Código civil español

Código Civil

L A N O R M A al d í a

MINISTERIO DE JUSTICIA
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Madrid, 2011

Primera edición: septiembre de 2011

Edición conjunta del Ministerio de Justicia y de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2011

NIPO (BOE): 007-11-109-4
NIPO (M. Justicia): 051-11-044-0
ISBN: 978-84-340-1989-8
Depósito Legal: M-38894-2011
Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid

S u ma r io

Real Decreto de 24 de julio de 1889, mandando insertar en
la «Gaceta» el texto de la nueva edición del Código Civil con
las enmiendas y adiciones propuestas por la Sección de lo
Civil de la Comisión de Codificación..................................... 17
TÍTULO PRELIMINAR. las normas jurídicas, su aplicación
De
y eficacia:
Cap. I. Fuentes del derecho....................................... 19
Cap. II. Aplicación de las normas jurídicas.............. 20
Cap. III. Eficacia general de las normas jurídicas..... 21
Cap. IV. Normas de Derecho Internacional Privado.... 21
Cap. V. Á
mbito de aplicación de los regímenes jurí-
dicos civiles coexistentes en el territorio na-
cional............................................................. 27

Libro I. De las personas:
Tít. I. De los españoles y extranjeros...................................... 30
Tít. II. Del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil:
Cap. I. De las personas naturales............................... 36
Cap. II. De las personas jurídicas................................ 37
Tít. III. Del domicilio................................................................. 38
Tít. IV. Del matrimonio:
Cap. I. De la promesa de matrimonio........................ 38
Cap. II. De los requisitos del matrimonio. ..................
. 39
Cap. III. De la forma de celebración del matrimonio:
Sec. 1.ª Disposiciones generales.................. 40
Sec. 2.ª De la celebración ante el Juez, Al-
calde o funcionario que haga sus
veces............................................... 40
Sec. 3.ª De la celebración en forma religiosa. 42
Cap. IV. la inscripción del matrimonio en el Regis-
De
tro Civil...........................................................
. 42
Cap. V. De los derechos y deberes de los cónyuges.. 43
Cap. VI. De la nulidad del matrimonio......................... 44
Cap. VII. De la separación............................................. 45
Cap. VIII. De la disolución del matrimonio. ...................
. 46
Cap. IX. e los efectos comunes a la nulidad, separa-
D
ción y divorcio. ...............................................
. 47
Cap. X. e las medidas provisionales por demanda
D
de nulidad, separación y divorcio. .................
. 52

5

Cap. XI. Ley aplicable a la nulidad, la separación y el
divorcio........................................................... 55
Tít. V. De la paternidad y filiación:
Cap. I. De la filiación y sus efectos. ...........................
. 55
Cap. II. De la determinación y prueba de filiación:
Sec. 1.ª Disposiciones generales............... 57
Sec. 2.ª De la determinación de la filia-
ción matrimonial............................ 57
Sec. 3.ª De la determinación de la filia-
ción no matrimonial...................... 58
Cap. III. De las acciones de filiación:
Sec. 1.ª Disposiciones generales.............. 60
Sec. 2.ª De la reclamación......................... 60
Sec. 3.ª De la impugnación....................... 61
Tít. VI. De los alimentos entre parientes.................................... 63
Tít. VII. De las relaciones paterno-filiales:
Cap. I. Disposiciones generales................................. 66
Cap. II. De la representación legal de los hijos. ......... . 69
Cap. III. los bienes de los hijos y de su adminis-
De
tración............................................................ 70
Cap. IV. De la extinción de la patria potestad............. 72
Cap. V. la adopción y otras formas de protección
De
de menores:
Sec. 1.ª De la guarda y acogimiento de
menores.........................................
. 73
Sec. 2.ª De la adopción.............................. 79
Tít. VIII. De la ausencia:
Cap. I. Declaración de ausencia y sus efectos........... 82
Cap. II. De la declaración de fallecimiento................. 86
Cap. III. Del Registro Central de Ausentes.................. 89
Tít. IX. De la incapacitación...................................................... 89
Tít. X. e la tutela, de la curatela y de la guarda de los
D
menores o incapacitados:

Cap. I. Disposiciones generales................................. 92
Cap. II. De la tutela:
Sec. 1.ª De la tutela en general................. 93
Sec. 2.ª De la delación de la tutela y del
nombramiento del tutor................. 95
Sec. 3.ª Del ejercicio de la tutela................. 100
Sec. 4.ª De la extinción de la tutela y de la
rendición final de cuentas............
. 103

6

Cap. III.
De la curatela:
Sec. 1.ª Disposiciones generales.................
. 104
Sec. 2.ª De la curatela en casos de prodiga-
lidad................................................ 105
Cap. IV. Del defensor judicial....................................... 106
Cap. V. De la guarda de hecho................................... 107
Tít. XI. De la mayor edad y de la emancipación........................ 107
Tít. XII. Del Registro del estado civil...................................... 109
Libro II. los bienes, de la propiedad y de sus
De
modificaciones:
Tít. I. De la clasificación de los bienes:
Disposición Preliminar.......................................................... 110
Cap. I. De los bienes inmuebles. ...............................
. 111
Cap. II. De los bienes muebles...................................
. 112
Cap. III. los bienes según las personas a que per-
De
tenecen........................................................... 112
Disposiciones comunes a los tres capítulos anteriores......... 113
Tít. II. De la propiedad:
Cap. I. De la propiedad en general...........................
. 114
Cap. II. Del derecho de accesión:
Disposición general............................................... 115
Sec. 1.ª Del derecho de accesión respecto
al producto de los bienes............... 115
Sec. 2.ª Del derecho de accesión respecto a
los bienes inmuebles....................... 115
Sec. 3.ª Del derecho de accesión respecto a
los bienes muebles.......................... 118
Cap. III. Del deslinde y amojonamiento....................... 120
Cap. IV. Del derecho de cerrar las fincas rústicas........ 120
Cap. V. los edificios ruinosos y de los árboles que
De
amenazan caerse............................................ 120
Tít. III. De la comunidad de bienes........................................... 121
Tít. IV. De algunas propiedades especiales:
Cap. I. De las aguas:
Sec. 1.ª Del dominio de las aguas................ 124
Sec. 2.ª Del aprovechamiento de las aguas
públicas........................................... 125
Sec. 3.ª Del aprovechamiento de las
aguas de dominio privado........... . 126
Sec. 4.ª De las aguas subterráneas........... 126
Sec. 5.ª Disposiciones generales. .............
. 127

7

Cap. II. De los minerales............................................. 127
Cap. III. De la propiedad intelectual. .......................... 128
Tít. V. De la posesión:
Cap. I. De la posesión y sus especies. ....................... 128
Cap. II. De la adquisición de la posesión.................... 129
Cap. III. De los efectos de la posesión. .......................
. 130
Tít. VI. Del usufructo, del uso y de la habitación:
Cap. I. Del usufructo:
Sec. 1.ª Del usufructo en general................. 133
Sec. 2.ª De los derechos del usufructuario.. 134
Sec. 3.ª las obligaciones del usufructua-
De
rio.................................................... 137
Sec. 4.ª los modos de extinguirse el usu-
De
fructo.............................................. 142
Cap. II. Del uso y de la habitación................................. 144
Tít. VII. De las servidumbres:
Cap. I. De las servidumbres en general:
Sec. 1.ª las diferentes clases de servi-
De
dumbres que pueden establecerse
sobre las fincas................................ 145
Sec. 2.ª los modos de adquirir las servi-
De
dumbres......................................... 146
Sec. 3.ª Derechos y obligaciones de los pro-
pietarios de los predios dominante
y sirviente........................................ 146
Sec. 4.ª los modos de extinguirse las
De
servidumbres................................... 147
Cap. II. De las servidumbres legales:
Sec. 1.ª Disposiciones generales.................. 148
Sec. 2.ª las servidumbres en materia de
De
aguas............................................... 148
Sec. 3.ª De la servidumbre de paso............. 150
Sec. 4.ª las servidumbres de mediane-
De
ría................................................... 152
Sec. 5.ª De la servidumbre de luces y vistas. 154
Sec. 6.ª Del desagüe de los edificios........... 155
Sec. 7.ª las distancias y obras interme-
De
dias para ciertas construcciones y
plantaciones.................................... 155
Cap. III. De las servidumbres voluntarias....................... 156
Tít. VIII. Del registro de la propiedad:
Cap. Único........................................................................ 158

8

Libro III. los diferentes modos de adquirir
De
la propiedad:
Disposición preliminar.......................................................... 158
Tít. I. De la ocupación.......................................................... 159
Tít. II. De la donación:
Cap. I. De la naturaleza de las donaciones................. 160
Cap. II. D
e las personas que pueden hacer o recibir
donaciones....................................................... 161
Cap. III. los efectos y limitaciones de las donacio-
De
nes. .................................................................
. 162
Cap. IV. e la revocación y reducción de las donacio-
D
nes. .................................................................
. 164
Tít. III. De las sucesiones:
Disposiciones generales....................................................... 166
Cap. I. De los testamentos:
Sec. 1.ª De la capacidad para disponer por
testamento.................................... 167
Sec. 2.ª De los testamentos en general....... 167
Sec. 3.ª De la forma de los testamentos...... 169
Sec. 4.ª Del testamento ológrafo................ 171
Sec. 5.ª Del testamento abierto.................. 172
Sec. 6.ª Del testamento cerrado................. 174
Sec. 7.ª Del testamento militar................... 177
Sec. 8.ª Del testamento marítimo............... 179
Sec. 9.ª Del testamento hecho en país
extranjero...................................... 181
Sec. 10.ª De la revocación e ineficacia de los
testamentos.................................. 182
Cap. II. De la herencia:
Sec. 1.ª De la capacidad para suceder por
testamento y sin él......................... 183
Sec. 2.ª De la institución de heredero......... 187
Sec. 3.ª De la sustitución............................ 188
Sec. 4.ª De la institución de heredero y del
legado condicional o a término...... 191
Sec. 5.ª De las legítimas............................. 193
Sec. 6.ª De las mejoras............................... 197
Sec. 7.ª Derechos del cónyuge viudo.......... 200
Sec. 8.ª Pago de la porción hereditaria en
casos especiales............................ 201
Sec. 9.ª De la desheredación...................... 202
Sec. 10.ª De las mandas y legados................ 204
Sec. 11.ª De los albaceas o testamentarios... 209

9

Cap. III. De la sucesión intestada:
Sec. 1.ª Disposiciones generales................. 212
Sec. 2.ª Del parentesco.............................. 212
Sec. 3.ª De la representación...................... 214
Cap. IV. Del orden de suceder según la diversidad de
líneas:
Sec. 1.ª De la línea recta descendente..... 214
Sec. 2.ª De la línea recta ascendente........ 215
Sec. 3.ª De la sucesión del cónyuge y de
los colaterales.............................. 215
Sec. 4.ª De la sucesión del Estado............ 217
Cap. V. Disposiciones comunes a las herencias por tes-
tamento o sin él:
Sec. 1.ª De las precauciones que deben
adoptarse cuando la viuda queda
encinta.......................................... 217
Sec. 2.ª De los bienes sujetos a reserva.... 219
Sec. 3.ª Del derecho de acrecer................ 221
Sec. 4.ª De la aceptación y repudiación
de la herencia............................... 222
Sec. 5.ª Del beneficio de inventario y del
derecho de deliberar................... 225
Cap. VI. De la colación y partición:
Sec. 1.ª De la colación............................... 229
Sec. 2.ª De la partición.............................. 231
Sec. 3.ª De los efectos de la partición...... 234
Sec. 4.ª De la rescisión de la partición...... 235
Sec. 5.ª Del pago de las deudas heredita-
rias................................................. 236

Libro IV. De las obligaciones y contratos:
Título I. De las obligaciones:

Cap. I. Disposiciones generales ................................. 237
Cap. II. De la naturaleza y efecto de las obligaciones .. 238
Cap. III. De las diversas especies de obligaciones:
Sec. 1.ª De las obligaciones puras y de
las condicionales.......................... 241
Sec. 2.ª De las obligaciones a plazo.......... 243
Sec. 3.ª De las obligaciones alternativas... 244
Sec. 4.ª De las obligaciones mancomuna-
das y de las solidarias................... 245

10

Sec. 5.ª De las obligaciones divisibles y
de las indivisibles......................... 247
Sec. 6.ª De las obligaciones con cláusula
penal............................................ 248
Cap. IV. De la extinción de las obligaciones:
Disposiciones generales....................................................... 248
Sec. 1.ª Del pago....................................... 249
Sec. 2.ª De la pérdida de la cosa debida.. 252
Sec. 3.ª De la condonación de la deuda... 253
Sec. 4.ª De la confusión de derechos........ 253
Sec. 5.ª De la compensación..................... 254
Sec. 6.ª De la novación.............................. 255
Cap. V. De la prueba de las obligaciones:
Disposiciones generales.......................................................... 256
Sec. 1.ª De los documentos públicos........ 257
Sec. 2.ª De la confesión............................ 259
Sec. 3.ª De la inspección personal del
Juez.............................................. 260
Sec. 4.ª De la prueba de peritos............... 261
Sec. 5.ª De la prueba de testigos............. 261
Sec. 6.ª De las presunciones..................... 262
Tít. II. De los contratos:

Cap. II. D
e los requisitos esenciales para la validez de
los contratos:
Disposición general............................................ 264
Sec. 1.ª Del consentimiento...................... 264
Sec. 2.ª Del objeto de los contratos.......... 266
Sec. 3.ª De la causa de los contratos........ 266
Cap. III. De la eficacia de los contratos ........................ 267
Cap. IV. De la interpretación de los contratos .............. 268
Cap. V. De la rescisión de los contratos ...................... 269
Cap. VI. De la nulidad de los contratos ........................ 270
Tít. III. Del régimen económico matrimonial:

Cap. II. De las capitulaciones matrimoniales. ..............
. 275
Cap. III. De las donaciones por razón de matrimonio. . . 276
Cap. IV. De la sociedad de gananciales:
Sec. 2.ª De los bienes privativos y comu-
nes................................................ 278

11

Sec. 3.ª De las cargas y obligaciones de la
sociedad de gananciales............... 281
Sec. 4.ª la administración de la socie-
De
dad de gananciales........................ 283
Sec. 5.ª la disolución y liquidación de
De
la sociedad de gananciales............ 285
Cap. V. Del régimen de participación ......................... 289
Cap. VI. Del régimen de separación de bienes ............ 292
Tít. IV. Del contrato de compra y venta:
Cap. I. De la naturaleza y forma de este contrato ..... 294
Cap. II. De la capacidad para comprar o vender ........ 295
Cap. III. los efectos del contrato de compra y venta
De
cuando se ha perdido la cosa vendida ........... 296
Cap. IV. De las obligaciones del vendedor:
Sec. 1.ª Disposición general. .....................
. 297
Sec. 2.ª la entrega de la cosa vendida.......
De 297
Sec. 3.ª Del saneamiento. ........................
. 299
Cap. V. De las obligaciones del comprador ................ 304
Cap. VI. De la resolución de la venta............................. 305
Sec. 1.ª Del retracto convencional................ 305
Sec. 2.ª Del retracto legal.............................. 307
Cap. VII. la transmisión de créditos y demás dere-
De
chos incorporales............................................. 308
Cap. VIII. Disposición general ........................................ 309
Tít. V. De la permuta ............................................................ 310
Tít. VI. Del contrato de arrendamiento:
Cap. II. e los arrendamientos de fincas rústicas y ur-
D
banas:
Sec. 2.ª los derechos y obligaciones
De
del arrendador y del arrendata-
rio.................................................... 312
Sec. 3.ª Disposiciones especiales para los
arrendamientos de predios rústi-
cos................................................... 315
Sec. 4.ª Disposiciones especiales para el
arrendamiento de predios urba-
nos................................................... 316
Cap. III. Del arrendamiento de obras y servicios:
Sec. 1.ª Del servicio de criados y trabaja-
dores asalariados........................... 316

12

Sec. 2.ª e las obras por ajuste o precio
D
alzado............................................. 317
Sec. 3.ª e los transportes por agua y tie-
D
rra, tanto de personas como de
cosas..............................................
. 319
Tít. VII. De los censos:
Cap. II. Del censo enfitéutico:
Sec. 1.ª Disposiciones relativas a la enfi-
teusis.............................................. 323
Sec. 2.ª De los foros y otros contratos
análogos al de enfiteusis.............. 327
Cap. III. Del censo consignativo ................................... 329
Cap. IV. Del censo reservativo ...................................... 329
Tít. VIII. De la sociedad:

Cap. II. De las obligaciones de los socios:
Sec. 1.ª De las obligaciones de los socios

entre sí........................................ 332
Sec. 2.ª las obligaciones de los socios
De
para con un tercero........................ 335
Cap. III. De los modos de extinguirse la sociedad ....... 336
Tít. IX. Del mandato:
Cap. I. De la naturaleza, forma y especies del mandato... 338
Cap. II. De las obligaciones del mandatario ............... 339
Cap. III. De las obligaciones del mandante . ................ 340
Cap. IV. De los modos de acabarse el mandato .......... 341
Tít. X. Del préstamo:
Disposición general ............................................................. 342
Cap. I. Del comodato:
Sec. 1.ª De la naturaleza del comodato...... 342
Sec. 2.ª De las obligaciones del comodatario.. 343
Sec. 3.ª De las obligaciones del comodante.. 343
Cap. II. Del simple préstamo ....................................... 344
Tít. XI. Del depósito:
Cap. I. Del depósito en general y de sus diversas es-
pecies .............................................................. 344
Cap. II. Del depósito propiamente dicho:
Sec. 1.ª la naturaleza y esencia del
De
contrato de depósito................... 345
Sec. 2.ª Del depósito voluntario...............
. 345

13

Sec. 3.ª las obligaciones del deposita-
De
rio.................................................... 345
Sec. 4.ª las obligaciones del deposi-
De
tante................................................ 347
Sec. 5.ª Del depósito necesario................. 347
Cap. III. Del secuestro .................................................. 348
Tít. XII. De los contratos aleatorios o de suerte:

Cap. I. Disposición general ........................................ 349
Cap. II. Del contrato de alimentos .............................. 349
Cap. III. Del juego y de la apuesta ............................... 350
Cap. IV. De la renta vitalicia . ........................................ 351
Tít. XIII. De las transacciones y compromisos:

Cap. I. De las transacciones ....................................... 352
Cap. II. De los compromisos ....................................... 353
Tít. XIV. De la fianza:

Cap. I. De la naturaleza y extensión de la fianza . ...... 353
Cap. II. De los efectos de la fianza:
Sec. 1.ª los efectos de la fianza entre el
De
fiador y el acreedor........................
. 355
Sec. 2.ª los efectos de la fianza entre el
De
deudor y el fiador........................... 356
Sec. 3.ª los efectos de la fianza entre los
De
cofiadores....................................... 357
Cap. III. De la extinción de la fianza ............................. 358
Cap. IV. De la fianza legal y judicial............................... 358
Tít. XV. De los contratos de prenda, hipoteca y anticresis:
Cap. I. Disposiciones comunes a la prenda y a la hipo-
teca ................................................................. 359
Cap. II. . ........................................................................ 360
Sec. 1.ª la prenda...................................
De 360
Cap. III. De la hipoteca . ............................................... 362
Cap. IV. De la anticresis ................................................ 363
Tít. XVI. De las obligaciones que se contraen sin convenio:
Cap. I. De los cuasi contratos...................................... 364
Sec. 1.ª la gestión de negocios ajenos.
De 364
Sec. 2.ª Del cobro de lo indebido................ 365
Cap. II. las obligaciones que nacen de culpa o ne-
De
gligencia .......................................................... 366
Tít. XVII. De la concurrencia y prelación de créditos:
Cap. I. Disposiciones generales .................................... 368

14

Cap. II. De la clasificación de créditos .......................... 370
Cap. III. De la prelación de créditos .............................. 373
Tít. XVIII. De la prescripción
Cap. I. Disposiciones generales . ................................. 374
Cap. II. la prescripción del dominio y demás dere-
De
chos reales ........................................................ 376
Cap. III. De la prescripción de las acciones ................... 378
Disposición final .................................................................. 381
Disposiciones transitorias .................................................... 381
Disposiciones adicionales .................................................... 384
ÍNDICE ANALÍTICO ............................................................. 385

15

REAL DECRETO DE 24 DE JULIO DE 1889, MANDANDO
INSERTAR EN LA «GACETA» EL TEXTO DE LA NUEVA EDI-
CIÓN DEL CÓDIGO CIVIL CON LAS ENMIENDAS Y ADICIO-
NES PROPUESTAS POR LA SECCIÓN DE LO CIVIL DE LA
COMISIÓN DE CODIFICACIÓN
(«Gaceta» núms. 206 a 208, de 25, 26 y 27 de junio de 1889)

Teniendo presente lo dispuesto en la Ley de 26 de mayo último,
conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y
Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Minis-
tros;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar que se publique e inserte en la «Gaceta de
Madrid» el adjunto texto de la nueva edición del Código Civil,
hecha con las adiciones y enmiendas propuestas por la Sección
de lo Civil de la Comisión General de Codificación, según el
resultado de la discusión habida en ambos Cuerpos Colegisla-
dores, y en cumplimiento de lo preceptuado por la mencionada
Ley de 26 de mayo último.
Dado en San Ildefonso a 24 de julio de 1889.–María Cristina.–El
Ministro de Gracia y Justicia, José Canalejas y Méndez.

17

CÓDIGO CIVIL

TÍ TUL O P RE L I M I NAR

De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia 1

CAPÍTULO PRIMERO

Fuentes del derecho

1. 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley,
la costumbre y los principios generales del derecho.

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan
otra de rango superior.

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siem-
pre que no sea contraria a la moral o al orden público y que
resulte probada.

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de
una declaración de voluntad tendrán la consideración de cos-
tumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en
defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter infor-
mador del ordenamiento jurídico.

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internaciona-
les no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan
pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico
con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal
Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los prin-
cipios generales del derecho.

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de
resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose
al sistema de fuentes establecido.

Título redactado, con las salvedades que se indican, conforme a la Ley 3/1973,
1

de 17 de marzo, y Decre o 1836/1974, de 31 de mayo.
t

19

2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su com-
pleta publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas
no se dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La deroga-
ción tendrá el alcance que expresamente se disponga y se
extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la
misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple
derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere
derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo
contrario.
CAPÍTULO II
Aplicación de las normas jurídicas
3. 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de
sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes his-
tóricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las nor-
mas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán des-
cansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente
lo permita.
4. 1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando
éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro
semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito tempo-
ral no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los
comprendidos expresamente en ellas.
3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como suple-
torias en las materias regidas por otras leyes.
5. 1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos
señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste
excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día
siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años se
computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento
no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá
que el plazo expira el último del mes.

20

2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días
inhábiles.
CAPÍTULO III
Eficacia general de las normas jurídicas
6. 1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumpli-
miento. El error de derecho producirá únicamente aquellos
efectos que las leyes determinen.
2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los
derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no con-
traríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.
3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohi-
bitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se esta-
blezca un efecto distinto para el caso de contra ención.
v
4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o
contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tra-
tado de eludir.
7. 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exi-
gencias de la buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antiso-
cial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su
autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice
sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de
un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspon-
diente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales
o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
CAPÍTULO IV
Normas de Derecho Internacional Privado
8. 1. Las leyes penales, las de policía y las de seguridad
pública obligan a todos los que se hallen en territorio español.
2. Las leyes procesales españolas serán las únicas aplicables a
las actuaciones que se sustancien en territorio español, sin per
juicio de las remisiones que las mismas puedan hacer a las leyes

21

extranjeras, respecto a los actos procesales que hayan de reali
zarse fuera de España 2.
9. 1. La ley personal correspondiente a las personas físicas
es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capa-
cidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la
sucesión por causa de muerte.
El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad
adquirida de conformidad con la ley personal anterior.
2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal
común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de
esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cual-
quiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otor-
gado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta
elección, por la ley de la residencia habitual común inmediata-
mente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia,
por la del lugar de celebración del matrimonio.
La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que
determina el artículo 107 3.
3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifi-
que o sustituya el régimen económico del matrimonio serán váli-
dos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del
matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia
habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.
4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y
las relaciones paterno-filiales, se regirán por la ley personal del
hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la resi-
dencia habitual del hijo.
5. La adopción internacional se regirá por las normas conteni-
das en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adop-
ciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos
en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de
Adopción Internacional 4.

2
Apartado derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, a su entrada en vigor el 8 de enero de 2001.
3
Párrafo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 11/2003, de 29
de septiembre.
4
Apartado redactado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción internacional.

22

6. La tutela y las demás instituciones de protección del inca-
paz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las
medidas provisionales o urgentes de protección se regirán por
la ley de su residencia habitual.
Las formalidades de constitución de la tutela y demás institu-
ciones de protección en que intervengan autoridades judiciales
o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con
arreglo a la ley española.
Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carác-
ter protector y educativo respecto de los menores o incapaces
abandonados que se hallen en territorio español.
7. El derecho a la prestación de alimentos entre parientes
habrá de regularse por la ley nacional común del alimentista y
del alimentante. No obstante, se aplicará la ley de la residencia
habitual de la persona que los reclame cuando ésta no pueda
obtenerlos de acuerdo con la ley nacional común. En defecto
de ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obten-
ción de alimentos, se aplicará la ley interna de la autoridad que
conoce de la reclamación.
En caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia
habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del
momento del cambio.
8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacio-
nal del causante en el momento de su fallecimiento, cuales-
quiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se
encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testa-
mento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley
nacional del testador o del disponente en el momento de su
otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley
que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso,
a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atri-
buyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que
regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas
de los descendientes.
9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones
de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas, se estará
a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada esta-
bleciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la
última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida.

23

Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que
ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tra-
tados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y
ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece
el apartado siguiente.
10. Se considerará como ley personal de los que carecieren
de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de
su residencia habitual.
11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es
la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo
a capacidad, constitución, representación, funcionamiento,
transformación, disolución y extinción.
En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán
en cuenta las respectivas leyes personales 5.
10. 1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre
bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley
del lugar donde se hallen.
La misma ley será aplicable a los bienes muebles.
A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre
bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de
su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan
convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados
en el lugar de su destino.
2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por
ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan
sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su aban-
deramiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros
medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley
del lugar donde se hallen.
3. La emisión de los títulos valores se atendrá a la ley del lugar
en que se produzca.
4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se pro-
tegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley
española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y
tratados internacionales en los que España sea parte.

Redactado conforme a la Ley 1/1996, de 15 de enero.
5

24

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las
partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga
alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto,
la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la resi-
dencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de
celebración del contrato.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de
sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos
a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las
compraventas de muebles corporales realizadas en estable-
cimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radi-
quen.
6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en
defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8.o, les será de
aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.
7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional
del donante.
8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español,
los contratos onerosos celebrados en España por extranjero
incapaz según su ley nacional, si la causa de la incapacidad no
estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no
se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el
extranjero.
9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del
lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.
La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde
el gestor realice la principal actividad.
En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la
cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor
del enriquecido.
10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requi-
sitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento,
así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar
de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requie-
ran intervención judicial o administrativa.
11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la
relación jurídica de la que nacen las facultades del represen-

25

tante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la
ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.
11. 1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamen-
tos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que
se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados
con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su
contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal
del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán
válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otor-
gados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que
éstos radiquen.
Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves
durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de
su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aero-
naves militares se consideran como parte del territorio del
Estado al que pertenezcan.
2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos
exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad,
será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos
en el extranjero.
3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamen-
tos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplo-
máticos o consulares de España en el extranjero.
12. 1. La calificación para determinar la norma de conflicto
aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española.
2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley
material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de con-
flicto puedan hacer a otra ley que no sea la española.
3. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando
resulte contraria al orden público.
4. Se considerará como fraude de ley la utilización de una
norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa espa-
ñola.
5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de
un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos,
la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará con-
forme a la legislación de dicho Estado.

26

6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas
de conflicto del derecho español.
La persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar
su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en
la ley española. Sin embargo, para su aplicación, el juzgador
podrá valerse además de cuantos instrumentos de averiguación
considere necesarios, dictando al efecto las providencias opor
tunas 6.
CAPÍTULO V
Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes
en el territorio nacional

13. 1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto
determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para
su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción
de las normas de este último relativas al régimen económico
matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda
España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales
o forales de las provincias o territorios en que están vigentes,
regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especia-
les.
14. 1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral
se determina por la vecindad civil.
2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en
uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres
que tengan tal vecindad.
Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecin-
dad civil de los adoptantes.
3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren
distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél
de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada
antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en
último término, la vecindad de derecho común.

Párrafo derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
6


27

Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido
atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad
civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses
siguientes al nacimiento o a la adopción.
La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o
el cambio de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad
civil de los hijos.
En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que
transcurra un año después de su emancipación podrá optar bien
por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última
vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado,
habrá de ser asistido en la adopción por el representante legal.
4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cual-
quiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de
hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del
otro.
5. La vecindad civil se adquiere:
1.o Por residencia continuada durante dos años, siempre
que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
2.o Por residencia continuada de diez años, sin declaración
en contrario durante este plazo.
Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no
necesitan ser reiteradas.
6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corres-
ponda al lugar de nacimiento 7.
15. 1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española
deberá optar, al inscribir la adquisición de la nacionalidad, por
cualquiera de las vecindades siguientes:
a) La correspondiente al lugar de residencia.
b) La del lugar del nacimiento.
c) La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o
adoptantes.
d) La del cónyuge.

Artículo redactado conforme a la Ley 11/1990, de 15 de octubre.
7

28

Esta declaración de opción se formulará, atendiendo a la capa-
cidad del interesado para adquirir la nacionalidad, por el propio
optante, por sí o asistido de su representante legal, o por este
último. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por
declaración o a petición del representante legal, la autorización
necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha
de optar.
2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de
naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de con-
cesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, de
acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras cir-
cunstancias que concurran en el peticionario.
3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo
la de aquella vecindad civil que ostentara el interesado al
tiempo de su pérdida.
4. La dependencia personal respecto a una comarca o loca-
lidad con especialidad civil propia o distinta, dentro de la
legislación especial o foral del territorio correspondiente, se
regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior 8.
16. 1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexis-
tencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional
se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV, con
las siguientes particularidades:
1.a Será ley personal la determinada por la vecindad civil.
2.a No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3
del artículo 12 sobre calificación, remisión y orden
público.
2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación arago-
nesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen econó-
mico matrimonial de dicha Compilación, aunque después
cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legí-
tima que establezca la ley sucesoria.
El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al
adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que no
radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el
contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin

Redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre.
8

29

haber hecho constar el régimen económico matrimonial del
transmitente.
El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite
cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el
momento de su muerte.
3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán
por la ley española que resulte aplicable según los criterios del
artículo 9.o y, en su defecto, por el Código Civil.
En este último caso se aplicará el régimen de separación de bie-
nes del Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los
contrayentes hubiera de regir un sistema de separación 9.

LIBRO PRIMERO
De las personas
TÍ TUL O P RI ME RO
De los españoles y extranjeros
17. 1. Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o madre españoles.
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al
menos, uno de ellos hubiera nacido también en España.
Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o
consular acreditado en España.
c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos
carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno
de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determi-
nada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio
español los menores de edad cuyo primer lugar cono-
cido de estancia sea territorio español.
2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación
se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por
sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El
interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad

Artículo redactado de acuerdo con la Ley 11/1990, de 15 de octubre.
9

30

española de origen en el plazo de dos años a contar desde
aquella determinación 10.
18. La posesión y utilización continuada de la nacionalidad
española durante diez años, con buena fe y basada en un título
inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la
nacionalidad, aunque se anule el título que la riginó 11.
o
19. 1. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por
un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad espa-
ñola de origen.
2. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar
por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años
a partir de la constitución de la adopción 12.
20. 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad espa-
ñola:
a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la
patria potestad de un español.
b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originaria-
mente español y nacido en España.
c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado
de los artículos 17 y 19.
2. La declaración de opción se formulará:
a) Por el representante legal del optante, menor de
catorce años o incapacitado. En este caso, la opción
requiere autorización del encargado del Registro Civil
del domicilio del declarante, previo dictamen del Minis-
terio Fiscal. Dicha autorización se concederá en interés
del menor o incapaz.
b) Por el propio interesado, asistido por su representante
legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o
cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sen-
tencia de incapacitación.

10
11
Artículo redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre
12

31

c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es
mayor de dieciocho años. La opción caducará a los
veinte años de edad, pero si el optante no estuviera
emancipado según su ley personal al llegar a los diecio-
cho años, el plazo para optar se prolongará hasta que
transcurran dos años desde la emancipación.
d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años
siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se
exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de
opción conforme al párrafo c).
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejerci-
cio del derecho de opción previsto en el apartado 1.b) de este
artículo no estará sujeto a límite alguno de edad 13.
21. 1. La nacionalidad española se adquiere por carta de
naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto,
cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.
2. La nacionalidad española se adquiere por residencia en
España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y
mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que
podrá denegarla por motivos razonados de orden público o
interés nacional.
3. En uno y otro caso la solicitud podrá formularla:
a) El interesado emancipado o mayor de dieciocho años.
b) El mayor de catorce años asistido por su representante
legal.
c) El representante legal del menor de catorce años.
d) El representante legal del incapacitado o el incapaci-
tado, por sí solo o debidamente asistido, según resulte
de la sentencia de incapacitación.
En este caso y en el anterior, el representante legal sólo podrá
formular la solicitud si previamente ha obtenido autorización
conforme a lo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo
anterior.

Redactado conforme a la Ley 36/2002, de 8 de octubre.
13

32

4. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia
caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si
en este plazo no comparece el interesado ante funcionario com-
petente para cumplir los requisitos del artículo 23 14.
22. 1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se
requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco
años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y
dos años cuando se trate de nacionales de origen de países
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portu-
gal o de sefardíes.
2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:
a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de
optar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda
o acogimiento de un ciudadano o institución españoles
durante dos años consecutivos, incluso si continuare en
esta situación en el momento de la solicitud.
d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado
con español o española y no estuviere separado legal-
mente o de hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte
del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o
abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, conti-
nuada e inmediatamente anterior a la petición.
A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado ante-
rior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cón-
yuge que conviva con funcionario diplomático o consular
español acreditado en el extranjero.
4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por
la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente
grado de integración en la sociedad española.

Redactado de conformidad con la Ley 18/1990, de 17 de diciembre.
14

33

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residen-
cia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa 15.
23. Son requisitos comunes para la validez de la adquisición
de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o
residencia:
a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una
declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obe-
diencia a la Constitución y a las leyes.
b) Que la misma persona declare que renuncia a su ante-
rior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los
naturales de países mencionados en el apartado 1 del
artículo 24.
c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil espa-
ñol 16.
24. 1. Pierden la nacionalidad española los emancipados que,
residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntaria-
mente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionali-
dad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación.
La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a
contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad
extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesa-
dos podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado decla-
ran su voluntad de conservar la nacionalidad española al
encargado del Registro Civil.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos,
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante
para producir, conforme a este apartado, la pérdida de la nacio-
nalidad española de origen.
2. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españo-
les emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen
otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero.
3. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero
ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o
madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las
leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del

15

Redactado de conformidad con la Ley 36/2002, de 8 de octubre
16

34

mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no
declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del
Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayo-
ría de edad o emancipación.
4. No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dis-
puesto en este precepto, si España se hallare en guerra 17.
25. 1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la
nacionalidad:
a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclu-
sivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado
renunciar al adquirir la nacionalidad española.
b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas
o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra
la prohibición expresa del Gobierno.
2. La sentencia firme que declare que el interesado ha incu-
rrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la
nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si
bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros
de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el
Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del
plazo de quince años 18.
26. 1. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá
recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de
aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes.
En los demás casos podrá ser dispensado por el Minis-
tro de Justicia cuando concurran circunstancias excep-
cionales.
b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su volun-
tad de recuperar la nacionalidad española.
c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.
2. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad
española sin previa habilitación concedida discrecionalmente

Redactado de acuerdo con la Ley 36/2002, de 8 de octubre.
17

18

35

por el Gobierno los que se encuentren incursos en cualquiera de
los supuestos previstos en el artículo anterior 19.
27. Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos
civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes espe-
ciales y en los Tratados 20.
28. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas
por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad
española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas
con arreglo a las disposiciones del presente Código.
Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en
España la consideración y los derechos que determinen los tra-
tados o leyes especiales.

TÍ TUL O I I
Del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil
CAPÍTULO PRIMERO
De las personas naturales
29. El nacimiento determina la personalidad; pero el conce-
bido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean
favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa
el artículo siguiente.
30. La personalidad se adquiere en el momento del naci-
miento con vida, una vez producido el entero desprendimiento
del seno materno 21.
31. La prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles,
da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primo-
génito.
32. La personalidad se extingue por la muerte de las perso-
nas 22.
33. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a suce-
derse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la

19
20
Redactado conforme a la Ley de 15 de julio de 1954.
21
Redactado de acuerdo con la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil.
22

36

muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de
prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar
la transmisión de derechos de uno a otro.
34. Respecto a la presunción de muerte del ausente y sus efec-
tos se estará a lo dispuesto en el título VIII de este libro.
CAPÍTULO II
De las personas jurídicas
35. Son personas jurídicas:
1.o Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés
público reconocidas por la ley.
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con
arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constitui-
das.
2.o Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercanti-
les o industriales, a las que la ley conceda personalidad pro-
pia, independiente de la de cada uno de los asociados.
36. Las asociaciones a que se refiere el número 2.o del artículo
anterior se regirán por las disposiciones relativas al contrato de
sociedad, según la naturaleza de éste.
37. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las
leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones
por sus estatutos, y las de las fundaciones por las reglas de su
institución, debidamente aprobadas por disposición administra-
tiva, cuando este requisito fuere necesario.
38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de
todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones
civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitu-
ción.
La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre
ambas potestades, y los establecimientos de instrucción y bene-
ficencia por lo que dispongan las leyes especiales.
39. Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban
legalmente o por haber realizado el fin para el cual se constitu-
yeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los
medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporacio-
nes, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplica-

37

ción que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas fundacionales,
les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere esta-
blecido previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de
fines análogos, en interés de la región, provincia o municipio
que principalmente debieran recoger los beneficios de las insti-
tuciones extinguidas.

TÍ TUL O I I I
Del domicilio
40. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el
lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo
en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad,
será el último que hubieren tenido en territorio español.
41. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los
estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las
personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en
que se halle establecida su representación legal, o donde ejer-
zan las principales funciones de su instituto.

TÍ TUL O I V
Del matrimonio 23
CAPÍTULO PRIMERO
De la promesa de matrimonio
42. La promesa de matrimonio no produce obligación de con-
traerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el
supuesto de su no celebración.
No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su
cumplimiento.
43. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matri-
monio hecha por persona mayor de edad o por menor emanci-
pado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de

Título redactado, con las salvedades que se indican, conforme a la
23

Ley 30/1981, de 7 de julio.

38

los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración
al matrimonio prometido.
Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa
a la celebración del matrimonio.
CAPÍTULO II
De los requisitos del matrimonio
44. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio
conforme a las disposiciones de este Código.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando
ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo 24.
45. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.
La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por
no puesta.
46. No pueden contraer matrimonio:
1.o Los menores de edad no emancipados.
2.o Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:
1.o Los parientes en línea recta por consanguinidad o adop-
ción.
2.o Los colaterales por consanguinidad hasta tercer grado.
3.o Los condenados como autores o cómplices de la muerte
dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.
48. El Ministro de Justicia puede dispensar, a instancia de
parte, el impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior.
El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con justa causa y
a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre
colaterales, y de edad a partir de los catorce años. En los expe-
dientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus
padres o guardadores.

Párrafo adicionado por la Ley 13/2005, de 1 de julio.
24

39

La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matri-
monio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por
alguna de las partes.
CAPÍTULO III
De la forma de celebración del matrimonio
Sección 1.ª Disposiciones generales
49. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o
fuera de España:
1.o Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este
Código.
2.o En la forma religiosa legalmente prevista.
También podrá contraer matrimonio fuera de España con arre-
glo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración 25.
50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse
el matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para
los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal
de cualquiera de ellos.
Sección 2.a De la celebración ante el Juez, Alcalde
o funcionario que haga sus veces 26
51. Será competente para autorizar el matrimonio:
1.o El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del muni-
cipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien
éste delegue.
2.o En los municipios en que no resida dicho Juez, el delegado
designado reglamentariamente.
3.o El funcionario diplomático o consular encargado del Regis-
tro Civil en el extranjero.
52. Podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro
de muerte:

Artículo redactado conforme a la Ley 35/1994, de 23 de diciembre.
25

El epígrafe de esta sección y sus artículos, excepto los artículos 54 y 56,
26

han sido redactados conforme a la Ley 35/1994, de 23 de diciembre.

40

1. El Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el
Alcalde, aunque los contrayentes no residan en la circuns-
cripción respectiva.
2. En defecto del Juez, y respecto de los militares en cam-
paña, el Oficial o Jefe superior inmediato.
3. Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de
nave o aeronave, el Capitán o Comandante de la misma.
Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa for-
mación de expediente, pero sí la presencia, en su celebración,
de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acredi-
tada.
53. La validez del matrimonio no quedará afectada por la
incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez,
Alcalde o funcionario que lo autorice, siempre que al menos
uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquéllos
ejercieran sus funciones públicamente.
54. Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el
Ministro de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. En
este caso, el expediente se tramitará reservadamente, sin la
publicación de edictos o proclamas.
55. Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el
contrayente que no resida en el distrito o demarcación del Juez,
Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por
apoderado a quien haya concedido poder especial en forma
auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del
otro contrayente.
En el poder se determinará la persona con quien ha de cele-
brarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias perso-
nales precisas para establecer su identidad.
El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la
renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos.
En caso de revocación por el poderdante bastará su manifesta-
ción en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio.
La revocación se notificará de inmediato al Juez, Alcalde o fun-
cionario autorizante.
56. Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previa-
mente, en expediente tramitado conforme a la legislación del

41

Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad estableci-
dos en este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficien-
cias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su
aptitud para prestar el consentimiento.
57. El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez, Alcalde o
funcionario correspondiente al domicilio de cualquiera de los
contrayentes y dos testigos mayores de edad.
La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por
delegación del instructor del expediente, bien a petición de los
contrayentes o bien de oficio, ante Juez, Alcalde o funcionario
de otra población distinta.
58. El Juez, Alcalde o funcionario, después de leídos los ar-
tículos 66, 67 y 68, preguntará a cada uno de los contrayentes
si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectiva-
mente lo contraen en dicho acto y, respondiendo ambos afir-
mativamente, declarará que los mismos quedan unidos en
matrimonio y extenderá la inscripción o el acta correspon-
diente.
Sección 3.a De la celebración en forma religiosa
59. El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma
prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos
acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la
legislación de éste.
60. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho
canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el
artículo anterior produce efectos civiles. Para el pleno reconoci-
miento de los mismos se estará a lo dispuesto en el capítulo
siguiente.
CAPÍTULO IV
De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil
61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebra-
ción.
Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su
inscripción en el Registro Civil.

42

El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos
de buena fe por terceras personas.
62. El Juez, Alcalde o funcionario ante quien se celebre el
matrimonio extenderá, inmediatamente después de celebrado,
la inscripción o el acta correspondiente con su firma y la de los
contrayentes y tes igos.
t
Asimismo, practicada la inscripción o extendida el acta, el
Juez, Alcalde o funcionario entregará a cada uno de los con-
trayentes documento acreditativo de la celebración del matri-
monio 27.
63. La inscripción del matrimonio celebrado en España en
forma religiosa se practicará con la simple presentación de la
certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de
expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Regis-
tro Civil.
Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos
presentados o de los asientos del Registro conste que el matri-
monio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en
este título.
64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su ins-
cripción en el libro especial del Registro Civil Central, pero no
perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras per-
sonas sino desde su publicación en el Registro Civil ordinario.
65. Salvo lo dispuesto en el artículo 63, en todos los demás
casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse
tramitado el correspondiente expediente, el Juez o funcionario
encargado del Registro, antes de practicar la inscripción, deberá
comprobar si concurren los requisitos legales para su celebración.
CAPÍTULO V
De los derechos y deberes de los cónyuges
66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes 28.
67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y
actuar en interés de la familia 29.

27
Artículo redactado de acuerdo con la Ley 35/1994, de 23 de diciembre.
28
Redactado conforme a la Ley 13/2005, de 1 de julio.
29
Redactado de acuerdo con la Ley 13/2005, de 1 de julio.

43

68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse
fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compar-
tir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de
ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a
su cargo 30.
69. Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges
viven juntos.
70. Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio con-
yugal y, en caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en
cuenta el interés de la familia.
71. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representa-
ción del otro sin que le hubiere sido conferida.
72. […….] 31
CAPÍTULO VI
De la nulidad del matrimonio
73. Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración:
1.o El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2.o El matrimonio celebrado entre las personas a que se refie-
ren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa con-
forme al artículo 48.
3.o El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o
funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testi-
gos.
4.o El celebrado por error en la identidad de la persona del
otro contrayente o en aquellas cualidades personales que,
por su entidad, hubieren sido determinantes de la presta-
ción del consentimiento.
5.o El contraído por coacción o miedo grave 32.
74. La acción para pedir la nulidad del matrimonio corres-
ponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona

30
31
Suprimido por la Ley 30/1981, de 7 de julio.
32

44

que tenga interés directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto
en los artículos siguientes.
75. Si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el
contrayente sea menor sólo podrá ejercitar la acción cualquiera
de sus padres, tutores o guardadores y, en todo caso, el Minis-
terio Fiscal.
Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el
contrayente menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido jun-
tos durante un año después de alcanzada aquélla.
76. En los casos de error, coacción o miedo grave solamente
podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera
sufrido el vicio.
Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges
hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido
el error o de haber cesado la fuerza o la causa del miedo.
77. […….] 33.
78. El Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por
defecto de forma, si al menos uno de los cónyuges lo contrajo
de buena fe, salvo lo dispuesto en el número 3 del artículo 73.
79. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los
efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o
contrayentes de buena fe.
La buena fe se presume.
80. Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos
sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontifi-
cias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en
el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se decla-
ran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por
el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se
refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
CAPÍTULO VII
De la separación
81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que
sea la forma de celebración del matrimonio:

Suprimido por la Ley 30/1981, de 7 de julio.
33

45

1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consenti-
miento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la
celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará
una propuesta de convenio regulador redactada conforme
al artículo 90 de este Código.
2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurri-
dos tres meses desde la celebración del matrimonio. No
será preciso el transcurso de este plazo para la interposición
de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo
para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad
moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge deman-
dante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miem-
bros del matrimonio.
A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medi-
das que hayan de regular los efectos derivados de la separa-
ción 34.
82. […….] 35.
83. La sentencia de separación produce la suspensión de la vida
común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del
otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
84. La reconciliación pone término al procedimiento de sepa-
ración y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos
cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del
Juez que entienda o haya entendido en el litigio 36.
Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas
o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos,
cuando exista causa que lo justifique.
CAPÍTULO VIII
De la disolución del matrimonio
85. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el
tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de
fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.

34
35
Sin contenido por Ley 15/2005, de 8 de julio.
36
Párrafo redactado conforme a la Ley 15/2005, de 8 de julio.

46

86. Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que
sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de
uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consen-
timiento del otro, cuando concurran los requisitos y circuns-
tancias exigidos en el artículo 81 37.
87. […….] 38.
88. La acción de divorcio se extingue por la muerte de cual-
quiera de los cónyuges y por su reconciliación, que deberá ser
expresa cuando se produzca después de interpuesta la
demanda.
La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos lega-
les, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matri-
monio.
89. La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá
tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos
a partir de su firmeza. No perjudicará a terceros de buena fe
sino a partir de su inscripción en el Registro Civil.
CAPÍTULO IX
De los efectos comunes a la nulidad, separación
y divorcio

90. El convenio regulador a que se refieren los artícuos 81 y
l
86 de este Código deberá contener, al menos, los siguientes
extremos:
A) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de
ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de
comunicación y estancia de los hijos con el progenitor
que no viva habitualmente con ellos 39.
B) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comu-
nicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en
cuenta, siempre, el interés de aquellos.
C) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

37
38
Sin contenido por Ley 15/2005, de 8 de julio.
39
Párrafo primero y apartado a) redactados por la Ley 15/2005, de 8 de
julio.

47

D) La contribución a las cargas del matrimonio y alimen-
tos, así como sus bases de actualización y garantías, en
su caso.
E) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico
del matrimonio.
F) La pensión que, conforme al artículo 97, correspondiere
satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.
Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las conse-
cuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por
el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudi-
ciales para uno de los cónyuges. Si las partes proponen un régi-
men de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el
Juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que
éstos presten su consen imiento. La denegación de los acuerdos
t
habrá de hacerse mediante resolución motivada y, en este caso,
los cónyuges deben someter a la consideración del Juez nueva
propuesta para su aprobación, si procede. Desde la aprobación
judicial, podrán hacerse efectivos por la vía de apremio.
Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las
convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas judicial-
mente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente
las circunstancias.
El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que
requiera el cumplimiento del convenio 40.
91. En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en
ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los
cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará
conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medi-
das que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad
en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del
matrimonio, la liquidación del régimen económico y las caute-
las o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si
para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado nin-
guna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren
sustancialmente las circunstancias.
92. 1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los
padres de sus obligaciones para con los hijos.

Redactado conforme a la Ley 42/2003, de 21 de noviembre.
40

48

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la
custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará
por el cumplimento de su derecho a ser oídos.
3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad
cuando en el proceso se revele causa para ello.
4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el
Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potes-
tad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges.
5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia
de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de
convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en
el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda
conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas
procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda
establecido, procurando no separar a los hermanos.
6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y cus-
todia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír
a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime
necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alega-
ciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba
practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre
sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen
de guarda.
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los
padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral
o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos
que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez
advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practica-
das, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.
8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del
apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de
las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá
acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en
que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés
superior del menor.
9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que
se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de

49

parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente
cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la
patria potestad y del régimen de custodia de los menores 41.
93. El Juez, en todo caso, determinará la contribución de
cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las
medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomoda-
ción de las prestaciones a las circunstancias económicas y nece-
sidades de los hijos en cada momento.
Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o
emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la
misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos con-
forme a los artículos 142 y siguientes de este Código 42.
94. El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o
incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con
ellos y tenerlos en su compañía. El Juez determinará el tiempo,
modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar
o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo acon-
sejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes
impuestos por la resolución judicial.
Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y
de los abuelos, que deberán prestar su consen imiento, el dere-
t
cho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, con-
forme al artículo 160 de este Código, teniendo siempre
presente el interés del menor 43.
95. La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del
matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial.
Si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno solo de los
cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por
aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las
disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala
fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por
su consorte.
96. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el
Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordi-

41
42
43

50

nario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya
compañía queden.
Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los
restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.
No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes,
por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponde al cón-
yuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo
hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de
protección.
Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corres-
ponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de
ambas partes o, en su caso, autorización judicial.
97. El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un
desequilibrio económico en relación con la posición del otro,
que implique un empeoramiento en su situación anterior en el
matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá
consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en
una prestación única, según se determine en el convenio regu-
lador o en la sentencia.
A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, deter-
minará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstan-
cias:
1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2.ª La edad y el estado de salud.
3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a
un empleo.
4.ª La dedicación pasada y futura a la familia.
5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercanti-
les, industriales o profesionales del otro cónyuge.
6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno
y otro cónyuge.
9.ª Cualquier otra circunstancia relevante.

51

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la
pensión y las garantías para su efectividad 44.
98. El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido decla-
rado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido
convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en
el artículo 97.
99. En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de
la pensión fijada judicialmente conforme al artícuo 97 por la
l
constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados
bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.
100. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la
sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modifi-
cada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro
cónyuge.
101. El derecho a la pensión se extingue por el cese de la
causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio
o por vivir maritalmente con otra persona.
El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la
muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán
solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal
hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o
afectara a sus derechos en la legítima.
CAPÍTULO X
De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y
divorcio

102. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio,
se producen, por ministerio de la ley, los efectos siguientes:
1.o Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de
convivencia conyugal.
2.o Quedan revocados los consentimientos y poderes que cual-
quiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincu-
lar los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la
potestad doméstica.

44

52

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la opor-
tuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la
Propiedad y Mercantil.
103. Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de
ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audien-
cia de éstos, las medidas siguientes:
1.a Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyu-
ges han de quedar los sujetos a la patria potestad de
ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo
con lo establecido en este Código y, en particular, la forma
en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de
los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el
tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y
tenerlos en su compañía 45.
Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los
abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren
y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles
las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del
Juez.
Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno
de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse
las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo
autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o
retirada del mismo si ya se hubiera expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cual-
quier cambio de domicilio del menor 46.
2.a Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más nece-
sitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en
el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los
bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se
ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas
cautelares convenientes para conservar el derecho de cada
uno.

45
46
Párrafo adicionado por Ley orgánica 9/2002, de 10 de diciembre.

53

3.a Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matri-
monio, incluidas, si procede, las litis expensas, establecer las
bases para la actualización de cantidades y disponer las
garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautela-
res convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que
por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.
Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que
uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos
comunes sujetos a patria potestad.
4.a Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales
o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a
uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la
administración y disposición, así como en la obligatoria ren-
dición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de
ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.
5.a Determinar, en su caso, el régimen de administración y dis-
posición de aquellos bienes privativos que por capitulacio-
nes o escritura pública estuvieran especialmente afectados
a las cargas del matrimonio 47.
104. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, sepa-
ración o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y
medidas a que se refieren los dos artículos anteriores.
Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta
días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adopta-
dos, se presenta la demanda ante el Juez o Tribunal compe-
tente.
105. No incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale
del domicilio conyugal por una causa razonable y en el plazo de
treinta días presenta la demanda o solicitud a que se refieren los
artículos anteriores.
106. Los efectos y medidas previstos en este capítulo termi-
nan, en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la senten-
cia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo.
La revocación de consentimientos y poderes se entiende defini-
tiva.

47

54

CAPÍTULO XI
Ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio 48
107. 1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determi-
narán de conformidad con la ley aplicable a su celebración.
2. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional
común de los cónyuges en el momento de la presentación de
la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la
residencia habitual común del matrimonio en dicho momento
y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual
común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habi-
tualmente en dicho Estado.
En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los
cónyuges sea español o resida habitualmente en España:
a) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anterior-
mente mencionadas.
b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la
separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o
por uno con el consentimiento del otro.
c) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apar-
tado no reconocieran la separación o el divorcio o lo
hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden
público 49.

TÍ TUL O V
De la paternidad y filiación 50
CAPÍTULO PRIMERO
De la filiación y sus efectos
108. La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adop-
ción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no

48
Rúbrica redactada de conformidad con la Ley Orgánica 11/2003, de 29
de septiembre.
49
Redactado conforme a la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
50
Redactada la totalidad del articulado de este título, sus capítulos y
rúbricas, con las salvedades que se indican, conforme a la Ley 11/1981,
de 13 de mayo.

55

matri onial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están
m
casados en re sí.
t
La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adop-
tiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de
este Código 51.
109. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dis-
puesto en la ley.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la
madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmi-
sión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción
registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la
ley.
El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá
en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos
del mismo vínculo.
El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el
orden de los apellidos 52.
110. El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potes-
tad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles
alimentos.
111. Quedará excluido de la patria potestad y demás funcio-
nes tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la ley res-
pecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el
progenitor:
1.o Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a
que obedezca la generación, según sentencia penal firme.
2.o Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada
contra su oposición.
En ambos supuestos el hijo no ostentará el apellido del proge-
nitor en cuestión mas que si lo solicita él mismo o su represen-
tante legal.
Dejarán de producir efecto estas restricciones por determina-
ción del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o

Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
51

Artículo redactado conforme a la Ley 40/1999, de 5 de noviembre.
52

56

por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capaci-
dad.
Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos
y prestarles alimentos.
CAPÍTULO II
De la determinación y prueba de filiación
Sección 1.a Disposiciones generales
112. La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su
determinación legal tiene efectos retroactivos siempre que la
retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la
ley no dispusiere lo contrario.
En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en
nombre del hijo menor o incapaz, por su representante legal,
antes de que la filiación hubiere sido determinada.
113. La filiación se acredita por la inscripción en el Registro
Civil, por el documento o sentencia que la determina legal-
mente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de
los medios anteriores, por la posesión de estado. Para la admi-
sión de pruebas distintas a la inscripción se estará a lo dispuesto
en la Ley de Registro Civil.
No será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte
acreditada otra contradictoria.
114. Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme
a la Ley de Registro Civil, sin perjuicio de lo especialmente dis-
puesto en el presente título sobre acciones de impugnación.
Podrán también rectificarse en cualquier momento los asientos
que resulten contradictorios con los hechos que una sentencia
penal declare probados.
Sección 2.a De la determinación de la filiación matrimonial
115. La filiación matrimonial materna y paterna quedará deter-
minada legalmente:
1.o Por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio
de los padres.
2.o Por sentencia firme.

57

116. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la
celebración del matrimonio y antes de los trescientos días
siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de
los cónyuges.

117. Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguien-
tes a la celebración del matrimonio, podrá el marido destruir
la presunción mediante declaración auténtica en contrario for-
malizada dentro de los seis meses siguientes al conocimiento
del parto. Se exceptúan los casos en que hubiese reconocido
la paternidad expresa o tácitamente o hubiese conocido el
embarazo de la mujer con anterioridad a la celebración del
matrimonio, salvo que, en este último supuesto, la declaración
auténtica se hubiera formalizado, con el consentimiento de
ambos, antes del matrimonio o después del mismo, dentro de
los seis meses siguientes al nacimiento del hijo.

118. Aun faltando la presunción de paternidad del marido por
causa de la separación legal o de hecho de los cónyuges, podrá
inscribirse la filiación como matrimonial si concurre el consenti-
miento de ambos.

119. La filiación adquiere el carácter de matrimonial desde la
fecha del matrimonio de los progenitores cuando éste tenga
lugar con posterioridad al nacimiento del hijo siempre que el
hecho de la filiación quede determinado legalmente conforme
a lo dispuesto en la sección siguiente.

Lo establecido en el párrafo anterior aprovechará, en su caso, a
los descendientes del hijo fallecido.

Sección 3.a De la determinación de la filiación
no matrimonial

120. La filiación no matrimonial quedará determinada legal-
mente:

1.o Por el reconocimiento ante el encargado del Registro Civil,
en testamento o en otro documento público.

2.o Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo
a la legislación del Registro Civil.

3.o Por sentencia firme.

58

4.o Respecto de la madre, cuando se haga constar la filiación
materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro del
plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Registro Civil.

121. El reconocimiento otorgado por los incapaces o por
quienes no puedan contraer matrimonio por razón de edad
necesitará para su validez aprobación judicial con audiencia del
Ministerio Fiscal.

122. Cuando un progenitor hiciere el reconocimiento separa-
damente, no podrá manifestar en él la identidad del otro a no
ser que esté ya determinada legalmente.

123. El reconocimiento de un hijo mayor de edad no produ-
cirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito.

124. La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz
requerirá el consentimiento expreso de su representante legal o
la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del
progenitor legalmente conocido.

No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reco-
nocimiento se hubiere efectuado en testamento o dentro del
plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. La
inscripción de paternidad así practicada podrá suspenderse a
simple petición de la madre durante el año siguiente al naci-
miento. Si el padre solicitara la confirmación de la inscripción,
será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio
Fiscal.

125. Cuando los progenitores del menor o incapaz fueren her-
manos o consanguíneos en línea recta, legalmente determinada
la filiación respecto de uno, sólo podrá quedar determinada
legalmente respecto del otro, previa autorización judicial que se
otorgará, con audiencia del Ministerio Fiscal, cuando convenga
al menor o incapaz.

Alcanzada por éste la plena capacidad, podrá, mediante decla-
ración auténtica, invalidar esta última determinación si no la
hubiere consentido.

126. El reconocimiento del ya fallecido sólo surtirá efecto si lo
consienten sus descendientes por sí o por sus representantes
legales.

59

CAPÍTULO III
De las acciones de filiación
Sección 1.ª Disposiciones generales 53
127. En los juicios sobre filiación será admisible la investiga
ción de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de
pruebas, incluidas las biológicas.
El Juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un
principio de prueba de los hechos en que se funde.
128. Mientras dure el procedimiento por el que se impugne la
filiación, el Juez adoptará las medidas de protección oportunas
sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que
aparece como progenitor.
Reclamada judicialmente la filiación, el Juez podrá acordar ali
mentos provisionales a cargo del demandado y, en su caso,
adoptar las medidas de protección a que se refiere el párrafo
anterior.
129. Las acciones que correspondan al hijo menor de edad o
incapaz podrán ser ejercitadas indistintamente por su represen
tante legal o por el Ministerio Fiscal.
130. A la muerte del actor, sus herederos podrán continuar las
acciones ya entabladas.
Sección 2.a De la reclamación
131. Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para
que se declare la filiación manifestada por la constante posesión
de estado.
Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame con-
tradiga otra legalmente determinada.
132. A falta de la correspondiente posesión de estado, la
acción de reclamación de la filiación matrimonial, que es impres-
criptible, corresponde al padre, a la madre o al hijo.

Los artículos de esta Sección quedaron derogados por la Ley 1/2000,
53

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a su entrada en vigor el 8 de enero
de 2001.

60

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que
alcanzase plena capacidad, o durante el año siguiente al descu-
brimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda,
su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que faltare
para completar dichos plazos.
133. La acción de reclamación de filiación no matrimonial,
cuando falte la respectiva posesión de estado, corresponde al
hijo durante toda su vida 54.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que
alcanzare plena capacidad, o durante el año siguiente al descu-
brimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acción
corresponde a sus herederos por el tiempo que faltare para
completar dichos plazos.
134. El ejercicio de la acción de reclamación, conforme a los
artículos anteriores, por el hijo o el progenitor, permitirá en todo
caso la impugnación de la filiación contradictoria.
No podrá reclamarse una filiación que contradiga otra determi
nada en virtud de sentencia 55.
135. Aunque no haya prueba directa de la generación o del
parto, podrá declararse la filiación que resulte del reconoci
miento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convi
vencia con la madre en la época de la concepción, o de otros
hechos de los que se infiera la filiación, de modo análogo 56.
Sección 3.a De la impugnación
136. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de
la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscrip

54
Las Sentencias 273/2005, de 27 de octubre (Suplemento al «BOE»
núm. 285, de 29 de noviembre, y 52/2006, de 16 de febrero (Suplemento al
«BOE» núm. 64, de 16 de marzo), del Pleno del Tribunal Constitucional,
declaran inconstitucional el párrafo primero del artículo 133 del Código civil,
en la redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, en cuanto impide
al progenitor no matrimonial la reclamación de la filiación en los casos de
inexistencia de posesión de estado.
55
Párrafo derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
56
Artículo derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento

61

ción de la filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo
no correrá mientras el marido ignore el nacimiento 57.
Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado
en el párrafo anterior, la acción corresponde a cada heredero
por el tiempo que faltare para completar dicho plazo.
Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el año se contará
desde que lo conozca el heredero.
137. La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante
el año siguiente a la inscripción de la filiación. Si fuere menor o
incapaz, el plazo contará desde que alcance la mayoría de edad
o la plena capacidad legal.
El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o
incapacitado, corresponde, asimismo, durante el año siguiente
a la inscripción de la filiación, a la madre que ostente la patria
potestad o al Ministerio Fiscal.
Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de
filiación matrimonial, la demanda podrá ser interpuesta en cual-
quier tiempo por el hijo o sus herederos.
138. Los reconocimientos que determinen conforme a la
ley una filiación matrimonial podrán ser impugnados por
vicio de consentimiento conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 141. La impugnación de la paternidad por otras cau-
sas se atendrá a las normas contenidas en esta sección.
139. La mujer podrá ejercitar la acción de impugnación de su
maternidad justificando la suposición del parto o no ser cierta
la identidad del hijo.
140. Cuando falte en las relaciones familiares la posesión de
estado, la filiación paterna o materna no matrimonial podrá
ser impugnada por aquellos a quienes perjudique.

57
Las Sentencias núm. 138/2005, de 26 de mayo (Suplemento al «BOE»
núm. 148, de 22 de junio), y 156/2005, de 9 de junio (Suplemento al «BOE»
núm. 162, de 8 de julio), del Pleno del Tribunal Constitucional declara in-
constitucional el párrafo primero del artículo 136 del Código civil, en la re-
dacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, en cuanto comporta que
el plazo para el ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad
matrimonial empiece a correr aunque el marido ignore no ser el progenitor
biológico de quien ha sido inscrito como hijo suyo en el Registro Civil.

62

Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación
corresponderá a quien aparece como hijo o progenitor y a quie-
nes por la filiación puedan resultar afectados en su calidad de
herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro años
desde que el hijo, una vez inscrita la filiación, goce de la pose-
sión de estado correspondiente.
Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después
de haber llegado a la plena capacidad.
141. La acción de impugnación del reconocimiento realizado
mediante error, violencia o intimidación corresponde a quien lo
hubiere otorgado. La acción caducará al año del reconoci-
miento o desde que cesó el vicio de consentimiento, y podrá
ser ejercitada o continuada por los herederos de aquél, si
hubiere fallecido antes de transcurrir el año.

TÍ TUL O VI
De los alimentos entre parientes
142. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción
del alimentista mientras sea menor de edad y aun después,
cuando no haya terminado su formación por causa que no le
sea imputable.
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto,
en cuanto no estén cubiertos de otro modo 58.
143. Están obligados recíprocamente a darse alimentos en
toda la extensión que señala el artículo precedente:
1.o Los cónyuges.
2.o Los ascendientes y descendientes.
Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida,
cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable
al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para
su educación 59.

Artículo redactado conforme a la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
58

Redactado de acuerdo con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
59

63

144. La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos
o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente:
1.o Al cónyuge.
2.o A los descendientes de grado más próximo.
3.o A los ascendientes, también de grado más próximo.
4.o A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los
que sólo sean uterinos o consanguíneos.
Entre los descendientes y ascendientes se regulará la grada-
ción por el orden en que sean llamados a la sucesión legí-
tima de la persona que tenga derecho a los alimentos 60.
145. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación
de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión
en cantidad proporcional a su caudal respectivo.
Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstan-
cias especiales, podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que
los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a recla-
mar de los demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de
una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no
tuviere fortuna bastante para atender a todos, se guardará el
orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimen-
tistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria
potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél.
146. La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal
o medios de quien los da y a las necesidades de quien los
recibe 61.
147. Los alimentos, en los casos a que se refiere el arículo
t
anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el
aumento o disminución que sufran las necesidades del alimen-
tista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.
148. La obligación de dar alimentos será exigible desde que
los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a

Redactado de conformidad con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
60

61

64

percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se
interponga la demanda.
Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca
el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo
que éste hubiese recibido anticipadamente.
El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal,
ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas
para asegurar los anticipos que haga una entidad pública u
otra persona y proveer a las futuras necesidades 62.
149. El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección,
satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y
manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.
Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación
de convivencia determinada para el alimentista por las normas
aplicables o por resolución judicial. También podrá ser recha-
zada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del
alimentista menor de edad 63.
150. La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte
del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sen-
tencia firme.
151. No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho
a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el
alimentista deba al que ha de prestarlos.
Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenti-
cias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el dere-
cho a demandarlas.
152. Cesará también la obligación de dar alimentos:
1.o Por muerte del alimentista.
2.o Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido
hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus
propias necesidades y las de su familia.

62
El último párrafo de este artículo ha sido adicionado por la Ley 11/1981,
de 13 de mayo.
63
Redactado conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

65

3.o Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o
industria, o haya adquirido un destino o mejorado de for-
tuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenti-
cia para su subsistencia.
4.o Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese
cometido alguna falta de las que dan lugar a la deshereda-
ción.
5.o Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar
alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala con-
ducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista
esta causa.
153. Las disposiciones que preceden son aplicables a los
demás casos en que por este Código, por testamento o por
pacto se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo orde-
nado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso espe-
cial de que se trate.

TÍ TUL O VI I
De las relaciones paterno-filiales 64
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
154. Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los
padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos,
de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad
física y psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.o Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, edu-
carlos y procurarles una formación integral.
2.o Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre
antes de adoptar decisiones que les afecten.

64
Las rúbricas de este título y de sus capítulos I al IV, así como los artículos,
a excepción de los que se indican, se incluyen conforme a la redacción dada
por la Ley 11/1981, de 13 de mayo.

66

Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el
auxilio de la autoridad 65.
155. Los hijos deben:
1.o Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su
potestad y respetarles siempre.
2.o Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al
levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan
con ella.
156. La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos
progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o
tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos
conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de
urgente necesidad.
En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al
Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente
juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin
ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Si
los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potes-
tad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o
distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia
durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos
años.
En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros
de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores
actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el con-
sentimiento del otro.
En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno
de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente
por el otro.
Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por
aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud
fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir
al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente

Artículo redactado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
65

internacional.

67

con el otro progenitor, o distribuir entre el padre y la madre las
funciones inherentes a su ejercicio.
157. El menor no emancipado ejercerá la patria potestad
sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de
ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad,
con la del Juez.
158. El Juez, de oficio, o a instancia del propio hijo, de cual-
quier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:
1.o Las medidas convenientes para asegurar la prestación de
alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso
de incumplimiento de este deber, por sus padres.
2.o Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos per-
turbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la
potestad de guarda.
3.o Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los
hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras
personas y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo auto-
rización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o
retirada del mismo si ya se hubiese expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier
cambio de domicilio del menor.
4.o En general, las demás disposiciones que considere oportu-
nas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjui-
cios.
Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier pro-
ceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción
voluntaria 66.
159. Si los padres viven separados y no decidieren de común
acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al
cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad.
El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran

Redactado conforme a la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre.
66

68

suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de
doce años 67.
160. Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad,
tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores,
excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto
en resolución judicial 68.
No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales
del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados 69.
En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, abuelos,
parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias.
Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan
fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no
faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrin-
jan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de
sus progenitores 70.
161. Tratándose del menor acogido, el derecho que a sus
padres, abuelos y demás parientes corresponde para visitarle y
relacionarse con él, podrá ser regulado o suspendido por el
Juez, atendidas las circunstancias y el interés del menor 71.
CAPÍTULO II
De la representación legal de los hijos
162. Los padres que ostenten la patria potestad tienen la
representación legal de sus hijos menores no emancipados.
Se exceptúan:
1.o Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros
que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones
de madurez, pueda realizar por sí mismo.
2.o Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los
padres y el hijo.

67
68
69
Párrafo redactado de acuerdo con la Ley 42/2003, de 21 de noviembre.
70
Párrafo redactado por Ley 42/2003, de 21 de noviembre.
71

69

3.o Los relativos a bienes que estén excluidos de la administra-
ción de los padres.
Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones
personales se requiere el previo consentimiento de éste si tuviere
suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 158.
163. Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan
un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a
éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Se
procederá también a este nombramiento cuando los padres ten-
gan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capaci-
dad deban completar.
Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los proge-
nitores, corresponde al otro por ley sin necesidad de especial
nombramiento representar al menor o completar su capaci-
dad 72.
CAPÍTULO III
De los bienes de los hijos y de su administración
164. Los padres administrarán los bienes de los hijos con la
misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obliga-
ciones generales de todo administrador y las especiales estable-
cidas en la Ley Hipotecaria.
Se exceptúan de la administración paterna:
1.o Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el dispo-
nente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá
estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de
estos bienes y destino de sus frutos.
2.o Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que
ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente deshe-
redados o no hubieran podido heredar por causa de indig-
nidad, que serán administrados por la persona designada
por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro
progenitor o por un administrador judicial especialmente
nombrado 73.

72

73

70

3.º Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido
con su trabajo o industria. Los actos de administración ordi-
naria serán realizados por el hijo, que necesitará el consen-
timiento de los padres para los que excedan de ella 74.
165. Pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de
sus bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o
industria.
No obstante, los padres podrán destinar los del menor que viva
con ambos o con uno solo de ellos, en la parte que le corres-
ponda, al levantamiento de las cargas familiares, y no estarán
obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en
tales atenciones.
Con este fin se entregarán a los padres, en la medida adecuada,
los frutos de los bienes que ellos no administren. Se exceptúan
los frutos de los bienes a que se refieren los números 1 y 2 del
artículo anterior y los de aquellos donados o dejados a los hijos
especialmente para su educación o carrera, pero si los padres
carecieren de medios podrán pedir al Juez que se les entregue
la parte que en equidad proceda 75.
166. Los padres no podrán renunciar a los derechos de que
los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmue-
bles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos pre-
ciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción
preferente de acciones, sino por causas justificadas de utili-
dad o necesidad y previa la autorización del Juez del domici-
lio, con audiencia del Ministerio Fiscal.
Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar
la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la
autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de
inventario.
No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cum-
plido dieciséis años y consintiere en documento público, ni para
la enajenación de valores mobiliarios, siempre que su importe se
reinvierta en bienes o valores seguros 76.

74
75
76

71

167. Cuando la administración de los padres ponga en peligro
el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio hijo, del
Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adop-
tar las providencias que estime necesarias para la seguridad y
recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continua-
ción en la administración, o incluso nombrar un administrador.
168. Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a
los padres la rendición de cuentas de la administración que ejer-
cieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el
cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años.
En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa
grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos.
CAPÍTULO IV
De la extinción de la patria potestad
169. La patria potestad se acaba:
1.o Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres
o del hijo.
2.o Por la emancipación.
3.o Por la adopción del hijo.
170. El padre o la madre podrán ser privados total o parcial-
mente de su potestad por sentencia fundada en el incumpli-
miento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa
criminal o matrimonial.
Los Tribunales podrán, en beneficio o interés del hijo, acordar la
recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la
causa que motivó la privación.
171. La patria potestad sobre los hijos que hubieran sido
incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al
llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad sol-
tero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de
ellos fuere incapacitado, se rehabilitará la patria potestad, que
será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor
de edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas
dos formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dis-
puesto en la resolución de incapacitación y, subsidiariamente,
en las reglas del presente título.

72

La patria potestad prorrogada terminará:
1.o Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos
padres o del hijo.
2.o Por la adopción del hijo.
3.o Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.
4.o Por haber contraído matrimonio el incapacitado.
Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de
incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según pro-
ceda 77.
CAPÍTULO V
De la adopción y otras formas de protección de menores 78
Sección 1.a De la guarda y acogimiento de menores
172. 1. La entidad pública a la que, en el respectivo territo-
rio, esté encomendada la protección de los menores, cuando
constate que un menor se encuentra en situación de desam-
paro, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá
adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda,
poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando
en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo
de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el
momento de la notificación se les informará de forma presencial
y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar
a la intervención de la Administración y de los posibles efectos
de la decisión adoptada.
Se considera como situación de desamparo la que se produce
de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inade-
cuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por
las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden
privados de la necesaria asistencia moral o material.
La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva con-
sigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial

77

Las rúbricas del presente capítulo se incluyen conforme a la redacción
78

dada por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre.

