará
definitivamente al recusado del conocimiento de la causa, y la
desestimatoria condenará en costas y multa al recusante.
III. La resolución no admitirá recurso alguno.
SECCIÓN IV
CASOS ESPECIALES DE RECUSACIÓN
ARTÍCULO 356. (TRÁMITE).
I. En los Tribunales Departamentales, la recusación de uno o más
vocales de Sala se planteará ante ésta, observando el
procedimiento señalado en los Artículos 353, 354 y 355 del
presente Código, en lo que fuere pertinente.
II. La recusación de todos los vocales de un Tribunal
Departamental se planteará ante este. En tal caso, la o el
Presidente del Tribunal Departamental, no obstante estar
demandado, se limitará a convocar a las o los suplentes.
III. La recusación de uno o más magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia se Interpondrá ante la misma Sala del Tribunal de
materia y bastará que haya uno hábil para formar Sala, llamando
al magistrado suplente.
IV. La recusación de los magistrados suplentes del Tribunal
Supremo y vocal suplente de los Tribunales Departamentales, se
regirá por el mismo procedimiento aplicable a los titulares.
V. La recusación de los servidores de apoyo judicial se
interpondrá ante la autoridad judicial que conozca de la causa y
será decidida por la misma, sin recurso ulterior, teniendo los
mismos efectos del Parágrafo II del Artículo 355 del presente
Código.
SECCIÓN V
RENDICIÓN DE CUENTAS

I. Toda persona que se considerare con derecho a exigir
rendición de cuentas de otra, podrá pedir que se declare por la
autoridad judicial que está obligado a rendirlas.
II. El procedimiento se sujetará a lo dispuesto para los incidentes
fuera de audiencia.
ARTÍCULO 358. (EFECTOS).
I. Si la resolución declarare que la parte demandada está
obligada a rendir cuentas, se le concederá un plazo de hasta
treinta días, según la complejidad del caso.
II. La rendición de cuentas debe presentarse en términos claros y
precisos con cargos y descargos en orden cronológico de modo
que puedan ser examinadas fácilmente y, con todos los
comprobantes, instrumentos, papeles y libros que pertenezcan a
la cuenta.
III. Si las cuentas fueren presentadas dentro del plazo señalado y
la parte actora no estuviera conforme, podrá ordinarizar la causa,
debiendo formalizarse la demanda de impugnación en el término
de treinta días, caducando su derecho.
IV. Si las cuentas no se presentaren dentro del plazo, se estará a
las cuentas que de su parte pudiera presentar la parte actora en
todo cuanto la parte obligada a rendirlas no probare ser inexacto.
En este caso, las cuentas se discutirán en proceso ordinario.
V. La parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria,
previa conciliación, si así lo viere conveniente.
CAPÍTULO TERCERO
TERCERÍAS E INTERVENCIÓN DE TERCEROS

I. La tercería se planteará por escrito observando los requisitos
de la demanda en lo que fuere pertinente. La tercería será corrida
en traslado a las partes y, si se suscitare oposición, se la
sustanciará y resolverá en una sola audiencia. Este mismo
procedimiento se aplicará a las otras clases de intervención de
terceros en lo que fuere pertinente.
II. La resolución sólo será apelable, en efecto devolutivo si se
rechaza la tercería. La resolución que rechace la tercería
condenará en costas y costos a la parte que planteó la tercería; la
que la acogiere, condenará en costas y costos a la parte
opositora.
III. En lo particular, se tendrá en cuenta las siguientes reglas:
1. Tratándose de tercerías voluntarias, se correrá en traslado
a cada parte. La autoridad judicial pronunciará resolución
admitiendo o rechazando, que sólo será apelable en este
último caso.
2. En el caso de las tercerías coadyuvantes, el tercerista
tomará la causa en el estado en que se hallare, no siéndole
permitido retrotraerla ni suspender su curso. Si
correspondiere, la autoridad judicial podrá disponer la
unificación de la representación.
3. En las excluyentes, quien planteó la tercería intervendrá en
el proceso por sí mismo, como una parte más. La alegación
de hechos y la producción de prueba por parte del tercerista
se sujetarán al trámite del proceso en el cual se apersone,
gozando las partes de las mismas facultades probatorias en
relación a tales hechos.
ARTÍCULO 360. (TERCERÍAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN,
EJECUTIVOS O CAUTELARES).
I. La tercería propuesta en procesos de ejecución, ejecutivos o
cautelares por quien comparezca como consecuencia de medidas
cautelares que afectaren sus bienes o sobre los cuales alegare

mejor derecho que el embargante, será tramitada corriendo en
traslado a las partes, debiendo responder éstas en el plazo de
cinco días. En lo demás, se sujetará al trámite de los procesos
incidentales.
II. Tratándose de tercería excluyente de dominio, no se
suspenderá el trámite en lo principal hasta llegarse al estado de
remate del bien litigado. El trámite de estas tercerías quedará
dispensado cuando se trate de bienes cuyo derecho propietario se
justifique con la correspondiente inscripción en el registro público
correspondiente. Justificado el derecho de propiedad que
fundamenta la tercería con el certificado pertinente, la autoridad
judicial ordenará la cancelación de la cautela, con notificación a
las partes, que sólo podrán oponerse alegando y probando error
en el informe registral falsedad de la inscripción. Las oposiciones
de cualquier otro género que; pudieren deducirse no serán
admitidas, sin perjuicio del derecho de hacérselas valer en el
proceso que corresponda. En ejecución de sentencia el tercerista
de dominio excluyente también deberá acompañar un depósito
judicial por el valor del veinte por ciento de la base de la subasta.
III. En el caso de las tercerías de pago preferente, el trámite en lo
principal continuará desarrollándose, pero quedará suspendido el
pago hasta que se resuelva la tercería planteada.
ARTÍCULO 361. (FACULTAD DEL TERCERISTA). El tercerista
podrá solicitar en cualquier momento se dejen sin efecto las medidas
decretadas sobre los bienes sujetos a su derecho propietario,
ofreciendo cautela suficiente a juicio de la autoridad judicial, para responder
al crédito del embargante en caso que no probare ser suyos los bienes
embargados.
TÍTULO IV
PROCESO DE CONOCIMIENTO
CAPÍTULO PRIMERO
PROCESO ORDINARIO

I. El proceso ordinario procede en todos los casos en que la Ley
no señala otro especializado para su trámite.
II. La demanda será precedida necesariamente de la conciliación,
sin perjuicio de las medidas preparatorias y cautelares que se
hubieren solicitado.
I. Agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la
presentación de la demanda, que deberá reunir los requisitos de
forma y contenido señalados en el Artículo 110 del presente
Código.
II. Dictada la providencia de admisión de la demanda, en ella se
correrá traslado y se ordenará la citación de la parte demandada.
III. Citada legalmente, la parte demandada deberá contestar en el
plazo de treinta días.
IV. A tiempo de la contestación, la parte demandada podrá
reconvenir. Se correrá traslado de la reconvención a la parte
actora, para que conteste en el mismo plazo de treinta días.
V. Si se opusieren a la demanda o la reconvención, excepciones
previas, se correrá traslado a la parte actora o a la parte
demandada, según fuere el caso, por un plazo de quince días.
VI. Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella,
se convocará de oficio audiencia preliminar en un plazo no mayor
a cinco días.
ARTÍCULO 364. (REBELDÍA).
I. Si transcurrido el plazo para la contestación, la parte demandada no
compareciere, de oficio o a petición de parte se declarará la
rebeldía.

II. Declarada la rebeldía, se notificará a la parte demandada en su
domicilio real mediante cédula. Todas las actuaciones y
resoluciones posteriores se notificarán en estrados, excepto la
sentencia, salvo que la parte demandada asuma defensa.
III. La rebeldía de la parte demandada generará en su contra una
presunción simple, respecto a los hechos alegados por el actor en
tanto no fueren contradichos.
III. La parte actora podrá pedir el embargo de los bienes del
rebelde u otras medidas cautelares consideradas necesarias, las
cuales subsistirán hasta la conclusión de la causa.
IV. La parte declarada rebelde podrá comparecer en cualquier
momento del proceso y tomará la causa en el estado en que se
hallare.
ARTÍCULO 365. (AUDIENCIA PRELIMINAR).
I. Convocada la audiencia preliminar, las partes comparecerán en
forma personal, Excepto motivo fundado que justificare la
comparecencia por representante. Las personas colectivas y los
incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.
II. Si se suspendiere por inasistencia de una de las partes,
atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá
postergarse por una sola vez. La fuerza mayor deberá justificarse
mediante prueba documental en el término de tres días de
suspendida la audiencia.
III. Vencido el término y ante la inasistencia no justificada de la
parte actora o reconviniente se tendrá como desistimiento de la
pretensión, con todos sus efectos. Si la ausencia injustificada
fuera de la parte demandada en la nueva audiencia, facultará a la
autoridad judicial a dictar sentencia de inmediato, teniendo por
ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se
hubiere probado lo contrario y siempre que no se tratare del caso
previsto por el Artículo 127, Parágrafo III; del presente Código.

ARTÍCULO 366. (ACTIVIDADES EN LA AUDIENCIA
PRELIMINAR).
I. En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:
1. Ratificación de la demanda y de la contestación, y en su
caso, de la reconvención y su contestación; igualmente,
alegación de hechos nuevos que no modifiquen las
pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos
oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad
judicial o de las partes.
2. Tentativa de conciliación que deberá realizar la autoridad
judicial respecto de todos o algunos de los puntos
controvertidos.
3. Recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren
hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido
pedida juntamente con las excepciones.
4. Saneamiento del proceso, pronunciándose auto
interlocutorio para resolver las excepciones o nulidades
advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte,
incluyendo la improponibilidad de la demanda y la
legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas
al comienzo de la sustanciación.
5. Prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido
producir la totalidad de la prueba o dictar resolución de
saneamiento. En el primer caso, podrá diferirse la recepción
hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de
diez días.
6. Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación
ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba
admisible; recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento
fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia
complementaria respecto de las que no se hubieren
producido hasta su conclusión.

II. Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que a
juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o
rectificaciones hechas en la propia audiencia.
ARTÍCULO 367. (RESOLUCIONES Y RECURSOS EN LA
AUDIENCIA PRELIMINAR).
I. Las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar
admitirán los siguientes recursos:
1. Las providencias de mero trámite, recurso de reposición
planteado en la misma audiencia y resuelta en forma
inmediata.
2. El auto interlocutorio que resolviere excepciones previas,
admitirá recurso de apelación con efecto diferido.
3. La resolución que declare probadas las excepciones de
incompetencia, prescripción, caducidad, transacción,
conciliación y cosa juzgada admitirá recurso de apelación en
el efecto suspensivo.
II. Igualmente, en esta audiencia podrán adoptarse las siguientes
medidas:
1. Si el auto interlocutorio declarare probada la excepción de
litispendencia, se ordenará el archivo de obrados o la
acumulación, cuando corresponda.
2. Si se acogiere la excepción de demanda defectuosa, la
parte demandante podrá subsanar los defectos en la misma
audiencia, en cuyo caso se permitirá a la parte demandada
complementar su contestación en mérito de las aclaraciones
formuladas por la parte actora.
3. Si se acogiere la excepción de falta de capacidad,
personería o representación, se concederá un plazo de diez

días para la subsanación de lo omitido, bajo apercibimiento
de tenerse por no presentada la demanda.
4. Si se dispusiere la intervención de un tercero, se procederá
a su citación conforme a derecho. En este caso, como en el
anterior, se suspenderá la audiencia a sus efectos.
III. Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por
las partes serán resueltas en una sola resolución dictada en
audiencia para sanear el proceso, salvo que la autoridad judicial
se declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras
cuestiones.
IV. Si el asunto fuere de puro derecho o siendo de hecho, se
hubiere diligenciado totalmente la prueba, o se resolviere
prescindir de la aún no diligenciada, serán oídas las alegaciones
de las partes y se pronunciará sentencia.
V. Todo cuanto expusiere, declarare u ordenare la autoridad
judicial en la audiencia preliminar no significa prejuzgamiento.
ARTÍCULO 368. (AUDIENCIA COMPLEMENTARIA).
I. Si en la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar
totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia
complementaria que se realizará dentro de los quince días
siguientes, durante cuya vigencia se verificarán necesariamente
las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de
audiencia, como inspecciones, pericias, informes y otras similares,
a fin de que estén cumplidas en oportunidad de la audiencia
complementaria.
II. No se suspenderá la audiencia complementaria, ni se dejará de
diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el
único caso de fuerza mayor debidamente comprobado. La
audiencia podrá ser prorrogada, por única vez, de oficio o a
petición de parte, si faltare diligenciamiento de alguna prueba que
deba cumplirse fuera del asiento judicial, en cuyo caso la

autoridad judicial fijará nueva fecha para reanudación de la
audiencia, dentro de los quince días siguientes.
III. La inasistencia de la parte a la audiencia complementaria
significará presunción desfavorable para ella.
IV. En la audiencia complementaria serán recibidos todos los
medios de prueba. Los testigos y peritos, una vez oídos por su
orden, permanecerán en el acto a efecto de aclaraciones o careos
posibles, salvo autorización de la autoridad judicial para su retiro.
Los testigos y peritos suscribirán el acta correspondiente.
V. Se labrará acta resumida de todo lo actuado y se acumularán al
expediente los informes y demás documentos recibidos. En
particular, fuera de las aclaraciones o complementaciones de las
partes, se harán constar las resoluciones de la autoridad judicial
sobre la admisión o rechazo de alguna prueba controvertida, así
como sobre la interposición de recursos.
VI. La autoridad judicial oirá seguidamente los alegatos de las
partes, a cuyo objeto fijará el tiempo necesario que no excederá
de diez minutos para cada una y que podrá ser prorrogado por un
lapso similar. Por excepción, tratándose de asuntos de notoria
complejidad, también podrá conceder una ampliación que
satisfaga la necesidad de alegaciones adecuadas a dicha
situación.
VII. A continuación, la autoridad judicial pronunciará sentencia.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROCESO EXTRAORDINARIO
ARTÍCULO 369. (CARÁCTER).
I. El proceso extraordinario se sustancia en una sola audiencia en
la que se concentra todo el trámite y el pronunciamiento de la
sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica sustentada en la
demanda, así como sobre la defensa y las excepciones opuestas
por la contraparte.