73

que realicen los padres o tutores en representación del menor y
que sean beneficiosos para él.
2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no
puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública
competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo nece-
sario.
La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando
constancia de que los padres o tutores han sido informados de
las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del
hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse
por la Administración.
Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fun-
damentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.
Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuando
así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.
3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o
como función de la tutela por ministerio de la ley, se realizará
mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial.
El acogimiento familiar se realizará por la persona o personas
que determine la Entidad Pública. El acogimiento residencial se
ejercerá por el Director del centro donde se ha acogido al
menor.
Los padres o tutores del menor podrán oponerse en el plazo de
dos meses a la resolución administrativa que disponga el acogi-
miento cuando consideren que la modalidad acordada no es la
más conveniente para el menor o si existieran dentro del círculo
familiar otras personas más idóneas a las designadas.
4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará,
cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia
familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma
institución o persona.
5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el
menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en
guarda, aquél o persona interesada podrá solicitar la remoción
de ésta.
6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la
asunción de la tutela por ministerio de la ley serán recurribles
ante la jurisdicción civil en el plazo y condiciones determinados

74

en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de reclamación
administrativa previa.
7. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la
resolución administrativa por la que se declare el desamparo, los
padres que continúen ostentando la patria potestad pero la ten-
gan suspendida conforme a lo previsto en el número 1 de este
artículo, están legitimados para solicitar que cese la suspensión
y quede revocada la declaración de desamparo del menor, si por
cambio de las circunstancias que la motivaron entienden que se
encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria
potestad.
Igualmente están legitimados durante el mismo plazo para opo-
nerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección
del menor.
Pasado dicho plazo decaerá su derecho de solicitud u oposición
a las decisiones o medidas que se adopten para la protección
del menor. No obstante, podrán facilitar información a la enti-
dad pública y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las
circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo.
8. La entidad pública, de oficio, o a instancia del Ministerio
Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá en todo
momento revocar la declaración de desamparo y decidir la
vuelta del menor con su familia si no se encuentra integrado de
forma estable en otra familia o si entiende que es lo más ade-
cuado en interés del menor. Dicha decisión se notificará al Minis-
terio Fiscal 79.
173. 1. El acogimiento familiar produce la plena participa-
ción del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe
las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimen-
tarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas
que sustituyan al núcleo familiar del menor o por responsable
del hogar funcional.
2. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consenti-
miento de la entidad pública, tenga o no la tutela o la guarda,

79
Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
a excepción de los apartados 3, 6, 7 y 8 que han sido redactados y adicio-
nados por Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.

75

de las personas que reciban al menor y de éste si tuviera doce
años cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no
estuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, será nece-
sario también que presten o hayan prestado su consentimiento,
salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional a que
hace referencia el apartado 3 de este artículo.
El documento de formalización del acogimiento familiar, a que
se refiere el párrafo anterior, incluirá los siguientes extremos:
1.o Los consentimientos necesarios.
2.o Modalidad del acogimiento y duración prevista para el
mismo.
3.o Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en
particular:
a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del
menor acogido.
b) El sistema de cobertura por parte de la entidad pública
o de otros responsables civiles de los daños que sufra el
menor o de los que pueda causar a terceros.
c) La asunción de los gastos de manutención, educación y
atención sanitaria.
4.o El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad
del acogimiento, vaya a realizar la entidad pública, y el com-
promiso de colaboración de la familia acogedora al mismo.
5.o La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir
los acogedores.
6.o Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si
el acogimiento se realiza en un hogar funcional, se señalará
expresamente.
7.o Informe de los servicios de atención a menores.
Dicho documento se remitirá al Ministerio Fiscal.
3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo,
el acogimiento sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés
del menor, conforme a los trámites de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos
extremos referidos en el número anterior.

76

No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del
menor un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta
tanto se produzca resolución judicial.
La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas,
y concluido el expediente, deberá presentar la propuesta al
Juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo
de quince días.
4. El acogimiento del menor cesará:
1.o Por decisión judicial.
2.o Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa
comunicación de éstas a la entidad publica.
3.o A petición del tutor o de los padres que tengan la patria
potestad y reclamen su compañía.
4.o Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o
guarda del menor, cuando lo considere necesario para sal-
vaguardar el interés de éste oídos los acogedores.
Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogi-
miento haya sido dispuesto por el Juez.
5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del aco-
gimiento se practicarán con la obligada reserva 80.
173 bis. El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes
modalidades atendiendo a su finalidad:
1.o Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio,
bien porque de la situación del menor se prevea la reinser-
ción de éste en su propia familia, bien en tanto se adopte
una medida de protección que revista un carácter más esta-
ble.
2.o Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras
circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen y así lo
informen los servicios de atención al menor. En tal supuesto,
la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los
acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el
desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo
caso al interés superior del menor.

80

77

3.o Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la
entidad pública cuando ésta eleve la propuesta de adopción
del menor, informada por los servicios de atención al menor,
ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores
reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido
seleccionados y hayan prestado ante la entidad pública su
consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en
situación jurídica adecuada para su adopción.

La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogi-
miento familiar preadoptivo cuando considere, con anteriori-
dad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera
necesario establecer un período de adaptación del menor a
la familia.

Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá
exceder del plazo de un año 81.

174. 1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela,
acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta
sección.

2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los
nuevos ingresos de menores y le remitirá copia de las resolucio-
nes administrativas y de los escritos de formalización relativos a
la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y
acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad
de interés en las circunstancias del menor.

El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la
situación del menor, y promoverá ante el Juez las medidas de
protección que estime necesarias.

3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad
pública de su responsabilidad para con el menor y de su obli-
gación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las ano-
malías que observe 82.

Artículo adicionado por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
81

Redactado conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, excepto
82

el apartado 2 que lo fue por Ley 21/1987, de 11 de noviembre.

78

Sección 2.a De la adopción
175. 1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de
veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que
uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adop-
tante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el
adoptado 83.
2. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emanci-
pados. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de
edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente
antes de la emancipación, hubiere existido una situación no inte-
rrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que
el adoptando hubiere cumplido los catorce años.
3. No puede adoptarse:
1.o A un descendiente.
2.o A un pariente en segundo grado de la línea colateral por
consanguinidad o afinidad.
3.o A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada defi-
nitivamente la cuenta general justificada de la tutela 84.
4. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo
que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos
cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adop-
ción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte.
En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra
la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva
adopción del adoptado 85.
176. 1. La adopción se constituye por resolución judicial,
que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la ido-
neidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria
potestad.
2. Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la pro-
puesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o
adoptantes que dicha entidad pública haya declarado idóneos

83
Apartado redactado por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
84
Los apartados 2 y 3 figuran redactados de acuerdo con la Ley 21/1987,
de 11 de noviembre.
85
Número redactado por Ley 13/2005, de 1 de julio.

79

para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idonei-
dad podrá ser previa a la propuesta.
No obstante, no se requiere propuesta cuando en el adoptando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.a Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por
consanguinidad o afinidad.
2.a Ser hijo del consorte del adoptante.
3.a Llevar más de un año acogido legalmente bajo la medida
de un acogimiento preadoptivo o haber estado bajo su
tutela por el mismo tiempo.
4.a Ser mayor de edad o menor emancipado.
3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podrá
constituirse la adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido,
si éste hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento. Los
efectos de la resolución judicial en este caso se retrotraerán a la
fecha de prestación de tal consentimiento 86.
177. 1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del
Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce
años.
2. Deberán asentir a la adopción en la forma establecida en la
Ley de Enjuiciamiento Civil:
1.o El cónyuge del adoptante, salvo que medie separación legal
por sentencia firme o separación de hecho por mutuo
acuerdo que conste fehacientemente.
2.o Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a
menos que estuvieran privados de la patria potestad por
sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación.
Esta situación sólo podrá apreciarse en procedimiento judi-
cial contradictorio, el cual podrá tramitarse como dispone el
artículo 1827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No será necesario el asentimiento cuando los que deban pres-
tarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que
se apreciará motivadamente en la resolución judicial que cons-
tituya la adopción.

86

80

El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan
transcurrido treinta días desde el parto.
3. Deberán ser simplemente oídos por el Juez:
1.o Los padres que no hayan sido privados de la patria potestad,
cuando su asentimiento no sea necesario para la adopción.
2.o El tutor y, en su caso, el guardador o guardadores.
3.o El adoptando menor de doce años, si tuviere suficiente jui-
cio.
4.o La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adop-
tante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido
legalmente por aquél 87.
178. 1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurí-
dicos entre el adoptado y su familia anterior.
2. Por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia
del progenitor que, según el caso, corresponda:
1.o Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante,
aunque el consorte hubiere fallecido.
2.o Cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente
determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado
por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el pro-
genitor cuyo vínculo haya de persistir.
3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimo iales 88.
n
179. 1. El Juez, a petición del Ministerio Fiscal, del adop-
tado o de su representante legal, acordará que el adoptante
que hubiere incurrido en causa de privación de la patria potes-
tad, quede excluido de las funciones tuitivas y de los derechos
que por ley le correspondan respecto del adoptado o sus des-
cendientes, o en sus herencias.
2. Una vez alcanzada la plena capacidad, la exclusión sólo
podrá ser pedida por el adoptado, dentro de los dos años
siguientes.

87

Redactado conforme a la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, excepto el
88

apartado 2 que ha sido redactado conforme a la Ley 13/2005, de 1 de julio.

81

3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determi-
nación del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad 89.
180. 1. La adopción es irrevocable.
2. El Juez acordará la extinción de la adopción a petición del
padre o de la madre que, sin culpa suya, no hubieren intervenido
en el expediente en los términos expresados en el artículo 177.
Será también necesario que la demanda se interponga dentro de
los dos años siguientes a la adopción y que la extinción solicitada
no perjudique gravemente al menor.
3. La extinción de la adopción no es causa de pérdida de la
nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas, ni alcanza a los
efectos patrimoniales anteriormente producidos.
4. La determinación de la filiación que por naturaleza corres-
ponda al adoptado no afecta a la adopción.
5. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o
durante su minoría de edad representadas por sus padres, ten-
drán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos.
Las Entidades Públicas españolas de protección de menores,
previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través
de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que
precisen los solicitantes para hacer efectivo este derecho 90.

TÍ TUL O VI I I
De la ausencia
CAPÍTULO PRIMERO
Declaración de ausencia y sus efectos 91
181. En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio
o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella
más noticias, podrá el Juez, a instancia de parte interesada o del
Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente
al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan

89
Redactado de conformidad con la Ley 21/1987, de 11 de noviembre.
90
Redactado conforme a la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, salvo el
apartado 5 que ha sido adicionado por Ley 54/2007, de 28 de diciembre.
91
Redactada la denominación del capítulo y su articulado, a excepción de
los que se indican, conforme a la Ley de 8 de septiembre de 1939.

82

demora sin perjuicio grave. Se exceptúan los casos en que aquél
estuviese legítimamente representado o voluntariamente con-
El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será
el representante y defensor nato del desaparecido; y por su falta,
el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de
edad. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o
urgencia notoria, el Juez nombrará persona solvente y de buenos
antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
También podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las provi-
dencias necesarias a la conservación del patrimonio.
182. Tienen la obligación de promover e instar la declaración
de ausencia legal, sin orden de preferencia:
1.o El cónyuge del ausente no separado legalmente.
2.o Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
3.o El Ministerio Fiscal de oficio o a virtud de denuncia.
Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que
racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido
algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de
su muerte.
183. Se considerará en situación de ausencia legal al desapa-
recido de su domicilio o de su última residencia:
1.o Pasado un año desde las últimas noticias o, a falta de éstas,
desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con
facultades de administración de todos sus bienes.
2.o Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada por
apoderamiento la administración de todos sus bienes.
La muerte o renuncia justificada del mandatario, o la caducidad
del mandato, determina la ausencia legal, si al producirse aqué-
llas se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcu-
rrido un año desde que se tuvieron las últimas noticias, y, en su
defecto, desde su desaparición. Inscrita en el Registro Central la
declaración de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos
los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente.
184. Salvo motivo grave apreciado por el Juez, corresponde
la representación del declarado ausente, la pesquisa de su per-

83

sona, la protección y administración de sus bienes y el cumpli-
miento de sus obligaciones:
1.o Al cónyuge presente mayor de edad no separado legal-
mente o de hecho.
2.o Al hijo mayor de edad; si hubiese varios, serán preferidos los
que convivían con el ausente y el mayor al menor.
3.o Al ascendiente más próximo de menos edad de una u otra
línea.
4.o A los hermanos mayores de edad que hayan convivido
familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor
sobre el menor.
En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda su
extensión a la persona solvente de buenos antecedentes que el
Juez, oído el Ministerio Fiscal, designe a su prudente arbitrio 92.
185. El representante del declarado ausente quedará atenido
a las obligaciones siguientes:
1.o Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de
su representado.
2.o Prestar la garantía que el Juez prudencialmente fije. Quedan
exceptuados los comprendidos en los números 1, 2 y 3 del
artículo precedente.
3.o Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener
de sus bienes los rendimientos normales de que fueren sus-
ceptibles.
4.o Ajustarse a las normas que en orden a la posesión y admi-
nistración de los bienes del ausente se establecen en la Ley
Procesal Civil.
Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en
cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos
que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad,
remoción y excusa de los tutores 93.

Redactado conforme a la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
92

Párrafo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
93

enero.

84

186. Los representantes legítimos del declarado ausente com-
prendidos en los números 1.o, 2.o y 3.o del artículo 184 disfruta-
rán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán
suyos los productos líquidos en la cuantía que el Juez señale,
habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprove-
chamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimen-
ticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la
representación requiera, afecciones que graven el patrimonio y
demás circunstancias de la propia índole.

Los representantes legítimos comprendidos en el número 4.o del
expresado artículo disfrutarán, también, de la posesión tempo-
ral y harán suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la
cuantía que el Juez señale, sin que en ningún caso puedan rete-
ner más de los dos tercios de los productos líquidos, reserván-
dose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus
herederos o causahabientes.

Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán
venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en
caso de necesidad o utilidad evidente reconocida y declarada
por el Juez, quien, al autorizar dichos actos, determinará el
empleo de la cantidad obtenida.

187. Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejer-
cicio de la representación dativa alguno probase su derecho
preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual,
pero aquél no tendrá derecho a los productos sino a partir del
día de la presentación de la demanda.

Si apareciese el ausente, deberá restituírsele su patrimonio,
pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente, en
cuyo caso la restitución comprenderá también los frutos perci-
bidos y los debidos percibir a contar del día en que aquélla se
produjo, según la declaración judicial.

188. Si en el transcurso de la posesión temporal o del ejercicio
de la representación dativa se probase la muerte del declarado
ausente, se abrirá la sucesión en beneficio de los que en el
momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o
legítimos, debiendo el poseedor temporal hacerles entrega del
patrimonio del difunto, pero reteniendo, como suyos, los pro-
ductos recibidos en la cuantía señalada.

85

Si se presentase un tercero acreditando por documento feha-
ciente haber adquirido, por compra u otro título, bienes del
ausente, cesará la representación respecto de dichos bienes,
que quedarán a disposición de sus legítimos titulares.
189. El cónyuge del ausente tendrá derecho a la separación
de bienes 94.
190. Para reclamar un derecho en nombre de la persona cons-
tituida en ausencia, es preciso probar que esta persona existía
en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirirlo.
191. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente,
acrecerá la parte de éste a sus coherederos, al no haber persona
con derecho propio para reclamarla. Los unos y los otros, en su
caso, deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal,
inventario de dichos bienes, los cuales reservarán hasta la decla-
ración de fallecimiento.
192. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin per-
juicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos
que competan al ausente, sus representantes o causahabientes.
Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del
tiempo fijado para la prescripción. En la inscripción que se haga
en el Registro de los bienes inmuebles que acrezcan a los cohe-
rederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que
dispone este artículo y el anterior.
CAPÍTULO II
De la declaración de fallecimiento 95
193. Procede la declaración de fallecimiento:
1.o Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas
del ausente o, a falta de éstas, desde su desaparición.
2.o Pasados cinco años desde las últimas noticias o, en defecto
de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo
hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años.

94

Redactada la denominación del capítulo y su articulado, a excepción de
95

los que se indican, conforme a la Ley de 8 de septiembre de 1939.

86

Los plazos expresados se computarán desde la expiración
del año natural en que se tuvieron las últimas noticias, o, en
su defecto, del en que ocurrió la desaparición.

3.o Cumplido un año, contado de fecha a fecha, de un riesgo
inminente de muerte por causa de violencia contra la vida,
en que una persona se hubiese encontrado sin haberse
tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En
caso de siniestro este plazo será de tres meses 96.

Se presume la violencia si en una subversión de orden político o
social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener
noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que hayan
pasado seis meses desde la cesación de la subversión.

194. Procede también la declaración de fallecimiento:

1.o De los que perteneciendo a un contingente armado o uni-
dos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o
en funciones informativas, hayan tomado parte en opera-
ciones de campaña y desaparecido en ellas luego que
hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del
tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde
la declaración oficial del fin de la guerra.

2.o De los que se encuentren a bordo de una nave naufragada
o desaparecidos por inmersión en el mar, si hubieren trans-
currido tres meses desde la comprobación del naufragio o
de la desaparición sin haberse tenido noticias de aquéllos.

Se presume ocurrido el naufragio si el buque no llega a su
destino, o si, careciendo de punto fijo de arribo, no retor-
nase, luego que en cualquiera de los casos hayan transcu-
rrido seis meses, contados desde las últimas noticias
recibidas, o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de
la nave del puerto inicial del viaje.

3.o De los que se encuentren a bordo de una aeronave sinies-
trada, si hubieren transcurrido tres meses desde la compro-
bación del siniestro, sin haberse tenido noticias de aquéllos
o, en caso de haberse encontrado restos humanos, no
hubieren podido ser identificados.

96
Párrafo redactado de acuerdo con la Ley 4/2000, de 7 de enero.

87

Se presume el siniestro si en viaje sobre mares, zonas desérticas
o inhabitadas, transcurrieren seis meses, contados desde las últi-
mas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto,
desde la fecha de inicio del viaje. Si éste se hiciere por etapas,
el plazo indicado se computará desde el punto de despegue del
que se recibieron las últimas no icias 97.
t
195. Por la declaración de fallecimiento cesa la situación de
ausencia legal, pero mientras dicha declaración no se produzca,
se presume que el ausente ha vivido hasta el momento en que
deba reputársele fallecido, salvo investigaciones en contrario.
Toda declaración de fallecimiento expresará la fecha a partir de
la cual se entienda sucedida la muerte, con arreglo a lo precep-
tuado en los artículos precedentes, salvo prueba en contrario 98.
196. Firme la declaración del fallecimiento del ausente, se
abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su
adjudicación por los trámites de los juicios de testamentaría o
ab intestato, según los casos, o extrajudicialmente.
Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta cinco
años después de la declaración de fallecimiento.
Hasta que transcurra este mismo plazo no serán entregados los
legados, si los hubiese, ni tendrán derecho a exigirlos los lega-
tarios, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma del testa-
dor o los legados en favor de instituciones de beneficencia.
Será obligación ineludible de los sucesores, aunque por tratarse
de uno solo no fuese necesaria la partición, la de formar nota-
rialmente un inventario detallado de los bienes muebles y una
descripción de los inmuebles.
197. Si después de la declaración de fallecimiento se presentase
el ausente o se probase su existencia, recobrará sus bienes en el
estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que
se hubieran vendido, o a los bienes que con este precio se hayan
adquirido, pero no podrá reclamar de sus sucesores rentas, frutos
ni productos obtenidos con los bienes de su sucesión, sino desde
el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto.

97
Los apartados 2 y 3 figuran redactados de acuerdo con la Ley 4/2000,
de 7 de enero.
98
Redactado conforme a la Ley 30/1981, de 7 de julio, que suprimió el
último párrafo.

88

CAPÍTULO III
Del Registro Central de Ausentes 99
198. En el Registro Central y Público de Ausentes se hará
constar:
1.o Las declaraciones judiciales de ausencia legal.
2.o Las declaraciones judiciales de fallecimiento.
3.o Las representaciones legítimas y dativas acordadas judicial-
mente y la extinción de las mismas.
4.o Mención circunstanciada del lugar, fecha, otorgantes y
Notario autorizante de los inventarios de bienes muebles,
y descripción de inmuebles que en este título se ordenan.
5.o Mención circunstanciada del auto de concesión y del lugar,
fecha, otorgantes y Notario autorizante de las escrituras de
transmisiones y gravámenes que con licencia judicial efectúen
los representantes legítimos o dativos de los ausentes; y
6.o Mención circunstanciada del lugar, fecha, otorgantes y
Notario autorizante de la escritura de descripción o inven-
tario de los bienes, así como de las escrituras de partición
y adjudicación realizadas a virtud de la declaración de falle-
cimiento o de las actas de protocolización de los cuadernos
particionales en sus respectivos casos.

TÍ TUL O I X
De la incapacitación 100
199. Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia
judicial en virtud de las causas establecidas en la ley.

99
Redactada la denominación de este capítulo y este artículo conforme a
la Ley de 8 de septiembre de 1939. Téngase en cuenta que el Registro Cen-
tral de Ausentes se incorporó al Registro Civil a tenor de lo preceptuado en
la disposición final primera de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre Registro
Civil.
100
Redactada la rúbrica y el articulado de este título, a excepción de los
que se indican, conforme a la Ley 13/1983, de 24 de octubre.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó los artículos
202 a 214 a su entrada en vigor el 8 de enero de 2001.

89

200. Son causas de incapacitación las enfermedades o defi-
ciencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a
la persona gobernarse por sí misma.
201. Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando
concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonable-
mente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.
202. Corresponde promover la declaración al cónyuge o des
cendientes y, en defecto de éstos, a los ascendientes o herma
nos del presunto incapaz.
203. El Ministerio Fiscal deberá promover la declaración si las
personas mencionadas en el artículo anterior no existen o no lo
hubieran solicitado. A este fin, las autoridades y funcionarios
públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia
de posible causa de incapacitación en una persona, deberán
ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
El Juez competente, en los mismos casos, adoptará de oficio
las medidas que estime necesarias, y pondrá el hecho en cono
cimiento del Ministerio Fiscal, quien deberá solicitar del Juez
lo que proceda, dentro del plazo de quince días.
204. Cualquier persona está facultada para poner en conoci
miento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser deter
minantes de la incapacitación.
205. La incapacitación de los menores prevista en el artículo
201 sólo podrá ser solicitada por quienes ejerzan la patria
potestad o la tutela.
206. En los procesos sobre incapacitación será siempre nece
saria la intervención del Ministerio Fiscal, aunque no haya sido
promotor de los mismos.
207. Si el Ministerio Fiscal hubiere promovido el procedi
miento, el Juez designará un defensor al presunto incapaz, a no
ser que ya estuviere nombrado. En los demás casos será defen
sor el Ministerio Público.
El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su
propia defensa y representación.
208. El Juez oirá a los parientes más próximos del presunto
incapaz, examinará a éste por sí mismo, oirá el dictamen de un

90

facultativo y, sin perjuicio de las pruebas practicadas a instancia
de parte, podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.
209. El Juez, en cualquier estado del procedimiento, podrá, a
instancia de parte o de oficio, adoptar las medidas que estime
necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o
de su patrimonio.
210. La sentencia que declare la incapacitación determinará la
extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o
guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.
211. El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una
persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque
esté sometida a la patria potestad, requerirá autorización judi
cial. Ésta será previa al internamiento, salvo que razones de
urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida,
de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso,
dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de
menores se realizará en todo caso en un establecimiento de
salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servi
cios de asistencia al menor.
El Juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facul
tativo por él designado, concederá o denegará la autorización y
pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los
efectos prevenidos en el artículo 203.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 269.4.o, el Juez, de
oficio, recabará información sobre la necesidad de proseguir el
internamiento, cuando lo crea pertinente y, en todo caso, cada
seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, y
acordará lo procedente sobre la continuación o no del interna
miento 101.
212. La sentencia recaída en un procedimiento de incapacita
ción no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias,
pueda instarse judicialmente una nueva declaración que tenga
por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapa
citación ya establecida.
213. Corresponde formular la petición, para iniciar el procedi
miento a que se refiere el artículo anterior, a las personas men
cionadas en el artículo 202, a las que ejercieren cargo tutelar o

101

91

tuvieran bajo su guarda al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al
propio incapacitado.
214. Las resoluciones judiciales sobre incapacitación se ano
tarán o inscribirán en el Registro Civil, sin perjuicio de lo dis
puesto en la legislación hipotecaria y del Registro Mercantil.

TÍ TUL O X
De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o
incapacitados 102
CAPÍTULO PRIMERO
215. La guarda y protección de la persona y bienes o sola-
mente de la persona o de los bienes de los menores o incapaci-
tados, se realizará, en los casos que proceda, mediante:
1.o La tutela.
2.o La curatela.
3.o El defensor judicial.
216. Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejerce-
rán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la
autoridad judicial.
Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este
Código podrán ser acordadas también por el Juez, de oficio o a
instancia de cualquier interesado, en todos los supuestos de
tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapa-
ces, en cuanto lo requiera el interés de éstos 103.
217. Sólo se admitirá la excusa de los cargos tutelares en los
supuestos legalmente previstos.
218. Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de
curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil.

102
Redactada la totalidad del articulado de este título, salvo los artículos
que se indican, sus capítulos y rúbricas, conforme a la Ley 13/1983, de 24 de
octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela.
103
Párrafo adicionado por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

92

Dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no
se hayan practicado las oportunas inscripciones.
219. La inscripción de las resoluciones a que se refiere el ar-
tículo anterior se practicará en virtud de la comunicación que la
autoridad judicial deberá remitir sin dilación al encargado del
Registro Civil.
220. La persona que en el ejercicio de una función tutelar
sufra daños y perjuicios sin culpa por su parte, tendrá derecho a
la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado,
de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.
221. Se prohíbe a quien desempeñe algún cargo tutelar:
1.o Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes,
mientras que no se haya aprobado definitivamente su ges-
tión.
2.o Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga
en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de
intereses.
3.o Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle
por su parte bienes por igual título.
CAPÍTULO II
De la tutela
Sección 1.a De la tutela en general
222. Estarán sujetos a tutela:
1.o Los menores no emancipados que no estén bajo la patria
potestad.
2.o Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
3.o Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta,
salvo que proceda la curatela.
4.o Los menores que se hallen en situación de desamparo 104.
223. Los padres podrán en testamento o documento público
notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de
la tutela, así como designar las personas que hayan de inte-

104

93

grarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bie-
nes de sus hijos menores o incapacitados.
Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar sufi-
ciente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el
futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier
disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la
designación de tutor.
Los documentos públicos a los que se refiere el presente ar-
tículo se comunicarán de oficio por el notario autorizante al
Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento
del interesado.
En los procedimientos de incapacitación, el Juez recabará
certificación del Registro Civil y, en su caso, del registro de
actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existen-
cia de las disposiciones a las que se refiere este artículo 105.
224. Las disposiciones aludidas en el artículo anterior vincu-
larán al Juez, al constituir la tutela, salvo que el beneficio del
menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará
mediante decisión motivada.
225. Cuando existieren disposiciones en testamento o docu-
mento público notarial del padre y de la madre, se aplicarán
unas y otras conjuntamente en cuanto fueran compatibles. De
no serlo, se adoptarán por el Juez, en decisión motivada, las
que considere más convenientes para el tutelado.
226. Serán ineficaces las disposiciones hechas en testamento
o documento público notarial sobre la tutela si, en el momento
de adoptarlas, el disponente hubiese sido privado de la patria
potestad.
227. El que disponga de bienes a título gratuito en favor de
un menor o incapacitado, podrá establecer las reglas de admi-
nistración de los mismos y designar la persona o personas que
hayan de ejercitarla. Las funciones no conferidas al administra-
dor corresponden al tutor.
228. Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren
conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción
alguna persona que deba ser sometida a tutela, pedirá el pri-

105

94

mero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución
de la tutela.
229. Estarán obligados a promover la constitución de la tutela,
desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare,
los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se
encuentre el menor o incapacitado, y si no lo hicieren, serán
responsables solidarios de la indemnización de los daños y per-
juicios causados 106.
230. Cualquier persona podrá poner en conocimiento del
Mi isterio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante
n
de la tutela.
231. El Juez constituirá la tutela, previa audiencia de los
parientes más próximos, de las personas que considere opor-
tuno y, en todo caso, del tutelado si tuviera suficiente juicio y
siempre si fuera mayor de doce años.
232. La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fis-
cal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.
En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe
sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de
la administración de la tutela 107.
233. El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se
constituya la tutela, o en otra posterior, las medidas de vigilancia
y control que estime oportunas en beneficio del tutelado. Asi-
mismo podrá, en cualquier momento, exigir del tutor que
informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del
estado de la administración.
Sección 2.a De la delación de la tutela
y del nombramiento del tutor
234. Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1.o Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo
segundo del artículo 223.
2.o Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3.o A los padres.

106

107

95

4.o A la persona o personas designadas por éstos en sus dispo-
siciones de última voluntad.
5.o Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el
Juez 108.
Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alte-
rar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las perso-
nas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del
incapacitado así lo exigiere.
Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida
de familia del tutor 109.
235. En defecto de las personas mencionadas en el arículo t
anterior, el Juez designará tutor a quien, por sus relaciones con
el tutelado y en beneficio de éste, considere más idóneo.
236. La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:
1.o Cuando por concurrir circunstancias especiales en la per-
sona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar
como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los
bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente
en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que
conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente.
2.o Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre será
ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la
patria potestad.
3.o Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su her-
mano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor
ejerza también la tutela.
4.o Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los
padres del tutelado hayan designado en testamento o
documento público notarial para ejercer la tutela conjunta-
mente.
237. En el caso del número 4.º del artículo anterior, si el tes-
tador lo hubiere dispuesto de modo expreso, y en el caso del
número 2.º, si los padres lo solicitaran, podrá el Juez, al efectuar

108
Redactado este primer párrafo de acuerdo con la Ley 41/2003, de 18
de noviembre.
109
Párrafo adicionado por Ley 1/1996, de 15 de enero.

96

el nombramiento de tutores, resolver que éstos puedan ejercitar
las facultades de la tutela con carácter solidario.

De no mediar tal clase de nombramiento, en todos los demás
casos, y sin perjuicio de lo dispuesto en los números 1.o y 2.o,
las facultades de la tutela encomendadas a varios tutores
habrán de ser ejercitadas por éstos conjuntamente, pero val-
drá lo que se haga con el acuerdo del mayor número. A falta
de tal acuerdo, el Juez, después de oír a los tutores y al tute-
lado si tuviere suficiente juicio, resolverá sin ulterior recurso
lo que estime conveniente. Para el caso de que los desacuer-
dos fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio
de la tutela, podrá el Juez reorganizar su funcionamiento e
incluso proveer de nuevo tutor.

237 bis. Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas con-
juntamente y hubiere incompatibilidad u oposición de intereses
en alguno de ellos para un acto o contrato, podrá éste ser rea-
lizado por el otro tutor, o, de ser varios, por los demás en forma
conjunta.

238. En los casos de que por cualquier causa cese alguno de
los tutores, la tutela subsistirá con los restantes, a no ser que al
hacer el nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de modo
expreso.

239. La tutela de los menores desamparados corresponde por
ley a la entidad a que se refiere el artículo 172.

Se procederá, sin embargo, al nombramiento de tutor conforme
a las reglas ordinarias, cuando existan personas que, por sus
relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asu-
mir la tutela con beneficio para éste.

La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté
encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las
personas recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asu-
mirá por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste
se encuentre en situación de desamparo. Se considera como
situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los
deberes que le incumben de conformidad a las leyes, cuando

97

éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o mate-
rial 110.
240. Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, el
Juez procurará que el nombramiento recaiga en una misma per-
sona.
241. Podrán ser tutores todas las personas que se encuentren
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no
concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en los
artículos siguientes.
242. Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no
tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección
de menores e incapacitados.
243. No pueden ser tutores:
1.o Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de
la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de
guarda y educación, por resolución judicial.
2.o Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela
anterior.
3.o Los condenados a cualquier pena privativa de libertad,
mientras estén cumpliendo la condena.
4.o Los condenados por cualquier delito que haga suponer fun-
dadamente que no desempeñarán bien la tutela.
244. Tampoco pueden ser tutores:
1.o Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de
hecho.
2.o Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o inca-
pacitado.
3.o Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera
de vivir conocida.
4.o Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el
menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuacio-

110
Redactado de acuerdo con la Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
excepto el párrafo último que ha sido adicionado por Ley por Ley 41/2003,
de 18 de noviembre.

98

nes sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes,
o los que le adeudaren sumas de consideración.
5.o Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la
tutela lo sea solamente de la persona.
245. Tampoco pueden ser tutores los excluidos expre
samente por el padre o por la madre en sus disposiciones en
testamento o documento notarial, salvo que el Juez, en resolu-
ción motivada, estime otra cosa en beneficio del menor o del
incapacitado.
246. Las causas de inhabilidad contempladas en los ar ículos
t
243.4.o y 244.4.o no se aplicarán a los tutores designados en las
disposiciones de última voluntad de los padres cuando fueren
conocidas por éstos en el momento de hacer la designación,
salvo que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa
en beneficio del menor o del incapacitado.
247. Serán removidos de la tutela los que después de defe-
rida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal
en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los debe-
res propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o
cuando surgieran problemas de convivencia graves y continua-
dos 111.
248. El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del
tutelado o de otra persona interesada, decretará la remoción
del tutor, previa audiencia de éste si, citado, compareciere. Asi-
mismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente jui-
cio 112.
249. Durante la tramitación del procedimiento de remoción,
podrá el Juez suspender en sus funciones al tutor y nombrar al
tutelado un defensor judicial.
250. Declarada judicialmente la remoción, se procederá al
nombramiento de nuevo tutor en la forma establecida en este
Código.
251. Será excusable el desempeño de la tutela cuando por
razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profe-
sionales, o por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y

111

Redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
112

99

tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gra-
voso el ejercicio del cargo.

Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de
medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela.

252. El interesado que alegue causa de excusa deberá
hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que
tuviera conocimiento del nombramiento.

253. El tutor podrá excusarse de continuar ejerciendo la
tutela, siempre que hubiera persona de parecidas condiciones
para sustituirle, cuando durante el desempeño de aquélla le
sobrevenga cualquiera de los motivos de excusa contemplados
en el artículo 251.

254. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a la
tutela encomendada a las personas jurídicas.

255. Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá ser ale-
gada en cualquier momento.

256. Mientras se resuelva acerca de la excusa, el que la haya
propuesto estará obligado a ejercer la función.

No haciéndolo así, el Juez nombrará un defensor que le susti-
tuya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos
ocasionados por la excusa si ésta fuera rechazada.

257. El tutor designado en testamento que se excuse de la
tutela al tiempo de su delación perderá lo que, en consideración
al nombramiento, le hubiere dejado el testador.

258. Admitida la excusa, se procederá al nombramiento de
nuevo tutor.

Sección 3.a Del ejercicio de la tutela

259. La autoridad judicial dará posesión de su cargo al tutor
nombrado.

260. El Juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que
asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la
modalidad y cuantía de la misma.

100

No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un
menor por ministerio de la ley o la desempeñe por resolución
judicial no precisará prestar fianza 113.
261. También podrá el Juez, en cualquier momento y con
justa causa, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la
garantía que se hubiese prestado.
262. El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes
del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel
en que hubiese tomado posesión de su cargo.
263. La autoridad judicial podrá prorrogar este plazo en reso-
lución motivada si concurriere causa para ello.
264. El inventario se formará judicialmente con intervención
del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Juez
estime conveniente.
265. El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios
o documentos que, a juicio de la autoridad judicial, no deban
quedar en poder del tutor serán depositados en un estableci-
miento destinado a este efecto.
Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a
cargo de los bienes del tutelado.
266. El tutor que no incluya en el inventario los créditos que
tenga contra el tutelado se entenderá que los renuncia.
267. El tutor es el representante del menor o incapacitado, salvo
para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por dis-
posición expresa de la ley o de la sentencia de incapacitación.
268. Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personali-
dad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica.
Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán reca-
bar el auxilio de la autoridad 114.
269. El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1.o A procurarle alimentos.
2.o A educar al menor y procurarle una formación in egral.
t

Párrafo adicionado por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
113

114

101

3.o A promover la adquisición o recuperación de la capacidad
del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.
4.o A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor
o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.
270. El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el admi-
nistrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado
a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen
padre de familia.
271. El tutor necesita autorización judicial:
1.o Para internar al tutelado en un establecimiento de salud
mental o de educación o formación especial.
2.o Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos
mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores
mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar
contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo
y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta
del derecho de suscripción preferente de acciones.
3.o Para renunciar derechos, así como transigir o someter a
arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese inte
resado.
4.o Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier heren-
cia, o para repudiar ésta o las liberalidades.
5.o Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6.o Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela,
salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7.o Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior
a seis años.
8.o Para dar y tomar dinero a préstamo.
9.o Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del
tutelado.
10.o Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga
contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terce-
ros contra el tutelado 115.

115

102

272. No necesitarán autorización judicial la partición de heren-
cia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una
vez practicadas requerirán aprobación judicial 116.
273. Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos
comprendidos en los dos artículos anteriores, el Juez oirá al
Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo
considera oportuno, y recabará los informes que le sean solici-
tados o estime pertinentes 117.
274. El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el
patrimonio del tutelado lo permita. Corresponde al Juez fijar su
importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta
el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes,
procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje
del 4 por 100 ni exceda del 20 por 100 del rendimiento líquido
de los bienes.
275. Sólo los padres, y en sus disposiciones de última volun-
tad, podrán establecer que el tutor haga suyos los frutos de los
bienes del tutelado a cambio de prestarle los alimentos, salvo
que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa.
Sección 4.a De la extinción de la tutela y de la rendición final
de cuentas
276. La tutela se extingue:
1.o Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a
menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente
incapacitado.
2.o Por la adopción del tutelado menor de edad.
3.o Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
4.o Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.
277. También se extingue la tutela:
1.o Cuando habiéndose originado por privación o suspensión
de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.

116

Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 1/1996, de 15
117

de enero.

103

2.o Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapa-
citación, o que modifique la sentencia de incapa iación
ct
en virtud de la cual se sustituye la tutela por la u atela.
c r
278. Continuará el tutor en el ejercicio de su cargo si el menor
sujeto a tutela hubiese sido incapacitado antes de la mayoría de
edad, conforme a lo dispuesto en la sentencia de incapacitación.
279. El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta
general justificada de su administración ante la autoridad judicial
en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere
necesario si concurre justa causa.
La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los
cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido
para efectuarlo.
280. Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el
Juez oirá al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor
judicial, y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a
sus herederos.
281. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas, serán
a cargo del que estuvo sujeto a tutela.
282. El saldo de la cuenta general devengará interés legal, a
favor o en contra del tutor.
283. Si el saldo es a favor del tutor, devengará interés legal
desde que el que estuvo sometido a tutela sea requerido para
el pago, previa entrega de sus bienes.
284. Si es en contra del tutor, devengará interés legal desde
la aprobación de la cuenta.
285. La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las
acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado
o a sus causahabientes por razón de la tutela.
CAPÍTULO III
De la curatela
Sección 1. Disposiciones generales
a

286. Están sujetos a curatela:
1.o Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impe-
didos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley.

104

2.o Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.
3.o Los declarados pródigos.
287. Igualmente procede la curatela para las personas a quie-
nes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución
judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protec-
ción en atención a su grado de discernimiento.
288. En los casos del artículo 286, la curatela no tendrá otro
objeto que la intervención del curador en los actos que los
menores o pródigos no puedan realizar por sí solos.
289. La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la
asistencia del curador para aquellos actos que expresamente
imponga la sentencia que la haya establecido.
290. Si la sentencia de incapacitación no hubiese especifi-
cado los actos en que deba ser necesaria la intervención del
curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos
en que los tutores necesitan, según este Código, autorización
judicial.
291. Son aplicables a los curadores las normas sobre nombra-
miento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores.
No podrán ser curadores los quebrados y concursados no reha-
bilitados.
292. Si el sometido a curatela hubiese estado con anteriori-
dad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador el mismo que
hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga otra cosa.
293. Los actos jurídicos realizados sin la intervención del cura-
dor, cuando ésta sea preceptiva, serán anulables a instancia del
propio curador o de la persona sujeta a curatela, de acuerdo con
los artículos 1301 y siguientes de este Código.
Sección 2.a De la curatela en casos de prodigalidad 118
294. Podrán pedir la declaración de prodigalidad el cónyuge,
los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del
presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárse

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó los
118

artículos 294 a 296 y 298 a su entrada en vigor el 8 de enero de 2001.

105

los, y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la
pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.
295. La declaración de prodigalidad debe hacerse en juicio
contradictorio.
296. Cuando el demandado por prodigalidad no compare
ciere en el juicio, le representará el Ministerio Fiscal, y, si éste
fuera parte, un defensor nombrado por el Juez, sin perjuicio de
lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los proce
dimientos en rebeldía.
297. Los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda
de prodigalidad no podrán ser atacados por esta causa.
298. La sentencia determinará los actos que el pródigo no
puede realizar sin el consentimiento del curador.
CAPÍTULO IV
Del defensor judicial
299. Se nombrará un defensor judicial que represente y
ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los
siguientes supuestos:
1.o Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre
los menores o incapacitados y sus representantes legales o
el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos
padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de
ellos, corresponderá al otro por ley, sin necesidad de espe-
cial nombramiento, representar y amparar al menor o inca-
pacitado.
2.o En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el
curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la
causa determinante o se designe otra persona para desem-
peñar el cargo.
3.o En todos los demás casos previstos en este Código.
299 bis. Cuando se tenga conocimiento de que una persona
debe ser sometida a tutela y en tanto no recaiga resolución judi-
cial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación
y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del
cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes,
el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien
deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida.

106

300. El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de
oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de
cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará
defensor a quien estime más idóneo para el cargo 119.
301. Serán aplicables al defensor las causas de inhabilidad,
excusas y remoción de los tutores y curadores.
302. El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya
concedido el Juez, al que deberá rendir cuentas de su gestión
una vez concluida.
CAPÍTULO V
De la guarda de hecho
303. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 203 y 228,
cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia
de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe
de la situación de la persona y los bienes del menor o del pre-
sunto incapaz y de su actuación en relación con los mismos,
pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilan-
cia que considere oportunas.
304. Los actos realizados por el guardador de hecho en inte-
rés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si
redundan en su utilidad.
305. […….] 120
306. Será aplicable al guardador de hecho lo dispuesto en el
artículo 220 respecto del tutor.
307 a 313. […….] 121

TÍ TUL O X I
De la mayor edad y de la emancipación 122
314. La emancipación tiene lugar:

119
120
Sin contenido conforme determina la Ley 13/1983, de 24 de octubre.
121
Quedaron sin contenido en virtud del artículo 3 de la Ley 13/1983,
de 24 de octubre.
122
Redactada la rúbrica y la totalidad del articulado de este título, con las
salvedades que se indican, por Ley 11/1981, de 13 de mayo.

107

1.o Por la mayor edad.
2.o Por el matrimonio del menor.
3.o Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
4.o Por concesión judicial.
315. La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá
completo el día del nacimiento.
316. El matrimonio produce de derecho la emancipación.
317. Para que tenga lugar la emancipación por concesión de
quienes ejerzan la patria potestad, se requiere que el menor
tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta. Esta emanci-
pación se otorgará por escritura pública o por comparecencia
ante el Juez encargado del Registro.
318. La concesión de emancipación habrá de inscribirse en el
Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros.
Concedida la emancipación, no podrá ser revocada.
319. Se reputará para todos los efectos como emancipado al
hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los
padres viviere independientemente de éstos. Los padres podrán
revocar este consentimiento.
320. El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos
mayores de dieciséis años, si éstos la pidieren y previa audiencia
de los padres:
1.o Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o
conviviere maritalmente con persona distinta del otro pro-
genitor.
2.o Cuando los padres vivieren separados.
3.o Cuando concurra cualquier causa que entorpezca grave-
mente el ejercicio de la patria potestad.
321. También podrá el Juez, previo informe del Ministerio Fis-
cal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela
mayor de dieciséis años que lo solicitare 123.

123

108

322. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la
vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales
por este Código.
323. La emancipación habilita al menor para regir su persona
y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor
edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar
o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o
industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento
de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador.
El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.
Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que
hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad 124.
324. Para que el casado menor de edad pueda enajenar o
gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos
de extraordinario valor que sean comunes, basta, si es mayor el
otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es
menor, se necesitará, además, el de los padres o curadores de
uno y otro 125.

TÍ TUL O X I I
Del Registro del estado civil 126
325. Los actos concernientes al estado civil de las personas se
harán constar en el Registro destinado a este efecto.
326. El Registro del estado civil comprenderá las inscripciones
o anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones,
reconocimiento y legitimaciones, defunciones, naturalizaciones
y vecindad, y estará a cargo de los Jueces municipales u otros
funcionarios del orden civil en España y de los agentes consula-
res o diplomáticos en el extranjero.

124
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sustituyó el término «tutor»
por el de «curador del presente artículo».
125
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sustituyó el término «tutores»
por el de «curadores del presente artículo.
126
Los artículos 325 a 332 que componen esta sección quedarán deroga-
dos a los tres años de la publicación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil («BOE» núm. 175, de 22 de julio).

109

327. Las actas del Registro serán la prueba del estado civil, la
cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan
existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del Regis-
tro, o cuando ante los Tribunales se suscite contienda.
328. No será necesaria la presentación del recién nacido al
funcionario encargado del Registro para la inscripción del naci-
miento, bastando la declaración de la persona obligada a
hacerla. Esta declaración comprenderá todas las circunstancias
exigidas por la ley; y será firmada por su autor, o por dos testi-
gos a su ruego, si no pudiere firmar.
329. En los matrimonios canónicos será obligación de los con-
trayentes facilitar al funcionario representante del Estado que
asista a su celebración todos los datos necesarios para su ins-
cripción en el Registro Civil. Exceptuándose los relativos a las
amonestaciones, los impedimentos y su dispensa, los cuales no
se harán constar en la inscripción.
330. No tendrán efecto alguno legal las naturalizaciones
mientras no aparezcan inscritas en el Registro, cualquiera que
sea la prueba con que se acrediten y la fecha en que hubiesen
sido concedidas.
331. Los Jueces municipales y los de primera instancia, en su
caso, podrán corregir las infracciones de lo dispuesto sobre el
Registro Civil, que no constituyan delito o falta, con multa de 20
a 100 pesetas.
332. Continuará rigiendo la Ley de 17 de junio de 1870, en
cuanto no esté modificada por los artículos precedentes.

LIBRO II

De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones

De la clasificación de los bienes
Disposición preliminar
333. Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropia-
ción se consideran como bienes muebles o inmuebles.

110

CAPÍTULO primero
De los bienes inmuebles
334. Son bienes inmuebles:
1.o Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo
género adheridas al suelo.
2.o Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras
estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante
de un inmueble.
3.o Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija,
de suerte que no pueda separarse de él sin quebranta-
miento de la materia o deterioro del objeto.
4.o Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u
ornamentación, colocados en edificios o heredades por el
dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito
de unirlos de un modo permanente al fundo.
5.o Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados
por el propietario de la finca a la industria o explotación que
se realice en un edificio o heredad, y que directamente con-
curran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.
6.o Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques
de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los
haya colocado o los conserve con el propósito de mante-
nerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un
modo permanente.
7.o Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que
estén en las tierras donde hayan de utilizarse.
8.o Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia per-
manece unida al yacimiento, y las aguas vivas o estanca-
das.
9.o Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotan-
tes, estén destinados por su objeto y condiciones a per-
manecer en un punto fijo de un río, lago o costa.
10.o Las concesiones administrativas de obras públicas y las
servidumbres y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles.

111

CAPÍTULO II
De los bienes muebles
335. Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropia-
ción no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos
los que se pueden transportar de un punto a otro sin menos-
cabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.
336. Tienen también la consideración de cosas muebles las
rentas o pensiones, sean vitalicias o hereditarias, afectas a una
persona o familia, siempre que no graven con carga real una
cosa inmueble, los oficios enajenados, los contratos sobre servi-
cios públicos y las cédulas y títulos representativos de préstamos
hipotecarios.
337. Los bienes muebles son fungibles o no fungibles.
A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede
hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a
la segunda especie corresponden los demás.
CAPÍTULO III
De los bienes según las personas a que pertenecen
338. Los bienes son de dominio público o de propiedad pri-
vada.
339. Son bienes de dominio público:
1.o Los destinados al uso público, como los caminos, canales,
ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado,
las riberas, playas, radas y otros análogos.
2.o Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso
común, y están destinados a algún servicio público o al
fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortale-
zas y demás obras de defensa del territorio, y las minas,
mientras que no se otorgue su concesión.
340. Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que
no concurran las circunstancias expresadas en el arículo ante-
t
rior, tienen el carácter de propiedad privada.
341. Los bienes de dominio público, cuando dejen de estar
destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del

112

territorio, pasan a formar parte de los bienes de propiedad del
Estado.
342. Los bienes del Patrimonio Real se rigen por su ley espe-
cial; y, en lo que en ella no se halle previsto, por las disposicio-
nes generales que sobre la propiedad particular se establecen
en este Código.
343. Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen
en bienes de uso público y bienes patrimoniales.
344. Son bienes de uso público, en las provincias y los pue-
blos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles,
fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio
general, costeadas por los mismos pueblos o provincias.
Todos los demás bienes que unos y otros posean son patrimo-
niales y se regirán por las disposiciones de este Código, salvo lo
dispuesto en leyes especiales.
345. Son bienes de propiedad privada, además de los patri-
moniales del Estado, de la Provincia y del Municipio, los perte-
necientes a particulares, individual o colectivamente.
Disposiciones comunes a los tres capítulos anteriores
346. Cuando por disposición de la ley, o por declaración indi-
vidual, se use la expresión de cosas o bienes inmuebles, o de
cosas o bienes muebles, se entenderán comprendidos en ella,
respectivamente, los enumerados en el capítulo I y en el capí-
tulo II.
Cuando se use tan sólo la palabra muebles no se entenderán
comprendidos el dinero, los créditos, efectos de comercio, valo-
res, alhajas, colecciones científicas o artísticas, libros, medallas,
armas, ropas de vestir, caballerías o carruajes y sus arreos, gra-
nos, caldos y mercancías, ni otras cosas que no tengan por prin-
cipal destino amueblar o alhajar las habitaciones, salvo el caso
en que del contexto de la ley o de la disposición individual
resulte claramente lo contrario.
347. Cuando en venta, legado, donación u otra disposición en
que se haga referencia a cosas muebles o inmuebles se transmita
su posesión o propiedad con todo lo que en ellas se halle, no se
entenderán comprendidos en la transmisión el metálico, valores,
créditos y acciones cuyos documentos se hallen en la cosa trans-

113

mitida, a no ser que conste claramente la voluntad de extender la
transmisión a tales valores y derechos.

TÍ TUL O I I

De la propiedad

CAPÍTULO PRIMERO

De la propiedad en general

348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una
cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la
cosa para reivindicarla.

349. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Auto-
ridad competente y por causa justificada de utilidad pública,
previa siempre la correspondiente indemnización.

Si no procediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su
caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.

350. El propietario de un terreno es dueño de su superficie y
de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras,
plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servi-
dumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas
y Aguas y en los reglamentos de policía.

351. El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que
se hallare.

Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propie-
dad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará al
descubridor.

Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las ciencias
o las artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que
se distribuirá en conformidad a lo declarado.

352. Se entiende por tesoro, para los efectos de la ley, el
depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos
preciosos, cuya legítima pertenencia no conste.

114

CAPÍTULO II
Del derecho de accesión
Disposición general
353. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a
todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o
artificialmente.
Sección 1.ª Del derecho de accesión respecto al producto de
los bienes
354. Pertenecen al propietario:
1.o Los frutos naturales.
2.o Los frutos industriales.
3.o Los frutos civiles.
355. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la
tierra, y las crías y demás productos de los animales.
Son frutos industriales los que producen los predios de cual-
quiera especie a beneficio del cultivo o del trabajo.
Son frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio del arren-
damiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitali-
cias u otras análogas.
356. El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar
los gastos hechos por un tercero para su producción, recolec-
ción y conservación.
357. No se reputan frutos naturales, o industriales, sino los
que están manifiestos o nacidos.
Respecto a los animales, basta que estén en el vientre de su
madre, aunque no hayan nacido.
Sección 2.ª Del derecho de accesión respecto a los bienes
inmuebles
358. Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y
las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al
dueño de los mismos con sujeción a lo que se dispone en los
artículos siguientes.

115

359. Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen
hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo
contrario.

360. El propietario del suelo que hiciere en él, por sí o por
otro, plantaciones, construcciones u obras con materiales aje-
nos, debe abonar su valor; y, si hubiere obrado de mala fe,
estará, además, obligado al resarcimiento de daños y perjui-
cios. El dueño de los materiales tendrá derecho a retirarlos sólo
en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra
construida, o sin que por ello perezcan las plantaciones, cons-
trucciones u obras ejecutadas.

361. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o
plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siem-
bra o plantación, previa la indemnización establecida en los ar-
tículos 453 y 454, o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el
precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.

362. El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno
ajeno pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin derecho a
indemnización.

363. El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado
o sembrado con mala fe puede exigir la demolición de la obra
o que se arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas
a su estado primitivo a costa del que edificó, plantó o sembró.

364. Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que
edifica, siembra o planta en terreno ajeno, sino también por
parte del dueño de éste, los derechos de uno y otro serán los
mismos que tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe.

Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el
hecho se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin
oponerse.

365. Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un ter-
cero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno
deberá responder de su valor subsidiariamente y en el solo caso
de que el que los empleó no tenga bienes con que pagar. No
tendrá lugar esta disposición si el propietario usa del derecho
que le concede el artículo 363.

116

366. Pertenece a los dueños de las heredades confinantes
con las riberas de los ríos el acrecentamiento que aquéllas reci-
ben paulatinamente por efecto de la corriente de las aguas.
367. Los dueños de las heredades confinantes con estanques
o lagunas no adquieren el terreno descubierto por la disminu-
ción natural de las aguas, ni pierden el que éstas inundan en las
crecidas extraordinarias.
368. Cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega
de una heredad de su ribera una porción conocida de terreno
y la transporta a otra heredad, el dueño de la finca a que per-
tenecía la parte segregada conserva la propiedad de ésta.
369. Los árboles arrancados y transportados por la corriente
de las aguas pertenecen al propietario del terreno a donde
vayan a parar, si no los reclaman dentro de un mes los antiguos
dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar los gastos oca-
sionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro.
370. Los cauces de los ríos que quedan abandonados por
variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los due-
ños de los terrenos ribereños en toda la longitud respectiva a
cada uno. Si el cauce abandonado separaba heredades de dis-
tintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de
unas y otras.
371. Las islas que se forman en los mares adyacentes a las
costas de España y en los ríos navegables y flotables, pertene-
cen al Estado.
372. Cuando en un río navegable y flotable, variando natural-
mente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad pri-
vada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la
heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo
en seco, ya naturalmente, ya por trabajos legalmente autoriza-
dos al efecto.
373. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres supe-
riores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de
las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a los de ambas
márgenes si la isla se hallase en medio del río, dividiéndose
entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola isla así for-
mada distase de una margen más que de otra, será por com-
pleto dueño de ella el de la margen más cercana.

117

374. Cuando se divide en brazos la corriente del río, dejando
aislada una heredad o parte de ella, el dueño de la misma con-
serva su propiedad. Igualmente la conserva si queda separada
de la heredad por la corriente una porción de terreno.
Sección 3.ª Del derecho de accesión respecto a los bienes
muebles
375. Cuando dos cosas muebles, pertenecientes a distintos
dueños, se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin
que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere
la accesoria, indemnizando su valor al anterior dueño.
376. Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, aque-
lla a que se ha unido otra por adorno, o para su uso o perfec-
ción.
377. Si no puede determinarse por la regla del artículo ante-
rior cuál de las dos cosas incorporadas es la principal, se repu-
tará tal el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual valor,
el de mayor volumen.
En la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y
litografías, se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra,
el lienzo, el papel o el pergamino.
378. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detri-
mento, los dueños respectivos pueden exigir la separación.
Sin embargo, cuando la cosa unida para el uso, embellecimiento
o perfección de otra, es mucho más preciosa que la cosa princi-
pal, el dueño de aquélla puede exigir su separación, aunque
sufra algún detrimento la otra a que se incorporó.
379. Cuando el dueño de la cosa accesoria ha hecho su incor-
poración de mala fe, pierde la cosa incorporada y tiene la obli-
gación de indemnizar al propietario de la principal los perjuicios
que haya sufrido.
Si el que ha procedido de mala fe es el dueño de la cosa princi-
pal, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a optar entre
que aquél le pague su valor o que la cosa de su pertenencia se
separe, aunque para ello haya que destruir la principal; y en
ambos casos, además, habrá lugar a la indemnización de daños
y perjuicios.

118

Si cualquiera de los dueños ha hecho la incorporación a vista,
ciencia y paciencia y sin oposición del otro, se determinarán los
derechos respectivos en la forma dispuesta para el caso de
haber obrado de buena fe.

380. Siempre que el dueño de la materia empleada sin su con-
sentimiento tenga derecho a indemnización, puede exigir que
ésta consista en la entrega de una cosa igual en especie y valor,
y en todas sus circunstancias, a la empleada, o bien en el precio
de ella, según tasación pericial.

381. Si por voluntad de sus dueños se mezclan dos cosas de
igual o diferente especie, o si la mezcla se verifica por casuali-
dad, y en este último caso las cosas no son separables sin detri-
mento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la
parte que le corresponda atendido el valor de las cosas mezcla-
das o confundidas.

382. Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mez-
clan o confunden dos cosas de igual o diferente especie, los
derechos de los propietarios se determinarán por lo dispuesto
en el artículo anterior.

Si el que hizo la mezcla o confusión obró de mala fe, perderá la
cosa de su pertenencia mezclada o confundida, además de que-
dar obligado a la indemnización de los perjuicios causados al
dueño de la cosa con que hizo la mezcla.

383. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en
parte para formar una obra de nueva especie, hará suya la obra,
indemnizando el valor de la materia al dueño de ésta.

Si ésta es más preciosa que la obra en que se empleó o superior
en valor, el dueño de ella podrá, a su elección, quedarse con la
nueva especie, previa indemnización del valor de la obra, o
pedir indemnización de la materia.

Si en la formación de la nueva especie intervino mala fe, el
dueño de la materia tiene derecho de quedarse con la obra sin
pagar nada al autor, o de exigir de éste que le indemnice el valor
de la materia y los perjuicios que se le hayan seguido.

119

CAPÍTULO III
Del deslinde y amojonamiento
384. Todo propietario tiene derecho a deslindar su propie-
dad, con citación de los dueños de los predios colindantes.
La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos
reales.
385. El deslinde se hará en conformidad con los títulos de
cada propietario y, a falta de títulos suficientes, por lo que resul-
tare de la posesión en que estuvieren los colindantes.
386. Si los títulos no determinasen el límite o área pertene-
ciente a cada propietario, y la cuestión no pudiera resolverse
por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde se hará
distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes igua-
les.
387. Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio
mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el
aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente.
CAPÍTULO IV
Del derecho de cerrar las fincas rústicas
388. Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades
por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cual-
quier otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas
sobre las mismas.
CAPÍTULO V
De los edificios ruinosos y de los árboles que amenazan caerse
389. Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construc-
ción amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demo-
lición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída.
Si no lo verificare el propietario de la obra ruinosa, la Autoridad
podrá hacerla demoler a costa del mismo.
390. Cuando algún árbol corpulento amenazare caerse de
modo que pueda causar perjuicios a una finca ajena o a los tran-
seúntes por una vía pública o particular, el dueño del árbol está
obligado a arrancarlo y retirarlo; y si no lo verificare, se hará a su
costa por mandato de la Autoridad.

120

391. En los casos de los dos artículos anteriores, si el edificio
o árbol se cayere, se estará a lo dispuesto en los artículos 1907
y 1908.

TÍ TUL O I I I
De la comunidad de bienes
392. Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un
derecho pertenece pro indiviso a varias personas.
A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la
comunidad por las prescripciones de este título.
393. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios
como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas.
Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las por-
ciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.
394. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes,
siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de
manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida
a los copartícipes utilizarlas según su derecho.
395. Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los par-
tícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o
derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que
renuncie a la parte que le pertenece en el dominio.
396. Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes
de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por
tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía
pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará
inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos
comunes del edificio, que son todos los necesarios para su ade-
cuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones
y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares,
vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revesti-
mientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo
su imagen o configuración, los elementos de cierre que las con-
forman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras,
porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los
recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores,
telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso
aquellos que fueren de uso privativo; los ascensores y las insta-

121

laciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para
el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprove-
chamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, cale-
facción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos;
las de detección y prevención de incendios; las de portero elec-
trónico y otras de seguridad del edificio, así como las de ante-
nas colectivas y demás instalaciones para los servicios
audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la
entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera
otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o
destino resulten indivisibles.

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles
de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o embarga-
das juntamente con la parte determinada privativa de la que
son anejo inseparable.

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los
demás, por este solo título, no tendrán derecho de tanteo ni de
retracto.

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales
especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de
los interesados 127.

397. Ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de
los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas
pudieran resultar ventajas para todos.

398. Para la administración y mejor disfrute de la cosa común
serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes.

No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los
partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses
que constituyan el objeto de la comunidad.

Si no resultare mayoría, o el acuerdo de ésta fuere gravemente
perjudicial a los interesados en la cosa común, el Juez proveerá,
a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un
administrador.

Artículo redactado de conformidad con la disposición adicional única
127

de la Ley 8/1999, de 6 de abril.

122

Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente a un partí-
cipe o a algunos de ellos y otra fuere común, sólo a ésta será
aplicable la disposición anterior.
399. Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y
la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en
su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir
otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derechos per-
sonales. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con
relación a los condueños estará limitado a la porción que se
adjudique en la división al cesar la comunidad.
400. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en
la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier
tiempo que se divida la cosa común.
Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indi-
visa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este
plazo podrá prorrogarse por nueva convención.
401. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los
copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común,
cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se des-
tina.
Si se tratare de un edificio cuyas características lo permitan, a
solicitud de cualquiera de los comuneros, la división podrá rea-
lizarse mediante la adjudicación de pisos o locales independien-
tes, con sus elementos comunes anejos, en la forma prevista por
el artículo 396 128.
402. La división de la cosa común podrá hacerse por los inte-
resados, o por árbitros o amigables componedores, nombrados
a voluntad de los partícipes.
En el caso de verificarse por árbitros o amigables componedo-
res, deberán formar partes proporcionales al derecho de cada
uno, evitando en cuanto sea posible los suplementos a metálico.
403. Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán
concurrir a la división de la cosa común y oponerse a la que se
verifique sin su concurso. Pero no podrán impugnar la división
consumada, excepto en caso de fraude, o en el de haberse
verificado no obstante la oposición formalmente interpuesta

128

123

para impedirla, y salvo siempre los derechos del deudor o del
cedente para sostener su validez.
404. Cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los
condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos
indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.
405. La división de una cosa común no perjudicará a tercero,
el cual conservará los derechos de hipoteca, servidumbre u
otros derechos reales que le pertenecieren antes de hacer la
partición. Conservarán igualmente su fuerza, no obstante la
división, los derechos personales que pertenezcan a un tercero
contra la comunidad.
406. Serán aplicables a la división entre los partícipes en la
comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia.

TÍ TUL O I V
De algunas propiedades especiales
CAPÍTULO PRIMERO
De las aguas 129
Sección 1.ª Del dominio de las aguas
407. Son de dominio público:
1.o Los ríos y sus cauces naturales.
2.o Las aguas continuas o discontinuas de manantiales y arroyos
que corran por sus cauces naturales, y estos mismos cauces.
3.o Las aguas que nazcan continua o discontinuamente en terre-
nos del mismo dominio público.
4.o Los lagos y lagunas formados por la naturaleza en terrenos
públicos y sus álveos.

129
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en su disposición derogato-
ria establece: «1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes... Los ar-
tículos 407 a 425 del Código Civil de 24 de julio de 1889 en cuanto se
opongan a lo establecido en la presente Ley».
A su vez, el texto refundido de la citada Ley, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece en su disposición final primera
que «en lo que no esté expresamente regulado por esta Ley, se estará a lo
dispuesto por el Código Civil».

124

5.o Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas,
cuyo cauce sea también del dominio público.
6.o Las aguas subterráneas que existan en terrenos públicos.
7.o Las aguas halladas en la zona de trabajos de obras públicas,
aunque se ejecuten por concesionario.
8.o Las aguas que nazcan continua o discontinuamente en pre-
dios de particulares, del Estado, de la provincia o de los
pueblos, desde que salgan de dichos predios.
9.o Los sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos
públicos.
408. Son de dominio privado:
1.o Las aguas continuas o discontinuas que nazcan en predios
de dominio privado, mientras discurran por ellos.
2.o Los lagos y lagunas y sus álveos, formados por la naturaleza
en dichos predios.
3.o Las aguas subterráneas que se hallen en éstos.
4.o Las aguas pluviales que en los mismos caigan, mientras no
traspasen sus linderos.
5.o Los cauces de aguas corrientes, continuas o discontinuas,
formados por aguas pluviales, y los de los arroyos que atra-
viesen fincas que no sean de dominio público.
En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y las
márgenes serán considerados como parte integrante de la here-
dad o edificio a que vayan destinadas las aguas. Los dueños de
los predios, por los cuales o por cuyos linderos pase el acue-
ducto, no podrán alegar dominio sobre él, ni derecho al aprove-
chamiento de su cauce o márgenes, a no fundarse en títulos de
propiedad expresivos del derecho o dominio que reclamen.
Sección 2.ª Del aprovechamiento de las aguas públicas
409. El aprovechamiento de las aguas públicas se adquiere:
1.o Por concesión administrativa.
2.o Por prescripción de veinte años.
Los límites de los derechos y obligaciones de estos aprovecha-
mientos serán los que resulten, en el primer caso, de los térmi-

125

nos de la concesión y, en el segundo, del modo y forma en que
se haya usado de las aguas.
410. Toda concesión de aprovechamiento de aguas se
entiende sin perjuicio de tercero.
411. El derecho al aprovechamiento de aguas públicas se
extingue por la caducidad de la concesión y por el no uso
durante veinte años.
Sección 3.ª Del aprovechamiento de las aguas de dominio
privado
412. El dueño de un predio en que nace un manantial o
arroyo, continuo o discontinuo, puede aprovechar sus aguas
mientras discurran por él; pero las sobrantes entran en la condi-
ción de públicas, y su aprovechamiento se rige por la Ley espe-
cial de Aguas.
413. El dominio privado de los álveos de aguas pluviales no
autoriza para hacer labores u obras que varíen su curso en per-
juicio de tercero, ni tampoco aquellas cuya destrucción, por la
fuerza de las avenidas, pueda causarlo.
414. Nadie puede penetrar en propiedad privada para buscar
aguas o usar de ellas sin licencia de los propietarios.
415. El dominio del dueño de un predio sobre las aguas que
nacen en él no perjudica los derechos que legítimamente hayan
podido adquirir a su aprovechamiento los de los predios inferio-
res.
416. Todo dueño de un predio tiene la facultad de construir
dentro de su propiedad depósitos para conservar las aguas plu-
viales, con tal que no cause perjuicio al público ni a tercero.
Sección 4.ª De las aguas subterráneas
417. Sólo el propietario de un predio u otra persona con su
licencia puede investigar en él aguas subterráneas.
La investigación de aguas subterráneas en terrenos de dominio
público sólo puede hacerse con licencia administrativa.
418. Las aguas alumbradas conforme a la Ley Especial de
Aguas pertenecen al que las alumbró.

126

419. Si el dueño de aguas alumbradas las dejare abandonadas
a su curso natural, serán de dominio público.
Sección 5.ª Disposiciones generales
420. El dueño de un predio en que existan obras defensivas
para contener el agua, o que por la variación de su curso sea
necesario construirlas de nuevo, está obligado, a su elección, a
hacer los reparos o construcciones necesarias o a tolerar que,
sin perjuicio suyo, las hagan los dueños de los predios que
experimenten o estén manifiestamente expuestos a experimen-
tar daños.
421. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso
en que sea necesario desembarazar algún predio de las mate-
rias cuya acumulación o caída impida el curso de las aguas con
daño o peligro de tercero.
422. Todos los propietarios que participen del beneficio
proveniente de las obras de que tratan los dos artículos ante-
riores están obligados a contribuir a los gastos de su ejecu-
ción en proporción a su interés. Los que por su culpa hubiesen
ocasionado el daño serán responsables de los gastos.
423. La propiedad y uso de las aguas pertenecientes a cor-
poraciones o particulares están sujetas a la Ley de Expropiación
por causa de utilidad pública.
424. Las disposiciones de este título no perjudican los dere-
chos adquiridos con anterioridad, ni tampoco al dominio pri-
vado que tienen los propietarios de aguas, de acequias, fuentes
o manantiales, en virtud del cual las aprovechan, venden o per-
mutan como propiedad particular.
425. En todo lo que no esté expresamente prevenido por las
disposiciones de este capítulo se estará a lo mandado por la Ley
Especial de Aguas.
CAPÍTULO II
De los minerales
426. Todo español o extranjero podrá hacer libremente en
terreno de dominio público calicatas o excavaciones que no
excedan de 10 metros de extensión en longitud o profundidad
con objeto de descubrir minerales, pero deberá dar aviso pre-
viamente a la Autoridad local. En terrenos de propiedad privada

127

no se podrán abrir calicatas sin que preceda permiso del dueño
o del que le represente.
427. Los límites del derecho mencionado en el artículo ante-
rior, las formalidades previas y condiciones para su ejercicio, la
designación de las materias que deben considerarse como
minerales, y la determinación de los derechos que corresponden
al dueño del suelo y a los descubridores de los minerales en el
caso de concesión, se regirán por la Ley Especial de Minería.
CAPÍTULO III
De la propiedad intelectual
428. El autor de una obra literaria, científica o artística, tiene
el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad.
429. La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las perso-
nas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y
el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por
dicha ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas
en este Código sobre la propiedad.

TÍ TUL O V
De la posesión
CAPÍTULO PRIMERO
De la posesión y sus especies
430. Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute
de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma
tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa o
derecho como suyos.
431. La posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por
la misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su
nombre.
432. La posesión en los bienes y derechos puede tenerse en
uno de dos conceptos: o en el de dueño, o en el de tenedor de
la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, pertene-
ciendo el dominio a otra persona.
433. Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su
título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide.

128

Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contra-
rio.
434. La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala
fe de un poseedor corresponde la prueba.
435. La posesión adquirida de buena fe no pierde este carác-
ter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que
acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebi-
damente.
436. Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el
mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo
contrario.
437. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos
que sean susceptibles de apropiación.
CAPÍTULO II
De la adquisición de la posesión
438. La posesión se adquiere por la ocupación material de la
cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar éstos sujetos
a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y forma-
lidades legales establecidas para adquirir tal derecho.
439. Puede adquirirse la posesión por la misma persona que
va a disfrutarla, por su representante legal, por su mandatario y
por un tercero sin mandato alguno; pero en este último caso no
se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona en cuyo
nombre se haya verificado el acto posesorio lo ratifique.
440. La posesión de los bienes hereditarios se entiende trans-
mitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la
muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la heren-
cia.
El que válidamente repudia una herencia se entiende que no la
ha poseído en ningún momento.
441. En ningún caso puede adquirirse violentamente la pose-
sión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que
se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia
de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá
solicitar el auxilio de la Autoridad competente.

129

442. El que suceda por título hereditario no sufrirá las con-
secuencias de una posesión viciosa de su causante, si no se
demuestra que tenía conocimiento de los vicios que la afec-
taban; pero los efectos de la posesión de buena fe no le
aprovecharán sino desde la fecha de la muerte del causante.
443. Los menores y los incapacitados pueden adquirir la
posesión de las cosas; pero necesitan de la asistencia de sus
representantes legítimos para usar de los derechos que de la
posesión nazcan a su favor.
444. Los actos meramente tolerados, y los ejecutados clan-
destinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o
con violencia, no afectan a la posesión.
445. La posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos
personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión. Si sur-
giere contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido el
poseedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo; si
las fechas de las posesiones fueren las mismas, el que presente
título; y, si todas estas condiciones fuesen iguales, se constituirá
en depósito o guarda judicial la cosa, mientras se decide sobre su
posesión o propiedad por los trámites correspondientes.
CAPÍTULO III
De los efectos de la posesión
446. Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su
posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o
restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de
procedimiento establecen.
447. Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en con-
cepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio.
448. El poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la
presunción legal de que posee con justo título, y no se le puede
obligar a exhibirlo.
449. La posesión de una cosa raíz supone la de los muebles y
objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste o se
acredite que deben ser excluidos.
450. Cada uno de los partícipes de una cosa que se posea en
común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte
que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la

130

indivisión. La interrupción en la posesión del todo o de parte de
una cosa poseída en común perjudicará por igual a todos.
451. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos
mientras no sea interrumpida legalmente la posesión.
Se entienden percibidos los frutos naturales e industriales desde
que se alzan o separan.
Los frutos civiles se consideran producidos por días, y pertene-
cen al poseedor de la buena fe en esa proporción.
452. Si al tiempo en que cesare la buena fe se hallaren pen-
dientes algunos frutos naturales o industriales, tendrá el posee-
dor derecho a los gastos que hubiere hecho para su producción,
y además a la parte del producto líquido de la cosecha propor-
cional al tiempo de su posesión.
Las cargas se prorratearán del mismo modo entre los dos posee
dores.
El propietario de la cosa puede, si quiere, conceder al poseedor
de buena fe la facultad de concluir el cultivo y la recolección de
los frutos pendientes, como indemnización de la parte de gastos
de cultivo y del producto líquido que le pertenece; el poseedor
de buena fe que por cualquier motivo no quiera aceptar esta
concesión, perderá el derecho a ser indemnizado de otro modo.
453. Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero
sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se le satis-
fagan.
Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo
derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido
en su posesión por satisfacer el importe de los gastos o por abo-
nar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.
454. Los gastos de puro lujo o mero recreo no son abonables
al poseedor de buena fe; pero podrá llevarse los adornos con
que hubiese embellecido la cosa principal si no sufriere dete-
rioro, y si el sucesor en la posesión no prefiere abonar el importe
de lo gastado.
455. El poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y
los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir, y sólo
tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios
hechos para la conservación de la cosa. Los gastos hechos en

131

mejoras de lujo y recreo no se abonarán al poseedor de mala fe;
pero podrá éste llevarse los objetos en que esos gastos se hayan
invertido, siempre que la cosa no sufra deterioro y el poseedor
legítimo no prefiera quedarse con ellos abonando el valor que
tengan en el momento de entrar en la posesión.
456. Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo
ceden siempre en beneficio del que haya vencido en la pose-
sión.
457. El poseedor de buena fe no responde del deterioro o
pérdida de la cosa poseída, fuera de los casos en que se justifi-
que haber procedido con dolo. El poseedor de mala fe res-
ponde del deterioro o pérdida en todo caso, y aun de los
ocasionados por fuerza mayor cuando maliciosamente haya
retrasado la entrega de la cosa a su poseedor legítimo.
458. El que obtenga la posesión no está obligado a abonar
mejoras que hayan dejado de existir al adquirir la cosa.
459. El poseedor actual que demuestre su posesión en época
anterior, se presume que ha poseído durante el tiempo interme-
dio, mientras no se pruebe lo contrario.
460. El poseedor puede perder su posesión:
1.º Por abandono de la cosa.
2.º Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito.
3.º Por destrucción o pérdida total de la cosa, o por quedar
ésta fuera del comercio.
4.º Por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo
poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año.
461. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida
mientras se halle bajo el poder del poseedor, aunque éste
ignore accidentalmente su paradero.
462. La posesión de las cosas inmuebles y de los derechos
reales no se entiende perdida, ni transmitida para los efectos de
la prescripción en perjuicio de tercero, sino con sujeción a lo
dispuesto en la Ley Hipotecaria.
463. Los actos relativos a la posesión, ejecutados o consenti-
dos por el que posee una cosa ajena como mero tenedor para
disfrutarla o retenerla en cualquier concepto, no obligan ni per-

132

judican al dueño, a no ser que éste hubiese otorgado a aquél
facultades expresas para ejecutarlos o los ratificare con poste-
rioridad.
464. La posesión de los bienes muebles, adquirida de buena
fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una
cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente podrá
reivindicarla de quien la posea.
Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese
adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario
obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.
Tampoco podrá el dueño de cosas empeñadas en los Montes de
Piedad establecidos con autorización del Gobierno obtener la
restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empe-
ñado, sin reintegrar antes al Establecimiento la cantidad del
empeño y los intereses vencidos.
En cuanto a las adquiridas en Bolsa, feria o mercado, o de
comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente
al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el
Código de Comercio.
465. Los animales fieros sólo se poseen mientras se hallan en
nuestro poder; los domesticados o amansados se asimilan a los
mansos o domésticos si conservan la costumbre de volver a la
casa del poseedor.
466. El que recupera, conforme a derecho, la posesión inde-
bidamente perdida, se entiende para todos los efectos que pue-
dan redundar en su beneficio que la ha disfrutado sin
interrupción.

TÍ TUL O VI
Del usufructo, del uso y de la habitación
CAPÍTULO PRIMERO
Del usufructo
Sección 1.ª Del usufructo en general
467. El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con
la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el
título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.