II. Se tramitarán por la vía del proceso extraordinario las
controversias relativas, particularmente, a los interdictos de
conservar y recuperar la posesión, así como los de obra nueva
perjudicial, de daño temido y desalojo de vivienda, sin perjuicio de
conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y
cautelares.
III. No será admisible demanda reconvencional.
ARTÍCULO 370. (PROCEDIMIENTO). El proceso extraordinario
se regirá por lo establecido para el ordinario en lo pertinente, con las
siguientes modificaciones:
1. Se convocará a una sola audiencia para promover de oficio
la conciliación intra procesal, fijarse los puntos de debate,
diligenciarse los medios de prueba y, sin necesidad de
alegatos, dictarse sentencia.
2. Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la
prueba que solicitada por las partes, no pudiere diligenciarse
en la audiencia, de manera que en oportunidad de ella la
prueba se halle incorporada.
ARTÍCULO 371. (SENTENCIA Y SEGUNDA INSTANCIA).
I. La autoridad judicial se pronunciará en sentencia sobre todas
las excepciones y defensas; empero, si entre ellas se encontrare
la de incompetencia que fuere objeto de resolución que la acoja,
omitirá pronunciarse sobre las otras.
II. En segunda instancia sólo se admitirá como prueba la que se
entienda necesaria para mejor proveer, la documental sobre
hechos sobrevinientes a la demanda o que se declare, bajo
juramento o promesa, de no habérsela conocido hasta después
de la demanda o la contestación.
III. En segunda instancia, el Tribunal calificará la procedencia o
improcedencia de las pruebas estimadas de diligenciamiento

necesario y para mejor proveer, incluyendo las ofrecidas con
juramento o promesa de su obtención reciente.
ARTÍCULO 372. (RECURSOS).
I. Contra la sentencia dictada en proceso extraordinario
corresponde el recurso de apelación previsto por los Artículos 256
y siguientes del presente Código.
II. No es admisible el recurso de casación.
ARTÍCULO 373. (VÍA ORDINARIA).
I. las sentencias que afecten sustancialmente los derechos
controvertidos entre las partes permitirán a la parte perdedora
acudir al proceso ordinario parla defensa de su derecho material.
II. Los procesos extraordinarios no son acumulables a los
procesos ordinarios.
ARTÍCULO 374. (EJECUCIÓN DE SENTENCIA). Las sentencias
se ejecutarán de acuerdo a las regulaciones contenidas en los Artículos
397 y siguientes del presente Código.
CAPITULO TERCERO
PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA
SECCIÓN I
ARTÍCULO 375. (PRINCIPIO).
I. El proceso monitorio es el régimen conforme al cual,
presentado el documento o documentos constitutivos que
demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial,
previa verificación de los presupuestos generales de competencia,
capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso
que pretende, acoge la demanda mediante una sentencia inicial.

II. Con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada
para que pueda oponer excepciones en el plazo de diez días.
III. Si no se opusieren excepciones en el plazo señalado, la
sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso
quedará terminado, entrando en fase de ejecución.
ARTÍCULO 376. (PROCEDENCIA). El proceso de estructura
monitoria procederá en los siguientes casos:
1. Ejecutivos.
2. Entrega del bien.
3. Entrega de la herencia.
4. Resolución de contrato por incumplimiento de la obligación
de pago.
5. Cese de la copropiedad.
6. Destajo en régimen de libre contratación.
7. Otros expresamente señalados por Ley.
ARTÍCULO 377. (REQUISITOS).
I. En todos los casos, juntamente con la demanda, se deberá
acompañar documento auténtico o legalizado por autoridad
competente, excepto cuando se trate de desalojo en régimen de
libre contratación o de entrega del bien derivada de contrato
verbal. En este último supuesto, en etapa preliminar que se
seguirá por la vía incidental, podrá establecerse la prueba de la
existencia del contrato y de su cumplimiento por la parte actora.
II. En los casos de resolución de contrato o desalojo por falta de
pago de alquileres, corresponderá una intimación previa a pedido
de la parte actora, que se practicará por el plazo de diez días.

SECCIÓN II
PROCESO EJECUTIVO
ARTÍCULO 378. (PROCEDENCIA). El proceso ejecutivo se
promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo
siguiente, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida
y exigible.
ARTÍCULO 379. (TÍTULO EJECUTIVO). Son títulos ejecutivos:
1. Los documentos públicos.
2. Los documentos privados suscritos por la obligada u
obligado o su representante voluntariamente reconocidos o
dados por reconocidos por ante autoridad competente, o
reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública.
3. Los títulos, valores y documentos mercantiles que de
acuerdo al Código de Comercio tuvieren fuerza ejecutiva.
4. Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial
ejecutoriada.
5. Los documentos de crédito por expensas comunes en
edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal.
6. Los documentos de crédito por arrendamiento de bienes.
7. La confesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad
judicial competente para conocer en la ejecución.
8. La transacción no aprobada judicialmente, que conste en
escritura pública o documento privado reconocido.
9. En todos los casos en que la Ley confiera al acreedor, el
derecho de promover proceso ejecutivo.

I. Presentada la demanda, la autoridad judicial examinará
cuidadosamente el título ejecutivo y, reconociendo su
competencia, capacidad, legitimación de las partes, así como la
liquidez y el plazo vencido de la obligación, dictará sentencia
inicial disponiendo el embargo y mandando llevar adelante la
ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, intereses,
costas y costos.
II. Si la autoridad judicial considerare que el documento carece de
fuerza ejecutiva, declarará que no hay lugar a la ejecución,
mediante auto interlocutorio. Una u otra resolución se dictará sin
noticia del deudor.
III. En la misma sentencia, dispondrá se cite de excepciones a la
parte ejecutada. Si ellas fueren opuestas, se actuará conforme a
lo dispuesto en el Artículo 382 del presente Código: Por el
contrario, si el ejecutado no opusiere excepciones, la sentencia se
tendrá por ejecutoriada y se pasará directamente a la fase de
ejecución, observando el trámite previsto por los Artículos 397 y
siguientes de este Código.
IV. Cuando no exista diligencia judicial de reconocimiento de
firmas y rúbricas en forma previa a la demanda ejecutiva, se
intimará de pago al deudor por el total de lo debido e intereses,
dentro de tercero día, bajo apercibimiento de costas y costos; sin
embargo, esta intimación no será necesaria en los casos que
leyes especializadas así lo dispongan.
ARTÍCULO 381. (CITACIÓN DE EXCEPCIONES).
I. Citada la parte ejecutada, dispondrá de un plazo de diez días
para oponer en un mismo acto todas las excepciones que tuviere
contra la demanda, acompañando toda la prueba documental de
que disponga y mencionando los medios de prueba de que
intentare valerse.
II. La parte ejecutada podrá oponer las siguientes excepciones:
1. Incompetencia.

2. Falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado o en
sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar
en juicio o de representación suficiente.
3. Falta de fuerza ejecutiva.
4. Litispendencia, por existir otro proceso ejecutivo.
5. Falsedad o inhabilidad del título con que se pidiere la
ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en
adulteración del documento; la segunda se limitará a las
formas extrínsecas del título, sin lugar a discutirse la
legitimidad de la causa. Si hubiere mediado reconocimiento
expreso de la firma, no procederá la excepción de falsedad.
6. La prescripción o caducidad.
7. Pago documentado total o parcial.
8. Compensación de crédito líquido resultante de documento
que tuviere fuerza ejecutiva.
9. Remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso
documentado.
10. Cosa juzgada.
11. Beneficio de excusión u .orden o división.
III. Cuando leyes especializadas establezcan limitativamente las
excepciones admisibles, aquellas que no participaren de este
carácter serán rechazadas sin tramitación.
ARTÍCULO 382. (AUDIENCIA). Opuestas las excepciones, la
autoridad judicial convocará a audiencia que se realizará observando el
trámite previsto para el proceso extraordinario.
ARTÍCULO 383. (SENTENCIA).

I. Si se hubiere opuesto excepciones, todas ellas se resolverán
en la sentencia definitiva a pronunciarse en la audiencia.
II. Si entre las excepciones opuestas figurare la de incompetencia
y ésta se declarare probada, la autoridad judicial se abstendrá de
pronunciarse sobre las restantes, y ejecutoriada esa resolución,
quien fuere competente, resolverá las demás excepciones.
ARTÍCULO 384. (EFECTOS DE LA. INCOMPETENCIA). Si el
auto interlocutorio declarare probada la excepción de incompetencia, se
dispondrá que los antecedentes sean remitidos a conocimiento de la
autoridad competente para la decisión del proceso, siendo válido todo lo
actuado en éste.
ARTÍCULO 385. (RECURSOS). Contra la sentencia definitiva que
resuelva las excepciones la parte agraviada podrá plantear recurso de
apelación que se concederá en el efecto devolutivo conforme a los Artículos
261, 263, 264 Parágrafo II, y siguientes del presente Código, en todo lo que
fuere pertinente.
ARTÍCULO 386. (PROCESO ORDINARIO POSTERIOR).
I. Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en
proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por
objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento
del proceso ejecutivo.
II. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes
una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses.
Vencido este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión
del fallo dictado en el proceso ejecutivo.
III. El proceso ordinario promovido se tramitará por separado y no
podrá paralizar la ejecución de la sentencia dictada en este último.
SECCIÓN III
OTROS PROCESOS.MONITORIOS

ARTÍCULO 387. (PRINCIPIO). El procedimiento establecido para
el proceso monitorio será aplicable a los casos que siguen, debiendo
disponerse en la resolución de admisión lo que corresponda en relación a la
naturaleza del proceso promovido.
ARTÍCULO 388. (CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION DE DAR).
I. Por este proceso, la parte actora podrá pedir la entrega de un
bien mueble o inmueble que no fuere una suma de dinero,
adeudada por mandato de la Ley, testamento, contrato, acto
administrativo o declaración unilateral de voluntad en los casos en
que ésta pueda imponerse con carácter obligatorio, siempre que
la parte actora acredite la obligación de entregar y, en su caso, el
cumplimiento por su parte de la prestación que le es
correspondiente, mediante documento público o privado
reconocido o dado por reconocido ante la autoridad judicial o
reconocido voluntariamente ante notario de fe pública, o con la
justificación que prevé el Artículo 377, Parágrafo I del presente
Código.
II. Desde el momento de su citación con la intimación, la parte
demandada quedará en calidad de depositario, bajo las
responsabilidades civiles y penales inherentes al caso; salvo que
la autoridad judicial según las circunstancias determine el
secuestro.
ARTÍCULO 389. (ENTREGA DE LA HERENCIA). Cuando un
tercero obstaculice a los herederos la toma de posesión de los bienes
sucesorios, sin acreditar ningún derecho sobre ellos, será citado en la vía
del proceso monitorio para que haga efectiva la entrega de los bienes a los
causahabientes.
ARTÍCULO 390. (RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR FALTA
DE PAGO). Cuando se demande, previa la intimación hecha conforme al
Artículo 317 Parágrafo II, del presente Código, la resolución de contrato por
falta de cumplimiento de la obligación de pago, la parte actora acreditará,
mediante documento reconocido ante autoridad competente, o dado por
reconocido, o voluntariamente reconocido ante notario de fe pública, el

contrato cuya resolución se demanda por incumplimiento, así como, en su
caso, el cumplimiento de la obligación que le es propia.
ARTÍCULO 391. (CESE DE LA COPROPIEDAD). Podrá
demandarse el cese del estado de copropiedad común o sin indivisión
forzosa que haya tenido origen contractual, cuando exista imposibilidad de
la cómoda división del bien, para su venta en pública subasta.
ARTICULO 392. (DESALOJO EN RÉGIMEN DE LIBRE
CONTRATACIÓN).
I. Este proceso tiene Por finalidad el desalojo de inmuebles,
sometidos al régimen de la libre contratación, que no constituyen
vivienda, cuya tenencia se concedió en virtud de contrato de
arrendamiento celebrado por escrito o verbalmente.
II. Se acompañará a la demanda los documentos que prueben la
relación contractual y en caso de ser verbal, se procederá
conforme al Artículo 377 Parágrafo I, del presente Código.
III. Para el desalojo de vivienda se acudirá al proceso
extraordinario.
I. El desalojo de locales de comercio, industria, oficinas y otros
análogos, sujetos al régimen de libre contratación, procederá por
fenecimiento del plazo del contrato o por incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones.
II. La autoridad judicial concederá en sentencia para la entrega de
los inmuebles, los plazos siguientes:
1. Para tiendas, depósitos, pulperías, oficinas: consultorios,
bares, cantinas, salones de bailes y análogos, treinta días.
2. Para casas comerciales, restaurantes, confiterías,
comedores, hoteles, industrias menores y otros análogos,
sesenta días.

3. Para sanatorios, clínicas y establecimientos industriales con
más de veinte trabajadores, noventa días.
ARTÍCULO 394. (EXCEPCIONES).
I. Citada la parte demandada, dispondrá de un plazo de diez días
para oponer en un mismo acto todas las excepciones que tuviere
contra la demanda, acompañando toda la prueba documental de
que disponga y mencionando los medios de prueba de que
intentare valerse.
II. La parte demandada podrá oponer las siguientes excepciones:
1. Incompetencia.
2. Falta de personería en el demandante o en el demandado o
en sus representantes, por carecer de capacidad civil para
estar en juicio o de representación suficiente.
3. Falta de legitimación.
4. Litispendencia.
5. Demanda interpuesta antes del vencimiento del término o el
cumplimiento de la condición.
6. Falsedad del título con el que se sustentare la demanda.
Esta excepción podrá fundarse únicamente en adulteración
del documento. Si hubiere mediado reconocimiento expreso
de la firma, no procederá la excepción de falsedad.
7. La prescripción o caducidad.
8. Cumplimiento o incumplimiento de la obligación.
9. Compensación.

10. Remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso
documentado.
11. Cosa juzgada.
ARTÍCULO 395. (RESOLUCION).
I. En este tipo de procesos se aplicará en lo pertinente lo
dispuesto en el Artículo 213 del presente Código.
II. La sentencia inicial dispondrá, en procesos de:
1. Cumplimiento de obligación, la entrega del bien o bienes
individualizados, bajo conminatoria de expedirse
mandamiento de desapoderamiento.
2. Entrega de herencia, la posesión de los bienes a los
herederos, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de
desapoderamiento.
3. Resolución de contrato; la extinción del contrato, más pago
de daños y perjuicios.
4. Cese de copropiedad, la subasta del bien o bienes.
5. Desalojo, la devolución del bien, bajo alternativa de
lanzamiento o desapoderamiento, según corresponda.
III. En todos los casos en relación al plazo, se aplicará lo previsto
en el Artículo 399 Parágrafo III, del presente Código.
ARTÍCULO 396. (RECURSOS Y EJECUCIÓN).
I. En materia de recursos se aplicará en lo pertinente lo previsto
en el Artículo 385 del presente Código.
II. Ejecutoriada la sentencia y vencidos los plazos señalados en el
Parágrafo II del Artículo anterior, se expedirá mandamiento de
lanzamiento con facultad de allanar.