133

468. El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad de
los particulares manifestada en actos entre vivos o en última
voluntad, y por prescripción.
469. Podrá constituirse el usufructo en todo o en parte de los
frutos de la cosa, a favor de una o varias personas, simultánea o
sucesivamente, y en todo caso desde o hasta cierto día, pura-
mente o bajo condición. También puede constituirse sobre un
derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible.
470. Los derechos y las obligaciones del usufructuario serán
los que determine el título constitutivo del usufructo; en su
defecto, o por insuficiencia de éste, se observarán las disposi-
ciones contenidas en las dos secciones siguientes.
Sección 2.ª De los derechos del usufructuario
471. El usufructuario tendrá derecho a percibir todos los fru-
tos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados.
Respecto de los tesoros que se hallaren en la finca será conside-
rado como extraño.
472. Los frutos naturales o industriales, pendientes al tiempo
de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario.
Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertene-
cen al propietario.
En los precedentes casos, el usufructuario, al comenzar el usu-
fructo, no tiene obligación de abonar al propietario ninguno de
los gastos hechos; pero el propietario está obligado a abonar
al fin del usufructo, con el producto de los frutos pendientes,
los gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes,
hechos por el usufructuario.
Lo dispuesto en este artículo no perjudica los derechos de ter-
cero, adquiridos al comenzar o terminar el usufructo.
473. Si el usufructuario hubiere arrendado las tierras o here-
dades dadas en usufructo y acabare éste antes de terminar el
arriendo, sólo percibirán él o sus herederos y sucesores la parte
proporcional de la renta que debiere pagar el arrendatario.
474. Los frutos civiles se entienden percibidos día por día, y
pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que dure el
usufructo.

134

475. Si el usufructo se constituye sobre el derecho a percibir
una renta o una pensión periódica, bien consista en metálico,
bien en frutos, o los intereses de obligaciones o títulos al porta-
dor, se considerará cada vencimiento como productos o frutos
de aquel derecho.
Si consistiere en el goce de los beneficios que diese una partici-
pación en una explotación industrial o mercantil cuyo reparto no
tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma considera-
ción.
En uno y otro caso se repartirán como frutos civiles, y se aplica-
rán en la forma que previene el artículo anterior.
476. No corresponden al usufructuario de un predio en que
existen minas los productos de las denunciadas, concedidas o
que se hallen en laboreo al principiar el usufructo, a no ser que
expresamente se le concedan en el título constitutivo de éste, o
que sea universal.
Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras, cal y yeso
de las canteras para reparaciones u obras que estuviere obli-
gado a hacer o que fueren necesarias.
477. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, en el
usufructo legal podrá el usufructuario explotar las minas denun-
ciadas, concedidas o en laboreo, existentes en el predio,
haciendo suya la mitad de las utilidades que resulten después
de rebajar los gastos, que satisfará por mitad con el propietario.
478. La calidad de usufructuario no priva al que la tiene del
derecho que a todos concede la Ley de Minas para denunciar y
obtener la concesión de las que existan en los predios usufruc-
tuados, en la forma y condiciones que la misma ley establece.
479. El usufructuario tendrá el derecho de disfrutar del
aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, de las
servidumbres que tenga a su favor, y en general de todos los
beneficios inherentes a la misma.
480. Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa
usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usu-
fructo, aunque sea a título gratuito, pero todos los contratos
que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usu-
fructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se
considerará subsistente durante el año agrícola.

135

481. Si el usufructo comprendiera cosas que sin consumirse se
deteriorasen poco a poco por el uso, el usufructuario tendrá
derecho a servirse de ellas, empleándolas según su destino, y no
estará obligado a restituirlas al concluir el usufructo sino en el
estado en que se encuentren; pero con la obligación de indem-
nizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido por su
dolo o negligencia.
482. Si el usufructo comprendiera cosas que no se puedan
usar sin consumirlas, el usufructuario tendrá derecho a servirse
de ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo al
terminar el usufructo si se hubiesen dado estimadas. Cuando no
se hubiesen estimado, tendrá el derecho de restituirlas en igual
cantidad y calidad, o pagar su precio corriente al tiempo de
cesar el usufructo.
483. El usufructuario de viñas, olivares u otros árboles o arbus-
tos podrá aprovecharse de los pies muertos, y aun de los tron-
chados o arrancados por accidente, con la obligación de
reemplazarlos por otros.
484. Si a consecuencia de un siniestro o caso extraordinario,
las viñas, olivares u otros árboles o arbustos hubieran desapare-
cido en número tan considerable que no fuese posible o resul-
tase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá
dejar los pies muertos, caídos o tronchados a disposición del
propietario, y exigir de éste que los retire y deje el suelo expe-
dito.
485. El usufructuario de un monte disfrutará todos los aprove-
chamientos que pueda éste producir según su naturaleza.
Siendo el monte tallar o de maderas de construcción, podrá el
usufructuario hacer en él las talas o las cortas ordinarias que
solía hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose en
el modo, porción y épocas, a la costumbre del lugar.
En todo caso hará las talas o las cortas de modo que no perju-
diquen a la conservación de la finca.
En los viveros de árboles podrá el usufructuario hacer la entre-
saca necesaria para que los que queden puedan desarrollarse
convenientemente.
Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el usufructua-
rio no podrá cortar árboles por el pie como no sea para reponer

136

o mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este caso hará
saber previamente al propietario la necesidad de la obra.
486. El usufructuario de una acción para reclamar un predio o
derecho real, o un bien mueble, tiene derecho a ejercitarla y
obligar al propietario de la acción a que le ceda para este fin su
representación y le facilite los elementos de prueba de que dis-
ponga. Si por consecuencia del ejercicio de la acción adquiriese
la cosa reclamada, el usufructo se limitará a sólo los frutos, que-
dando el dominio para el propietario.
487. El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del
usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conve-
niente, con tal que no altere su forma o su sustancia; pero no
tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, no obstante,
retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de
los bienes.
488. El usufructuario podrá compensar los desperfectos de
los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho.
489. El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo
podrá enajenarlos, pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer
en ellos nada que perjudique al usufructuario.
490. El usufructuario de parte de una cosa poseída en común
ejercerá todos los derechos que correspondan al propietario de
ella referentes a la administración y a la percepción de frutos o
intereses. Si cesare la comunidad por dividirse la cosa poseída
en común, corresponderá al usufructuario el usufructo de la
parte que se adjudicare al propietario o condueño.
Sección 3.ª De las obligaciones del usufructuario
491. El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes,
está obligado:
1.o A formar, con citación del propietario o de su legítimo
representante, inventario de todos ellos, haciendo tasar los
muebles y describiendo el estado de los inmuebles.
2.o A prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligacio-
nes que le correspondan con arreglo a esta sección.
492. La disposición contenida en el número segundo del pre-
cedente artículo no es aplicable al vendedor o donante que se
hubiere reservado el usufructo de los bienes vendidos o dona-

137

dos, ni a los padres usufructuarios de los bienes de los hijos, ni
al cónyuge sobreviviente respecto de la cuota legal usufructua-
ria si no contrajeren los padres o el cónyuge ulterior matrimo-
nio 130.
493. El usufructuario, cualquiera que sea el título del usu-
fructo, podrá ser dispensado de la obligación de hacer inventa-
rio o de prestar fianza, cuando de ello no resultare perjuicio a
nadie.
494. No prestando el usufructuario la fianza en los casos en
que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se
pongan en administración, que los muebles se vendan, que los
efectos públicos, títulos de crédito nominativos o al portador se
conviertan en inscripciones o se depositen en un banco o esta-
blecimiento público, y que los capitales o sumas en metálico y
el precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan
en valores seguros.
El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públi-
cos y valores, y los productos de los bienes puestos en adminis-
tración, pertenecen al usufructuario.
También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufruc-
tuario no preste fianza o quede dispensado de ella, retener en
su poder los bienes del usufructo, en calidad de administrador,
y con la obligación de entregar al usufructuario su producto
líquido, deducida la suma que por dicha administración se con-
venga o judicialmente se le señale.
495. Si el usufructuario que no haya prestado fianza recla-
mare, bajo caución juratoria, la entrega de los muebles necesa-
rios para su uso, y que se le asigne habitación para él y su
familia en una casa comprendida en el usufructo, podrá el Juez
acceder a esta petición, consultadas las circunstancias del caso.
Lo mismo se entenderá respecto de los instrumentos, herra-
mientas y demás bienes muebles necesarios para la industria a
que se dedique.
Si no quisiere el propietario que se vendan algunos muebles
por su mérito artístico o porque tengan un precio de afección,
podrá exigir que se le entreguen, afianzando el abono del inte-
rés legal del valor en tasación.

130

138

496. Prestada la fianza por el usufructuario, tendrá derecho a
todos los productos desde el día en que, conforme al título
constitutivo del usufructo, debió comenzar a percibirlos.
497. El usufructuario deberá cuidar las cosas dadas en usu-
fructo como un buen padre de familia.
498. El usufructuario que enajenare o diere en arrendamiento
su derecho de usufructo será responsable del menoscabo que
sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la per-
sona que le sustituya.
499. Si el usufructo se constituyere sobre un rebaño o piara
de ganados, el usufructuario estará obligado a reemplazar con
las crías las cabezas que mueran anual y ordinariamente, o falten
por la rapacidad de animales dañinos.
Si el ganado en que se constituyere el usufructo pereciere del
todo, sin culpa del usufructuario, por efecto de un contagio u
otro acontecimiento no común, el usufructuario cumplirá con
entregar al dueño los despojos que se hubiesen salvado de esta
desgracia.
Si el rebaño pereciere en parte, también por un accidente, y sin
culpa del usufructuario, continuará el usufructo en la parte que
se conserve.
Si el usufructo fuere de ganado estéril, se considerará, en cuanto
a sus efectos, como si se hubiese constituido sobre cosa fungi-
ble.
500. El usufructuario está obligado a hacer las reparaciones
ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo.
Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o des-
perfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indis-
pensables para su conservación. Si no las hiciere después de
requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por sí mismo
a costa del usufructuario.
501. Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del pro-
pietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando
fuere urgente la necesidad de hacerlas.
502. Si el propietario hiciere las reparaciones extraordinarias,
tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la
cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo.

139

Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsisten-
cia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá
derecho a exigir del propietario, al concluir el usufructo, el
aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas
obras.
Si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el
usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con
sus productos.
503. El propietario podrá hacer las obras y mejoras de que
sea susceptible la finca usufructuada, o nuevas plantaciones en
ella si fuere rústica, siempre que por tales actos no resulte dis-
minuido el valor del usufructo, ni se perjudique el derecho del
usufructuario.
504. El pago de las cargas y contribuciones anuales y el de las
que se consideran gravámenes de los frutos será de cuenta del
usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure.
505. Las contribuciones que durante el usufructo se impongan
directamente sobre el capital serán de cargo del propietario.
Si éste las hubiese satisfecho, deberá el usufructuario abonarle
los intereses correspondientes a las sumas que en dicho con-
cepto hubiese pagado y, si las anticipare el usufructuario, deberá
recibir su importe al fin del usufructo.
506. Si se constituyere el usufructo sobre la totalidad de un
patrimonio, y al constituirse tuviere deudas el propietario, se
aplicará, tanto para la subsistencia del usufructo como para la
obligación del usufructuario a satisfacerlas, lo establecido en los
artículos 642 y 643 respecto de las donaciones.
Esta misma disposición es aplicable al caso en que el propietario
viniese obligado, al constituirse el usufructo, al pago de prestacio-
nes periódicas, aunque no tuvieran capital conocido.
507. El usufructuario podrá reclamar por sí los créditos venci-
dos que formen parte del usufructo si tuviese dada o diere la
fianza correspondiente. Si estuviese dispensado de prestar
fianza o no hubiere podido constituirla, o la constituida no fuese
suficiente, necesitará autorización del propietario, o del Juez en
su defecto, para cobrar dichos créditos.
El usufructuario con fianza podrá dar al capital que realice el
destino que estime conveniente. El usufructuario sin fianza

140

deberá poner a interés dicho capital de acuerdo con el propie-
tario; a falta de acuerdo entre ambos, con autorización judicial;
y, en todo caso, con las garantías suficientes para mantener la
integridad del capital usufructuado.
508. El usufructuario universal deberá pagar por entero el
legado de renta vitalicia o pensión de alimentos.
El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pagará
en proporción a su cuota.
En ninguno de los dos casos quedará obligado el propietario al
reembolso.
El usufructuario de una o más cosas particulares sólo pagará el
legado cuando la renta o pensión estuviese constituida determi-
nadamente sobre ellas.
509. El usufructuario de una finca hipotecada no estará obli-
gado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la
hipoteca.
Si la finca se embargare o vendiere judicialmente para el pago
de la deuda, el propietario responderá al usufructuario de lo que
pierda por este motivo.
510. Si el usufructo fuere de la totalidad o de parte alícuota
de una herencia, el usufructuario podrá anticipar las sumas que
para el pago de las deudas hereditarias correspondan a los bie-
nes usufructuados, y tendrá derecho a exigir del propietario su
restitución, sin interés, al extinguirse el usufructo.
Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, podrá el
propietario pedir que se venda la parte de los bienes usufruc-
tuados que sea necesaria para pagar dichas sumas, o satisfacer-
las de su dinero, con derecho, en este último caso, a exigir del
usufructuario los intereses correspondientes.
511. El usufructuario estará obligado a poner en conocimiento
del propietario cualquier acto de un tercero, de que tenga noti-
cia, que sea capaz de lesionar los derechos de propiedad, y
responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios, como si
hubieran sido ocasionados por su culpa.
512. Serán de cuenta del usufructuario los gastos, costas y
condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo.

141

Sección 4.ª De los modos de extinguirse el usufructo
513. El usufructo se extingue:
1.o Por muerte del usufructuario.
2.o Por expirar el plazo por el que se constituyó, o cumplirse la
condición resolutoria consignada en el título constitutivo.
3.o Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma
persona.
4.o Por la renuncia del usufructuario.
5.o Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.
6.o Por la resolución del derecho del constituyente.
7.o Por prescripción.
514. Si la cosa dada en usufructo se perdiera sólo en parte,
continuará este derecho en la parte restante.
515. No podrá constituirse el usufructo a favor de un pueblo
o corporación o sociedad por más de treinta años. Si se hubiese
constituido, y antes de este tiempo el pueblo quedara yermo, o
la corporación o la sociedad se disolviera, se extinguirá por este
hecho el usufructo.
516. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un ter-
cero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años prefi-
jado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho usufructo
hubiese sido expresamente concedido sólo en atención a la
existencia de dicha persona.
517. Si el usufructo estuviera constituido sobre una finca de la
que forme parte un edificio, y éste llegare a perecer, de cual-
quier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar
del suelo y de los materiales.
Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera constituido
solamente sobre un edificio y éste pereciere. Pero en tal caso, si
el propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a
ocupar el suelo y a servirse de los materiales, quedando obli-
gado a pagar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los
intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo y de
los materiales.

142

518. Si el usufructuario concurriere con el propietario al
seguro de un predio dado en usufructo, continuará aquél, en
caso de siniestro, en el goce del nuevo edificio si se construyere,
o percibirá los intereses del precio del seguro si la reedificación
no conviniere al propietario.

Si el propietario se hubiera negado a contribuir al seguro del
predio, constituyéndolo por sí solo el usufructuario, adquirirá
éste el derecho de recibir por entero en caso de siniestro el
precio del seguro, pero con obligación de invertirlo en la reedi-
ficación de la finca.

Si el usufructuario se hubiese negado a contribuir al seguro,
constituyéndolo por sí solo el propietario, percibirá éste íntegro
el precio del seguro en caso de siniestro, salvo siempre el dere-
cho concedido al usufructuario en el artículo anterior.

519. Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de
utilidad pública, el propietario estará obligado, o bien a subro-
garla con otra de igual valor y análogas condiciones, o bien a
abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indem-
nización por todo el tiempo que deba durar el usufructo. Si el
propietario optare por lo último, deberá afianzar el pago de los
réditos.

520. El usufructo no se extingue por el mal uso de la cosa
usufructuada; pero si el abuso infiriese considerable perjuicio al
propietario, podrá éste pedir que se le entregue la cosa, obli-
gándose a pagar anualmente al usufructuario el producto líquido
de la misma, después de deducir los gastos y el premio que se
le asignare por su administración.

521. El usufructo constituido en provecho de varias personas
vivas al tiempo de su constitución, no se extinguirá hasta la
muerte de la última que sobreviviere.

522. Terminado el usufructo, se entregará al propietario la
cosa usufructuada, salvo el derecho de retención que compete
al usufructuario o a sus herederos por los desembolsos de que
deban ser reintegrados. Verificada la entrega, se cancelará la
fianza o hipoteca.

143

CAPÍTULO II

Del uso y de la habitación

523. Las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene
derecho de habitación se regularán por el título constitutivo de
estos derechos; y, en su defecto, por las disposiciones siguien-
tes.

524. El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena
los que basten a las necesidades del usuario y de su familia,
aunque ésta se aumente.

La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocu-
par en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las
personas de su familia.

525. Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar
ni traspasar a otro por ninguna clase de título.

526. El que tuviere el uso de un rebaño o piara de ganado
podrá aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste
para su consumo y el de su familia, así como también del estiér-
col necesario para el abono de las tierras que cultive.

527. Si el usuario consumiera todos los frutos de la cosa ajena,
o el que tuviere derecho de habitación ocupara toda la casa,
estará obligado a los gastos de cultivo, a los reparos ordinarios
de conservación y al pago de las contribuciones, del mismo
modo que el usufructuario.

Si sólo percibiera parte de los frutos o habitara parte de la casa,
no deberá contribuir con nada, siempre que quede al propieta-
rio una parte de frutos o aprovechamientos bastantes para
cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren bastantes, suplirá
aquél lo que falte.

528. Las disposiciones establecidas para el usufructo son apli-
cables a los derechos de uso y habitación, en cuanto no se
opongan a lo ordenado en el presente capítulo.

529. Los derechos de uso y habitación se extinguen por las
mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la
cosa y de la habitación.

144

TÍ TUL O VI I
De las servidumbres
CAPÍTULO PRIMERO
De las servidumbres en general
Sección 1.ª De las diferentes clases de servidumbres
que pueden establecerse sobre las fincas
530. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un
inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.
El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se
llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.
531. También pueden establecerse servidumbres en provecho
de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no per-
tenezca la finca gravada.
532. Las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas,
aparentes o no aparentes.
Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la
intervención de ningún hecho del hombre.
Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos lar-
gos y dependen de actos del hombre.
Aparentes, las que se anuncian y están continuamente a la vista
por signos exteriores, que revelan el uso y aprovechamiento de
las mismas.
No aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de
su existencia.
533. Las servidumbres son además positivas o negativas.
Se llama positiva a la servidumbre que impone al dueño del
predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de
hacerla por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del
predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.
534. Las servidumbres son inseparables de la finca a la que
activa o pasivamente pertenecen.
535. Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se
divide entre dos o más, la servidumbre no se modifica y cada
uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.

145

Si es el predio dominante el que se divide entre dos o más, cada
porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no alte-
rando el lugar de su uso, ni agravándola de otra manera.
536. Las servidumbres se establecen por la ley o por la volun-
tad de los propietarios. Aquéllas se llaman legales y éstas volun-
tarias.
Sección 2.ª De los modos de adquirir las servidumbres
537. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren en
virtud de título o por prescripción de veinte años.
538. Para adquirir por prescripción las servidumbres a que se
refiere el artículo anterior, el tiempo de la posesión se contará:
en las positivas, desde el día en que el dueño del predio domi-
nante, o el que haya aprovechado la servidumbre, hubiera
empezado a ejercerla sobre el predio sirviente; y en las negati-
vas, desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera
prohibido, por un acto formal, al del sirviente la ejecución del
hecho que sería lícito sin la servidumbre.
539. Las servidumbres continuas no aparentes y las disconti-
nuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de
título.
540. La falta de título constitutivo de las servidumbres que no
pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede suplir
por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sir-
viente, o por una sentencia firme.
541. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre
dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se conside-
rará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre
continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de sepa-
rarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en
el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga des-
aparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.
542. Al establecerse una servidumbre se entienden concedi-
dos todos los derechos necesarios para su uso.
Sección 3.ª Derechos y obligaciones de los propietarios
de los predios dominante y sirviente
543. El dueño del predio dominante podrá hacer, a su costa,
en el predio sirviente las obras necesarias para el uso y conser-

146

vación de la servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla más gra-
vosa.
Deberá elegir para ello el tiempo y la forma convenientes a fin
de ocasionar la menor incomodidad posible al dueño del predio
sirviente.
544. Si fuesen varios los predios dominantes, los dueños de
todos ellos estarán obligados a contribuir a los gastos de que
trata el artículo anterior, en proporción al beneficio que a cada
cual reporte la obra. El que no quiera contribuir podrá eximirse
renunciando a la servidumbre en provecho de los demás.
Si el dueño del predio sirviente se utilizare en algún modo de la
servidumbre, estará obligado a contribuir a los gastos en la pro-
porción antes expresada, salvo pacto en contrario.
545. El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de
modo alguno el uso de la servidumbre constituida.
Sin embargo, si por razón del lugar asignado primitivamente, o
de la forma establecida para el uso de la servidumbre, llegara
ésta a ser muy incómoda al dueño del predio sirviente, o le
privase de hacer en él obras, reparos o mejoras importantes,
podrá variarse a su costa, siempre que ofrezca otro lugar o
forma igualmente cómodos, y de suerte que no resulte perjui-
cio alguno al dueño del predio dominante o a los que tengan
derecho al uso de la servidumbre.
Sección 4.ª De los modos de extinguirse las servidumbres
546. Las servidumbres se extinguen:
1. Por reunirse en una misma persona la propiedad del predio
dominante y la del sirviente.
2. Por el no uso durante veinte años.
Este término principiará a contarse desde el día en que
hubiera dejado de usarse la servidumbre respecto a las dis-
continuas; y desde el día en que haya tenido lugar un acto
contrario a la servidumbre respecto a las continuas.
3. Cuando los predios vengan a tal estado que no pueda
usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá si después el
estado de los predios permitiera usar de ella, a no ser que
cuando sea posible el uso, haya transcurrido el tiempo sufi-
ciente para la prescripción, conforme a lo dispuesto en el
número anterior.

147

4. Por llegar el día o realizarse la condición, si la servidumbre
fuera temporal o condicional.
5. Por la renuncia del dueño del predio dominante.
6. Por la redención convenida entre el dueño del predio domi-
nante y el del sirviente.
547. La forma de prestar la servidumbre puede prescribirse
como la servidumbre misma, y de la misma manera.
548. Si el predio dominante perteneciera a varios en común,
el uso de la servidumbre hecho por uno impide la prescripción
respecto de los demás.
CAPÍTULO II
De las servidumbres legales
549. Las servidumbres impuestas por la ley tienen por objeto
la utilidad pública o el interés de los particulares.
550. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas
para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y regla-
mentos especiales que las determinan y, en su defecto, por las
disposiciones del presente título.
551. Las servidumbres que impone la ley en interés de los
particulares, o por causa de utilidad privada, se regirán por las
disposiciones del presente título, sin perjuicio de lo que dispon-
gan las leyes, reglamentos y ordenanzas generales o locales
sobre policía urbana o rural.
Estas servidumbres podrán ser modificadas por convenio de los
interesados cuando no lo prohíba la ley ni resulte perjuicio a
tercero.
Sección 2.a De las servidumbres en materia de aguas
552. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas
que, naturalmente y sin obra del hombre, descienden de los
predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en
su curso.
Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan
esta servidumbre, ni el del superior obras que la raven.
g

148

553. Las riberas de los ríos, aun cuando sean de dominio pri-
vado, están sujetas en toda su extensión y sus márgenes, en una
zona de tres metros, a la servidumbre de uso público en interés
general de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento.
Los predios contiguos a las riberas de los ríos navegables o flo-
tables están además sujetos a la servidumbre de camino de sirga
para el servicio exclusivo de la navegación y flotación fluvial.
Si fuere necesario ocupar para ello terrenos de propiedad parti-
cular, procederá la correspondiente indemnización.
554. Cuando para la derivación o toma de aguas de un río o
arroyo, o para el aprovechamiento de otras corrientes continuas
o discontinuas, fuere necesario establecer una presa, y el que
haya de hacerlo no sea dueño de las riberas o terrenos en que
necesite apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo
de presa, previa la indemnización correspondiente.
555. Las servidumbres forzosas de saca de agua y de abreva-
dero solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública
en favor de alguna población o caserío, previa la correspon-
diente indemnización.
556. Las servidumbres de saca de agua y de abrevadero llevan
consigo la obligación en los predios sirvientes de dar paso a
personas y ganados hasta el punto donde hayan de utilizarse
aquéllas, debiendo ser extensiva a este servicio la indemniza-
ción.
557. Todo el que quiera servirse del agua de que puede dis-
poner para una finca suya, tiene derecho a hacerla pasar por los
predios intermedios, con obligación de indemnizar a sus due-
ños, como también a los de los predios inferiores sobre los que
se filtren o caigan las aguas.
558. El que pretenda usar del derecho concedido en el ar-
tículo anterior está obligado:
1.o A justificar que puede disponer del agua y que ésta es sufi-
ciente para el uso a que la destina.
2.o A demostrar que el paso que solicita es el más conveniente
y menos oneroso para tercero.
3.o A indemnizar al dueño del predio sirviente en la forma que
se determine por las leyes y reglamentos.

149

559. No puede imponerse la servidumbre de acueducto para
objeto de interés privado sobre edificios, ni sus patios o depen-
dencias, ni sobre jardines o huertas ya existentes.
560. La servidumbre de acueducto no obsta para que el
dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como
edificar sobre el mismo acueducto de manera que éste no expe-
rimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias
necesarias.
561. Para los efectos legales, la servidumbre de acueducto
será considerada como continua y aparente, aun cuando no sea
constante el paso del agua o su uso dependa de las necesidades
del predio dominante, o de un turno establecido por días o por
horas.
562. El que para dar riego a su heredad o mejorarla, necesite
construir parada o partidor en el cauce por donde haya de reci-
bir el agua, podrá exigir que los dueños de las márgenes permi-
tan su construcción, previo abono de daños y perjuicios, incluso
los que se originen de la nueva servidumbre a dichos dueños y
a los demás regantes.
563. El establecimiento, extensión, forma y condiciones de las
servidumbres de aguas de que se trata en esta sección se regi-
rán por la ley especial de la materia en cuanto no se halle pre-
visto en este Código.
Sección 3.a De la servidumbre de paso
564. El propietario de una finca o heredad, enclavada entre
otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir
paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente
indemnización.
Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser
continuo su uso para todas las necesidades del predio domi-
nante estableciendo una vía permanente, la indemnización
consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe
de los perjuicios que se causen en el predio sirviente.
Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la finca
enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a
través del predio sirviente sin vía permanente, la indemnización
consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.

150

565. La servidumbre de paso debe darse por el punto menos
perjudicial al predio sirviente y, en cuanto fuere conciliable con
esta regla, por donde sea menor la distancia del predio domi-
nante al camino público.

566. La anchura de la servidumbre de paso será la que baste
a las necesidades del predio dominante.

567. Si adquirida una finca por venta, permuta o partición,
quedare enclavada entre otras del vendedor, permutante o
copartícipe, éstos están obligados a dar paso sin indemnización,
salvo pacto en contrario.

568. Si el paso concedido a una finca enclavada deja de ser
necesario por haberla reunido su dueño a otra que esté conti-
gua al camino público, el dueño del predio sirviente podrá pedir
que se extinga la servidumbre, devolviendo lo que hubiera reci-
bido por indemnización.

Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse un nuevo camino
que dé acceso a la finca enclavada.

569. Si fuere indispensable para construir o reparar algún edi-
ficio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios
u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obli-
gado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspon-
diente al perjuicio que se le irrogue.

570. Las servidumbres existentes de paso para ganados,
conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda o cual-
quier otro, y las de abrevadero, descansadero y majada, se regi-
rán por las ordenanzas y reglamentos del ramo y, en su defecto,
por el uso y costumbre del lugar.

Sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos, la
cañada no podrá exceder en todo caso de la anchura de 75
metros, el cordel de 37 metros 50 centímetros, y la vereda de 20
metros.

Cuando sea necesario establecer la servidumbre forzosa de
paso o la de abrevadero para ganados, se observará lo dis-
puesto en esta sección y en los artículos 555 y 556. En este caso
la anchura no podrá exceder de 10 metros.

151

Sección 4.a De las servidumbres de medianería
571. La servidumbre de medianería se regirá por las disposi-
ciones de este título y por las ordenanzas y usos locales en
cuanto no se opongan a él, o no esté prevenido en el mismo.
572. Se presume la servidumbre de medianería mientras no
haya un título o signo exterior o prueba en contrario:
1.o En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el
punto común de elevación.
2.o En las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en
poblado o en el campo.
3.o En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios
rústicos.
573. Se entiende que hay signo exterior, contrario a la servi-
dumbre de medianería:
1.o Cuando en las paredes divisorias de los edificios haya ven-
tanas o huecos abiertos.
2.o Cuando la pared divisoria esté por un lado recta y a plomo
en todo su paramento, y por el otro presente lo mismo en
su parte superior, teniendo en el inferior relex o retallos.
3.o Cuando resulte construida toda la pared sobre el terreno de
una de las fincas, y no por mitad entre una y otra de las dos
contiguas.
4.o Cuando sufra las cargas de carreras, pisos y armaduras de
una de las fincas, y no de la contigua.
5.o Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y heredades
esté construida de modo que la albardilla vierta hacia una
de las propiedades.
6.o Cuando la pared divisoria, construida de mampostería, pre-
sente piedras llamadas pasaderas, que de distancia en dis-
tancia salgan fuera de la superficie sólo por un lado y no por
el otro.
7.o Cuando las heredades contiguas a otras defendidas por
vallados o setos vivos no se hallen cerradas.
En todos estos casos, la propiedad de las paredes, vallados o
setos se entenderá que pertenece exclusivamente al dueño de

152

la finca o heredad que tenga a su favor la presunción fundada
en cualquiera de los signos indicados.
574. Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se pre-
sumen también medianeras, si no hay título o signo que demues-
tre lo contrario.
Hay signo contrario a la medianería cuando la tierra o broza
sacada para abrir la zanja o para su limpieza se halla de un solo
lado, en cuyo caso la propiedad de la zanja pertenecerá exclu-
sivamente al dueño de la heredad que tenga a su favor este
signo exterior.
575. La reparación y construcción de las paredes medianeras
y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas y ace-
quias, también medianeros, se costeará por todos los dueños de
las fincas que tengan a su favor la medianería, en proporción al
derecho de cada uno.
Sin embargo, todo propietario puede dispensarse de contribuir
a esta carga renunciando a la medianería, salvo el caso en que
la pared medianera sostenga un edificio suyo.
576. Si el propietario de un edificio que se apoya en una
pared medianera quisiera derribarlo, podrá igualmente renun-
ciar a la medianería, pero serán de su cuenta todas las repara-
ciones y obras necesarias para evitar, por aquella vez solamente,
los daños que el derribo pueda ocasionar a la pared media-
nera.
577. Todo propietario puede alzar la pared medianera,
haciéndolo a sus expensas e indemnizando los perjuicios que se
ocasionen con la obra, aunque sean temporales.
Serán igualmente de su cuenta los gastos de conservación de la
pared, en lo que ésta se haya levantado o profundizado sus
cimientos respecto de como estaba antes; y además la indemni-
zación de los mayores gastos que haya que hacer para la con-
servación de la pared medianera por razón de la mayor altura o
profundidad que se le haya dado.
Si la pared medianera no pudiese resistir la mayor elevación, el
propietario que quiera levantarla tendrá obligación de recons-
truirla a su costa; y si para ello fuere necesario darle mayor
espesor, deberá darlo de su propio suelo.

153

578. Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar
más elevación, profundidad o espesor a la pared podrán, sin
embargo, adquirir en ella los derechos de medianería, pagando
proporcionalmente el importe de la obra y la mitad del valor del
terreno sobre el que se le hubiese dado mayor espesor.
579. Cada propietario de una pared medianera podrá usar de
ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad;
podrá, por lo tanto, edificar apoyando su obra en la pared media-
nera, o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin
impedir el uso común y respectivo de los demás medianeros.
Para usar el medianero de este derecho ha de obtener previa-
mente el consentimiento de los demás interesados en la media-
nería; y si no lo obtuviere, se fijarán por peritos las condiciones
necesarias para que la nueva obra no perjudique a los derechos
de aquéllos.
Sección 5.a De la servidumbre de luces y vistas
580. Ningún medianero puede sin consentimiento del otro
abrir en pared medianera ventana ni hueco alguno.
581. El dueño de una pared no medianera, contigua a finca
ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces
a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las
dimensiones de 30 centímetros en cuadro, y, en todo caso, con
reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre.
Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la
pared en que estuvieren abiertos los huecos podrá cerrarlos si
adquiere la medianería y no se hubiera pactado lo contrario.
También podrá cubrirlos edificando en su terreno o levantando
pared contigua a la que tenga dicho hueco o ventana.
582. No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones
u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay
dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y
dicha propiedad.
Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la
misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.
583. Las distancias de que se habla en el artículo anterior se
contarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared
en los huecos en que no haya voladizos, desde la línea de éstos

154

donde los haya, y para las oblicuas desde la línea de separación
de las dos propiedades.
584. Lo dispuesto en el artículo 582 no es aplicable a los edi-
ficios separados por una vía pública.
585. Cuando por cualquier título se hubiere adquirido dere-
cho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre la pro-
piedad colindante, el dueño del predio sirviente no podrá
edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la
medida de la manera indicada en el artículo 583.
Sección 6.a Del desagüe de los edificios
586. El propietario de un edificio está obligado a construir
sus tejados o cubiertas de manera que las aguas pluviales cai-
gan sobre su propio suelo o sobre la calle o sitio público, y no
sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre el propio suelo,
el propietario está obligado a recoger las aguas de modo que
no causen perjuicio al predio contiguo.
587. El dueño del predio que sufre la servidumbre de ver-
tiente de los tejados podrá edificar recibiendo las aguas
sobre su propio tejado o dándoles otra salida conforme a las
ordenanzas o costumbres locales y de modo que no resulte
gravamen ni perjuicio alguno para el predio dominante.
588. Cuando el corral o patio de una casa se halle enclavado
entre otras, y no sea posible dar salida por la misma casa a las
aguas pluviales que en él se recojan, podrá exigirse el estable-
cimiento de la servidumbre de desagüe, dando paso a las
aguas por el punto de los predios contiguos en que sea más
fácil la salida y estableciéndose el conducto de desagüe en la
forma que menos perjuicios ocasione al predio sirviente, previa
la indemnización que corresponda.
Sección 7.a De las distancias y obras intermedias para ciertas
construcciones y plantaciones
589. No se podrá edificar ni hacer plantaciones cerca de las
plazas fuertes o fortalezas sin sujetarse a las condiciones exigi-
das por las leyes, ordenanzas y reglamentos particulares de la
materia.
590. Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o media-
nera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas,
establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se

155

muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus
productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias
prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las
obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las
condiciones que los mismos reglamentos prescriban.
A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juz-
guen necesarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo
daño a las heredades o edificios vecinos.
591. No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena
sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del
lugar, y, en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las
heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50
centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.
Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los
árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su
heredad.
592. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una
heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos
derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre
su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que
se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se
introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.
593. Los árboles existentes en un seto vivo o medianero se
presumen también medianeros, y cualquiera de los dueños tiene
derecho a exigir su derribo.
Exceptuánse los árboles que sirvan de mojones, los cuales no
podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes.
CAPÍTULO III
De las servidumbres voluntarias
594. Todo propietario de una finca puede establecer en ella
las servidumbres que tenga por conveniente, y en el modo y
forma que bien le pareciere, siempre que no contravenga a las
leyes ni al orden público.
595. El que tenga la propiedad de una finca cuyo usufructo
pertenezca a otro, podrá imponer sobre ella, sin el consenti-
miento del usufructuario, las servidumbres que no perjudiquen
al derecho del usufructo.

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596. Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de
una finca y a otra el dominio útil, no podrá establecerse sobre
ella servidumbre voluntaria perpetua sin el consentimiento de
ambos dueños.
597. Para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso
se necesita el consentimiento de todos los copropietarios.
La concesión hecha solamente por algunos quedará en sus-
penso hasta tanto que la otorgue el último de todos los partíci-
pes o comuneros.
Pero la concesión hecha por uno de los copropietarios separa-
damente de los otros obliga al concedente y a sus sucesores,
aunque lo sean a título particular, a no impedir el ejercicio del
derecho concedido.
598. El título y, en su caso, la posesión de la servidumbre
adquirida por prescripción determinan los derechos del predio
dominante y las obligaciones del sirviente. En su defecto, se
regirá la servidumbre por las disposiciones del presente título
que le sean aplicables.
599. Si el dueño del predio sirviente se hubiere obligado, al
constituirse la servidumbre, a costear las obras necesarias para
el uso y conservación de la misma, podrá librarse de esta carga
abandonando su predio al dueño del dominante.
600. La comunidad de pastos sólo podrá establecerse en lo
sucesivo por concesión expresa de los propietarios, que resulte
de contrato o de última voluntad, y no a favor de una universa-
lidad de individuos y sobre una universalidad de bienes, sino a
favor de determinados individuos y sobre predios también cier-
tos y determinados.
La servidumbre establecida conforme a este artículo se regirá
por el título de su institución.
601. La comunidad de pastos en terrenos públicos, ya perte-
nezcan a los Municipios, ya al Estado, se regirá por las leyes
administrativas.
602. Si entre los vecinos de uno o más pueblos existiere
comunidad de pastos, el propietario que cercare con tapia o
seto una finca, la hará libre de la comunidad. Quedarán, sin
embargo, subsistentes las demás servidumbres que sobre la
misma estuviesen establecidas.

157

El propietario que cercare su finca conservará su derecho a la
comunidad de pastos en las otras fincas no cercadas.
603. El dueño de terrenos gravados con la servidumbre de
pastos podrá redimir esta carga mediante el pago de su valor a
los que tengan derecho a la servidumbre.
A falta de convenio, se fijará el capital para la redención sobre
la base del 4 por 100 del valor anual de los pastos, regulado por
tasación pericial.
604. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a las ser-
vidumbres establecidas para el aprovechamiento de leñas y
demás productos de los montes de propiedad particular.

TÍ TUL O VI I I
Del Registro de la Propiedad
CAPÍTULO ÚNICO
605. El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscrip-
ción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y
demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
606. Los títulos de dominio, o de otros derechos reales sobre
bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anota-
dos en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero.
607. El Registro de la Propiedad será público para los que
tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes
inmuebles o derechos reales anotados o inscritos.
608. Para determinar los títulos sujetos a inscripción o anota-
ción, la forma, efectos y extinción de las mismas, la manera de
llevar el Registro y el valor de los asientos de sus libros, se estará
a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

LIBRO III
De los diferentes modos de adquirir la propiedad
DISPOSICIÓN PRELIMINAR
609. La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquie-
ren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada

158

e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante
la tradición.
Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.

TÍ TUL O P RI M E RO
De la ocupación
610. Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables
por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que
son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas mue-
bles abandonadas.
611. El derecho de caza y pesca se rige por leyes especiales.
612. El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho
a perseguirlo sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor
de éste el daño causado. Si estuviere cercado, necesitará el con-
sentimiento del dueño para penetrar en él.
Cuando el propietario no haya perseguido, o cese de perseguir
el enjambre dos días consecutivos, podrá el poseedor de la finca
ocuparlo o retenerlo.
El propietario de animales amansados podrá también reclamar-
los dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro.
Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y
conservado.
613. Las palomas, conejos y peces que de su respectivo cria-
dero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño, serán de
propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por
medio de algún artificio o fraude.
614. El que por casualidad descubriere un tesoro oculto en
propiedad ajena tendrá el derecho que le concede el arículo
t
351 de este Código.
615. El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro,
debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere cono-
cido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde
del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo.
El Alcalde hará publicar éste, en la forma acostumbrada, dos
domingos consecutivos.

159

Si la cosa mueble no pudiere conservarse sin deterioro o sin
hacer gastos que disminuyan notablemente su valor, se venderá
en pública subasta luego que hubiesen pasado ocho días desde
el segundo anuncio sin haberse presentado el dueño, y se
depositará su precio.
Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publica-
ción, sin haberse presentando el dueño, se adjudicará la cosa
encontrada o su valor al que la hubiese hallado.
Tanto éste como el propietario estarán obligados, cada cual en
su caso, a satisfacer los gastos.
616. Si se presentare a tiempo el propietario, estará obligado
a abonar, a título de premio, al que hubiese hecho el hallazgo,
la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada.
Cuando el valor del hallazgo excediese de 2.000 pesetas, el pre-
mio se reducirá a la vigésima parte en cuanto al exceso.
617. Los derechos sobre los objetos arrojados al mar o sobre
los que las olas arrojen a la playa, de cualquier naturaleza que
sean, o sobre las plantas y hierbas que crezcan en su ribera, se
determinan por leyes especiales.

TÍ TUL O I I
De la donación
CAPÍTULO PRIMERO
De la naturaleza de las donaciones
618. La donación es un acto de liberalidad por el cual una
persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra,
que la acepta.
619. Es también donación la que se hace a una persona por
sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre
que no constituyan deudas exigibles, o aquella en que se
impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado.
620. Las donaciones que hayan de producir sus efectos por
muerte del donante participan de la naturaleza de las disposi-
ciones de última voluntad, y se regirán por las reglas estableci-
das en el capítulo de la sucesión testamentaria.

160

621. Las donaciones que hayan de producir sus efectos entre
vivos se regirán por las disposiciones generales de los contratos
y obligaciones en todo lo que no se halle determinado en este
título.
622. Las donaciones con causa onerosa se regirán por las
reglas de los contratos y las remuneratorias por las disposiciones
del presente título en la parte que excedan del valor del grava-
men impuesto.
623. La donación se perfecciona desde que el donante
conoce la aceptación del donatario.
CAPÍTULO II
De las personas que pueden hacer o recibir donaciones
624. Podrán hacer donación todos los que puedan contratar
y disponer de sus bienes.
625. Podrán aceptar donaciones todos los que no estén espe-
cialmente incapacitados por la ley para ello.
626. Las personas que no pueden contratar no podrán acep-
tar donaciones condicionales u onerosas sin la intervención de
sus legítimos representantes.
627. Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos
podrán ser aceptadas por las personas que legíti amente los
m
representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento.
628. Las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas,
aunque lo hayan sido simuladamente, bajo apariencia de otro
contrato, por persona interpuesta.
629. La donación no obliga al donante, ni produce efecto,
sino desde la aceptación.
630. El donatario debe, so pena de nulidad, aceptar la dona-
ción por sí o por medio de persona autorizada con poder espe-
cial para el caso, o con poder general y bastante.
631. Las personas que acepten una donación en representa-
ción de otras que no puedan hacerlo por sí, estarán obligadas
a procurar la notificación y anotación de que habla el ar-
tículo 633.

161

632. La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente
o por escrito.

La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Fal-
tando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito
y consta en la misma forma la aceptación.

633. Para que sea válida la donación de cosa inmueble, ha de
hacerse en escritura pública, expresándose en ella individual-
mente los bienes donados y el valor de las cargas que deba
satisfacer el donatario.

La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de donación
o en otra separada; pero no surtirá efecto si no se hiciese en
vida del donante.

Hecha en escritura separada, deberá notificarse la aceptación en
forma auténtica al donante, y se anotará esta diligencia en
ambas escrituras.

CAPÍTULO III

De los efectos y limitaciones de las donaciones

634. La donación podrá comprender todos los bienes presen-
tes del donante, o parte de ellos, con tal que éste se reserve, en
plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un
estado correspondiente a sus circunstancias.

635. La donación no podrá comprender los bienes futuros.

Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no
puede disponer al tiempo de la donación.

636. No obstante lo dispuesto en el artículo 634, ninguno
podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda
dar o recibir por testamento.

La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta
medida.

637. Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas
conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará
entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dis-
puesto otra cosa.

162

Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjun-
tamente a ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel
derecho, si el donante no hubiese dispuesto lo contrario 131.
638. El donatario se subroga en todos los derechos y acciones
que en caso de evicción corresponderían al donante. Éste, en
cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas dona-
das, salvo si la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá
el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen.
639. Podrá reservarse el donante la facultad de disponer de
algunos de los bienes donados, o de alguna cantidad con cargo
a ellos; pero, si muriere sin haber hecho uso de este derecho,
pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se
hubiese reservado.
640. También se podrá donar la propiedad a una persona y el
usufructo a otra u otras, con la limitación establecida en el ar-
tículo 781 de este Código.
641. Podrá establecerse válidamente la reversión en favor de
sólo el donador para cualquier caso y circunstancias, pero no en
favor de otras personas sino en los mismos casos y con iguales
limitaciones que determina este Código para las sustituciones
testamentarias.
La reversión estipulada por el donante en favor de tercero con-
tra lo dispuesto en el párrafo anterior es nula; pero no producirá
la nulidad de la donación.
642. Si la donación se hubiere hecho imponiendo al donatario
la obligación de pagar las deudas del donante, como la cláusula
no contenga otra declaración, sólo se entenderá aquél obligado
a pagar las que apareciesen contraídas antes.
643. No mediando estipulación respecto al pago de deudas,
sólo responderá de ellas el donatario cuando la donación se
haya hecho en fraude de los acreedores.
Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acree-
dores cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes
bastantes para pagar las deudas anteriores a ella.

El párrafo segundo de este artículo ha sido redactado conforme a la
131


163

CAPÍTULO IV
De la revocación y reducción de las donaciones
644. Toda donación entre vivos, hecha por persona que no
tenga hijos ni descendientes, será revocable por el mero hecho
de ocurrir cualquiera de los casos siguientes:
1.o Que el donante tenga, después de la donación, hijos, aun-
que sean póstumos.
2.o Que resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba
muerto cuando hizo la donación 132.
645. Rescindida la donación por la supervivencia de hijos, se
restituirán al donante los bienes donados, o su valor si el dona-
tario los hubiese vendido.
Si se hallaren hipotecados, podrá el donante liberar la hipoteca,
pagando la cantidad que garantice, con derecho a reclamarla
del donatario.
Cuando los bienes no pudieren ser restituidos, se apreciarán por
lo que valían al tiempo de hacer la donación.
646. La acción de revocación por superveniencia o supervi-
vencia de hijos prescribe por el transcurso de cinco años, conta-
dos desde que se tuvo noticia del nacimiento del último hijo o
de la existencia del que se creía muerto.
Esta acción es irrenunciable y se transmite, por muerte del
donante, a los hijos y sus descendientes 133.
647. La donación será revocada a instancia del donante,
cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las con-
diciones que aquél le impuso.
En este caso, los bienes donados volverán al donante, que-
dando nulas las enajenaciones que el donatario hubiese hecho
y las hipotecas que sobre ellos hubiese impuesto, con la limita-
ción establecida, en cuanto a terceros, por la Ley Hipotecaria.
648. También podrá ser revocada la donación, a instancia del
donante, por causa de ingratitud en los casos siguientes:

132

133

164

1.o Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el
honor o los bienes del donante.
2.o Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos
que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación
pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese
cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos
constituidos bajo su autoridad.
3.o Si le niega indebidamente los alimentos 134.
649. Revocada la donación por causa de ingratitud, quedarán,
sin embargo, subsistentes las enajenaciones e hipotecas ante-
riores a la anotación de la demanda de revocación en el Registro
de la Propiedad.
Las posteriores serán nulas.
650. En el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo
anterior, tendrá derecho el donante para exigir del donatario el
valor de los bienes enajenados que no pueda reclamar de los
terceros, o la cantidad en que hubiesen sido hipotecados.
Se atenderá al tiempo de la donación para regular el valor de
dichos bienes.
651. Cuando se revocare la donación por alguna de las causas
expresadas en el artículo 644, o por ingratitud, y cuando se
redujere por inoficiosa, el donatario no devolverá los frutos sino
desde la interposición de la demanda.
Si la revocación se fundare en haber dejado de cumplirse alguna
de las condiciones impuestas en la donación, el donatario devol-
verá, además de los bienes, los frutos que hubiese percibido
después de dejar de cumplir la condición.
652. La acción concedida al donante por causa de ingratitud
no podrá renunciarse anticipadamente. Esta acción prescribe en
el término de un año, contado desde que el donante tuvo cono-
cimiento del hecho y posibilidad de ejercitar la acción.
653. No se transmitirá esta acción a los herederos del donante,
si éste, pudiendo, no la hubiese ejercitado.

Redactado los apartados 1 y 2 de conformidad con la Ley 11/1990,
134

de 15 de octubre.

165

Tampoco se podrá ejercitar contra el heredero del donatario, a
no ser que, a la muerte de éste, se hallase interpuesta la
demanda.
654. Las donaciones que, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 636, sean inoficiosas computado el valor líquido de los
bienes del donante al tiempo de su muerte, deberán ser reduci-
das en cuanto al exceso; pero esta reducción no obstará para
que tengan efecto durante la vida del donante y para que el
donatario haga suyos los frutos.
Para la reducción de las donaciones se estará a lo dispuesto en
este capítulo y en los artículos 820 y 821 del presente Código.
655. Sólo podrán pedir reducción de las donaciones aquellos
que tengan derecho a legítima o a una parte alícuota de la
herencia y sus herederos o causahabientes.
Los comprendidos en el párrafo anterior no podrán renunciar
su derecho durante la vida del donante, ni por declaración
expresa, ni prestando su consentimiento a la donación.
Los donatarios, los legatarios que no lo sean de parte alícuota y
los acreedores del difunto, no podrán pedir la reducción ni apro-
vecharse de ella.
656. Si, siendo dos o más las donaciones, no cupieren todas
en la parte disponible, se suprimirán o reducirán en cuanto al
exceso las de fecha más reciente.

TÍ TUL O I I I
De las sucesiones
657. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten
desde el momento de su muerte.
658. La sucesión se defiere por la voluntad del hombre mani-
festada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la
ley.
La primera se llama testamentaria, y la segunda, legítima.
Podrá también deferirse en una parte por voluntad del hombre,
y en otra por disposición de la ley.

166

659. La herencia comprende todos los bienes, derechos y
obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte.
660. Llámase heredero al que sucede a título universal, y lega-
tario al que sucede a título particular.
661. Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su
muerte en todos sus derechos y obligaciones.
CAPÍTULO PRIMERO
De los testamentos
Sección 1. De la capacidad para disponer por testamento
a

662. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo pro-
híbe expresamente.
663. Están incapacitados para testar:
1.o Los menores de catorce años de uno y otro sexo.
2.o El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal
juicio.
664. El testamento hecho antes de la enajenación mental es
válido.
665. Siempre que el incapacitado por virtud de sentencia que
no contenga pronunciamiento acerca de su capacidad para tes-
tar pretenda otorgar testamento, el Notario designará dos facul-
tativos que previamente le reconozcan y no lo autorizará sino
cuando éstos respondan de su capacidad 135.
666. Para apreciar la capacidad del testador se atenderá úni-
camente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testa-
mento.
Sección 2.a De los testamentos en general
667. El acto por el cual una persona dispone para después de
su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos se llama tes-
tamento.
668. El testador puede disponer de sus bienes a título de
herencia o de legado.

135

167

En la duda, aunque el testador no haya usado materialmente la
palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este con-
cepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de
herencia.
669. No podrán testar dos o más personas mancomunada-
mente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho
recíproco, ya en beneficio de un tercero.
670. El testamento es un acto personalísimo: no podrá dejarse
su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni
hacerse por medio de comisario o mandatario.
Tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia
del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación
de las porciones en que hayan de suceder cuando sean institui-
dos nominalmente.
671. Podrá el testador encomendar a un tercero la distribu-
ción de las cantidades que deje en general a clases determi-
nadas, como a los parientes, a los pobres o a los
establecimientos de beneficencia, así como la elección de las
personas o establecimientos a quienes aquéllas deban apli-
carse.
672. Toda disposición que sobre institución de heredero,
mandas o legados haga el testador, refiriéndose a cédulas o
papeles privados que después de su muerte aparezcan en su
domicilio o fuera de él, será nula si en las cédulas o papeles no
concurren los requisitos prevenidos para el testamento oló-
grafo.
673. Será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o
fraude.
674. El que con dolo, fraude o violencia impidiere que una
persona, de quien sea heredero abintestado, otorgue libre-
mente su última voluntad, quedará privado de su derecho a la
herencia, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que
haya incurrido.
675. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el
sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca clara-
mente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda
se observará lo que aparezca más conforme a la intención del
testador, según el tenor del mismo testamento.

168

El testador no puede prohibir que se impugne el testamento
en los casos en que haya nulidad declarada por la ley.
Sección 3.a De la forma de los testamentos
676. El testamento puede ser común o especial. El común
puede ser ológrafo, abierto o cerrado.
677. Se consideran testamentos especiales el militar, el marí-
timo y el hecho en país extranjero.
678. Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo
escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se
determinan en el artículo 688.
679. Es abierto el testamento siempre que el testador mani-
fiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben
autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.
680. El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar
su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el
pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto.
681. No podrán ser testigos en los testamentos:
Primero. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el ar-
tículo 701.
Segundo. Los ciegos y los totalmente sordos o mudos.
Tercero. Los que no entiendan el idioma del testador.
Cuarto. Los que no estén en su sano juicio.
Quinto. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad del Nota-
rio autorizante y quienes tengan con éste relación de
trabajo 136.
682. En el testamento abierto tampoco podrán ser testigos
los herederos y legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los
parientes de aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguini-
dad o segundo de afi idad.
n
No están comprendidos en esta prohibición los legatarios ni sus
cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objeto

136

169

mueble o cantidad de poca importancia con relación al caudal
hereditario 137.

683. Para que un testigo sea declarado inhábil es necesario
que la causa de su incapacidad exista al tiempo de otorgarse el
testamento.

684. Cuando el testador exprese su voluntad en lengua que
el Notario no conozca, se requerirá la presencia de un intér-
prete, elegido por aquél, que traduzca la disposición testamen-
taria a la oficial en el lugar del otorgamiento que emplee el
Notario. El instrumento se escribirá en las dos lenguas con indi-
cación de cuál ha sido la empleada por el testador.

El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirán en la
lengua extranjera en que se exprese el testador y en la oficial
que emplee el Notario, aun cuando éste conozca aquélla 138.

685. El Notario deberá conocer al testador y si no lo cono-
ciese se identificará su persona con dos testigos que le conoz-
can y sean conocidos del mismo Notario, o mediante la
utilización de documentos expedidos por las autoridades públi-
cas cuyo objeto sea identificar a las personas. También deberá
el Notario asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la
capacidad legal necesaria para testar.

En los casos de los artículos 700 y 701, los testigos tendrán obli-
gación de conocer al testador y procurarán asegurarse de su
capacidad 139.

686. Si no pudiere identificarse la persona del testador en la
forma prevenida en el artículo que precede, se declarará esta
circunstancia por el Notario, o por los testigos en su caso, rese-
ñando los documentos que el testador presente con dicho
objeto y las señas personales del mismo.

Si fuere impugnado el testamento por tal motivo, corresponderá
al que sostenga su validez la prueba de la identidad del testa-
dor.

137
Redactado conforme a la Ley de 24 de abril de 1958.
138
139
Redactado de acuerdo con la Ley 30/1991, de 20 de diciembre.

170

687. Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se
hayan observado las formalidades respectivamente establecidas
en este capítulo.

Sección 4.a Del testamento ológrafo

688. El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por perso-
nas mayores de edad.

Para que sea válido este testamento deberá estar escrito todo
él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en
que se otorgue.

Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglo-
nes, las salvará el testador bajo su firma.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su pro-
pio idioma 140.

689. El testamento ológrafo deberá protocolizarse presentán-
dolo con este objeto al Juez de Primera Instancia del último
domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese falle-
cido, dentro de cinco años, contados desde el día del falleci-
miento. Sin este requisito no será válido.

690. La persona en cuyo poder se halle depositado dicho tes-
tamento deberá presentarlo al Juzgado luego que tenga noti-
cias de la muerte del testador, y, no verificándolo dentro de los
diez días siguientes, será responsable de los daños y perjuicios
que se causen por la dilación.

También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el
testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier
otro concepto.

691. Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el falle-
cimiento del testador, el Juez lo abrirá si estuviere en pliego
cerrado, rubricará con el actuario todas las hojas y comprobará
su identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y
firma del testador, y declaren que no abrigan duda racional de
hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia del
mismo.

140

171

A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siem-
pre que el Juez lo estime conveniente, podrá emplearse con
dicho objeto el cotejo pericial de letras.
692. Para la práctica de las diligencias expresadas en el artículo
anterior serán citados, con la brevedad posible, el cónyuge sobre-
viviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes del
testador, y en defecto de unos y otros, los hermanos.
Si estas personas no residieren dentro del partido, o se igno-
rase su existencia, o siendo menores o incapacitados carecieren
de representación legítima, se hará la citación al Ministerio Fis-
cal.
Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligencias
y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas
sobre la autenticidad del testamento 141.
693. Si el Juez estima justificada la identidad del testamento,
acordará que se protocolice, con las diligencias practicadas, en
los registros del Notario correspondiente, por el cual se darán a
los interesados las copias o testimonios que procedan. En otro
caso, denegará la protocolización.
Cualquiera que sea la resolución del Juez, se llevará a efecto, no
obstante oposición, quedando a salvo el derecho de los intere-
sados para ejercitarlo en el juicio que corresponda.
Sección 5.a Del testamento abierto
694. El testamento abierto deberá ser otorgado ante Notario
hábil para actuar en el lugar del otorgamiento.
Sólo se exceptuarán de esta regla los casos expresamente
determinados en esta misma sección 142.
695. El testador expresará oralmente o por escrito su última
voluntad al Notario. Redactado por éste el testamento con arre-
glo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su
otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a
leerlo por sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador
manifieste si está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será

Redactado el primer párrafo conforme a la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
141

142

172

firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su
caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por
él y a su ruego uno de los testigos 143.
696. El Notario dará fe de conocer al testador o de haberlo
identificado debidamente y, en su defecto, efectuará la declara-
ción prevista en el artículo 686. También hará constar que, a su
juicio, se halla el testador con la capacidad legal necesaria para
otorgar testamento 144.
697. Al acto de otorgamiento deberán concurrir dos testigos
idóneos:
1.o Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar
el testamento.
2.o Cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o
declare que no sabe o no puede leer por sí el testamento.
Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera ente-
ramente sordo, los testigos leerán el testamento en presen-
cia del Notario y deberán declarar que coincide con la
voluntad manifestada.
3.o Cuando el testador o el Notario lo soliciten 145.
698. Al otorgamiento también deberán concurrir:
1.o Los testigos de conocimiento, si los hubiera, quienes podrán
intervenir además como testigos instrumentales.
2.o Los facultativos que hubieran reconocido al testador incapa-
citado.
3.o El intérprete que hubiera traducido la voluntad del testador
a la lengua oficial empleada por el Notario 146.
699. Todas las formalidades expresadas en esta sección se
practicarán en un solo acto que comenzará con la lectura del

143
144
145
Artículo redactado de acuerdo con la Ley 30/1991, de 20 de diciembre.
146

173

testamento, sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la que
pueda ser motivada por algún accidente pasajero 147.
700. Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte,
puede otorgarse el testamento ante cinco testigos idóneos, sin
necesidad de Notario.
701. En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el tes-
tamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores
de dieciséis años 148.
702. En los casos de los dos artículos anteriores se escribirá el
testamento, siendo posible; no siéndolo, el testamento valdrá
aunque los testigos no sepan escribir.
703. El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones
de los tres artículos anteriores quedará ineficaz si pasaren dos
meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte,
o cesado la epidemia.
Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará
ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al
fallecimiento no se acude al Tribunal competente para que se
eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito, ya
verbalmente.
704. Los testamentos otorgados sin autorización del Notario
serán ineficaces si no se elevan a escritura pública y se protoco-
lizan en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
705. Declarado nulo un testamento abierto por no haberse
observado las solemnidades establecidas para cada caso, el
Notario que lo haya autorizado será responsable de los daños y
perjuicios que sobrevengan, si la falta procediere de su malicia,
o de negligencia o ignorancia inexcusables.
Sección 6.a Del testamento cerrado
706. El testamento cerrado habrá de ser escrito.
Si lo escribiese por su puño y letra el testador, pondrá al final su
firma.

147

148

174

Si estuviese escrito por cualquier medio mecánico o por otra
persona a ruego del testador, éste pondrá su firma en todas sus
hojas y al pie del testamento.
Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará a su
ruego al pie y en todas las hojas otra persona, expresando la
causa de la imposibilidad.
En todo caso, antes de la firma se salvarán las palabras enmen-
dadas, tachadas o escritas entre renglones 149.
707. En el otorgamiento del testamento cerrado se observa-
rán las solemnidades siguientes:
1.a El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de
una cubierta, cerrada y sellada de suerte que no pueda
extraerse aquél sin romper ésta.
2.a El testador comparecerá con el testamento cerrado y
sellado, o lo cerrará y sellará en el acto, ante el Notario que
haya de autorizarlo.
3.a En presencia del Notario, manifestará el testador por sí, o
por medio del intérprete previsto en el artículo 684, que el
pliego que presenta contiene su testamento, expresando si
se halla escrito y firmado por él o si está escrito de mano
ajena o por cualquier medio mecánico y firmado al final y en
todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.
4.a Sobre la cubierta del testamento extenderá el Notario la
correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el
número y la marca de los sellos con que está cerrado, y
dando fe del conocimiento del testador o de haberse iden-
tificado su persona en la forma prevenida en los artículos
685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la capa-
cidad legal necesaria para otorgar testamento.
5.a Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda
hacerlo y, en su caso, las personas que deban concurrir, y la
autorizará el Notario con su signo y firma.
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará
por él y a su ruego uno de los dos testigos idóneos que en
este caso deben concurrir.

149

175

6.a También se expresará en el acta esta circunstancia, además
del lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento.

7.a Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos,
si así lo solicitan el testador o el Notario 150.

708. No pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los
que no sepan o no puedan leer.

709. Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí
escribir, podrán otorgar testamento cerrado, observándose lo
siguiente:

1.o El testamento ha de estar firmado por el testador. En
cuanto a los demás requisitos, se estará a lo dispuesto en
el artículo 706.

2.o Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte
superior de la cubierta, a presencia del Notario, que dentro
de ella se contiene su testamento, expresando cómo está
escrito y que está firmado por él.

3.o A continuación de lo escrito por el testador se extenderá el
acta de otorgamiento, dando fe el Notario de haberse cum-
plido lo prevenido en el número anterior y lo demás que se
dispone en el artículo 707 en lo que sea aplicable al caso 151.

710. Autorizado el testamento cerrado, el Notario lo entre-
gará al testador, después de poner en el protocolo corriente
copia autorizada del acta de otorgamiento 152.

711. El testador podrá conservar en su poder el testamento
cerrado o encomendar su guarda a persona de su confianza, o
depositarlo en poder del Notario autorizante para que lo guarde
en su archivo.

En este último caso el Notario dará recibo al testador y hará
constar en su protocolo corriente, al margen o a continuación de
la copia del acta de otorgamiento, que queda el testamento en

150
151
Artículo redactado de conformidad con la Ley 30/1991, de 20 de di-
ciembre.
152

176

su poder. Si lo retirare después el testador, firmará un recibo a
continuación de dicha nota 153.

712. El Notario o la persona que tenga en su poder un testa-
mento cerrado deberá presentarlo al Juez competente luego
que sepa el fallecimiento del testador.

Si no lo verifica dentro de diez días, será responsable de los
daños y perjuicios que ocasione su negligencia.

713. El que con dolo deje de presentar el testamento cerrado
que obre en su poder dentro del plazo fijado en el párrafo 2.o
del artículo anterior, además de la responsabilidad que en él se
determina, perderá todo derecho a la herencia, si lo tuviere
como heredero ab intestato o como heredero o legatario por
testamento. En esta misma pena incurrirán el que sustrajere
dolosamente el testamento cerrado del domicilio del testador o
de la persona que lo tenga en guarda o depósito y el que lo
oculte, rompa o inutilice de otro modo, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad criminal que proceda.

714. Para la apertura y protocolización del testamento cerrado
se observará lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

715. Es nulo el testamento cerrado en cuyo otorgamiento no
se hayan observado las formalidades establecidas en esta sec-
ción; y el Notario que lo autorice será responsable de los daños
y perjuicios que sobrevengan, si se probare que la falta procedió
de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Será
válido, sin embargo, como testamento ológrafo, si todo él estu-
viere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás con-
diciones propias de este testamento.

Sección 7.a Del testamento militar

716. En tiempo de guerra, los militares en campaña, volunta-
rios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el
ejército, o que sigan a éste, podrán otorgar su testamento ante
un Oficial que tenga por lo menos la categoría de Capitán.

Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que
se halle en país extranjero.

153

177

Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo ante
el Capellán o el Facultativo que le asista.
Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea
subalterno.
En todos los casos de este artículo será siempre necesaria la
presencia de dos testigos idóneos.
717. También podrán las personas mencionadas en el artículo
anterior otorgar testamento cerrado ante un Comisario de gue-
rra, que ejercerá en este caso las funciones de Notario, obser-
vándose las disposiciones de los artículos 706 y siguientes.
718. Los testamentos otorgados con arreglo a los dos ar-
tículos anteriores deberán ser remitidos con la posible breve-
dad al cuartel general, y por éste al Ministro de la Guerra.
El Ministro, si hubiese fallecido el testador, remitirá el testamento
al Juez del último domicilio del difunto y, no siéndole conocido,
al Decano de los de Madrid, para que de oficio cite a los herede-
ros y demás interesados en la sucesión. Éstos deberán solicitar
que se eleve a escritura pública y se protocolice en la forma
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuando sea cerrado el testamento, el Juez procederá de oficio
a su apertura en la forma prevenida en dicha Ley, con citación e
intervención del Ministerio Fiscal y, después de abierto, lo pon-
drá en conocimiento de los herederos y demás interesados.
719. Los testamentos mencionados en el artículo 716 caduca-
rán cuatro meses después que el testador haya dejado de estar
en campaña.
720. Durante una batalla, asalto, combate y generalmente en
todo peligro próximo de acción de guerra, podrá otorgarse tes-
tamento militar de palabra ante dos testigos.
Pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del
peligro en cuya consideración testó.
Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se forma-
liza por los testigos ante el Auditor de guerra o funcionario de
justicia que siga al ejército, procediéndose después en la forma
prevenida en el ar ículo 718.
t
721. Si fuese cerrado el testamento militar, se observará lo
prevenido en los artículos 706 y 707; pero se otorgará ante el

178

Oficial y los dos testigos que para el abierto exige el arículo
t
716, debiendo firmar todos ellos el acta de otorgamiento, como
asimismo el testador, si pudiere.
Sección 8.a Del testamento marítimo
722. Los testamentos, abiertos o cerrados, de los que durante
un viaje marítimo vayan a bordo, se otorgarán en la forma
siguiente:
Si el buque es de guerra, ante el Contador o el que ejerza sus
funciones, en presencia de dos testigos idóneos, que vean y
entiendan al testador. El Comandante del buque, o el que haga
sus veces, pondrá además su visto bueno.
En los buques mercantes autorizará el testamento el Capitán, o
el que haga sus veces, con asistencia de dos testigos idóneos.
En uno y otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros, si
los hubiere; pero uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar,
el cual lo hará por sí y por el testador, si éste no sabe o no puede
hacerlo.
Si el testamento fuera abierto, se observará además lo preve-
nido en el artículo 695, y si fuere cerrado, lo que se ordena en
la sección 6.a de este capítulo, con exclusión de lo relativo al
número de testigos e intervención del Notario.
723. El testamento del Contador del buque de guerra y el del
Capitán del mercante serán autorizados por quien deba susti-
tuirlos en el cargo, observándose para lo demás lo dispuesto en
el artículo anterior.
724. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán cus-
todiados por el Comandante o por el Capitán, y se hará men-
ción de ellos en el Diario de navegación.
La misma mención se hará de los ológrafos y los cerrados.
725. Si el buque arribase a un puerto extranjero donde haya
Agente diplomático o consular de España, el Comandante del
de guerra, o el Capitán del mercante, entregará a dicho Agente
copia del testamento abierto o del acta de otorgamiento del
cerrado, y de la nota tomada en el Diario.
La copia del testamento o del acta deberá llevar las mismas fir-
mas que el original, si viven y están a bordo los que lo firmaron;
en otro caso será autorizada por el Contador o Capitán que

179

hubiese recibido el testamento, o el que haga sus veces, fir-
mando también los que estén a bordo de los que intervinieron
en el testamento.
El Agente diplomático o consular hará extender por escrito dili-
gencia de la entrega y, cerrada y sellada la copia del testamento
o la del acta del otorgamiento si fuere cerrado, la remitirá con la
nota del Diario por el conducto correspondiente al Ministro de
Marina, quien mandará que se deposite en el Archivo de su
Ministerio.
El Comandante o Capitán que haga la entrega recogerá del
Agente diplomático o consular certificación de haberlo verifi-
cado, y tomará nota de ella en el Diario de navegación.
726. Cuando el buque, sea de guerra o mercante, arribe al
primer puerto del Reino, el Comandante o Capitán entregará el
testamento original, cerrado y sellado, a la Autoridad marítima
local, con copia de la nota tomada en el Diario; y, si hubiese
fallecido el testador, certificación que lo acredite.
La entrega se acreditará en la forma prevenida en el arículo
t
anterior, y la Autoridad marítima lo remitirá todo sin dilación al
Ministro de Marina.
727. Si hubiese fallecido el testador y fuere abierto el testa-
mento, el Ministro de Marina practicará lo que se dispone en el
artículo 718.
728. Cuando el testamento haya sido otorgado por un extran-
jero en buque español, el Ministro de Marina remitirá el testa-
mento al de Estado, para que por la vía diplomática se le dé el
curso que corresponda.
729. Si fuere ológrafo el testamento y durante el viaje falle-
ciera el testador, el Comandante o Capitán recogerá el testa-
mento para custodiarlo, haciendo mención de ello en el Diario,
y lo entregará a la Autoridad marítima local, en la forma y para
los efectos prevenidos en el artículo anterior, cuando el buque
arribe al primer puerto del Reino.
Lo mismo se practicará cuando sea cerrado el testamento, si lo
conservaba en su poder el testador al tiempo de su muerte.
730. Los testamentos, abiertos y cerrados, otorgados con
arreglo a lo prevenido en esta sección, caducarán pasados cua-

180

tro meses, contados desde que el testador desembarque en un
punto donde pueda testar en la forma ordinaria.
731. Si hubiera peligro de naufragio, será aplicable a las tripu-
laciones y pasajeros de los buques de guerra o mercantes lo
dispuesto en el artículo 720.
Sección 9.a Del testamento hecho en país extranjero
732. Los españoles podrán testar fuera del territorio nacional,
sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en
que se hallen.
También podrán testar en alta mar durante su navegación en un
buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación a que el
buque pertenezca.
Podrán asimismo hacer testamento ológrafo, con arreglo al ar-
tículo 688, aun en los países cuyas leyes no admitan dicho tes-
tamento 154.
733. No será válido en España el testamento mancomunado,
prohibido por el artículo 669, que los españoles otorguen en
país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde
se hubiese otorgado.
734. También podrán los españoles que se encuentren en país
extranjero otorgar su testamento, abierto o cerrado, ante el fun-
cionario diplomático o consular de España que ejerza funciones
notariales en el lugar del otorgamiento.
En estos casos se observarán respectivamente todas las forma-
lidades establecidas en las secciones 5.a y 6.a de este capítulo 155.
735. El Agente diplomático o consular remitirá, autorizada
con su firma y sello, copia del testamento abierto, o del acta de
otorgamiento del cerrado, al Ministerio de Estado para que se
deposite en su Archivo.
736. El Agente diplomático o consular, en cuyo poder hubiese
depositado su testamento ológrafo o cerrado un español, lo
remitirá al Ministerio de Estado cuando fallezca el testador, con
el certificado de defunción.

154

155

181

El Ministerio de Estado hará publicar en la Gaceta de Madrid la
noticia del fallecimiento, para que los interesados en la herencia
puedan recoger el testamento y gestionar su protocolización en
la forma prevenida.
Sección 10. De la revocación e ineficacia de los testamentos
737. Todas las disposiciones testamentarias son esencial-
mente revocables, aunque el testador exprese en el testamento
su voluntad o resolución de no revocarlas.
Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las dis-
posiciones futuras, y aquellas en que ordene el testador que no
valga la revocación del testamento si no la hiciere con ciertas
palabras o señales.
738. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte
sino con las solemnidades necesarias para testar.
739. El testamento anterior queda revocado de derecho por
el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su volun-
tad de que aquél subsista en todo o en parte.
Sin embargo, el testamento anterior recobra su fuerza si el tes-
tador revoca después el posterior y declara expresamente ser su
voluntad que valga el primero.
740. La revocación producirá su efecto aunque el segundo
testamento caduque por incapacidad del heredero o de los
legatarios en él nombrados, o por renuncia de aquél o de éstos.
741. El reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal
aunque se revoque el testamento en que se hizo o éste no con-
tenga otras disposiciones, o sean nulas las demás que contu-
viere 156.
742. Se presume revocado el testamento cerrado que apa-
rezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los
sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las
firmas que lo autoricen.
Este testamento será, sin embargo, válido cuando se probare
haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del
testador, o hallándose éste en estado de demencia; pero si apa-

156

182

reciere rota la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario
probar además la autenticidad del testamento para su validez.
Si el testamento se encontrare en poder de otra persona, se
entenderá que el vicio procede de ella y no será aquél válido
como no se pruebe su autenticidad, si estuvieren rota la cubierta
o quebrantados los sellos; y si una y otros se hallaren íntegros,
pero con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, será
válido el testamento, como no se justifique haber sido entre-
gado el pliego en esta forma por el mismo testador.
743. Caducarán los testamentos, o serán ineficaces en todo o
en parte las disposiciones testamentarias, sólo en los casos
expresamente prevenidos en este Código.
CAPÍTULO II
De la herencia
Sección 1. De la capacidad para suceder por testamento
a

y sin él
744. Podrán suceder por testamento o abintestato los que no
estén incapacitados por la ley.
745. Son incapaces de suceder:
1.o Las criaturas abortivas, entendiéndose tales las que no
reúnan las circunstancias expresadas en el artículo 30.
2.o Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley.
746. Las iglesias y los cabildos eclesiásticos, las Diputacio-
nes provinciales y las provincias, los Ayun amientos y Munici-
t
pios, los establecimientos de hospitalidad, beneficencia e
instrucción pública, las asociaciones autorizadas o reconocidas
por la ley y las demás personas jurídicas pueden adquirir por
testamento con sujeción a lo dispuesto en el artículo 38.
747. Si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes
para sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma, hacién-
dolo indeterminadamente y sin especificar su aplicación, los
albaceas venderán los bienes y distribuirán su importe, dando
la mitad al Diocesano para que lo destine a los indicados sufra-
gios y a las atenciones y necesidades de la Iglesia, y la otra
mitad al Gobernador civil correspondiente para los estableci-
mientos benéficos del domicilio del difunto, y, en su defecto,
para los de la provincia.

183

748. La institución hecha a favor de un establecimiento
público bajo condición o imponiéndole un gravamen sólo será
válida si el Gobierno la aprueba.
749. Las disposiciones hechas a favor de los pobres en gene-
ral, sin designación de personas ni de población, se entenderán
limitadas a los del domicilio del testador en la época de su
muerte, si no constare claramente haber sido otra su voluntad.
La calificación de los pobres y la distribución de los bienes se
harán por la persona que haya designado el testador, en su
defecto por los albaceas, y, si no los hubiere, por el Párroco, el
Alcalde y el Juez municipal, los cuales resolverán, por mayoría
de votos, las dudas que ocurran.
Esto mismo se hará cuando el testador haya dispuesto de sus
bienes en favor de los pobres de una parroquia o pueblo deter-
minado.
750. Toda disposición en favor de persona incierta será nula,
a menos que por algún evento pueda resultar cierta.
751. La disposición hecha genéricamente en favor de los
parientes del testador se entiende hecha en favor de los más
próximos en grado.
752. No producirán efecto las disposiciones testamentarias
que haga el testador durante su última enfermedad en favor del
sacerdote que en ella le hubiese confesado, de los parientes del
mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comu-
nidad o instituto.
753. Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en
favor de quien sea tutor o curador del testador, salvo cuando se
haya hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas
o, en el caso en que no tuviese que rendirse éstas, después de
la extinción de la tutela o curatela.
Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del
tutor o curador que sea ascendiente, descendiente, hermano,
hermana o cónyuge del testador 157.
754. El testador no podrá disponer de todo o parte de su
herencia en favor del Notario que autorice su testamento, o del

157

184

cónyuge, parientes o afines del mismo dentro del cuarto grado,
con la excepción establecida en el artículo 682 158.
Esta prohibición será aplicable a los testigos del testamento
abierto, otorgado con o sin Notario.
Las disposiciones de este artículo son también aplicables a los
testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos
especiales.
755. Será nula la disposición testamentaria a favor de un inca-
paz, aunque se la disfrace bajo la forma de contrato oneroso o
se haga a nombre de persona interpuesta.
756. Son incapaces de suceder por causa de indignidad:
1.o Los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompie-
ren a sus hijos.
2.o El que fuere condenado en juicio por haber atentado con-
tra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o
ascendientes.
Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho a
la legítima.
3.o El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley
señale pena no inferior a la de presidio o prisión mayor,
cuando la acusación sea declarada calumniosa.
4.o El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte vio-
lenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un
mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de
oficio.
Cesará esta prohibición en los casos en que, según la ley,
no hay la obligación de acusar.
5.o El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testa-
dor a hacer testamento o a cambiarlo.
6.o El que por iguales medios impidiere a otro hacer testa-
mento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocul-
tare o alterare otro posterior.

158
Párrafo redactado de acuerdo con la Ley 11/1990, de 15 de octubre.

185

7.o Tratándose de la sucesión de una persona con discapaci-
dad, las personas con derecho a la herencia que no le
hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo
por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del
Código Civil 159.

757. Las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el tes-
tador las conocía al tiempo de hacer testamento, o si habiéndo-
las sabido después, las remitiere en documento público.

758. Para calificar la capacidad del heredero o legatario se
atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión
se trate.

En los casos 2.o y 3.o del artículo 756 se esperará a que se dicte
la sentencia firme, y en el número 4.o a que transcurra el mes
señalado para la denuncia 160.

Si la institución o legado fuere condicional, se atenderá además
al tiempo en que se cumpla la condición.

759. El heredero o legatario que muera antes de que la con-
dición se cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite
derecho alguno a sus herederos.

760. El incapaz de suceder, que, contra la prohibición de los
anteriores artículos, hubiese entrado en la posesión de los bie-
nes hereditarios, estará obligado a restituirlos con sus accesio-
nes y con todos los frutos y rentas que haya percibido.

761. Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o
descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes,
adquirirán éstos su derecho a la legítima 161.

762. No puede deducirse acción para declarar la incapacidad
pasados cinco años desde que el incapaz esté en posesión de la
herencia o legado.

159
Se incluye este artículo con las modificaciones operadas por Le-
yes 22/1978, de 26 de mayo, 11/1990, de 15 de octubre, y 41/2003, de 18
de noviembre.
160
Párrafo redactado conforme a la Ley 22/1978, de 26 de mayo.
161

186

Sección 2.a De la institución de heredero
763. El que no tuviere herederos forzosos puede disponer por
testamento de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de
cualquiera persona que tenga capacidad para adquirirlos.
El que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de sus
bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen en la
sección 5.a de este capítulo.
764. El testamento será válido aunque no contenga institución
de heredero, o ésta no comprenda la totalidad de los bienes, y
aunque el nombrado no acepte la herencia, o sea incapaz de
heredar.
En estos casos se cumplirán las disposiciones testamentarias
hechas con arreglo a las leyes, y el remanente de los bienes
pasará a los herederos legítimos.
765. Los herederos instituidos sin designación de partes here-
darán por partes iguales.
766. El heredero voluntario que muere antes que el testador,
el incapaz de heredar y el que renuncia a la herencia no transmi-
ten ningún derecho a sus herederos, salvo lo dispuesto en los
artículos 761 y 857.
767. La expresión de una causa falsa de la institución de here-
dero o del nombramiento de legatario será considerada como
no escrita, a no ser que del testamento resulte que el testador
no habría hecho tal institución o legado si hubiese conocido la
falsedad de la causa.
La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea ver-
dadera, se tendrá también por no escrita.
768. El heredero instituido en una cosa cierta y determinada
será considerado como legatario.
769. Cuando el testador nombre unos herederos individual-
mente y otros colectivamente, como si dijere: «Instituyo por mis
herederos a N. y a N., y a los hijos de N», los colectivamente
nombrados se considerarán como si lo fueran individualmente,
a no ser que conste de un modo claro que ha sido otra la volun-
tad del testador.

187

770. Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene carna-
les y de padre o madre solamente, se dividirá la herencia como
en el caso de morir intestado.
771. Cuando el testador llame a la sucesión a una persona y a
sus hijos, se entenderán todos instituidos simultánea y no suce-
sivamente.
772. El testador designará al heredero por su nombre y ape-
llidos, y cuando haya dos que los tengan iguales deberá señalar
alguna circunstancia por la que se conozca al instituido.
Aunque el testador haya omitido el nombre del heredero, si lo
designare de modo que no pueda dudarse quién sea el insti-
tuido, valdrá la institución.
En el testamento del adoptante, la expresión genérica hijo o
hijos comprende a los adoptivos 162.
773. El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero
no vicia la institución cuando de otra manera puede saberse
ciertamente cuál sea la persona nombrada.
Si entre personas del mismo nombre y apellidos hay igualdad de
circunstancias y éstas son tales que no permiten distinguir al
instituido, ninguno será heredero.
Sección 3.a De la sustitución
774. Puede el testador sustituir una o más personas al here-
dero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes
que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.
La sustitución simple, y sin expresión de casos, comprende los
tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador
haya dispuesto lo contrario.
775. Los padres y demás ascendientes podrán nombrar susti-
tutos a sus descendientes menores de catorce años, de ambos
sexos, para el caso de que mueran antes de dicha edad.
776. El ascendiente podrá nombrar sustituto al descendiente
mayor de catorce años, que, conforme a derecho, haya sido
declarado incapaz por enajenación mental.

162

188

La sustitución de que habla el párrafo anterior quedará sin
efecto por el testamento del incapacitado hecho durante un
intervalo lúcido o después de haber recobrado la razón.

777. Las sustituciones de que hablan los dos artículos anterio-
res, cuando el sustituido tenga herederos forzosos, sólo serán
válidas en cuanto no perjudiquen los derechos legitimarios de
éstos.

778. Pueden ser sustituidas dos o más personas a una sola; y
al contrario, una sola a dos o más herederos.

779. Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren
sustituidos recíprocamente, tendrán en la sustitución las mismas
partes que en la institución, a no ser que claramente aparezca
haber sido otra la voluntad del testador.

780. El sustituto quedará sujeto a las mismas cargas y condi-
ciones impuestas al instituido, a menos que el testador haya
dispuesto expresamente lo contrario, o que los gravámenes o
condiciones sean meramente personales del instituido.

781. Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga
al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte
de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no
pasen del segundo grado, o que se hagan en favor de personas
que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

782. Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la
legítima, salvo que graven la legítima estricta en beneficio de
un hijo o descendiente judicialmente incapacitado en los térmi-
nos establecidos en el artículo 808. Si recayeren sobre el tercio
destinado a la mejora, sólo podrán hacerse en favor de los des-
cendientes 163.

783. Para que sean válidos los llamamientos a la sustitución
fideicomisaria, deberán ser expresos.

El fiduciario estará obligado a entregar la herencia al fideicomi-
sario, sin otras deducciones que las que correspondan por gas-
tos legítimos, créditos y mejoras, salvo el caso en que el testador
haya dispuesto otra cosa.

163

189

784. El fideicomisario adquirirá derecho a la sucesión desde la
muerte del testador, aunque muera antes que el fiduciario. El
derecho de aquél pasará a sus herederos.
785. No surtirán efecto:
1.o Las sustituciones fideicomisarias que no se hagan de una
manera expresa, ya dándoles este nombre, ya imponiendo al
sustituido la obligación terminante de entregar los bienes a un
segundo heredero.
2.o Las disposiciones que contengan prohibición perpetua de
enajenar, y aun la temporal, fuera del límite señalado en el ar-
tículo 781.
3.o Las que impongan al heredero el encargo de pagar a varias
personas sucesivamente, más allá del segundo grado, cierta
renta o pensión.
4.o Las que tengan por objeto dejar a una persona el todo o
parte de los bienes hereditarios para que los aplique o invierta
según instrucciones reservadas que le hubiese comunicado el
testador.
786. La nulidad de la sustitución fideicomisaria no perjudicará
a la validez de la institución ni a los herederos del primer llama-
miento; sólo se tendrá por no escrita la cláusula fideicomisaria.
787. La disposición en que el testador deje a una persona el
todo o parte de la herencia, y a otra el usufructo, será válida. Si
llamare al usufructo a varias personas no simultánea, sino sucesi-
vamente, se estará a lo dispuesto en el artículo 781.
788. Será válida la disposición que imponga al heredero la
obligación de invertir ciertas cantidades periódicamente en
obras benéficas, como dotes para doncellas pobres, pensiones
para estudiantes o en favor de los pobres o de cualquiera esta-
blecimiento de beneficencia o de instrucción pública, bajo las
condiciones siguientes:
Si la carga se impusiere sobre bienes inmuebles y fuere tempo-
ral, el heredero o herederos podrán disponer de la finca gra-
vada, sin que cese el gravamen mientras que su inscripción no
se cancele.
Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla e
imponer el capital a interés con primera y suficiente hipoteca.

190

La capitalización e imposición del capital se hará interviniendo
el Gobernador civil de la provincia y con audiencia del Ministe-
rio Público.
En todo caso, cuando el testador no hubiere establecido un
orden para la administración y aplicación de la manda benéfica,
lo hará la Autoridad administrativa a quien corresponda con
arreglo a las leyes.
789. Todo lo dispuesto en este capítulo respecto a los herede-
ros se entenderá también aplicable a los legatarios.
Sección 4.a De la institución de heredero y del legado
condicional o a término
790. Las disposiciones testamentarias, tanto a título univer-
sal como particular, podrán hacerse bajo condición.
791. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios,
en lo que no esté prevenido en esta sección, se regirán por las
reglas establecidas para las obligaciones condicionales.
792. Condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las
buenas costumbres se tendrán por no puestas y en nada perju-
dicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador dis-
ponga otra cosa.
793. La condición absoluta de no contraer primero o ulterior
matrimonio se tendrá por no puesta, a menos que lo haya sido
al viudo o viuda por su difunto consorte o por los ascendientes
o descendientes de éste.
Podrá, sin embargo, legarse a cualquiera el usufructo, uso o
habitación, o una pensión o prestación personal, por el tiempo
que permanezca soltero o viudo.
794. Será nula la disposición hecha bajo condición de que el
heredero o legatario haga en su testamento alguna disposición
en favor del testador o de otra persona.
795. La condición puramente potestativa impuesta al here-
dero o legatario ha de ser cumplida por éstos, una vez entera-
dos de ella, después de la muerte del testador.
Exceptúase el caso en que la condición, ya cumplida, no pueda
reiterarse.

191

796. Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se
realice o cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador,
si éste no hubiese dispuesto otra cosa.
Si hubiese existido o se hubiese cumplido al hacerse el testa-
mento, y el testador lo ignoraba, se tendrá por cumplida.
Si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida cuando fuere de tal
naturaleza que no pueda ya existir o cumplirse de nuevo.
797. La expresión del objeto de la institución o legado, o la
aplicación que haya de darse a lo dejado por el testador, o la
carga que el mismo impusiere, no se entenderán como condi-
ción, a no parecer que ésta era su voluntad.
Lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego, y es
transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo
mandado por el testador, y la devolución de lo percibido con sus
frutos e intereses, si faltaren a esta obligación.
798. Cuando, sin culpa o hecho propio del heredero o legata-
rio, no pueda tener efecto la institución o el legado de que trata
el artículo precedente en los mismos términos que haya orde-
nado el testador, deberá cumplirse en otros, los más análogos y
conformes a su voluntad.
Cuando el interesado en que se cumpla, o no, impidiere su
cumplimiento sin culpa o hecho propio del heredero o legata-
rio, se considerará cumplida la condición.
799. La condición suspensiva no impide al heredero o lega-
tario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus
herederos, aun antes de que se verifique su cumplimiento.
800. Si la condición potestativa impuesta al heredero o lega-
tario fuere negativa, o de no hacer o no dar, cumplirán con
afianzar que no harán o no darán lo que fue prohibido por el
testador, y que, en caso de contravención, devolverán lo perci-
bido con sus frutos e intereses.
801. Si el heredero fuere instituido bajo condición suspensiva,
se pondrán los bienes de la herencia en administración hasta
que la condición se realice o haya certeza de que no podrá cum-
plirse.
Lo mismo se hará cuando el heredero o legatario no preste la
fianza en el caso del artículo anterior.

192

802. La administración de que habla el artículo precedente se
confiará al heredero o herederos instituidos sin condición,
cuando entre ellos y el heredero condicional hubiere derecho de
acrecer. Lo mismo se entenderá respecto de los legatarios.
803. Si el heredero condicional no tuviere coherederos, o
teniéndolos no existiese entre ellos derecho de acrecer, entrará
aquél en la administración, dando fianza.
Si no la diere, se conferirá la administración al heredero pre-
sunto, también bajo fianza; y, si ni uno ni otro afianzaren, los
Tribunales nombrarán tercera persona, que se hará cargo de
ella, también bajo fianza, la cual se prestará con intervención
del heredero.
804. Los administradores tendrán los mismos derechos y
obligaciones que los que lo son de los bienes de un ausente.
805. Será válida la designación de día o de tiempo en que
haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero
o del legado.
En ambos casos, hasta que llegue el término señalado, o cuando
éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas en
el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes sino
después de prestar caución suficiente, con intervención del ins-
tituido.
Sección 5.a De las legítimas
806. Legítima es la porción de bienes de que el testador no
puede disponer por haberla reservado la ley a determinados
herederos, llamados por esto herederos forzosos.
807. Son herederos forzosos:
1.o Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascen
dientes.
2.o A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto
de sus hijos y descendientes.
3.o El viudo o viuda en la forma y medida que establece este
Código 164.

Redactado conforme a la Ley 11/1981, de 13 de mayo
164

193

808. Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las
dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la
madre.
Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte de las dos
que forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o
descendientes.
Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicial-
mente incapacitado, el testador podrá establecer una sustitu-
ción fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo
fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados
y fideicomisarios los coherederos forzosos.
La tercera parte restante será de libre disposición 165.
809. Constituye la legítima de los padres o ascendientes la
mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, salvo
el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descen-
diente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de
la herencia 166.
810. La legítima reservada a los padres se dividirá entre los
dos por partes iguales; si uno de ellos hubiere muerto, recaerá
toda en el sobreviviente.
Cuando el testador no deje padre ni madre, pero sí ascendien-
tes, en igual grado, de las líneas paterna y materna, se dividirá
la herencia por mitad entre ambas líneas. Si los ascendientes
fueren de grado diferente, corresponderá por entero a los más
próximos de una u otra línea.
811. El ascendiente que heredare de su descendiente bienes
que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascen-
diente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que
hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parien-
tes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea
de donde los bienes proceden.
812. Los ascendientes suceden con exclusión de otras perso-
nas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes
muertos sin posteridad, cuando los mismos objetos donados
existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán

165

166

194

en todas las acciones que el donatario tuviera con relación a
ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en los bienes con
que se hayan sustituido, si los permutó o cambió.
813. El testador no podrá privar a los herederos de su legí-
tima sino en los casos expresamente determinados por la ley.
Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni
sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al
usufructo de viudo y lo establecido en el artículo 808 respecto
de los hijos o descendientes judicialmente incapacitados 167.
814. La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legí-
tima. Se reducirá la institución de heredero antes que los lega-
dos, mejoras y demás disposiciones testamentarias.
Sin embargo, la preterición no intencional de hijos o descen-
dientes producirá los siguientes efectos:
1.o Si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones
testamentarias de contenido patrimonial.
2.o En otro caso, se anulará la institución de herederos, pero
valdrán las mandas y mejoras ordenadas por cualquier título,
en cuanto unas y otras no sean inoficiosas. No obstante, la
institución de heredero a favor del cónyuge sólo se anulará
en cuanto perjudique a las legítimas.
Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido
preterido representan a éste en la herencia del ascendiente, y
no se consideran preteridos.
Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testa-
dor, el testamento surtirá todos sus efectos.
A salvo las legítimas, tendrá preferencia en todo caso lo orde-
nado por el testador 168.
815. El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por
cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá
pedir el complemento de la misma.
816. Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre
el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán

Párrafo redactado de acuerdo con la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
167

Artículo redactado de acuerdo con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
168

195

reclamarla cuando muera aquél; pero deberán traer a colación
lo que hubiesen recibido por la renuncia o transacción.
817. Las disposiciones testamentarias que mengüen la legí-
tima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos,
en lo que fueren inoficiosas o excesivas.
818. Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes
que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las
deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el
testamento.
Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las
donaciones colacionables 169.
819. Las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el con-
cepto de mejoras, se imputarán en su legítima.
Las donaciones hechas a extraños se imputarán a la parte libre
de que el testador hubiese podido disponer por su última volun-
tad.
En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota disponi-
ble, se reducirán según las reglas de los artículos siguientes.
820. Fijada la legítima con arreglo a los dos artículos anterio-
res, se hará la reducción como sigue:
1.o Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la
legítima, reduciendo o anulando, si necesario fuere, las
mandas hechas en testamento.
2.o La reducción de éstas se hará a prorrata, sin distinción
alguna.
Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado
con preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino des-
pués de haberse aplicado éstos por entero al pago de la legí-
tima.
3.o Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo
valor se tenga por superior a la parte disponible, los here-
deros forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición
testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia
de que podía disponer libremente el testador.

169
Párrafo redactado conforme a la Ley 11/1981, de 13 de mayo.

196

821. Cuando el legado sujeto a reducción consista en una
finca que no admita cómoda división, quedará ésta para el lega-
tario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso
contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos debe-
rán abonarse su respectivo haber en dinero.
El legatario que tenga derecho a legítima podrá retener toda la
finca, con tal que su valor no supere, el importe de la porción
disponible y de la cuota que le corresponda por legítima.
Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que
se les concede en este artículo se venderá la finca en pública
subasta, a instancia de cualquiera de los interesados 170.
822. La donación o legado de un derecho de habitación
sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legi-
timario persona con discapacidad, no se computará para el cál-
culo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos
estuvieren conviviendo en ella.
Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley
en las mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo
necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos
que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera
excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que
continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo nece-
siten.
El derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores será
intransmisible.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no impedirá la atri-
bución al cónyuge de los derechos regulados en los
ar ículos 1406 y 1407 de este Código, que coexistirán con el de
t
habitación 171.
Sección 6.a De las mejoras
823. El padre o la madre podrán disponer en concepto de
mejora a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendien-
tes, ya lo sean por naturaleza, ya por adopción, de una de las
dos terceras partes destinadas a legítima 172.

170
Artículo redactado de acuerdo con la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
171
172

197

824. No podrán imponerse sobre la mejora otros gravámenes
que los que se establezcan en favor de los legitimarios o sus
descendientes.
825. Ninguna donación por contrato entre vivos, sea simple o
por causa onerosa, en favor de hijos o descendientes, que sean
herederos forzosos, se reputará mejora, si el donante no ha decla-
rado de una manera expresa su voluntad de mejorar.
826. La promesa de mejorar o no mejorar, hecha por escritura
pública en capitulaciones matrimoniales, será válida.
La disposición del testador contraria a la promesa no producirá
efecto.
827. La mejora, aunque se haya verificado con entrega de bie-
nes, será revocable, a menos que se haya hecho por capitulacio-
nes matrimoniales o por contrato oneroso celebrado con un
tercero.
828. La manda o legado hecho por el testador a uno de los
hijos o descendientes no se reputará mejora sino cuando el
testador haya declarado expresamente ser ésta su voluntad, o
cuando no quepa en la parte libre.
829. La mejora podrá señalarse en cosa determinada. Si el
valor de ésta excediere del tercio destinado a la mejora y de la
parte de legítima correspondiente al mejorado, deberá éste
abonar la diferencia en metálico a los demás interesados.
830. La facultad de mejorar no puede encomendarse a otro.
831. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
podrán conferirse facultades al cónyuge en testamento para que,
fallecido el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descen-
dientes comunes mejoras incluso con cargo al tercio de libre dis-
posición y, en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes
concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particio-
nes, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad
conyugal disuelta que esté sin liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones podrán reali-
zarse por el cónyuge en uno o varios actos, simultáneos o
sucesivos. Si no se le hubiere conferido la facultad de
hacerlo en su propio testamento o no se le hubiere señalado
plazo, tendrá el de dos años contados desde la apertura de
la sucesión o, en su caso, desde la emancipación del último
de los hijos comunes.

198

Las disposiciones del cónyuge que tengan por objeto bie-
nes específicos y determinados, además de conferir la pro-
piedad al hijo o descendiente favorecido, le conferirán
también la posesión por el hecho de su aceptación, salvo
que en ellas se establezca otra cosa.
2. Corresponderá al cónyuge sobreviviente la administración
de los bienes sobre los que pendan las facultades a que se
refiere el párrafo anterior.
3. El cónyuge, al ejercitar las facultades encomendadas,
deberá respetar las legítimas estrictas de los descendientes
comunes y las mejoras y demás disposiciones del causante
en favor de ésos.
De no respetarse la legítima estricta de algún descendiente
común o la cuota de participación en los bienes relictos que
en su favor hubiere ordenado el causante, el perjudicado
podrá pedir que se rescindan los actos del cónyuge en cuanto
sea necesario para dar satisfacción al interés lesionado.
Se entenderán respetadas las disposiciones del causante a
favor de los hijos o descendientes comunes y las legítimas
cuando unas u otras resulten suficientemente satisfechas
aunque en todo o en parte lo hayan sido con bienes perte-
necientes sólo al cónyuge que ejercite las facultades.
4. La concesión al cónyuge de las facultades expresadas no alte-
rará el régimen de las legítimas ni el de las disposiciones del
causante, cuando el favorecido por unas u otras no sea des-
cendiente común. En tal caso, el cónyuge que no sea pariente
en línea recta del favorecido tendrá poderes, en cuanto a los
bienes afectos a esas facultades, para actuar por cuenta de
los descendientes comunes en los actos de ejecución o de
adjudicación relativos a tales legítimas o disposiciones.
Cuando algún descendiente que no lo sea del cónyuge
supérstite hubiera sufrido preterición no intencional en la
herencia del premuerto, el ejercicio de las facultades enco-
mendadas al cónyuge no podrá menoscabar la parte del
preterido.
5. Las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que
hubiere pasado a ulterior matrimonio o a relación de hecho
análoga o tenido algún hijo no común, salvo que el testador
hubiera dispuesto otra cosa.

199

6. Las disposiciones de los párrafos anteriores también serán
de aplicación cuando las personas con descendencia común
no estén casadas entre sí 173.
832. Cuando la mejora no hubiere sido señalada en cosa
determinada, será pagada con los mismos bienes hereditarios,
observándose, en cuanto puedan tener lugar, las reglas estable-
cidas en los artículos 1061 y 1062 para procurar la igualdad de
los herederos en la partición de bienes.
833. El hijo o descendiente mejorado podrá renunciar a la
herencia y aceptar la mejora 174.
Sección 7.a Derechos del cónyuge viudo 175
834. El cónyuge que al morir su consorte no se hallase sepa-
rado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia
con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del ter-
cio destinado a mejora 176.
835. Si entre los cónyuges separados hubiera mediado recon-
ciliación notificada al Juzgado que conoció de la separación de
conformidad con el artículo 84 de este Código, el sobreviviente
conservará sus derechos 177.
836. ................................................................................................ 178.
837. No existiendo descendientes, pero sí ascendientes, el
cónyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de la mitad
de la herencia 179.
838. No existiendo descendientes ni ascendientes, el cónyuge
sobreviviente tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de
la herencia 180.

173
174
175
Rúbrica introducida por Ley 11/1981, de 13 de mayo.
176
177
Artículo redactado de acuerdo con la Ley 15/2005, de 8 de julio.
178
Suprimido por la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
179
Suprimido el segundo párrafo de este artículo por Ley 15/2005, de 8 de
julio.
180

200

839. Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de
usufructo, asignándole una renta vitalicia, los productos de deter-
minados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo
acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.
Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de
la herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda al
cónyuge 181.
840. Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del
causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satis-
fecho, a elección de los hijos, asignándole un capital en dinero
o un lote de bienes hereditarios 182.
Sección 8.a Pago de la porción hereditaria en casos
especiales 183
841. El testador, o el contador-partidor expresamente autori-
zado por aquél, podrá adjudicar todos los bienes hereditarios,
o parte de ellos, a alguno de los hijos o descendientes, orde-
nando que se pague en metálico la porción hereditaria de los
demás legitimarios.
También corresponderá la facultad de pago en metálico en el
mismo supuesto del párrafo anterior al contador-partidor dativo
a que se refiere el artículo 1057 del Código Civil.
842. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cual-
quiera de los hijos o descendientes obligados a pagar en metá-
lico la cuota hereditaria de sus hermanos podrá exigir que dicha
cuota sea satisfecha en bienes de la herencia, debiendo obser-
varse, en tal caso, lo prescrito por los artículos 1058 a 1063 de
este Código.
843. Salvo confirmación expresa de todos los hijos o descen-
dientes, la partición a que se refieren los dos artículos anterio-
res requerirá aprobación judicial.
844. La decisión de pago en metálico no producirá efectos si
no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde
la apertura de la sucesión. El pago deberá hacerse en el plazo

181
Artículo redactado de acuerdo con la Ley de 24 de abril de 1958.
182
183
La rúbrica de la presente sección y los artículos 841 a 847 que la com-
ponen figuran redactados de acuerdo con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.

201

de otro año más, salvo pacto en contrario. Corresponderán al
perceptor de la cantidad las garantías legales establecidas para
el legatario de cantidad.
Transcurrido el plazo sin que el pago haya tenido lugar, caducará
la facultad conferida a los hijos o descendientes por el testador
o el contador-partidor y se procederá a repartir la herencia
según las disposiciones generales sobre la partición.
845. La opción de que tratan los artículos anteriores no afec-
tará a los legados de cosa específica.
846. Tampoco afectará a las disposiciones particionales del
testador señaladas en cosas determinadas.
847. Para fijar la suma que haya de abonarse a los hijos o
descendientes se atenderá al valor que tuvieren los bienes al
tiempo de liquidarles la porción correspondiente, teniendo en
cuenta los frutos o rentas hasta entonces producidos. Desde la
liquidación, el crédito metálico devengará el interés legal.
Sección 9.a De la desheredación
848. La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de
las causas que expresamente señala la ley.
849. La desheredación sólo podrá hacerse en testamento,
expresando en él la causa legal en que se funde.
850. La prueba de ser cierta la causa de la desheredación
corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la
negare.
851. La desheredación hecha sin expresión de causa, o por
causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que
no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos,
anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al des-
heredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposi-
ciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.
852. Son justas causas para la desheredación, en los términos
que específicamente determinan los artículos 853, 854 y 855, las
de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el ar-
tículo 756 con los números 1.o, 2.o, 3.o, 5.o y 6.o 184

184

202

853. Serán también justas causas para desheredar a los hijos
y descendientes, además de las señaladas en el ar ículo 756 con
t
los números 2.o, 3.o, 5.o y 6.o, las siguientes:
1.a Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o
ascendiente que le deshereda.
2.a Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de pala-
bra 185.
3.ª ........................................................................................... 186.
4.ª ........................................................................................... 187.
854. Serán justas causas para desheredar a los padres y ascen-
dientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los
números 1.o, 2.o, 3.o, 5.o y 6.o, las siguientes:
1.a Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas
2.a Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin
motivo legítimo.
3.a Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si
no hubiere habido entre ellos reconciliación 188.
855. Serán justas causas para desheredar al cónyuge, además
de las señaladas en el artículo 756 con los números 2.o, 3.o, 5.o
y 6.o, las siguientes:
1.a Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes
conyugales.
2.a Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, con-
3.a Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.
4.a Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no
hubiere mediado reconciliación 189.

185
186
Suprimida esta causa por Ley 11/1990, de 15 de octubre.
187
Suprimida por Ley 6/1984, de 31 de marzo.
188
189

203

856. La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido
priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la des-
heredación ya hecha.
857. Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su
lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos res-
pecto a la legítima 190.
Sección 10.ª De las mandas y legados
858. El testador podrá gravar con mandas y legados no sólo
a su heredero, sino también a los legatarios.
Éstos no estarán obligados a responder del gravamen sino hasta
donde alcance el valor del legado.
859. Cuando el testador grave con un legado a uno de los
herederos, él sólo quedará obligado a su cumplimiento.
Si no gravare a ninguno en particular, quedarán obligados todos
en la misma proporción en que sean herederos.
860. El obligado a la entrega del legado responderá en caso
de evicción, si la cosa fuere indeterminada y se señalase sólo por
género o especie.
861. El legado de cosa ajena si el testador, al legarla, sabía
que lo era, es válido. El heredero estará obligado a adquirirla
para entregarla al legatario; y, no siéndole posible, a dar a éste
su justa estimación.
La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena corres-
ponde al legatario.
862. Si el testador ignoraba que la cosa que legaba era ajena,
será nulo el legado.
Pero será válido si la adquiere después de otorgado el testa-
mento.
863. Será válido el legado hecho a un tercero de una cosa
propia del heredero o de un legatario, quienes, al aceptar la
sucesión, deberán entregar la cosa legada o su justa estimación,
con la limitación establecida en el artículo siguiente.

190

204

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de
la legítima de los herederos forzosos.
864. Cuando el testador, heredero o legatario tuviesen sólo
una parte o un derecho en la cosa legada, se entenderá limitado
el legado a esta parte o derecho, a menos que el testador
declare expresamente que lega la cosa por entero.
865. Es nulo el legado de cosas que están fuera del comercio.
866. No producirá efecto el legado de cosa que al tiempo de
hacerse el testamento fuera ya propia del legatario, aunque en
ella tuviese algún derecho otra persona.
Si el testador dispone expresamente que la cosa sea liberada de
este derecho o gravamen, valdrá en cuanto a esto el legado.
867. Cuando el testador legare una cosa empeñada o hipote-
cada para la seguridad de alguna deuda exigible, el pago de
ésta quedará a cargo del heredero.
Si por no pagar el heredero lo hiciere el legatario, quedará éste
subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar
contra el heredero.
Cualquiera otra carga perpetua o temporal, a que se halle afecta
la cosa legada, pasa con ésta al legatario; pero en ambos casos
las rentas y los intereses o réditos devengados hasta la muerte
del testador son carga de la herencia.
868. Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habi-
tación, el legatario deberá respetar estos derechos hasta que
legalmente se extingan.
869. El legado quedará sin efecto:
1.o Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no
conserve ni la forma ni la denominación que tenía.
2.o Si el testador enajena, por cualquier título o causa, la cosa
legada o parte de ella, entendiéndose en este último caso
que el legado queda sólo sin efecto respecto a la parte ena-
jenada. Si después de la enajenación volviere la cosa al
dominio del testador, aunque sea por la nulidad del con-
trato, no tendrá después de este hecho fuerza el legado,
salvo el caso en que la readquisición se verifique por pacto
de retroventa.

205

3.o Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador o
después de su muerte sin culpa del heredero. Sin embargo,
el obligado a pagar el legado responderá por evicción, si la
cosa legada no hubiere sido determinada en especie, según
lo dispuesto en el artículo 860.
870. El legado de un crédito contra tercero, o el de perdón o
liberación de una deuda del legatario, sólo surtirá efecto en la
parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir
el testador.
En el primer caso, el heredero cumplirá con ceder al legatario
todas las acciones que pudieran competirle contra el deudor.
En el segundo, con dar al legatario carta de pago, si la pidiere.
En ambos casos, el legado comprenderá los intereses que por
el crédito o la deuda se debieren al morir el testador.
871. Caduca el legado de que se habla en el artículo anterior
si el testador, después de haberlo hecho, demandare judicial-
mente al deudor para el pago de su deuda, aunque éste no se
haya realizado al tiempo del fallecimiento.
Por el legado hecho al deudor de la cosa empeñada sólo se
entiende remitido el derecho de prenda.
872. El legado genérico de liberación o perdón de las deudas
comprende las existentes al tiempo de hacerse el testamento,
no las posteriores.
873. El legado hecho a un acreedor no se imputará en pago
de su crédito, a no ser que el testador lo declare expresamente.
En este caso, el acreedor tendrá derecho a cobrar el exceso del
crédito o del legado.
874. En los legados alternativos se observará lo dispuesto
para las obligaciones de la misma especie, salvas las modifica-
ciones que se deriven de la voluntad expresa del testador.
875. El legado de cosa mueble genérica será válido aunque
no haya cosas de su género en la herencia.
El legado de cosa inmueble no determinada sólo será válido si
la hubiere de su género en la herencia.

206

La elección será del heredero, quien cumplirá con dar una cosa
que no sea de la calidad inferior ni de la superior.
876. Siempre que el testador deje expresamente la elección
al heredero o al legatario, el primero podrá dar, o el segundo
elegir, lo que mejor les pareciere.
877. Si el heredero o legatario no pudiere hacer la elección en
el caso de haberle sido concedida, pasará su derecho a los here-
deros; pero, una vez hecha la elección, será irrevocable.
878. Si la cosa legada era propia del legatario a la fecha del
testamento, no vale el legado, aunque después haya sido ena-
jenada.
Si el legatario la hubiese adquirido por título lucrativo después
de aquella fecha, nada podrá pedir por ello; mas si la adquisi-
ción se hubiese hecho por título oneroso, podrá pedir al here-
dero que le indemnice de lo que haya dado por adquirirla.
879. El legado de educación dura hasta que el legatario sea
mayor de edad.
El de alimentos dura mientras viva el legatario, si el testador no
dispone otra cosa.
Si el testador no hubiere señalado cantidad para estos legados,
se fijará según el estado y condición del legatario y el importe
de la he encia.
r
Si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta cantidad
de dinero u otras cosas por vía de alimentos, se entenderá
legada la misma cantidad, si no resultare en notable despropor-
ción con la cuantía de la herencia.
880. Legada una pensión periódica o cierta cantidad anual,
mensual o semanal, el legatario podrá exigir la del primer
período, así que muera el testador, y la de los siguientes en el
principio de cada uno de ellos, sin que haya lugar a la devolu-
ción aunque el legatario muera antes que termine el período
comenzado.
881. El legatario adquiere derecho a los legados puros y sim-
ples desde la muerte del testador, y lo transmite a sus herede-
ros.
882. Cuando el legado es de cosa específica y determinada,
propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde

207

que aquél muere, y hace suyos los frutos o rentas pendientes,
pero no las rentas devengadas y no satisfechas antes de la
muerte.
La cosa legada correrá desde el mismo instante a riesgo del
legatario, que sufrirá, por lo tanto, su pérdida o deterioro, como
también se aprovechará de su aumento o mejora.
883. La cosa legada deberá ser entregada con todos sus acce-
sorios y en el estado en que se halle al morir el testador.
884. Si el legado no fuere de cosa específica y determinada,
sino genérico o de cantidad, sus frutos e intereses desde la
muerte del testador corresponderán al legatario cuando el tes-
tador lo hubiese dispuesto expresamente.
885. El legatario no puede ocupar por su propia autoridad la
cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al here-
dero o al albacea, cuando éste se halle autorizado para darla.
886. El heredero debe dar la misma cosa legada, pudiendo
hacerlo, y no cumple con dar su estimación.
Los legados en dinero deberán ser pagados en esta especie,
aunque no lo haya en la herencia.
Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a
cargo de la herencia, pero sin perjuicio de la legítima.
887. Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir
todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente:
1.o Los legados remuneratorios.
2.o Los legados de cosa cierta y determinada, que forme parte
del caudal hereditario.
3.o Los legados que el testador haya declarado preferentes.
4.o Los de alimentos.
5.o Los de educación.
6.o Los demás a prorrata.
888. Cuando el legatario no pueda o no quiera admitir el
legado, o éste, por cualquier causa, no tenga efecto, se refun-
dirá en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución
y derecho de acrecer.

208

889. El legatario no podrá aceptar una parte del legado y
repudiar la otra, si ésta fuere onerosa.
Si muriese antes de aceptar el legado dejando varios herederos,
podrá uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le
corresponda en el legado.
890. El legatario de dos legados, de los que uno fuere one-
roso, no podrá renunciar éste y aceptar el otro. Si los dos son
onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar
el que quiera.
El heredero que sea al mismo tiempo legatario podrá renunciar
la herencia y aceptar el legado, o renunciar éste y aceptar aqué-
lla.
891. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratea-
rán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios a pro-
porción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto
otra cosa.
Sección 11.ª De los albaceas o testamentarios
892. El testador podrá nombrar uno o más albaceas.
893. No podrá ser albacea el que no tenga capacidad para
obligarse.
El menor no podrá serlo, ni aun con la autorización del padre o
del tutor 191.
894. El albacea puede ser universal o particular.
En todo caso, los albaceas podrán ser nombrados mancomu-
nada, sucesiva o solidariamente.
895. Cuando los albaceas fueren mancomunados, sólo valdrá
lo que todos hagan de consuno, o lo que haga uno de ellos
legalmente autorizado por los demás, o lo que, en caso de disi-
dencia, acuerde el mayor número.
896. En los casos de suma urgencia podrá uno de los albaceas
mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los
actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente a
los demás.

191

209

897. Si el testador no establece claramente la solidaridad de
los albaceas, ni fija el orden en que deben desempeñar su
encargo, se entenderán nombrados mancomunadamente y des-
empeñarán el cargo como previenen los dos artículos anteriores.
898. El albaceazgo es cargo voluntario, y se entenderá acep-
tado por el nombrado para desempeñarlo si no se excusa den-
tro de los seis días siguientes a aquel en que tenga noticia de su
nombramiento, o, si éste le era ya conocido, dentro de los seis
días siguientes al en que supo la muerte del testador.
899. El albacea que acepta este cargo se constituye en la
obligación de desempeñarlo; pero lo podrá renunciar alegando
causa justa al prudente arbitrio del Juez.
900. El albacea que no acepte el cargo, o lo renuncie sin justa
causa, perderá lo que le hubiese dejado el testador, salvo siem-
pre el derecho que tuviere a la legítima.
901. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresa-
mente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las
leyes.
902. No habiendo el testador determinado especialmente las
facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:
1.a Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con
arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y, en su
defecto, según la costumbre del pueblo.
2.a Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el
conocimiento y beneplácito del heredero.
3.a Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el
testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y
fuera de él.
4.a Tomar las precauciones necesarias para la conservación y
custodia de los bienes, con intervención de los herederos
presentes.
903. Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago
de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo
suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles;
y no alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención de
los herederos.

210

Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, cor-
poración o establecimiento público, la venta de los bienes se
hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales
casos.
904. El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo,
deberá cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su
aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovie-
ren sobre la validez o nulidad del testamento o de algunas de
sus disposiciones.
905. Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá seña-
lar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiese señalado, se
entenderá prorrogado el plazo por un año.
Si, transcurrida esta prórroga, no se hubiese todavía cumplido
la voluntad del testador, podrá el Juez conceder otra por el
tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del
caso.
906. Los herederos y legatarios podrán, de común acuerdo,
prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean nece-
sario; pero, si el acuerdo fuese sólo por mayoría, la prórroga no
podrá exceder de un año.
907. Los albaceas deberán dar cuenta de su encargo a los
herederos.
Si hubieren sido nombrados no para entregar los bienes a here-
deros determinados, sino para darles la inversión o distribución
que el testador hubiese dispuesto en los casos permitidos por
derecho, rendirán sus cuentas al Juez.
Toda disposición del testador contraria a este artículo será nula.
908. El albaceazgo es cargo gratuito. Podrá, sin embargo, el
testador señalar a los albaceas la remuneración que tenga por
conveniente; todo sin perjuicio del derecho que les asista para
cobrar lo que les corresponda por los trabajos de partición u
otros facultativos.
Si el testador lega o señala conjuntamente a los albaceas alguna
retribución, la parte de los que no admitan el cargo acrecerá a
los que lo desempeñen.
909. El albacea no podrá delegar el cargo si no tuviese
expresa autorización del testador.

211

910. Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renun-
cia o remoción del albacea, y por el lapso del término señalado por
el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados.
911. En los casos del artículo anterior, y en el de no haber el
albacea aceptado el cargo, corresponderá a los herederos la
ejecución de la voluntad del testador.
CAPÍTULO III
De la sucesión intestada
912. La sucesión legítima tiene lugar:
1.o Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo,
o que haya perdido después su validez.
2.o Cuando el testamento no contiene institución de heredero
en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los
que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legí-
tima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que
no hubiese dispuesto.
3.o Cuando falta la condición puesta a la institución del here-
dero, o éste muere antes que el testador, o repudia la
herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho
de acrecer.
4.o Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.
913. A falta de herederos testamentarios, la ley defiere la
herencia a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al
Estado 192.
914. Lo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por tes-
tamento es aplicable igualmente a la sucesión intestada.
Sección 2.a Del parentesco
915. La proximidad del parentesco se determina por el
número de generaciones. Cada generación forma un grado.
916. La serie de grados forma la línea, que puede ser directa
o colateral.

192

212

Se llama directa la constituida por la serie de grados entre per-
sonas que descienden una de otra.
Y colateral la constituida por la serie de grados entre personas
que no descienden unas de otras, pero que proceden de un
tronco común.
917. Se distingue la línea recta en descendente y ascendente.
La primera une al cabeza de familia con los que descienden de él.
La segunda liga a una persona con aquellos de quienes des-
ciende.
918. En las líneas se cuentan tantos grados como generacio-
nes o como personas, descontando la del progenitor.
En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista
del padre un grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo.
En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja
hasta la persona con quien se hace la computación. Por esto, el
hermano dista dos grados del hermano, tres del tío, hermano de
su padre o madre, cuatro del primo hermano y así en adelante.
919. El cómputo de que trata el artículo anterior rige en todas
las materias 193.
920. Llámase doble vínculo al parentesco por parte del padre
y de la madre conjuntamente.
921. En las herencias, el pariente más próximo en grado
excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en
los casos en que deba tener lugar.
Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán por
partes iguales, salvo lo que se dispone en el artículo 949 sobre
el doble vínculo.
922. Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y alguno
o algunos no quisieren o no pudieren suceder, su parte acrecerá
a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación
cuando deba tener lugar.
923. Repudiando la herencia el pariente más próximo, si es
solo, o, si fueren varios, todos los parientes más próximos llama-

193

213

dos por la ley heredarán los del grado siguiente por su propio
derecho y sin que puedan representar al repudiante.
Sección 3.a De la representación
924. Llámase derecho de representación el que tienen los
parientes de una persona para sucederle en todos los dere-
chos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.
925. El derecho de representación tendrá siempre lugar en la
línea recta descendente, pero nunca en la ascendente.
En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos de
hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.
926. Siempre que se herede por representación, la división
de la herencia se hará por estirpes, de modo que el represen-
tante o representantes no hereden más de lo que heredaría su
representado, si viviera.
927. Quedando hijos de uno o más hermanos del difunto,
heredarán a éste por representación si concurren con sus tíos.
Pero si concurren solos, heredarán por partes iguales.
928. No se pierde el derecho de representar a una persona
por haber renunciado su herencia.
929. No podrá representarse a una persona viva sino en los
casos de desheredación o incapacidad.
CAPÍTULO IV
Del orden de suceder según la diversidad de líneas
Sección 1.a De la línea recta descendente
930. La sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta
descendente.
931. Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y
demás ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación 194.
932. Los hijos del difunto le heredarán siempre por su derecho
propio, dividiendo la herencia en partes iguales.
933. Los nietos y demás descendientes heredarán por dere-
cho de representación, y, si alguno hubiese fallecido dejando

194

214

varios herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre
éstos por partes iguales.
934. Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que
hubiesen fallecido, los primeros heredarán por derecho propio,
y los segundos, por derecho de representación.
Sección 2.a De la línea recta ascendente 195
935. A falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán
sus ascendientes.
936. El padre y la madre heredarán por partes iguales.
937. En el caso de que sobreviva uno solo de los padres, éste
sucederá al hijo en toda su herencia.
938. A falta de padre y de madre, sucederán los ascendientes
más próximos en grado.
939. Si hubiere varios ascendientes de igual grado pertene-
cientes a la misma línea, dividirán la herencia por cabezas.
940. Si los ascendientes fueren de líneas diferentes, pero de
igual grado, la mitad corresponderá a los ascendientes paternos
y la otra mitad a los maternos.
941. En cada línea la división se hará por cabezas.
942. Lo dispuesto en esta sección se entiende sin perjuicio de
lo ordenado en los artículos 811 y 812, que es aplicable a la
sucesión intestada y a la testamentaria.
Sección 3.a De la sucesión del cónyuge y de los colaterales 196
943. A falta de las personas comprendidas en las dos seccio-
nes que preceden, heredarán el cónyuge y los parientes colate-
rales por el orden que se establece en los artículos siguientes.
944. En defecto de ascendientes y descendientes y antes que
los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cón-
yuge sobreviviente.

195
La rúbrica de esta sección y los artículos 935 a 942 que la integran han
sido redactados de acuerdo con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
196
La rúbrica de la presente sección y los artículos 943 a 955 que la com-
ponen, con las salvedades que se indican, figuran redactados de acuerdo
con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.

215

945. No tendrán lugar el llamamiento a que se refiere el ar-
tículo anterior si el cónyuge estuviere separado judicialmente o
de hecho 197.

946. Los hermanos e hijos de hermanos suceden con prefe-
rencia a los demás colaterales.

947. Si no existieran más que hermanos de doble vínculo, éstos
heredarán por partes iguales.

948. Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de herma-
nos de doble vínculo, los primeros heredarán por cabezas y los
segundos por estirpes.

949. Si concurrieren hermanos de padre y madre con medio
hermanos, aquéllos tomarán doble porción que éstos en la
herencia.

950. En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por
parte de padre y otros por la de la madre, heredarán todos por
partes iguales, sin ninguna distinción de bienes.

951. Los hijos de los medio hermanos sucederán por cabezas
o por estirpes, según las reglas establecidas para los hermanos
de doble vínculo.

952. ..................................................................................... 198.

953. ..................................................................................... 199.

954. No habiendo cónyuge supérstite, ni hermanos ni hijos de
hermanos, sucederán en la herencia del difunto los demás
parientes del mismo en línea colateral hasta el cuarto grado,
más allá del cual no se extiende el derecho de heredar ab intes-
tato 200.

955. La sucesión de estos colaterales se verificará sin distinción
de líneas ni preferencia entre ellos por razón de doble vínculo 201.

197
Redactado conforme a la Ley 15/2005, de 8 de julio
198
Suprimido por la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
199
Artículo suprimido por la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
200
201
Redactado conforme al Real Decreto-ley de 13 de enero de 1928.

216

Sección 4.ª De la sucesión del Estado 202
956. A falta de personas que tengan derecho a heredar con-
forme a lo dispuesto en las precedentes secciones, heredará el
Estado, quien asignará una tercera parte de la herencia a Insti-
tuciones municipales del domicilio del difunto, de beneficencia,
instrucción, acción social o profesional, sean de carácter público
o privado, y otra tercera parte, a Instituciones provinciales de los
mismos caracteres, de la provincia del finado, prefiriendo, tanto
entre unas como entre otras, aquellas a las que el causante haya
pertenecido por su profesión y haya consagrado su máxima acti-
vidad, aunque sean de carácter general. La otra tercera parte se
destinará a la Caja de Amortización de la Deuda Pública, salvo
que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de
Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación 203.
957. Los derechos y obligaciones del Estado, así como los de
las Instituciones o Entidades a quienes se asignen las dos terce-
ras partes de los bienes en el caso del artículo 956, serán los
mismos que los de los demás herederos, pero se entenderá
siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin nece-
sidad de declaración alguna sobre ello, a los efectos que enu-
mera el artículo 1023 204.
958. Para que el Estado pueda apoderarse de los bienes here-
ditarios habrá de preceder declaración judicial de heredero,
adjudicándole los bienes por falta de herederos legítimos.
CAPÍTULO V
Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él
Sección 1.a De las precauciones que deben adoptarse
cuando la viuda queda encinta
959. Cuando la viuda crea haber quedado encinta, deberá
ponerlo en conocimiento de los que tengan a la herencia un
derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por
el nacimiento del póstumo.
960. Los interesados a que se refiere el precedente artículo
podrán pedir al Juez municipal o al de primera instancia, donde

202
Rúbrica redactada de acuerdo con la Ley11/1981, de 13 de mayo.
203
Artículo redactado conforme al Real Decreto-ley de 13 de enero de 1928.
204
Redactado de conformidad con el Real Decreto-ley de 13 de enero de 1928.

217

lo hubiere, que dicte las providencias convenientes para evitar
la suposición de parto, o que la criatura que nazca pase por
viable, no siéndolo en realidad.
Cuidará el Juez de que las medidas que dicte no ataquen al
pudor ni a la libertad de la viuda.
961. Háyase o no dado el aviso de que habla el artículo 959, al
aproximarse la época del parto, la viuda deberá ponerlo en
conocimiento de los mismos interesados. Éstos tendrán dere-
cho a nombrar persona de su confianza que se cerciore de la
realidad del alumbramiento.
Si la persona designada fuere rechazada por la paciente, hará el
Juez el nombramiento, debiendo éste recaer en facultativo o en
mujer.
962. La omisión de estas diligencias no basta por sí sola para
acreditar la suposición del parto o la falta de viabilidad del
nacido 205.
963. Cuando el marido hubiere reconocido en documento
público o privado la certeza de la preñez de su esposa, estará
ésta dispensada de dar el aviso que previene el artículo 959,
pero quedará sujeta a cumplir lo dispuesto en el 961.
964. La viuda que quede encinta, aun cuando sea rica, deberá
ser alimentada de los bienes hereditarios, habida consideración
a la parte que en ellos pueda tener el póstumo si naciere y fuere
viable.
965. En el tiempo que medie hasta que se verifique el parto,
o se adquiera la certidumbre de que éste no tendrá lugar, ya por
haber ocurrido aborto, ya por haber pasado con exceso el tér-
mino máximo para la gestación, se proveerá a la seguridad y
administración de los bienes en la forma establecida para el jui-
cio necesario de testamentaría.
966. La división de la herencia se suspenderá hasta que se
verifique el parto o el aborto, o resulte por el transcurso del
tiempo que la viuda no estaba encinta.
Sin embargo, el administrador podrá pagar a los acreedores,
previo mandato judicial.

205

218

967. Verificado el parto o el aborto, o transcurrido el término
de la gestación, el administrador de los bienes hereditarios
cesará en su encargo y dará cuenta de su desempeño a los here-
deros o a sus legítimos representantes.

Sección 2.a De los bienes sujetos a reserva

968. Además de la reserva impuesta en el artículo 811, el
viudo o viuda que pase a segundo matrimonio estará obligado
a reservar a los hijos y descendientes del primero la propiedad
de todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte
por testamento, por sucesión intestada, donación u otro cual-
quier título lucrativo; pero no su mitad de gananciales.

969. La disposición del artículo anterior es aplicable a los bie-
nes que, por los títulos en él expresados, haya adquirido el
viudo o viuda de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio
y los que haya habido de los parientes del difunto por conside-
ración a éste.

970. Cesará la obligación de reservar cuando los hijos de un
matrimonio, mayores de edad, que tengan derecho a los bienes,
renuncien expresamente a él, o cuando se trate de cosas dadas
o dejadas por los hijos a su padre o a su madre, sabiendo que
estaban segunda vez casados.

971. Cesará además la reserva si al morir el padre o la madre
que contrajo segundo matrimonio no existen hijos ni descen-
dientes del primero 206.

972. A pesar de la obligación de reservar, podrá el padre o
madre, segunda vez casado, mejorar en los bienes reservables
a cualquiera de los hijos o descendientes del primer matrimonio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 823.

973. Si el padre o la madre no hubiere usado, en todo o en
parte, de la facultad que le concede el artículo anterior, los hijos
y descendientes del primer matrimonio sucederán en los bienes
sujetos a reserva conforme a las reglas prescritas para la suce-
sión en línea descendente, aunque a virtud de testamento
hubiesen heredado desigualmente al cónyuge premuerto o
hubiesen repudiado su herencia.

206

219

El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre
perderá todo derecho a la reserva, pero si tuviere hijos o des-
cendientes, se estará a lo dispuesto en el artículo 857 y en el
número 2 del artículo 164 207.
974. Serán válidas las enajenaciones de los bienes inmuebles
reservables hechas por el cónyuge sobreviviente antes de cele-
brar segundas bodas, con la obligación, desde que las cele-
brare, de asegurar el valor de aquéllos a los hijos y
descendientes del primer matrimonio.
975. La enajenación que de los bienes inmuebles sujetos a
reserva hubiere hecho el viudo o la viuda después de contraer
segundo matrimonio subsistirá únicamente si a su muerte no
quedan hijos ni descendientes del primero, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Hipotecaria 208.
976. Las enajenaciones de los bienes muebles hechas antes o
después de contraer segundo matrimonio serán válidas, salva
siempre la obligación de indemnizar.
977. El viudo o la viuda, al repetir matrimonio, hará inventariar
todos los bienes sujetos a reserva, anotar en el Registro de la
Propiedad la calidad de reservables de los inmuebles con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y tasar los muebles.
978. Estará, además, obligado el viudo o viuda, al repetir
matrimonio, a asegurar con hipoteca:
1.o La restitución de los bienes muebles no enajenados en el
estado que tuvieren al tiempo de su muerte.
2.o El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasiona-
ren por su culpa o negligencia.
3.o La devolución del precio que hubiese recibido por los bie-
nes muebles enajenados o la entrega del valor que tenían al
tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese hecho a título
gratuito.
4.o El valor de los bienes inmuebles válidamente enajenados 209.

207
208
Artículo redactado de acuerdo con la Ley 11/1981, de 13 de mayo.
209

220

979. Lo dispuesto en los artículos anteriores para el caso de
segundo matrimonio rige igualmente en el tercero y ulteriores.
980. La obligación de reservar impuesta en los anteriores ar-
tículos será también aplicable:
1.o Al viudo que durante el matrimonio haya tenido, o en estado
de viudez tenga, un hijo no matrimonial.
2.o Al viudo que adopte a otra persona. Se exceptúa el caso de
que el adoptado sea hijo del consorte de quien descienden
los que serían reservatarios.
Dicha obligación de reservar surtirá efecto, respectivamente,
desde el nacimiento o la adopción del hijo 210.
Sección 3.a Del derecho de acrecer
981. En las sucesiones legítimas la parte del que repudia la
herencia acrecerá siempre a los coherederos.
982. Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el
derecho de acrecer, se requiere:
1.o Que dos o más sean llamados a una misma herencia, o a una
misma porción de ella, sin especial designación de partes.
2.o Que uno de los llamados muera antes que el testador, o que
renuncie la herencia, o sea incapaz de recibirla.
983. Se entenderá hecha la designación por partes sólo en el
caso de que el testador haya determinado expresamente una
cuota para cada heredero.
La frase «por mitad o por partes iguales» u otras que, aunque
designen parte alícuota, no fijan ésta numéricamente o por
señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes
separado, no excluyen el derecho de acrecer.
984. Los herederos a quienes acrezca la herencia sucederán
en todos los derechos y obligaciones que tendría el que no
quiso o no pudo recibirla.
985. Entre los herederos forzosos el derecho de acrecer sólo
tendrá lugar cuando la parte de libre disposición se deje a dos
o más de ellos, o a alguno de ellos y a un extraño.

210

221

Si la parte repudiada fuere la legítima, sucederán en ella los
coherederos por su derecho propio, y no por el derecho de
acrecer.
986. En la sucesión testamentaria, cuando no tenga lugar el
derecho de acrecer, la porción vacante del instituido, a quien no
se hubiese designado sustituto, pasará a los herederos legítimos
del testador, los cuales la recibirán con las mismas cargas y obli-
gaciones.
987. El derecho de acrecer tendrá también lugar entre los
legatarios y los usufructuarios en los términos establecidos para
los herederos.
Sección 4.a De la aceptación y repudiación de la herencia
988. La aceptación y repudiación de la herencia son actos
enteramente voluntarios y libres.
989. Los efectos de la aceptación y de la repudiación se retro-
traen siempre al momento de la muerte de la persona a quien
se hereda.
990. La aceptación o la repudiación de la herencia no podrá
hacerse en parte, a plazo, ni condicionalmente.
991. Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la
muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho
a la herencia.
992. Pueden aceptar o repudiar una herencia todos los que
tienen la libre disposición de sus bienes.
La aceptación de la que se deje a los pobres corresponderá a las
personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir
los bienes, y en su defecto a las que señala el artículo 749, y se
entenderá aceptada a beneficio de inventario 211.
993. Los legítimos representantes de las asociaciones, corpo-
raciones y fundaciones capaces de adquirir podrán aceptar la
herencia que a las mismas se dejare; mas para repudiarla nece-
sitan la aprobación judicial, con audiencia del Ministerio público.
994. Los establecimientos públicos oficiales no podrán acep-
tar ni repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno.

211

222

995. Cuando la herencia sea aceptada sin beneficio de inven-
tario, por persona casada y no concurra el otro cónyuge, pres-
tando su consentimiento a la aceptación, no responderán de las
deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal 212.
996. Si la sentencia de incapacitación por enfermedades o
deficiencias físicas o psíquicas no dispusiere otra cosa, el some-
tido a curatela podrá, asistido del curador, aceptar la herencia
pura y simplemente o a beneficio de inventario 213.
997. La aceptación y la repudiación de la herencia, una vez
hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino
cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anulan el con-
sentimiento, o apareciese un testamento desconocido.
998. La herencia podrá ser aceptada pura y simplemente o a
beneficio de inventario.
999. La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.
Expresa es la que se hace en documento público o privado.
Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente
la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino
con la cualidad de heredero.
Los actos de mera conservación o administración provisional no
implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha
tomado el título o la cualidad de heredero.
1000. Entiéndese aceptada la herencia:
1.o Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un
extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos.
2.o Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente,
a beneficio de uno o más de sus coherederos.
3.o Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus cohere-
deros indistintamente; pero, si esta renuncia fuere gratuita
y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quie-
nes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá
aceptada la herencia.

212

213

223

1001. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus
propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los autorice
para aceptarla en nombre de aquél.
La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto
baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere,
no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adju-
dicará a las personas a quienes corresponda según las reglas
establecidas en este Código.
1002. Los herederos que hayan sustraído u ocultado algunos
efectos de la herencia pierden la facultad de renunciarla y que-
dan con el carácter de herederos puros y simples, sin perjuicio
de las penas en que hayan podido incurrir.
1003. Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de
inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas
de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con
los suyos propios.
1004. Hasta pasados nueve días después de la muerte de
aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción con-
tra el heredero para que acepte o repudie.
1005. Instando, en juicio, un tercer interesado para que el
heredero acepte o repudie, deberá el Juez señalar a éste un
término, que no pase de treinta días, para que haga su declara-
ción; apercibido de que, si no lo hace, se tendrá la herencia por
aceptada.
1006. Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la
herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía.
1007. Cuando fueren varios los herederos llamados a la heren-
cia, podrán los unos aceptarla y los otros repudiarla. De igual
libertad gozará cada uno de los herederos para aceptarla pura
y simplemente o a beneficio de inventario.
1008. La repudiación de la herencia deberá hacerse en instru-
mento público auténtico, o por escrito presentado ante el Juez
competente para conocer de la testamentaría o del abintestato.
1009. El que es llamado a una misma herencia por testamento
y ab intestato y la repudia por el primer título, se entiende
haberla repudiado por los dos.

224

Repudiándola como heredero ab intestato y sin noticia de su
título testamentario, podrá todavía aceptarla por éste.
Sección 5.a Del beneficio de inventario y del derecho
de deliberar
1010. Todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio
de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido.
También podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar
o repudiar la herencia, para deliberar sobre este punto.
1011. La aceptación de la herencia a beneficio de inventario
podrá hacerse ante Notario, o por escrito ante cualquiera de
los Jueces que sean competentes para prevenir el juicio de tes-
tamentaría o ab intestato.
1012. Si el heredero a que se refiere el artículo anterior se
hallare en país extranjero, podrá hacer dicha declaración ante el
Agente diplomático o consular de España que esté habilitado
para ejercer las funciones de Notario en el lugar del otorga-
miento.
1013. La declaración a que se refieren los artículos anteriores
no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un
inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho
con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán
en los artículos siguientes.
1014. El heredero que tenga en su poder los bienes de la
herencia o parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de inventa-
rio o el derecho de deliberar, deberá manifestarlo al Juez com-
petente para conocer de la testamentaría, o del ab intestato,
dentro de diez días siguientes al en que supiere ser tal heredero,
si reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante de la
herencia. Si residiere fuera, el plazo será de treinta días.
En uno y otro caso, el heredero deberá pedir a la vez la forma-
ción del inventario y la citación a los acreedores y legatarios para
que acudan a presenciarlo si les conviniere.
1015. Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o
parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal here-
dero, los plazos expresados en el artículo anterior se contarán
desde el día siguiente al en que expire el plazo que el Juez le
hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al

225

artículo 1005, o desde el día en que la hubiese aceptado o
hubiera gestionado como heredero.
1016. Fuera de los casos a que se refieren los dos anteriores
artículos, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra
el heredero, podrá éste aceptar a beneficio de inventario, o con
el derecho de deliberar, mientras no prescriba la acción para
reclamar la herencia.
1017. El inventario se principiará dentro de los treinta días
siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y con-
cluirá dentro de otros sesenta.
Si por hallarse los bienes a larga distancia, o ser muy cuantio-
sos, o por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos
sesenta días, podrá el Juez prorrogar este término por el
tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un
año.
1018. Si por culpa o negligencia del heredero no se princi-
piare o no se concluyere el inventario en los plazos y con las
solemnidades prescritas en los artículos anteriores, se enten-
derá que acepta la herencia pura y simplemente.
1019. El heredero que se hubiese reservado el derecho de
deliberar, deberá manifestar al Juzgado, dentro de treinta días
contados desde el siguiente al en que se hubiere concluido el
inventario, si acepta o repudia la herencia.
Pasados los treinta días sin hacer dicha manifestación, se enten-
derá que la acepta pura y simplemente.
1020. En todo caso el Juez podrá proveer, a instancia de parte
interesada, durante la formación del inventario y hasta la acepta-
ción de la herencia, a la administración y custodia de los bienes
hereditarios con arreglo a lo que se prescriba para el juicio de
testamentaría en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1021. El que reclame judicialmente una herencia de que otro
se halle en posesión por más de un año, si venciere en el juicio,
no tendrá obligación de hacer inventario para gozar de este
beneficio, y sólo responderá de las cargas de la herencia con los
bienes que le sean entregados.
1022. El inventario hecho por el heredero que después repu-
die la herencia aprovechará a los sustitutos y a los herederos ab
intestato, respecto de los cuales los treinta días para deliberar

226

y para hacer la manifestación que previene el artículo 1019 se
contarán desde el siguiente al en que tuvieren conocimiento de
la repudiación.
1023. El beneficio de inventario produce en favor del here-
dero los efectos siguientes:
1.o El heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás
cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes
de la misma.
2.o Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y
acciones que tuviera contra el difunto.
3.o No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero,
sus bienes particulares con los que pertenezcan a la heren-
cia.
1024. El heredero perderá el beneficio de inventario:
1.o Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de
los bienes, derechos o acciones de la herencia.
2.o Si antes de completar el pago de las deudas y legados ena-
jenase bienes de la herencia sin autorización judicial o la de
todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la
aplicación determinada al concederle la autorización.
1025. Durante la formación del inventario y el término para
deliberar no podrán los legatarios demandar el pago de sus
legados.
1026. Hasta que resulten pagados todos los acreedores cono-
cidos y los legatarios, se entenderá que se halla la herencia en
administración.
El administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya cualquiera otra
persona, tendrá, en ese concepto, la representación de la heren-
cia para ejercitar las acciones que a ésta competan y contestar
a las demandas que se interpongan contra la misma.
1027. El administrador no podrá pagar los legados sino des-
pués de haber pagado a todos los acreedores.
1028. Cuando haya juicio pendiente entre los acreedores
sobre la preferencia de sus créditos, serán pagados por el orden
y según el grado que señale la sentencia firme de graduación.

227

No habiendo juicio pendiente entre los acreedores, serán paga-
dos los que primero se presenten; pero, constando que alguno
de los créditos conocidos es preferente, no se hará el pago sin
previa caución a favor del acreedor de mejor derecho.

1029. Si después de pagados los legados aparecieren otros
acreedores, éstos sólo podrán reclamar contra los legatarios en
el caso de no quedar en la herencia bienes suficientes para
pagarles.

1030. Cuando para el pago de los créditos y legados sea
necesaria la venta de bienes hereditarios, se realizará ésta en la
forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a
los ab intestatos y testamentarías, salvo si todos los herederos,
acreedores y legatarios acordaren otra cosa.

1031. No alcanzando los bienes hereditarios para el pago de
las deudas y legados, el administrador dará cuenta de su admi-
nistración a los acreedores y legatarios que no hubiesen cobrado
por completo, y será responsable de los perjuicios causados a la
herencia por culpa o negligencia suya.

1032. Pagados los acreedores y legatarios, quedará el here-
dero en el pleno goce del remanente de la herencia.

Si la herencia hubiese sido administrada por otra persona, ésta
rendirá al heredero la cuenta de su administración, bajo la res-
ponsabilidad que impone el artículo anterior.

1033. Las costas del inventario y los demás gastos a que dé
lugar la administración de la herencia aceptada a beneficio de
inventario y la defensa de sus derechos serán de cargo de la
misma herencia. Exceptúanse aquellas costas en que el heredero
hubiese sido condenado personalmente por su dolo o mala fe.

Lo mismo se entenderá respecto de las causadas para hacer uso
del derecho de deliberar, si el heredero repudia la herencia.

1034. Los acreedores particulares del heredero no podrán
mezclarse en las operaciones de la herencia aceptada por éste
a beneficio de inventario hasta que sean pagados los acreedo-
res de la misma y los legatarios; pero podrán pedir la retención
o embargo del remanente que pueda resultar a favor del here-
dero.

228

CAPÍTULO VI

De la colación y partición

Sección 1.a De la colación

1035. El heredero forzoso que concurra, con otros que tam-
bién lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria
los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la
herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucra-
tivo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la
cuenta de partición.

1036. La colación no tendrá lugar entre los herederos forzo-
sos si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente o si el
donatario repudiare la herencia, salvo el caso en que la donación
deba reducirse por inoficiosa.

1037. No se entiende sujeto a colación lo dejado en testa-
mento si el testador no dispusiere lo contrario, quedando en
todo caso a salvo las legítimas.

1038. Cuando los nietos sucedan al abuelo en representación
del padre, concurriendo con sus tíos o primos, colacionarán
todo lo que debiera colacionar el padre si viviera, aunque no lo
hayan heredado.

También colacionarán lo que hubiesen recibido del causante de
la herencia durante la vida de éste, a menos que el testador
hubiese dispuesto lo contrario, en cuyo caso deberá respetarse
su voluntad si no perjudicare a la legítima de los coherederos.

1039. Los padres no estarán obligados a colacionar en la heren-
cia de sus ascendientes lo donado por éstos a sus hijos.

1040. Tampoco se traerán a colación las donaciones hechas
al consorte del hijo; pero si hubieren sido hechas por el padre
conjuntamente a los dos, el hijo estará obligado a colacionar la
mitad de la cosa donada.

1041. No estarán sujetos a colación los gastos de alimentos,
educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordi-
narias, aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de costum-
bre.

229

Tampoco estarán sujetos a colación los gastos realizados por
los padres y ascendientes para cubrir las necesidades espe-
ciales de sus hijos o descendientes con discapacidad 214.
1042. No se traerán a colación, sino cuando el padre lo dis-
ponga o perjudiquen a la legítima, los gastos que éste hubiere
hecho para dar a sus hijos una carrera profesional o artística;
pero cuando proceda colacionarlos, se rebajará de ellos lo que
el hijo habría gastado viviendo en la casa y compañía de sus
padres.
1043. Serán colacionables las cantidades satisfechas por el
padre para redimir a sus hijos de la suerte de soldado, pagar sus
deudas, conseguirles un título de honor y otros gastos análogos.
1044. Los regalos de boda, consistentes en joyas, vestidos y
equipos, no se reducirán como inoficiosos sino en la parte que
excedan en un décimo o más de la cantidad disponible por tes-
tamento.
1045. No han de traerse a colación y partición las mismas
cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los
bienes hereditarios.
El aumento o deterioro físico posterior a la donación y aun su
pérdida total, casual o culpable será a cargo y riesgo o beneficio
del donatario 215.
1046. La dote o donación hecha por ambos cónyuges se cola-
cionará por mitad en la herencia de cada uno de ellos. La hecha
por uno solo se colacionará en su herencia.
1047. El donatario tomará de menos en la masa hereditaria
tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el
equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma natu-
raleza, especie y calidad.
1048. No pudiendo verificarse lo prescrito en el arículo t
an erior, si los bienes donados fueren inmuebles, los coherede-
t
ros tendrán derecho a ser igualados en metálico o valores mobi-
liarios al tipo de cotización; y, no habiendo dinero ni valores
cotizables en la heencia, se venderán otros bienes en pública
r
subasta en la cantidad necesaria.

214

215

230

Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos
sólo tendrán derecho a ser igualados en otros muebles de la
herencia por el justo precio, a su libre elección.
1049. Los frutos e intereses de los bienes sujetos a colación
no se deben a la masa hereditaria sino desde el día en que se
abra la sucesión.
Para regularlos, se atenderá a las rentas e intereses de los bienes
hereditarios de la misma especie que los colacionados.
1050. Si entre los coherederos surgiere contienda sobre la
obligación de colacionar o sobre los objetos que han de traerse
a colación, no por eso dejará de proseguirse la partición, pres-
tando la correspondiente fianza.
Sección 2.a De la partición
1051. Ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer
en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba
expresamente la división.
Pero, aun cuando la prohíba, la división tendrá siempre lugar
mediante alguna de las causas por las cuales se extingue la
sociedad.
1052. Todo coheredero que tenga la libre administración y
disposición de sus bienes podrá pedir en cualquier tiempo la
partición de la herencia.
Por los incapacitados y por los ausentes deberán pedirla sus
representantes legítimos.
1053. Cualquiera de los cónyuges podrá pedir la partición de
la herencia sin intervención del otro 216.
1054. Los herederos bajo condición no podrán pedir la parti-
ción hasta que aquélla se cumpla. Pero podrán pedirla los otros
coherederos, asegurando competentemente el derecho de los
primeros para el caso de cumplirse la condición; y, hasta saberse
que ésta ha faltado o no puede ya verificarse, se entenderá pro-
visional la partición.
1055. Si antes de hacerse la partición muere uno de los cohe-
rederos, dejando dos o más herederos, bastará que uno de

216

231

éstos la pida; pero todos los que intervengan en este último
concepto deberán comparecer bajo una sola representación.
1056. Cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por
última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella, en
cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos.
El testador que en atención a la conservación de la empresa o
en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación
económica o bien mantener el control de una sociedad de capi-
tal o grupo de éstas podrá usar de la facultad concedida en este
artículo, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los
demás interesados. A tal efecto, no será necesario que exista
metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible
realizar el abono con efectivo extrahereditario y establecer por
el testador o por el contador-partidor por él designado aplaza-
miento, siempre que éste no supere cinco años a contar desde
el fallecimiento del testador; podrá ser también de aplicación
cualquier otro medio de extinción de las obligaciones. Si no se
hubiere establecido la forma de pago, cualquier legitimario
podrá exigir su legítima en bienes de la herencia. No será de
aplicación a la partición así realizada lo dispuesto en el ar ículo
t
843 y en el párrafo primero del artículo 844 217.
1057. El testador podrá encomendar por acto inter vivos o
mortis causa, para después de su muerte, la simple facultad de
hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los
coherederos.
No habiendo testamento, contador-partidor en él designado
o vacante en el cargo, el Juez, a petición de herederos y lega-
tarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber
hereditario, y con citación de los demás interesados, si su
domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-parti-
dor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece para la designación de Peritos. La partición así rea-
lizada requerirá aprobación judicial, salvo confirmación
expresa de todos los herederos y legatarios.
Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aun-
que entre los coherederos haya alguno sometido a patria
potestad o tutela, o a curatela por prodigalidad o por enferme-
dades o deficiencias físicas o psíquicas; pero el contador-parti-

Redactado conforme a la Ley 7/2003, de 1 de abril.
217

232

dor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia,
con citación de los representantes legales o curadores de
dichas personas 218.
1058. Cuando el testador no hubiese hecho la partición, ni
encomendado a otro esta facultad, si los herederos fueren
mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán
distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente.
1059. Cuando los herederos mayores de edad no se enten-
dieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su
derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
1060. Cuando los menores o incapacitados estén legalmente
representados en la partición, no será necesaria la intervención
ni la aprobación judicial.
El defensor judicial designado para representar a un menor o
incapacitado en una partición, deberá obtener la aprobación del
Juez, si éste no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombra-
miento 219.
1061. En la partición de la herencia se ha de guardar la posi-
ble igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los
coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie.
1062. Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho
por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a
los otros el exceso en dinero.
Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en
pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para
que así se haga.
1063. Los coherederos deben abonarse recíprocamente en la
partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido de los
bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en
los mismos, y los daños ocasionados por malicia o negligencia.
1064. Los gastos de partición, hechos en interés común de
todos los coherederos, se deducirán de la herencia; los hechos
en interés particular de uno de ellos, serán a cargo del mismo.

218

219

233

1065. Los títulos de adquisición o pertenencia serán entrega-
dos al coheredero adjudicatario de la finca o fincas a que se
refieran.
1066. Cuando el mismo título comprenda varias fincas adjudi-
cadas a diversos coherederos, o a una sola que se haya dividido
entre dos o más, el título quedará en poder del mayor intere-
sado en la finca o fincas, y se facilitarán a los otros copias feha-
cientes, a costa del caudal hereditario. Si el interés fuere igual,
el título se entregará, a falta de acuerdo, a quien por suerte
corresponda.
Siendo original, aquel en cuyo poder quede deberá también
exhibirlo a los demás interesados cuando lo pidieren 220.
1067. Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su
derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cual-
quiera de los coherederos subrogarse en lugar del comprador,
reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo verifiquen
en término de un mes, a contar desde que esto se les haga
saber.
Sección 3.a De los efectos de la partición
1068. La partición legalmente hecha confiere a cada heredero
la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudica-
dos.
1069. Hecha la partición, los coherederos estarán recíproca-
mente obligados a la evicción y saneamiento de los bienes adju-
dicados.
1070. La obligación a que se refiere el artículo anterior sólo
cesará en los siguientes casos:
1.o Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, a no
ser que aparezca, o racionalmente se presuma, haber que-
rido lo contrario, y salva siempre la legítima.
2.o Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la parti-
ción.
3.o Cuando la evicción proceda de causa posterior a la parti-
ción, o fuere ocasionada por culpa del adjudicatario.

220

234

1071. La obligación recíproca de los coherederos a la evicción
es proporcionada a su respectivo haber hereditario; pero si
alguno de ellos resultare insolvente, responderán de su parte los
demás coherederos en la misma proporción, deduciéndose la
parte correspondiente al que deba ser indemnizado.
Los que pagaren por el insolvente conservarán su acción contra
él para cuando mejore de fortuna.
1072. Si se adjudicare como cobrable un crédito, los cohere-
deros no responderán de la insolvencia posterior del deudor
hereditario, y sólo serán responsables de su insolvencia al
tiempo de hacerse la partición.
Por los créditos calificados de incobrables no hay responsabili-
dad; pero, si se cobran en todo o en parte, se distribuirá lo
percibido proporcionalmente entre los herederos.
Sección 4.a De la rescisión de la partición
1073. Las particiones pueden rescindirse por las mismas cau-
sas que las obligaciones.
1074. Podrán también ser rescindidas las particiones por
causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de
las cosas cuando fueron adjudicadas.
1075. La partición hecha por el difunto no puede ser impug-
nada por causa de lesión, sino en el caso de que perjudique la
legítima de los herederos forzosos o de que aparezca, o racio-
nalmente se presuma, que fue otra la voluntad del testador.
1076. La acción rescisoria por causa de lesión durará cuatro
años, contados desde que se hizo la partición.
1077. El heredero demandado podrá optar entre indemnizar el
daño o consentir que se proceda a nueva partición.
La indemnización puede hacerse en numerario o en la misma
cosa en que resultó el perjuicio.
Si se procede a nueva partición, no alcanzará ésta a los que no
hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo.
1078. No podrá ejercitar la acción rescisoria por lesión el
heredero que hubiese enajenado el todo o una parte considera-
ble de los bienes inmuebles que le hubieren sido adjudicados.