El mismo podrá ejecutarse en días y horas hábiles. Los bienes
lanzados serán entregados al arrendatario y en su caso al
depositario que designare la autoridad judicial.
III. Si existiere resistencia del arrendatario o de terceros, la fuerza
pública prestará el auxilio necesario sin otro requisito que la sola
exhibición del mandamiento.
IV. Si el desalojo se produjere por falta de pago de alquileres, a
Petición de parte, la autoridad judicial dispondrá la retención de
los bienes muebles indispensables para garantizar el pago de los
alquileres devengados, con excepción de los enumerados en el
Artículo 318 del presente .Código, pudiendo el demandante ser
nombrado depositario.
TÍTULO V
PROCESOS DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ARTICULO 397. (PROCEDENCIA).
I. Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se
ejecutarán sólo a instancia de parte interesada, sin alterar ni
modificar su contenido, por la autoridad judicial de primera
instancia que hubiere conocido el proceso.
II. Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aun cuando se
hubiere interpuesto recursos de apelación o casación contra ella,
por los importes correspondientes a la parte de la condena que
hubiere quedado ejecutoriada. En este caso, el título ejecutorio
consistirá en testimonio. o fotocopia legalizada en el que conste
haber recaído sentencia firme en relación a la parte cuya
ejecución se pretende.
III. Si no fuere posible la ejecución de la sentencia en la forma
determinada, la autoridad judicial liquidará en la vía incidental los

daños y perjuicios que ocasionan el incumplimiento de la
sentencia.
ARTÍCULO 398. (AUTORIDAD DE COSA JUZGADA). Las
sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada cuando:
1. La Ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso.
2. Las partes consintieren expresa o tácitamente en su
ejecutoria.
ARTÍCULO 399. (FACULTADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
Y DE LAS PARTES).
I. La etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o
aplicación concreta de lo establecido en la sentencia.
II. La autoridad judicial dirigirá el proceso con potestad plena
adoptando todas las medidas necesarias para la ejecución de la
sentencia. Las partes actuarán en un plano de igualdad,
limitándose exclusivamente al control del cumplimiento de la
sentencia.
III. Si la autoridad judicial no hubiere fijado plazo para el
cumplimiento de la sentencia, ella deberá ejecutarse dentro de
tercero día. Cuando por circunstancias especiales no fuere posible
el cumplimiento de la sentencia en el plazo fijado en ella o en el
señalado en este parágrafo, la autoridad judicial podrá conceder
un plazo prudencial e improrrogable.
ARTICULO 400. (EJECUCIÓN COACTIVA DE LAS
SENTENCIAS).
I. La ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa
juzgada no podrá suspenderse en ningún caso, por ningún
recurso ordinario o extraordinario, ni el de compulsa, ni el de
recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o
impedir el proceso de ejecución, que serán rechazados en forma
inmediata.

II. Sin embargo si existiera acusación por falsedad material o
ideológica en materia penal que recayera sobre el documento
base de la acción, se suspenderá provisionalmente su ejecución;
más si se opone su falsedad corno excepción civil, la autoridad
judicial según las circunstancias podrá suspender
provisionalmente su ejecución.
III. Si el documento base de la ejecución fuere declarado nulo en
otro proceso con sentencia ejecutoriada, la autoridad judicial
suspenderá de manera definitiva la ejecución.
ARTÍCULO 401. (SANCIONES PECUNIARIAS).
I. La autoridad judicial de oficio o a petición de parte, en cualquier
etapa de la ejecución del proceso, podrá imponer sanciones
pecuniarias para la ejecución de la sentencia.
II. Las sanciones pecuniarias se fijarán en una cantidad en dinero
pagable por cada día de mora en el cumplimiento, pudiendo
optarse por sanciones compulsivas y progresivas para asegurar el
cumplimiento de los mandatos judiciales. Su importe beneficiará a
la parte perjudicada por el incumplimiento.
III. La sanción tomará en cuenta la naturaleza del asunto, la
cuantía y las posibilidades económicas del obligado y podrán ser
reajustadas o dejadas sin efecto si aquel desistiere de su
resistencia y justificare total o parcialmente su proceder, de
manera que signifiquen una efectiva constricción psicológica para
su cumplimiento.
IV. Las sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento en el
pago, darán lugar al embargo de los bienes del deudor, previa
tasación por perito que designe la autoridad judicial, serán
rematados para cubrir el monto.
ARTÍCULO 402. (EJECUCIÓN PROVISIONAL Y EJECUCIÓN
DEFINITIVA).

I. La ejecución provisional y la ejecución definitiva de sentencias
se realizarán observando iguales procedimientos. El proceso
incidental de liquidación, cuando fuere necesario a petición de
parte, será anterior a ambas formas de ejecución.
II. En los casos de ejecución de sentencia contra la que se
hubiere formulado recurso de apelación o casación, la ejecución
quedará en suspenso cuando la autoridad judicial fuera notificada
legalmente con la revocatoria de la sentencia o casación del auto
de vista.
III. Si el auto de vista confirmare la sentencia, declarará al mismo
tiempo como definitiva, la ejecución provisional. Tratándose del
recurso de casación, se obrará de la misma manera. Si el auto de
vista revocare la sentencia o el auto supremo la casare, ordenará
que las cosas vuelvan a su estado anterior, con daños y
perjuicios; de no ser posible, se abonarán los daños y perjuicios
que hubiere causado la ejecución provisional.
IV. La parte que hubiere sufrido la ejecución provisional dejada sin
efecto, tendrá noventa días computables a partir de la resolución
para reclamar el pago de daños y perjuicios, que se cuantificarán
por la vía incidental de liquidación; vencido el plazo, caducará su
derecho y se cancelará la garantía prestada por la parte
ejecutante.
ARTÍCULO 403. (EFECTOS CON RELACIÓN A TERCEROS). La
revocación y la casación en ningún caso podrán perjudicar los derechos de
terceros de buena fe que adquirieron a título oneroso; tampoco darán lugar
a la anulación de los actos o contratos que hubieren sido celebrados con la
o el propietario aparente de los bienes.
CAPITULO SEGUNDO
EJECUCIÓN COACTIVA DE SUMAS DE DINERO
ARTÍCULO 404. (PROCEDENCIA). La ejecución coactiva de
sumas de dinero procede siempre que se trate dé una obligación de pagar
suma líquida y exigible, sustentada en los siguientes títulos:

1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
2. Crédito prendario o hipotecario inscrito, en cuya escritura el
deudor hubiere renunciado a los trámites del proceso
ejecutivo.
3. Crédito hipotecario o prendario, agrario o industrial inscrito,
en el que el deudor hubiere formulado renuncia al proceso
ejecutivo.
4. Transacción aprobada judicialmente.
5. Conciliación aprobada.
6. Laudo arbitral ejecutoriado.
ARTÍCULO 405. (SENTENCIAS QUE DISPONEN PAGO DE
SUMAS ILÍQUIDAS). Si la sentencia que condenare el pago de frutos,
daños y perjuicios no determinó la suma líquida adeudada, ésta será
establecida por la vía incidental en forma previa a la vía de ejecución
coactiva. Igual solución se aplicará cuando en otro acto jurídico se
establezca deuda ilíquida exigible.
ARTÍCULO 406. (SUMA ILÍQUIDA PROCEDENTE DE FRUTOS).
I. Cuando la demanda tuviere por objeto el cobro de frutos, la
autoridad judicial, admitida la demanda y corrida en traslado,
conminará a la parte deudora a formular su liquidación a tiempo
de responder, de lo que se correrá en traslado a la parte actora.
II. Si la parte demandada no presentare liquidación de los frutos,
se estará a la presentada por la parte actora.
ARTÍCULO 407. (SUMA ILÍQUIDA PROCEDENTE DE DAÑOS
Y. PERJUICIOS).
I. La parte actora para promover demanda de ejecución coactiva,
previamente deberá establecer los daños y perjuicios, observando
el procedimiento previsto para los procesos incidentales.

II. En los casos de los Artículos 405, 406 y Parágrafo anterior del
presente Código, contra la resolución que determine la suma
líquida, podrá interponerse recurso de apelación en el efecto
devolutivo, sin recurso ulterior.
ARTÍCULO 408. (INICIO DE LA EJECUCIÓN).
I. La parte acreedora al plantear la demanda de ejecución,
acompañará el título coactivo que la justifique y solicitará el
embargo de los bienes de la parte coactivada.
II. La autoridad judicial examinará cuidadosamente el título
presentado por el acreedor y si considerare que tiene suficiente
fuerza coactiva, dictará sentencia, ordenando el embargo y llevar
adelante la ejecución coactiva hasta que se haga efectiva la suma
reclamada, intereses, costas y costos, dentro del plazo de tres
días, bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado
en garantía o embargado.
III. Si el documento careciere de fuerza coactiva, la autoridad
judicial declarará que no hay lugar a la ejecución. La resolución es
apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.
IV. En uno y otro supuesto, la autoridad judicial se pronunciará en
el plazo de tres días computables a partir de la radicatoria del
proceso, sin noticia de la parte coactivada.
ARTÍCULO 409. (EXCEPCIONES).
I. Cumplida efectivamente la medida cautelar, se citará a la parte
coactivada, quien podrá oponer únicamente las excepciones de:
1. Incompetencia.
2. Falta de fuerza coactiva.
3. Falsedad e inhabilidad del título.

4. Prescripción.
5. Pago documentado.
6. Cosa juzgada, transacción y conciliación.
II. Las excepciones deberán oponerse dentro del plazo de cinco
días perentorios desde la citación con la demanda y sentencia. No
se admitirán incidentes, oposiciones u otras formas de
cuestionamiento procesal.
III. La autoridad judicial rechazará sin sustanciación:
1. Toda excepción que no fuere de las enumeradas.
2. Las que correspondiendo a las mencionadas, no fueren
opuestas con claridad y precisión.
3. Las que estando vinculadas a cuestiones de hecho, no se
justificaren con prueba documental u otros medios
probatorios.
IV. Si las excepciones fueren admitidas, se sustanciarán corriendo
en traslado a la otra parte, quien deberá responder en el plazo de
cinco días, siguiéndose en lo demás el trámite previsto para el
proceso ejecutivo.
V. Si no se hubieren opuesto excepciones o si éstas fueren
rechazadas por inadmisibles, se proseguirá la ejecución coactiva
sin otro trámite.
ARTÍCULO 410. (RESOLUCIÓN Y EFECTOS).
I. La resolución que rechace las excepciones y la que se dicte en
los casos previstos en el Parágrafo II del Artículo anterior, serán
apelables en el efecto devolutivo.
II. En los casos del Artículo 404, numerales 2 al 5, del presente
Código, queda a salvo para cualquiera de las partes, el derecho a

promover demanda ordinaria en el plazo de seis meses, desde la
ejecutoria de la sentencia.
III. La parte coactivada perdedora sólo podrá promover proceso
ordinario en relación al título coactivo, cuyo proceso no
suspenderá el remate ni otras medidas emergentes de la
ejecución.
ARTÍCULO 411. (EJECUCIÓN DEL EMBARGO).
I. El embargo se ejecutará por la o el oficial de diligencias o
cualquier otra autoridad que al efecto se comisione.
II. El embargo de inmuebles se hará efectivo por su inscripción en
el Registro de Derechos Reales y de igual manera el de muebles
sujetos a registro; el de muebles, mediante su aprehensión,
pudiéndose designar depositario al propio deudor o a un tercero; y
el de créditos, por la notificación al deudor del ejecutado.
III. El embargo genérico de derechos comprenderá todos los
bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, presentes y futuros
del deudor y las universalidades de sus bienes, exceptuándose
los bienes concretos que integren las mismas, que serán objeto
de embargos específicos.
ARTÍCULO 412. (AMPLIACIÓN DEL EMBARGO). El acreedor en
cualquier momento de la ejecución, podrá pedir la ampliación del embargo,
si los bienes embargados fuesen insuficientes. La autoridad judicial
calificará la necesidad de la ampliación y en su caso la deferirá, advirtiendo
al acreedor de su responsabilidad por los daños que causare en el exceso
del embargo.
ARTÍCULO 413. (LIQUIDACIÓN).
I. Cuando el embargo o retención hubiere recaído sobre una
suma de dinero, una vez firme la sentencia, o cuando se hubiere
pedido la ejecución provisional, el acreedor presentará la
liquidación de capital e intereses. Puesta en conocimiento de la
parte ejecutada, éste podrá observarla en el plazo de tres días.

Aprobada la liquidación por conformidad o silencio de la parte
deudora, o porque la autoridad judicial hubiere rechazado las
observaciones, se hará pago inmediato al acreedor del importe
que resultare.
II. Cuando el embargo o retención hubiere recaído sobre un
crédito del deudor, el acreedor quedará facultado, por esa sola
circunstancia, para realizar las gestiones judiciales de cobro.
ARTÍCULO 414. (INEFICACIA DE ACTOS DE DISPOSICIÓN).
I. Todo acto jurídico de disposición o de constitución de
gravámenes del bien embargado, que se realizare en forma
posterior a la efectividad del embargo, será ineficaz respecto al
embargante y no afectará el curso del proceso ni sus resultados.
II. La ejecución continuará como si el acto de disposición o de
constitución de gravámenes no existiere. La autoridad judicial a
pedido del acreedor, ordenará la cancelación de dichos actos en
los registros correspondientes, con notificación del tercero en cuyo
favor se hubiere realizado el acto.
ARTÍCULO 415. (PRELACIÓN).
I. El orden de la fecha de inscripción en el registro
correspondiente de los embargos ejecutados, fija el orden de
preferencia de los acreedores para hacer efectivos sus créditos.
II. Tratándose de embargos no inscribibles que se efectivizan
mediante su aprehensión, como en el caso de muebles no sujetos
a registro, o que se hacen efectivos por su notificación, como en el
caso de créditos, el orden de prelación se determina por la fecha
de la ejecución cierta del embargo.
ARTÍCULO 416. (MEDIDAS PREVIAS).
I. Antes de ordenar el remate, la autoridad judicial requerirá
certificaciones o informes sobre:

a) Los impuestos del inmueble o muebles sujetos a registro
que serán rematados.
b) Las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien
afectado al régimen de propiedad horizontal.
c) Las hipotecas o gravámenes que pesaren sobre el bien.
II. Las certificaciones a que se refieren los incisos a y b del
Parágrafo anterior, deberán ser expedidas por quien corresponda,
bajo responsabilidad, en un plazo máximo de cinco días, vencido
el cual, con informes o sin ellos, se proseguirá los trámites del
remate, de lo que se dejará constancia en los avisos
correspondientes.
ARTÍCULO 417. (TASACIÓN DE LOS BIENES).
I. Practicado el embargo, la autoridad judicial de oficio o a
petición de parte, dispondrá la tasación del bien embargado, salvo
que las partes, de común acuerdo, dentro del proceso autoricen la
venta al mejor postor.
II. El valor de los bienes embargados será el establecido por perito
único designado por la autoridad judicial. Esta tasación podrá ser
impugnada por cualquiera de las partes al tercero día de su
notificación, en cuyo caso la autoridad judicial resolverá en el
plazo de cinco días.
III. El honorario del perito será fijado por la autoridad judicial en
consideración al trabajo realizado y la importancia del asunto, y en
ningún caso podrá ser superior al dos por ciento del valor tasado y
aprobado.
ARTÍCULO 418. (MARTILLERO).
I. Los Tribunales Departamentales de Justicia abrirán un registro
en el que podrán inscribirse como martilleros quienes reúnan los
requisitos de idoneidad que reglamente el Consejo de la
Magistratura.