235

1079. La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la
herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión,
sino a que se complete o adicione con los objetos o valores
omitidos.
1080. La partición hecha con preterición de alguno de los
herederos no se rescindirá, a no ser que se pruebe que hubo
mala fe o dolo por parte de los otros interesados; pero éstos
tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que propor-
cionalmente le corresponda.
1081. La partición hecha con uno a quien se creyó heredero
sin serlo será nula.
Sección 5.a Del pago de las deudas hereditarias
1082. Los acreedores reconocidos como tales podrán opo-
nerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta
que se les pague o afiance el importe de sus créditos.
1083. Los acreedores de uno o más de los coherederos
podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta
se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.
1084. Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago
de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no
hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario, o hasta
donde alcance su porción hereditaria, en el caso de haberla
admitido con dicho beneficio.
En uno y otro caso el demandado tendrá derecho a hacer citar
y emplazar a sus coherederos, a menos que por disposición del
testador, o a consecuencia de la partición, hubiere quedado él
solo obligado al pago de la deuda.
1085. El coheredero que hubiese pagado más de lo que
corresponda a su participación en la herencia podrá reclamar de
los demás su parte proporcional.
Esto mismo se observará cuando, por ser la deuda hipotecaria
o consistir en cuerpo determinado, la hubiese pagado íntegra-
mente. El adjudicatario, en este caso, podrá reclamar de sus
coherederos sólo la parte proporcional, aunque el acreedor le
haya cedido sus acciones y subrogándole en su lugar.
1086. Estando alguna de las fincas de la herencia gravada con
renta o carga real perpetua, no se procederá a su extinción,

236

aunque sea redimible, sino cuando la mayor parte de los cohe-
rederos lo acordare.
No acordándolo así, o siendo la carga irredimible, se rebajará su
valor o capital del de la finca, y ésta pasará con la carga al que
le toque en lote o por adjudicación.
1087. El coheredero acreedor del difunto puede reclamar de
los otros el pago de su crédito, deducida su parte proporcional
como tal heredero, y sin perjuicio de lo establecido en la sección 5.a,
capítulo V, de este título.

LIBRO IV
De las obligaciones y contratos

De las obligaciones
CAPÍTULO PRIMERO
1088. Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna
cosa.
1089. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi
contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga
cualquier género de culpa o negligencia.
1090. Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen.
Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este
Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de
la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere
previsto, por las disposiciones del presente libro.
1091. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen
fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a
tenor de los mismos.
1092. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o fal-
tas se regirán por las disposiciones del Código Penal.
1093. Las que se deriven de actos u omisiones en que inter-
venga culpa o negligencia no penadas por la ley, quedarán
sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI de
este libro.

237

CAPÍTULO II
De la naturaleza y efecto de las obligaciones
1094. El obligado a dar alguna cosa lo está también a conser-
varla con la diligencia propia de un buen padre de familia.
1095. El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde
que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirá
derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.
1096. Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determi-
nada, el acreedor, independientemente del derecho que le
otorga el artículo 1101, puede compeler al deudor a que realice
la entrega.
Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se
cumpla la obligación a expensas del deudor.
Si el obligado se constituye en mora, o se halla comprometido
a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán
de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.
1097. La obligación de dar cosa determinada comprende la
de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido men-
cionados.
1098. Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se man-
dará ejecutar a su costa.
Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de
la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal
hecho.
1099. Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior
se observará también cuando la obligación consista en no hacer
y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.
1100. Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer
alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudi-
cialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para
que la mora exista:
1.o Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.
2.o Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la
designación de la época en que había de entregarse la cosa

238

o hacerse el servicio, fue motivo determinante para estable-
cer la obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incu-
rre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir
debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obli-
gados cumple su obligación, empieza la mora para el otro.
1101. Quedan sujetos a la indemnización de los daños y per-
juicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cual-
quier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
1102. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en
todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla
efectiva es nula.
1103. La responsabilidad que proceda de negligencia es
igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obli-
gaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los
casos.
1104. La culpa o negligencia del deudor consiste en la omi-
sión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación
y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de pres-
tarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un
buen padre de familia.
1105. Fuera de los casos expresamente mencionados en la
ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie respon-
derá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o
que, previstos, fueran inevitables.
1106. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no
sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de
la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las

disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
1107. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de
buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al
tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia
necesaria de su falta de cumplimiento.

239

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conoci-
damente se deriven de la falta de cumplimiento de la obliga-
ción.

1108. Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad
de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de
daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en
el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el
interés legal.

Mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará
como legal el interés del 6 por 100 al año 221.

1109. Los intereses vencidos devengan el interés legal desde
que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya
guardado silencio sobre este punto.

En los negocios comerciales se estará a lo que dispone el
Código de Comercio.

Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro se regirán por sus
reglamentos especiales.

1110. El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna
respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en
cuanto a éstos.

El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor
tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto a
los plazos anteriores.

1111. Los acreedores, después de haber perseguido los bie-
nes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se
les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste
con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su per-
sona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya
realizado en fraude de su derecho.

1112. Todos los derechos adquiridos en virtud de una obliga-
ción son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese
pactado lo contrario.

Derogado el párrafo segundo del presente artículo por la Ley 24/1984,
221

de 29 de junio.

240

CAPÍTULO III
De las diversas especies de obligaciones
Sección 1.a De las obligaciones puras y de las condicionales
1113. Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumpli-
miento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un
suceso pasado, que los interesados ignoren.
También será exigible toda obligación que contenga condición
resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución
1114. En las obligaciones condicionales la adquisición de los
derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos,
dependerán del acontecimiento que constituya la condición.
1115. Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la
exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será
nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero,
la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposi-
ciones de este Código.
1116. Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas
costumbres y las prohibidas por la ley anularán la obligación que
de ellas dependa.
La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no
puesta.
1117. La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo
determinado extinguirá la obligación desde que pasare el
tiempo o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá
lugar.
1118. La condición de que no acontezca algún suceso en
tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que pasó
el tiempo señalado o sea ya evidente que el acontecimiento no
puede ocurrir.
Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cum-
plida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar, aten-
dida la naturaleza de la obligación.
1119. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado
impidiese voluntariamente su cumplimiento.

241

1120. Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez
cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de
aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación imponga recí-
procas prestaciones a los interesados, se entenderán compen-
sados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que
hubiese estado pendiente la condición. Si la obligación fuere
unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses percibidos,
a menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba
inferirse que fue otra la voluntad del que la constituyó.
En las obligaciones de hacer y no hacer, los Tribunales determi-
narán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cum-
plida.
1121. El acreedor puede, antes del cumplimiento de las con-
diciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación
de su derecho.
El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese
pagado.
1122. Cuando las condiciones fueren puestas con el intento
de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observarán
las reglas siguientes, en el caso de que la cosa mejore o se
pierda o deteriore pendiente la condición:
1.ª Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extin-
guida la obligación.
2.ª Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obli-
gado al resarcimiento de daños y perjuicios.
Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda
fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su
existencia, o no se puede recobrar.
3.ª Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menos-
cabo es de cuenta del acreedor.
4.ª Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá
optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento,
con la indemnización de perjuicios en ambos casos.
5.ª Si la cosa se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las
mejoras ceden en favor del acreedor.
6.ª Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro
derecho que el concedido al usufructuario.

242

1123. Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la
obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas, deberán
restituirse lo que hubiesen percibido.
En el caso de pérdida, deterioro o mejora de la cosa, se aplica-
rán al que deba hacer la restitución las disposiciones que res-
pecto al deudor contiene el artículo precedente.
En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará,
respecto a los efectos de la resolución, lo dispuesto en el
párrafo 2.o del artículo 1120.
1124. La facultad de resolver las obligaciones se entiende
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obli-
gados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la
resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y
abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la
resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento,
cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber
causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adqui-
rentes, con arreglo a los artículos 1295 y 1298 y a las disposicio-
nes de la Ley Hipotecaria.
Sección 2.a De las obligaciones a plazo
1125. Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya seña-
lado un día cierto sólo serán exigibles cuando el día llegue.
Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de venir,
aunque se ignore cuándo.
Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la
obligación es condicional, y se regirá por las reglas de la sección
precedente.
1126. Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obli-
gaciones a plazo, no se podrá repetir.
Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo,
tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos
que éste hubiese percibido de la cosa.

243

1127. Siempre que en las obligaciones se designa un término,
se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, a no
ser que del tenor de aquellas o de otras circunstancias resultara
haberse puesto en favor del uno o del otro.
1128. Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza
y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deu-
dor, los Tribunales fijarán la duración de aquél.
También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando éste
haya quedado a voluntad del deudor.
1129. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
1.º Cuando, después de contraída la obligación, resulte insol-
vente, salvo que garantice la deuda.
2.º Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese
comprometido.
3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas
garantías después de establecidas, y cuando por caso for-
tuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente
sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras.
1130. Si el plazo de la obligación está señalado por días a
contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cóm-
puto, que deberá empezar en el día siguiente.
Sección 3.a De las obligaciones alternativas
1131. El obligado alternativamente a diversas prestaciones
debe cumplir por completo una de éstas.
El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y
parte de otra.
1132. La elección corresponde al deudor, a menos que expre-
samente se hubiese concedido al acreedor.
El deudor no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposi-
bles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obliga-
ción.
1133. La elección no producirá efecto sino desde que fuere
notificada.

244

1134. El deudor perderá el derecho de elección cuando de las
prestaciones a que alternativamente estuviese obligado, sólo
una fuere realizable.
1135. El acreedor tendrá derecho a la indemnización de
daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubieran des-
aparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto
de la obligación, o se hubiera hecho imposible el cumplimiento
de ésta.
La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última
cosa que hubiese desaparecido, o el del servicio que última-
mente se hubiera hecho imposible.
1136. Cuando la elección hubiere sido expresamente atri-
buida al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde
el día en que aquélla hubiese sido notificada al deudor.
Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán por
las siguientes reglas:
1.ª Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito,
cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las res-
tantes, o la que haya quedado, si una sola subsistiera.
2.ª Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido
por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera
de las que subsistan, o el precio de la que, por culpa de
aquél, hubiera desaparecido.
3.ª Si todas las cosas se hubiesen perdido por culpa del deudor,
la elección del acreedor recaerá sobre su precio.
Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de
no hacer, en el caso de que algunas o todas las prestaciones
resultaren imposibles.
Sección 4.a De las obligaciones mancomunadas y de las
solidarias
1137. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o
más deudores en una sola obligación no implica que cada uno
de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba
prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá
lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine,
constituyéndose con el carácter de solidaria.

245

1138. Si del texto de las obligaciones a que se refiere el ar-
tículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se pre-
sumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o
deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos
de otros.
1139. Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al dere-
cho de los acreedores los actos colectivos de éstos y sólo podrá
hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudo-
res. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás
obligados a suplir su falta.
1140. La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y
deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos
plazos y condiciones.
1141. Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo
que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial.
Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores soli-
darios perjudicarán a todos éstos.
1142. El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los
acreedores solidarios; pero, si hubiere sido judicialmente
demandado por alguno, a éste deberá hacer el pago.
1143. La novación, compensación, confusión o remisión de la
deuda, hechas por cualquiera de los acreedores solidarios o con
cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la obli-
gación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1146.
El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así
como el que cobre la deuda, responderá a los demás de la parte
que les corresponde en la obligación.
1144. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los
deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las
reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para
las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no
resulte cobrada la deuda por completo.
1145. El pago hecho por uno de los deudores solidarios extin-
gue la obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la
parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anti-
cipo.

246

La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del
deudor solidario será suplida por sus codeudores, a prorrata de
la deuda de cada uno.
1146. La quita o remisión hecha por el acreedor de la parte
que afecte a uno de los deudores solidarios, no libra a éste de
su responsabilidad para con los codeudores, en el caso de que
la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos.
1147. Si la cosa hubiese perecido o la prestación se hubiese
hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obliga-
ción quedará extinguida.
Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos
serán responsables, para con el acreedor, del precio y de la
indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de
su acción contra el culpable o negligente.
1148. El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamacio-
nes del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la
naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las
que personalmente correspondan a los demás sólo podrá ser-
virse en la parte de deuda de que éstos fueren responsables.
Sección 5.a De las obligaciones divisibles y de las indivisibles
1149. La divisibilidad o indivisibilidad de las cosas objeto de
las obligaciones en que hay un solo deudor y un solo acreedor
no altera ni modifica los preceptos del capítulo II de este título.
1150. La obligación indivisible mancomunada se resuelve en
indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deu-
dores falta a su compromiso. Los deudores que hubiesen estado
dispuestos a cumplir los suyos, no contribuirán a la indemniza-
ción con más cantidad que la porción correspondiente del pre-
cio de la cosa o del servicio en que consistiere la obligación.
1151. Para los efectos de los artículos que preceden, se repu-
tarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas
aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.
Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por
objeto la prestación de un número de días de trabajo, la ejecu-
ción de obras por unidades métricas u otras cosas análogas que
por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial.

247

En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad
se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso parti-
cular.
Sección 6.a De las obligaciones con cláusula penal
1152. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá
a la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de
falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.
Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible
conforme a las disposiciones del presente Código.
1153. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación
pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le
hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor
podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y
la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya sido cla-
ramente otorgada.
1154. El Juez modificará equitativamente la pena cuando la
obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cum-
plida por el deudor.
1155. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la
obligación principal.
La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláu-
sula penal.
CAPÍTULO IV
De la extinción de las obligaciones
1156. Las obligaciones se extinguen:
Por el pago o cumplimiento.
Por la pérdida de la cosa debida.
Por la condonación de la deuda.
Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.
Por la compensación.
Por la novación.

248

Sección 1.a Del pago

1157. No se entenderá pagada una deuda sino cuando com-
pletamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación
en que la obligación consistía.

1158. Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no inte-
rés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo
apruebe, o ya lo ignore el deudor.

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo
que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa
voluntad.

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le
hubiera sido útil el pago.

1159. El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste,
no podrá compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos.

1160. En las obligaciones de dar no será válido el pago hecho
por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capa-
cidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consis-
tido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá
repetición contra el acreedor que la hubiese gastado o consu-
mido de buena fe.

1161. En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser
compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero,
cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se
hubiesen tenido en cuenta al establecer la obli ación.
g

1162. El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estu-
viese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla
en su nombre.

1163. El pago hecho a una persona incapacitada para admi-
nistrar sus bienes será válido en cuanto se hubiere convertido en
su utilidad.

También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se
hubiere convertido en utilidad del acreedor.

1164. El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión
del crédito, liberará al deudor.

249

1165. No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor
después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la
deuda.
1166. El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor
a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor
valor que la debida.
Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un
hecho por otro contra la voluntad del acreedor.
1167. Cuando la obligación consista en entregar una cosa
indeterminada o genérica, cuya calidad y circunstancias no se
hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad
superior, ni el deudor entregarla de la inferior.
1168. Los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán
de cuenta del deudor. Respecto de los judiciales, decidirá el
Tribunal con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1169. A menos que el contrato expresamente lo autorice, no
podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las presta-
ciones en que consista la obligación.
Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra
ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de
la primera sin esperar a que se liquide la segunda.
1170. El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la
especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la
moneda de plata u oro que tenga curso legal en España.
La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros
documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago
cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acree-
dor se hubiesen perjudicado.
Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará
en suspenso.
1171. El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese
designado la obligación.
No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa
determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el
momento de constituirse la obligación.

250

En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del
deudor.
De la imputación de pagos
1172. El que tuviere varias deudas de una misma especie en
favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el
pago, a cuál de ellas debe aplicarse. Si aceptare del acreedor
un recibo en que se hiciese la aplicación del pago, no podrá
reclamar contra ésta, a menos que hubiera mediado causa que
invalide el contrato.
1173. Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho
el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los
intereses.
1174. Cuando no pueda imputarse el pago según las reglas
anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deu-
dor entre las que estén vencidas.
Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se impu-
tará a todas a prorrata.
Del pago por cesión de bienes
1175. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en
pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo
libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los
bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión
se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán a las
disposiciones del título XVII de este libro, y a lo que establece la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Del ofrecimiento del pago y de la consignación
1176. Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago
se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de res-
ponsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.
La consignación por sí sola producirá el mismo efecto cuando se
haga estando el acreedor ausente o cuando esté incapacitado
para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y
cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o se
haya extraviado el título de la obligación.
1177. Para que la consignación de la cosa debida libere al
obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas inte-
resadas en el cumplimiento de la obligación.

251

La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente a las
disposiciones que regulan el pago.
1178. La consignación se hará depositando las cosas debidas
a disposición de la Autoridad judicial, ante quien se acreditará
el ofrecimiento, en su caso, y el anuncio de la consignación en
los demás.
Hecha la consignación, deberá notificarse también a los intere-
sados.
1179. Los gastos de la consignación, cuando fuere proce-
dente, serán de cuenta del acreedor.
1180. Hecha debidamente la consignación, podrá el deudor
pedir al Juez que mande cancelar la obligación.
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, o no
hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha,
podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando
subsistente la obligación.
1181. Si, hecha la consignación, el acreedor autorizase al deu-
dor para retirarla, perderá toda preferencia que tuviere sobre la
cosa. Los codeudores y fiadores quedarán libres.
Sección 2.a De la pérdida de la cosa debida
1182. Quedará extinguida la obligación que consista en
entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o des-
truyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido
en mora.
1183. Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del
deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no
por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el ar ículo 1096.
t
1184. También quedará liberado el deudor en las obligacio-
nes de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente
imposible.
1185. Cuando la deuda de cosa cierta y determinada proce-
diere de delito o falta, no se eximirá al deudor del pago de su
precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, a
menos que, ofrecida por él la cosa al que la debía recibir, éste
se hubiese sin razón negado a aceptarla.

252

1186. Extinguida la obligación por la pérdida de la cosa,
corresponderán al acreedor todas las acciones que el deudor
tuviere contra terceros por razón de ésta.
Sección 3.a De la condonación de la deuda
1187. La condonación podrá hacerse expresa o tácitamente.
Una y otra estarán sometidas a los preceptos que rigen las dona-
ciones inoficiosas. La condonación expresa deberá, además,
ajustarse a las formas de la donación.
1188. La entrega del documento privado justificativo de un
crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al deudor,
implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el
segundo.
Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa,
el deudor y sus herederos podrán sostenerla probando que la
entrega del documento se hizo en virtud del pago de la deuda.
1189. Siempre que el documento privado de donde resulte la
deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que el
acreedor lo entregó voluntariamente, a no ser que se pruebe lo
contrario.
1190. La condonación de la deuda principal extinguirá las
obligaciones accesorias; pero la de éstas dejará subsistente la
primera.
1191. Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda
cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se
hallare en poder del deudor.
Sección 4.a De la confusión de derechos
1192. Quedará extinguida la obligación desde que se reúnan
en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor.
Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud
de título de herencia, si ésta hubiese sido aceptada a beneficio
de inventario.
1193. La confusión que recae en la persona del deudor o del
acreedor principal, aprovecha a los fiadores. La que se realiza en
cualquiera de éstos no extingue la obligación.

253

1194. La confusión no extingue la deuda mancomunada sino
en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien
concurran los dos conceptos.
Sección 5.a De la compensación
1195. Tendrá lugar la compensación cuando dos personas,
por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudo-
ras la una de la otra.
1196. Para que proceda la compensación, es preciso:
1.º Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea
a la vez acreedor principal del otro.
2.º Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o,
siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma espe-
cie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese desig-
nado.
3.º Que las dos deudas estén vencidas.
4.º Que sean líquidas y exigibles.
5.º Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda pro-
movida por terceras personas y notificada oportunamente
al deudor.
1197. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el fia-
dor podrá oponer la compensación respecto de lo que el acree-
dor debiere a su deudor principal.
1198. El deudor que hubiere consentido en la cesión de dere-
chos hecha por un acreedor a favor de un tercero, no podrá
oponer al cesionario la compensación que le correspondería
contra el cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió,
puede oponer la compensación de las deudas anteriores a ella,
pero no la de las posteriores.
Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste
oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de los
posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión.
1199. Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden
compensarse mediante indemnización de los gastos de trans-
porte o cambio al lugar del pago.

254

1200. La compensación no procederá cuando alguna de las
deudas proviniere de depósito o de las obligaciones del depo-
sitario o comodatario.
Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos
por título gratuito.
1201. Si una persona tuviere contra sí varias deudas compen-
sables, se observará en el orden de la compensación lo dis-
puesto respecto a la imputación de pagos.
1202. El efecto de la compensación es extinguir una y otra
deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conoci-
miento de ella los acreedores y deudores.
Sección 6.a De la novación
1203. Las obligaciones pueden modificarse:
1.º Variando su objeto o sus condiciones principales.
2.º Sustituyendo la persona del deudor.
3.º Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.
1204. Para que una obligación quede extinguida por otra que
la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o
que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.
1205. La novación, que consiste en sustituirse un nuevo deu-
dor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el cono imiento de
c
éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.
1206. La insolvencia del nuevo deudor, que hubiese sido
aceptado por el acreedor, no hará revivir la acción de éste con-
tra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido
anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda.
1207. Cuando la obligación principal se extinga por efecto de
la novación, sólo podrán subsistir las obligaciones accesorias en
cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su con-
sentimiento.
1208. La novación es nula si lo fuere también la obligación
primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada
por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en
su origen.

255

1209. La subrogación de un tercero en los derechos del acree-
dor no puede presumirse fuera de los casos expresamente men-
cionados en este Código.

En los demás será preciso establecerla con claridad para que
produzca efecto.

1210. Se presumirá que hay subrogación:

1.º Cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente.

2.º Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague
con aprobación expresa o tácita del deudor.

3.º Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de
la obligación, salvos los efectos de la confusión en cuanto a
la porción que le corresponda.

1211. El deudor podrá hacer la subrogación sin consenti-
miento del acreedor, cuando para pagar la deuda haya tomado
prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su
propósito en ella, y expresando en la carta de pago la proceden-
cia de la cantidad pagada.

1212. La subrogación transfiere al subrogado el crédito con
los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los ter-
ceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas.

1213. El acreedor, a quien se hubiere hecho un pago parcial,
puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que
se hubiere subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del
mismo crédito.

CAPÍTULO V
De la prueba de las obligaciones
Disposiciones generales 222

1214. Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama
su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó los ar-
222

tículos 1214 y 1215, a su entrada en vigor el 8 de enero de 2001.

256

1215. Las pruebas pueden hacerse: por instrumentos, por
confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por
testigos y por presunciones.
Sección 1.ª De los documentos públicos
1216. Son documentos públicos los autorizados por un Nota-
rio o empleado público competente, con las solemnidades
requeridas por la ley.
1217. Los documentos en que intervenga Notario público se
regirán por la legislación notarial.
1218. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra ter-
cero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de
éste.
También harán prueba contra los contratantes y sus causaha-
bientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen
hecho los primeros.
1219. Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura ante-
rior entre los mismos interesados, sólo producirán efecto contra
terceros cuando el contenido de aquéllas hubiese sido anotado
en el registro público competente o al margen de la escritura
matriz y del traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido
el tercero.
1220. Las copias de los documentos públicos de que exista
matriz o protocolo, impugnadas por aquellos a quienes perjudi-
quen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido debida-
mente cotejadas.
Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará
al contenido de la primera.
1221. Cuando hayan desaparecido la escritura matriz, el pro-
tocolo o los expedientes originales, harán prueba:
1.º Las primeras copias, sacadas por el funcionario público que
las autorizara.
2.º Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con cita-
ción de los interesados.
3.º Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en presen-
cia de los interesados y con su conformidad.

257

A falta de las copias mencionadas, harán prueba cualesquiera
otras que tengan la antigüedad de treinta o más años, siempre
que hubiesen sido tomadas del original por el funcionario que
lo autorizó u otro encargado de su custodia.
Las copias de menor antigüedad, o que estuviesen autorizadas
por funcionario público en quien no concurran las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, sólo servirán como un prin-
cipio de prueba por escrito.
La fuerza probatoria de las copias de copia será apreciada por
los Tribunales según las circunstancias.
1222. La inscripción, en cualquier registro público, de un
documento que haya desaparecido, será apreciada según las
reglas de los dos últimos párrafos del artículo precedente.
1223. La escritura defectuosa, por incompetencia del Notario
o por otra falta en la forma, tendrá el concepto de documento
privado, si estuviese firmada por los otorgantes.
1224. Las escrituras de reconocimiento de un acto o contrato
nada prueban contra el documento en que éstos hubiesen sido
consignados, si por exceso u omisión se apartaren de él, a
menos que conste expresamente la novación del primero.
De los documentos privados
1225. El documento privado, reconocido legalmente, tendrá
el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen
suscrito y sus causahabientes.
1226. Aquel a quien se oponga en juicio una obligación por
escrito que aparezca firmada por él, está obligado a declarar si
la firma es o no suya.
Los herederos o causahabientes del obligado podrán limi
tarse a declarar si saben que es o no de su causante la firma
de la obligación.
La resistencia, sin justa causa, a prestar la declaración mencio
nada en los párrafos anteriores podrá ser estimada por los Tri
bunales como una confesión de la autenticidad del documento 223.

Derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
223

258

1227. La fecha de un documento privado no se contará res-
pecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incor-
porado o inscrito en un registro público, desde la muerte de
cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se
entregase a un funcionario público por razón de su oficio.
1228. Los asientos, registros y papeles privados únicamente
hacen prueba contra el que los ha escrito en todo aquello que
conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de ellos
habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen.
1229. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación,
al margen o al dorso de una escritura que obre en su poder,
hace prueba en todo lo que sea favorable al deudor.
Lo mismo se entenderá de la nota escrita o firmada por el acree-
dor al dorso, al margen o a continuación del duplicado de un
documento o recibo que se halle en poder del deudor.
En ambos casos, el deudor que quiera aprovecharse de lo que
le favorezca, tendrá que pasar por lo que le perjudique.
1230. Los documentos privados hechos para alterar lo pac-
tado en escritura pública, no producen efecto contra tercero.
Sección 2.ª De la confesión 224
1231. La confesión puede hacerse judicial o extrajudicial
mente.
En uno y otro caso, será condición indispensable, para la validez
de la confesión, que recaiga sobre hechos personales del confe
sante, y que éste tenga capacidad legal para hacerla.
1232. La confesión hace prueba contra su autor.
Se exceptúa el caso en que por ella pueda eludirse el cumpli
miento de las leyes.
1233. La confesión no puede dividirse contra el que la hace,
salvo cuando se refiera a hechos diferentes, o cuando una parte
de la confesión esté probada por otros medios, o cuando en
algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, deroga los ar-
224

tículos 1231 a 1239 que integran esta Sección, a su entrada en vigor el 8 de
enero de 2001.

259

1234. La confesión sólo pierde su eficacia probando que al
hacerla se incurrió en error de hecho.

1235. La confesión judicial debe hacerse ante Juez compe
tente, bajo juramento y hallándose personado en autos aquel a
quien ha de aprovechar.

1236. Cuando se solicite la confesión judicial bajo juramento
decisorio, la parte a quien se pida podrá referir el juramento a
la contraria, y, si ésta se negare a prestarlo, se la tendrá por
confesa.

1237. No puede pedirse juramento decisorio sobre hechos
punibles ni sobre cuestiones acerca de las cuales las partes no
puedan transigir.

1238. La confesión prestada bajo juramento decisorio, ya sea
deferido o referido, sólo constituye prueba a favor o en contra
de las partes que a él se sometieron y de sus herederos o cau
sahabientes.

No se admitirá prueba sobre la falsedad de dicho juramento.

1239. La confesión extrajudicial se considera como un hecho
sujeto a la apreciación de los Tribunales según las reglas estable
cidas sobre la prueba.

Sección 3.a De la inspección personal del Juez 225

1240. La prueba de inspección personal del Juez sólo será
eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las
exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de
averiguar.

1241. La inspección practicada por un Juez podrá ser apre
ciada en la sentencia que otro dicte, siempre que el primero
hubiera consignado con perfecta claridad en la diligencia los
detalles y circunstancias de la cosa inspeccionada.

225

tículos 1240 y 1241 que integran esta sección, a su entrada en vigor el 8 de
enero de 2001.

260

Sección 4.a De la prueba de peritos 226
1242. Sólo se podrá utilizar este medio de prueba cuando
para apreciar los hechos sean necesarios o convenientes cono
cimientos científicos, artísticos o prácticos.
1243. El valor de esta prueba y la forma en que haya de practi
carse son objeto de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Sección 5.a De la prueba de testigos 227
1244. La prueba de testigos será admisible en todos los casos
en que no se halle expresamente prohibida.
1245. Podrán ser testigos todas las personas de uno y otro
sexo que no fueren inhábiles por incapacidad natural o disposi
ción de la ley.
1246. Son inhábiles por incapacidad natural:
1.º Los locos o dementes.
2.º Los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento
depende de la vista y el oído.
3.º Los menores de catorce años.

1247. Son inhábiles por disposición de la ley:
1.º Los que tienen interés directo en el pleito.
2.º Los ascendientes en los pleitos de los descendientes, y éstos
en los de aquéllos.
3.º El suegro o suegra en los pleitos del yerno o nuera y viceversa.
4.º El marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los del
marido.
5.º Los que están obligados a guardar secreto, por su estado o
profesión, en los asuntos relativos a su profesión o estado.
6.º Los especialmente inhabilitados para ser testigos en ciertos
actos.

226
tículos 1242 y 1243 que integran esta sección, a su entrada en vigor el 8 de
enero de 2001.
227
tículos 1244 a 1248 que integran esta sección, a su entrada en vigor el 8 de
enero de 2001.

261

Lo dispuesto en los números 2.o, 3.o y 4.o no es aplicable a los
pleitos en que se trate de probar el nacimiento o defunción de
los hijos o cualquiera hecho íntimo de familia que no sea posible
justificar por otros medios.
1248. La fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos
será apreciada por los Tribunales conforme a lo establecido en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuidando de evitar que por la
simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su
veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los
negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, docu
mentos privados o algún principio de prueba por escrito.
Sección 6.a De las presunciones 228
1249. Las presunciones no son admisibles sino cuando el
hecho de que han de deducirse esté completamente acre
ditado.
1250. Las presunciones que la ley establece dispensan de
toda prueba a los favorecidos por ellas.
1251. Las presunciones establecidas por la ley pueden des
truirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que
aquélla expresamente lo prohíba.
Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será
eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.
1252. Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en
otro juicio, es necesario que, entre el caso resuelto por la sen
tencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más per
fecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los
litigantes y la calidad con que lo fueron.
En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las
de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la pre
sunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no
hubiesen litigado.
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los
litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que
contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó los
228

artículos 1249 a 1253 que integran esta sección, a su entrada en vigor el 8
de enero de 2001.

262

vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad
de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u
obligación de satisfacerlas.

1253. Para que las presunciones no establecidas por la ley
sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que
entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya
un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

TÍ TUL O I I

De los contratos

CAPÍTULO PRIMERO


1254. El contrato existe desde que una o varias personas con-
sienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa
o prestar algún servicio.

1255. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusu-
las y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no
sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

1256. La validez y el cumplimiento de los contratos no pue-
den dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

1257. Los contratos sólo producen efecto entre las partes que
los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en
que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no
sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por dis-
posición de la ley.

Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un ter-
cero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese
hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido
aquélla revocada.

1258. Los contratos se perfeccionan por el mero consenti-
miento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al
uso y a la ley.

263

1259. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar
por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación
legal.
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su
autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo
ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revo-
cado por la otra parte contratante.
1260. No se admitirá juramento en los contratos. Si se hiciere,
se tendrá por no puesto.
CAPÍTULO II
De los requisitos esenciales para la validez de los contratos
1261. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos
siguientes:
1.º Consentimiento de los contratantes.
2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.
3.º Causa de la obligación que se establezca.
Sección 1.a Del consentimiento
1262. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la
oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de
constituir el contrato.
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la
aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la
aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no
pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso,
se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos
hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación 229.
1263. No pueden prestar consentimiento:
1.º Los menores no emancipados.
2.o Los incapacitados 230.

229

230

264

1264. La incapacidad declarada en el artículo anterior está
sujeta a las modificaciones que la ley determina, y se entiende
sin perjuicio de las incapacidades especiales que la misma esta-
blece.
1265. Será nulo el consentimiento prestado por error, violen-
cia, intimidación o dolo.
1266. Para que el error invalide el consentimiento, deberá
recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del con-
trato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principal-
mente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la
consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.
El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.
1267. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se
emplea una fuerza irresistible.
Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el
temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en
su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge,
descendientes o ascendientes.
Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la
condición de la persona.
El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumi-
sión y respeto no anulará el contrato 231.
1268. La violencia o intimidación anularán la obligación, aun-
que se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el
contrato.
1269. Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insi-
diosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro
a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.
1270. Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos,
deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes
contratantes.
El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar
daños y perjuicios.

231

265

Sección 2.ª Del objeto de los contratos

1271. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no
están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar
otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre
vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1056.

Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios
que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres 232.

1272. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios
imposibles.

1273. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determi-
nada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad
no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que
sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre
los contratantes.

Sección 3.a De la causa de los contratos

1274. En los contratos onerosos se entiende por causa, para
cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o
servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o
beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la
mera liberalidad del bienhechor.

1275. Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen
efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a
la moral.

1276. La expresión de una causa falsa en los contratos dará
lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en
otra verdadera y lícita.

1277. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se pre-
sume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo
contrario.

Redactado conforme a la Ley 7/2003, de 1 de abril.
232

266

CAPÍTULO III

De la eficacia de los contratos

1278. Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea
la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos
concurran las condiciones esenciales para su validez.

1279. Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra
forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de
un contrato, los contratantes podrán compelerse recíproca-
mente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el
consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez.

1280. Deberán constar en documento público:

1.º Los actos y contratos que tengan por objeto la creación,
transmisión, modificación o extinción de derechos reales
sobre bienes inmuebles.

2.º Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más
años, siempre que deban perjudicar a tercero.

3.º Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.

4.º La cesión, repudiación y renuncia de los derechos heredita-
rios o de los de la sociedad conyugal.

5.º El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos
y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder
para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por
objeto un acto redactado o que deba redactarse en escri-
tura pública, o haya de perjudicar a tercero.

6.º La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto
consignado en escritura pública.

También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea pri-
vado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones
de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas 233.

233

267

CAPÍTULO IV
De la interpretación de los contratos
1281. Si los términos de un contrato son claros y no dejan
duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido
literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de
los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.
1282. Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá
atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y pos-
teriores al contrato.
1283. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de
un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas
distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesa-
dos se propusieron contratar.
1284. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos
sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que pro-
duzca efecto.
1285. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las
unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que
resulte del conjunto de todas.
1286. Las palabras que puedan tener distintas acepciones
serán entendidas en aquella que sea más conforme a la natura-
leza y objeto del contrato.
1287. El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta
para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo
en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen esta-
blecerse.
1288. La interpretación de las cláusulas oscuras de un con-
trato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la
oscuridad.
1289. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las
dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes,
si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del con-
trato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor
transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere one-
roso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de
intereses.

268

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recaye-
sen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no
pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o volun-
tad de los contratantes, el contrato será nulo.
CAPÍTULO V
De la rescisión de los contratos
1290. Los contratos válidamente celebrados pueden rescin-
dirse en los casos establecidos por la ley.
1291. Son rescindibles:
1.º Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autoriza-
ción judicial, siempre que las personas a quienes represen-
ten hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor
de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.
2.º Los celebrados en representación de los ausentes, siempre
que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número
anterior.
3.º Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no
puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
4.º Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando
hubiesen sido celebrados por el demandado sin conoci-
miento y aprobación de las partes litigantes o de la Autori-
dad judicial competente.
5.º Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la
ley 234.
1292. Son también rescindibles los pagos hechos en estado
de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento
no podría ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.
1293. Ningún contrato se rescindirá por lesión, fuera de los
casos mencionados en los números 1.o y 2.o del artículo 1291.
1294. La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejerci-
tarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso
legal para obtener la reparación del perjuicio.

234

269

1295. La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fue-
ron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus inte-
reses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando el
que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su
parte estuviese obligado.
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del
contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas
que no hubiesen procedido de mala fe.
En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al
causante de la lesión.
1296. La rescisión de que trata el número 2.o del artículo 1291
no tendrá lugar respecto de los contratos celebrados con auto-
rización judicial.
1297. Se presumen celebrados en fraude de acreedores
todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor ena-
jenare bienes a título gratuito.
También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título
oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se
hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier
instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes.
1298. El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajena-
das en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los
daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado,
siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas.
1299. La acción para pedir la rescisión dura cuatro años.
Para las personas sujetas a tutela y para los ausentes, los cuatro
años no empezarán hasta que haya cesado la incapacidad de los
primeros, o sea conocido el domicilio de los segundos.
CAPÍTULO VI
De la nulidad de los contratos
1300. Los contratos en que concurran los requisitos que
expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya
lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno
de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.
1301. La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este
tiempo empezará a correr:

270

En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que
éstas hubieren cesado.
En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consu-
mación del contrato.
Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los
menores o incapacitados, desde que salieren de tutela.
Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados
por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando
este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolu-
ción de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes
hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o con-
trato 235.
1302. Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos
los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las
personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapaci-
dad de aquellos con quienes contrataron; ni los que causaron la
intimidación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el
error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.
1303. Declarada la nulidad de una obligación, los contratan-
tes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen
sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los
intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.
1304. Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno
de los contratantes, no está obligado el incapaz a restituir sino
en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera.
1305. Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u
objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta
común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí,
y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o
precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación pre-
venida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos
del delito o falta.
Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito
o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado
podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a
cumplir lo que hubiera prometido.

235

271

1306. Si el hecho en que consiste la causa torpe no constitu-
yere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes:

1.ª Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, nin-
guno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del
contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro
hubiese ofrecido.

2.a Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá
éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni
pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El
otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo
que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera
ofrecido.

1307. Siempre que el obligado por la declaración de nulidad
a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse
perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que
tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma
fecha.

1308. Mientras uno de los contratantes no realice la devolu-
ción de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad
esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su
parte lo que le incumba.

1309. La acción de nulidad queda extinguida desde el
momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente.

1310. Sólo son confirmables los contratos que reúnan los
requisitos expresados en el artículo 1261.

1311. La confirmación puede hacerse expresa o tácita-
mente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con
conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado,
el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que
implique necesariamente la voluntad de renunciarlo.

1312. La confirmación no necesita el concurso de aquel de
los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción
de nulidad.

1313. La confirmación purifica al contrato de los vicios de
que adoleciera desde el momento de su celebración.

272

1314. También se extinguirá la acción de nulidad de los con-
tratos cuando la cosa, objeto de éstos, se hubiese perdido por
dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquélla.
Si la causa de la acción fuere la incapacidad de alguno de los
contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que
la acción prevalezca, a menos que hubiese ocurrido por dolo o
culpa del reclamante después de haber adquirido la capacidad.

TÍ TUL O I I I
Del régimen económico matrimonial 236
CAPÍTULO PRIMERO
1315. El régimen económico del matrimonio será el que los
cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras
limitaciones que las establecidas en este Código.
1316. A falta de capitulaciones o cuando éstas sean inefica-
ces, el régimen será el de la sociedad de gananciales.
1317. La modificación del régimen económico matrimonial
realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso
los derechos ya adquiridos por terceros.
1318. Los bienes de los cónyuges están sujetos al levanta-
miento de las cargas del matrimonio.
Cuando uno de los cónyuges incumpliere su deber de contribuir
al levantamiento de estas cargas, el Juez, a instancia del otro,
dictará las medidas cautelares que estime conveniente a fin de
asegurar su cumplimiento y los anticipos necesarios o proveer a
las necesidades futuras.
Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los
gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el
otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero
si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal
común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes pro-
pios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste

236
Redactada la totalidad del articulado de este título, sus capítulos y rú-
bricas, con las salvedades que se indican, conforme a la ley 11/1981, de 13
de mayo.

273

impida al primero, por imperativo de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita.

1319. Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos
encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia,
encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las
circunstancias de la misma.

De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad res-
ponderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge
que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cón-
yuge.

El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de
tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de confor-
midad con su régimen matrimonial.

1320. Para disponer de los derechos sobre la vivienda habi-
tual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales
derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá
el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial.

La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carác-
ter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.

1321. Fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario
y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común
de los esposos se entregarán al que sobreviva, sin computárselo
en su haber.

No se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos
artísticos, históricos y otros de extraordinario valor.

1322. Cuando la ley requiera para un acto de administración
o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consenti-
miento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa
o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del
cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herede-
ros.

No obstante, serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes
comunes si falta, en tales casos, el consentimiento del otro cón-
yuge.

274

1323. Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título
bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos 237.
1324. Para probar entre cónyuges que determinados bienes
son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro,
pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos
forzosos del confesante, ni a los acreedores, sean de la comuni-
dad o de cada uno de los cónyuges.
CAPÍTULO II
De las capitulaciones matrimoniales
1325. En capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes
estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su
matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del
mismo.
1326. Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse
antes o después de celebrado el matrimonio.
1327. Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en
escritura pública.
1328. Será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o
a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos
que corresponde a cada cónyuge.
1329. El menor no emancipado que con arreglo a la ley
pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el
concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se
limite a pactar el régimen de separación o el de participa-
ción 238.
1330. El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capi-
tulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor
o curador 239.
1331. Para que sea válida la modificación de las capitulacio-
nes matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso
de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes si

237
Redactado conforme a la ley 13/2005, de 1 de julio.
238
239
Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero.

275

vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos por
tales personas.
1332. La existencia de pactos modificativos de anteriores
capitulaciones se indicará mediante nota en la escritura que
contenga la anterior estipulación, y el Notario lo hará constar
en las copias que expida.
1333. En toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil
se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimonia-
les que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resolu-
ciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen
económico del matrimonio. Si aquéllos o éstos afectaren a
inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en
la forma y a los efectos previstos en la Ley Hipotecaria.
1334. Todo lo que se estipule en capitulaciones bajo el
supuesto de futuro matrimonio quedará sin efecto en el caso
de no contraerse en el plazo de un año.
1335. La invalidez de las capitulaciones matrimoniales se
regirá por las reglas generales de los contratos. Las consecuen-
cias de la anulación no perjudicarán a terceros de buena fe.
CAPÍTULO III
De las donaciones por razón de matrimonio
1336. Son donaciones por razón de matrimonio las que cual-
quier persona hace, antes de celebrarse, en consideración al
mismo y en favor de uno o de los dos esposos.
1337. Estas donaciones se rigen por las reglas ordinarias en
cuanto no se modifiquen por los artículos siguientes.
1338. El menor no emancipado que con arreglo a la ley pueda
casarse, también puede, en capitulaciones matrimoniales o
fuera de ellas, hacer donaciones por razón de su matrimonio,
con la autorización de sus padres o del tutor. Para aceptarlas, se
estará a lo dispuesto en el título II del libro III de este Código 240.
1339. Los bienes donados conjuntamente a los esposos per-
tenecerán a ambos en pro indiviso ordinario y por partes igua-
les, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa.

240

276

1340. El que diere o prometiere por razón de matrimonio sólo
estará obligado al saneamiento por evicción o vicios ocultos si
hubiere actuado con mala fe.
1341. Por razón de matrimonio los futuros esposos podrán
donarse bienes presentes.
Igualmente podrán donarse antes del matrimonio en capitula-
ciones bienes futuros, sólo para el caso de muerte, y en la
medida marcada por las disposiciones referentes a la sucesión
testada.
1342. Quedarán sin efecto las donaciones por razón de matri-
monio si no llegara a contraerse en el plazo de un año.
1343. Estas donaciones serán revocables por las causas
comunes, excepto la supervivencia o superveniencia de hijos.
En las otorgadas por terceros, se reputará incumplimiento de
cargas, además de cualesquiera otras específicas a que pudiera
haberse subordinado la donación, la anulación del matrimonio
por cualquier causa, la separación y el divorcio si al cónyuge
donatario le fueren imputables, según la sentencia, los hechos
que los causaron.
En las otorgadas por los contrayentes, se reputará incumpli-
miento de cargas, además de las específicas, la anulación del
matrimonio si el donatario hubiere obrado de mala fe.
Se estimará ingratitud, además de los supuestos legales, el que
el donatario incurra en causa de desheredación del artículo 855
o le sea imputable, según la sentencia, la causa de separación o
divorcio.
CAPÍTULO IV
De la sociedad de gananciales
1344. Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes
para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistin-
tamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por
mitad al disolverse aquella 241.

Redactado de acuerdo con la Ley 13/2005, de 1 de julio.
241

277

1345. La sociedad de gananciales empezará en el momento
de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo
de pactarse en capitulaciones.
Sección 2.a De los bienes privativos y comunes
1346. Son privativos de cada uno de los cónyuges:
1.º Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la
sociedad.
2.º Los que adquiera después por título gratuito.
3.º Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.
4.º Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno
solo de los cónyuges.
5.º Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona
y los no transmisibles inter vivos.
6.º El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de
los cónyuges o a sus bienes privativos.
7.º Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraor-
dinario valor.
8.o Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profe-
sión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o
pertenencias de un establecimiento o explotación de carác-
ter común.
Los bienes mencionados en los apartados 4.o y 8.o no perderán
su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se
haya realizado con fondos comunes; pero en este caso, la socie-
dad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfe-
cho.
1347. Son bienes gananciales:
1.º Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de
los cónyuges.
2.º Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bie-
nes privativos como los gananciales.
3.º Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común,
bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para
uno solo de los esposos.

278

4.º Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganan-
cial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo
caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor
satisfecho.
5.o Las empresas y establecimientos fundados durante la vigen-
cia de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a
expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la
empresa o establecimiento concurren capital privativo y
capital común, se aplicará lo dispuesto en el ar ículo 1354.
t
1348. Siempre que pertenezca privativamente a uno de los
cónyuges una cantidad o crédito pagadero en cierto número de
años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los pla-
zos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capi-
tal de uno u otro cónyuge, según a quien pertenezca el
crédito 242.
1349. El derecho de usufructo o de pensión, perteneciente a
uno de los cónyuges, formará parte de sus bienes propios; pero
los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matri-
monio serán gananciales.
1350. Se reputarán gananciales las cabezas de ganado que al
disolverse la sociedad excedan del número aportado por cada
uno de los cónyuges con carácter privativo.
1351. Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyu-
ges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan
de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales 243.
1352. Las nuevas acciones u otros títulos o participaciones
sociales suscritos como consecuencia de la titularidad de otros
privativos serán también privativos. Asimismo, lo serán las can-
tidades obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir.
Si para el pago de la suscripción se utilizaren fondos comunes o
se emitieran las acciones con cargo a los beneficios, se reembol-
sará el valor satisfecho.
1353. Los bienes donados o dejados en testamento a los cón-
yuges conjuntamente y sin especial designación de partes, cons-
tante la sociedad, se entenderán gananciales, siempre que la

242

Artículo redactado de acuerdo con la Ley 13/2005, de 1 de julio.
243

279

liberalidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador
no hubiere dispuesto lo contrario.
1354. Los bienes adquiridos mediante precio o contrapresta-
ción, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán
pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyu-
ges en proporción al valor de las aportaciones respectivas.
1355. Podrán los cónyuges, de común acuerdo, atribuir la
condición de gananciales a los bienes que adquieran a título
oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la proceden-
cia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se
satisfaga.
Si la adquisición se hiciere en forma conjunta y sin atribución de
cuotas, se presumirá su voluntad favorable al carácter ganancial
de tales bienes.
1356. Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, cons-
tante la sociedad, por precio aplazado, tendrán naturaleza
ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque
los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el pri-
mer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta
naturaleza.
1357. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyu-
ges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter
privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se
satisfaga con dinero ganancial.
Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cua-
les se aplicará el artículo 1354.
1358. Cuando conforme a este Código los bienes sean priva-
tivos o gananciales, con independencia de la procedencia del
caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse
el valor satisfecho a costa, respectivamente, del caudal común
o del propio, mediante el reintegro de su importe actualizado al
tiempo de la liquidación.
1359. Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras
mejoras que se realicen en los bienes gananciales y en los priva-
tivos tendrán el carácter correspondiente a los bienes a que
afecten, sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho.
No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos fuese
debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de

280

cualquiera de los cónyuges, la sociedad será acreedora del
aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia
de la mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad o de la
enajenación del bien mejorado.
1360. Las mismas reglas del artículo anterior se aplicarán a los
incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, esta-
blecimiento mercantil u otro género de empresa.
1361. Se presumen gananciales los bienes existentes en el
matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativa-
mente a uno de los dos cónyuges 244.
Sección 3.a De las cargas y obligaciones de la sociedad
de gananciales
1362. Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gas-
tos que se originen por alguna de las siguientes causas:
1.ª El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación
de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomo-
dadas a los usos y a las circunstancias de la familia.
La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los
cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales
cuando convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los
gastos derivados de estos conceptos serán sufragados por
la sociedad de gananciales, pero darán lugar a reintegro en
el momento de la liquidación.
2.ª La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes.
3.ª La administración ordinaria de los bienes privativos de cual-
quiera de los cónyuges.
4.a La explotación regular de los negocios o el desempeño de
la profesión, arte u oficio de cada cónyuge.
1363. Serán también de cargo de la sociedad las cantidades
donadas o prometidas por ambos cónyuges de común acuerdo,
cuando no hubiesen pactado que hayan de satisfacerse con los
bienes privativos de uno de ellos en todo o en parte.
1364. El cónyuge que hubiere aportado bienes privativos
para los gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad ten-

244

281

drá derecho a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio
común.
1365. Los bienes gananciales responderán directamente
frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1.º En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o
disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le
corresponda.
2.º En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la
administración ordinaria de los propios bienes. Si uno de los
cónyuges fuera comerciante, se estará a lo dispuesto en el
Código de Comercio 245.
1366. Las obligaciones extracontractuales de un cónyuge,
consecuencia de su actuación en beneficio de la sociedad con-
yugal o en el ámbito de la administración de los bienes, serán
de la responsabilidad y cargo de aquélla, salvo si fuesen debidas
a dolo o culpa grave del cónyuge deudor.
1367. Los bienes gananciales responderán en todo caso de
las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente
o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro.
1368. También responderán los bienes gananciales de las
obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges en caso
de separación de hecho para atender a los gastos de sosteni-
miento, previsión y educación de los hijos que estén a cargo de
la sociedad de gananciales.
1369. De las deudas de un cónyuge que sean, además, deu-
das de la sociedad responderán también solidariamente los bie-
nes de ésta.
1370. Por el precio aplazado del bien ganancial adquirido por
un cónyuge sin el consentimiento del otro responderá siempre
el bien adquirido, sin perjuicio de la responsabilidad de otros
bienes según las reglas de este Código.
1371. Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno
de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su
parte respectiva de los gananciales siempre que el importe de

El párrafo segundo de este artículo ha sido redactado conforme a la
245


282

aquella pérdida pudiere considerarse moderada con arreglo al
uso y circunstancias de la familia.
1372. De lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges
en los juegos en que la ley concede acción para reclamar lo que
se gane responden exclusivamente los bienes privativos del
deudor.
1373. Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de
las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficien-
tes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo
de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al
otro cónyuge, y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan
los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor
en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará con-
sigo la disolución de aquélla.
Si se realizase la ejecución sobre bienes comunes, se reputará
que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participa-
ción el valor de aquéllos al tiempo en que los abone con otros
caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad con-
yugal.
1374. Tras la disolución a que se refiere el artículo anterior se
aplicará el régimen de separación de bienes, salvo que, en el
plazo de tres meses, el cónyuge del deudor opte en documento
público por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales.
Sección 4.a De la administración de la sociedad de
gananciales
1375. En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y dis-
posiciones de los bienes gananciales corresponde conjunta-
mente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en
los artículos siguientes.
1376. Cuando en la realización de actos de administración
fuere necesario el consentimiento de ambos cónyuges y uno se
hallare impedido para prestarlo, o se negare injustificadamente
a ello, podrá el Juez suplirlo si encontrare fundada la petición.
1377. Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre
bienes gananciales se requerirá el consentimiento de ambos
cónyuges.
Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podrá el
Juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos

283

dispositivos cuando lo considere de interés para la familia.
Excepcionalmente acordará las limitaciones o cautelas que
estime convenientes.
1378. Serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el
consentimiento de ambos cónyuges. Sin embargo, podrá cada uno
de ellos realizar con los bienes gananciales liberalidades de uso.
1379. Cada uno de los cónyuges podrá disponer por testa-
mento de la mitad de los bienes gananciales.
1380. La disposición testamentaria de un bien ganancial pro-
ducirá todos sus efectos si fuere adjudicado a la herencia del
testador. En caso contrario se entenderá legado el valor que
tuviera al tiempo del fallecimiento.
1381. Los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las
ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber
de la sociedad y están sujetos a las cargas y responsabilidades de
la sociedad de gananciales. Sin embargo, cada cónyuge, como
administrador de su patrimonio privativo, podrá, a este solo
efecto, disponer de los frutos y productos de sus bienes.
1382. Cada cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro,
pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el
numerario ganancial que le sea necesario, de acuerdo con los
usos y circunstancias de la familia, para el ejercicio de su profe-
sión o la administración ordinaria de sus bienes.
1383. Deben los cónyuges informarse recíproca y periódica-
mente sobre la situación y rendimiento de cualquier actividad
económica suya.
1384. Serán válidos los actos de administración de bienes y
los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el
cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren.
1385. Los derechos de crédito, cualquiera que sea su natura-
leza, serán ejercitados por aquel de los cónyuges a cuyo nombre
aparezcan constituidos.
Cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los
bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción.
1386. Para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun
cuando sean extraordinarios, bastará el consentimiento de uno
solo de los cónyuges.

284

1387. La administración y disposición de los bienes de la
sociedad de gananciales se transferirá por ministerio de la ley al
cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte.

1388. Los Tribunales podrán conferir la administración a uno
solo de los cónyuges cuando el otro se encontrare en imposibi-
lidad de prestar consentimiento o hubiere abandonado la fami-
lia o existiere separación de hecho.
1389. El cónyuge en quien recaiga la administración en virtud
de lo dispuesto en los dos artículos anteriores tendrá para ello
plenas facultades, salvo que el Juez, cuando lo considere de
interés para la familia, y previa información sumaria, establezca
cautelas o limitaciones.
En todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmue-
bles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores
mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, necesi-
tará autorización judicial.
1390. Si como consecuencia de un acto de administración o
de disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges
hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u
ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a
la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne
cuando proceda la eficacia del acto.
1391. Cuando el cónyuge hubiere realizado un acto en fraude
de los derechos de su consorte, será, en todo caso, de aplicación
lo dispuesto en el artículo anterior y, además, si el adquirente
hubiere procedido de mala fe, el acto será rescindible.
Sección 5.a De la disolución y liquidación de la sociedad
de gananciales
1392. La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:
1.º Cuando se disuelva el matrimonio.
2.º Cuando sea declarado nulo.
3.º Cuando judicialmente se decrete la separación de los cón-
yuges.
4.o Cuando los cónyuges convengan un régimen económico
distinto en la forma prevenida en este Código.

285

1393. También concluirá por decisión judicial la sociedad de
gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de
los casos siguientes:
1.º Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado,
declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de
acreedores, o condenado por abandono de familia 246.
Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cón-
yuge que la pidiere presente la correspondiente resolución
judicial.
2.º Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositi-
vos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o
peligro para los derechos del otro en la sociedad.
3.º Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo
mutuo o por abandono del hogar.
4.o Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar
sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económi-
cas.
En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la
parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo
especialmente dispuesto en este Código.
1394. Los efectos de la disolución prevista en el artículo ante-
rior se producirán desde la fecha en que se acuerde. De seguirse
pleito sobre la concurrencia de la causa de disolución, iniciada
la tramitación del mismo, se practicará el inventario, y el Juez
adoptará las medidas necesarias para la administración del cau-
dal, requiriéndose licencia judicial para todos los actos que
excedan de la administración ordinaria.
1395. Cuando la sociedad de gananciales se disuelva por nuli-
dad del matrimonio y uno de los cónyuges hubiera sido decla-
rado de mala fe, podrá optar el otro por la liquidación del
régimen matrimonial según las normas de esta sección o por las
disposiciones relativas al régimen de participación, y el contra-
yente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias
obtenidas por su consorte.

Redactado este apartado conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
246

enero.

286

1396. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que
comenzará por un inventario del activo y pasivo de la sociedad.
1397. Habrán de comprenderse en el activo:
1.º Los bienes gananciales existentes en el momento de la diso-
lución.
2.º El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser
enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran
sido recuperados.
3.o El importe actualizado de las cantidades pagadas por la
sociedad que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en
general de las que constituyen créditos de la sociedad con-
tra éste.
1398. El pasivo de la sociedad estará integrado por las
siguientes partidas:
1.ª Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
2.ª El importe actualizado del valor de los bienes privativos
cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber
sido gastados en interés de la sociedad.
Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos
bienes por su uso en beneficio de la sociedad.
3.a El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido
pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de
la sociedad y, en general, las que constituyen créditos de los
cónyuges contra la so iedad.
c
1399. Terminado el inventario se pagarán en primer lugar las
deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en
cualquier caso, tendrán preferencia.
Respecto de las demás, si el caudal inventariado no alcanzase
para ello, se observará lo dispuesto para la concurrencia y pre-
lación de créditos.
1400. Cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de
las deudas podrán ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes
gananciales, pero si cualquier partícipe o acreedor lo pide se
procederá a enajenarlos y pagar con su importe.

287

1401. Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de
la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el
cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bie-
nes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debi-
damente inventario judicial o extrajudicial.
Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los
cónyuges mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá
repetir contra el otro.
1402. Los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán
en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las
leyes en la partición y liquidación de las herencias.
1403. Pagadas las deudas y cargas de la sociedad, se abona-
rán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge
hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las com-
pensaciones que correspondan cuando el cónyuge sea deudor
de la sociedad.
1404. Hechas las deducciones en el caudal inventariado que
prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber
de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre
los cónyuges o sus respectivos herederos 247.
1405. Si uno de los cónyuges resultare en el momento de la
liquidación acreedor personal del otro, podrá exigir que se le
satisfaga su crédito adjudicándole bienes comunes, salvo que el
deudor pague voluntariamente.
1406. Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con
preferencia en su haber, hasta donde éste alcance:
1.º Los bienes de uso personal no incluidos en el número 7 del
artículo 1346.
2.º La explotación económica que gestione efectivamente 248.
3.º El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
4.o En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde
tuviese la residencia habitual.

247

Apartado redactado de acuerdo con la Ley 7/2003, de 1 de abril.
248

288

1407. En los casos de los números 3.o y 4.o del artículo ante-
rior podrá el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuyan
los bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su
favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o
el derecho superara al del haber del cónyuge adjudicatario,
deberá éste abonar la diferencia en dinero.
1408. De la masa común de bienes se darán alimentos a los
cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos mientras se
haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les
entregue su haber; pero se les rebajarán de éste en la parte que
excedan de los que les hubiese correspondido en razón de fru-
tos y rentas.
1409. Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la
liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos
por una misma persona para determinar el capital de cada socie-
dad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventa-
rios. En caso de duda se atribuirán los gananciales a las
diferentes sociedades proporcionalmente, atendiendo al tiempo
de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cón-
yuges.
1410. En todo lo no previsto en este capítulo sobre formación
de inventario, reglas sobre tasación y ventas de bienes, división
del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se
halle expresamente determinado, se observará lo establecido
para la partición y liquidación de la herencia.
CAPÍTULO V
Del régimen de participación
1411. En el régimen de participación cada uno de los cónyu-
ges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas
por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya
estado vigente.
1412. A cada cónyuge le corresponde la administración, el
disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertene-
cían en el momento de contraer matrimonio como de los que
pueda adquirir después por cualquier título.
1413. En todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán,
durante la vigencia del régimen de participación, las normas
relativas al de separación de bienes.

289

1414. Si los casados en régimen de participación adquirieran
conjuntamente algún bien o derecho, les pertenece en pro indi-
viso ordinario.
1415. El régimen de participación se extingue en los casos
prevenidos para la sociedad de gananciales, aplicándose lo dis-
puesto en los artículos 1394 y 1395.
1416. Podrá pedir un cónyuge la terminación del régimen de
participación cuando la irregular administración del otro com-
prometa gravemente sus intereses.
1417. Producida la extinción se determinarán las ganancias
por las diferencias entre los patrimonios inicial y final de cada
cónyuge.
1418. Se estimará constituido el patrimonio inicial de cada
cónyuge:
1.º Por los bienes y derechos que le pertenecieran al empezar
el régimen.
2.o Por los adquiridos después a título de herencia, donación o
legado.
1419. Se deducirán las obligaciones del cónyuge al empezar
el régimen y, en su caso, las sucesorias o las cargas inherentes a
la donación o legado, en cuanto no excedan de los bienes here-
dados o donados.
1420. Si el pasivo fuese superior al activo no habrá patrimonio
inicial.
1421. Los bienes constitutivos del patrimonio inicial se esti-
marán según el estado y valor que tuvieran al empezar el régi-
men o, en su caso, al tiempo en que fueron adquiridos.
El importe de la estimación deberá actualizarse el día en que el
régimen haya cesado.
1422. El patrimonio final de cada cónyuge estará formado por
los bienes y derechos de que sea titular en el momento de la
terminación del régimen, con deducción de las obligaciones
todavía no satisfechas.
1423. Se incluirá en el patrimonio final el valor de los bienes
de que uno de los cónyuges hubiese dispuesto a título gratuito

290

sin el consentimiento de su consorte, salvo si se tratase de libe-
ralidades de uso.

1424. La misma regla se aplicará respecto de los actos reali-
zados por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del
otro.

1425. Los bienes constitutivos del patrimonio final se estima-
rán según el estado y valor que tuvieren en el momento de la
terminación del régimen, y los enajenados gratuita o fraudulen-
tamente, conforme al estado que tenían el día de la enajenación
y por el valor que hubieran tenido si se hubiesen conservado
hasta el día de la terminación.

1426. Los créditos que uno de los cónyuges tenga frente al
otro, por cualquier título, incluso por haber atendido o cumplido
obligaciones de aquél, se computarán también en el patrimonio
final del cónyuge acreedor y se deducirán del patrimonio del
cónyuge deudor.

1427. Cuando la diferencia entre los patrimonios final e inicial
de uno y otro cónyuge arroje resultado positivo, el cónyuge
cuyo patrimonio haya experimentado menor incremento perci-
birá la mitad de la diferencia entre su propio incremento y el del
otro cónyuge.

1428. Cuando únicamente uno de los patrimonios arroje
resultado positivo, el derecho de la participación consistirá, para
el cónyuge no titular de dicho patrimonio, en la mitad de aquel
incremento.

1429. Al constituirse el régimen podrá pactarse una participa-
ción distinta de la que establecen los dos artículos anteriores,
pero deberá regir por igual y en la misma pro orción respecto
p
de ambos patrimonios y en favor de ambos cónyuges.

1430. No podrá convenirse una participación que no sea por
mitad si existen descendientes no comunes.

1431. El crédito de participación deberá ser satisfecho en
dinero. Si mediaren dificultades graves para el pago in ediato,
m
el Juez podrá conceder aplazamiento, siempre que no exceda
de tres años y que la deuda y sus intereses legales queden sufi-
cientemente garantizados.

291

1432. El crédito de participación podrá pagarse mediante la
adjudicación de bienes concretos, por acuerdo de los interesa-
dos o si lo concediese el Juez a petición fundada del deudor.
1433. Si no hubiese bienes en el patrimonio deudor para
hacer efectivo el derecho de participación en ganancias, el cón-
yuge acreedor podrá impugnar las enajenaciones que hubieren
sido hechas a título gratuito sin su consentimiento y aquéllas
que hubieren sido realizadas en fraude de sus derechos.
1434. Las acciones de impugnación a que se refiere el artículo
anterior caducarán a los dos años de extinguido el régimen de
participación y no se darán contra los adquirentes a título one-
roso y de buena fe.
CAPÍTULO VI
Del régimen de separación de bienes
1435. Existirá entre los cónyuges separación de bienes:
1.º Cuando así lo hubiesen convenido.
2.º Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones
matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de
gananciales, sin expresar las reglas por que hayan de regirse
sus bienes.
3.o Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de
gananciales o el régimen de participación, salvo que por
voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régi-
men distinto.
1436. La demanda de separación de bienes y la sentencia
firme en que se declare se deberán anotar e inscribir, respecti-
vamente, en el Registro de la Propiedad que corresponda, si
recayera sobre bienes inmuebles. La sentencia firme se anotará
también en el Registro Civil.
1437. En el régimen de separación pertenecerán a cada cón-
yuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y
los que después adquiera por cualquier título. Asimismo, corres-
ponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición
de tales bienes.
1438. Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las car-
gas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcional-
mente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la

292

casa será computado como contribución a las cargas y dará
derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a
falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación.

1439. Si uno de los cónyuges hubiese administrado o gestio-
nado bienes o intereses del otro, tendrá las mismas obligaciones
y responsabilidades que un mandatario, pero no tendrá obliga-
ción de rendir cuentas de los frutos percibidos y consumidos,
salvo cuando se demuestre que los invirtió en atenciones distin-
tas del levantamiento de las cargas del matrimonio.

1440. Las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de
su exclusiva responsabilidad.

En cuanto a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la
potestad doméstica ordinaria responderán ambos cónyuges en
la forma determinada por los artículos 1319 y 1438 de este
Código.

1441. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges
pertenece algún bien o derecho, corresponderá a ambos por
mitad.

1442. Declarado un cónyuge en quiebra o concurso, se pre-
sumirá, salvo prueba en contrario, en beneficio de los acreedo-
res, que fueron en su mitad donados por él los bienes adquiridos
a título oneroso por el otro durante el año anterior a la declara-
ción o en el período a que alcance la retroacción de la quiebra.
Esta presunción no regirá si los cónyuges están separados judi-
cialmente o de hecho.

1443. La separación de bienes decretada no se alterará por la
reconciliación de los cónyuges en caso de separación personal
o por la desaparición de cualquiera de las demás causas que la
hubiesen motivado.

1444. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los
cónyuges pueden acordar en capitulaciones que vuelvan a regir
las mismas reglas que antes de la separación de bienes.

Harán constar en las capitulaciones los bienes que cada uno
aporte de nuevo y se considerarán éstos privativos, aunque, en
todo o en parte, hubieren tenido carácter ganancial antes de la
liquidación practicada por causa de la separación.

293

TÍ TUL O I V
Del contrato de compra y venta
CAPÍTULO PRIMERO
De la naturaleza y forma de este contrato
1445. Por el contrato de compra y venta uno de los contra-
tantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a
pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo repre-
sente.
1446. Si el precio de la venta consistiera parte en dinero y
parte en otra cosa, se calificará el contrato por la intención mani-
fiesta de los contratantes. No constando ésta, se tendrá por
permuta, si el valor de la cosa dada en parte del precio excede
al del dinero o su equivalente; y por venta en el caso contrario.
1447. Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo
sea con referencia a otra cosa cierta, o que se deje su señala-
miento al arbitrio de persona determinada.
Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el
contrato.
1448. También se tendrá por cierto el precio en la venta de
valores, granos, líquidos y demás cosas fungibles, cuando se
señale el que la cosa vendida tuviera en determinado día, bolsa
o mercado, o se fije un tanto mayor o menor que el precio del
día, bolsa o mercado, con tal que sea cierto.
1449. El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al
arbitrio de uno de los contratantes.
1450. La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor,
y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa
objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se
hayan entregado.
1451. La promesa de vender o comprar, habiendo conformi-
dad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes
para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato.
Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta,
regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto
acerca de las obligaciones y contratos en el presente libro.

294

1452. El daño o provecho de la cosa vendida, después de
perfeccionado el contrato, se regulará por lo dispuesto en los
artículos 1096 y 1182.
Esta regla se aplicará a la venta de cosas fungibles hecha aisla-
damente y por un solo precio, o sin consideración a su peso,
número o medida.
Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con rela-
ción al peso, número o medida, no se imputará el riesgo al com-
prador hasta que se hayan pesado, contado o medido, a no ser
que éste se haya constituido en mora.
1453. La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa
vendida, y la venta de las cosas que es costumbre gustar o pro-
bar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo con-
dición suspensiva.
1454. Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de
compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el
comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas.
1455. Los gastos de otorgamiento de escrituras serán de
cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los demás pos-
teriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto
en contrario.
1456. La enajenación forzosa por causa de utilidad pública se
regirá por lo que establezcan las leyes especiales.
CAPÍTULO II
De la capacidad para comprar o vender
1457. Podrán celebrar el contrato de compra y venta todas
las personas a quienes este Código autoriza para obligarse,
salvo las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.
1458. Los cónyuges podrán venderse bienes recíproca-
mente 249.
1459. No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta
pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
1.º Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la
persona o personas que estén bajo su guarda o protección.

249

295

2.º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enaje-
nación estuviesen encargados.

3.º Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.

4.º Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los Muni-
cipios, de los pueblos y de los establecimientos también
públicos, de cuya administración estuviesen encargados.

Esta disposición regirá para los Jueces y peritos que de cual-
quier modo intervinieren en la venta.

5.º Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio Fiscal,
Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de Justicia,
los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribu-
nal, en cuya jurisdicción o territorio ejercieran sus respecti-
vas funciones, extendiéndose esta prohibición al acto de
adquirir por cesión.

Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones
hereditarias entre coherederos, o de cesión en pago de crédi-
tos, o de garantía de los bienes que posean.

La prohibición contenida en este número 5.º comprenderá a los
Abogados y Procuradores respecto a los bienes y derechos que
fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión
y oficio 250.

CAPÍTULO III

De los efectos del contrato de compra y venta cuando
se ha perdido la cosa vendida

1460. Si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese perdido
en su totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin efecto
el contrato.

Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el comprador podrá
optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente,
abonando su precio en proporción al total convenido.

250

296

CAPÍTULO IV
De las obligaciones del vendedor
Sección 1.a Disposición general
1461. El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento
de la cosa objeto de la venta.
Sección 2.a De la entrega de la cosa vendida
1462. Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se
ponga en poder y posesión del comprador.
Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorga-
miento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del
contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere
claramente lo contrario.
1463. Fuera de los casos que expresa el artículo precedente,
la entrega de los bienes muebles se efectuará: por la entrega de
las llaves del lugar o sitio donde se hallan almacenados o guar-
dados, y por el solo acuerdo o conformidad de los contratantes,
si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador
en el instante de la venta, o si éste la tenía ya en su poder por
algún otro motivo.
1464. Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto
en el párrafo 2.o del artículo 1462. En cualquier otro caso en que
éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el hecho de
poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el
uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintién-
dolo el vendedor.
1465. Los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de
cuenta del vendedor, y los de su transporte o traslación de cargo
del comprador, salvo el caso de estipulación especial.
1466. El vendedor no estará obligado a entregar la cosa ven-
dida si el comprador no le ha pagado el precio o no se ha seña-
lado en el contrato un plazo para el pago.
1467. Tampoco tendrá obligación el vendedor de entregar la
cosa vendida cuando se haya convenido en un aplazamiento o
término para el pago, si después de la venta se descubre que el
comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre
inminente riesgo de perder el precio.

297

Se exceptúa de esta regla el caso en que el comprador afiance
pagar en el plazo convenido.
1468. El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el
estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato.
Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que
se perfeccionó el contrato.
1469. La obligación de entregar la cosa vendida comprende
la de poner en poder del comprador todo lo que exprese el
contrato, mediante las reglas siguientes: Si la venta de bienes
inmuebles se hubiese hecho con expresión de su cabida, a razón
de un precio por unidad de medida o número, tendrá obligación
el vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo
cuanto se haya expresado en el contrato; pero si esto no fuere
posible, podrá el comprador optar entre una rebaja proporcio-
nal del precio o la rescisión del contrato, siempre que, en este
último caso, no baje de la décima parte de la cabida la disminu-
ción de la que se le atribuyera al inmueble.
Lo mismo se hará, aunque resulte igual cabida, si alguna parte
de ella no es de la calidad expresada en el contrato.
La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a voluntad del com-
prador, cuando el menos valor de la cosa vendida exceda de la
décima parte del precio convenido.
1470. Si, en el caso del artículo precedente, resultare mayor
cabida o número en el inmueble que los expresados en el con-
trato, el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso de
precio si la mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte
de los señalados en el mismo contrato; pero si excedieren de
dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre satisfacer
el mayor valor del inmueble o desistir del contrato.
1471. En la venta de un inmueble, hecha por precio alzado y
no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no
tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque
resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el
contrato.
Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más fincas las ven-
didas por un solo precio, pero si, además de expresarse los lin-
deros, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se
designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor

298

estará obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro de
los mismos linderos, aun cuando exceda de la cabida o número
expresados en el contrato; y, si no pudiere, sufrirá una disminu-
ción en el precio, proporcional a lo que falte de cabida o número,
a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el
comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.
1472. Las acciones que nacen de los tres artículos anteriores
prescribirán a los seis meses, contados desde el día de la
entrega.
1473. Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes
compradores, la propiedad se transferirá a la persona que pri-
mero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mue-
ble.
Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que
antes la haya inscrito en el Registro.
Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de
buena fe sea primero en la posesión; y, faltando ésta, a quien
presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.
Sección 3.a Del saneamiento
1474. En virtud del saneamiento a que se refiere el ar-
tículo1461, el vendedor responderá al comprador:
1.º De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.
2.º De los vicios o defectos ocultos que tuviere.
§ 1.o Del saneamiento en caso de evicción
1475. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador,
por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la com-
pra, de todo o parte de la cosa comprada.
El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya
expresado en el contrato.
Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o
suprimir esta obligación legal del vendedor.
1476. Será nulo todo pacto que exima al vendedor de respon-
der de la evicción, siempre que hubiere mala fe de su parte.
1477. Cuando el comprador hubiese renunciado el derecho al
saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea éste,

299

deberá el vendedor entregar únicamente el precio que tuviere
la cosa vendida al tiempo de la evicción, a no ser que el compra-
dor hubiese hecho la renuncia con conocimiento de los riesgos
de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias.
1478. Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando
nada se haya pactado sobre este punto, si la evicción se ha rea-
lizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor:
1.º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al
tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la
venta.
2.º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a
entregarlos al que le haya vencido en juicio.
3.º Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su
caso, las del seguido con el vendedor para el sa eamiento.
n
4.º Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el conprador.
5.º Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro
recreo u ornato, si se vendió de mala fe.
1479. Si el comprador perdiere, por efecto de la evicción, una
parte de la cosa vendida de tal importancia con relación al todo
que sin dicha parte no la hubiera comprado, podrá exigir la
rescisión del contrato; pero con la obligación de devolver la
cosa sin más gravámenes que los que tuviese al adquirirla.
Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas
conjuntamente por un precio alzado, o particular para cada una
de ellas, si constase claramente que el comprador no habría
comprado la una sin la otra.
1480. El saneamiento no podrá exigirse hasta que haya
recaído sentencia firme, por la que se condene al comprador a
la pérdida de la cosa adquirida o de parte de la misma.
1481. El vendedor estará obligado al saneamiento que corres-
ponda, siempre que resulte probado que se le notificó la
demanda de evicción a instancia del comprador. Faltando la
notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento.
1482. El comprador demandado solicitará, dentro del término
que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala para contestar a la
demanda, que ésta se notifique al vendedor o vendedores en el
plazo más breve posible.

300

La notificación se hará como la misma ley establece para empla-
zar a los demandados.

El término de contestación para el comprador quedará en sus-
penso ínterin no expiren los que para comparecer y contestar a
la demanda se señalen al vendedor o vendedores, que serán los
mismos plazos que determina para todos los demandados la
expresada Ley de Enjuiciamiento Civil, contados desde la notifi-
cación establecida por el párrafo primero de este artículo.

Si los citados de evicción no comparecieren en tiempo y forma,
continuará, respecto del comprador, el término para contestar a
la demanda.

1483. Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo
la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal
naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el com-
prador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del con-
trato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente.

Durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura,
podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria o solicitar la
indemnización.

Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización den-
tro de un período igual, a contar desde el día en que haya des-
cubierto la carga o servidumbre.

§ 2.o Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos
de la cosa vendida

1484. El vendedor estará obligado al saneamiento por los
defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impro-
pia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo
este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría
adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será
responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la
vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un
perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente
conocerlos.

1485. El vendedor responde al comprador del saneamiento
por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los
ignorase.

301

Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contra-
rio, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo
vendido.
1486. En los casos de los dos artículos anteriores, el compra-
dor podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los
gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del pre-
cio, a juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa
vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma
opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si
optare por la rescisión.
1487. Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios
ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá éste la pérdida, y
deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con
los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el
precio y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el
comprador.
1488. Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de
la venta, y se pierde después por caso fortuito o por culpa del
comprador, podrá éste reclamar del vendedor el precio que
pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de per-
derse.
Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los
daños e intereses.
1489. En las ventas judiciales nunca habrá lugar a la respon-
sabilidad por daños y perjuicios; pero sí a todo lo demás dis-
puesto en los artículos anteriores.
1490. Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco
artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados
desde la entrega de la cosa vendida.
1491. Vendiéndose dos o más animales juntamente, sea en un
precio alzado, sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio red-
hibitorio de cada uno dará solamente lugar a su redhibición, y
no a la de los otros, a no ser que aparezca que el comprador no
habría comprado el sano o sanos sin el vicioso.
Se presume esto último cuando se compra un tiro, yunta, pareja
o juego, aunque se haya señalado un precio separado a cada
uno de los animales que lo componen.

302

1492. Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la venta
de animales se entiende igualmente aplicable a la de otras
cosas.
1493. El saneamiento por los vicios ocultos de los animales y
ganados no tendrá lugar en las ventas hechas en feria o en
pública subasta, ni en la de caballerías enajenadas como de
desecho, salvo el caso previsto en el artículo siguiente.
1494. No serán objeto del contrato de venta los ganados y
animales que padezcan enfermedades contagiosas. Cualquier
contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo.
También será nulo el contrato de venta de los ganados y anima-
les, si, expresándose en el mismo contrato el servicio o uso para
que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo.
1495. Cuando el vicio oculto de los animales, aunque se haya
practicado reconocimiento facultativo, sea de tal naturaleza que
no basten los conocimientos periciales para su descubrimiento,
se reputará redhibitorio.
Pero si el profesor, por ignorancia o mala fe, dejara de descu-
brirlo o manifestarlo, será responsable de los daños y perjuicios.
1496. La acción redhibitoria que se funde en los vicios o
defectos de los animales, deberá interponerse dentro de cua-
renta días, contados desde el de su entrega al comprador, salvo
que, por el uso en cada localidad, se hallen establecidos mayo-
res o menores plazos.
Esta acción en las ventas de animales sólo se podrá ejercitar
respecto de los vicios y defectos de los mismos que estén deter-
minados por la ley o por los usos locales.
1497. Si el animal muriese a los tres días de comprado, será
responsable el vendedor, siempre que la enfermedad que oca-
sionó la muerte existiera antes del contrato, a juicio de los facul-
tativos.
1498. Resuelta la venta, el animal deberá ser devuelto en el
estado en que fue vendido y entregado, siendo responsable el
comprador de cualquier deterioro debido a su negligencia, y
que no proceda del vicio o defecto redhibitorio.
1499. En las ventas de animales y ganados con vicios redhibi-
torios, gozará también el comprador de la facultad expresada

303

en el artículo 1486; pero deberá usar de ella dentro del mismo
término que para el ejercicio de la acción redhibitoria queda
respectivamente señalado.
CAPÍTULO V
De las obligaciones del comprador
1500. El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa
vendida en el tiempo y lugar fijado por el contrato.
Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y
lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
1501. El comprador deberá intereses por el tiempo que
medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio, en los
tres casos siguientes:
1.º Si así se hubiere convenido.
2.º Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta.
3.o Si se hubiere constituido en mora, con arreglo al arícuo
t l
1100.
1502. Si el comprador fuere perturbado en la posesión o
dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo
por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el
pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la per-
turbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del
precio en su caso, o se haya estipulado que, no obstante cual-
quiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obli-
gado a verificar el pago.
1503. Si el vendedor tuviere fundado motivo para temer la
pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio, podrá promo-
ver inmediatamente la resolución de la venta.
Si no existiere este motivo, se observará lo dispuesto en el ar-
tículo 1124.
1504. En la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera
estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo conve-
nido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato,
el comprador podrá pagar, aun después de expirado el término,
ínterin no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial.
Hecho el requerimiento, el Juez no podrá concederle nuevo tér-
mino.

304

1505. Respecto de los bienes muebles, la resolución de la
venta tendrá lugar de pleno derecho, en interés del vendedor,
cuando el comprador, antes de vencer el término fijado para la
entrega de la cosa, no se haya presentado a recibirla, o, presen-
tándose, no haya ofrecido al mismo tiempo el precio, salvo que
para el pago de éste se hubiese pactado mayor dilación.
CAPÍTULO VI
De la resolución de la venta
1506. La venta se resuelve por las mismas causas que todas las
obligaciones y, además, por las expresadas en los capítulos
anteriores, y por el retracto convencional o por el legal.
Sección 1.a Del retracto convencional
1507. Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vende-
dor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con
obligación de cumplir lo expresado en el artículo 1518 y lo
demás que se hubiese pactado.
1508. El derecho de que trata el artículo anterior durará, a
falta de pacto expreso, cuatro años contados desde la fecha del
contrato.
En caso de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez años.
1509. Si el vendedor no cumple lo prescrito en el arículo
t
1518, el comprador adquirirá irrevocablemente el dominio de la
cosa vendida.
1510. El vendedor podrá ejercitar su acción contra todo
poseedor que traiga su derecho del comprador, aunque en el
segundo contrato no se haya hecho mención del retracto con-
vencional; salvo lo dispuesto en la Ley Hipotecaria respecto de
terceros.
1511. El comprador sustituye al vendedor en todos sus dere-
chos y acciones.
1512. Los acreedores del vendedor no podrán hacer uso del
retracto convencional contra el comprador, sino después de
haber hecho excusión en los bienes del vendedor.
1513. El comprador con pacto de retroventa de una parte de
finca indivisa que adquiera la totalidad de la misma en el caso

305

del ar ículo 404, podrá obligar al vendedor a redimir el todo, si
t
éste quiere hacer uso del retracto.
1514. Cuando varios, conjuntamente y en un solo contrato,
vendan una finca indivisa con pacto de retro, ninguno de ellos
podrá ejercitar este derecho más que por su parte respectiva.
Lo mismo se observará si el que ha vendido por sí solo una
finca ha dejado varios herederos, en cuyo caso cada uno de
éstos sólo podrá redimir la parte que hubiese adquirido.
1515. En los casos del artículo anterior, el comprador podrá
exigir de todos los vendedores o coherederos que se pongan
de acuerdo sobre la redención de la totalidad de la cosa ven-
dida; y, si así no lo hicieren, no se podrá obligar al comprador al
retracto parcial.
1516. Cada uno de los copropietarios de una finca indivisa,
que hubiese vendido separadamente su parte, podrá ejercitar,
con la misma separación, el derecho de retracto por su porción
respectiva, y el comprador no podrá obligarle a redimir la tota-
lidad de la finca.
1517. Si el comprador dejare varios herederos, la acción de
retracto no podrá ejercitarse contra cada uno sino por su parte
respectiva, ora se halle indivisa, ora se haya distribuido entre
ellos.
Pero si se ha dividido la herencia, y la cosa vendida se ha adju-
dicado a uno de los herederos, la acción de retracto podrá
intentarse contra él por el todo.
1518. El vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto
sin reembolsar al comprador el precio de la venta, y además:
1.o Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo
hecho para la venta.
2.o Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.
1519. Cuando al celebrarse la venta hubiese en la finca frutos
manifiestos o nacidos, no se hará abono ni prorrateo de los que
haya al tiempo del retracto.
Si no los hubo al tiempo de la venta, y los hay al del retracto, se
prorratearán entre el retrayente y el comprador, dando a éste la

306

parte correspondiente al tiempo que poseyó la finca en el último
año, a contar desde la venta.

1520. El vendedor que recobre la cosa vendida, la recibirá
libre de toda carga o hipoteca impuesta por el comprador, pero
estará obligado a pasar por los arriendos que éste haya hecho
de buena fe y según costumbre del lugar en que radique.

Sección 2.a Del retracto legal

1521. El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las
mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que
adquiere una cosa por compra o dación en pago.

1522. El copropietario de una cosa común podrá usar del
retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos
los demás condueños o de alguno de ellos.

Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo
podrán hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa
común.

1523. También tendrán el derecho de retracto los propieta-
rios de las tierras colindantes cuando se trate de la venta de una
finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable a
las tierras colindantes que estuvieren separadas por arroyos,
acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en
provecho de otras fincas.

Si dos o más colindantes usan del retracto al mismo tiempo será
preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante de
menor cabida; y si las dos la tuvieran igual, el que primero lo
solicite.

1524. No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino
dentro de nueve días, contados desde la inscripción en el Regis-
tro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido
conocimiento de la venta.

El retracto de comuneros excluye el de colindantes.

1525. En el retracto legal tendrá lugar lo dispuesto en los
ar ículos 1511 y 1518.
t

307

CAPÍTULO VII
De la transmisión de créditos y demás derechos incorporales
1526. La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá
efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por
cierta en conformidad a los artículos 1218 y 1227.
Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en
el registro.
1527. El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión
satisfaga al acreedor quedará libre de la obligación.
1528. La venta o cesión de un crédito comprende la de todos
los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o pri-
vilegio.
1529. El vendedor de buena fe responderá de la existencia y
legitimidad del crédito al tiempo de la venta, a no ser que se
haya vendido como dudoso; pero no de la solvencia del deudor,
a menos de haberse estipulado expresamente, o de que la insol-
vencia fuese anterior y pública.
Aun en estos casos sólo responderá del precio recibido y de los
gastos expresados en el número primero del ar ícuo 1518.
t l
El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos
los gastos y de los daños y perjuicios.
1530. Cuando el cedente de buena fe se hubiese hecho res-
ponsable de la solvencia del deudor, y los contratantes no
hubieran estipulado nada sobre la duración de la responsabili-
dad, durará ésta sólo un año, contado desde la cesión del cré-
dito, si estaba ya vencido el plazo.
Si el crédito fuere pagadero en término o plazo todavía no ven-
cido, la responsabilidad cesará un año después del vencimiento.
Si el crédito consistiere en una renta perpetua, la responsabili-
dad se extinguirá a los diez años, contados desde la fecha de la
cesión.
1531. El que venda una herencia sin enumerar las cosas de
que se compone, sólo estará obligado a responder de su cuali-
dad de heredero.

308

1532. El que venda alzadamente o en globo la totalidad de
ciertos derechos, rentas o productos, cumplirá con responder
de la legitimidad del todo en general; pero no estará obligado
al saneamiento de cada una de las partes de que se compon-
gan, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte.

1533. Si el vendedor se hubiese aprovechado de algunos fru-
tos o hubiese percibido alguna cosa de la herencia que ven-
diere, deberá abonarlos al comprador si no se hubiese pactado
lo contrario.

1534. El comprador deberá, por su parte, satisfacer al vende-
dor todo lo que éste haya pagado por las deudas y cargas de la
herencia y por los créditos que tenga contra la misma, salvo
pacto en contrario.

1535. Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá dere-

cho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que
pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses
del precio desde el día en que éste fue satisfecho.

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la
demanda relativa al mismo.

El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, con-
tados desde que el cesionario le reclame el pago.

1536. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la
cesión o ventas hechas:

1.o A un coheredero o condueño del derecho cedido.

2.o A un acreedor en pago de su crédito.

3.o AL poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se
ceda.

CAPÍTULO VIII


1537. Todo lo dispuesto en este título se entiende con suje-
ción a lo que respecto de bienes inmuebles se determina en la
Ley Hipotecaria.

309

TÍ TUL O V
De la permuta
1538. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los
contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra.
1539. Si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que
se le prometió en permuta, y acreditase que no era propia del
que la dio, no podrá ser obligado a entregar la que él ofreció en
cambio, y cumplirá con devolver la que re ibió.
c
1540. El que pierda por evicción la cosa recibida en permuta,
podrá optar entre recuperar la que dio en cambio, o reclamar la
indemnización de daños y perjuicios; pero sólo podrá usar del
derecho a recuperar la cosa que él entregó mientras ésta sub-
sista en poder del otro permutante, y sin perjuicio de los dere-
chos adquiridos entre tanto sobre ella con buena fe por un
tercero.
1541. En todo lo que no se halle especialmente determinado
en este título, la permuta se regirá por las disposiciones concer-
nientes a la venta.

TÍ TUL O VI
Del contrato de arrendamiento
CAPÍTULO PRIMERO
1542. El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o ser-
vicios.
1543. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se
obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo
determinado y precio cierto.
1544. En el arrendamiento de obras o servicios, una de las
partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un ser-
vicio por precio cierto.
1545. Los bienes fungibles que se consumen con el uso no
pueden ser materia de este contrato.

310

CAPÍTULO II

De los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas


1546. Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de
la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio, y arrendatario al
que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio
que se obliga a pagar.

1547. Cuando hubiese comenzado la ejecución de un con-
trato de arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio con-
venido, el arrendatario devolverá al arrendador la cosa
arrendada, abonándole, por el tiempo que la haya disfrutado, el
precio que se regule.

1548. Los padres o tutores, respecto de los bienes de los
menores o incapacitados, y los administradores de bienes que
no tengan poder especial, no podrán dar en arrendamiento las
cosas por término que exceda de seis años 251.

1549. Con relación a terceros, no surtirán efecto los arrenda-
mientos de bienes raíces que no se hallen debidamente inscritos
en el Registro de la Propiedad.

1550. Cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se
prohíba expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en
todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsa-
bilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador.

1551. Sin perjuicio de su obligación para con el subarrenda-
dor, queda el subarrendatario obligado a favor del arrendador
por todos los actos que se refieran al uso y conservación de la
cosa arrendada en la forma pactada entre el arrendador y el
arrendatario.

1552. El subarrendatario queda también obligado para con el
arrendador por el importe del precio convenido en el suba-
rriendo que se halle debiendo al tiempo del requerimiento, con-
siderando no hechos los pagos adelantados, al no haberlos
verificado con arreglo a la costumbre.

251

311

1553. Son aplicables al contrato de arrendamiento las dispo-
siciones sobre saneamiento contenidas en el título de la com-
praventa.
En los casos en que proceda la devolución del precio, se hará la
disminución proporcional al tiempo que el arrendatario haya dis-
frutado de la cosa.
Sección 2.a De los derechos y obligaciones del arrendador
y del arrendatario
1554. El arrendador está obligado:
1.o A entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato.
2.o A hacer en ella durante el arrendamiento todas las repara-
ciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir

para el uso a que ha sido destinada.
3.o A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrenda-
miento por todo el tiempo del contrato.
1555. El arrendatario está obligado:
1.o A pagar el precio del arrendamiento en los términos conve
nidos.
2.o A usar de la cosa arrendada como un diligente padre de
familia, destinándola al uso pactado; y, en defecto de pacto,
al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según
la costumbre de la tierra.
3.o A pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato.

1556. Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obli-
gaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la
rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios,
o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.
1557. El arrendador no puede variar la forma de la cosa arren-
dada.
1558. Si durante el arrendamiento es necesario hacer alguna
reparación urgente en la cosa arrendada que no pueda diferirse
hasta la conclusión del arriendo, tiene el arrendatario obligación
de tolerar la obra, aunque le sea muy molesta, y aunque durante
ella se vea privado de una parte de la finca.

312

Si la reparación dura más de cuarenta días, debe disminuirse el
precio del arriendo a proporción del tiempo y de la parte de la
finca de que el arrendatario se vea privado.
Si la obra es de tal naturaleza que hace inhabitable la parte que
el arrendatario y su familia necesitan para su habitación, puede
éste rescindir el contrato.
1559. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento
del propietario, en el más breve plazo posible, toda usurpación
o novedad dañosa que otro haya realizado o abiertamente pre-
pare en la cosa arrendada.
También está obligado a poner en conocimiento del dueño, con
la misma urgencia, la necesidad de todas las reparaciones com-
prendidas en el número segundo del artículo 1554.
En ambos casos será responsable el arrendatario de los daños y
perjuicios que por su negligencia se ocasionaren al propietario.
1560. El arrendador no está obligado a responder de la per-
turbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la
finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa con-
tra el perturbador.
No existe perturbación de hecho cuando el tercero, ya sea la
Administración, ya un particular, ha obrado en virtud de un
derecho que le corresponde.
1561. El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el
arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se
hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.
1562. A falta de expresión del estado de la finca al tiempo de
arrendarla, la ley presume que el arrendatario la recibió en buen
estado, salvo prueba en contrario.
1563. El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida
que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse
ocasionado sin culpa suya.
1564. El arrendatario es responsable del deterioro causado
por las personas de su casa.
1565. Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determi-
nado, concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento.

313

1566. Si al terminar el contrato, permanece el arrendatario
disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia
del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el
tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581, a menos que
haya precedido requerimiento.
1567. En el caso de la tácita reconducción, cesan respecto de
ella las obligaciones otorgadas por un tercero para la seguridad
del contrato principal.
1568. Si se pierde la cosa arrendada o alguno de los contra-
tantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará res-
pectivamente lo dispuesto en los artículos 1182 y 1183 y en
los 1101 y 1124.
1569. El arrendador podrá desahuciar judicialmente al arren-
datario por alguna de las causas siguientes:
1.a Haber expirado el término convencional o el que se fija para
la duración de los arrendamientos en los artícuos 1577
l
y 1581.
2.a Falta de pago en el precio convenido.
3.a Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el
contrato.
4.a Destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados
que la hagan desmerecer, o no sujetarse en su uso a lo que
se ordena en el número segundo del artículo 1555.
1570. Fuera de los casos mencionados en el artículo anterior,
tendrá el arrendatario derecho a aprovechar los términos esta-
blecidos en los artículos 1577 y 1581.
1571. El comprador de una finca arrendada tiene derecho a
que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo
pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá
exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corres-
ponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice
los daños y perjuicios que se le causen.
1572. El comprador con pacto de retraer no puede usar de la
facultad de desahuciar al arrendatario hasta que haya concluido
el plazo para usar del retracto.

314

1573. El arrendatario tendrá, respecto de las mejoras útiles y
voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario.
1574. Si nada se hubiere pactado sobre el lugar y tiempo del
pago del arrendamiento, se estará, en cuanto al lugar, a lo dis-
puesto en el artículo 1171; y, en cuanto al tiempo, a la costum-
bre de la tierra.
Sección 3.a Disposiciones especiales para los arrendamientos
de predios rústicos
1575. El arrendatario no tendrá derecho a rebaja de la renta
por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos
proveniente de casos fortuitos ordinarios; pero sí, en caso de pér-
dida de más de la mitad de frutos, por casos fortuitos extraordi-
narios e imprevistos, salvo siempre el pacto especial en contrario.
Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: el incendio, gue-
rra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro igual-
mente desacostumbrado, y que los contratantes no hayan
podido racionalmente prever.
1576. Tampoco tiene el arrendatario derecho a rebaja de la
renta cuando los frutos se han perdido después de estar sepa-
rados de su raíz o tronco.
1577. El arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija
su duración, se entiende hecho por todo el tiempo necesario
para la recolección de los frutos que toda la finca arrendada
diere en un año o pueda dar por una vez, aunque pasen dos o
más años para obtenerlos.
El de tierras labrantías, divididas en dos o más hojas, se entiende
por tantos años cuantas sean éstas.
1578. El arrendatario saliente debe permitir al entrante el uso
del local y demás medios necesarios para las labores preparato-
rias del año siguiente; y, recíprocamente, el entrante tiene obli-
gación de permitir al colono saliente lo necesario para la
recolección y aprovechamiento de los frutos, todo con arreglo a
la costumbre del pueblo.
1579. El arrendamiento por aparcería de tierras de labor,
ganados de cría o establecimientos fabriles e industriales, se
regirá por las disposiciones relativas al contrato de sociedad y
por las estipulaciones de las partes, y, en su defecto, por la cos-
tumbre de la tierra.

315

Sección 4.a Disposiciones especiales para el arrendamiento
de predios urbanos
1580. En defecto de pacto especial, se estará a la costumbre
del pueblo para las reparaciones de los predios urbanos que
deban ser de cuenta del propietario. En caso de duda se enten-
derán de cargo de éste.
1581. Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se
entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual,
por meses cuando es mensual, por días cuando es diario.
En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de requeri-
miento especial, cumplido el término.
1582. Cuando el arrendador de una casa, o de parte de ella,
destinada a la habitación de una familia, o de una tienda, o
almacén, o establecimiento industrial, arrienda también los
muebles, el arrendamiento de éstos se entenderá por el tiempo
que dure el de la finca arrendada.
CAPÍTULO III
Del arrendamiento de obras y servicios 252
Sección 1.a Del servicio de criados y trabajadores asalariados
1583. Puede contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo,
por cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrenda-
miento hecho por toda la vida es nulo.
1584. El criado doméstico destinado al servicio personal de su
amo, o de la familia de éste, por tiempo determinado, puede
despedirse y ser despedido antes de expirar el término; pero, si
el amo despide al criado sin justa causa, debe indemnizarle
pagándole el salario devengado y el de quince días más.
El amo será creído, salvo prueba en contrario:
1.o Sobre el tanto del salario del sirviente doméstico.
2.o Sobre el pago de los salarios devengados en el año
corriente.

252
A la fecha de cierre de esta edición está en trámite una proposición de
ley de reforma del Código Civil, remitida por el Senado, en materia de arren-
damiento de servicios que prevé la modificación de los artículos 1583
a 1587, 1784 y 1967.3.ª

316

1585. Además de lo prescrito en los artículos anteriores, se
observará acerca de los amos y sirvientes lo que determinen las
leyes y reglamentos especiales.
1586. Los criados de labranza, menestrales, artesanos y demás
trabajadores asalariados por cierto término para cierta obra, no
pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento
del contrato, sin justa causa.
1587. La despedida de los criados, menestrales, artesanos y
demás trabajadores asalariados, a que se refieren los artículos
anteriores, da derecho para desposeerles de la herramienta y
edificios que ocuparen por razón de su cargo.
Sección 2.a De las obras por ajuste o precio alzado
1588. Puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo
en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo o su indus-
tria, o que también suministre el material.
1589. Si el que contrató la obra se obligó a poner el material,
debe sufrir la pérdida en el caso de destruirse la obra antes de
ser entregada, salvo si hubiese habido morosidad en recibirla.
1590. El que se ha obligado a poner sólo su trabajo o indus-
tria, no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la obra
antes de haber sido entregada, a no ser que haya habido moro-
sidad para recibirla, o que la destrucción haya provenido de la
mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido opor-
tunamente esta circunstancia al dueño.
1591. El contratista de un edificio que se arruinase por vicios
de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina
tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó
la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo,
tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio
del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del
contrato, la acción de indemnización durará quince años.
1592. El que se obliga a hacer una obra por piezas o por
medida, puede exigir del dueño que la reciba por partes y que
la pague en proporción. Se presume aprobada y recibida la
parte satisfecha.

317

1593. El arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste
alzado de la construcción de un edificio u otra obra en vista de
un plano convenido con el propietario del suelo, no puede pedir
aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jornales
o materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún
cambio en el plano que produzca aumento de obra, siempre
que hubiese dado su autorización el propietario.
1594. El dueño puede desistir, por su sola voluntad, de la
construcción de la obra aunque se haya empezado, indemni-
zando al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que
pudiera obtener de ella.
1595. Cuando se ha encargado cierta obra a una persona por
razón de sus cualidades personales, el contrato se rescinde por
la muerte de esta persona.
En este caso el propietario debe abonar a los herederos del
constructor, a proporción del precio convenido, el valor de la
parte de obra ejecutada y de los materiales preparados, siempre
que de estos materiales reporte algún beneficio.
Lo mismo se entenderá si el que contrató la obra no puede aca-
barla por alguna causa independiente de su voluntad.
1596. El contratista es responsable del trabajo ejecutado por
las personas que ocupare en la obra.
1597. Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajus-
tada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el
dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél
cuando se hace la reclamación.
1598. Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satis-
facción del propietario, se entiende reservada la aprobación, a
falta de conformidad, al juicio pericial correspondiente.
Si la persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará
a lo que éste decida.
1599. Si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio
de la obra deberá pagarse al hacerse la entrega.
1600. El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el
derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague.

318

Sección 3.a De los transportes por agua y tierra, tanto de
personas como de cosas
1601. Los conductores de efectos por tierra o por agua están
sujetos, en cuanto a la guarda y conservación de las cosas que
se les confían, a las mismas obligaciones que respecto a los
posaderos se determinan en los artículos 1783 y 1784.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que
respecto a transporte por mar y tierra establece el Código de
Comercio.
1602. Responden igualmente los conductores de la pérdida y
de las averías de las cosas que reciben, a no ser que prueben
que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito o de
fuerza mayor.
1603. Lo dispuesto en estos artículos se entiende sin perjuicio
de lo que prevengan las leyes y los reglamentos especiales.

TÍ TUL O VI I
De los censos
CAPÍTULO PRIMERO
1604. Se constituye el censo cuando se sujetan algunos bienes
inmuebles al pago de un canon o rédito anual en retribución de
un capital que se recibe en dinero, o del do inio pleno o menos
m
pleno que se transmite de los mismos bienes.
1605. Es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra
el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho
a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de
este mismo dominio.
1606. Es consignativo el censo cuando el censatario impone
sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o
pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital que
de éste recibe en dinero.
1607. Es reservativo el censo cuando una persona cede a otra
el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho a
percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba
pagar el censatario.

319

1608. Es de la naturaleza del censo que la cesión del capital o
de la cosa inmueble sea perpetua o por tiempo indefinido; sin
embargo, el censatario podrá redimir el censo a su voluntad
aunque se pacte lo contrario, siendo esta disposición aplicable
a los censos que hoy existen.
Puede, no obstante, pactarse que la redención del censo no
tenga lugar durante la vida del censualista o de una persona
determinada, o que no pueda redimirse en cierto número de
años, que no excederá de veinte en el consignativo, ni de
sesenta en el reservativo y enfitéutico.
1609. Para llevar a efecto la redención, el censatario deberá
avisarlo al censualista con un año de antelación o anticiparle el
pago de una pensión anual.
1610. Los censos no pueden redimirse parcialmente sino en
virtud de pacto expreso.
Tampoco podrán redimirse contra la voluntad del censualista,
sin estar al corriente el pago de las pensiones.
1611. Para la redención de los censos constituidos antes de la
promulgación de este Código, si no fuere conocido el capital, se
regulará éste por la cantidad que resulte, computada la pensión
al 3 por 100.
Si la pensión se paga en frutos, se estimarán éstos, para deter-
minar el capital, por el precio medio que hubiesen tenido en el
último quinquenio.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los foros, subfo-
ros, derechos de superficie y cualesquiera otros gravámenes
semejantes, en los cuales el principio de la redención de los
dominios será regulado por una ley especial.
1612. Los gastos que se ocasionen para la redención y libera-
ción del censo serán de cuenta del censatario, salvo los que se
causen por oposición temeraria, a juicio de los Tribunales.
1613. La pensión o canon de los censos se determinará por las
partes al otorgar el contrato.
Podrá consistir en dinero o frutos.
1614. Las pensiones se pagarán en los plazos convenidos; y, a
falta de convenio, si consisten en dinero, por años vencidos, a

320

contar desde la fecha del contrato, y, si en frutos, al fin de la
respectiva recolección.
1615. Si no se hubiere designado en el contrato el lugar en
que hayan de pagarse las pensiones, se cumplirá esta obligación
en el que radique la finca gravada con el censo, siempre que el
censualista o su apoderado tuvieren su domicilio en el término
municipal del mismo pueblo. No teniéndolo, y sí el censatario,
en el domicilio de éste se hará el pago.
1616. El censualista, al tiempo de entregar el recibo de cual-
quier pensión, puede obligar al censatario a que le dé un res-
guardo en que conste haberse hecho el pago.
1617. Pueden transmitirse a título oneroso o lucrativo las fin-
cas gravadas con censos, y lo mismo el derecho a percibir la
pensión.
1618. No pueden dividirse entre dos o más personas las fincas
gravadas con censo sin el consentimiento expreso del censua-
lista, aunque se adquieran a título de herencia.
Cuando el censualista permita la división, se designará con su
consentimiento la parte del censo con que quedará gravada
cada porción, constituyéndose tantos censos distintos cuantas
sean las porciones en que se divida la finca.
1619. Cuando se intente adjudicar la finca gravada con censo
a varios herederos, y el censualista no preste su consentimiento
para la división, se pondrá a licitación entre ellos.
A falta de conformidad, o no ofreciéndose por alguno de los
interesados el precio de tasación, se venderá la finca con la
carga, repartiéndose el precio entre los herederos.
1620. Son prescriptibles tanto el capital como las pensiones
de los censos, conforme a lo que se dispone en el título XVIII de
este libro.
1621. A pesar de lo dispuesto en el artículo 1110, será nece-
sario el pago de dos pensiones consecutivas para suponer satis-
fechas todas las anteriores.
1622. El censatario está obligado a pagar las contribuciones y
demás impuestos que afecten a la finca acensuada.
Al verificar el pago de la pensión podrá descontar de ella la
parte de los impuestos que corresponda al censualista.

321

1623. Los censos producen acción real sobre la finca gravada.
Además de la acción real podrá el censualista ejercitar la perso-
nal para el pago de las pensiones atrasadas, y de los daños e
intereses cuando hubiere lugar a ello.

1624. El censatario no podrá pedir el perdón o reducción de
la pensión por esterilidad accidental de la finca, ni por la pérdida
de sus frutos.

1625. Si por fuerza mayor o caso fortuito se pierde o inutiliza
totalmente la finca gravada con censo, quedará éste extinguido,
cesando el pago de la pensión.

Si se pierde sólo en parte, no se eximirá el censatario de pagar
la pensión, a no ser que prefiera abandonar la finca al censua-
lista.

Interviniendo culpa del censatario, quedará sujeto, en ambos
casos, al resarcimiento de daños y perjuicios.

1626. En el caso del párrafo primero del artículo anerior, si
t
estuviere asegurada la finca, el valor del seguro uedará afecto
q
al pago del capital del censo y de las pensiones vencidas, a no
ser que el censatario prefiera invertirlo en reedificar la finca, en
cuyo caso revivirá el censo con todos sus efectos, incluso el
pago de las pensiones no satisfechas. El censualista podrá exigir
del censatario que asegure la inversión del valor del seguro en
la reedificación de la finca.

1627. Si la finca gravada con censo fuere expropiada por
causa de utilidad pública, su precio estará afecto al pago del
capital del censo y de las pensiones vencidas, quedando éste
extinguido.

La precedente disposición es también aplicable al caso en que
la expropiación forzosa sea solamente de parte de la finca,
cuando su precio baste para cubrir el capital del censo.

Si no bastare, continuará gravando el censo sobre el resto de la
finca, siempre que su precio sea suficiente para cubrir el capital
censual y un 25 por 100 más del mismo. En otro caso estará
obligado el censatario a sustituir con otra garantía la parte
expropiada, o a redimir el censo, a su elección, salvo lo dis-
puesto para el enfitéutico en el artículo 1631.

322

CAPÍTULO II
Del censo enfitéutico
Sección 1.a Disposiciones relativas a la enfiteusis
1628. El censo enfitéutico sólo puede establecerse sobre bie-
nes inmuebles y en escritura pública.
1629. Al constituirse el censo enfitéutico se fijará en el con-
trato, bajo pena de nulidad, el valor de la finca y la pensión anual
que haya de satisfacerse.
1630. Cuando la pensión consista en una cantidad determi-
nada de frutos, se fijarán en el contrato su especie y calidad.
Si consiste en una parte alícuota de los que produzca la finca, a
falta de pacto expreso sobre la intervención que haya de tener
el dueño directo, deberá el enfiteuta darle aviso previo, o a su
representante, del día en que se proponga comenzar la recolec-
ción de cada clase de frutos, a fin de que pueda, por sí mismo o
por medio de su representante, presenciar todas las operacio-
nes hasta percibir la parte que le corresponda.
Dado el aviso, el enfiteuta podrá levantar la cosecha, aunque no
concurra el dueño directo ni su representante o interventor.
1631. En el caso de expropiación forzosa se estará a lo dis-
puesto en el párrafo primero del artículo 1627, cuando sea
expropiada toda la finca.
Si sólo lo fuere en parte, se distribuirá el precio de lo expropiado
entre el dueño directo y el útil, recibiendo aquél la parte del
capital del censo que proporcionalmente corresponda a la parte
expropiada, según el valor que se dio a toda la finca al consti-
tuirse el censo o que haya servido de tipo para la redención, y
el resto corresponderá al enfiteuta.
En este caso continuará el censo sobre el resto de la finca, con
la correspondiente reducción en el capital y las pensiones, a no
ser que el enfiteuta opte por la redención total o por el aban-
dono a favor del dueño directo.
Cuando, conforme a lo pactado, deba pagarse laudemio, el
dueño directo percibirá lo que por este concepto le corres-
ponda sólo de la parte del precio que pertenezca al enfiteuta.

323

1632. El enfiteuta hace suyos los productos de la finca y de sus
accesiones.
Tiene los mismos derechos que corresponderían al propietario
en los tesoros y minas que se descubran en la finca enfitéutica.
1633. Puede el enfiteuta disponer del predio enfitéutico y de
sus accesiones, tanto por actos entre vivos como de última
voluntad, dejando a salvo los derechos del dueño directo, y con
sujeción a lo que establecen los artículos que siguen.
1634. Cuando la pensión consista en una parte alícuota de los
frutos de la finca enfitéutica, no podrá imponerse servidumbre
ni otra carga que disminuya los productos sin consentimiento
expreso del dueño directo.
1635. El enfiteuta podrá donar o permutar libremente la finca,
poniéndolo en conocimiento del dueño directo.
1636. Corresponden recíprocamente al dueño directo y al útil
el derecho de tanteo y el de retracto, siempre que endan o den
v
en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica.
Esta disposición no es aplicable a las enajenaciones forzosas por
causa de utilidad pública.
1637. Para los efectos del artículo anterior, el que trate de
enajenar el dominio de una finca enfitéutica deberá avisarlo al
otro condueño, declarándole el precio definitivo que se le
ofrezca, o en que pretenda enajenar su dominio.
Dentro de los veinte días siguientes al del aviso, podrá el con-
dueño hacer uso del derecho de tanteo, pagando el precio indi-
cado. Si no lo verifica, perderá este derecho y podrá llevarse a
efecto la enajenación.
1638. Cuando el dueño directo, o el enfiteuta en su caso, no
haya hecho uso del derecho de tanteo a que se refiere el artículo
anterior, podrá utilizar el de retracto para adquirir la finca por el
precio de la enajenación.
En este caso deberá utilizarse el retracto dentro de los nueve
días útiles siguientes al del otorgamiento de la escritura de venta.
Si ésta se ocultare, se contará dicho término desde la inscripción
de la misma en el Registro de la Propiedad.

324

Se presume la ocultación cuando no se presenta la escritura en
el Registro dentro de los nueve días siguientes al de su otorga-
miento.
Independientemente de la presunción, la ocultación puede pro-
barse por los demás medios legales.
1639. Si se hubiere realizado la enajenación sin el previo aviso
que ordena el artículo 1637, el dueño directo, y en su caso el
útil, podrán ejercitar la acción de retracto en todo tiempo hasta
que transcurra un año, contando desde que la enajenación se
inscriba en el Registro de la Propiedad.
1640. En las ventas judiciales de fincas enfitéuticas, el dueño
directo y el útil, en sus casos respectivos, podrán hacer uso del
derecho de tanteo, dentro del término fijado en los edictos para
el remate, pagando el precio que sirva de tipo para la subasta,
y del de retracto dentro de los nueve días útiles siguientes al del
otorgamiento de la escritura.
En este caso no será necesario el aviso previo que exige el ar-
tículo 1637.
1641. Cuando sean varias las fincas enajenadas sujetas a un
mismo censo, no podrá utilizarse el derecho de tanteo ni el de
retracto respecto de unas con exclusión de las otras.
1642. Cuando el dominio directo o el útil pertenezca pro indi-
viso a varias personas, cada una de ellas podrá hacer uso del
derecho de retracto con sujeción a las reglas esta lecidas para
b
el de comuneros, y con preferencia del dueño directo, si se
hubiese enajenado parte del dominio útil; o el enfiteuta, si la
enajenación hubiese sido del dominio directo.
1643. Si el enfiteuta fuere perturbado en su derecho por un
tercero que dispute el dominio directo o la validez de la enfiteu-
sis, no podrá reclamar la correspondiente indemnización del
dueño directo si no le cita de evicción conforme a lo prevenido
1644. En las enajenaciones a título oneroso de fincas enfitéu-
ticas sólo se pagará laudemio al dueño directo cuando se haya
estipulado expresamente en el contrato de enfiteusis.
Si al pactarlo no se hubiera señalado cantidad fija, ésta consis-
tirá en el 2 por 100 del precio de la enajenación.

325

En las enfiteusis anteriores a la promulgación de este Código,
que estén sujetas al pago de laudemio, aunque no se haya pac-
tado, seguirá esta prestación en la forma acostumbrada, pero no
excederá del 2 por 100 del precio de la enajenación cuando no
se haya contratado expresamente otra mayor.
1645. La obligación de pagar el laudemio corresponde al
adquirente, salvo pacto en contrario.
1646. Cuando el enfiteuta hubiese obtenido del dueño directo
licencia para la enajenación o le hubiese dado el aviso previo
que previene el artículo 1637, no podrá el dueño directo recla-
mar, en su caso, el pago de laudemio sino dentro del año
siguiente al día en que se inscriba la escritura en el Registro de
la Propiedad. Fuera de dichos casos, esta acción estará sujeta a
la prescripción ordinaria.
1647. Cada veintinueve años podrá el dueño directo exigir el
reconocimiento de su derecho por el que se encuentre en pose-
sión de la finca enfitéutica.
Los gastos del reconocimiento serán de cuenta del enfiteuta, sin
que pueda exigírsele ninguna otra prestación por este concepto.
1648. Caerá en comiso la finca, y el dueño directo podrá
reclamar su devolución:
1.o Por falta de pago de la pensión durante tres años consecu-
tivos.
2.o Si el enfiteuta no cumple la condición estipulada en el con-
trato o deteriora gravemente la finca.
1649. En el caso primero del artículo anterior, para que el
dueño directo pueda pedir el comiso, deberá requerir de pago
al enfiteuta judicialmente o por medio de Notario; y, si no paga
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento, quedará
expedito el derecho de aquél.
1650. Podrá el enfiteuta librarse del comiso en todo caso,
redimiendo el censo y pagando las pensiones vencidas dentro
de los treinta días siguientes al requerimiento de pago o al
emplazamiento de la demanda.
Del mismo derecho podrán hacer uso los acreedores del enfi-
teuta hasta los treinta días siguientes al en que el dueño directo
haya recobrado el pleno dominio.

326

1651. La redención del censo enfitéutico consistirá en la
entrega en metálico, y de una vez, al dueño directo del capital
que se hubiese fijado como valor de la finca al tiempo de cons-
tituirse el censo, sin que pueda exigirse ninguna otra prestación,
a menos que haya sido estipulada.
1652. En el caso de comiso, o en el de rescisión por cualquier
causa del contrato de enfiteusis, el dueño directo deberá abonar
las mejoras que hayan aumentado el valor de la finca, siempre
que este aumento subsista al tiempo de devolverla.
Si ésta tuviese deterioros por culpa o negligencia del enfiteuta,
serán compensables con las mejoras, y en lo que no basten que-
dará el enfiteuta obligado personalmente a su pago, y lo mismo
al de las pensiones vencidas y no prescritas.
1653. A falta de herederos testamentarios descendientes,
ascendientes, cónyuge supérstite y parientes dentro del sexto
grado del último enfiteuta, volverá la finca al dueño directo en
el estado en que se halle, si no dispuso de ella el enfiteuta en
otra forma.
1654. Queda suprimido para lo sucesivo el contrato de suben-
fiteusis.
Sección 2.a De los foros y otros contratos análogos
al de enfiteusis
1655. Los foros y cualesquiera otros gravámenes de natura-
leza análoga que se establezcan desde la promulgación de este
Código, cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por las
disposiciones establecidas para el censo enfitéutico en la sec-
ción que precede.
Si fueren temporales o por tiempo limitado, se estimarán como
arrendamientos y se regirán por las disposiciones relativas a este
contrato.
1656. El contrato en cuya virtud el dueño del suelo cede su
uso para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras
cepas, pagándole el cesionario una renta o pensión anual en
frutos o en dinero, se regirá por las reglas siguientes:
1.a Se tendrá por extinguido a los cincuenta años de la conce-
sión, cuando en ésta no se hubiese fijado expresamente
otro plazo.

327

2.a También quedará extinguido por muerte de las primeras
cepas, o por quedar infructíferas las dos terceras partes de
las plantadas.
3.a El cesionario o colono puede hacer renuevos y mugrones
durante el tiempo del contrato.
4.a No pierde su carácter este contrato por la facultad de
hacer otras plantaciones en el terreno concedido, siempre
que sea su principal objeto la plantación de viñas.
5.a El cesionario puede transmitir libremente su derecho a
título oneroso o gratuito, pero sin que pueda dividirse el
uso de la finca, a no consentirlo expresamente su dueño.
6.a En las enajenaciones a título oneroso, el cedente y el cesio-
nario tendrán recíprocamente los derechos de tanteo y de
retracto, conforme a lo prevenido para la enfiteusis y con
la obligación de darse el aviso previo que se ordena en el
artículo 1637.
7.a El colono o cesionario puede dimitir o devolver la finca al
cedente cuando le convenga, abonando los deterioros
causados por su culpa.
8.a El cesionario no tendrá derecho a las mejoras que existan
en la finca al tiempo de la extinción del contrato, siempre
que sean necesarias o hechas en cumplimiento de lo pac-
tado.
En cuanto a las útiles y voluntarias, tampoco tendrá dere-
cho a su abono, a no haberlas ejecutado con consenti-
miento por escrito del dueño del terreno, obligándose a
abonarlas. En este caso se abonarán dichas mejoras por el
valor que tengan al devolver la finca.
9.a El cedente podrá hacer uso de la acción de desahucio por
cumplimiento del término del contrato.
10.a Cuando después de terminado el plazo de los cincuenta
años o el fijado expresamente por los interesados, conti-
nuare el cesionario en el uso y aprovechamiento de la finca
por consentimiento tácito del cedente, no podrá aquél ser
desahuciado sin el aviso previo que éste deberá darle con
un año de antelación para la conclusión del contrato.

328

CAPÍTULO III

Del censo consignativo

1657. Cuando se pacte el pago en frutos de la pensión del
censo consignativo, deberá fijarse la especie, cantidad y calidad
de los mismos, sin que pueda consistir en una parte alícuota de
los que produzca la finca acensuada.

1658. La redención del censo consignativo consistirá en la
devolución al censualista, de una vez y en metálico, del capital
que hubiese entregado para constituir el censo.

1659. Cuando se proceda por acción real contra la finca acen-
suada para el pago de pensiones, si lo que reste del valor de la
misma no fuera suficiente para cubrir el capital del censo y un 25
por 100 más del mismo, podrá el censualista obligar al censata-
rio a que, a su elección, redima el censo o complete la garantía,
o abandone el resto de la finca a favor de aquél.

1660. También podrá el censualista hacer uso del derecho
establecido en el artículo anterior en los demás casos en que el
valor de la finca sea insuficiente para cubrir el capital del censo
y un 25 por 100 más, si concurre alguna de las circunstancias
siguientes:

1.a Que haya disminuido el valor de la finca por culpa o negli-
gencia del censatario.

En tal caso éste será además responsable de los daños y perjui-
cios.

2.a Que haya dejado de pagar la pensión por dos años consecu
tivos.

3.a Que el censatario haya sido declarado en quiebra, concurso
o insolvencia.

CAPÍTULO IV

Del censo reservativo

1661. No puede constituirse válidamente el censo reservativo
sin que preceda la valoración de la finca por estimación con-

forme de las partes o por justiprecio de peritos.

329

1662. La redención de este censo se verificará entregando el
censatario al censualista, de una vez y en metálico, el capital que
se hubiese fijado conforme al artículo anterior.
1663. La disposición del artículo 1657 es aplicable al censo
reservativo.
1664. En los casos previstos en los artículos 1659 y 1660, el
deudor del censo reservativo sólo podrá ser obligado a redimir
el censo, o a que abandone la finca a favor del censualista.

TÍ TUL O VI I I
De la sociedad
CAPÍTULO PRIMERO
1665. La sociedad es un contrato por el cual dos o más perso-
nas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con
ánimo de partir entre sí las ganancias.
1666. La sociedad debe tener un objeto lícito y establecerse
en interés común de los socios.
Cuando se declare la disolución de una sociedad ilícita, las
ganancias se destinarán a los establecimientos de beneficencia
del domicilio de la sociedad, y, en su defecto, a los de la pro-
vincia.
1667. La sociedad civil se podrá constituir en cualquier forma,
salvo que se aportaren a ella bienes inmuebles o derechos rea-
les, en cuyo caso será necesaria la escritura pública.
1668. Es nulo el contrato de sociedad, siempre que se aporten
bienes inmuebles, si no se hace un inventario de ellos, firmado
por las partes, que deberá unirse a la escritura.
1669. No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos
pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada
uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros.
Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas
a la comunidad de bienes.
1670. Las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren,
pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de

330

Comercio. En tal caso, les serán aplicables sus disposiciones en
cuanto no se opongan a las del presente Código.

1671. La sociedad es universal o particular.

1672. La sociedad universal puede ser de todos los bienes
presentes o de todas las ganancias.

1673. La sociedad de todos los bienes presentes es aquella
por la cual las partes ponen en común todos los que actual-
mente les pertenecen, con ánimo de partirlos entre sí, como
igualmente todas las ganancias que adquieran con ellos.

1674. En la sociedad universal de todos los bienes presentes,
pasan a ser propiedad común de los socios los bienes que per-
tenecían a cada uno, así como todas las ganancias que adquie-
ran con ellos.

Puede también pactarse en ella la comunicación recíproca de
cualesquiera otras ganancias; pero no pueden comprenderse los
bienes que los socios adquieran posteriormente por herencia,
legado o donación, aunque sí sus frutos.

1675. La sociedad universal de ganancias comprende todo lo
que adquieran los socios por su industria o trabajo mientras
dure la sociedad.

Los bienes muebles o inmuebles que cada socio posee al tiempo
de la celebración del contrato, continúan siendo de dominio
particular, pasando sólo a la sociedad el usufructo.

1676. El contrato de sociedad universal, celebrado sin deter-
minar su especie, sólo constituye la sociedad universal de
ganancias.

1677. No pueden contraer sociedad universal entre sí las per-
sonas a quienes está prohibido otorgarse recíprocamente
alguna donación o ventaja.

1678. La sociedad particular tiene únicamente por objeto
cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una empresa seña-
lada, o el ejercicio de una profesión o arte.

331

CAPÍTULO II
De las obligaciones de los socios
Sección 1. De las obligaciones de los socios entre sí
a

1679. La sociedad comienza desde el momento mismo de la
celebración del contrato, si no se ha pactado otra cosa.
1680. La sociedad dura por el tiempo convenido; a falta de
convenio, por el tiempo que dure el negocio que haya servido
exclusivamente de objeto a la sociedad, si aquél por su natura-
leza tiene una duración limitada; y en cualquier otro caso, por
toda la vida de los asociados, salvo la facultad que se les reserva
en el artículo 1700 y lo dispuesto en el ar ículo 1704.
t
1681. Cada uno es deudor a la sociedad de lo que ha prome-
tido aportar a ella.
Queda también sujeto a la evicción en cuanto a las cosas ciertas
y determinadas que haya aportado a la sociedad, en los mismos
casos y de igual modo que lo está el vendedor respecto del
comprador.
1682. El socio que se ha obligado a aportar una suma en
dinero y no la ha aportado, es de derecho deudor de los intere-
ses desde el día en que debió aportarla, sin perjuicio de indem-
nizar, además, los daños que hubiese causado.
Lo mismo tiene lugar respecto a las sumas que hubiese tomado
de la caja social, principiando a contarse los intereses desde el
día en que las tomó para su beneficio particular.
1683. El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que
durante ella haya obtenido en el ramo de industria que sirve de
objeto a la misma.
1684. Cuando un socio autorizado para administrar cobra una
cantidad exigible, que le era debida en su propio nombre, de
una persona que debía a la sociedad otra cantidad también exi-
gible, debe imputarse lo cobrado en los dos créditos a propor-
ción de su importe, aunque hubiese dado el recibo por cuenta
de sólo su haber; pero, si lo hubiere dado por cuenta del haber
social, se imputará todo en éste.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que el
deudor pueda usar de la facultad que se le concede en el ar-

332

tículo 1172, en el solo caso de que el crédito personal del socio
le sea más oneroso.
1685. El socio que ha recibido por entero su parte en un cré-
dito social sin que hayan cobrado la suya los demás socios,
queda obligado, si el deudor cae después en insolvencia, a traer
a la masa social lo que recibió, aunque hubiera dado el recibo
por sola su parte.
1686. Todo socio debe responder a la sociedad de los daños
y perjuicios que ésta haya sufrido por culpa del mismo y no
puede compensarlos con los beneficios que por su industria le
haya proporcionado.
1687. El riesgo de las cosas ciertas y determinadas, no fungi-
bles, que se aportan a la sociedad para que sólo sean comunes
su uso y sus frutos, es del socio propietario.
Si las cosas aportadas son fungible, o no pueden guardarse sin
que se deterioren, o si se aportaron para ser vendidas, el riesgo
es de la sociedad. También lo será, a falta de pacto especial, el
de las cosas aportadas con estimación hecha en el inventario, y
en este caso la reclamación se limitará al precio en que fueron
tasadas.
1688. La sociedad responde a todo socio de las cantidades
que haya desembolsado por ella y del interés correspondiente;
también le responde de las obligaciones que con buena fe haya
contraído para los negocios sociales y de los riesgos insepara-
bles de su dirección.
1689. Las pérdidas y ganancias se repartirán en conformidad
a lo pactado. Si sólo se hubiera pactado la parte de cada uno en
las ganancias, será igual su parte en las pérdidas.
A falta de pacto, la parte de cada socio en las ganancias y pér-
didas debe ser proporcionada a lo que haya aportado. El socio
que lo fuere sólo de industria tendrá una parte igual a la del que
menos haya aportado. Si además de su industria hubiere apor-
tado capital, recibirá también la parte proporcional que por él le
corresponda.
1690. Si los socios se han convenido en confiar a un tercero la
designación de la parte de cada uno en las ganancias y pérdi-
das, solamente podrá ser impugnada la designación hecha por
él cuando evidentemente haya faltado a la equidad. En ningún

333

caso podrá reclamar el socio que haya principiado a ejecutar la
decisión del tercero, o que no la haya impugnado en el término
de tres meses, contados desde que le fue conocida.
La designación de pérdidas y ganancias no puede ser encomen-
dada a uno de los socios.
1691. Es nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda
parte en las ganancias o en las pérdidas.
Sólo el socio de industria puede ser eximido de toda responsa-
bilidad en las pérdidas.
1692. El socio nombrado administrador en el contrato social
puede ejercer todos los actos administrativos sin embargo de la
oposición de sus compañeros, a no ser que proceda de mala fe;
y su poder es irrevocable sin causa legítima.
El poder otorgado después del contrato, sin que en éste se
hubiera acordado conferirlo, puede revocarse en cualquier
tiempo.
1693. Cuando dos o más socios han sido encargados de la
administración social sin determinarse sus funciones, o sin
haberse expresado que no podrán obrar los unos sin el consen-
timiento de los otros, cada uno puede ejercer todos los actos de
administración separadamente; pero cualquiera de ellos puede
oponerse a las operaciones del otro antes de que éstas hayan
producido efecto legal.
1694. En el caso de haberse estipulado que los socios admi-
nistradores no hayan de funcionar los unos sin el consentimiento
de los otros, se necesita el concurso de todos para la validez de
los actos, sin que pueda alegarse la ausencia o imposibilidad de
alguno de ellos, salvo si hubiere peligro inminente de un daño
grave o irreparable para la sociedad.
1695. Cuando no se haya estipulado el modo de administrar,
se observarán las reglas siguientes:
1.a Todos los socios se considerarán apoderados, y lo que cual-
quiera de ellos hiciere por sí solo, obligará a la sociedad;
pero cada uno podrá oponerse a las operaciones de los
demás antes que hayan producido efecto legal.
2.a Cada socio puede servirse de las cosas que componen el
fondo social según costumbre de la tierra, con tal que no lo

334

haga contra el interés de la sociedad, o de tal modo que
impida el uso a que tienen derecho sus compañeros.
3.a Todo socio puede obligar a los demás a costear con él los
gastos necesarios para la conservación de las cosas comu-
nes.
4.a Ninguno de los socios puede, sin el consentimiento de los
otros, hacer novedad en los bienes inmuebles sociales, aun-
que alegue que es útil a la sociedad.
1696. Cada socio puede por sí solo asociarse un tercero en su
parte; pero el asociado no ingresará en la sociedad sin el con-
sentimiento unánime de los socios, aunque aquél sea adminis-
trador.
Sección 2.a De las obligaciones de los socios para con un
tercero
1697. Para que la sociedad quede obligada con un tercero
por los actos de uno de los socios, se requiere:
1.o Que el socio haya obrado en su carácter de tal, por cuenta
de la sociedad.
2.o Que tenga poder para obligar a la sociedad en virtud de un
mandato expreso o tácito.
3.o Que haya obrado dentro de los límites que le señala su
poder o mandato.
1698. Los socios no quedan obligados solidariamente res-
pecto de las deudas de la sociedad; y ninguno puede obligar a
los otros por un acto personal, si no le han conferido poder para
ello.
La sociedad no queda obligada respecto a tercero por actos que
un socio haya realizado en su propio nombre o sin poder de la
sociedad para ejecutarlo, pero queda obligada para con el socio
en cuanto dichos actos hayan redundado en provecho de
ella. Lo dispuesto en este arículo se entiende sin perjuicio de
t
lo establecido en la regla 1.a del artículo 1695.
1699. Los acreedores de la sociedad son preferentes a los
acreedores de cada socio sobre los bienes sociales. Sin perjuicio
de este derecho, los acreedores particulares de cada socio pue-
den pedir el embargo y remate de la parte de éste en el fondo
social.

335

CAPÍTULO III
De los modos de extinguirse la sociedad
1700. La sociedad se extingue:
1.o Cuando expira el término por que fue constituida.
2.o Cuando se pierde la cosa, o se termina el negocio que le
sirve de objeto.
3.o Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de
prodigalidad de cualquiera de los socios, y en el caso pre-
visto en el artículo 1699.
4.o Por la voluntad de cualquiera de los socios, con sujeción a
lo dispuesto en los artículos 1705 y 1707.
Se exceptúan de lo dispuesto en los números 3.o y 4.o de este
artículo las sociedades a que se refiere el artículo 1670, en los
casos en que deban subsistir con arreglo al Código de Comer-
cio 253.
1701. Cuando la cosa específica, que un socio había prome-
tido aportar a la sociedad, perece antes de efectuada la entrega,
su pérdida produce la disolución de la sociedad.
También se disuelve la sociedad en todo caso por la pérdida de
la cosa cuando, reservándose su propiedad el socio que la
aporta, sólo ha transferido a la sociedad el uso o goce de la
misma.
Pero no se disuelve la sociedad por la pérdida de la cosa cuando
ésta ocurre después que la sociedad ha adquirido la propiedad
de ella.
1702. La sociedad constituida por tiempo determinado puede
prorrogarse por consentimiento de todos los socios.
El consentimiento puede ser expreso o tácito, y se justificará por
los medios ordinarios.
1703. Si la sociedad se prorroga después de expirado el tér-
mino, se entiende que se constituye una nueva sociedad. Si se
prorroga antes de expirado el término, continúa la sociedad pri-
mitiva.

253

336

1704. Es válido el pacto de que, en el caso de morir uno de
los socios, continúe la sociedad entre los que sobrevivan. En
este caso el heredero del que haya fallecido sólo tendrá derecho
a que se haga la partición, fijándola en el día de la muerte de su
causante; y no participará de los derechos y obligaciones ulte-
riores sino en cuanto sean una consecuencia necesaria de lo
hecho antes de aquel día.

Si el pacto fuere que la sociedad ha de continuar con el here-
dero, será guardado, sin perjuicio de lo que se determina en el
número 4.o del artículo 1700.

1705. La disolución de la sociedad por la voluntad o renuncia
de uno de los socios únicamente tiene lugar cuando no se ha
señalado término para su duración, o no resulta éste de la natu-
raleza del negocio.

Para que la renuncia surta efecto, debe ser hecha de buena fe
en tiempo oportuno; además debe ponerse en conocimiento de
los otros socios.

1706. Es de mala fe la renuncia cuando el que la hace se pro-
pone apropiarse para sí solo el provecho que debía ser común.
En este caso el renunciante no se libra para con sus socios, y
éstos tienen facultad para excluirle de la sociedad.

Se reputa hecha en tiempo inoportuno la renuncia, cuando, no
hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que
se dilate su disolución. En este caso con inuará la sociedad hasta
t
la terminación de los negocios pendientes.

1707. No puede un socio reclamar la disolución de la sociedad
que, ya sea por disposición del contrato, ya por la naturaleza del
negocio, ha sido constituida por tiempo determinado, a no
intervenir justo motivo, como el de faltar uno de los compañeros
a sus obligaciones, el de inhabilitarse para los negocios sociales,
u otro semejante, a juicio de los Tribunales.

1708. La partición entre socios se rige por las reglas de las
herencias, así en su forma como en las obligaciones que de ella
resultan. Al socio de industria no puede aplicarse ninguna parte
de los bienes aportados, sino sólo sus frutos y los beneficios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1689, a no haberse pac-
tado expresamente lo contrario.

337

TÍ TUL O I X

Del mandato

CAPÍTULO PRIMERO

De la naturaleza, forma y especies del mandato

1709. Por el contrato de mandato se obliga una persona a
prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo
de otra.

1710. El mandato puede ser expreso o tácito.

El expreso puede darse por instrumento público o privado y aun
de palabra. La aceptación puede ser también expresa o tácita,
deducida esta última de los actos del mandatario.

1711. A falta de pacto en contrario, el mandato se supone
gratuito.

Esto no obstante, si el mandatario tiene por ocupación el des-
empeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato,
se presume la obligación de retribuirlo.

1712. El mandato es general o especial.

El primero comprende todos los negocios del mandante.

El segundo, uno o más negocios determinados.

1713. El mandato, concebido en términos generales, no com-
prende más que los actos de administración.

Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto
de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.

La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbi-
tros o amigables componedores.

1714. El mandatario no puede traspasar los límites del man-
dato.

1715. No se consideran traspasados los límites del mandato si
fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante
que la señalada por éste.

338

1716. El menor emancipado puede ser mandatario, pero el
mandante sólo tendrá acción contra él en conformidad a lo dis-
puesto respecto a las obligaciones de los menores 254.
1717. Cuando el mandatario obra en su propio nombre el
mandante no tiene acción contra las personas con quienes el
mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el man-
dante.
En este caso el mandatario es el obligado directamente en
favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto
fuera personal suyo. Exceptúase el caso en que se trate de
cosas propias del mandante.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las
acciones entre mandante y mandatario.
CAPÍTULO II
De las obligaciones del mandatario
1718. El mandatario queda obligado por la aceptación a cum-
plir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no
ejecutarlo, se ocasionen al mandante.
Debe también acabar el negocio que ya estuviese comenzado
al morir el mandante, si hubiere peligro en la tardanza.
1719. En la ejecución del mandato ha de arreglarse el manda-
tario a las instrucciones del mandante.
A falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del nego-
cio, haría un buen padre de familia.
1720. Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus
operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en
virtud del mandato, aun cuando lo recibido no se debiera al
segundo.
1721. El mandatario puede nombrar sustituto si el mandante
no se lo ha prohibido; pero responde de la gestión del sustituto:
1.o Cuando no se le dio facultad para nombrarlo.
2.o Cuando se le dio esta facultad, pero sin designar la persona,
y el nombrado era notoriamente incapaz o insolvente.

254

339

Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del
mandante será nulo.
1722. En los casos comprendidos en los dos números del
arículo anterior puede además el mandante dirigir su acción
t
contra el sustituto.
1723. La responsabilidad de dos o más mandatarios, aunque
hayan sido instituidos simultáneamente, no es solidaria si no se
ha expresado así.
1724. El mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó
a usos propios desde el día en que lo hizo, y de las que quede
debiendo después de fenecido el mandato, desde que se haya
constituido en mora.
1725. El mandatario que obre en concepto de tal no es res-
ponsable personalmente a la parte con quien contrata, sino
cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del
mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes.
1726. El mandatario es responsable, no solamente del dolo,
sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o
menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido
o no retribuido.
CAPÍTULO III
De las obligaciones del mandante
1727. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el
mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato.
En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado
el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente.
1728. El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo
pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.
Si el mandatario las hubiera anticipado, debe reembolsarlas el
mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que
esté exento de culpa el mandatario.
El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad antici-
pada, a contar desde el día en que se hizo la antici ación.
p
1729. Debe también el mandante indemnizar al mandatario
de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumpli-

340

miento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo man-
datario.
1730. El mandatario podrá retener en prenda las cosas que
son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indem-
nización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores.
1731. Si dos o más personas han nombrado un mandatario
para un negocio común, le quedan obligadas solidariamente
para todos los efectos del mandato.
CAPÍTULO IV
De los modos de acabarse el mandato
1732. El mandato se acaba:
1.o Por su revocación.
2.o Por renuncia o incapacitación del mandatario.
3.o Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o
insolvencia del mandante o del mandatario.
El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobre-
venida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dis-
puesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el
caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dis-
puesto por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por
resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o
posteriormente a instancia del tutor 255.
1733. El mandante puede revocar el mandato a su voluntad, y
compeler al mandatario a la devolución del documento en que
conste el mandato.
1734. Cuando el mandato se haya dado para contratar con
determinadas personas, su revocación no puede perjudicar a
éstas si no se les ha hecho saber.
1735. El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo
negocio produce la revocación del mandato anterior desde el
día en que se hizo saber al que lo había recibido, salvo lo dis-
puesto en el artículo que precede.

255

341

1736. El mandatario puede renunciar al mandato poniéndolo
en conocimiento del mandante. Si éste sufriere perjuicios por la
renuncia, deberá indemnizarle de ellos el mandatario, a menos
que funde su renuncia en la imposibilidad de continuar desem-
peñando el mandato sin grave detrimento suyo.
1737. El mandatario, aunque renuncie al mandato con justa
causa, debe continuar su gestión hasta que el mandante haya
podido tomar las disposiciones necesarias para ocurrir a esta
falta.
1738. Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del
mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el
mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los
terceros que hayan contratado con él de buena fe.
1739. En el caso de morir el mandatario, deberán sus herede-
ros ponerlo en conocimiento del mandante y proveer entre
tanto a lo que las circunstancias exijan en interés de éste.

TÍ TUL O X
Del préstamo
1740. Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega
a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por
cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato,
o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro
tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva sim-
plemente el nombre de préstamo.
El comodato es esencialmente gratuito.
El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar
interés.
CAPÍTULO PRIMERO
Del comodato
Sección 1.a De la naturaleza del comodato
1741. El comodante conserva la propiedad de la cosa pres-
tada. El comodatario adquiere el uso de ella, pero no los frutos;
si interviene algún emolumento que haya de pagar el que
adquiere el uso, la convención deja de ser comodato.

342

1742. Las obligaciones y derechos que nacen del comodato
pasan a los herederos de ambos contrayentes, a no ser que el
préstamo se haya hecho en contemplación a la persona del
comodatario, en cuyo caso los herederos de éste no tienen
derecho a continuar en el uso de la cosa prestada.
Sección 2.a De las obligaciones del comodatario
1743. El comodatario está obligado a satisfacer los gastos
ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación de
la cosa prestada.
1744. Si el comodatario destina la cosa a un uso distinto de
aquel para que se prestó, o la conserva en su poder por más
tiempo del convenido, será responsable de su pérdida, aunque
ésta sobrevenga por caso fortuito.
1745. Si la cosa prestada se entregó con tasación y se pierde,
aunque sea por caso fortuito, responderá el comodatario del
precio, a no haber pacto en que expresamente se le exima de
responsabilidad.
1746. El comodatario no responde de los deterioros que
sobrevengan a la cosa prestada por el solo efecto del uso y sin
culpa suya.
1747. El comodatario no puede retener la cosa prestada a
pretexto de lo que el comodante le deba, aunque sea por razón
de expensas.
1748. Todos los comodatarios a quienes se presta conjunta-
mente una cosa responden solidariamente de ella, al tenor de lo
dispuesto en esta sección.
Sección 3.a De las obligaciones del comodante
1749. El comodante no puede reclamar la cosa prestada sino
después de concluido el uso para que la prestó. Sin embargo, si
antes de estos plazos tuviere el comodante urgente necesidad
de ella, podrá reclamar la restitución.
1750. Si no se pactó la duración del comodato ni el uso a que
había de destinarse la cosa prestada, y éste no resulta determi-
nado por la costumbre de la tierra, puede el comodante recla-
marla a su voluntad.
En caso de duda, incumbe la prueba al comodatario.

343

1751. El comodante debe abonar los gastos extraordinarios
causados durante el contrato para la conservación de la cosa
prestada, siempre que el comodatario lo ponga en su conoci-
miento antes de hacerlos, salvo cuando fueren tan urgentes que
no pueda esperarse el resultado del aviso sin peligro.
1752. El comodante que, conociendo los vicios de la cosa
prestada, no los hubiere hecho saber al comodatario, respon-
derá a éste de los daños que por aquella causa hubiese sufrido.
CAPÍTULO II
Del simple préstamo
1753. El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible,
adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor
otro tanto de la misma especie y calidad.
1754. La obligación del que toma dinero a préstamo se regirá
por lo dispuesto en el artículo 1170 de este Código.
Si lo prestado es otra cosa fungible, o una cantidad de metal no
amonedado, el deudor debe una cantidad igual a la recibida y
de la misma especie y calidad, aunque sufra alteración en su
precio.
1755. No se deberán intereses sino cuando expresamente se
hubiesen pactado.
1756. El prestatario que ha pagado intereses sin estar estipu-
lados, no puede reclamarlos ni imputarlos al capital.
1757. Los establecimientos de préstamos sobre prendas que-
dan, además, sujetos a los reglamentos que les conciernen.

TÍ TUL O X I
Del depósito
CAPÍTULO PRIMERO
Del depósito en general y de sus diversas especies
1758. Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa
ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.
1759. El depósito puede constituirse judicial o extrajudicial-
mente.

344

CAPÍTULO II
Del depósito propiamente dicho
Sección 1.a De la naturaleza y esencia del contrato
de depósito
1760. El depósito es un contrato gratuito, salvo pacto en con-
trario.
1761. Sólo pueden ser objeto del depósito las cosas muebles.
1762. El depósito extrajudicial es necesario o voluntario.
Sección 2.a Del depósito voluntario
1763. Depósito voluntario es aquel en que se hace la entrega
por la voluntad del depositante. También puede realizarse el
depósito por dos o más personas que se crean con derecho a la
cosa depositada, en un tercero, que hará la entrega, en su caso,
a la que corresponda.
1764. Si una persona capaz de contratar acepta el depósito
hecho por otra incapaz, queda sujeta a todas las obligaciones
del depositario, y puede ser obligada a la devolución por el
tutor, curador o administrador de la persona que hizo el depó-
sito, o por ésta misma, si llega a tener capacidad.
1765. Si el depósito ha sido hecho por una persona capaz en
otra que no lo es, sólo tendrá el depositante acción para reivin-
dicar la cosa depositada mientras exista en poder del deposita-
rio, o a que éste le abone la cantidad en que se hubiese
enriquecido con la cosa o con el precio.
Sección 3.a De las obligaciones del depositario
1766. El depositario está obligado a guardar la cosa y resti-
tuirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causaha-
bientes, o a la persona que hubiese sido designada en el
contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida
de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el título I de este libro.
1767. El depositario no puede servirse de la cosa depositada
sin permiso expreso del depositante.
En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.

345

1768. Cuando el depositario tiene permiso para servirse o
usar de la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de
depósito y se convierte en préstamo o comodato.
El permiso no se presume, debiendo probarse su exis encia.
t
1769. Cuando la cosa depositada se entrega cerrada y sellada,
debe restituirla el depositario en la misma forma, y responderá
de los daños y perjuicios si hubiese sido forzado el sello o cerra-
dura por su culpa.
Se presume la culpa en el depositario, salvo la prueba en con-
trario.
En cuanto al valor de lo depositado, cuando la fuerza sea impu-
table al depositario, se estará a la declaración del depositante,
a no resultar prueba en contrario.
1770. La cosa depositada será devuelta con todos sus produc-
tos y accesiones. Consistiendo el depósito en dinero, se aplicará
al depositario lo dispuesto respecto al mandatario en el ar-
tículo 1724.
1771. El depositario no puede exigir que el depositante
pruebe ser propietario de la cosa depositada.
Sin embargo, si llega a descubrir que la cosa ha sido hurtada y
quién es su verdadero dueño, debe hacer saber a éste el depósito.
Si el dueño, a pesar de esto, no reclama en el término de un
mes, quedará libre de toda responsabilidad el depositario,
devolviendo la cosa depositada a aquel de quien la recibió.
1772. Cuando sean dos o más los depositantes, si no fueren
solidarios y la cosa admitiere división, no podrá pedir cada uno
de ellos más que su parte.
Cuando haya solidaridad, o la cosa no admita división, regirá lo
dispuesto en los artículos 1141 y 1142 de este Código.
1773. Cuando el depositante pierde, después de hacer el depó-
sito, su capacidad para contratar, no puede devolverse el depósito
sino a los que tengan la administración de sus bienes y derechos.
1774. Cuando al hacerse el depósito se designó lugar para la
devolución, el depositario debe llevar a él la cosa depositada;
pero los gastos que ocasione la traslación serán de cargo del
depositante.

346

No habiéndose designado lugar para la devolución, deberá ésta
hacerse en el que se halle la cosa depositada, aunque no sea el
mismo en que se hizo el depósito, con tal que no haya interve-
nido malicia de parte del depositario.
1775. El depósito debe ser restituido al depositante cuando
lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o
tiempo determinado para la devolución.
Esta disposición no tendrá lugar cuando judicialmente haya sido
embargado el depósito en poder del depositario, o se haya
notificado a éste la oposición de un tercero a la restitución o
traslación de la cosa depositada.
1776. El depositario que tenga justos motivos para no conser-
var el depósito podrá, aun antes del término designado, resti-
tuirlo al depositante; y, si éste lo resiste, podrá obtener del Juez
su consignación.
1777. El depositario que por fuerza mayor hubiese perdido la
cosa depositada y recibido otra en su lugar, estará obligado a
entregar ésta al depositante.
1778. El heredero del depositario que de buena fe haya ven-
dido la cosa que ignoraba ser depositada, sólo está obligado a
restituir el precio que hubiese recibido o a ceder sus acciones
contra el comprador en el caso de que el precio no se le haya
pagado.
Sección 4.a De las obligaciones del depositante
1779. El depositante está obligado a reembolsar al deposita-
rio los gastos que haya hecho para la conservación de la cosa
depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se le
hayan seguido del depósito.
1780. El depositario puede retener en prenda la cosa deposi-
tada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del
depósito.
Sección 5.a Del depósito necesario
1781. Es necesario el depósito:
1.o Cuando se hace en cumplimiento de una obligación legal.
2.o Cuando tiene lugar con ocasión de alguna calamidad, como
incendio, ruina, saqueo, naufragio u otras semejantes.

347

1782. El depósito comprendido en el número 1.º del artículo
anterior se regirá por las disposiciones de la ley que lo esta-
blezca y, en su defecto, por las del depósito voluntario.
El comprendido en el número 2.o se regirá por las reglas del
depósito voluntario.
1783. Se reputa también depósito necesario el de los efectos
introducidos por los viajeros en las fondas y mesones. Los fon-
distas o mesoneros responden de ellos como tales depositarios,
con tal que se hubiese dado conocimiento a los mismos, o a sus
dependientes, de los efectos introducidos en su casa, y que los
viajeros, por su parte, observen las prevenciones que dichos
posaderos o sus sustitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y
vigilancia de los efectos.
1784. La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior
comprende los daños hechos en los efectos de los viajeros,
tanto por los criados o dependientes de los fondistas o meso-
neros como por los extraños; pero no los que provengan de
robo a mano armada, o sean ocasionados por otro suceso de
fuerza mayor.
CAPÍTULO III
Del secuestro
1785. El depósito judicial o secuestro tiene lugar cuando se
decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos.
1786. El secuestro puede tener por objeto así los bienes mue-
bles como los inmuebles.
1787. El depositario de los bienes u objetos secuestrados no
puede quedar libre de su encargo hasta que se termine la con-
troversia que lo motivó, a no ser que el Juez lo ordenare por
consentir en ello todos los interesados o por otra causa legítima.
1788. El depositario de bienes secuestrados está obligado a
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones de un buen
padre de familia.
1789. En lo que no se hallare dispuesto en este Código, el
secuestro judicial se regirá por las disposiciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

348

TÍ TUL O X I I
De los contratos aleatorios o de suerte
CAPÍTULO PRIMERO
1790. Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas
recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equi-
valencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso
de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo
indeterminado.
CAPÍTULO II
Del contrato de alimentos 256
1791. Por el contrato de alimentos una de las partes se obliga
a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo
a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un
capital en cualquier clase de bienes y derechos.
1792. De producirse la muerte del obligado a prestar los ali-
mentos o de concurrir cualquier circunstancia grave que impida
la pacífica convivencia de las partes, cualquiera de ellas podrá
pedir que la prestación de alimentos convenida se pague
mediante la pensión actualizable a satisfacer por plazos antici-
pados que para esos eventos hubiere sido prevista en el con-
trato o, de no haber sido prevista, mediante la que se fije
judicialmente.
1793. La extensión y calidad de la prestación de alimentos
serán las que resulten del contrato y, a falta de pacto en contra-
rio, no dependerá de las vicisitudes del caudal y necesidades del
obligado ni de las del caudal de quien los recibe.
1794. La obligación de dar alimentos no cesará por las causas
a que se refiere el artículo 152, salvo la prevista en su apartado
primero.
1795. El incumplimiento de la obligación de alimentos dará
derecho al alimentista sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 1792, para optar entre exigir el cumplimiento, incluyendo
el abono de los devengados con anterioridad a la demanda, o

Capítulo adicionado por Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
256

349

la resolución del contrato, con aplicación, en ambos casos, de
las reglas generales de las obligaciones recíprocas.
En caso de que el alimentista opte por la resolución, el deudor
de los alimentos deberá restituir inmediatamente los bienes que
recibió por el contrato, y, en cambio, el juez podrá, en atención
a las circunstancias, acordar que la restitución que, con respeto
de lo que dispone el artículo siguiente, corresponda al alimen-
tista quede total o parcialmente aplazada, en su beneficio, por
el tiempo y con las garantías que se determinen.
1796. De las consecuencias de la resolución del contrato,
habrá de resultar para el alimentista, cuando menos, un superá-
vit suficiente para constituir, de nuevo, una pensión análoga por
el tiempo que le quede de vida.
1797. Cuando los bienes o derechos que se transmitan a cam-
bio de los alimentos sean registrables, podrá garantizarse frente
a terceros el derecho del alimentista con el pacto inscrito en el
que se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria
explícita, además de mediante el derecho de hipoteca regulado
en el artículo 157 de la Ley Hipotecaria.
CAPÍTULO III
Del juego y de la apuesta
1798. La ley no concede acción para reclamar lo que se gana
en un juego de suerte, envite o azar; pero el que pierde no
puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que
hubiese mediado dolo, o que fuera menor, o estuviera inhabili-
tado para administrar sus bienes.
1799. Lo dispuesto en el artículo anterior respecto del juego
es aplicable a las apuestas.
Se consideran prohibidas las apuestas que tienen analogía con
los juegos prohibidos.
1800. No se consideran prohibidos los juegos que contribu-
yen al ejercicio del cuerpo, como son los que tienen por objeto
adiestrarse en el manejo de las armas, las carreras a pie o a
caballo, las de carros, el juego de pelota y otros de análoga
naturaleza.
1801. El que pierde en un juego o apuesta de los no prohibi-
dos queda obligado civilmente.