II. De dicho registro será sorteado la o el martillero que aceptará el
cargo dentro de tercero día de notificado, salvo si existiere
acuerdo de partes para proponerlo y reuniere requisitos a
satisfacción de la autoridad judicial.
III. La o el martillero no podrán ser recusados; sin embargo, la
autoridad que procedió a la designación podrá removerlo si
mediaren circunstancias graves.
IV. El acto de remate será realizado por la o el martillero
designado, quien no podrá delegar sus funciones ni suspender el
acto. Donde no exista martillero, desempeñará estas funciones un
notario de fe pública.
ARTÍCULO 419. (REMATE).
I. Establecido de modo definitivo el valor del bien, la autoridad
judicial, a petición de parte, señalará lugar, día y hora para el
remate.
II. El aviso de señalamiento de remate contendrá los nombres de
la parte ejecutante, parte ejecutada y martillero o notario, los
bienes a rematarse, la base de éstos y el lugar del remate.
III. El aviso se publicará una sola vez, en un órgano de prensa o, a
falta de éste, se difundirá en una radiodifusora o medio televisivo,
nacional o local, autorizado, en la misma forma y condiciones.
Donde no existieren medios de difusión, el aviso se fijará en el
tablero del tribunal y en otros sitios que a criterio de la autoridad
judicial aseguren la máxima publicidad del remate.
ARTÍCULO 420. (DEPÓSITO DF. GARANTÍA).
I. Todo interesado en el remate deberá depositar ante el
martillero o notario, antes o en el acto del remate, el veinte por
ciento de la base, mediante depósito judicial o en dinero efectivo.
II. Los depósitos de los postores que no obtuvieren la adjudicación
les serán devueltos inmediatamente, salvo el caso previsto en el

parágrafo III del artículo siguiente, y el depósito del adjudicatario
pasará al Tesoro Judicial, a la orden de la autoridad judicial.
III. En los lugares donde no hubiere oficina administrativa del
Tesoro Judicial, el depósito del adjudicatario quedará en poder del
martillero o notario hasta que la autoridad judicial determine lo
procedente.
ARTÍCULO 421. (DERECHO CONDICIONAL Y
SOBRESEIMIENTO).
I. El adjudicatario deberá pagar dentro de tercero día el saldo del
importe correspondiente al bien adjudicado. Mientras no pague el
saldo del precio, no podrá realizar actos jurídicos de disposición
del bien, ni constituirlo corno garantía para el cumplimiento de
obligaciones. El pago del precio dentro del plazo consolidará el
derecho del adjudicatario, que surtirá efectos con carácter
retroactivo desde el momento de la adjudicación.
II. Si el adjudicatario no oblare el precio dentro del término
señalado, se resolverá su derecho retroactivamente hasta el
momento de la adjudicación y perderá el depósito efectuado, que
se consolidará en favor del Tesoro Judicial con descuento de las
costas y costos causados al ejecutante, pudiendo el postor que
ofertó el precio inmediatamente inferior adjudicarse el bien por el
valor de su oferta, siempre que no hubiere retirado su depósito.
III. El segundo adjudicatario deberá oblar el precio dentro de los
tres días siguientes después de haber sido notificado con la
opción. Si no oblare el precio en el plazo de tres días, igualmente
se resolverá su derecho con carácter retroactivo y perderá el
depósito en la forma señalada en el Parágrafo anterior.
IV. Realizado el remate y antes de su aprobación la parte
ejecutada o en su defecto el tercerista podrá liberar los bienes
rematados pagando el importe del capital, intereses, costas y
costos.
ARTÍCULO 422. (AUSENCIA DE POSTORES).

I. Si se resolviere el derecho del primer adjudicatario y el segundo
postor no hiciere uso de la facultad que le confiere el Artículo
anterior en su Parágrafo II, resolviéndose también su derecho, o si
en la subasta no se presentaren postores, el martillero o notario
informará dentro del plazo de veinticuatro horas a la autoridad
judicial de la causa, quien a petición de parte señalará nuevo día,
hora y lugar para el remate, con la rebaja del veinte por ciento del
valor de la base.
II. Si en la segunda subasta tampoco hubiere postor, el acreedor
podrá adjudicarse el bien en el valor de la última base.
III. En todos los casos en que se realizare una nueva subasta, los
avisos se publicarán por una sola vez con cinco días de
anticipación al día de la subasta.
ARTÍCULO 423. (DECLARACIÓN DE RESOLUCIÓN).
I. La resolución del derecho del adjudicatario será declarada por
la autoridad judicial de oficio, por el sólo hecho del incumplimiento
de pago del saldo de precio. Es: resolución será dictada dentro de
los dos días siguientes.
II. Resuelto el derecho, se tendrá por inexistente la adjudicación
efectuada en favor del postor, correspondiendo procederse de
acuerdo con lo previsto en el Artículo 421. Parágrafos I y II, del
presente Código.
ARTÍCULO 424. (NULIDAD DEL REMATE).
I. La autoridad judicial sólo podrá declarar la nulidad del remate
por falta de la publicación previstas en el Artículo 419, Parágrafo
III, del presente Código.
II. La nulidad deberá plantearse dentro de tercero día de realizado
el remate y se la tramitará como incidente.
III. No se admitirá otras circunstancias o causas de nulidad.

ARTÍCULO 425. (PAGO DEL PRECIO Y APROBACIÓN DEL
REMATE).
I. Dentro del tercero día de realizado el remate, el adjudicatario,
previo pago total del saldo correspondiente al precio del bien
rematado, pedirá la aprobación del remate.
II. La autoridad judicial dictará auto aprobatorio del remate y
ordenará se extienda la respectiva minuta de transferencia y su
protocolización, así como de las actuaciones correspondientes,
sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado.
III. Con el pago del precio y la aprobación del remate, la venta
judicial quedará perfeccionada.
ARTÍCULO 426. (COMPRA EN COMISIÓN). La o el adjudicatario
que hubiere actuado por comisión, a tiempo de oblar el precio y pedir la
aprobación del remate, podrá indicar el nombre de su comitente y, en su
defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo.
ARTÍCULO 427. (LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS
PRECAUTORIAS Y ENTREGA DEL BIEN).
I. Toda medida cautelar que hubiere recaído sobre el bien
rematado se levantará una vez aprobado el remate.
II. Previo a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial
ordenará la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores
para que hagan entrega del bien al décimo día, en caso de
negativa a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial,
librará mandamiento de desapoderamiento, que se ejecutará con
el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. No se podrá
alterar derechos de terceros emergentes de actos jurídicos
debidamente registrados con anterioridad al embargo o de
aquellos documentos que tengan fecha cierta, pudiendo los
interesados deducir oposición por vía incidental dentro del plazo
de diez días de la notificación al ejecutado, ocupantes y
poseedores.

III. Cuando la adjudicación sea de un bien inmueble o mueble
sujeto a registro, en su integridad, la autoridad judicial ordenará el
pago que corresponda sólo después de haberse entregado
físicamente el bien al adjudicatario.
IV. No se expedirá mandamiento de desapoderamiento cuando la
adjudicación comprenda acciones y derechos.
ARTÍCULO 428. (COMISIÓN DE LA O EL MARTILLERO O
NOTARIO). La comisión de la o el martillero o notario se pagará de acuerdo
al arancel fijado por la autoridad señalada por Ley, y en su defecto será
fijada por la autoridad judicial en consideración al trabajo realizado y la
importancia del asunto. El monto en ningún caso podrá ser mayor al dos
por ciento del valor del bien.
CAPÍTULO TERCERO
EJECUCIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 429. (OBLIGACIONES DE DAR).
I. Para la ejecución de una sentencia que ordene el cumplimiento
de una obligación de dar cuyo objeto sea algún bien determinado
que se halle en el patrimonio del deudor, se librará mandamiento
para desapoderar de ella al obligado y entregarla al actor, con el
auxilio, en su caso, de la fuerza pública.
II. Si fuere imposible la ejecución en especie o no se encontrare
en el patrimonio del obligado, sino en la de un tercero que tenga
título con fecha anterior al embargo, se procederá a la ejecución
por el valor del bien, más daños y perjuicios que se liquidarán por
la vía incidental.
III. En los procesos sobre entrega de un bien por vencimiento del
plazo de un contrato o por otro título que obligue la entrega,
procede la ejecución anticipada de la futura decisión, cuando el
demandante acredite el derecho a la restitución pretendida y el
abandono del bien.

ARTÍCULO 430. (OBLIGACIONES DE HACER).
I. Tratándose de obligaciones de hacer, si el ejecutado no las
cumpliere en el plazo señalado por la autoridad judicial, el
ejecutante las realizará por sí y a costa de aquel, en cuyo caso el
ejecutado deberá restituir los gastos en que hubiere incurrido el
ejecutante, en el plazo de diez días. Vencido el mismo sin que se
hubieren cubierto los gastos, el ejecutante podrá recaer sobre los
bienes del deudor. También el acreedor, en lugar de la prestación
debida, tendrá la opción de pedir daños perjuicios liquidables en la
vía incidental.
II. Si se tratare de obligación no susceptible de cumplimiento por
tercero, a pedido de parte podrá perseguirse su cumplimiento en
especie, conminándose al ejecutado para que la haga efectiva en
el término de diez días. Si no lo hiciere, el ejecutado quedará
reatado al pago de los daños y perjuicios emergentes, que se
liquidarán por la vía incidental.
III. Si el condenado al otorgamiento de escritura pública de
transferencia de un derecho y en su caso a efectuar la entrega del
bien, no cumpliere con la obligación en el plazo de diez días, la
autoridad judicial, subsidiariamente, otorgará la escritura, y si así
corresponde, dispondrá se efectúe la entrega en la forma
establecida por el Parágrafo I del Artículo anterior.
IV. En todos los casos anteriormente previstos, los gastos que se
causaren al acreedor serán liquidados por vía incidental y su
cobro, luego de aprobada la liquidación, se realizará de acuerdo a
lo establecido en los Artículos 404 y siguientes del presente
Código, en todo lo que fuere pertinente.
ARTÍCULO 431. (OBLIGACIONES DE NO HACER).
I. Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado
la quebrantare, el acreedor tendrá opción para pedir se repongan
las cosas al estado en que se hallaban, si fuere posible, a costa
del deudor, o se indemnicen los daños y perjuicios, observando lo
dispuesto en el artículo anterior.

II. Para asegurar el cumplimiento de las sentencias, la autoridad
judicial, de oficio o a solicitud de parte, podrá aplicar las sanciones
pecuniarias y progresivas a que se refiere el Artículo 401 del
presente Código.
III. Estas sanciones pecuniarias serán igualmente aplicadas en
caso de incumplimiento de las obligaciones de dar y hacer.
TÍTULO VI
PROCESOS CONCURSALES
CAPÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 432. (CONCEPTO Y CLASES).
I. El proceso concursal procede en los casos en que la o el
deudor no comerciante se encontrare en estado de cesación de
pagos.
II. El proceso concursal es necesario o voluntario.
III. El proceso concursal necesario será promovido cuando tres o
más acreedores hubieren iniciado procesos ejecutivos para el
cobro de sus créditos a una o un deudor y no existieren bienes
suficientes para cubrir las obligaciones.
IV. El proceso concursal voluntario será promovido por la o el
deudor de buena fe e insolvente que desee hacer cesión de
bienes, tuviere o no juicios ejecutivos pendientes, cuando
existieren tres o más acreedores.
ARTÍCULO 433. (UNIVERSALIDAD).
I. Ambos procesos son universales y comprenderán todas las
deudas y bienes de la parte concursada, excepto los bienes
inembargables.

II. Se acumularán al proceso concursal todos los procesos
ejecutivos y de ejecución coactiva de sumas de dinero,
sustanciados en el mismo juzgado o en otros, en estado en que
se encontraren.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE LOS CONCURSOS
ARTÍCULO 434. (DEMANDA).
I. El concurso necesario podrá ser promovido por cualquier
acreedor que acredite los requisitos previstos en el Artículo 432.
Parágrafo III, del presente Código.
II. Si la deudora o el deudor en: estado de insolvencia hubiere
promovido concurso voluntario, formulará protesta expresa de
hacer entrega física de sus bienes, acompañando dos listas
juradas, una consignando la nómina de todos sus acreedores, con
mención de sus nombres, domicilios, relación de los créditos,
intereses, estado de cuentas, garantías .y existencia de ejecución
forzosa de alguno de ellos; y otra, que comprenderá una relación
detallada de sus bienes y derechos, incluyendo los
inembargables, documentos que justifiquen el derecho, registros,
ubicación, superficie, estado físico, valor estimativo y otros datos
que- fueren necesarios.
III. Sin el cumplimiento de estos requisitos, la demanda será
rechazada en forma inmediata.
ARTÍCULO 435. (ADMISIÓN Y MEDIDAS PREVIAS).
I. Admitido el concurso, la autoridad judicial dispondrá:
1. El traslado a la parte deudora o a la parte acreedora y sus
citaciones; en su caso, mediante edictos. En este último,
prevendrá a las o los acreedores, que quienes comparezcan
después de celebrada la junta, tornarán el concurso en el
estado en que se halle.

2. La acumulación de todos los procesos ejecutivos y de
ejecución coactiva de sumas de dinero, pendientes en el
mismo o en otros juzgados. Si en el mismo o en otros,
estuvieren en trámite procesos preliminares, cautelares o de
ejecución que tuvieren relación con el concurso, se ordenará
igualmente la acumulación.
3. Las medidas cautelares necesarias para preservar los
bienes, el crédito de la o el deudor y el control de su
correspondencia para este fin.
4: La designación de síndico provisorio, quien, una vez
notificado y previa aceptación, procederá a levantar
inventario de los bienes y derechos de la parte concursada,
constituyéndose en depositario de los mismos.
5. La intimación a la o el deudor, para que presente y entregue
los documentos en relación a los créditos y los bienes, en un
plazo no mayor de diez días. En cuanto a los bienes la
intimación será bajo conminatoria de desapoderamiento.
6. La transferencia a nombre de la autoridad judicial del
concurso, del producto de remates realizados y cualquier
depósito efectuado por la o el deudor en otros juzgados.
7. La convocatoria a junta de acreedores, señalando al efecto,
día y hora para dentro de treinta días computables a partir de
la publicación del último edicto. La inasistencia de las o los
acreedores convocados no suspenderá la junta. Las o los
inasistentes tomarán la causa en el estado en que se
encuentre y serán apercibidos por su inasistencia.
II. Admitido el concurso, se harán exigibles todas las deudas, aun
las que no tuvieren plazo vencido, así como las sujetas a
condición, y cesará el curso de los intereses.
III. La admisión del proceso concursal no suspenderá el pago que
la o el adjudicatario de un determinado bien rematado en proceso
ejecutivo o de ejecución coactiva de sumas de dinero, debe

efectuar en plazo legal dentro del mismo; tampoco la resolución
que podría sobrevenir por el remate efectuado y la adjudicación
correspondiente.
ARTÍCULO 436. (CONTESTACIÓN).
I. La o el deudor, en el concurso necesario, o las o los acreedores
en el voluntario, responderán a la demanda en el término de
quince días computables a partir de su citación o, en su caso,
desde la fecha del último edicto.
II. A tiempo de responder, la parte concursada podrá proponer
acuerdo a sus acreedores para fijar plazos y condiciones que
posibiliten el cumplimiento de las obligaciones. Esta misma
facultad se hará extensiva a la o el deudor cesionario, en ocasión
de plantearse la demanda.
III. Las proposiciones se considerarán y resolverán en la junta de
acreedores.
ARTÍCULO 437. (IMPROCEDENCIA DE LA REBELDÍA). La
declaratoria de rebeldía no se admite en el proceso concursal.
ARTÍCULO 438. (OPOSICIÓN AL CONCURSO):
I. En el concurso necesario, la o el deudor queda legitimado para
oponerse a la declaración del mismo a tiempo de contestar la
demanda, y en el voluntario, las o los acreedores en igual
oportunidad.
II. Admitido el concurso y citada la parte acreedora, las demás
resoluciones serán notificadas en la secretaría del juzgado.
III. Las oposiciones al concurso se tramitarán sin suspensión del
concurso, conforme al proceso extraordinario, con citación del
síndico que actuará como parte.
IV. En la audiencia, la autoridad judicial instará a las partes a
conciliación, y si ésta no fuere posible, escuchando a las partes
dictará resolución.

V. La resolución que rechazare la oposición al concurso será
apelable en efecto devolutivo, en tanto la que la declarare
probada, en el suspensivo; en ambos casos, sin recurso ulterior.
VI. La resolución revocatoria del concurso, una vez ejecutoriada,
dejará las cosas en el estado anterior a la declaración. Los
procesos acumulados serán devueltos a su, juzgados de origen y
seguirán su curso, imponiéndose costas y costos a quien o
quienes hubieren promovido la acción concursa.
ARTÍCULO 439. (JUNTA DE ACREEDORES).
I. La junta de acreedores sesionará en audiencia pública, en lugar
predeterminado por la autoridad judicial, bajo la presidencia del
sindico provisorio, con la comparecencia de las o los acreedores y
deudora o deudor, que podrán ser representados, por apoderado
con mandato expreso, suficiente y disposición sobre los derechos.
Podrá autorizarse la intervención de un notario de fe pública, para
coadyuvar al síndico provisorio.
II. Corresponderá al síndico provisorio revisar los poderes y otros
documentos que acreditaren personería para aceptarlos o
rechazarlos antes de la junta o en oportunidad de ella.
III. Las votaciones serán nominales. Las o los acreedores
privilegiados, hipotecarios y prendarios deberán abstenerse de
votar; si lo hicieren, perderán su preferencia.
IV. Las o los acreedores que no hubieren presentado sus
documentos de crédito en el concurso podrán hacerlo en la junta.
V. De existir proposiciones de arreglo de una u otra parte, serán
consideradas, discutidas y votadas, requiriéndose, para la
aprobación o rechazo, el voto de la mayoría de las o los
acreedores que representen más de la mitad de los créditos. La
proposición aprobada será obligatoria para todos.
VI. Si no se llegare a un arreglo:

1. Proseguirá la tramitación del concurso.
2. El síndico pondrá en conocimiento de las partes su informe
sobre el estado de grados y preferidos de los créditos, para
su aprobación u observaciones. Las observaciones podrán
ser formuladas por las partes concurrentes en el plazo de
diez días a partir de la celebración de la junta. Las o los
acreedores que hubieren acreditado legítimo impedimento de
inasistencia, podrán formular observaciones en el mismo
plazo computado a partir de su notificación con el acta
correspondiente.
3. La junta de acreedores designará al síndico definitivo. En
caso de no existir acuerdo, corresponderá la designación a la
autoridad judicial. En cualquier caso, el síndico provisorio
podrá ser nombrado como definitivo.
VII. La inconcurrencia de la parte acreedora o de la parte deudora,
o de sus apoderados, no suspenderá la junta. Las o los
inconcurrentes perderán el derecho a observar el informe del
síndico, a menos que justifiquen legítimo impedimento, que se
admitirá por una sola vez.
VIII. De ser insuficiente la audiencia para los fines de la junta, el
síndico señalará otra dentro de un plazo no mayor a siete días,
con emplazamiento de las partes concurrentes. Las o los
inconcurrentes serán notificados en secretaría.
IX. El síndico o en su caso el notario de fe pública, actuará como
secretario de la junta y elaborarán acta sucinta de lo tratado en la
misma dentro de las veinticuatro horas siguientes, bajo
responsabilidad.
X. Si se arribare a un acuerdo, éste será puesto en conocimiento
de la autoridad judicial para su aprobación.
ARTÍCULO 440. (OPOSICIONES AL INFORME DEL SÍNDICO).

I. Ante la autoridad judicial, podrán suscitar oposición al informe
del síndico cualquiera de las o los acreedores no presentes en la
junta o de las o los presentes que hubieren dejado a salvo su
voto, en el plazo de diez días computables a partir de la
celebración de la junta, para las o los presentes, y de la
notificación o publicación, para las o los no presentes, así como
impugnar la validez de los créditos aprobados.
II. La oposición o la impugnación serán corridas en traslado al
síndico, quien tendrá diez días para responder. Con o sin
respuesta, se sustanciará observando el trámite del proceso
extraordinario.
III. La resolución que resuelva la oposición o la impugnación sólo
será apelable en el efecto devolutivo.
ARTÍCULO 441. (SÍNDICO).
I. El síndico representará a los acreedores en el concurso
necesario y actuará como sustituto procesal de la parte deudora
en el concurso voluntario e iniciará o continuará los procesos en
contra o en favor de la parte concursada, según los casos.
II. Recibirá bajo inventario los bienes del deudor, tendrá facultades
de administración y dará cuenta a la autoridad judicial de su
actuación.
III. Dispondrá por cuenta de las o los acreedores la venta de los
bienes de la parte deudora, conforme al procedimiento previsto
para la ejecución coactiva de sumas de dinero. El producto del
remate o remates será efectuado en depósito judicial, a
disposición de la autoridad judicial del concurso, en el plazo de
tres días a partir de la subasta, bajo responsabilidad.
ARTÍCULO 442. (ESTADO DE GRADOS Y PREFERIDOS).
I. El síndico definitivo presentará a la autoridad judicial, en el
plazo de los treinta días de la aceptación del cargo, el estado de
grados y preferidos de los créditos, según la documentación

presentada por las o los acreedores. El plazo podrá ser
prorrogado por una sola vez, si mediare causa que la justifique, no
pudiendo la prórroga ser mayor al plazo principal.
II. Si se hubieren deducido oposiciones a los créditos, ellas serán
resueltas previamente, con cuyo resultado el síndico presentará el
estado de grados y preferidos.
III. El estado de grados y preferidos de los créditos será puesto por
la autoridad judicial en conocimiento de las o los acreedores,
quienes podrán formular oposiciones en el plazo de quince días.
En este caso, se convocará a audiencia a las partes, incluido el
síndico.
IV. Las oposiciones serán resueltas en una sola resolución, que
será apelable en el efecto devolutivo.
ARTÍCULO 443. (DISTRIBUCIÓN O PAGO A ACREEDORES).
I. Aprobado el estado de grados y preferidos o ejecutoriada la
resolución que resolvió las oposiciones, el producto de los bienes
rematados se distribuirá o pagará entre las y los acreedores en el
orden establecido y a prorrata entre las y los acreedores
quirografarios.
II. Para el caso de que no se hubieren vendido algunos bienes por
falta de postores, a propuesta del síndico, serán adjudicados por
la autoridad judicial a la parte acreedora comprendido en el orden
de prelación establecido, o en su caso, por sorteo entre los de
igual grado, respetando el orden de preferencia. La resolución que
se dicte será impugnable únicamente por la vía del recurso de
reposición con alternativa de apelación, en el efecto devolutivo.
ARTÍCULO 444. (CARTA DE SOLVENCIA).
I. Si el producto del remate fuere suficiente para pagar la totalidad
de los créditos, la autoridad judicial dictará orden de pago a favor
de las y los acreedores, librando carta de solvencia en favor de la
parte deudora, que quedará liberada de las obligaciones

perseguidas y rehabilitado en su crédito ante las entidades
correspondientes.
II. Si el producto del remate no cubriere la totalidad de los créditos
perseguidos, las o los acreedores que representen dos tercios de
los créditos podrán condonar la diferencia y solicitar a la autoridad
judicial que libre carta de solvencia en favor de la o el deudor que
quedará liberado por el total y consiguientemente rehabilitado.
III. En caso de no otorgarse carta de solvencia, los bienes y
derechos que la parte deudora adquiriere en el futuro, entrarán en
el concurso y serán administrados por el síndico, quien podrá
sacarlos a remate observando los trámites del proceso de
ejecución coactiva de sumas de dinero.
ARTÍCULO 445. (SÍNDICOS).
I. Los Tribunales Departamentales abrirán un registro en el que
podrán inscribirse como síndicos quienes reúnan requisitos de
idoneidad.
II. La o el elegido como síndico tendrá la obligación de aceptar el
cargo, salvo motivo de excusa fundada en las causas previstas
para la autoridad judicial.
III. La recusación al síndico se intentará ante la autoridad judicial
del concurso observando el trámite previsto en este Código. La
resolución no admitirá ningún recurso.
ARTÍCULO 446. (FALSEDAD U OCULTACIÓN DE BIENES). Si
se probare incidentalmente la falsedad u ocultación de bienes dentro del
concurso voluntario, la o el deudor o cesionario será juzgado en la vía penal
por el delito que corresponda.
ARTÍCULO 447. (HONORARIOS DEL SÍNDICO). La autoridad
judicial regulará los honorarios de los síndicos de acuerdo al arancel
aprobado por el Tribunal Departamental, y a falta del mismo, atendiendo al
trabajo desempeñado y la importancia económica del concursó, que en
ningún caso deberá ser superior al diez por ciento del valor de los bienes.

TÍTULO VII
PROCESOS VOLUNTARIOS
CAPÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 448. (PROCEDENCIA). Sólo se tramitarán en
proceso voluntario asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u
oposición de intereses.
ARTÍCULO 449. (OBJETO). Los procesos voluntarios tendrán por
objeto:
1. Asegurar la realización válida y legítima de determinados
actos jurídicos controlar la legalidad de ellos.
2. Comunicar formalmente ofertas, iniciativas u otros actos de
voluntad.
ARTÍCULO 450. (ENUNCIACIÓN). Son procesos voluntarios los
siguientes:
1. Aceptación de herencia.
2. Apertura, comprobación y publicación de testamento.
3. Aceptación dé la herencia con beneficio de inventario.
4. Renuncia de herencia.
5. Sucesión del Estado.
6. Desaparición y presunción de muerte.
7. Mensura y deslinde.
8. Oferta de pago y consignación.
9. Traducción de documento en idioma extranjero.

10. Inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas
en el Registro de Derechos Reales, así como en otros
registros públicos, siempre que no estén regulados por Ley
especial.
11. Otras señaladas por Ley.
I. En los casos que corresponda, la solicitud se presentará con
los requisitos de la demanda, acompañando los medios de prueba
de que la o el peticionante pretenda valerse y mencionando la
persona que en su concepto tuviere interés en el asunto, salvo
disposición contraria.
II. Admitida la solicitud, se notificará mediante cédula al tercero
interesado en su domicilio, sólo en los casos que corresponda,
con cuya presentación, o sin ella, la autoridad judicial dictará
resolución sin otro trámite o bien dispondrá su tramitación corno
proceso incidental.
III. Contra la resolución que resuelva la solicitud procede el recurso
de reposición con alternativa de apelación, que se concederá en
el efecto devolutivo.
I. Si se formulare oposición sobre el fondo del asunto, la
autoridad judicial, declarará la contención, salvando derechos de
los mismos para la vía correspondiente.
II. Si quien dedujo la oposición no formalizare la respectiva
demanda ante la autoridad competente en el plazo de treinta días
contados a partir del auto declaratorio de la contención, ésta se
tendrá por no promovida y se continuará el proceso voluntario
hasta su conclusión.

ARTÍCULO 453. (CONTENCIÓN). Toda persona a. quien causare
perjuicio en sus intereses un proceso voluntario o las resoluciones en él
pronunciadas, podrá promover proceso contencioso y, lo resuelto en éste
último prevalecerá, entre las partes y sus sucesores, sobre lo determinado
en el proceso voluntario que le dio mérito.
ARTÍCULO 454. (EFICACIA).
I. Las determinaciones que se tomen en el proceso voluntario,
gozan de certidumbre.
Se presume la buena fe de terceros que adquirieren o hubieren
derivado derechos basados en dichas determinaciones.
II. Las resoluciones dictadas en los procesos voluntarios, no
revisten la autoridad de cosa juzgada material, salvo disposición
expresa dula Ley, y podrán ser impugnadas a instancia de parte
interesada, en proceso contencioso.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROCESO SUCESORIO
SECCIÓN I
SUCESIÓN LEGAL
ARTÍCULO 455. (ACEPTACION DE LA HERENCIA).
I. El acto por el cual la o el heredero acepte una herencia abierta,
se efectuará ante notario de fe pública acompañando los
documentos idóneos que acrediten su relación de parentesco con
el causante.
II. La escritura pública extendida por notario de fe pública prevista
en el Parágrafo anterior, será suficiente para su inscripción en el
registro correspondiente.
I. De presentarse oposición ante notario de fe pública, este
suspenderá el otorgamiento de la escritura pública de aceptación

de herencia. El procedimiento se sujetará a lo previsto por el
Artículo 452, Parágrafo II, del presente Código.
II. La o el heredero o cualquier persona que acredite un interés
legítimo que no hubiera planteado oposición ante el notario, podrá
acudir a la vía ordinaria.
ARTÍCULO 457. (POSESIÓN). La autoridad judicial ministrará
posesión de los bienes a los herederos simplemente legales, siempre qué
no se encuentren en posesión material de los bienes. Los herederos
forzosos no necesitan que se les ministre posesión.
ARTÍCULO 458. (GARANTÍA REAL).
I. Los coherederos que se creyeren perjudicados podrán pedir a
la autoridad judicial que los herederos aceptantes presten garantía
real para las resultas del proceso ordinario.
II. La garantía real será otorgada en forma previa a la posesión de
los bienes; sin embargo, si transcurridos treinta días desde su
otorgamiento no se interpusiere la demanda ordinaria, quedará
extinguida la garantía.
III. La autoridad, judicial tasará la garantía real en base a la
documentación ofrecida por las o los interesados.
SECCIÓN II
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
ARTÍCULO 459. (PROCEDENCIA). El proceso testamentario
procede cuando medie testamento otorgado en los casos previstos por el
Código Civil.
ARTÍCULO 460. (LEGITIMACIÓN). La o el heredero, albacea o
cualquier otro interesado en la comprobación, apertura y protocolización de
un testamento, las demandarán ante la autoridad judicial competente,
acompañando el testamento, certificado de defunción de la o el testador y
otros documentos que correspondan.