350

La autoridad judicial puede, sin embargo, no estimar la demanda
cuando la cantidad que se cruzó en el juego o en la apuesta sea
excesiva, o reducir la obligación en lo que excediere de los usos
de un buen padre de familia.
CAPÍTULO IV
De la renta vitalicia
1802. El contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor
a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más
personas determinadas por un capital en bienes muebles o
inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la
carga de la pensión.
1803. Puede constituirse la renta sobre la vida del que da el
capital, sobre la de un tercero o sobre la de varias personas.
También puede constituirse a favor de aquella o aquellas per-
sonas sobre cuya vida se otorga, o a favor de otra u otras per-
sonas distintas.
1804. Es nula la renta constituida sobre la vida de una persona
muerta a la fecha del otorgamiento, o que en el mismo tiempo
se halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su
muerte dentro de los veinte días siguientes a aquella fecha.
1805. La falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza
al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital
ni a volver a entrar en la posesión del predio enajenado; sólo
tendrá derecho a reclamar judicialmente el pago de las rentas
atrasadas y el aseguramiento de las futuras.
1806. La renta correspondiente al año en que muere el que la
disfruta se pagará en proporción a los días que hubiese vivido;
si debía satisfacerse por plazos anticipados, se pagará el importe
total del plazo que durante su vida hubiese empezado a correr.
1807. El que constituye a título gratuito una renta sobre sus
bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no
estará sujeta dicha renta a embargo por obligaciones del pen-
sionista.
1808. No puede reclamarse la renta sin justificar la existencia
de la persona sobre cuya vida esté constituido.

351

TÍ TUL O X I I I
De las transacciones y compromisos
CAPÍTULO PRIMERO
De las transacciones
1809. La transacción es un contrato por el cual las partes,
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan
la provocación de un pleito o ponen término al que había
comenzado.
1810. Para transigir sobre los bienes y derechos de los hijos
bajo la patria potestad se aplicarán las mismas reglas que para
enajenarlos 257.
1811. El tutor no puede transigir sobre los derechos de la
persona que tiene en guarda, sino en la forma prescrita en el
presente Código 258.
1812. Las corporaciones que tengan personalidad jurídica
sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que nece-
siten para enajenar sus bienes.
1813. Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de
un delito; pero no por eso se extinguirá la acción pública para la
imposición de la pena legal.
1814. No se puede transigir sobre el estado civil de las perso-
nas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos
futuros.
1815. La transacción no comprende sino los objetos expresa-
dos determinadamente en ella, o que, por una inducción nece-
saria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la
misma.
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que
tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transac-
ción.
1816. La transacción tiene para las partes la autoridad de la
cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratán-
dose del cumplimiento de la transacción judicial.

257

258

352

1817. La transacción en que intervenga error, dolo, violencia
o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el ar-
tículo 1265 de este Código.
Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de
hecho a la otra siempre que ésta se haya apartado por la tran-
sacción de un pleito comenzado.
1818. El descubrimiento de nuevos documentos no es causa
para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe.
1819. Si estando decidido un pleito por sentencia firme, se
celebrase transacción sobre él por ignorar la existencia de la
sentencia firme alguna de las partes interesadas, podrá ésta
pedir que se rescinda la transacción.
La ignorancia de una sentencia que pueda revocarse, no es
causa para atacar la transacción.
CAPÍTULO II
De los compromisos 259
1820 […….] y 1821 […….]

TÍ TUL O X I V
De la fianza
CAPÍTULO PRIMERO
De la naturaleza y extensión de la fianza
1822. Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un
tercero, en el caso de no hacerlo éste.
Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal,
se observará lo dispuesto en la sección 4.ª, capítulo III, título I,
de este libro.
1823. La fianza puede ser convencional, legal o judicial, gra-
tuita o a título oneroso.

Los artículos 1820 y 1821 han quedado sin eficacia por virtud del apar-
259

tado 3.º de la disposición derogatoria de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
de Arbitraje, que dispone: «El capítulo II del título XIII del libro IV del Código
Civil queda sin contenido.»

353

Puede también constituirse, no sólo a favor del deudor princi-
pal, sino al del otro fiador, consintiéndolo, ignorándolo y aun
contradiciéndolo éste.

1824. La fianza no puede existir sin una obligación válida.

Puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad
pueda ser reclamada a virtud de una excepción puramente per-
sonal del obligado, como la de la menor edad.

Exceptúase de la disposición del párrafo anterior el caso de
préstamo hecho al hijo de familia.

1825. Puede también prestarse fianza en garantía de deudas
futuras, cuyo importe no sea aún conocido; pero no se podrá
reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida.

1826. El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que
el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de
las condiciones.

Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los
límites de la del deudor.

1827. La fianza no se presume: Debe ser expresa y no puede
extenderse a más de lo contenido en ella.

Si fuere simple o indefinida, comprenderá no sólo la obligación
principal, sino todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio,
entendiéndose, respecto de éstos, que no responderá sino de
los que se hayan devengado después que haya sido requerido
el fiador para el pago.

1828. El obligado a dar fiador debe presentar persona que
tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para res-
ponder de la obligación que garantiza. El fiador se entenderá
sometido a la jurisdicción del Juez del lugar donde esta obliga-
ción debe cumplirse.

1829. Si el fiador viniere al estado de insolvencia, puede el
acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas en el ar-
tículo anterior. Exceptúase el caso de haber exigido y pactado
el acreedor que se le diera por fiador una persona determinada.

354

CAPÍTULO II
De los efectos de la fianza
Sección 1. De los efectos de la fianza entre el fiador
a

y el acreedor
1830. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin
hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor.
1831. La excusión no tiene lugar:
1.o Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella.
2.o Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor.

3.o En el caso de quiebra o concurso del deudor.
4.o Cuando éste no pueda ser demandado judicialmente dentro
del Reino.
1832. Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de
la excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste le
requiera para el pago, y señalarle bienes del deudor realizables
dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el
importe de la deuda.
1833. Cumplidas por el fiador todas las condiciones del ar-
tículo anterior, el acreedor negligente en la excusión de los bie-
nes señalados es responsable, hasta donde ellos alcancen, de la
insolvencia del deudor que por aquel descuido resulte.
1834. El acreedor podrá citar al fiador cuando demande al
deudor principal, pero quedará siempre a salvo el beneficio de
excusión, aunque se dé sentencia contra los dos.
1835. La transacción hecha por el fiador con el acreedor no
surte efecto para con el deudor principal.
La hecha por éste tampoco surte efecto para con el fiador, con-
tra su voluntad.
1836. El fiador de un fiador goza del beneficio de excusión,
tanto respecto del fiador como del deudor principal.
1837. Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por
una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide
entre todos. El acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la

355

parte que le corresponda satisfacer, a menos que se haya esti-
pulado expresamente la solidaridad.
El beneficio de división contra los cofiadores cesa en los mismos
casos y por las mismas causas que el de excusión contra el deu-
dor principal.
Sección 2.a De los efectos de la fianza entre el deudor
y el fiador
1838. El fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado
por éste.
La indemnización comprende:
1.o La cantidad total de la deuda.
2.o Los intereses legales de ella desde que se haya hecho
saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el
acreedor.
3.o Los gastos ocasionados al fiador después de poner éste en
conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago.
4.o Los daños y perjuicios, cuando procedan.
La disposición de este artículo tiene lugar aunque la fianza se
haya dado ignorándolo el deudor.
1839. El fiador se subroga por el pago en todos los derechos
que el acreedor tenía contra el deudor.
Si ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor más
de lo que realmente haya pagado.
1840. Si el fiador paga sin ponerlo en noticia del deudor,
podrá éste hacer valer contra él todas las excepciones que
hubiera podido oponer al acreedor al tiempo de hacerse el
pago.
1841. Si la deuda era a plazo y el fiador la pagó antes de su
vencimiento, no podrá exigir reembolso del deudor hasta que
el plazo venza.
1842. Si el fiador ha pagado sin ponerlo en noticia del deudor,
y éste, ignorando el pago, lo repite por su parte, no queda al
primero recurso alguno contra el segundo, pero sí contra el
acreedor.

356

1843. El fiador, aun antes de haber pagado, puede proceder
contra el deudor principal:
1.o Cuando se ve demandado judicialmente para el pago.
2.o En caso de quiebra, concurso o insolvencia.
3.o Cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en
un plazo determinado, y este plazo ha vencido.
4.o Cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible, por haber
cumplido el plazo en que debe satisfacerse.
5.o Al cabo de diez años, cuando la obligación principal no
tiene término fijo para su vencimiento, a menos que sea de
tal naturaleza que no pueda extinguirse sino en un plazo
mayor de los diez años.
En todos estos casos la acción del fiador tiende a obtener rele-
vación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los
procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el
deudor.
Sección 3.a De los efectos de la fianza entre los cofiadores
1844. Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor
y por una misma deuda, el que de ellos haya pagado podrá
reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcional-
mente le corresponda satisfacer.
Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá
sobre todos en la misma proporción.
Para que pueda tener lugar la disposición de este artículo, es
preciso que se haya hecho el pago en virtud de demanda judi-
cial, o hallándose el deudor principal en estado de concurso o
quiebra.
1845. En el caso del artículo anterior podrán los cofiadores
oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían corres-
pondido al deudor principal contra el acreedor y que no fueren
puramente personales del mismo deudor.
1846. El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien
se obligó, queda responsable a los cofiadores en los mismos
términos que lo estaba el fiador.

357

CAPÍTULO III
De la extinción de la fianza
1847. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo
que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obli-
gaciones.
1848. La confusión que se verifica en la persona del deudor y
en la del fiador cuando uno de ellos hereda al otro, no extingue
la obligación del subfiador.
1849. Si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble, u
otros cualesquiera efectos en pago de la deuda, aunque des-
pués los pierda por evicción, queda libre el fiador.
1850. La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiado-
res sin el consentimiento de los otros aprovecha a todos hasta
donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado.
1851. La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el
consentimiento del fiador extingue la fianza.
1852. Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de
su obligación siempre que por algún hecho del creedor no
a
puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privi-
legios del mismo.
1853. El fiador puede oponer al acreedor todas las excepcio-
nes que competan al deudor principal y sean inherentes a la
deuda; mas no las que sean puramente personales del deudor.
CAPÍTULO IV
De la fianza legal y judicial
1854. El fiador que haya de darse por disposición de la ley o
de providencia judicial, debe tener las cualidades prescritas en
el artículo 1828.
1855. Si el obligado a dar fianza en los casos del ar ículo ante-
t
rior no la hallase, se le admitirá en su lugar una prenda o hipo-
teca que se estime bastante para cubrir su obligación.
1856. El fiador judicial no puede pedir la excusión de bienes
del deudor principal.
El subfiador, en el mismo caso, no puede pedir ni la del deudor
ni la del fiador.

358

TÍ TUL O X V
De los contratos de prenda, hipoteca y anticresis
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones comunes a la prenda y a la hipoteca
1857. Son requisitos esenciales de los contratos de prenda e
hipoteca:
1.o Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una
obligación principal.
2.o Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en propie-
dad al que la empeña o hipoteca.
3.o Que las personas que constituyan la prenda o hipoteca ten-
gan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no
tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto.
Las terceras personas extrañas a la obligación principal pueden
asegurar ésta pignorando o hipotecando sus propios bienes.
1858. Es también de esencia de estos contratos que, vencida
la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que
consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor.
1859. El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en
prenda o hipoteca, ni disponer de ellas.
1860. La prenda y la hipoteca son indivisibles, aunque la
deuda se divida entre los causahabientes del deudor o del
acreedor.
No podrá, por tanto, el heredero del deudor que haya pagado
parte de la deuda pedir que se extinga proporcionalmente la
prenda o la hipoteca mientras la deuda no haya sido satisfecha
por completo.
Tampoco podrá el heredero del acreedor que recibió su parte
de la deuda devolver la prenda ni cancelar la hipoteca en perjui-
cio de los demás herederos que no hayan sido satisfechos.
Se exceptúa de estas disposiciones el caso en que, siendo varias
las cosas dadas en hipoteca o en prenda, cada una de ellas
garantice solamente una porción determinada del crédito.

359

El deudor, en este caso, tendrá derecho a que se extinga la
prenda o la hipoteca a medida que satisfaga la parte de deuda
de que cada cosa responda especialmente.
1861. Los contratos de prenda e hipoteca pueden asegurar
toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a
condición suspensiva o resolutoria.
1862. La promesa de constituir prenda o hipoteca sólo pro-
duce acción personal entre los contratantes, sin perjuicio de la
responsabilidad criminal en que incurriere el que defraudase a
otro ofreciendo en prenda o hipoteca como libres las cosas que
sabía estaban gravadas, o fingiéndose dueño de las que no le
pertenecen.
CAPÍTULO II
Sección 1.ª De la prenda 260
1863. Además de los requisitos exigidos en el artículo 1857,
se necesita, para constituir el contrato de prenda, que se ponga
en posesión de ésta al acreedor, o a un tercero de común
acuerdo.
1864. Pueden darse en prenda todas las cosas muebles que
están en el comercio, con tal que sean susceptibles de posesión.
1865. No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta
por instrumento público la certeza de la fecha.
1866. El contrato de prenda da derecho al acreedor para rete-
ner la cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien
hubiese sido entregada, hasta que se le pague el crédito.
Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese
con él otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera,
podrá aquél prorrogar la retención hasta que se les satisfagan
ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de
la prenda a la seguridad de la segunda deuda.
1867. El acreedor debe cuidar de la cosa dada en prenda con
la diligencia de un buen padre de familia; tiene derecho al
abono de los gastos hechos para su conservación, y responde
de su pérdida o deterioro conforme a las disposiciones de este
Código.

Epígrafe añadido por la Ley de 5 de diciembre de 1941.
260

360

1868. Si la prenda produce intereses, compensará el acreedor
los que perciba con los que se le deben; y, si no se le deben, o
en cuanto excedan de los legítimamente debidos, los imputará
al capital.

1869. Mientras no llegue el caso de ser expropiado de la cosa
dada en prenda, el deudor sigue siendo dueño de ella.

Esto no obstante, el acreedor podrá ejercitar las acciones que
competan al dueño de la cosa pignorada para reclamarla o
defenderla contra tercero.

1870. El acreedor no podrá usar la cosa dada en prenda sin
autorización del dueño, y si lo hiciere o abusare de ella en otro
concepto, puede el segundo pedir que se la constituya en depó-
sito.

1871. No puede el deudor pedir la restitución de la prenda
contra la voluntad del acreedor mientras no pague la deuda y
sus intereses, con las expensas en su caso.

1872. El acreedor a quien oportunamente no hubiese sido
satisfecho su crédito, podrá proceder por ante Notario a la ena-
jenación de la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse preci-
samente en subasta pública y con citación del deudor y del
dueño de la prenda en su caso. Si en la primera subasta no
hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda
con iguales formalidades; y, si tampoco diere resultado, podrá
el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará
obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito.

Si la prenda consistiere en valores cotizables, se venderán en la
forma prevenida por el Código de Comercio.

1873. Respecto a los Montes de Piedad y demás estableci-
mientos públicos, que por instituto o profesión prestan sobre
prendas, se observarán las leyes y reglamentos especiales que
les conciernan y, subsidiariamente, las disposiciones de este
título.

361

Sección 2.ª De la prenda sin desplazamiento 261
[…….]
CAPÍTULO III
De la hipoteca
1874. Sólo podrán ser objeto del contrato de hipoteca:
1.o Los bienes inmuebles.
2.o Los derechos reales enajenables con arreglo a las leyes,
impuestos sobre bienes de aquella clase.
1875. Además de los requisitos exigidos en el artícu 1857,
lo
es indispensable, para que la hipoteca quede válidamente cons-
tituida, que el documento en que se constituya sea inscrito en
el Registro de la Propiedad.
Las personas a cuyo favor establece hipoteca la ley, no tienen
otro derecho que el de exigir el otorgamiento e inscripción del
documento en que haya de formalizarse la hipoteca, salvo lo
que dispone la Ley Hipotecaria en favor del Estado, las provin-
cias y los pueblos, por el importe de la última anualidad de los
tributos, así como de los aseguradores por el premio del seguro.
1876. La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes
sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cum-
plimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida.
1877. La hipoteca se extiende a las accesiones na urales, a las
t
mejoras, a los frutos pendientes y rentas no per ibidas al vencer
c
la obligación, y al importe de las indemnizaciones concedidas o
debidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipo-
tecados, o en virtud de expropiación por causa de utilidad
pública, con las declaraciones, ampliaciones y limitaciones esta-
blecidas por la ley, así en el caso de permanecer la finca en
poder del que la hipotecó, como en el de pasar a manos de un
tercero.

261
Esta sección y los artículos 1863 bis a 1873 bis que la integraban se in-
sertaron en el Código Civil conforme a la Ley de 5 de diciembre de 1941 y
fueron derogados en virtud de lo dispuesto en la disposición final de la Ley
de 16 de diciembre de 1954.

362

1878. El crédito hipotecario puede ser enajenado o cedido a
un tercero en todo o en parte, con las formalidades exigidas por
la ley.
1879. El acreedor podrá reclamar del tercer poseedor de los
bienes hipotecados el pago de la parte de crédito asegurada
con los que el último posee, en los términos y con las formalida-
des que la ley establece.
1880. La forma, extensión y efectos de la hipoteca, así como
lo relativo a su constitución, modificación y extinción y a lo
demás que no haya sido comprendido en este capítulo, queda
sometido a las prescripciones de la Ley Hipotecaria, que conti-
núa vigente.
CAPÍTULO IV
De la anticresis
1881. Por la anticresis el acreedor adquiere el derecho de
percibir los frutos de un inmueble de su deudor, con la obliga-
ción de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y
después al del capital de su crédito.
1882. El acreedor, salvo pacto en contrario, está obligado a
pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la finca.
Lo está asimismo a hacer los gastos necesarios para su conser-
vación y reparación.
Se deducirán de los frutos las cantidades que emplee en uno y
otro objeto.
1883. El deudor no puede readquirir el goce del inmueble sin
haber pagado antes enteramente lo que debe a su acreedor.
Pero éste, para librarse de las obligaciones que le impone el
artículo anterior, puede siempre obligar al deudor a que entre
de nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en contrario.
1884. El acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por
falta de pago de la deuda dentro del plazo convenido.
Todo pacto en contrario será nulo. Pero el acreedor en este caso
podrá pedir, en la forma que previene la Ley de Enjuiciamiento
Civil, el pago de la deuda o la venta del inmueble.

363

1885. Los contratantes pueden estipular que se compensen
los intereses de la deuda con los frutos de la finca dada en anti-
cresis.
1886. Son aplicables a este contrato el último párrafo del ar-
tículo 1857, el párrafo 2.o del artículo 1866 y los ar ículos 1860
t
y 1861.

TÍ TUL O X VI
De las obligaciones que se contraen sin convenio
CAPÍTULO PRIMERO
De los cuasi contratos
1887. Son cuasi contratos los hechos lícitos y puramente
voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un
tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados.
Sección 1.a De la gestión de negocios ajenos
1888. El que se encarga voluntariamente de la agencia o
administración de los negocios de otro, sin mandato de éste,
está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto
y sus incidencias, o a requerir al interesado para que le sustituya
en la gestión, si se hallase en estado de poder hacerlo por sí.
1889. El gestor oficioso debe desempeñar su encargo con
toda la diligencia de un buen padre de familia, e indemnizar los
perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño
de los bienes o negocios que gestione.
Los Tribunales, sin embargo, podrán moderar la importancia de
la indemnización según las circunstancias del caso.
1890. Si el gestor delegare en otra persona todos o algunos
de los deberes de su cargo, responderá de los actos del dele-
gado, sin perjuicio de la obligación directa de éste para con el
propietario del negocio.
La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más,
será solidaria.
1891. El gestor de negocios responderá del caso fortuito
cuando acometa operaciones arriesgadas que el dueño no
tuviese costumbre de hacer, o cuando hubiese pospuesto el
interés de éste al suyo propio.

364

1892. La ratificación de la gestión por parte del dueño del
negocio produce los efectos del mandato expreso.
1893. Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión
ajena, el dueño de bienes o negocios que aproveche las venta-
jas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas
en su interés, e indemnizará al gestor los gastos necesarios y
útiles que hubiese hecho y los perjuicios que hubiese sufrido en
el desempeño de su cargo.
La misma obligación le incumbirá cuando la gestión hubiera
tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto,
aunque de ella no resultase provecho alguno.
1894. Cuando, sin conocimiento del obligado a prestar ali-
mentos, los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamarlos
de aquél, a no constar que los dio por oficio de piedad y sin
ánimo de reclamarlos.
Los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona
y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos, aunque el
difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que en vida
habrían tenido la obligación de alimentarle.
Sección 2.a Del cobro de lo indebido
1895. Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a
cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge
la obligación de restituirla.
1896. El que acepta un pago indebido, si hubiera procedido
de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de
capitales, o los frutos percibidos o debidos percibir cuando la
cosa recibida los produjere.
Además responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido
por cualquier causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que
la entregó, hasta que la recobre. No se prestará el caso fortuito
cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas
hallándose en poder del que las entregó.
1897. El que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido
de cosa cierta y determinada, sólo responderá de las desmejo-
ras o pérdidas de ésta y de sus accesiones, en cuanto por ellas
se hubiese enriquecido. Si la hubiese enajenado, restituirá el
precio o cederá la acción para hacerlo efectivo.

365

1898. En cuanto al abono de mejoras y gastos hechos por el
que indebidamente recibió la cosa, se estará a lo dispuesto en
el título V del libro II.
1899. Queda exento de la obligación de restituir el que, cre-
yendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un cré-
dito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, o
dejado prescribir la acción, o abandonado las prendas, o cance-
lado las garantías de su derecho. El que pagó indebidamente
sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores
respecto de los cuales la acción estuviese viva.
1900. La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo
hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó,
a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que
se le reclame. En este caso, justificada por el demandante la
entrega, queda relevado de toda prueba. Esto no limita el dere-
cho del demandado para acreditar que le era debido lo que se
supone que recibió.
1901. Se presume que hubo error en el pago cuando se
entregó cosa que nunca se debió o que ya estaba pagada;
pero aquel a quien se pida la devolución puede probar que la
entrega se hizo a título de liberalidad o por otra causa justa.
CAPÍTULO II
De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia
1902. El que por acción u omisión causa daño a otro, intervi-
niendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cau-
sado.
1903. La obligación que impone el artículo anterior es exigi-
ble, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de
aquellas personas de quienes se debe responder.
Los padres son responsables de los daños causados por los
hijos que se encuentren bajo su guarda.
Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o
incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su com-
pañía.
Lo son igualmente los dueños o directores de un estableci-
miento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus

366

dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran
empleados, o con ocasión de sus funciones.
Las personas o entidades que sean titulares de un centro
docente de enseñanza no superior responderán por los daños
y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante
los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el
control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando
actividades escolares o extraescolares y complementarias.
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las
personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la dili-
gencia de un buen padre de familia para prevenir el daño 262.
1904. El que paga el daño causado por sus dependientes
puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho.
Cuando se trate de centros docentes de enseñanza no superior,
sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades satis-
fechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejerci-
cio de sus funciones que fuesen causa del daño 263.
1905. El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape
o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que
el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese
sufrido.
1906. El propietario de una heredad de caza responderá del
daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya
hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya
dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perse-
guirla.
1907. El propietario de un edificio es responsable de los
daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta
sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias.
1908. Igualmente responderán los propietarios de los daños
causados:
1.o Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuida-
das con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias

262

Redactado de conformidad con la Ley 1/1991, de 7 de enero.
263

367

explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y
adecuado.
2.o Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o
a las propiedades.
3.o Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito,
cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.
4.o Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias
infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas al
lugar en que estuviesen.
1909. Si el daño de que tratan los dos artículos anteriores
resultare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra
podrá repetir contra el arquitecto, o, en su caso, contra el cons-
tructor, dentro del tiempo legal.
1910. El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella,
es responsable de los daños causados por las cosas que se arro-
jaren o cayeren de la misma.

TÍ TUL O X VI I
De la concurrencia y prelación de créditos
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales 264
1911. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deu-
dor con todos sus bienes, presentes y futuros.
1912. El deudor puede solicitar judicialmente de sus acreedo
res quita y espera de sus deudas, o cualquiera de las dos cosas;
pero no producirá efectos jurídicos el ejercicio de este derecho
sino en los casos y en la forma previstos en la Ley de Enjuicia
miento Civil.
1913. El deudor cuyo pasivo fuese mayor que el activo y
hubiese dejado de pagar sus obligaciones corrientes, deberá
presentarse en concurso ante el Tribunal competente luego que
aquella situación le fuere conocida.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, derogó los artículos 1912
264

a 1920 a su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004.

368

1914. La declaración de concurso incapacita al concursado
para la administración de sus bienes y para cualquiera otra que
por la ley le corresponda.
Será rehabilitado en sus derechos, terminado el concurso, si de
la calificación de éste no resultase causa que lo impida.
1915. Por la declaración de concurso vencen todas las deudas
a plazo del concursado.
Si llegaron a pagarse antes del tiempo prefijado en la obliga
ción, sufrirán el descuento correspondiente al interés legal del
dinero.
1916. Desde la fecha de la declaración de concurso dejarán
de devengar interés todas las deudas del concursado, salvo los
créditos hipotecarios y pignoraticios hasta donde alcance su res
pectiva garantía.
Si resultare remanente después de pagado el capital de deudas,
se satisfarán los intereses, reducidos al tipo legal, salvo si el pac
tado fuere menor.
1917. Los convenios que el deudor y sus acreedores celebra
ren judicialmente, con las formalidades de la ley, sobre la quita
y espera, o en el concurso, serán obligatorios para todos los
concurrentes y para los que, citados y notificados en forma, no
hubieren protestado en tiempo. Se exceptúan los acreedores
que, teniendo derecho de abstenerse, hubiesen usado de él
debidamente. Tienen derecho de abstenerse los acreedores
comprendidos en los artículos 1922, 1923 y 1924.
1918. Cuando el convenio de quita y espera se celebre con
acreedores de una misma clase, será obligatorio para todos el
acuerdo legal de la mayoría, sin perjuicio de la prelación respec
tiva de los créditos.
1919. Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extingui
das sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo;
pero, si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el
derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen
percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos
pedir la declaración o continuación del concurso.
1920. No mediando pacto expreso en contrario entre deudor
y acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el con

369

curso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda ulterior
mente adquirir, la parte de crédito no realizada.
CAPÍTULO II
De la clasificación de créditos
1921. Los créditos se clasificarán, para su graduación y pago,
por el orden y en los términos que en este capítulo se estable-
cen.
En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos
se regirá por lo establecido en la Ley Concursal 265.
1922. Con relación a determinados bienes muebles del deu-
dor, gozan de preferencia:
1.o Los créditos por construcción, reparación, conservación o
precio de venta de bienes muebles que estén en poder del
deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.
2.o Los garantizados con prenda que se halle en poder del
acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance
su valor.
3.o Los garantizados con fianza de efectos o valores, consti-
tuida en establecimiento público o mercantil, sobre la
fianza y por el valor de los efectos de la misma.
4.o Los créditos por transporte, sobre los efectos transporta-
dos, por el precio del mismo, gastos y derechos de conduc-
ción y conservación, hasta la entrega y durante treinta días
después de ésta.
5.o Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes
en la posada.
6.o Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección
anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para
que sirvieron.
7.o Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los
bienes muebles del arrendatario existentes en la finca
arrendada y sobre los frutos de la misma.

Este párrafo segundo fue adicionado por la Ley 22/2003, de 9 de julio,
265

Concursal, a su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004.

370

Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren
sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los
tuviese, dentro del término de treinta días, contados desde que
ocurrió la sustracción.

1923. Con relación a determinados bienes inmuebles y dere-
chos reales del deudor, gozan de preferencia:

1.o Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los
contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida
y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.

2.o Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegu-
rados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el
seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen
repartido.

3.o Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados
e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes
hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.

4.o Los créditos preventivamente anotados en el Registro de
la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embar-
gos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes
anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.

5.o Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmue-
bles a que la refacción se refiera y sólo respecto a otros créditos
distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.

1924. Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles
del deudor, gozan de preferencia:

1.o Los créditos a favor de la provincia o del municipio, por los
impuestos de la última anualidad vencida y no pagada, no
comprendidos en el artículo 1923, número 1.o

2.o Los devengados:

A) Por gastos de justicia y de administración del concurso
en interés común de los acreedores, hechos con la
debida autorización o aprobación.

B) Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y
también los de su cónyuge y los de sus hijos constitui-

371

dos bajo su patria potestad, si no tuviesen bienes pro-
pios 266.

C) Por gastos de la última enfermedad de las mismas per-
sonas, causados en el último año, contado hasta el día
del fallecimiento.

D) Por los salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta
ajena y del servicio doméstico correspondientes al
último año.

E) Por las cuotas correspondientes a los regímenes obliga-
torios de subsidios, seguros sociales y mutualismo labo-
ral por el mismo período de tiempo que señala el
apartado anterior, siempre que no tengan reconocida
mayor preferencia con arreglo al artículo precedente.

F) Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia
constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido o
calzado, en el mismo período de tiempo.

G) Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso,
a no ser que se funden en un título de mera liberaidad 267.
l

3.o Los créditos que sin privilegio especial consten:

A) En escritura pública.

B) Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de li igio.
t

Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de anti-
güedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias 268.

1925. No gozarán de preferencia los créditos de cualquiera
otra clase, o por cualquier otro título, no comprendidos en los
artículos anteriores.

266
Redactado este apartado por Ley 11 /1990, de 15 de octubre.
267
Las letras A) y G) de este apartado segundo quedaron derogadas a partir
de 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor la Ley Concursal.
268
Redactado el artículo, con las salvedades que se indican, por la Ley
de 17 de julio de 1958.

372

CAPÍTULO III
De la prelación de créditos
1926. Los créditos que gozan de preferencia con relación a
determinados bienes muebles excluyen a todos los demás hasta
donde alcance el valor del mueble a que la preferencia se
refiere.
Si concurren dos o más respecto a determinados muebles, se
observarán, en cuanto a la prelación para su pago, las reglas
siguientes:
1.a El crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde
alcance el valor de la cosa dada en prenda.
2.a En el caso de fianza, si estuviere ésta legítimamente consti-
tuida a favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos
se determinará por el orden de fechas de la prestación de
la garantía.
3.a Los créditos por anticipos de semillas, gastos de cultivo y
recolección serán preferidos a los de alquileres y rentas
sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron.
4.a En los demás casos, el precio de los muebles se distribuirá
a prorrata entre los créditos que gocen de especial prefe-
rencia con relación a los mismos.
1927. Los créditos que gozan de preferencia con relación a
determinados bienes inmuebles o derechos reales, excluyen a
todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del
inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.
Si concurrieren dos o más créditos respecto a determinados
inmuebles o derechos reales, se observarán, en cuanto a su res-
pectiva prelación, las reglas siguientes:
1.a Serán preferidos, por su orden, los expresados en los
números 1.o y 2.o del artículo 1923 a los comprendidos en
los demás números del mismo.
2.a Los hipotecarios y refaccionarios, anotados o inscritos, que
se expresan en el número 3.o del citado artículo 1923 y los
comprendidos en el número 4.o del mismo gozarán de pre-
lación entre sí por el orden de antigüedad de las respecti-
vas inscripciones o anotaciones en el Registro de la
Propiedad.

373

3.a Los refaccionarios no anotados ni inscritos en el Registro a
que se refiere el número 5.o del artículo 1923 gozarán de
prelación entre sí por el orden inverso de su antigüedad.
1928. El remanente del caudal del deudor, después de paga-
dos los créditos que gocen de preferencia con relación a deter-
minados bienes, muebles o inmuebles, se acumulará a los bienes
libres que aquél tuviere para el pago de los demás créditos.
Los que, gozando de preferencia con relación a determinados
bienes, muebles o inmuebles, no hubiesen sido totalmente satis-
fechos con el importe de éstos, lo serán, en cuanto al déficit, por
el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva
naturaleza.
1929. Los créditos que no gocen de preferencia con relación
a determinados bienes, y los que la gozaren, por la cantidad
no realizada o cuando hubiese prescrito el derecho a la prefe-
rencia, se satisfarán conforme a las reglas siguientes:
1.a Por el orden establecido en el artículo 1924.
2.a Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que
la tuviesen común, a prorrata.
3.a Los créditos comunes a que se refiere el artículo 1925, sin
consideración a sus fechas.

TÍ TUL O X VI I I
De la prescripción
CAPÍTULO PRIMERO
1930. Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las
condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás dere-
chos reales.
También se extinguen del propio modo por la prescripción los
derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.
1931. Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la
prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás
modos legítimos.

374

1932. Los derechos y acciones se extinguen por la prescrip-
ción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídi-
cas, en los términos prevenidos por la ley.

Queda siempre a salvo, a las personas impedidas de administrar
sus bienes, el derecho para reclamar contra sus representantes
legítimos cuya negligencia hubiese sido causa de la prescrip-
ción.

1933. La prescripción ganada por un copropietario o comu-
nero aprovecha a los demás.

1934. La prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y
en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante
el tiempo concedido para hacer inventario y para deliberar.

1935. Las personas con capacidad para enajenar pueden
renunciar la prescripción ganada pero no el derecho de prescri-
bir para lo sucesivo.

Entiéndese tácitamente renunciada la prescripción cuando la
renuncia resulta de actos que hacen suponer el abandono del
derecho adquirido.

1936. Son susceptibles de prescripción todas las cosas que
están en el comercio de los hombres.

1937. Los acreedores, y cualquiera otra persona interesada en
hacer valer la prescripción, podrán utilizarla a pesar de la renun-
cia expresa o tácita del deudor o propietario.

1938. Las disposiciones del presente título se entienden sin
perjuicio de lo que en este Código o en leyes especiales se
establezca respecto a determinados casos de prescripción.

1939. La prescripción comenzada antes de la publicación de
este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si
desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el
tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto,
aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de
tiempo.

375

CAPÍTULO II
De la prescripción del dominio y demás derechos reales
1940. Para la prescripción ordinaria del dominio y demás
derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y
justo título por el tiempo determinado en la ley.
1941. La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública,
pacífica y no interrumpida.
1942. No aprovechan para la posesión los actos de carácter
posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia
del dueño.
1943. La posesión se interrumpe, para los efectos de la pres-
cripción, natural o civilmente.
1944. Se interrumpe naturalmente la posesión cuando por
cualquier causa se cesa en ella por más de un año.
1945. La interrupción civil se produce por la citación judicial
hecha al poseedor, aunque sea por mandato de Juez incompe-
tente.
1946. Se considerará no hecha y dejará de producir interrup-
ción la citación judicial:
1.o Si fuere nula por falta de solemnidades legales.
2.o Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la ins-
tancia.
3.o Si el poseedor fuere absuelto de la demanda.
1947. También se produce interrupción civil por el acto de
conciliación, siempre que dentro de dos meses de celebrado se
presente ante el Juez la demanda sobre posesión o dominio de
la cosa cuestionada.
1948. Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el
poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo la
posesión.
1949. Contra un título inscrito en el Registro de la Propiedad
no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o derechos
reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro título igual-
mente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la
inscripción del segundo.

376

1950. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que
la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía
transmitir su dominio.
1951. Las condiciones de la buena fe exigidas para la posesión
en los artículos 433, 434, 435 y 436 de este Código, son igual-
mente necesarias para la determinación de aquel requisito en la
prescripción del dominio y demás derechos reales.
1952. Entiéndese por justo título el que legalmente baste para
transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se
trate.
1953. El título para la prescripción ha de ser verdadero y
válido.
1954. El justo título debe probarse; no se presume nunca.
1955. El dominio de los bienes muebles se prescribe por la
posesión no interrumpida de tres años con buena fe.
También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la
posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de nin-
guna otra condición.
En cuanto al derecho del dueño para reivindicar la cosa mueble
perdida o de que hubiese sido privado ilegalmente, así como
respecto a las adquiridas en venta pública, en bolsa, feria o mer-
cado, o de comerciante legalmente establecido y dedicado
habitualmente al tráfico de objetos análogo, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 464 de este Código.
1956. Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser
prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómpli-
ces o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta, o su
pena, y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del
delito o falta.
1957. El dominio y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre
presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.
1958. Para los efectos de la prescripción se considera ausente
al que reside en el extranjero o en ultramar.
Si parte del tiempo estuvo presente y parte ausente, cada dos
años de ausencia se reputarán como uno para completar los
diez de presente.

377

La ausencia que no fuere de un año entero y continuo no se
tomará en cuenta para el cómputo.
1959. Se prescriben también el dominio y demás derechos
reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrum-
pida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe,
y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción
determinada en el artículo 539.
1960. En la computación del tiempo necesario para la pres-
cripción se observarán las reglas siguientes:
1.a El poseedor actual puede completar el tiempo necesario
para la prescripción, uniendo al suyo el de su causante.
2.a Se presume que el poseedor actual, que lo hubiera sido en
época anterior, ha continuado siéndolo durante el tiempo
intermedio, salvo prueba en contrario.
3.a El día en que comienza a contarse el tiempo se tiene por
entero; pero el último debe cumplirse en su totalidad.
CAPÍTULO III
De la prescripción de las acciones
1961. Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo
fijado por la ley.
1962. Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a
los seis años de perdida la posesión, salvo que el poseedor haya
ganado por menos término el dominio, conforme al ar-
tículo 1955, y excepto los casos de extravío y venta pública, y
los de hurto o robo, en que se estará a lo dispuesto en el
párrafo 3.o del mismo artículo citado.
1963. Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben
a los treinta años.
Entiéndese esta disposición sin perjuicio de lo establecido para
la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción.
1964. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las
personales que no tengan señalado término especial de pres-
cripción, a los quince.
1965. No prescribe entre coherederos, condueños o propie-
tarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de

378

la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las
propiedades contiguas.
1966. Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones
para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1.a La de pagar pensiones alimenticias.
2.a La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de
fincas rústicas o de fincas urbanas.
3.a La de cualesquiera otros pagos que deben hacerse por años
o en plazos más breves.
1967. Por el transcurso de tres años prescriben las acciones
para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1.a La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Nota-
rios, Escribanos, Peritos, Agentes y Curiales sus honorarios
y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen reali-
zado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asun-
tos a que las obligaciones se refieran.
2. La de satisfacer a los Farmacéuticos las medicinas que sumi-
a

nistraron; a los Profesores y Maestros sus honorarios y esti-
pendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de
su profesión, arte u oficio.
3.a La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el
importe de sus servicios, y el de los suministros o des-
embolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos.
4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los
a

mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que
no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.
El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren
los tres (*) párrafos anteriores 269 se contará desde que dejaron
de prestarse los respectivos servicios.
1968. Prescriben por el transcurso de un año:
1.o La acción para recobrar o retener la posesión.
2.o La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o
calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o
negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que
lo supo el agraviado.

Así en el original.
269

379

1969. El tiempo para la prescripción de toda clase de accio-
nes, cuando no haya disposición especial que otra cosa deter-
mine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.
1970. El tiempo para la prescripción de las acciones que tie-
nen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de
capital, con interés o renta, corre desde el último pago de la
renta o del interés.
Lo mismo se entiende respecto al capital del censo consigna-
tivo.
En los censos enfitéutico y reservativo se cuenta asimismo el
tiempo de la prescripción desde el último pago de la pensión o
renta.
1971. El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir
el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia
comienza desde que la sentencia quedó firme.
1972. El término de la prescripción de las acciones para exigir
rendición de cuentas corre desde el día en que cesaron en sus
cargos los que debían rendirlas.
El correspondiente a la acción por el resultado de las cuentas,
desde la fecha en que fue éste reconocido por conformidad de
las partes interesadas.
1973. La prescripción de las acciones se interrumpe por su
ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del
acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda
por el deudor.
1974. La interrupción de la prescripción de acciones en las
obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos
los acreedores y deudores.
Esta disposición rige igualmente respecto a los herederos del
deudor en toda clase de obligaciones.
En las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no
reclame de uno de los deudores más que la parte que le corres-
ponda, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los
otros codeudores.
1975. La interrupción de la prescripción contra el deudor
principal por reclamación judicial de la deuda, surte efecto tam-
bién contra su fiador; pero no perjudicará a éste la que se pro-

380

duzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o
reconocimientos privados del deudor.
Disposición final
1976. Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y
costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las
materias que son objeto de este Código, y quedarán sin fuerza
y vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias
como en el de derecho supletorio. Esta disposición no es apli-
cable a las leyes que en este Código se declaran subsistentes.
Disposiciones transitorias
Las variaciones introducidas por este Código, que perjudiquen
derechos adquiridos según la legislación civil anterior, no ten-
drán efecto retroactivo.
Para aplicar la legislación que corresponda, en los casos que no
estén expresamente determinados en el Código, se observarán
las reglas siguientes:
1.a Se regirán por la legislación anterior al Código los derechos
nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen,
aunque el Código los regule de otro modo o no los reco-
nozca. Pero si el derecho apareciere declarado por primera
vez en el Código, tendrá efecto, desde luego, aunque el
hecho que lo origine se verificara bajo la legislación ante-
rior, siempre que no perjudique a otro derecho adquirido
de igual origen.
2.a Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legis-
lación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán
todos sus efectos según la misma, con las limitaciones esta-
blecidas en estas reglas. En su consecuencia serán válidos
los testamentos, aunque sean mancomunados, los poderes
para testar y las memorias testamentarias que se hubiesen
otorgado o escrito antes de regir el Código, y producirán su
efecto las cláusulas ad cautelam, los fideicomisos para apli-
car los bienes según instrucciones reservadas del testador y
cualesquiera otros actos permitidos por la legislación prece-
dente; pero la revocación o modificación de estos actos o
de cualquiera de las cláusulas contenidas en ellos no podrá
verificarse, después de regir el Código, sino testando con
arreglo al mismo.

381

3.a Las disposiciones del Código que sancionan con penalidad
civil o privación de derechos actos u omisiones que carecían
de sanción en las leyes anteriores, no son aplicables al que,
cuando éstas se hallaban vigentes, hubiese incurrido en la
omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código.
Cuando la falta esté también penada por la legislación
anterior, se aplicará la disposición más benigna.
4.a Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes
de regir el Código subsistirán con la extensión y en los tér-
minos que les reconociera la legislación precedente; pero
sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración y procedi-
mientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en el Código. Si
el ejercicio del derecho o de la acción se hallara pendiente
de procedimientos oficiales empezados bajo la legislación
anterior, y éstos fuesen diferentes de los establecidos por
el Código, podrán optar los interesados por unos o por
otros.
5.a Quedan emancipados y fuera de la patria potestad los
hijos que hubiesen cumplido veintitrés años al empezar a
regir el Código; pero si continuaren viviendo en la casa y a
expensas de sus padres, podrán éstos conservar el usu-
fructo, la administración y los demás derechos que estén
disfrutando sobre los bienes de su peculio, hasta el tiempo
en que los hijos deberían salir de la patria potestad según
la legislación anterior.
6.a El padre que voluntariamente hubiese emancipado a un
hijo, reservándose algún derecho sobre sus bienes adventi-
cios, podrá continuar disfrutándolo hasta el tiempo en que
el hijo debería salir de la patria potestad con arreglo a la
legislación anterior.
7.a Los padres, las madres y los abuelos que se hallen ejer-
ciendo la curatela de sus descendientes, no podrán retirar
las fianzas que tengan constituidas, ni ser obligados a cons-
tituirlas si no las hubieran prestado, ni a completarlas si
resultaren insuficientes las prestadas.
8.a Los tutores y curadores nombrados bajo el régimen de la
legislación anterior y con sujeción a ella conservarán su
cargo, pero sometiéndose, en cuanto a su ejercicio, a las
disposiciones del Código.

382

Esta regla es también aplicable a los poseedores y a los
administradores interinos de bienes ajenos, en los casos
en que la ley los establece.

9.a Las tutelas y curatelas, cuya constitución definitiva esté
pendiente de la resolución de los Tribunales al empezar a
regir el Código, se constituirán con arreglo a la legislación
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla que pre-
cede.

10.a Los Jueces y los Fiscales municipales no procederán de
oficio al nombramiento de los consejos de familia sino res-
pecto a los menores cuya tutela no estuviere aún definiti-
vamente constituida al empezar a regir el Código. Cuando
el tutor o curador hubiere comenzado ya a ejercer su
cargo, no se procederá al nombramiento del consejo
hasta que lo solicite alguna de las personas que deban
formar parte de él, o el mismo tutor o curador existente;
y, entre tanto, quedará en suspenso el nombramiento del
protutor.

11.a Los expedientes de adopción, los de emancipación volun-
taria y los de dispensa de ley pendientes ante el Gobierno
o los Tribunales, seguirán su curso con arreglo a la legis-
lación anterior, a menos que los padres o solicitantes de
la gracia desistan de seguir este procedimiento y prefieran
el establecido en el Código.

12.a Los derechos a la herencia del que hubiese fallecido, con
testamento o sin él, antes de hallarse en vigor el Código,
se regirán por la legislación anterior. La herencia de los
fallecidos después, sea o no con testamento, se adjudi-
cará y repartirá con arreglo al Código; pero cumpliendo,
en cuanto éste lo permita, las disposiciones testamenta-
rias. Se respetarán, por lo tanto, las legítimas, las mejoras
y los legados, pero reduciendo su cuantía, si de otro modo
no se pudiera dar a cada partícipe en la herencia lo que le
corresponda según el Código.

13.a Los casos no comprendidos directamente en las disposi-
ciones anteriores se resolverán aplicando los principios
que les sirven de fundamento.

383

Disposiciones adicionales
Primera. El Presidente del Tribunal Supremo y los de las
Audiencias Territoriales elevarán al Ministerio de Gracia y Justi-
cia, al fin de cada año, una Memoria, en la que, refiriéndose a
los negocios de que hayan conocido durante el mismo las Salas
de lo civil, señalen las deficiencias y dudas que hayan encon-
trado al aplicar este Código. En ella harán constar detallada-
mente las cuestiones y puntos de derecho controvertidos y los
artículos u omisiones del Código que han dado ocasión a las
dudas del Tribunal.
Segunda. El Ministerio de Gracia y Justicia pasará estas
Memorias y un ejemplar de la Estadística civil del mismo año a
la Comisión General de Codificación.
Tercera. En vista de estos datos, de los progresos realizados
en otros países que sean utilizables en el nuestro y de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, la Comisión de Codificación for-
mulará y elevará al Gobierno cada diez años las reformas que
convenga introducir.
Cuarta. La referencia que a personas con discapacidad se rea-
liza en los artículos 756, 822 y 1041, se entenderá hecha al con-
cepto definido en la Ley de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de Modificación del Código Civil,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con
esta finalidad 270.

Disposición adicionada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
270

384

Í ndice analítico *

A

Abandono:
Adquisición por ocupación, 610.
Causa de separación, 82.
Desheredación, 852, 854 y 855.
Indignidad para suceder, 756.
Pérdida de la posesión, 460.
Servidumbres, 599.

Abejas
(Véase Colmenas.)

Abintestado
(Véase Sucesión intestada.)

Abogados:
Prescripción de honorarios, 1967.
Prohibiciones en la compraventa, 1459.

Abonos:
Bienes inmuebles, 334.
Derecho de uso, 526.

Abortos:
Incapacidad para suceder, 745.
Precauciones de la viuda encinta, 967.

Abrevadero
(Véase Servidumbres.)

Abuelos:
Alimentos, 143.
Colación, 1038.
Abuso del derecho, 7 y 1902.
Uso y habitación, 529.
Usufructo, 520.

* Los números remiten a los artículos del Código Civil.

385

Abuso de derecho, 7.

Accesión:
Adjudicación, 375, 378 y 379.
Aluvión, 366 y 367.
Avulsión, 368 y 369.
Conmixtión, 381 y 382.
En bienes muebles, 375 a 383.
Especificación, 383.
Formación de isla, 371, 373 y 374.
Industrial en inmuebles, 358 a 365.
Mutación de cauce, 370 y 372.
Producto de los bienes, 354 a 357.
Usufructo, 479.

Accesiones:
Censo enfitéutico, 1632.
Cobro de lo indebido, 1897.
Depósito, 1770.
Hipoteca, 1877.

Accesorios:
Legado de cosa específica, 883.
Obligaciones de dar, 1097.

Acción civil proveniente de delito:
Transacción, 1813.

Acción de aceptación o repudiación de herencia, 1004 y 1005.

Acción de complemento de legítima, 815.

Acción de deslinde, 384 a 387.

Acción de división, 400.

Acción de divorcio, 88.

Acción de filiación:
Admisión de la demanda, 127.
De menores e incapacitados, 129.
Investigación de la maternidad, 127.
Investigación de la paternidad, 127.
Medidas de protección, 128.
Por herederos del actor, 130.
(Véanse Acción de impugnación de la filiación y Acción de recla
mación de la filiación.)

386

Acción de impugnación de la filiación:
Plazo, 136, 137, 140 y 141.
Por el hijo, 137.
Por el marido, 136.
Por la mujer, 139.

Acción de nulidad:
Causa ilícita, 1305.
Extinción, 1314.
Objeto ilícito, 1305.
Prescripción, 1301.

Acción de petición de herencia, 192.

Acción de reclamación de la filiación:
Impugnación de filiación contradictoria, 134.
Legitimación, 131.
Matrimonial, 132.
No matrimonial, 132.
Pruebas, 135.

Acción de reembolso:
Pago hecho por tercero, 1158.

Acción de repetición:
Culpa extracontractual, 1904.
Obligaciones a plazo, 1126.
Obligaciones condicionales, 1121.
Pago por tercero, 1159.

Acción directa:
En el arrendamiento de obra, 1597.
En el subarriendo, 1552.
Supuestos, 1512, 1552, 1630 y 1722.

Acción esponsalicia, 43.

Acción hipotecaria:

Acción personal:
Censos, 1623.

387

Acción real:
Censo consignativo, 1659.
Censos, 1623.
Prescripción, 1962 y 1963.

Acción redhibitoria:
Compraventa, 1484 a 1499.

Acción reivindicatoria:
Depósito voluntario, 1765.
Posesión, 464.
Prescripción adquisitiva, 1965.
Propiedad, 348.

Acción rescisoria:
Compraventa, 1483.
Partición de herencia, 1076, 1078 y 1079.
Subsidiariedad, 1294.

Acción revocatoria:
Acreedores, 1111.
Donaciones, 644 a 654.

Acción subrogatoria:
Acreedores, 1111.
Fianza, 1839.
Pago, 1158.

Acciones anteriores al Código Civil, D. T. 4.ª

Acciones hereditarias:

Aceptación:
Albaceazgo, 898 a 900.
Contratos, 1262.
Contratos a favor de tercero, 1257.
Donaciones, 625 a 627 y 631 a 633.

Aceptación a beneficio de inventario, 988 a 1034.
Acreedores, 1026 a 1034.
Administración, 1020, 1026 y 1027 a 1034.
Confusión, 1192.
Contra la prohibición del testador, 1010.

388

Efectos, 1023.
Forma, 1011 y 1012.
Inventario, 1013, 1014, 1017, 1018, 1020 a 1022, 1024 y 1025.
Legados, 1025, 1026, 1027, 1029 a 1032.
Pérdida del derecho, 1024.
Plazo, 1014 a 1018 y 1020.
Repudiación, 1022.

Aceptación de la herencia:
A beneficio de inventario, 988 a 1034.
Acción para la aceptación o repudiación, 1004 y 1005.
Capacidad, 992.
Caracteres, 988 a 990 y 997.
De los sujetos a tutela, 999.
Efectos, 1003.
Establecimientos públicos, 994.
Expresa, 999.
Irrevocabilidad, 997.
Menores o incapacitados, 992.
Persona casada, 995.
Personas jurídicas, 993.
Pobres, 992.
Por tutor, 272.
Pura, 998.
Sordomudos, 996.
Tácita, 999 y 1000.
Tiempo, 1004 y 1005.

Aceptación del legado, 889 y 890.

Aceptación del mandato, 1710.

Acequias:
Dominio privado, 408.
Servidumbres, 574 y 575.

Acogimiento de menores:
Cese, 173.
Derecho de los padres a visitarlos, 161.
Efectos, 173.
Formalización, 173.
Obligaciones, 173.
Vigilancia del Ministerio Fiscal, 174.

Acogimiento familiar:
Cese, 173.
Efectos, 173.
Formalización, 173.
Modalidades, 173 bis.

389

Acrecer
(Véase Derecho de acrecer.)

Acreedores:
Acción revocatoria, 1111
Acción subrogatoria, 1111 y 1186.
Anticresis, 1881 a 1886.
Coherederos, 1087.
De la herencia, 1026 a 1031, 1082 a 1084 y 1087.
Del heredero, 1001 a 1034.
Derecho a los frutos, 1095.
En el concurso, 1913 a 1929.
En la cesión de bienes, 1175.
En la compensación, 1195 a 1202.
En la condonación, 1187 a 1191.
En la fianza, 1829 a 1853.
En la hipoteca, 1859 y 1879.
En la imputación de pagos, 1172.
En la novación, 1203, 1206, 1210, 1211 y 1213.
En la pérdida de la cosa, 1186.
En la prenda, 1863, 1866 a 1870 y 1872.
En las obligaciones alternativas, 1131, 1135 y 1136.
En las obligaciones con cláusula penal, 1153.
En las obligaciones divisibles, 1149.
En las obligaciones indivisibles, 1149.
En las obligaciones mancomunadas, 1137 a 1139.
En las obligaciones solidarias, 1140 a 1148.
Legados, 873.
Pago, 1162.
Recibo de capital, 1110.

Actas del Registro Civil
(Véase Registro Civil.)

Actio ad suplementum, 815.

Actividades peligrosas o nocivas:
Construcciones, 590.
Responsabilidad, 1907.

Acto de conciliación:
Interrupción de la prescripción, 1947.

Actos:
Derecho transitorio, D. T. 2.ª

Actos clandestinos, 444.

390

Actos con violencia, 444.

Actos lícitos, 1089, 1092, 1093 y 1902 a 1910.

Actos nulos:
Contra la Ley, 6.

Actos propios, 1129.

Actos tolerados, 444.

Acueducto

Acusación falsa:

Adjudicación:
Herencia, 1061 a 1065.

Adjunción:
Accesión, 375, 378 y 379.

Administración:
De bienes de los hijos, 164 a 168.
De bienes del ausente, 181 a 192.
De bienes del matrimonio, 50, 59, 73, 1375 a 1391, 1412, 1437
y 1439.
De bienes del tutelado, 270.
En la comunidad, 398.
Negocios ajenos, 1888.
Sociedad, 1692 a 1695.
Usufructo, 494.

Administración de la herencia:
Cuando la viuda queda encinta, 965 y 967.
Formación del inventario, 1020.

Administrador:
Arrendamiento, 1548.

Adopción:
Aprobación, 176.
Asentimiento, 177.
Audiencia, 177.

391

Capacidad, 175.
Consentimiento, 177.
Edad, 175.
Efectos, 178.
Expediente, 176.
Extinción, 180.
Extranjeros, 19.
Filiación, 180.
Prohibiciones, 175.

Adquisición:
De la herencia, 661.
De la nacionalidad (véase Nacionalidad).
De la posesión, 438, 439, 441 y 443.
De la propiedad, 609, 1095 y 1930.
De las servidumbres, 537 a 539.

Aeronave, 194.

Afinidad:
Incapacidad de los afines del Notario para suceder, 754.
Testigos en los testamentos abiertos, 682.

Agente especial:
Responsabilidad del Estado, 1903.

Agentes diplomáticos:
Domicilio, 40.
Forma de los actos, 11.
Nacionalidad, 17.
Testamentos, 725, 728, 734 a 736 y 1012.

Agentes judiciales:
Prescripción extintiva, 1967.

Aguas:
Aprovechamiento de las de dominio privado, 412 a 416.
Aprovechamiento de las públicas, 409 a 411.
De dominio privado, 408.
De dominio público, 407.
Expropiación, 423.
Fuentes legales, 425.
Reparaciones, 420 a 422.
Servidumbres, 552 a 563.
Subterráneas, 417 a 419.

Ajuar doméstico, 1321 y 1357.

392

Albaceas, 892 a 911.
Aceptación, 898 a 900.
Capacidad, 893.
Clases, 894.
Conservación y custodia, 902.
Delegación, 909.
Facultades, 901 a 903. Número, 892.
Pago de legados, 902.
Plazo, 904 a 906.
Prórroga de plazo, 905 y 906.
Rendición de cuentas, 907.
Retribución, 908.
Sufragios y funerales, 902 y 903.
Terminación, 910 y 911.
Venta de bienes, 903.
(Véase Contador-partidor.)

Albaceazgo de confianza, 785.

Alcaldes:
Herencia a favor de los pobres, 749.
Pérdida de cosas muebles, 615.

Alimentos, 142 a 153.
Ausencia, 186.
Cesación, 152.
Colación, 1041.
Compensación, 151 y 1200.
Contenido, 142.
Contrato, 153 y 1791 a 1797.
Cuantía, 146 y 147.
De la viuda encinta, 964.
Desde qué momento, 148.
Desheredación, 853 a 855.
Divorcio, 90.
Gananciales, 1362.
Gestión de negocios ajenos, 1894.
Legado, 879.
Muerte, 150.
Nulidad o separación de matrimonio, 68.
Opción de alimentista, 149.
Patria potestad, 154 y 158.
Personas obligadas, 143.
Prelación, 144 y 145.
Provisionales, 145.
Renuncia, 151.
Separación de bienes, 1438.
Separación de matrimonio, 90.

393

Testamento, 153.
Transacción, 1814.
Transmisión, 151.
Tutela, 268.

Alma:
Institución en beneficio del, 747.

Alteraciones:
Capitulaciones matrimoniales, 1331 y 1332.
En la cosa común, 397.
En las servidumbres, 543 y 545.
Escrituras y documentos, 1219 y 1230.

Alumbramiento de aguas, 407 a 425.

Alumnos:

Aluvión, 366 y 367.

Alveos, 407, 408 y 413.

Ambigüedad contractual, 1287.

Amenaza:

Amigable composición:
Compromiso, 1820 y 1821.
División de la cosa común, 402.

Amojonamiento, 384 a 387.
Árboles, 593.

Amonestaciones, 329.

Amos:
Arrendamiento de servicios, 1583 a 1587.

Analfabetos:
Testamento cerrado, 708.

394

Analogía, 4.
Derecho transitorio, D. T. 13.

Anatocismo, 1109.
(Véase Intereses.)

Andorra:
Nacionalidad, 22.

Animales:
Daños, 1905 y 1906.
Frutos, 355 y 357.
Ocupación, 612.
Posesión, 465.
Usufructo, 499.
Vicios, 1491 a 1499.

Anticipos, 1924.

Anticresis:
Concepto, 1881.
Conservación y reparaciones, 1882 y 1883.
Contribuciones y cargas, 1882 y 1883.
Frutos, 1882.
Incumplimiento, 1884.

Año:
Cómputo, 5.

Año agrícola:
En el arrendamiento, 1571.
En el usufructo, 480.

Aparcería, 1579.

Apátridas:
Ley aplicable, 910.

Apellidos:
Alteración, 109.
Determinación por la filiación, 109.
Supuestos de no utilización de apellidos del progenitor, 111.

Aprobación judicial:
Aceptación y repudiación de herencia, 993 y 995.
Acogimiento de menores, 173.

395

Adopción, 177.
Partición de herencia, 1060.
Reconocimiento de hijos, 124.

Aprovechamiento de aguas
(Véase Aguas.)

Aprovechamiento de leñas, 604.

Apuesta
(Véase Juegos y apuestas.)

Arbitraje, 1820 y 1821.
División de la cosa común, 402.
Mandato, 1713.
Tutela, 271.

Árboles:
Avulsión, 369.
Limitaciones, 591 a 593.
Que amenazan caerse, 390 y 391.
Usufructo, 483 a 485.

Armas, 346.

Arquitectos:
Arrendamiento de obra, 1591 a 1600.

Arras:
Compraventa, 1454.

Arrendamiento:
Clases, 1542.
Forma, 1280.
Prescripción de rentas, 1966.
Usufructo, 498.
(Véanse Desahucio y Tácita reconducción.)

Arrendamiento de cosas:
Bienes fungibles, 1545.
Concepto, 1543.

396

Arrendamiento de obra:
Acción directa, 1597.
Concepto, 1544.
Derecho de retención, 1600.
Desistimiento, 1594.
Entrega, 1592.
Muerte del contratista, 1595.
Objeto, 1588.
Pago del precio, 1599.
Responsabilidad, 1597 y 1907 a 1909.
Revisión de precios, 1593.
Riesgos, 1589 y 1590.
Ruina, 1591.

Arrendamiento de servicios:
Concepto, 1545.
Despido, 1586 y 1587.
Fuentes, 1585.
Presunción, 1584.

Arrendamiento rústico:
Alteración del objeto, 1557.
Capacidad, 1548.
Causas de desahucio, 1569.
Daños en la cosa, 1563 y 1564.
Duración, 1577.
Efectos en cuanto a terceros, 1549.
Elementos personales, 1546.
Falta de prueba del precio, 1547.
Fianza, 1567.
Lugar y tiempo del pago, 1574.
Mejoras, 1573.
Obligaciones del arrendador, 1554 y 1556.
Obligaciones del arrendatario, 1555, 1556 y 1559.
Pérdida de la cosa, 1568.
Perturbaciones de mero hecho, 1560.
Plazo superior a seis años, 1548.
Presunción, 1562.
Rebaja de la renta, 1575 y 1576.
Reparaciones, 1559.
Reparaciones urgentes, 1558.
Resolución por compra, 1571.
Retracto, 1572.
Riesgos, 1561.
Saneamiento, 1553.
Subarriendo, 1550 a 1552.
Tácita reconducción, 1566 y 1567.
Usufructo, 473 y 480.

397

Usurpación, 1559.
Vencimiento del término, 1565.

Arrendamiento urbano:
Alteración del objeto, 1557.
Capacidad, 1548.
Causas de desahucio, 1569.
Con instalaciones, 1582.
Daños en la cosa, 1563 y 1564.
Duración a falta de plazo, 1581.
Efectos en cuanto a tercero, 1549.
Elementos personales, 1546.
Falta de prueba del precio, 1547.
Fianza, 1567.
Lugar y tiempo del pago, 1574.
Mejoras, 1573.
Obligaciones del arrendador, 1554 y 1556.
Obligaciones del arrendatario, 1555, 1556 y 1559.
Perturbaciones de mero hecho, 1560.
Plazo superior a seis años, 1548.
Presunción, 1562.
Reparaciones, 1559 y 1580.
Reparaciones urgentes, 1558.
Resolución por compra, 1571.
Retracto, 1572.
Riesgos, 1561.
Saneamiento, 1553.
Tácita reconducción, 1566 y 1567.
Usufructo, 480.
Usurpación, 1559.
Vencimiento del término, 1565.

Arreos, 346.

Arroyos:
Accesión, 368.
Aguas, 407, 408 y 412.
Servidumbres, 554.

Ascendientes:
Alimentos, 143.
Colación, 1039.
Desheredación, 852 y 854.
Herederos forzosos, 807.
Inhabilidad para testificar, 1247.
Legítima, 809 y 810.

398

Orden de suceder, 931, 935, 937 y 938.
Representación del ausente, 184.
Reserva, 811.
Sustitución hereditaria, 775.
Tutela, 753.

Aseguramiento de bienes litigiosos, 1785.

Asistencia médica:
Alimentos, 142.
Colación, 1041.

Asociaciones:
Aceptación de la herencia, 993.
Capacidad, 37 y 38.
Capacidad para suceder, 745 y 746.
Domicilio, 41.
Extinción, 39.
Nacionalidad, 28.

Atentado:

Ausencia:
Consignación, 1176.
Declaración de fallecimiento, 193 a 197.
Defensor, 181.
Frutos, 186.
Muerte, 188.
Obligación de instarla, 182.
Partición de la herencia, 1052.
Presentación del ausente, 197.
Presunción de muerte, 34.
Registro Central de Ausentes, 198.
Representación, 184.
Requisitos, 183.
Rescisión por lesión, 1291 y 1299.
Separación de bienes, 189.
Sucesión, 191.
Suspensión de la patria potestad, 170.

Autodefensa:
Propiedad, 592.

Autografía:
Testamento cerrado, 706, 709 y 715.
Testamento ológrafo, 688.

399

Autonomía de la voluntad:
Capitulaciones matrimoniales, 1325 a 1328.
Contratos, 1255.
Pactos sobre evicción, 1475 a 1477.

Autores, 428 y 429.

Autoridad gubernativa:
Auxilio a los padres, 154.
Ruina, 389 y 390.

Autoridad judicial, 1178.

Autorización judicial:
Bienes de los hijos, 166.
Bienes gananciales, 1377 y 1389.
Rescisión por lesión, 1296.
Tutor, 271.

Averías:
Transporte, 1602 y 1603.

Avulsión:
Accesión, 368 y 369.

Ayuntamientos:
Capacidad para suceder, 746.
Participación en la sucesión del Estado, 956.

B
Balcones:

Bancos:
Depósito del usufructo, 494.

Barrancos:
Aguas, 407.

Beneficencia:
Capacidad, 38.
Pensiones, 788.
Sucesión del Estado, 956.

400

Beneficio de división:
Fianza, 1837 y 1844.

Beneficio de excusión:
Fianza, 1830 a 1834, 1836 y 1856.
Retracto convencional, 1512.

Beneficio de inventario:
A favor de sujetos a tutela, 992 y 996.
Acreedores del heredero, 1034.
Coherederos, 1067.
Costas, 1033.
Efectos, 1023.
En la sucesión del Estado, 957.
Extinción por confusión, 1192.
Forma, 1011 a 1013.
Medidas cautelares, 1020.
Pago, 1025 a 1032.
Pérdida, 1024.
Plazo para inventario, 1017 y 1018.
Procedimiento, 1014 a 1016.

Beneficio de plazo:

Bienes:
Clases, 333.
Según las personas, 338.

Bienes consumibles, 337.

Bienes de dominio público:
Enumeración, 339, 340 y 341.

Bienes de las provincias, 343.

Bienes de los hijos
(Véase Patria potestad.)

Bienes de propiedad privada, 345.

Bienes de uso público, 343 y 344.

Bienes del Municipio, 343.

Bienes del Patrimonio Real, 342.

401

Bienes fungibles, 337.
Como objeto del arrendamiento, 1545.

Bienes gananciales
(Véase Gananciales.)

Bienes indivisibles:
Comunidad, 404.

Bienes inmuebles:
Contenido, 346 y 347.
Donación, 633.
Enumeración, 334.
Normas indirectas, 10.
Posesión, 449 y 462.
Prescripción, 1957 a 1959 y 1963.
Registro de la Propiedad, 605 a 608.
Secuestro, 1786.
Seguro, 1791.
Venta, 974, 975, 1469 a 1473 y 1504.

Bienes muebles:
Accesión, 375 a 383.
Clasificación, 333 y 335 a 337.
Concepto, 335 y 336.
Contenido, 346 y 347.
Donación, 632.
Hallazgo, 615 a 617.
Interpretación, 346.
Inventario de los del ausente, 185.
Legado, 875.
Ocupación, 610 y 615 a 617.
Posesión, 449, 461 y 464.
Prenda, 1864.
Prescripción, 1955, 1956 y 1962.
Secuestro, 1786.
Seguro, 1791.
Tutela, 265.

Bienes no fungibles, 337.

Bienes privativos, 1346.

Boletín Oficial del Estado, 1-5 y 2-1.

402

Bolsas:
Posesión, 464.
Precio, 1448.

Buena fe:
Accesión, 360, 361, 365, 375, 382 y 383.
Compraventa, 1473.
Depósito, 1778.
En el ejercicio de los derechos, 7.
Mandato, 1738.
Matrimonio, 53, 61 y 64.
Obligaciones, 1107.
Pago de lo indebido, 1897.
Posesión, 433 a 436, 442, 451, 452, 454, 457 y 464.
Prescripción, 1940, 1951, 1955, 1957 y 1959.
Transmisión de créditos, 1529 y 1530.

Buenas costumbres:
Capitulaciones matrimoniales, 1328.
Contratos, 1271.
Institución condicional, 792.

Buques:
Ley aplicable, 10.
Matrimonio, 52.
Testamento, 722 a 732.

C

Caballerías, 346.

Cabeza de familia:

Cabida:
Compraventa, 1470 y 1471.

Cabildos eclesiásticos, 746 y 752.

Caducidad:
Concesión de aguas, 411.
Esponsales, 44.
Legado, 871.
Nulidad de matrimonio, 74 y 76.

403

Testamentos, 719, 730 y 743.
Tutela, 279.

Cajas de Ahorro:
Intereses, 1109.
Prenda, 1873.

Caídos, 346.

Calicatas, 426.

Calumnia:

Calles:
Bienes de uso público, 344.

Caminos, 334, 339 y 344.

Campaña:

Canales:
Bienes de dominio público, 339.

Canteras:
Usufructo, 476.

Cañada:
Servidumbre, 570.

Capacidad:
Albaceas, 893.
Arbitraje, 1820.
Del mayor de edad, 315.
Depósito, 1764, 1765 y 1773.
Derecho foral, 14.
En la compraventa, 1457.
Establecimientos de beneficencia, 38.
Establecimientos de instrucción, 38.
Iglesia Católica, 38.
Mandato, 1716.
Matrimonio, 44.
Para aceptar la herencia, 992.

404

Para adoptar, 175.
Para adquirir la posesión, 443.
Para arrendar, 1548.
Para confesar, 1231.
Para las donaciones por razón de matrimonio, 1338.
Para pagar, 1160.
Para pedir la partición, 1052 y 1053.
Para repudiar la herencia, 992.
Para suceder, 744 y 758.
Para testar, 662 a 666.
Para testificar, 1245.
Sociedad universal, 1677.
Transacción, 1810 a 1812.

Capacidad de obrar:
Restricciones, 282 y 286.

Capacidad jurídica:
Comienzo, 29 y 30.
Sociedad, 1669.

Capellanes:
Testamento militar, 716.

Capitanes:
Matrimonio en inminente peligro de muerte, 94.
Testamento marítimo, 722 a 731.

Capitulaciones matrimoniales:
Constancia en el Registro Civil, 1333.
De futuro matrimonio, 1334.
De incapacitados, 1330.
De menor no emancipado, 1329.
Donaciones por razón de matrimonio, 1336 a 1343.
Forma, 1327.
Invalidez, 1335.
Modificaciones, 1331.
Nulidad, 1328.
Tiempo, 1326.

Carga de la prueba, 33, 850, 851, 1214, 1249 y 1250.

Cargas:
De la herencia, 780, 788, 818, 867, 1003, 1021, 1023, 1086 y
1534.

405

De la posesión, 452.
Del matrimonio, 1318, 1362 a 1374 y 1438.
Del uso, 527.
Del usufructo, 504 y 505.
En la enfiteusis, 1634.
En la sociedad de gananciales, 1362 a 1374.

Carreras profesionales o artísticas, 1042.

Carta de naturaleza, 21.

Casas de préstamos, 1873.

Caso fortuito:
Censo, 1575.
Comodato, 1744 y 1745.
Depósito, 1777 y 1784.
Obligaciones, 1105 y 1182 a 1186.
Posesión, 457.
Transporte, 1602.

Castigo:
Patria potestad, 154.
Tutela, 268.

Cauces:
Aguas de dominio privado, 408.
Aguas de dominio público, 407.
Mutación, 370 y 372.
Servidumbre de parada o partidor, 562.

Caución juratoria, 495.

Causa:
Efectos de la nulidad, 1305.
En el testamento, 767.
En los contratos, 1261 y 1274 a 1277.
En los contratos gratuitos, 1274.
En los contratos onerosos, 1274.
Falsa, 1276.
Ilícita, 1275.

406

Nulidad, 1306.
Presunción, 1277.
Simulada, 1276.

Caza y pesca:
Adquisición, 610 y 611.
Fuentes, 611.

Cédulas hipotecarias:
Bienes muebles, 336.

Cédulas testamentarias, 524.

Censo:
Acción personal, 1623.
Acción real, 1623.
Anticipación de la pensión, 1609.
Aviso, 1609.
Canon en especie, 1613.
Capitalización, 1611.
Concepto, 1604.
Derecho transitorio, 1611.
Determinación del canon, 1613.
División, 1618 y 1619.
Expropiación forzosa, 1627.
Gastos de la redención, 1621.
Lugar de pago del canon, 1615.
Naturaleza, 1608.
Pago de contribuciones e impuestos, 1622.
Pérdida o esterilidad, 1624 a 1626.
Prescripción del capital y de las pensiones, 1620.
Presunción de pago, 1621.
Redención parcial, 1610.
Redención sin estar al corriente en el pago, 1610.
Resguardo de haber hecho el pago, 1616.
Servidumbres, 596.
Tiempo de pago del canon, 1614.
Transmisión del objeto y de la pensión, 1617.

Censo a primeras cepas, 1656.

Censo consignativo, 1657 a 1660.
Concepto, 1606.
Pensión en frutos, 1657.
Redención, 1608 a 1611, 1658 y 1659.

407

Censo enfitéutico, 1628 a 1654.
Bienes sobre los que puede establecerse, 1628.
Canon de parte alícuota, 1630 a 1634.
Comiso, 1648 a 1650 y 1652.
Concepto, 1605.
Derecho de disposición, 1633 a 1642.
Donación o permuta, 1635.
Evicción, 1643.
Fijación del canon, 1629 y 1630.
Forma, 1622 y 1628.
Laudemio, 1631, 1644 a 1646.
Mejoras, 1652.
Reconocimiento del enfiteuta, 1647.
Redención, 1608, 1611, 1650 y 1651.
Resarcimiento, 1652.
Retracto, 1638, 1639, 1641 y 1642.
Subenfiteusis, 1654.
Tanteo, 1636, 1637, 1639 y 1641.
Tesoro y minas, 1632.

Censo reservativo, 1661 a 1664.
Concepto, 1607.
Constitución, 1661 y 1663.
Redención, 1662 y 1664.

Centros docentes:
Responsabilidad, 1903 y 1904.

Cercas, 388 y 572.

Cesión de bienes:
Pago, 1175.

Cesión de créditos:
Compensación, 1198.
Novación, 1209 a 1213.

Cesión de derechos y acciones:
Créditos litigiosos, 1535 y 1536.
De la totalidad de derechos, rentas o productos, 1523.
Efectos con respecto a terceros, 1526.
Notificación al deudor, 1527.
Saneamiento, 1529 y 1532.
Solvencia del deudor, 1530.
Transmisión de las acciones, 1528.
Venta de la herencia, 1531.

408

Cesión de herencia:
Forma, 1280.

Cheque:
Pago, 1170.

Chimeneas, 590.

Ciegos:
Incapacidad para testar, 708.
Incapacidad para testificar, 681 y 1246.
Lectura de su testamento, 698.

Cierre de fincas rústicas:
Comunidad de pastos, 602.
Facultad del propietario, 602.

Cláusula derogatoria:
Del Código, 1976.
De los testamentos, 737.

Cláusula penal:
Obligaciones, 1152 a 1155.

Cláusulas ad cautelam:
Revocación del testamento, 737.

Cloacas:
Limitaciones, 590.

Coacción:
Contratos, 1265, 1267, 1268 y 1301.
Matrimonio nulo, 73 y 76.
Testamento, 673, 674 y 756.

Cobro de lo indebido, 1895 a 1901.
Caso fortuito, 1896.

Código Civil:
Ámbito territorial, 8 y 13.
Como supletorio del Derecho foral, 13.