ARTÍCULO 461. (AUDIENCIA).
I. La autoridad judicial señalará día y hora para audiencia, con
emplazamiento de notario, testigos y persona en cuyo poder se
hubiere depositado el pliego testamentario.
II. En la audiencia, la autoridad judicial interrogará al notario sobre
las características de la cubierta o sobre y si las firmas que
aparecen en el mismo son las que fueron estampadas a tiempo de
otorgarse el testamento.
III. Las y los testigos, previo juramento:
1. Reconocerán si la cubierta o sobre que se les presentare y
contuviere el pliego testamentario, es el mismo que entregó
personalmente la o el testador al notario, y si advirtieren
alguna alteración o violación en los cierres y sellos.
2. Declararán si todos reunidos en un mismo acto y lugar,
presenciaron la entrega al notario y suscribieron juntamente
con éste y con el testador el acta correspondiente.
3. Declararán si la o el testador se encontraba en la plenitud
de sus facultades mentales y si le oyeron manifestar que la
cubierta o sobre contenía su testamento, o si, siendo la o el
testador sordo o sordomudo, se cumplieron los requisitos
previstos por el Código Civil.
4. Reconocerán sus firmas y rúbricas estampadas en el acta
labrada en la cubierta o sobre.
IV. Asimismo la autoridad judicial requerirá que las o los herederos
e interesados presentes, manifiesten si tienen observaciones que
formular relativas al estado material de la cubierta o sobre.
ARTÍCULO 462. (APERTURA).
I. Cumplidas las formalidades prescritas en el artículo precedente,
la autoridad judicial ordenará la apertura del pliego y su lectura por

secretaría, todo lo cual constará en acta que suscribirán el notario
y testigos juntamente con la autoridad judicial.
II. En forma inmediata, la autoridad judicial rubricará cada una de
las fojas del testamento y de la cubierta o sobre.
III. Rubricado el testamento, la autoridad judicial dictará resolución
ordenando su protocolización y demás actuados en una notaría de
fe pública.
ARTÍCULO 463. (APERTURA EN AUSENCIA DE TESTIGOS O
NOTARIO).
I. Si uno o más testigos hubieren fallecido o estuvieren ausentes
o imposibilitados de comparecer a la audiencia, se estará a lo
dispuesto por las normas del Código Civil.
II. De no concurrir el notario, se suspenderá la apertura del
testamento y se convocará a nueva audiencia, sin perjuicio de
ponerse el hecho en conocimiento de la autoridad disciplinaria,
para que adopte las medidas pertinentes.
ARTÍCULO 464. (CONTENCIÓN). Si en la audiencia se alegare
suplantación de la cubierta o sobre, alteración del acta labrada en ella,
violación de sellos y cierres o desacuerdo en los testigos sobre los hechos
señalados en el Artículo 461 Parágrafo III del presente Código, no se
suspenderá el procedimiento si a juicio de la autoridad judicial lo alegado
careciere de fundamento; en caso contrario, será declarado contencioso
para su tramitación por la vía ordinaria.
ARTÍCULO 465. (TESTAMENTO ABIERTO). El testamento
abierto otorgado ante notario y testigos que hubiere sido protocolizado en
los registros notariales, no requerirá de comprobación para surtir sus
efectos.
ARTÍCULO 466. (TESTAMENTO OTORGADO ANTE
TESTIGOS).

I. La comprobación y protocolización del testamento abierto y
otorgado ante testigos solamente, se practicará en audiencia con
el reconocimiento de sus firmas y la declaración de que su
contenido intelectual es el mismo que hubieren oído dictar a la o el
testador o que ésta o éste les hubiere presentado ya redactadas.
II. Cumplidos los anteriores requisitos legales, la autoridad judicial
dispondrá la protocolización del testamento y actuados pertinentes
en una notaría de fe pública.
ARTÍCULO 467. (TESTAMENTOS ESPECIALES).
I. La comprobación y protocolización de los testamentos
especiales regulados en el Código Civil, se sujetarán al
procedimiento previsto en el artículo anterior, en todo cuanto fuere
pertinente.
II. En el caso de testamentos otorgados en naves o aeronaves, las
declaraciones y el reconocimiento de firmas de los capitanes y
comandantes de las naves y de los testigos, podrán cumplirse
mediante comisión librada a la autoridad judicial del lugar donde
ellos pudieren ser habidos. Si tuvieren que producirse fuera del
Estado, estas diligencias serán cumplidas mediante exhorto
suplicatorio encomendado a la autoridad judicial competente del
país requerido, con sujeción a las leyes del mismo.
ARTÍCULO 468. (TESTAMENTOS OTORGADOS EN EL
EXTRANJERO).
I. Los testamentos otorgados en el extranjero surtirán efectos en
el Estado Plurinacional de acuerdo a los tratados y convenios
vigentes, siempre que estuvieren debidamente legalizados
conforme a las leyes del Estado. Su protocolización y su registro
se sujetarán a las disposiciones de la presente Sección.
II. En caso de no existir tratados, los testamentos harán fe en
Bolivia si hubieren sido redactados observando las formalidades
legales del país de su otorgamiento y se hallaren, asimismo,
debidamente legalizados.

ARTÍCULO 469. (ANULABILIDAD). Si se alegare la anulabilidad
del testamento o de algunas de sus cláusulas, no se suspenderá la
protocolización y se seguirá la acción que correspondiere por vía ordinaria.
SECCIÓN III
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA CON BENEFICIO DE INVENTARIO
ARTÍCULO 470. (DECLARACIÓN).
I. La o el heredero que aceptare con beneficio de inventario,
declarará expresamente su decisión ante la autoridad judicial
dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil,
cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda.
II. En caso de aceptación de herencia con beneficio de inventario,
acompañará también una lista de las o los coherederos y
acreedores del causante y sus domicilios.
ARTÍCULO 471. (NOTIFICACIÓN). La autoridad judicial ordenará
la notificación mediante cédula a las o los coherederos y acreedores
domiciliados en el asiento del juzgado, así como la publicación de edicto
por una sola vez, en un medio escrito de circulación nacional.
ARTÍCULO 472. (OPOSICIÓN). Las o los coherederos y
acreedores, tendrán el término de cinco días contados desde sus
notificaciones, para deducir oposición, sujetándose al procedimiento
señalado en los Artículos 452 y 453 de este Código.
ARTÍCULO 473. (INTERVENCIÓN DE TERCEROS). Las o los
acreedores o cualquier otra persona interesada, para el ejercicio de las
acciones en defensa de sus derechos, deberán acompañar a sus peticiones
los documentos fehacientes que justifiquen sus pretensiones.
ARTÍCULO 474. (INVENTARIO). En el caso de la o el heredero
que acepte la herencia con beneficio de inventario, una vez notificados las
o los coherederos y los acreedores en la forma señalada anteriormente, la
autoridad judicial ordenará que se levante el inventario conforme a los
plazos y condiciones establecidos en el Código Civil.

ARTÍCULO 475. (RESOLUCIÓN). Cumplidos los requisitos
legales, la autoridad judicial pronunciará resolución teniendo por aceptada
la herencia con beneficio de inventario; en este último caso el régimen de
administración y liquidación del caudal hereditario estará sometido a control
de la autoridad judicial conforme a las normas del Código Civil.
SECCIÓN IV
RENUNCIA DE HERENCIA
ARTÍCULO 476. (DECLARACIÓN DE RENUNCIA). La o el
heredero o en su caso la o el legatario que no hubiere aceptado la herencia
o el legado, ni expresa ni tácitamente, que voluntariamente renuncie a la
herencia abierta en su favor, dentro del término establecido por el Código
Civil, declarará en escritura pública.
I. De presentarse oposición a la renuncia ante notario de fe
pública, este suspenderá el otorgamiento de la escritura. El
procedimiento se sujetará a lo previsto por el Artículo 452,
Parágrafo II, del presente Código.
II. La o el heredero o cualquier persona que acredite un interés
legítimo que no hubiera planteado oposición ante el notario, podrá
acudir a la vía ordinaria.
SECCIÓN V
INCIDENCIAS DEL PROCESO SUCESORIO
ARTÍCULO 478. (CUESTIONES SOBRE LOS BIENES). Las
cuestiones inherentes a los bienes, su conservación y su división entre las
o los herederos, se tramitarán, en la vía incidental. No obstante, en
atención a la importancia de dichos bienes o de las cuestiones a debatirse,
la autoridad judicial podrá disponer su dilucidación en proceso ordinario.
ARTÍCULO 479. (CUESTIONES SOBRE VOCACIÓN
SUCESORIA Y OTRAS). Las cuestiones inherentes a la vocación
sucesoria o al estado civil de las o los herederos o anulabilidad del

testamento, a la separación de patrimonios y a la desheredación, se
debatirán en proceso ordinario.
ARTÍCULO 480. (RECURSOS). Los autos interlocutorios que
fueren dictados en procesos sucesorios admiten el recurso de reposición
con alternativa de apelación.
SECCIÓN VI
SUCESIÓN DEL ESTADO
ARTICULO 481. (PROCEDENCIA). La sucesión del Estado se
rige por las reglas del Código Civil. El Estado adquirirá el caudal hereditario,
previa declaratoria de bienes vacantes.
ARTÍCULO 482. (PROCEDIMIENTO). El procedimiento de la
declaratoria de bienes vacantes será el siguiente:
1. Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad judicial
la existencia de bienes vacantes. Ésta, al admitir la denuncia,
designará curador a una o un servidor del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, quien tendrá personería
suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos
ordinarios y extraordinarios, aun en el caso de que el
procedimiento se tornare contencioso.
2. La o el curador designado aceptará el cargo previo
juramento, levantará inventario enumerativo de los bienes y
adoptará las medidas más convenientes para la seguridad de
ellos.
3. Practicadas las medidas de seguridad previstas en el
numeral anterior, se ordenará la publicación del edicto por
dos veces cada quince días en un periódico circulación
nacional. Tratándose de bienes muebles y semovientes la
publicación se hará por una sola vez.
4. Si dentro del plazo para las publicaciones del edicto se
presentare interesado, alegando derecho de propiedad a

título de herencia u otro cualquiera, se declarará contencioso
el procedimiento y se tramitará en la vía ordinaria.
5. No presentándose interesados dentro del plazo de treinta
días en el caso de inmuebles y de ocho días en el de
muebles, computables desde la primera publicación del
edicto, se dictará resolución declarando los bienes de
propiedad del Estado. Al mismo tiempo se ordenará la
tasación de los bienes por un perito nombrado de oficio.
6. La o el denunciante tendrá derecho a la cuarta parte del
valor de los bienes.
Este valor será el determinado por el perito tratándose de
bienes muebles e inmuebles y, el nominal en el de acciones,
títulos o valores mobiliarios.
CAPÍTULO TERCERO
DESAPARICIÓN Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
ARTÍCULO 483. (DESAPARICIÓN).
I. Cuando una persona desapareciere de su domicilio y no se
tuviere noticia de ella, la autoridad judicial del último domicilio, a
petición de cualquier persona interesada, podrá señalar audiencia
con citación de quienes razonablemente pudieren derivar
derechos de la o el desaparecido.
II. En la audiencia, la autoridad judicial recibirá información sobre
el hecho de la desaparición, con cuyo resultado, designará un
curador, quien, previa aceptación, prestará juramento o promesa
para posesionarse del cargo. Asimismo, ordenará la publicación
de edicto por una sola vez.
III. La parte interesada conforme a las normas del Código Civil,
podrá solicitar la apertura del testamento de la o el desaparecido.
Quienes fueren sus herederos legales o testamentarios podrán
pedir se les ministre la posesión provisional de los bienes y se les
autorice la administración de los mismos, debiendo levantarse
inventario estimativo y ofrecer la garantía correspondiente.

IV. Si el desaparecido se presentare o se tuvieren pruebas de su
existencia, la autoridad judicial resolverá en audiencia el cese de
la declaratoria de la desaparición con todos los efectos previstos
en el Código Civil.
V. Si durante este período se probare la muerte real del
desaparecido, se abrirá la sucesión en favor de quienes fueren
llamados a ella por Ley.
ARTÍCULO 484. (FALLECIMIENTO PRESUNTO).
I. Conforme a las normas del Código Civil, la autoridad judicial
podrá declarar en audiencia el fallecimiento presunto de aquella o
de aquel a solicitud de parte interesada.
II. Igualmente, podrá declarar el fallecimiento presunto, aun
cuando no se hubiere declarado la desaparición.
III. La resolución final que declare el fallecimiento presunto será
publicada en un medio de prensa de circulación nacional u otros
idóneos que aseguren su mayor difusión, con cuyo requisito la
autoridad judicial ordenará la inscripción de la resolución en el
registro público que corresponda.
IV. En ejecución de la resolución, quienes tenían la posesión
provisional de los bienes, podrán pedir se les ministre la posesión
definitiva, así corno el ejercicio de los mismos, cesando las
garantías.
CAPÍTULO CUARTO
OTROS PROCESOS VOLUNTARIOS
SECCIÓN ÚNICA
PROCEDIMIENTOS EN MENSURA, DESLINDE Y REGISTROS
PÚBLICOS

I. Cuando la o el propietario considere pertinente aclarar en todo
o en parte los linderos de su propiedad urbana no edificada,
acompañando los títulos que acrediten su derecho, solicitará a la
autoridad municipal del lugar donde se encuentre el bien, proceda
a establecer los linderos de su propiedad en relación con el fundo
vecino, y en su caso, a restablecer mojones.
II. Sólo si existe oposición, la o el interesado acudirá a la autoridad
judicial competente, en la forma y plazo establecido por el Artículo
452 del presente Código.
ARTÍCULO 486. (PETICIÓN SOBRE REGISTROS). Las
peticiones sobre inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas
en el registro de Derechos Reales, así como en otros registros públicos, se
tramitarán en proceso incidental, siempre que no estén regulados por Ley
especial.
CAPÍTULO QUINTO
OFERTA DE PAGO Y CONSIGNACIÓN
ARTÍCULO 487. (OFERTA DE PACO).
I. Observando los requisitos señalados por el Código Civil, la o el
deudor podrá interponer demanda de oferta de pago.
II. Si la deuda fuere de dinero, acompañará comprobante de
depósito judicial a la orden de la autoridad judicial que comprenda
la totalidad de la suma adeudada y de los frutos o intereses, así
como de los gastos líquidos y una suma suficiente para los no
líquidos, con protesta del suplemento que pudiere ser necesario.
III. Si la cosa debida fuere de cuerpo cierto y determinado, se
pedirá a la autoridad judicial señalar día y hora para que en su
presencia la o el acreedor la reciba.
IV. Si la cosa debida fuere de traslado difícil o imposible, o debiere
ser entregada en otro lugar, se pedirá señalamiento de día, hora y
lugar determinados para que se haga efectiva la entrega.

V. Si existiere proceso iniciado en el que se discuta el
cumplimiento de la obligación, la oferta de pago deberá efectuarse
en dicho proceso.
ARTÍCULO 488. (AUDIENCIA).
I. La autoridad judicial en cualquiera de los casos previstos en el
Artículo anterior, correrá en traslado a la o al acreedor, por cinco
días, a cuyo vencimiento, con contestación o sin ella, señalará
audiencia en el plazo de los cinco días siguientes.
II. En la audiencia, escuchando a las partes, la autoridad judicial,
según los casos, podrá:
1. Si la parte acreedora no concurriere a la audiencia o si,
concurriendo, no contradijere la oferta, declarará su validez.
2. Si la parte deudora no concurriere a la audiencia o si,
concurriendo, la oferta de pago no se ajustare a los requisitos
previstos, declarará la invalidez de la oferta, con imposición
de multa a la parte oferente.
ARTÍCULO 489. (CONSIGNACIÓN).
I. En los casos previstos por el Código Civil, la parte deudora
podrá realizar la consignación cumpliendo los requisitos de validez
exigidos por Ley.
II. Admitida la demanda, se la correrá en traslado a la parte
acreedora por cinco días, a cuyo vencimiento, con respuesta o sin
ella, señalará audiencia en el plazo de los cinco días siguientes.
III. En la audiencia, después de escuchar a las partes, si la
consignación fuere rechazada totalmente por, la parte acreedora,
la autoridad judicial declarará concluido el procedimiento y salvará
derechos de las partes para que los hagan valer en proceso
ordinario.

IV. Si la parte acreedora rechazare parcialmente la consignación,
la autoridad judicial la aprobará en la fracción no contradicha,
salvándose derechos de las partes para que los hagan valer en la
fracción contradicha y en la forma prevista en el Parágrafo
anterior.
V. Si la parte acreedora aceptare la consignación, la autoridad
judicial dictará auto aprobatorio en la misma audiencia, quedando
concluido el procedimiento.
ARTÍCULO 490. (BIENES SUSCEPTIBLES DE PÉRDIDA O DE
DIFÍCIL CONSERVACIÓN). Tratándose de bienes perecibles o de difícil
conservación, o cuya guarda demandare gastos excesivos, la autoridad
judicial, a pedido de parte interesada, podrá autorizar la venta en pública
subasta, debiendo su importe depositarse a la orden del juzgado hasta que
se determine lo que corresponda.
ARTÍCULO 491. (CONSIGNACIONES PERIÓDICAS O
SUCESIVAS).
I. En el caso de consignaciones periódicas o sucesivas originadas
de una misma relación obligacional, las consignaciones
posteriores a la demanda se realizarán en el mismo proceso, sin
necesidad de nuevas audiencias, sujetándose a lo que la
autoridad judicial hubiere resuelto en la primera audiencia.
II. Si la parte acreedora posteriormente asintiere a recibir el pago
en forma directa, la parte deudora ya no podrá efectuar
consignaciones periódicas o sucesivas.
TÍTULO VIII
COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 492. (NORMA APLICABLE). Cuando un conflicto
tenga que resolverse conforme a normas del Derecho Internacional y no
existiere tratado o convención aplicable, las autoridades judiciales

sustanciarán y resolverán el caso de acuerdo a las leyes del Estado
ARTÍCULO 493. (DISPOSICIONES PROCESALES
GENERALES).
I. Los procesos sometidos a la jurisdicción de autoridades
judiciales del Estado Plurinacional se sustanciarán conforme a las
normas procesales bolivianas en vigencia.
II. El derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e
interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado
Plurinacional, en la misma forma en que lo harían las autoridades
jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca
la norma invocada. Sin perjuicio, las partes también podrán
acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera.
III. Las pruebas se admitirán y valorarán según la Ley a la cual se
encuentre sujeta la relación procesal. No se admitirán como
pruebas las que se hallaren expresamente prohibidas por la
legislación boliviana.
IV. Las autoridades judiciales podrán negar la aplicación del
derecho extranjero cuando éste resulte manifiestamente contrarío
a los principios esenciales del orden público internacional
reconocido por convenios y tratados suscritos y ratificados por el
Estado Plurinacional.
V. En los casos en que fuere procedente la aplicación del derecho
extranjero, serán de aplicación los recursos consagrados en la
legislación boliviana.
CAPÍTULO SEGUNDO
EXHORTOS SUPLICATORIOS Y OTRAS COMISIONES
ARTÍCULO 494. (COMISIONES A OTRAS AUTORIDADES).
I. Cuando la autoridad judicial tuviere que disponer alguna
diligencia de mero trámite a cumplirse en el extranjero en relación

a los actos de comunicación procesal o de recepción u obtención
de pruebas e informes, librará exhorto suplicatorio. Se actuará de
la misma manera por la autoridad judicial boliviana tratándose de
exhortos y otras comisiones provenientes del extranjero.
II. Las o los agentes diplomáticos o consulares podrán cumplir
estas comisiones sólo cuando así se hubiere acordado por
tratados o convenios internacionales.
ARTÍCULO 495. (CUMPLIMIENTO Y EFECTOS).
I. Los exhortos suplicatorios podrán hacerse llegar a la autoridad
comisionada por intermedio de:
1. Las partes interesadas.
2. Las o los agentes diplomáticos o consulares.
3. La autoridad administrativa competente por razón de la
materia.
4. La vía judicial.
II. Si los exhortos se tramitaren por la vía diplomática o consular
no será necesario el requisito de la legalización.
III. Los exhortos se tramitarán con sujeción a las leyes procesales
vigentes en el país requerido, y si mediare solicitud expresa del
órgano jurisdiccional requirente, se observará en su trámite
formalidades o procedimientos especiales, siempre que no
resultaren contrarios a lo dispuesto por la legislación boliviana.
IV. Los exhortos y la documentación anexa que estuvieren
redactados en idioma extranjero, deberán ir acompañados de la
correspondiente traducción practicada por perito autorizado.
V. El cumplimiento del exhorto suplicatorio o carta rogatoria
proveniente del extranjero no significará que por tal hecho se
reconozca de manera implícita la competencia de la autoridad

extranjera requirente, ni la eficacia de la sentencia que ésta
dictare.
ARTÍCULO 496. (COMPETENCIA). Las autoridades judiciales del
Estado Plurinacional serán competentes para conocer de todas las
cuestiones referidas al cumplimiento deI exhorto; sin embargo, si se
declararen incompetentes, lo remitirán de oficio a la que sea competente.
CAPÍTULO TERCERO
COOPERACIÓN JUDICIAI, INTERNACIONAL EN MATERIA CAUTELAR
ARTÍCULO 497. (PRINCIPIO).
I. Las medidas cautelares que decretaren tribunales extranjeros
serán ejecutadas y cumplidas por las autoridades judiciales del
Estado Plurinacional, sólo cuando no sean contrarias a la
legislación boliviana o al orden público internacional.
II. La procedencia de las medidas cautelares se regirá por las
leyes de los tribunales extranjeros del lugar donde se tramite el
proceso.
III. La ejecución de las medidas cautelares, así como la
contracautela, se regirán por las leyes del Estado Plurinacional.
ARTÍCULO 498. (TERCERÍAS Y OPOSICIONES).
I. Cuando en cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por
tribunales extranjeros se hubiere trabado embargo o ejecutado
cualquier otra medida cautelar sobre bienes situados en el
territorio del Estado Plurinacional, la persona afectada podrá
deducir tercería u oposición ante la autoridad judicial boliviana que
hubiere cumplido la comisión, con la única finalidad de la
comunicación de aquella al tribunal comitente, a tiempo de la
devolución del exhorto o carta suplicatoria.
II. La tercería u oposición se sustanciará por el tribunal comitente
conforme a sus leyes. El tercerista u opositor que compareciere

en forma posterior a la devolución de la comisión, se apersonará
en el proceso en el estado en que se hallare.
III. Si el opositor planteare tercería fundada en el dominio sobre el
bien o en otros derechos reales sobre el bien embargado, o la
fundare en su posesión, aquella se sustanciará y resolverá
conforme a las leyes del Estado Plurinacional.
ARTÍCULO 499. (EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR
CUMPLIDA).
I. El cumplimiento de la medida cautelar por autoridades
bolivianas, no obliga a ejecutar la sentencia extranjera que se
pudiere dictar en el proceso en que la medida fue ordenada.
II. La autoridad judicial que estuviere comisionada para la
ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, a petición de
parte, podrá disponer las medidas cautelares que correspondan,
observando las disposiciones vigentes en el Estado Plurinacional.
ARTÍCULO 500. (FACULTADES ESPECIALES).
I. Siempre que el bien objeto de la medida cautelar se encontrare
en el territorio del Estado Plurinacional, las autoridades judiciales
bolivianas podrán disponer, a solicitud de parte, las medidas
conservatorias u otras que por su urgencia deban resolverse
inaplazablemente, tomando en consideración que ellas podrán
ordenarse sólo en cuanto garanticen el resultado del litigio.
II. Si la ejecución de la medida cautelar estuviere pendiente por
haberse deducido tercería u oposición, la autoridad judicial
comisionada deberá comunicarla de inmediato al tribunal
extranjero que la decretó.
III. Si el proceso que se pretende formalizar sobre la base de la
medida cautelar aún no se hubiere iniciado, el tribunal extranjero
que la ordenó fijará un plazo para que se formalice la demanda
observando los plazos vigentes en la legislación boliviana, bajo
sanción de caducidad de la medida. Si la demanda se formalizare

dentro del plazo, la medida quedará sujeta a lo que en definitiva
resuelva el tribunal extranjero.
IV. La autoridad judicial boliviana podrá disponer medidas
cautelares a cumplirse fuera del territorio de Estado.
ARTICULO 501. (COMUNICACIÓN PROCESAL). Los actos de
comunicación procesal relativos a medidas cautelares se podrán practicar
directamente por las partes interesadas o haciendo uso de los medios
previstos en este Capítulo.
CAPITULO CUARTO
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO
ARTICULO 502. (EFECTOS). Las sentencias y otras resoluciones
judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de
Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo
que establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del
presente Capítulo.
ARTÍCULO 503. (RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN).
I. Las sentencias extranjeras, para su ejecución y cumplimiento,
deberán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado Plurinacional,
si correspondiere, sin que proceda la revisión del objeto sobre el
cual hubieren recaído.
II. El reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales
que tiene por objeto establecer si la sentencia extranjera reúne los
requisitos indispensables de fondo y forma señalados en el
presente Capítulo.
III. La ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que
tiene por objeto el cumplimiento de las sentencias dictadas en el
extranjero.
ARTICULO 504. (PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD).

I. Si no existiere tratado o convenio internacional suscrito con el
país donde se dictó la sentencia cuya ejecución y cumplimiento se
pretende, en vía de reciprocidad, se dará a ella la misma fuerza
que se reconoce a las sentencias pronunciadas en el Estado
II. Si la sentencia hubiere sido dictada en un país donde no se
ejecuten los fallos de autoridades judiciales bolivianas, tampoco
podrá serlo en el Estado Plurinacional.
ARTÍCULO 505. (REQUISITOS DE VALIDEZ).
I. Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en el Estado
Plurinacional, siempre que:
1. Se cumplan las formalidades extrínsecas para ser
consideradas auténticas en el país de origen.
2. La sentencia y documentación anexa se encuentren
debidamente legalizadas conforme a la legislación boliviana,
excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular
o por intermedio de las autoridades administrativas
competentes.
3. Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas
en idioma distinto al castellano.
4. La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga
jurisdicción en la esfera internacional para asumir
conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su
propio derecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción
exclusiva de autoridades judiciales bolivianas.
5. La parte demandada hubiere sido legalmente citada o
emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal
sentenciador extranjero.
6. Se hubieren respetado los principios del debido proceso.

7. La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al
ordenamiento jurídico del país de origen.
8. La sentencia no sea contraria al orden público internacional.
II. Para solicitar el reconocimiento y cumplimiento de una
sentencia extranjera, se acompañarán los siguientes documentos:
1. Copia legalizada o autenticada de la sentencia.
2. Copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias
del proceso que acrediten el cumplimiento de los numerales 5
y 6 del parágrafo anterior.
3. Certificación franqueada por autoridad competente que
acredite la ejecutoria de la sentencia.
ARTÍCULO 506. (EJECUCIÓN).
I. Sólo serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras
de condena al cumplimiento de obligaciones.
II. Cuando únicamente se trate de hacer valer los efectos
imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá
acompañarse la documentación prevista en el Parágrafo II del
Artículo anterior.
III. El tribunal ante quien se pretendiere hacer valer los efectos
imperativos o probatorios de la sentencia extranjera, se
pronunciará sobre el mérito de la misma en relación al efecto
pretendido, previa comprobación de haberse observado los
requisitos del parágrafo I del artículo anterior, sin que sea
necesario seguir el procedimiento fijado en el Artículo siguiente.
I. La sentencia extranjera que se pretenda ejecutar y los
antecedentes documentales que la justifiquen se presentarán ante
el Tribunal Supremo de Justicia.

II. Presentada la solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia
dispondrá se cite a la parte contra quien se pide la ejecución, que
podrá exponer lo que estime pertinente a su defensa dentro del
plazo de diez días computables a partir de su citación.
III. Con la contestación o sin ella, que se expedirá en plazo no
mayor a quince días, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Plena, dictará resolución contra la que no corresponde recurso
alguno.
IV. Si se declarare haber lugar a la ejecución, se remitirá la
sentencia a la autoridad judicial competente, teniéndose como tal
a aquel a quien hubiere correspondido conocer del proceso en
primera instancia, si se hubiere promovido en el Estado
Plurinacional, a efecto de que imprima los trámites que
correspondan a la ejecución de sentencias.
ARTÍCULO 508. (DILIGENCIAS DE CITACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO). Para ejecutar las diligencias de citación y
emplazamiento ordenadas por jueces o tribunales extranjeros, mediante
exhorto suplicatorio o carta rogatoria ,no será necesario el exequátur del
Tribunal Supremo de Justicia, siendo suficiente la presentación del exhorto
o carta debidamente legalizada ante la autoridad judicial del lugar donde
deberá realizarse la diligencia.
ARTÍCULO 509. (LAUDOS .ARBITRALES EXTRANJEROS). Las
reglas contenidas en los artículos anteriores serán aplicables a los laudos
dictados por tribunales arbitrales extranjeros, en todo lo que fuere
pertinente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en
vigencia plena el 6 de agosto del 2014 y será aplicable a los procesos
presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las
disposiciones siguientes.

SEGUNDA. (VIGENCIA ANTICIPADA DEL CÓDIGO). Entrarán
en vigencia al momento de la publicación del presente Código las
siguientes normas:
1. El señalamiento del domicilio procesal previsto en el
Artículo 72 del presente Código.
2. El régimen de comunicación procesal previsto en los
Artículos 73 al 88 del presente Código.
3. El sistema de cómputo de plazos procesales, incluidos los
cómputos para los plazos en relación a medios de
impugnación, previstos en los Artículos 89 al 95 del presente
Código.
4. El régimen sobre la nulidad de actos procesales previsto en
los Artículos 105 al 109 del presente Código.
5. El procedimiento de citación y emplazamiento previsto en
los Artículos 117 al 124 del presente Código.
6. La recusación y excusa previstas en los Artículos 347 al 356
del presente
Código.
TERCERA. (.JUZGADOS PÚBLICOS EN MATERIA CIVIL Y
COMERCIAL).
I. A partir de la vigencia plena del presente Código, los Juzgados
de Instrucción y Partido en lo Civil y Comercial, de acuerdo a lo
previsto por la Ley del Órgano Judicial, se denominarán Juzgados
Públicos en materia Civil y Comercial.
II. Tres (3) meses antes de la vigencia plena del presente Código,
el Consejo de la Magistratura por Resolución de Sala Plena
procederá a reordenar y asignar la equivalencia entre los
Juzgados de Instrucción y Partido en lo Civil y Comercial en
relación a los Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial. .

III. El Consejo de la Magistratura deberá publicar:
a) En medios de comunicación escrita de circulación nacional,
la Resolución de equivalencia y nueva denominación de los
Juzgados.
b) De manera permanente, en su portal oficial, las listas de
equivalencia y nueva denominación de Juzgados; además de
realizar una campaña de información y difusión.
IV. Las Juezas y Jueces de Instrucción y Partido en lo Civil y
Comercial; continuarán ejerciendo sus cargos como autoridades
en los Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial hasta
cumplirse lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley del Órgano Judicial. Esta disposición también es aplicable a
los Vocales de Salas Civiles.
V. Todas las competencias y atribuciones conferidas en otras
normas a las Juezas y Jueces de Instrucción y Partido en lo Civil y
Comercial, pasarán a ser competencia y atribución de Juezas y
Jueces Públicos en materia Civil y Comercial, no pudiendo
alegarse falta de competencia.
VI. En todos los casos serán competentes para conocer los
recursos de apelación las Salas Civiles de los Tribunales
Departamentales de Justicia.
CUARTA. (PROCESOS EN TRÁMITE).
I. Los procesos en curso y presentados con anterioridad a la
vigencia plena del presente Código continuarán rigiéndose por el
Código de Procedimiento Civil, hasta la resolución en primera
instancia, excepto lo establecido en las disposiciones transitorias
quinta, sexta, séptima, octava y novena del presente Código.
II. Los procesos iniciados ante Juzgados de Instrucción y Partido
en lo Civil y Comercial, seguirán siendo de conocimiento de las
mismas autoridades judiciales, hasta la ejecución de sentencia, en
los nuevos Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial.

III. Los procesos archivados en los Juzgados de Instrucción y
Partido en lo Civil y Comercial, antes de la vigencia plena del
presente Código, podrán ser desarchivados y proseguidos en el
Juzgado equivalente, aplicándose las Disposiciones Transitorias
Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena, según corresponda.
QUINTA. (PROCESOS EN PRIMERA INSTANCIA). Los procesos
en curso al momento de la entrada en vigencia plena del presente Código,
se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
I. Reglas para procesos de conocimiento:
a) En procesos ordinarios y sumarios que no se hubieran
abierto término de prueba en lo principal de la causa, se
aplicará la nueva legislación, debiendo la autoridad judicial de
oficio conceder un plazo común y perentorio de quince días a
las partes para que propongan los medios probatorios de la
demanda, reconvención, respuestas a ambas y excepciones,
respectivamente conforme lo señala el presente Código;
vencido el término, la autoridad judicial señalará audiencia
preliminar.
b) Los asuntos en los que estuviere abierto y en curso el plazo
de prueba en lo principal de la causa, deberán sujetarse a lo
determinado por el Código de Procedimiento Civil, hasta
dictarse sentencia.
II. Procesos ejecutivos y coactivos:
En los procesos ejecutivos y coactivos civiles, que tuvieren auto
intimatorio o sentencia, se regirán por el Código de Procedimiento
Civil, en lo demás se estará al presente Código. La ejecución de la
sentencia se regirá por la nueva norma.
III. Procesos de desalojo:
En los procesos de desalojo con citación del demandado, se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil hasta
dictarse sentencia; en caso de no haberse citado a la parte

demandada se procederá de acuerdo a las normas establecidas
en el presente Código.
IV. Concursos:
a) En procesos concursales voluntarios que no tuvieren
sentencia de grados y preferidos, la autoridad judicial de
oficio dispondrá que el concursado entregue en el término de
treinta días de su notificación personal, los bienes y títulos de
su propiedad al depositario que designará la autoridad,
judicial en forma provisoria hasta la designación del síndico,
vencido el plazo y de no cumplirse con lo ordenado, se tendrá
por no presentada la demanda. Cumplida la disposición
precedente, la autoridad judicial procederá a la designación
de síndico provisorio y convocará a la junta de acreedores
señalando al efecto día y hora en la forma prevista por el
presente Código.
b) En proceso concursal necesario sin .sentencia de grados y
preferidos, la autoridad judicial procederá de la misma forma
que en el párrafo anterior, de no cumplirse con lo ordenado,
dará lugar a que la autoridad judicial expida mandamiento de
desapoderamiento para los bienes y secuestro respecto de
los títulos, cumplida la disposición la autoridad judicial
procederá a la designación del síndico provisorio y convocará
a la junta de acreedores, aplicando las reglas del presente
Código.
c) Tanto en procesos concursales voluntarios como
necesarios que cuenten con sentencia de grados y
preferidos, en ejecución se concluirá con las reglas del
Código de Procedimiento Civil.
V. Interdictos:
a) En procesos interdictos que no se hubieran diligenciado las
pruebas o Sólo algunas de ellas, la autoridad judicial de oficio
señalará audiencia conforme a las previsiones del proceso
extraordinario.

b) En procesos interdictos que estuviesen en etapa de prueba
o hubiera concluido la misma, la autoridad judicial según las
circunstancias procederá conforme a las reglas del Código de
Procedimiento Civil.
VI. Los procedimientos voluntarios en trámite se regularán por el
Código de Procedimiento Civil, incluida la rendición de cuentas.
SEXTA. (PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en
los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo
dispuesto en el presente Código.
SÉPTIMA. (NULIDAD DE OBRADOS). A la entrada en vigencia
plena del presente Código, en los procesos en los que se hubiere declarado
la nulidad de obrados en cualquier instancia, pará la prosecución del
proceso, se aplicará el presente Código.
OCTAVA. (PROCESOS EN ETA PA DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIA).
I. Los procesos en ejecución de sentencia ya iniciados se regirán
por lo dispuesto en el Código de -Procedimiento Civil para las
actuaciones que aún puedan realizarse o modificarse hasta el
cumplimiento de la sentencia.
II. Los procesos con sentencia en calidad de esa juzgada y
pendientes de ejecución antes de la entrada en vigencia plena del
presente Código, deberán sujetarse a lo dispuesto en el presente
Código.
NOVENA. (MEDIDAS CAUTELARES).
I. Las medidas cautelares que se soliciten en los procesos ya
iniciados, se regirán por lo dispuesto en el presente Código.
II. Las medidas cautelares determinadas por la autoridad judicial,
antes de entrar en vigencia plenamente el presente Código, se

regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil,
pero se podrá pedir y obtener su revisión y modificación con
arreglo al presente Código.
DÉCIMA. (EXTINCIÓN POR INACTIVIDAD DE PROCESOS
ANTIGUOS). Desde la publicación del presente Código y cada seis meses,
la autoridad judicial de oficio deberá revisar los procesos de su juzgado y
en su caso declarar la extinción por inactividad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. (PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL). La Sala Plena del Consejo de la Magistratura, en
consulta con la o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la o el
Director de la Escuela de Jueces del Estado, y una o un representante del
Ministerio de Justicia, la Presidencia de la Asamblea Legislativa
Plurinacional y cada una de las Cámaras de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, dentro de los tres (3) Meses siguientes a la promulgación de
la presente Ley, elaborará el correspondiente Plan de Implementación del
Código Procesal Civil que incluirá, como mínimo, los siguientes
componentes:
1. Plan especial de descongestión, incluyendo el previo
inventario real de los procesos clasificados por especialidad,
tipo de proceso, afinidad temática, cuantías, fecha de reparto
y estado del trámite procesal, entre otras.
2. Nuevo modelo de gestión, estructura interna y
funcionamiento de los juzgados, así como de las oficinas
judiciales.
3. Reglamentación de los asuntos de su competencia que
guarden relación con las funciones atribuidas en este Código.
4. Creación y redistribución de los juzgados, ajustes al mapa
judicial y desconcentración según la demanda y la oferta de
justicia.

5. Uso y adecuación de la infraestructura física y tecnológica
de los despachos, salas de audiencias y servicios, que
garanticen la seguridad e integridad de la información.
6. Selección de nuevos jueces, en los casos a que haya lugar,
de acuerdo con el perfil requerido para la implementación del
nuevo Código.
7. Programa de formación y capacitación para la
transformación en base a los principios y valores establecidos
en la Constitución y el desarrollo en los servidores judiciales
de las competencias requeridas para la implementación del
nuevo Código, con énfasis en la oralidad, las nuevas
tendencias en la dirección del proceso por audiencias y el
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
8. Modelo de atención y comunicación con los litigantes.
9. Formación de servidores judiciales con responsabilidades
en procesos regidos por la oralidad.
10. Planeación, control financiero y presupuestario de acuerdo
con el estudio de costos y beneficios para la implementación
del presente Código.
11. Sistema de seguimiento y control de la ejecución del plan
de, implementación.
SEGUNDA. (COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVII,).
I. Se crea una Comisión de Seguimiento e Implementación del
Código Procesal Civil como instancia de decisión y de
fiscalización del proceso de seguimiento e implementación del
presente Código, que será presidida por la o el Presidente de la
Asamblea Legislativa Plurinacional y estará conformada por:
1. La o el Ministro de Justicia.

2. La o el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
3. Las o los Presidentes de las Cámaras de Diputados y
Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
4. La o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del
Consejo de la Magistratura.
5. La o el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional.
II. Tanto la o el Presidente de la Comisión, como los miembros
podrán delegar a sus representantes.
III. La ejecución del Plan de Implementación del Código Procesal
Civil, estará a cargo de la Sala Plena del Consejo de la
Magistratura.
TERCERA (CIRCULARES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN). La
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia podrá emitir circulares sobre la
implementación y uniformización de procedimientos.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. Se modifica el Artículo 48 de la Ley N° 025 de 24 de
junio de 2010. Ley del Órgano Judicial, bajo el siguiente texto:
"Artículo 48. (ELECCIÓN DE VOCALES TITULARES Y
SUPLENTES).
I. Las y los vocales titulares de los Tribunales
Departamentales de Justicia, son elegidas y elegidos por
el Tribunal Supremo de Justicia, por la mitad más uno de
los votos de sus miembros presentes de listas remitidas
por el Consejo de, la Magistratura. El Tribunal Supremo
deberá garantizar que el cincuenta por ciento (50%) de
fas elegidas sean mujeres.
II. La sala plena de los tribunales departamentales de
justicia en su última sesión anual, designará como

vocales suplentes, a juezas y jueces públicos que hayan
obtenido la mejor evaluación de la gestión pasada y
cumplan los mismos requisitos para ser vocal en igual
número que los titulares, para que en la próxima gestión
los reemplacen cuando éstos estén impedidos, no
hubiese número suficiente para dictar resolución en un
proceso o para dirimir los casos de disconformidad. El
cargó de vocal suplente al ser de carácter honorifico, no
será remunerado."
SEGUNDA. Se incluye el Parágrafo IV en el Artículo 112 de la Ley
N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, con el siguiente
texto:
"IV. Las previsiones de los parágrafos I, II y III, no
serán aplicable a los Tribunales y Juzgados en materia
civil y comercial:"
TERCERA. De conformidad a lo previsto por la Disposición
Transitoria Decima de la Ley N° 025 de 24 .de junio de 2010, Ley del
Órgano Judicial, quedan vigentes los Artículos 775 al 781 del Código de
Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los
Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y
Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder
Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción
especializada.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS
PRIMERA. Se derogan los Artículos del 1 al 15 y del 19 al 59 de
la Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997.
SEGUNDA. Se abroga el Código de Procedimiento Civil
promulgado por Decreto Ley N° 12750 de 6, ele agosto de 1975, puesto en
vigencia el 2 de abril de 1976 y elevado a rango Ley N° 1760 de 28 de
febrero de 1997, sus modificaciones y toda disposición contraria al presente
Código a la entrada en vigencia plena del presente Código.
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece años.
Fdo Lilly Gabriela Montaño Viaña, Betty Asuma Tejada Sorueo,
Andres Agustin Villca Daza, Claudia Jimena Torres Chavez, Galo Silvestre
Bonifaz, Angel David Cortez Villegas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Ciudad de Sucre, a los diecinueve días del mes de noviembre del
año dos mil trece.
FDO. EVO MORALES AYMA, Luis Alberto Arce Catacora, Cecilia
Luisa Ayllon Quinteros, Amanda Dávila Torres MINISTRA DE
COMUNICACIÓN E INTERINA DE LA PRESIDENCIA.

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