409

Derogación del Derecho civil común, 1976.
Leyes especiales, 4.
Reforma, D. A. 1.ª a 3.ª

Código Penal:
Obligaciones, 1092.

Cofiadores, 1837 y 1844.

Coherederos:
Colación, 1038 y 1047 a 1050.
Derecho de acrecer, 981 a 987.
Partición, 1051 a 1087.

Colación de la herencia:
Alimentos, 1041.
Bienes colacionables, 1035, 1037, 1039 y 1044.
Bienes no colacionables, 1039 a 1042.
Casos en que se da la misma, 1035, 1037 y 1038.
Derecho de representación, 1038.
Deudas, 1043.
Dote o donación, 1046.
Efectos, 1040, 1045 a 1048 y 1050.
Instrucción, 1041 y 1042.
Intereses, 1049.
Frutos, 1049.
Regalos de boda, 1044.
Renuncia o transacción sobre la legítima, 816.
Repudiación de la herencia, 1036.
Sociedad de gananciales, 1410.

Colaterales:
Prohibición de contraer matrimonio, 47.
Sucesión de los, 946 a 955.

Colecciones artísticas y científicas, 346.

Colindantes:
Deslinde y amojonamiento, 384.
Retracto de, 1523 y 1524.

Colmenas:
Adquisición por ocupación, 612.

Comandante de buque:
Testamento marítimo, 722 a 731.

410

Comerciantes:

Comisario:
Contador-partidor, 1057.

Comisión General de Codificación, D. A. 1.ª y 3.ª

Comiso:
Censo enfitéutico, 1648 a 1650 y 1652.
Código Penal, 1305.
Comodato, 1740 a 1752.
Concepto, 1740.
Gastos de conservación, 1751.
Obligaciones del comodante, 1749 a 1752.
Obligaciones del comodatario, 1743 a 1784.
Precario, 1750.
Responsabilidad del comodante, 1752.
Responsabilidad solidaria, 1748.
Restitución, 1749 y 1750.
Uso y conservación, 1743 y 1746.
Vicios, 1752.

Compensación, 1195 a 1202.
Alimentos, 151 y 1200.
Cesión de créditos, 1198.
Comodato, 1200.
Efectos, 1202.
En diferentes lugares, 1199.
En el depósito, 1200.
Fianza, 1197.
Imputación de pagos, 1201.
Obligaciones solidarias, 1143.
Requisitos, 1195 y 1196.
Usufructo, 488.

Competencia territorial:
Fianza, 1828.

Cómplices:
Concepto, 1895.
Mala fe, 1896.
Mejoras, 1898.
Presunción de error, 1901.
Prueba, 1900 y 1901.

411

Repetición, 1899.

A calidad de ensayo, 1453.
Acción redhibitoria, 1484 a 1499
A distintas personas, 1473.
A prueba, 1453.
Arras, 1454.
Capacidad, 1457.
Cesión de derechos y acciones, 1526 a 1536.
Con pacto de retro, 1507 a 1520.
Con precio alzado, 1471.
Concepto, 1445.
Concepto de la evicción, 1475.
De animales con enfermedad contagiosa, 1494.
De bienes de menores, 164, 323 y 324.
De bienes de sujetos a tutela, 221.
De créditos litigiosos, 1535 y 1536.
De inmuebles o derechos reales, 1537.
De la cosa depositada, 1778.
De la herencia, 1067, 1531 y 1534.
Efectos de la evicción, 1477 a 1479.
Efectos del impago, 1504 y 1505.
Elementos, 1445.
Entre cónyuges, 1458.
Excepción a la obligación de entrega, 1466 y 1467.
Ferias, 1493.
Gastos, 1455.
Gastos de la entrega, 1465.
Insolvencia, 1467.
Intereses, 1501.
Intervención forzosa, 1481 y 1482.
Mandato, 1713.
Objeto de la entrega, 1468 y 1469.
Objeto de mayor cabida, 1470 a 1472.
Objeto de menor cabida, 1469, 1471 y 1472.
Objeto de peor calidad, 1469.
Obligaciones del comprador, 1500 a 1505.
Obligaciones del vendedor, 1461 a 1499.
Pactos sobre evicción, 1475 a 1477.
Perfección, 1450.
Permuta, 1446.
Precio aplazado, 1467.
Precio cierto, 1447 y 1448.
Prohibiciones a Abogados y Procuradores, 1459.
Prohibiciones a los albaceas, 1459.

412

Prohibiciones a los funcionarios públicos, 1459.
Prohibiciones a los Magistrados, Jueces, Ministerio Fiscal, Se-
cretarios, Oficiales y Peritos, 1459.
Prohibiciones a los mandatarios, 1459.
Prohibiciones a los tutores y protutores, 1459.
Promesa, 1451.
Rescisión, 1469, 1470, 1472 y 1483.
Retracto convencional, 1507 a 1520.
Retracto legal, 1521 a 1525.
Riesgos, 1452.
Saneamiento, 1474 a 1499.
Saneamiento por evicción, 1475 a 1483.
Saneamiento por vicios ocultos, 1484 a 1499.
Señalamiento del precio, 1449.
Subasta, 1489 y 1493.
Suspensión de pago del precio, 1502.
Tiempo y lugar de pago, 1500.
Tradición, 1461 a 1465.
Vicios ocultos de los animales, 1491 y 1493 a 1499.

Compromiso, 1820 y 1821.
Mandato, 1713.
Tutela, 271.

Cómputo:
Ausencia, 193.
Del tiempo, 5.
Mayoría de edad, 315.
Parentesco, 915 a 923.
Vigencia de las Leyes, 2.

Comunidad:
Acuerdo de la mayoría, 398.
Administración, 398.
Alteraciones en la cosa, 397.
Beneficios y cargas, 393.
Censos, 1618 y 1619.
Concepto, 392.
Cuotas, 393.
Derechos, 394, 395 y 399.
División, 400 a 406.
Fuentes, 392.
Imprescriptibilidad, 1965.
Pactos de indivisión, 400.
Posesión, 450.
Prescripción adquisitiva, 1933.
Propiedad horizontal, 396.
Renuncia, 395.

413

Retracto, 1552.
Sociedad de pactos secretos, 1669.
Usufructo, 469.

Comunidad de pastos, 600 a 603.

Comunidad hereditaria
(Véase Partición de la herencia.)

Concebido y no nacido:
Derechos, 29.
Donaciones, 627.

Concesiones administrativas:
Aguas, 409.

Conciliación
(Véase Acto de conciliación.)

Concordato, 38.

Concurrencia y prelación de créditos, 1911 a 1929.

Concurso de acreedores:
Clasificación de créditos, 1921 a 1925.
Convenio de quita o espera, 1912 y 1917 a 1919.
Créditos no realizados después del concurso, 1920.
Efectos, 1914 a 1916.
Fianza, 1843 y 1844.
Gastos, 1924.

Condena penal:
Causa de divorcio, 86.
Causa de separación, 82.
Desheredación, 853.
Nacionalidad, 24.
Privación de la patria potestad, 111 y 170.

Condición de las personas:

Condiciones
(Véanse Heredero condicional y Obligaciones condicionales.)

414

Condiciones resolutorias:
Obligaciones recíprocas, 1124.

Condonación, 1187 a 1191.
Clases, 1187.
Fianza, 1850.
Forma, 1280.
Obligación principal, 1190.
Obligaciones solidarias, 1143 y 1146.
Prenda, 1191.
Presunción, 1188, 1189 y 1191.

Conejos, 613.

Confesión:
Capacidad, 1231.
Clases, 1231.
Error, 1234.
Extrajudicial, 1239.
Ficta confessio, 1226.
Forma, 1235.
Hechos personales, 1231.
Indivisibilidad, 1233.
Juramento decisorio, 1236 a 1238.
Prueba procesal, 1232.

Confesores:

Confirmación de los contratos nulos:
Clases, 1311.
De los contratos, 1309 a 1313.
Efectos, 1313.

Conflictos de Leyes, 16.
(Véanse Derecho internacional privado y Derecho foral.)

Confusión de derechos, 1192 a 1194.
Aceptación a beneficio de inventario, 1192.
Fianza, 1193 y 1848.
Obligaciones mancomunadas, 1194.

Conmixtión:

415

Conmoriencia:
Presunción, 33.

Consanguinidad
(Véase Parentesco.)

Consentimiento:
Concepto, 1262.
Dolo, 1265, 1269 y 1270.
En la administración del matrimonio, 1320, 1322, 1367, 1376
y 1377.
En la adopción, 177.
En los contratos, 1254 y 1261 a 1270.
Error, 1265 y 1266.
Para celebrar matrimonio, 45, 57 y 59.
Vicios de consentimiento, 1265 a 1270.
Violencia e intimidación, 1267 y 1268.

Consignación, 1176 a 1181.

Construcciones:
Demolición, 389.
Prohibiciones, 569 y 590.

Cónsules:
Competencia en materia de adopción, 9.
Derecho internacional privado, 8 a 11.
Matrimonio, 51.
Contador-partidor, 1057.

Contadores de buques de guerra, 722 y 723.

Contratistas
(Véase Arrendamiento de obra.)

Contratos:
Aceptación, 1262.
Alimentos, 153.
Autonomía de la voluntad, 1255.
Causa, 1274 a 1277.
Cláusulas dudosas, 1283 a 1285.
Con causa falsa, 1276.
Con causa ilícita, 1275.
Confirmación, 1309 a 1313.
Consentimiento, 1262 a 1270.

416

Cosas fuera del comercio, 1271.
Cosas futuras, 1271.
Cumplimiento, 1256.
Disposiciones generales, 1254 a 1260.
Dolo, 1269 y 1270.
Efectos, 1257.
Enunciaciones incompletas, 1287.
Error, 1266.
Exigencia de la forma, 1279.
Forma, 1278 a 1280.
Fuerza obligatoria, 1258.
Incapacidad, 1263 y 1264.
Interpretación, 1281 a 1289.
Juramento, 1260.
Libertad de forma, 1278.
Límites personales, 1257.
Lugar de celebración, 1262.
Mejora, 825 y 827.
Modos de adquirir, 609.
Nacimiento, 1254.
Nulidad, 1289 y 1300 a 1314.
Objeto, 1271 a 1273.
Oferta, 1262.
Perfección, 1258.
Presunción de la existencia de la causa, 1277.
Requisitos, 1261.
Rescisión, 1290 a 1299.
Sin causa, 1275.
Sobre cosas litigiosas, 1291.
Términos claros, 1281.
Términos impropios, 1281 a 1283.
Vicios de consentimiento, 1265 a 1270.
Violencia o intimidación, 1267 y 1268.
(Véanse Arrendamiento, Compraventa, Fianza, etc.)

Contratos aleatorios:
Concepto, 1790.
(Véanse Juegos y apuestas y Renta vitalicia.)

Contrato de alimentos, 1791 a 1797.

Contratos de obra

Contratos de servicios públicos:

417

Contratos en favor de terceros, 1257.

Contratos gratuitos:
Causa, 1274.

Contratos onerosos:
Causa, 1274.

Contratos remuneratorios:
Causa, 1274.

Contratos simulados, 1276.

Contratos sobre bienes con ocasión de matrimonio
(Véase Capitulaciones matrimoniales.)

Contribuciones:
Censos, 1622.
Concurrencia y prelación de créditos, 1923 y 1924.
Uso, 527.

Convalidación:
Nulidad, 1208.

Convivencia conyugal:
Cese (divorcio), 86.
Deber, 68.
Presunción, 69 y 105.

Cónyuge:
Derechos y deberes, 66 a 71.
Régimen de participación, 1411 a 1434.
Separación de bienes, 1435 a 1444.

Cónyuge viudo:
Preterición, 814.
Sucesión, 807, 809, 834, 835, 837 y 943 a 945.
Sustitución de usufructo por renta vitalicia, 839.

Copias de documentos, 1220 y 1221.

418

Copropiedad
(Véase Comunidad.)

Cordel:
Servidumbre de paso, 570.

Corporaciones:
Aceptación de herencia, 993.
Capacidad, 37 y 38.
Capacidad para suceder, 745 y 746.
Domicilio, 41.
Nacionalidad, 28.
Personalidad, 35 a 39.
Transacción, 1812.
Usufructo, 515.

Corrales, 572 y 588.

Corrección
(Véase Castigo.)

Corrupción:

Cosa abandonada, 610.

Cosa accesoria, 376, 377 y 379.

Cosa ajena:
Legado, 861 y 862.
Permuta, 1539.

Cosa consumible:
Usufructo, 482.

Cosa determinada, 1273.

Cosa fuera del comercio, 1271.
Legado, 865.

Cosa futura, 1271.

Cosa hurtada o robada:

419

Cosa imposible:
Objeto del contrato, 1272.

Cosa indeterminada, 1273.

Cosa juzgada, 1251 y 1252.
Transacción, 1816.

Cosa litigiosa, 1291.

Cosa perdida, 615 y 616.

Cosa principal:
Accesión, 375 a 377 y 379.

Cosas
(Véase Bienes.)

Costas:
En el pago, 1168.
Evicción, 1478.
Usufructo, 512.

Costumbre:
Arrendamiento, 1574 y 1578 a 1580.
Arrendamiento de obra, 1599.
Como fuente del Derecho, 1.
Comodato, 1750.
Compraventa, 1520.
Construcciones, 590.
Contra Ley, 1.
Interpretación de los contratos, 1287.
Plantaciones, 591.
Servidumbre, 570 y 587.
Sociedad, 1695.

Cotejo:
Documentos, 1220.

Créditos:
Cesión, 1526 a 1537.
Clasificación, 1921 a 1929.
En la condonación, 1188 y 1190.
En las obligaciones mancomunadas y solidarias, 1138.

420

En régimen de gananciales, 1348, 1385 y 1405.
En régimen de participación, 1426.
Hereditarios, 1072.
Legado de, 870.
Litigiosos, 1535 a 1536.
Usufructo, 507.

Criaderos:

Criados
(Véase Arrendamiento de servicios.)

Crías:
Frutas naturales, 355 y 357.

Criaturas abortivas:

Cuantía:

Cuartel general:

Cuasi contratos:
Cobro de lo indebido, 1895 a 1901.
Concepto, 1887.
Fuentes de las obligaciones, 1089.
Gestión de negocios ajenos, 1888 a 1894.

Cuentas:
Administración de la herencia, 1032.
Tutela, 279 a 285.

Cuerpos ciertos:

Culpa:
Censos, 1625.
Como fuente de las obligaciones, 1089 y 1093.
Concepto, 1104.
Extracontractual, 1902 a 1910.
Nulidad de los contratos, 1306.

421

Obligaciones alternativas, 1135 y 1136.

Cultivo:
Clasificación de créditos, 1922.
Frutos, 355.
Posesión, 452.
Prelación de créditos, 1926.

Cura párroco:
Testamento a favor de los pobres, 749.

Curador
(Véase Curatela.)

Curatela, 215 a 221 y 286 a 298.
Actos realizados sin intervención de curador, 293.
Daños y perjuicios en el ejercicio de cargos tutelares, 220.
De incapacitados, 287, 289 y 290.
Deber, 216.
Disposiciones generales, 286 a 293.
Excusa de los cargos tutelares, 217 y 291.
Inhabilidad para el cargo de curador, 291.
Inscripción de resoluciones sobre cargos tutelares, 218 y 219.
Nombramiento de curador, 291 y 292.
Objeto, 288 a 290.
Personas sujetas, 286 y 287.
Prodigalidad, 294 a 298.
Prohibiciones en el desempeño de cargos tutelares, 221.
Remoción del curador, 291.
Resoluciones sobre los cargos tutelares, 218.

Curiales:

D

Dación en pago:
Efectos, 1175.
Retracto, 1521.

Daño emergente, 1106.

422

Daños y perjuicios:
Accesión, 360, 379, 382 y 383.
Arrendamiento, 1556, 1559, 1571, 1591 y 1594.
Beneficio de inventario, 1031.
Censos, 1625.
Depósito, 1767, 1769, 1779 y 1784.
Dolo, 1270.
Enjambre, 612.
Evicción y saneamiento, 1478, 1486, 1488 y 1489.
Fianza, 1838.
Mandato, 1718 y 1729.
Obligaciones, 1101 a 1109 y 1124.
Obligaciones alternativas, 1135.
Obligaciones con cláusula penal, 1152.
Obligaciones indivisibles, 1150.
Obligaciones mancomunadas y solidarias, 1147.
Obligaciones por culpa o negligencia, 1902 a 1910.
Partición de herencia, 1063 y 1077.
Permuta, 1540.
Rescisión contractual, 1295 y 1298.
Segundas nupcias, 978.
Sociedad, 1686.
Testamento abierto, 705.
Testamento cerrado, 712 y 715.
Tutela, 220 y 228.

Deberes:
De los esposos, 66 a 71.
De los hijos, 155.
De los padres, 110 y 154.

Declaración de fallecimiento
(Véase Ausencia.)

Defectos ocultos:

Defensa de la posesión
(Véase Posesión.)

Defensor judicial:
Atribuciones, 302.
Causas de inhabilidad, 301.
De los hijos, 163.
Del ausente, 181.

423

Del menor, 1060.
Excusas, 301.
Nombramiento, 300.
Remoción, 301.
Supuestos, 299.

Delito:
Deudas, 1185.
Divorcio, 86.
Fuentes de las obligaciones, 1089, 1092 y 1093.
Impedimentos, 47.
Indignidad para suceder, 756 a 758.
Inhabilitación para la tutela, 243.
Nulidad de los contratos, 1305 y 1306.
Revocación de donaciones, 648.
Separación, 82.
Testigos en los testamentos, 681.

Demanda:
De divorcio, 102.
De separación, 81 y 102.
Evicción, 1482.
Promesa de matrimonio, 42.
Tutela, 272.

Demencia:
Capacidad de testar, 663 y 664 a 666.
Contratos, 1263.
Incapacidad, 200.
Testigos, 681 y 1246.
Tutela, 222 a 285.

Demolición:
Ruina, 389.

Dependientes:

Depósito, 1758 a 1789.
Capacidad, 1764, 1765 y 1773.
Clases por su causa, 1759.

424

Concepto general, 1758.
De dinero, 1770.
Devolución, 1774 a 1776.
Guarda y custodia, 1766.
Irregular, 1768.
Necesario, 1781 a 1784.
Obligaciones del depositante, 1779 y 1780.
Obligaciones del depositario, 1766 a 1778.
Ordinario, 1760 a 1780.
Presunciones, 1768 y 1769.
Uso de la cosa, 1767 y 1768.
Venta por los herederos, 1718.

Depósito de aguas:
Construcción, 416.

Depósito judicial, 1785 a 1789.

Depósito necesario:
Fuentes, 1782.
Viajeros, 1783 y 1784.

Depósitos de materias corrosivas:
Distancias, 590.

Derecho a opción:
Accesión, 361, 379 y 383.
Alimentos, 149.
Legados, 875 y 876.
Rescisión de la partición, 1077.
Resolución de las obligaciones, 1124.

Ausencia, 191.
Concepto, 981.
Designación, 983.
Donaciones, 637.
Efectos, 984 y 986.
Heredero condicional, 802 y 803.
Heredero forzoso, 985.
Legatarios, 987.
Usufructuarios, 987.

Derecho de deliberar, 1010, 1014, 1016, 1019 y 1022.

425

Derecho de habitación, 523 a 529.
Derecho de representación:
Colación, 1038.
Concepto, 924.
Efectos, 926.
En línea recta descendente, 923 y 934.
Parientes entre los que procede, 925.
Renuncia a la herencia, 928.
Repudiación, 923.

Derecho de retención:
Comodato, 1747.
Depósito, 1780.
Mandato, 1730.
Posesión, 453.
Prenda, 1866.

Derecho de retracto
(Véase Retracto.)

Derecho de superficie, 1655.
Redención, 1611.

Derecho de tanteo
(Véase Tanteo.)

Derecho de uso
(Véase Uso y habitación.)

Derecho foral, 13.
Adquisición de vecindad, 14.
Conflictos, 16.
Matrimonio, 14.

Derecho internacional privado:
Aceptación a beneficio de inventario, 1012.
Bienes muebles e inmuebles, 11.
Conflictos, 12.
Contratos y testamentos, 11.
Derechos de los extranjeros, 27.
Derechos reales y obligaciones, 10.
Derechos y deberes de familia, estado, condición y capacidad
de las personas, 9.

426

Leyes penales, de policía y seguridad, 8.
Matrimonio, 107.
Nacionalidad (véase Nacionalidad).
Orden público, 12.
Sucesiones, 11.
Testamento en lengua extranjera, 684.
Testamento hecho en país extranjero, 732 a 736.

Derecho interregional
(Véase Derecho foral.)

Derecho supletorio, 13.

Derecho transitorio, D. T. 1.ª a 13.
Actos y contratos, D. T. 2.ª
Adopción, D. T. 11.
Analogía, D. T. 13.
Censos, 1608 y 1611.
Consejo de familia, D. T. 10.
Curatela, D. T. 7.ª a 10.
Derechos declarados por primera vez, D. T. 1.ª
Ejercicio de derechos, D. T. 4.ª
Emancipación, D. T. 4.ª, 5.ª y 11.
Herencia, D. T. 12.
Irretroactividad de la Ley, 2.
Laudemio, 1644.
Legado, D. T. 12.
Legítimas, D. T. 12.
Mejoras, D. T. 12.
Testamentos, D. T. 2.ª
Testamentos prohibidos por el Código, D. T. 2.ª
Tutela, D. T. 7.ª a 10.

Derechos:
Renuncia, 6.

Derechos de autor, 428 y 429.

Derechos de la personalidad:
Transacción, 1814.

Derechos incorporales, 1526 a 1537.

Derechos reales:
Aportación a sociedades civiles, 1667.
Forma, 1280.

427

Hipoteca, 1874.
Prescripción, 1930 y 1940 a 1960.

Derogación:
De la Ley, 2.
Del Derecho civil común, 1976.

Desagüe:
Servidumbre, 588.

Desahucio:
Retracto, 1572.

Desaparecidos:
Ausencia, 182 y 193.

Descansadero, 570.

Descendientes:
Donaciones, 644 y 646.
Impedimentos, 84 y 85.
Legítima, 807.
Legitimación, 119.
Mejora, 803, 823 y 834.
Preterición, 814.
Reservas, 811, 968 y 980.
Sucesión intestada, 931 y 933 a 935.
Testamento, prohibición de contraer matrimonio, 793.
Testifical, 1247.
Tutela, 234 y 753.

Descubridor:
Tesoro oculto, 351 y 614.

Alimentos, 152.
Anulabilidad de la institución, 851.
Carga de la prueba, 850 y 851.
Causas, 852 y 855.

428

Efectos, 152 y 857.
Expresión de la causa, 848, 849 y 851.
Reconciliación, 854 y 856.
Reserva, 973.
Testamento, 849.

Designación por partes:
Derecho de acrecer, 983.

Desistimiento:
Depósito, 1776.
Mandato, 1732.
Promesa de matrimonio, 42 y 43.
Sociedad, 1700 y 1705 a 1707.
Deslinde, 384 a 387.

Deslinde:
Facultad inherente a la propiedad, 384.
Imprescriptibilidad de la acción, 1965.
Mediante árboles, 593.
Modos de ejercicio, 385 a 387.

Despido:
Arrendamiento de servicios, 1586 y 1587.

Destacamento militar:

Deterioros:
Arrendamiento, 1563 y 1564.
Colación, 1045.
Legado, 882.
Obligaciones de dar, 1122 y 1123.
Posesión, 457.
Prenda, 1867.
Usufructo, 481.

Deudas:
Asunción de, 1205 y 1206.
Beneficio de inventario, 1023 a 1034.
Colación, 1043.
Compensación de, 1156 y 1195 a 1202.
Concurso de acreedores, 1915 a 1920.
Condonación de, 1156 y 1187 a 1191.
Fianza, 1825.

429

Gananciales, 1398 a 1403.
Hereditarias, 1082 a 1087.
Legados, 870 y 891.
Legítima, 818.
Sociedad, 1698.
Tutela, 244.
Usufructo, 506, 509 y 510.

Día:
Cierto, 1125.
Cómputo, 5 y 1130.
Institución de heredero, 805.
Legado, 805.

Diario de navegación:
Testamento marítimo, 724 y 729.

Diligencia de un buen padre de familia:
Culpa o negligencia, 1903.
Obligaciones, 1094 y 1104.
Tutela, 270.
Usufructo, 497.

Dinero:
Compraventa, 1445.
Depósito, 1770.
Interés legal, 1108.
Interpretación de bienes muebles, 346.
Legado, 886.
Pago, 1108, 1160 y 1170.
Pensiones censales, 1613 y 1656.

Diplomáticos:
Domicilio, 40.
Nacionalidad, 17.

Diputaciones Provinciales:

Diques:

Directores:

430

Disolución:
Consejo de familia, 313.
Matrimonio, 85.

Dispensa:
Impedimentos para contraer matrimonio, 48.

Distancias:
Obras, 589 y 590.
Plantación de árboles, 591.

División:
Bienes del menor sujeto a tutela, 271.
Censos, 1618.
De la cosa común, 400 a 406.
De la herencia, 966, 967 y 1051 a 1067.
Imprescriptibilidad de la acción, 1965.
Obligaciones, 1149.

Divorcio:
Acción: extinción, 88.
Alimentos, 93.
Cargas familiares, 93.
Causas, 86.
Convenio regulador, 90.
Demanda, 81.
Derecho a pensión, 97 y 99 a 101.
Disolución del matrimonio, 85.
Hijos menores, 94.
Indemnización, 98.
Medidas judiciales, 91 a 94.
Medidas provisionales, 102 a 106.
Obligaciones para con los hijos, 92.
Reconciliación, 84.
Sentencia, 89, 91, 95 y 107.
Vivienda familiar, 96.

Doble nacionalidad, 9.

Doble vínculo:
Concepto, 920.
Efectos en la sucesión, 921, 947, 949 y 954.

Documento privado:
Alcance, 1228 y 1229.
Documentos reconocidos, 1225.

431

Prueba de la fecha, 1227.
Que alteren escrituras públicas, 1230.
Reconocimiento, 1226.

Documento público, 1216 a 1224.
Concepto, 1216.
Copias, 1220.
Copias de copias. 1221.
Documentos notariales, 1217.
Efectos en cuanto a terceros, 1219.
Escrituras defectuosas, 1223.
Falta de originales, 1221.
Filiación no matrimonial, 120.
Novación, 1224.
Prueba procesal, 1218.

Documentos:
Forma, 1280.
Prueba de filiación, 112.
Reconocimiento de hijos no matrimoniales, 120.

Dolo:
Concepto, 1269.
Contratos, 1265, 1269, 1270, 1301, 1302 y 1314.
Exoneración de la responsabilidad, 1102.
Incidental, 1270.
Incumplimiento de las obligaciones, 1101, 1102 y 1107.
Mandato, 1726.
Nulidad, 1270.
Nulidad de su renuncia, 1102.
Testamentos, 673 y 674.
Transacción, 1817.
Vicios de consentimiento, 1265.

Domicilio:
Ausencia, 181.
Diplomáticos, 40.
Matrimonio, 70.
Nacionalidad de las personas jurídicas, 28.
Personas naturales, 40.
Testigos en los testamentos, 681 y 734.

Dominio:
Adquisición, 447.
Anotación, 605 a 608.
De las aguas, 407 y 408.

432

Directo y útil, 596, 1604 y 1605.
Extensión, 350.
Inscripción, 605 a 608.
(Véase Propiedad.)

Donaciones:
A concebidos y no nacidos, 627.
Acción revocatoria, 644 a 654.
Aceptación, 629 a 631 y 633.
Colación, 1045 y 1046.
Bienes inmuebles, 347 y 633.
Bienes muebles, 347 y 632.
Capacidad para aceptarlas, 625.
Capacidad para realizarlas, 624.
Concepto, 618.
De bienes futuros, 635.
En fraude de acreedores, 643.
Evicción, 638.
Forma, 632, 633 y 663.
Inoficiosas, 636, 654 y 1187.
Inter vivos, 621.
Legítima, 819.
Mejora, 825.
Modos de adquirir la propiedad, 609.
Mortis causa, 620.
Perfección, 623.
Reducción, 654 a 656.
Remuneratorias, 619 y 622.
Representación, 630 y 631.
Reversión, 641.
Reversión de la legítima, 812.
Revocación, 644 a 653.
Saneamiento, 638.
Singular, 634.
Sujetas a reserva, 968.
Universal, 634.
Usufructo, 640.
(Véanse Colación de la herencia y Condonación.)

Donaciones por razón del matrimonio:
Aceptación, 1338.
Capacidad, 1338.
Concepto, 1336.
De menores, 1338.
Entre futuros esposos, 1341.
Límites, 1341.

433

Propiedad, 1339.
Régimen, 1337.
Revocación, 1343.
Saneamiento, 1340.

Dueño:

Dueño directo
(Véase Censos.)

E

Edad:
En la adopción, 175.
Para el matrimonio, 46 y 48.
Para el testamento, 663.
(Véanse Mayoría de edad y Menores de edad.)

Edificaciones:
Inmuebles, 334.
Limitaciones, 589.
Ruinosas, 389 a 391.
Servidumbre de acueducto, 559.
Servidumbre de luces y vistas, 584.
Servidumbre de medianería, 573.
Servidumbres de desagüe, 586.
Usufructo, 517.

Educación e instrucción:
Alimentos, 142.
Colación, 1041 y 1042.
Gananciales, 1362.
Hijos, 143, 154 y 165.
Legado, 879 y 887.
Tutela, 269.

Efectos civiles:
Matrimonio, 60 y 61.
Nulidad de matrimonio, 80.

Efectos de comercio, 346.

434

Efectos públicos:
Reivindicación, 464.

Eficacia:

Ejecución de sentencia:
Ejercicio de los derechos, 7.

Ejército:

Emanaciones:

Emancipación:
Adquisición de la nacionalidad, 19.
Capacidad, 323.
Clases, 314.
Derecho transitorio, D. T. 4.ª, 5.ª y 11.
Extinción de la patria potestad, 169.
Mandato, 1716.
Por concesión, 314 y 316.
Por matrimonio, 316.
Por mayoría de edad, 315.

Embargo:
Bienes litigiosos, 1785 a 1789.
Pago, 1165.
Remanente de la herencia, 1034.
Renta vitalicia, 1807.
Usufructo, 509.

Empleados públicos:
Limitaciones en la compraventa, 1459.

Empresa:

Enajenación forzosa, 1456.

Enajenaciones:
Albaceas, 903.

435

Comunidad, 399.
Emancipación, 323.
Enfiteusis, 1637 y 1639.
Gananciales, 1377 y 1378.
Prenda, 1872.
Reserva, 974 a 976.
Tutela, 271.

Encubridores:

Enfermedad:
Colación, 1041.
Tutelado, 271.
Enfiteusis
(Véase Censo enfitéutico.)

Enjambre:
Ocupación, 487.

Enmiendas:

Ensayo o prueba:
Compraventa, 1453.

Enseñanza:
Alimentos, 142.
Del sujeto a tutela, 269.
Entidades públicas:
Acogimiento de menores, 173 y 174.
Guarda de menores, 172 y 174.
Epidemia:

Equidad:
En la aplicación de las normas, 3.

436

Equipo ordinario:
Colación, 1041.

Error:
Acción, 1301.
Confesión, 1234.
De derecho, 6.
Pago, 1901.
Transacción, 1817.
Vicios del consentimiento, 1265 y 1266.

Escaleras:

Escoriales:

Escribanos:

Escritos:
Accesión, 377.

Escritura pública:
Actos que deben constar, 1280.
Capitulaciones, 1280, 1327 y 1332.
Compraventa, 1455.
Donaciones de inmuebles, 633.
Emancipación por concesión, 317.
Mejora, 826.
Repudiación de herencia, 1008.
Sociedad, 1667.
Testamentos, 704.
Tradición, 1462.

Esculturas:
Accesión, 377.

Españoles:
Nacionalidad, 17 a 26.

437

Especificación, 383.

Establecimiento:

Establecimiento de instrucción y beneficencia:
Capacidad, 38.
Sucesiones, 788 y 956.

Establecimientos de préstamos:
Sobre prendas, 1757 y 1873.

Establecimientos públicos:
Aceptación y repudiación de herencia, 994.
Acogimiento de menores, 173.
Aguas, 407.
Guarda de menores, 172.
Herencia, 903.

Establos:
Limitaciones, 590.

Estado:
Bienes, 339 a 341.
Islas, 371.
Sucesión, 913 y 956 a 958.
Tesoro oculto, 351.
Tributos, 1875.

Estado civil:
Cosa juzgada, 1252.
Normas indirectas, 9 y 15.
Transacción, 1814.

Estanques:
Accesión, 367.

Estatuas:

438

Estipulación en provecho de tercero:
En contratos, 1257.

Estirpe:
Sucesión de colaterales, 948 y 951.

Estribo de presa:
Servidumbre, 554.

Evicción:
Donación, 638 y 1340.
Enfiteusis, 1643.
Fianza, 1849.
Legado, 860 y 869.
Partición de herencia, 1069 a 1071.
Permuta, 1540.
Sociedad, 1681.
(Véase Saneamiento.)

Excavaciones:
Minas, 426 y 427.
Propiedad, 350.

Excepciones:
Cosa juzgada, 1252.
Fianza, 1840 y 1853.

Exclusión de la Ley, 6.

Excusas:
Consejo de familia, 298.
Tutores y protutores, 244 a 251.

Excusión de bienes:
Fianza, 1830 y 1836.
Retracto, 1512.

Explotación:
Indivisión, 1056.

439

Expropiación forzosa:
Aguas, 423.
Censos, 1627, 1631 y 1636.
Fuentes, 1456.
Fundamento, 349.
Hipoteca, 1877.
Prenda, 1869.
Tesoro oculto, 351.
Usufructo, 519.

Extinción de la adopción, 180.

Extinción de las obligaciones
(Véanse Compensación, Condonación, Confusión, etc.)

Extranjería
(Véase Derecho internacional privado.)

Extranjeros:
Derechos civiles, 27.

Extravío:
Ofrecimiento de pago y consignación, 1176.

F
Fábricas:
Limitaciones, 590.

Facultativos:
Testamento del loco, 665.

Falsedad:
Contratos, 1276 y 1301.
Tutela, 243.

Falso testimonio:

440

Faltas:
Fuente de las obligaciones, 1092.
Nulidad de los contratos, 1305 y 1306.

Fallecimiento:
Ausencia, 193 a 197.

Familia:

Farmacéuticos:
Prescripción del pago de medicinas, 1967.

Fe de conocimiento:
Testamento, 685.

Fecha de los documentos privados:
Efectos contra terceros, 1227.

Ferias:
Compraventa, 1493.
Posesión, 464.

Fianza, 1822 a 1856.
Acción de reembolso, 1838.
Acción subrogatoria, 1839.
Beneficio de división, 1837.
Beneficio de excusión, 1830 a 1834, 1836 y 1856.
Capacidad, 1828.
Clases, 1823 y 1854.
Competencia territorial, 1828.
Concepto, 1822.
Concurso y quiebra, 1843 y 1844.
Condonación, 1850.
Confusión, 1193.
Dación en pago, 1849.
Efectos entre cofiadores, 1844 a 1846.
Efectos entre deudor y fiador, 1838 a 1843.
Efectos entre fiador y acreedores, 1830 a 1837.
En arrendamientos, 1567.
En garantía de deudas futuras, 1825.
En la concurrencia y prelación de créditos, 1922 a 1929.

441

En la patria potestad, 167.
En la tutela, 260.
Extensión, 1826 y 1827.
Extinción, 1847 a 1853.
Judicial, 1854 a 1856.
Legal, 1854 a 1856.
Limitaciones al reintegro, 1840 a 1842.
Naturaleza accesoria, 1824.
Prórroga, 1851.
Relevación, 1843.
Solidaria, 1822 y 1837.
Subfiadores, 1846 y 1848.
Subrogación, 1212.
Transacción, 1835 y 1839.
Usufructo, 491 a 494, 507 y 522.

Fideicomiso, 781 a 786 y D. T. 2.ª

Fidelidad:
Matrimonio, 68.

Filiación:
Acreditación, 113.
Adopción, 9 y 180.
Efectos, 108 a 112.
Impugnación, 136 a 141.
Juicio, 128.
Legitimación para reclamar, 129 y 130.
Matrimonial, 115 a 119.
No matrimonial, 120 a 126.
Reclamación, 131 a 135.
Rectificación registral, 114.

Filipinas:
Nacionalidad, 22.

Fincas rústicas y urbanas
(Véase Arrendamientos.)

Firma:

Fiscal
(Véase Ministerio fiscal.)

442

Fondistas:
Depósito necesario, 1783 y 1784.

Forma:
Arrendamientos, 1280.
Censo enfitéutico, 1622 y 1628.
Cesión de herencia, 1280.
Contratos, 1278 a 1280.
Derechos reales, 1280.
Documentos, 1280.
Donaciones, 663.
Exigencia, 1279.
Hipoteca, 1875.
Libertad, 1278.
Matrimonio por poder, 55 y 1280.
Poder para pleitos, 1280.
Sociedad, 1667 y 1875.

Formación de isla:
Accesión, 371, 373 y 374.

Foros:
Fuentes, 1655.
Redención, 1611.

Fortaleza:
Limitaciones, 589.
Propiedad del Estado, 341.

Fosos:

Fraguas:
Limitaciones, 590.

Fraude:
Comunidad, 403.
De Ley, 6.
Ocupación, 613.

443

Fraude de acreedores:
Acción revocatoria, 1111.
Donación, 643.
Rescisión, 1291.

Frutos:
Anticresis, 1881, 1882 y 1885.
Arrendamientos, 1571 y 1575 a 1578.
Ausencia, 186.
Censo consignativo, 1657.
Censo enfitéutico, 1630, 1632 y 1634.
Censos, 1611 a 1624.
Civiles, 354, 355, 451, 452, 471 y 475.
Colación, 1049.
Compraventa, 1468.
De bienes gananciales, 1347 y 1381.
De bienes privativos, 1347 y 1381.
Herencia, 760, 797, 1049 y 1063.
Hipoteca, 1877.
Industriales, 354, 355, 471 y 472.
Legados, 882 y 884.
Naturales, 354, 355, 451, 452, 471 y 472.
Obligaciones, 1095 y 1303.
Pendientes, 334 y 472.
Posesión, 451 a 453.
Rescisión contractual, 1295.
Retracto, 1519.
Saneamiento, 1478.
Uso, 524.
Usufructo, 496.
Frutos por alimentos, 279.

Fuentes:
Dominio público, 344 y 407.
Fuentes del Derecho, 1 y 13.

Fuerza mayor:
Obligaciones, 1105.
Posesión, 457.
Transporte, 1602.

444

Funcionarios públicos:
Documentos privados, 1227.
Documentos públicos, 1216.

Fundaciones:
Capacidad, 37 y 38.
Domicilio, 41.
Extinción, 39.
Nacionalidad, 28.

Funerales:
Pago, 902 y 1924.

G

Gaceta de Madrid
(Véase Boletín Oficial del Estado.)

Ganados:
Abrevadero, 556 y 570.
Saneamiento, 1491 y 1493 a 1499.
Uso, 526.
Usufructo, 499.

Gananciales:
Abono de indemnizaciones, 1403.
Adjudicación, 1404.
Administración, 1375 a 1391.
Alimentos, 1408.
Bienes comunes, 1347.
Cargas y obligaciones, 1362 a 1374.
Concepto, 1344.
Constitución, 1345.
Derecho de los acreedores, 1401 y 1402.
Derecho de los cónyuges, 1406.
Disolución, 1374, 1392 y 1393 a 1395.
Inventario, 1396 a 1399.
Liquidación, 1396.
Liquidación de varias sociedades, 1410.
Nulidad del matrimonio, 1395.
Pago de deudas, 1399.

445

Gastos de conservación:
Accesión, 356.
Aguas, 422.
Anticresis, 1882.
Árboles arrancados, 369.
Censos, 1612 y 1647.
Compraventa, 1518.
Comunidad, 395.
Depósito, 1779.
Gestión de negocios, 1893.
Medianería, 575 y 577.
Prenda, 1876.
Servidumbre, 543, 544 y 599.
Sustitución fideicomisaria, 783.

Gastos de cultivo:
Uso, 527.
Usufructo, 472.

Gastos de entrega:
Compraventa, 1465.
Legados, 886.

Gastos de escritura:
Compraventa, 1455.

Gastos de transporte:
Compraventa, 1465.
Depósito, 1774.

Gastos necesarios:
Partición, 1063.
Posesión, 453.
Retracto, 1518 y 1525.

Gastos suntuarios:

446

Gastos útiles:
Partición, 1063.
Posesión, 453.
Retracto, 1518 y 1525.

Gestión de negocios ajenos, 1888 a 1894.
Alimentos y gastos funerarios, 1894.
Conclusión del negocio, 1888.
Moderación de la obligación de indemnizar, 1889.
Obligaciones del dueño, 1893.
Obligaciones del gestor, 1889.
Ratificación, 1892 y 1893.
Responsabilidad del gestor, 1889, 1890 y 1891.
Responsabilidad por caso fortuito, 1891.
Responsabilidad por la delegación, 1890.

Gobierno:
Dispensa de edictos, 92.
Interés legal, 1108.
Sucesión hereditaria, 748 y 994.

Grabados:
Accesión, 377.

Grado

Graduación de créditos, 1921 a 1925.

Granos, 346.

Gratuidad:
Albaceas, 908.
Comodato, 1740.
Depósito, 1760.
Fianza, 1823.
Mandato, 1711 y 1726.
Préstamo, 1740.

Guarda de menores:
Duración, 172.
Ejercicio, 172.
Por Entidades públicas, 172.
(Véase Acogimiento de menores.)

447

Guerra:
Arrendamientos rústicos, 1575.
Declaración de fallecimiento, 194.
Pérdida de la nacionalidad, 24.
Testamento militar, 716 a 721.

Guinea Ecuatorial:
Nacionalidad, 22.

H

Habilitación:
De edad, 321 y 323.

Habitación:
Abuso del derecho, 529.
Alimentos, 142.
Contribuciones, 527.
Derechos, 524.
Extinción, 529.
Fuentes, 523 y 528.
Reparaciones, 527.
Traspaso, 525.

Hallazgo, 614 a 616.

Heredero:
Ab intestato, 912 a 958.
Aceptación y repudiación, 998 a 1009.
Causa falsa, 767.
Concepto, 660.
Condicional, 790 a 805 y 1054.
Contrato de depósito, 1778.
Derecho de deliberar, 1010.
Derecho de transmisión, 759 y 766.
Designación, 769 a 773.
Error, 773.
Forzoso, 806 a 822, 985, 1035 y 1036.
Hijos adoptivos, 772.
Institución causal, 767.
Institución de, 763 a 773.
Institución de cosa cierta, 768.
Institución sin designación de partes, 765.

448

Partición, 1058.
Reconocimiento por, 1226.
Requisitos, 671 a 673, 750 y 763.
Sustitución, 774 a 789.

Herencia:
Acción de petición, 192.
A favor de establecimientos públicos, 748.
A favor de los pobres, 749.
A favor de parientes, 751.
A favor de persona incierta, 750.
A favor del confesor, 752.
A favor del incapaz, 755.
A favor del Notario, 754.
A favor del tutor, 753.
Adquisición de la posesión, 440.
Asociaciones, 746.
Ayuntamientos, 746.
Cabildos, 746.
Censos, 1619.
Cesión, 1280.
Colación, 1035 a 1050.
Diputaciones Provinciales, 746.
En la tutela, 271 y 272.
Establecimientos benéficos, 746.
Establecimientos de instrucción, 746.
Futura, 1056 y 1271.
Iglesia, 746.
Indignidad, 756 y 757.
Municipios, 746.
Objeto, 659 y 661.
Renuncia, 833 y 928.
Repudiación, 923 y 998 a 1009.
(Véase Aceptación de la herencia.)

Hermanos:
Alimentos, 114, 142 y 143.
Herederos, 770.
Orden sucesorio, 943 a 955.
Reconocimiento del testamento ológrafo, 692.
Representación del ausente, 184.
Reserva, 811.
Tutela, 234.

449

Hijos:
Acciones de filiación, 129 y 130.
Apellidos, 109 y 111.
Bienes, 164 a 168.
Deberes, 155.
Efectos de la filiación, 108 a 111 y 112 a 114.
Exclusión de la patria potestad, 111.
Extinción de la patria potestad, 169 a 171.
Filiación matrimonial, 115 a 119.
Filiación no matrimonial, 120 a 126.
Impugnación de la filiación, 136 a 141.
Obligaciones de los padres, 110 y 154.
Patria potestad, 154 y 156 a 161.
Reclamación de filiación, 131 a 135.
Representación legal, 162 y 163.
(Véase Filiación.)

Hijos de padres desconocidos:
Nacionalidad, 17.

Hipoteca:
Comunidad, 405.
Concurrencia y prelación de créditos, 1923.
De bienes de los hijos, 164.
De bienes reservables, 978.
Donaciones por razón del matrimonio, 1336 a 1343.
Efectos constitutivos, 1875.
Extensión, 1877.
Forma, 1875.
Fuentes, 1880.
Garantía, 1861 y 1876.
Mandato, 1713.
Objeto, 1874.
Requisitos, 1875.
Seguro, 1877.
Subrogación, 1212.
Transmisión, 1878.
Usufructo, 509.

Homicida:
Impedimentos para contraer matrimonio, 47.
Indignidad para suceder, 756 y 758.

450

Honorarios:
Hornos:
Limitaciones, 590.

Hospedaje:

Huecos:
Servidumbre de luces y vistas, 580 y 581.

Huertas:

Humos:

Hurto:

I

Iberoamericanos:

Identidad:
Cosa juzgada, 1252.

Identidad del testador:
Por el Notario, 685 y 686.
Testamento ológrafo, 691 a 693.

Iglesia Católica:
Capacidad, 38.
Capacidad para suceder, 746, 747 y 752.
Matrimonio religioso, 59 y 60.

451

Ignorancia de la Ley, 6.

Ilicitud:
De la causa de los contratos, 1275.

Impedimentos:
Matrimonio canónico, 329.
Matrimonio civil, 46 y 47.

Imposibilidad:
Albaceazgo, 910.
Obligaciones de hacer, 1184.

Impuestos:

Impugnación:
De la filiación, 128 y 140.
De la maternidad, 139.
De la paternidad, 136 a 138.
De los testamentos, 675.

Imputación de pagos, 1172 a 1174.
Sociedad, 1684.

Incapacidad:
Administración en el matrimonio, 60.
Albaceazgo, 893.
Caducidad, 762.
Concurso de acreedores, 1914.
Efectos de la nulidad, 1304.
Efectos en la sucesión, 761.
Nulidad, 1301 y 1314.
Para el pago, 1163.
Para suceder, 745 y 929.
Para suceder ab intestato, 914.
Para testificar, 1246.
Partición de herencia, 269 y 1052.
Posesión, 443.

452

Testamento, 760.
Tutela, 222.

Incapacitación, 199 a 214.
Anotación en Registro, 214.
Causas, 199 y 200.
Curatela, 286 a 293.
Defensor del incapacitado, 207.
Defensor judicial, 299 a 302.
Deficiencias físicas o psíquicas, 200.
Dictamen de facultativo, 208 y 211.
Enfermedad, 200.
Extensión, 210 y 212.
Inscripción en Registros, 214.
Internamiento del incapacitado, 211.
Jueces, 203 y 207 a 217.
Legitimación para promoverla, 202 y 203.
Límites, 210 y 212.
Medidas protectoras, 209.
Menores de edad, 201 y 205.
Ministerio fiscal, 203, 204, 206, 207, 211 y 213.
Por sentencia judicial, 199, 210 y 212.
Régimen del incapacitado, 210.
Sentencia que la declara, 210 y 212.
Tutela, 222 a 285.
Incendio:
Depósito necesario, 1781.

Incumplimiento:
De promesa de matrimonio, 43.
Donaciones, 647.
Mora, 1100.
Obligaciones bilaterales, 1124.
Resarcimiento, 1101 y 1107.

Indemnización de daños y perjuicios
(Véase Daños y perjuicios.)

Indignidad para suceder, 756 y 757.

Indivisibilidad:
Hipoteca, 1860.
Obligaciones, 1149.
Pago, 1169.
Prenda, 1860.
Servidumbres, 535.

453

Indivisión:
Comunidad, 400 y 401.
De la herencia, 1051.

Ineficacia:
Seguro, 1795.
Testamentos, 743.

Infidelidad conyugal:
Separación, 82.

Ingratitud:
Donaciones, 648 a 650 y 652.

Inhabilidad:
Para ser tutor o curador, 243, 244, 291 y 301.
Para testificar, 681 y 1246.

Injurias:
Causa de separación matrimonial, 82.

Inmuebles
(Véase Bienes inmuebles.)

Inoficiosidad:
Disposiciones testamentarias, 817.
Donaciones, 636, 644, 651 y 654.

Inscripción
(Véanse Registro Civil y Registro de la Propiedad.)

Insolvencia:
Asunción de deuda, 1206.
Beneficio del plazo, 1129.
Coherederos, 1071 y 1072.
Compraventa, 1467.
Fianza, 1829.
Mandato, 1732.
Obligaciones mancomunadas y solidarias, 1139 y 1145.
Rescisión de los contratos, 1292.

454

Inspección personal del Juez, 1215, 1240 y 1241.

Institución de heredero:
A favor de establecimiento público, 748.
A término, 805.
Anulabilidad, 851.
Causa falsa, 767.
Condicional, 758 y 790 a 805.
Condición causal, 796.
Condición impropia, 792 a 794.
Condición potestativa, 795 y 801.
Condición resolutoria, 791.
Condición suspensiva, 759, 791, 799 y 802 a 804.
De cosa cierta y determinada, 768.
Del alma, 747.
Error en la designación, 773.
Hermano, 770.
Nulidad, 814.
Parientes, 751.
Persona incierta, 750.
Persona y sus hijos, 771.
Pobres, 749.
Su causa, 767.
Submodo, 797 y 798.

Instrucción
(Véase Educación e instrucción.)

Instrumentos públicos:
Medios de prueba, 1215 a 1224.

Intereses:
Colación, 1049.
De intereses, 1109.
Fianza, 1838.
Gananciales, 1347 y 1349.
Herencia, 797 y 1049.
Legado, 884.
Mandato, 1724.
Obligaciones condicionales, 1120 y 1124.
Obligaciones mancomunadas y solidarias, 1147.
Prenda, 1868.

455

Préstamo, 1755 y 1756.
Tutela, 232 a 284.
Usufructo, 496, 502, 505, 517 y 519.

Interpretación:
Cláusulas dudosas, 1283 a 1285.
De la institución a favor de parientes, 751.
De las normas, 3.
Enunciaciones incompletas, 1287.
Equidad, 1288 y 1289.
Nulidad, 1289.
Términos claros, 1281.
Términos impropios, 1281 a 1283.
Testamento, 675, 747, 749 y 751.
Transacción, 1815.

Intérpretes, 684.

Interrupción:
De la posesión, 450, 466, 1943 y 1944.
De la prescripción, 1943 a 1948 y 1974.

Intervención forzosa:
En el censo enfitéutico, 1643.
En la evicción, 1481 y 1482.
Litigio entre pretendientes, 1176

Intervención procesal:
Partición, 1084.

Intimidación:
En los contratos, 1265, 1267, 1268 y 1301.
En los testamentos, 673 y 674.

Inventario:
Ausencia, 185.
De bienes ausentes, 185, 191 y 196.
De bienes en liquidación de gananciales, 1396 a 1399.
De bienes sujetos a reserva, 977.
De bienes sujetos a tutela, 262 a 266.
Partición, 1057.
Sociedad, 1688.

456

Irretroactividad:
De la Ley, 2.
(Véase Derecho transitorio.)

Irrevocabilidad:
De la adopción, 180.

Islas:

J

Jardines:
Árboles y ramas, 592.

Jornaleros:
Arrendamiento de servicios, 1584 a 1587.

Jueces:
Aceptación a beneficio de inventario, 1011, 1014 y 1015.
Acogimiento de menores desamparados, 173.
Adopción, 175 a 180.
Calificación de pobres, 749.
Compraventa, 1459.
Comunidad, 398.
Confesión judicial, 1235.
Derecho de deliberar, 1014 y 1020.
Emancipación, 317.
Enajenación de bienes de los hijos, 166.
Gananciales, 1376, 1377, 1388 y 1389.
Herencia yacente, 1020.
Interés opuesto al de los hijos, 166.
Juego y apuesta, 1801.
Matrimonio civil, 51 a 58.
Posesión, 349.
Reconocimiento judicial, 1215, 1240 y 1241.
Responsabilidad, 1.
Señalamiento de plazo para aceptar o repudiar la herencia, 1005.

457

Tutela, 203, 207, 208, 209, 211, 224, 225, 228, 230 a 237, 240,
245, 246, 248, 249, 260, 273, 274, 275 y 280.
Viuda encinta, 960.

Juegos y apuestas:
Gananciales, 1351.
Ilícitos, 1798 y 1799.
Permitidos, 1800 y 1801.

Juicio de testamentaría, 1020.

Juicios de revisión:
Cosa juzgada. 1251.

Juramento:
Confesión judicial, 1235 a 1238.
Contratos, 1260.
Nacionalidad, 20 a 22.

Jurisprudencia, 1.

Justo título:
Prescripción, 1952 a 1954 y 1959.

L

Lagos:
Dominio público, 407.

Lagunas:
Accesión, 367.

Langosta:
Arrendamientos rústicos (caso fortuito), 1575.
Laudemio, 1631 y 1644 a 1646.

458

Legado:
A término, 790 a 805.
Aceptación, 889 y 890.
Alternativo, 874 y 1131 a 1136.
Capacidad, 758.
Concepto, 660.
Condicional, 790 a 805.
De alimentos, 879.
De cantidad, 884 y 886.
De cosa ajena, 861 a 864.
De cosa empeñada, gravada o sujeta a usufructo, 867 y 868.
De cosa propia del legatario, 866.
De crédito, 870.
De deuda, 873.
De educación, 165 y 879.
De especie, 882 y 886.
De género, 875 a 877 y 884.
De inmuebles que no existen, 875.
De parte alícuota, 655.
De pensión periódica, 880.
De perdón, 870 a 872.
Del ausente, 196.
Deudas y gravámenes, 891.
Entrega, 885 y 1025.
Evicción, 860.
Extinción, 869 y 888.
Fijación de la legítima, 820 a 822.
Mejora, 828.
Modal, 797 y 798.
Objeto, 865.
Preferencia, 887.
Prelegado, 821, 890 y 1029.
Puro, 881.

Legatario:
Causa falsa, 767.
Concepto, 660.
Fuentes, 789.
Subrogación, 867.
Testigo en el testamento abierto, 682.

459

Legítima:
Complemento, 815.
Concepto, 806.
Disposiciones inoficiosas, 817 y 819.
Donaciones, 819.
Fijación, 818 a 822.
Inviolabilidad, 813 y 816.
Mejora, 823 a 833.
Pago en metálico, 841 a 844,
Preterición, 814.
Renuncia o transacción, 816.
Reserva, 811.

Legítima de los hijos y descendientes, 808.

Legítima de los padres y ascendientes, 809, 810 y 812.

Legítima del cónyuge:
Con ascendientes, 837.
Con hijos no matrimoniales, 837.
Con hijos o descendientes, 834.
Pago y aseguramiento, 839.
Separación, 835.
Sin descendientes ni ascendientes, 838.

Lengua extranjera:
Testamento, 184.

Leñas:
Aprovechamiento, 604.

Lesión:
En la partición de herencia, 1074 a 1079.
En los contratos, 1291, 1293 y 1296.

Letra de cambio:
Pago, 1170.

Letrados:
Prohibición de comprar, 1459.

460

Ley:
Actos contra ley, 6.
Cumplimiento, 2.
Derogación, 2.
Ignorancia, 6.
Modo de adquirir, 609.
Promulgación, 2.
Publicación, 2.
Renunciabilidad, 6.
Retroactividad, 2.
Vigencia, 2.

Ley aplicable:
Adopción, 95
Apátridas, 910.
Asilados, 910
Doble nacionalidad, 99
Donaciones, 10.
Filiación, 94.
Matrimonio, 92 y 3.
Obligaciones contractuales, 105.
Personas físicas, 91.
Prestaciones de alimentos, 97.
Propiedad, 10.
Sucesión por causa de muerte, 98.
Tutela, 96.

Ley de Aguas, 412, 418, 425 y 563.

Ley de Enjuiciamiento Civil:
Adopción, 177.
Anticresis, 1884.
Apertura de testamento cerrado, 714.
Beneficio de inventario, 1020.
Compromiso, 1821.
Nulidad de matrimonio canónico, 80.
Pago por cesión de bienes, 1175.
Pago de obligaciones, 1168.
Prueba pericial, 1243.
Prueba testifical, 1248.
Saneamiento, 1482.
Secuestro, 1789.

461

Ley de Expropiación Forzosa, 423.

Ley de Minas, 427.

Ley de la Propiedad Intelectual, 429.

Ley Hipotecaria
(Véase Hipoteca.)

Ley penal, 8.

Leyes administrativas, 350 y 601.

Leyes de policía, 8.

Leyes de seguridad pública, 8.

Leyes especiales:
Código Civil, 4.
Establecimientos de Instrucción y Beneficencia, 38.
Nacionalidad de las personas jurídicas, 28.

Leyes extranjeras
(Véase Derecho internacional privado.)

Leyes procesales, 8.

Libertad contractual, 1255.

Libertad de testar, 763.

Libros:

Licencia para contraer matrimonio, 48.

Línea

Liquidación:
Litisexpensas, 103.

462

Litografías:
Accesión, 377.

Locos:
Incapacidad general, 200.
Incapacidad para contratar, 1263.
Incapacidad para testar, 663 y 665.
Tutela, 222 a 285.

Lotes:
Participación, 1061.

Luces y vistas

Lugar de celebración del contrato, 1262.

Lugar de pago:
Censos, 1615.
Compraventa, 1500.
Obligaciones, 1171.

LL

Llaves, 1463.

M

Madre:
Acción de reclamación de filiación, 132.
Alimentos, 143.
Deberes para con los hijos, 110.
Facultad de mejorar, 823.
Impugnación de la maternidad, 139.
Patria potestad, 154 a 171.
Sucesiones, 807, 823 y 936.

463

Maestros:

Magistrados:

Mala conducta:
Tutela, 243 y 244.

Mala fe:
Accesión, 360, 363, 364, 375, 379, 382 y 385.
Ausencia, 187.
Cesión de créditos, 1529 y 1530.
Fraude de acreedores, 1298.
Posesión, 433, 434, 452 y 457.
Sociedad, 1706.

Malicia:
Coherederos, 1063.
Del Notario en testamento abierto, 705.
Del Notario en testamento cerrado, 715.

Malos tratos:
Separación matrimonial, 82.

Manantiales:
Aprovechamiento, 412 y 424.
De dominio privado, 408.
De dominio público, 407.

Mandas
(Véase Legado.)

Mandato, 1709 a 1739.
Aceptación, 1710 y 1718.
Anticipo de cantidades, 1728.
Autocontratación, 1459.
Capacidad, 1716.
Causas de extinción, 1732.
Concepto, 1709.

464

Especial, 1712 y 1713.
Expreso, 1710.
Forma, 1280.
General, 1712 y 1713.
Gratuito, 1711.
Indemnización al mandatario, 1729.
Instrucciones del mandante, 1719.
Límites, 1714 y 1715.
Matrimonio, 55.
Menores emancipados, 1716.
Muerte, 1732, 1738 y 1739.
Obligaciones del mandante, 1727 a 1731.
Obligaciones del mandatario, 1718 a 1726.
Ratificación, 1727.
Responsabilidad, 1718, 1721, 1723 a 1726 y 1736.
Responsabilidad en caso de sustitución. 1721.
Responsabilidad mancomunada, 1723.
Responsabilidad solidaria de los mandantes, 1731.
Retribuido, 1711.
Sin representación, 1717.
Sustitución del mandatario, 1721 y 1722.
Tácito, 1710.
Transacción y arbitraje, 1713.
(Véase Gestión de negocios ajenos.)

Máquinas:
Limitaciones, 590.

Mar:
Islas, 371.
Ocupación, 617.

Márgenes (de los ríos):
Servidumbres, 553.

Materiales ajenos:
Accesión, 360.

Materias corrosivas e infectantes:
Limitaciones, 590.

465

Matrimonio:
Adopción, 175.
Alimentos, 143.
Buena fe, 53 y 79.
Compraventa, 1458.
Derecho foral, 14.
Disolución, 85 a 89.
Doble nacionalidad, 22.
Donaciones por razón del mismo, 1336 a 1343.
Edad, 46.
Emancipación, 316.
Forma de celebración, 51 a 59.
Licencia, 48.
Medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y
divorcio, 102 a 106.
Muerte, 85.
Nacionalidad, 22 y 26.
Nulidad, 73 a 80.
Por poder, 55 y 1280.
Separación, 81 a 84.
Transacción, 1814.

Matrimonio civil:
Autoridad competente, 51 y 52.
Capacidad, 44.
Celebración, 57 y 58.
Consentimiento, 45.
De extranjeros, 50.
Disolución, 85 a 89.
Dispensa de impedimentos, 48.
Efectos de la nulidad, separación y divorcio, 90 a 101.
Efectos: legislación aplicable, 92.
En el extranjero, 49.
Nulidad, 73 a 80.
Por apoderado, 55.
Promesa, 42 y 43.
Requisitos, 44 a 48.
Secreto, 54 y 64.
Separación, 81 a 84.

Matrimonio en campaña, 52.

466

Matrimonio religioso:
Celebración, 59 y 60.
Efectos civiles, 60.
Inscripción, 63.

Matrimonio secreto, 54 y 64.

Mayores de catorce años:
Capacidad para testar, 663.
Capacidad para testificar, 1246.

Mayores de veinticinco años:
Adopción, 175.

Mayoría de edad, 315.
Cómputo de la edad, 315.
Extinción de la tutela, 276.
(Véase Emancipación.)

Medallas:

Medianería

Medidas provisionales:
Por demanda de nulidad, separación o divorcio, 102 a 106.

Medio hermanos:
Sucesión, 649 a 651.
Medios de prueba, 1215.
Mejora hereditaria:
Concepto, 823.
De cosa cierta, 829.
De los descendientes, 823.
De los hijos del primer matrimonio, 972.
De los hijos y descendientes, 808.
De los nietos, 823 y 824.
Delegación de la facultad de mejorar, 830 y 831.
Donación, 825.
Gravámenes, 824.

467

Legado, 828.
Por contrato, 825 y 827.
Promesa de mejorar o no mejorar, 826 y 827.
Revocación, 827.
Revocación de la promesa, 826 y 827.
Tercio, 808.
Mejoras:
Accesión, 358.
Hipoteca, 1877.
Legado, 882.
Obligaciones, 1122.
Usufructo, 487, 488 y 503.

Memorias testamentarias, 672 y D. T. 2.ª

Menestrales:

Menores abandonados
(Véase Menores desamparados.)

Menores de catorce años:
Sustitución pupilar, 775 y 776.
Testamentos, 663.
Testigos, 1246.
Menores de edad:
Administración de sus bienes, 164 a 168.
Albaceazgo, 893.
Compraventa, 166.
Contratos, 1263.
Defensor de, 163.
Donaciones por razón del matrimonio, 1338.
Emancipación, 314 a 319.
Enajenación de inmuebles, 166.
Habilitación de edad, 322 a 324.
Herencia, 903.
Incapacitados, 201 y 205.

468

Mandato, 1716.
Posesión, 443.
Reconocimiento de filiación, 121.
Sustitución pupilar, 775 y 776.
Sustracción (riesgo de), 103 y 158.
Testamentos, 663.
Testigos, 681 y 1246.
Transacción, 1810.
Tutela, 222.

Menores desamparados:
Acogimiento, 173.
Guarda, 172.
Tutela, 172 y 239.
Vigilancia del Ministerio fiscal, 174.

Mercaderes:

Mercado:
Compraventa, 1448.
Posesión, 464.

Mercancías:

Meses:
Cómputo, 5.

Mesoneros:

Metal:
Accesión, 377.

Miedo:
Contratos, 1265, 1267, 1268 y 1301.

Militares:

469

Matrimonio, 52.
Minas, 426 y 427.
Propiedad, 350 y 427.

Minas:
Derecho a hacer calicatas o excavaciones, 426.
Determinación de los minerales, 427.

Ministerio de Asuntos Exteriores:
Testamentos en país extranjero, 735 y 736.

Ministerio de Justicia, D. A. 1.ª

Ministerio fiscal:
Adopción, 179.
Ausencia, 181, 182, 184 y 185.
Compraventa, 1459.
Herencia, 778.
Incapacidad, 215.
Reconocimiento de filiación, 121, 124 y 129.
Tutela, 203, 206, 207, 211, 213, 228, 230, 231, 232, 248, 273 y
299 bis.
Vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de menores, 174.

Miradores:
Servidumbres, 585.

Moderación:
De las obligaciones, 1103 y 1154.
Juego y apuesta, 1801.

Modos de adquirir:
Propiedad, 609.

Mojones:
Deslinde y amojonamiento, 384 a 387.
Servidumbres, 593.

470

Moneda:
Pago, 1170.

Montes:
Usufructo, 485.

Montes de Piedad:
Intereses, 1109.
Posesión, 464.
Prenda, 1873.
Préstamo, 1757.

Mora:
Concepto, 1100.
Mandato, 1724.
Resarcimiento, 1101 y 1108.

Moral:
Contratos contra, 1255.
Costumbre contra, 13.

Mudos:

Muebles
(Véase Bienes muebles.)

Muerte:
Albaceazgo, 910.
Alimentos, 150.
Ausencia, 34, 188, 193 a 196.
Capacidad sucesoria, 758.
Conmoriencia, 33.
Del heredero, 1055.
Disolución del matrimonio, 85.
Extinción de la personalidad, 32.
Herencia, 657, 661 y 989.
Legados, 881 a 883.
Mandato, 1718, 1732, 1738 y 1739.

471

Posesión, 442.
Premoriencia, 33.
Testamento en inminente peligro de, 700.

Municipios:
Créditos, 1924.
Sucesiones, 746.

Murallas:

Mutación de cauce:

Mutuo:
(Véase Préstamo.)

N

Nacimiento:
Personalidad jurídica, 29 y 30.
Prioridad, 31.

Nacionalidad:
Adopción, 172.
Adquisición por carta de naturaleza, 21.
Adquisición por opción, 17, 19 y 20.
Adquisición por residencia, 21 y 22.
Declaración de conservación, 23.
Doble nacionalidad iberoamericana, 23.
Extranjeros adoptados, 18.
Matrimonio, 22 y 26.
Pérdida, 24 a 26.
Recuperación, 26.
Requisitos, 23.
Son españoles, 17.

472

Naufragio:
Declaración de fallecimiento, 194.
Testamento marítimo, 731.

Negligencia:
Coherederos, 1063.
Deudores, 1104.
Fianza, 1833.
Fuente de las obligaciones, 1089 y 1093.
Gestión de negocios ajenos, 1889 y 1890.
Heredero, 1018.
Notarios, 705 y 715.

Negocios ajenos
(Véase Gestión de negocios ajenos.)

Nietos:
Colación, 1038.
Sucesión, 933.

Nombre y apellido:
Institución de heredero, 772 y 773.

Nota:
Prueba documental, 1229.

Notarios:
Beneficio de inventario, 1010 y 1012.
Fe de conocimiento, 685 y 686.
Prenda, 1872.
Prueba documental, 1216, 1217 y 1223.
Testamento abierto, 694 a 702, 704 y 705.
Testamento cerrado, 706, 707, 709 a 712 y 715.
Testamento del loco, 665.

Notificación:
Donaciones, 631.

473

Novación, 1203 a 1213.
Clases, 1203.
Escritura de reconocimiento, 1224.
Insolvencia, 1206.
Nulidad, 1208.
Obligaciones accesorias, 1207.
Subjetiva, 1205.
Subrogación, 1209 a 1213.

Nudo propietario
(Véase Usufructo.)

Nuera:

Nulidad:
Actos contra Ley, 6.
Causa ilícita, 1305 y 1306.
Condiciones imposibles, 1116.
Confirmación, 1309 y 1313.
Contratos, 1259 y 1300 a 1314.
Contratos con causa falsa, 1276.
Contratos con causa ilícita, 1275.
Contratos sin causa, 1275.
Convalidación, 1208.
De la institución en favor de persona incierta, 750.
De la institución en favor de un incapaz, 755.
De la partición, 1081.
De la renuncia por dolo, 1102.
Dolo, 1269 y 1270.
Donaciones entre cónyuges, 1336 a 1343.
Efectos, 1303.
Efectos de la procedente de incapacidad, 1304.
Extinción, 1314.
Interpretación de los contratos, 1289.
Legitimación, 1302.
Novación, 1208.
Objeto ilícito, 1305.
Obligaciones potestativas, 1115.
Rescisión de los contratos, 1290 a 1299.
Testamento, 673, 687, 704 y 705.
Transacción, 1818.

474

Vicios del consentimiento, 1265.
Violencia e intimidación, 1267 y 1268.

Nulidad de matrimonio:
Acción, 74 a 76.
Canónico, 80.
Causas, 73.
Efectos, 80 a 101.

O

Obediencia:
De los hijos, 155.
Tutela, 268.

Objeto:
Cosas futuras, 1271.
Cosas imposibles, 1272.
De los contratos, 1261 y 1271 a 1273.
Determinado, 1273.
Fuera del comercio, 1271.
Ilícito, 1305.
Indeterminado, 1273.

Obligaciones:
Acción subrogatoria, 1111.
Causas de extinción, 1156.
Compensación, 1195 a 1202.
Concepto, 1088.
Condonación, 1187 a 1191.
Confusión, 1192 a 1194.
Contractuales, 1091.
Caso fortuito, 1105.
Culpa o negligencia, 1103 y 1104.
Daño emergente, 1106.
De los hijos, 155.
Dolo, 1101, 1102 y 1107.
Fuentes, 1089.
Fuerza mayor, 1105.
Incumplimiento, 1098 a 1111.
Intereses de intereses, 1109.
Intereses legales, 1108.
Legales, 1090.
Lucro cesante, 1106.
Moderación, 1103.
Negligencia, 1103 y 1104.
Novación, 1203 y 1213.

475

Pago, 1157 a 1181.
Pérdida de la cosa debida, 1182 a 1186.
Por el objeto, 1088.
Procedentes de hecho ilícitos, 1092 y 1093.
Prueba, 1214 a 1253.
Responsabilidad, 1101 a 1111.
Tutor, 269.
Transmisión, 1112.

Obligaciones a plazo, 1125 a 1130.
A voluntad del deudor, 1128.
Anticipos, 1126.
Arbitrio judicial, 1128.
Cómputo, 1130.
Exigibilidad, 1125.
Pérdida del beneficio del plazo, 1129.

Obligaciones accesorias:
Novación, 1207.

Obligaciones alternativas, 1131 a 1136.
Cumplimiento, 1131 a 1133 y 1136.
Incumplimiento, 1135 y 1136.
Riesgos, 1135 y 1136.

Obligaciones bilaterales
(Véase Obligaciones recíprocas.)

Obligaciones con cláusula penal, 1152 a 1155.
Arbitrio judicial, 1154.
Exigibilidad, 1152.
Incompatibilidad, 1153.
Incumplimiento parcial, 1154.
Nulidad, 1155.
Resarcimiento, 1152.
Obligaciones condicionales:
Afirmativas, 1117.
Causales, 1115.
Clasificación, 1114.
Condición pendiente en las suspensivas, 1121.
Condiciones imposibles, 1116.
Efectos en las resolutorias, 1113 y 1123.
Efectos en las suspensivas de dar, 1120 y 1122.
Efectos en las suspensivas de hacer, 1120.
Institución condicional, 790 a 805.
Negativas, 1118.
Potestativas dependientes de la voluntad del deudor, 1115.
Riesgos, 1122 y 1123.

476

Obligaciones de dar:
Accesorios, 1097.
Conservación, 1094.
Cosa específica, 1096.
Cosa genérica, 1096.
Frutos, 1095.
Mora, 1100.
Pago, 1160.
Pérdida de la cosa debida, 1182 y 1183.

Obligaciones de hacer:
Mora, 1100.
Pago, 1166.
Pérdida de la cosa debida, 1184.

Obligaciones de no hacer, 1088, 1099, 1120, 1123, 1136 y 1151.

Obligaciones delictivas, 1185.

Obligaciones divisibles, 1149 a 1151.

Obligaciones específicas, 1096, 1097, 1166 y 1182.

Obligaciones genéricas, 1167.

Obligaciones indivisibles, 1149 a 1151.

Obligaciones mancomunadas, 1137, 1138 y 1139.
Albaceazgo, 895 y 896.
Confusión, 1194.
En la sociedad, 1698.
Fianza, 1837.
Indivisibilidad, 1139 y 1150.
Mandato, 1723.

Obligaciones potestativas, 1115 y 1119.

Obligaciones principales, 1190 y 1207.

Obligaciones puras, 1113 y 1124.

Obligaciones que nacen de culpa o negligencia, 1902 a 1910.
Daños causados por cosas, 1907 a 1910.
Elementos, 1902.
Por daños causados por los animales, 1905 y 1906.
Por hecho ajeno, 1903 y 1904.

477

Obligaciones recíprocas:
Mora, 1100.

Obligaciones solidarias, 1137 a 1148.
Albaceazgo, 894 y 897.
Comodato, 1748.
Efectos de los acreedores con el deudor, 1142 y 1143.
Efectos de los deudores con el acreedor, 1137, 1144, 1147
y 1148.
Efectos entre los acreedores, 1141 y 1143.
Efectos entre los deudores, 1145 y 1147.
Excepciones, 1148.
Fianza, 1822 y 1837.
Mandato, 1731.
Partición hereditaria, 1084.
Riesgos, 1147.

Obras:
Aguas, 420 a 422.
Benéficas, 788.
De resguardo, 590.
Limitaciones, 590.
Literarias y artísticas, 428.
Medianerías, 577 y 579.
Piadosas, 747 a 749.
Propiedad, 350.
Servidumbres, 543, 552, 577, 579 y 599.
Usufructo, 503.

Ocultación:
Herederos, 1002.

Ocupación, 610 a 617.
Animales amansados, 612.
Caza y pesca, 610 y 611.
Cosas abandonadas, 610.
Cosas perdidas, 615 y 616.
Enjambre de abejas, 612.
Modo de adquirir, 609.
Objetos arrojados, 617.

478

Oferta:
Contratos, 1262.

Oficiales del Ejército:
Testamento militar, 716 y 721.

Oficios enajenados:

Ofrecimiento de pago, 1176 a 1181.

Olivares:

Omisión:
Obligaciones, 1089, 1093 y 1902.

Opción:
Accesión, 361, 379 y 383.
Alimentos, 149.
Legado, 875.
Legítima del cónyuge, 839.
Rescisión de la partición, 1077.

Orden público, 12 y 1255.

P

Pacto:
Anticresis, 1884.
De indivisión, 400.
De mejorar o no mejorar, 650.

Padre:
Afianzamiento de la tutela, 260.
Colación, 1039.
Facultad de mejorar, 823.
Heredero forzoso, 807.
Impugnación de la filiación, 36.

479

Licencia matrimonial, 48.
Partición, 1056.
Patria potestad, 154 a 171.
Presunción de paternidad, 116 a 118.
Reconocimiento de filiación, 115 y 120.
Responsabilidad por daños, 1903.
Sucesiones, 807, 823 y 936.
Transacción de bienes de los hijos, 1810.
Tutela, 234.
(Véase Patria potestad.)

Pagarés:
Pago, 1170.

Pago, 1157 a 1181.
Capacidad, 1160, 1163 y 1165.
Del último plazo, 1110.
Efectos del hecho por terceros, 1158.
Embargo, 1165.
En la compraventa, 1500 a 1505.
En las donaciones, 642 y 643.
En las herencias, 1023 a 1031, 1082 y 1087.
En los censos, 1614, 1615, 1621 y 1622.
Gastos, 1169.
Imputación, 1172 a 1174.
Incapacidad para cobrar, 1176.
Insolvencia, 1292.
Integridad, 1157.
Lugar, 1171.
Obligaciones dinerarias, 1170.
Obligaciones específicas, 1166.
Obligaciones genéricas, 1167.
Ofrecimiento y consignación, 1176 a 1181.
Pagarés y letras de cambio, 1170.
Por cesión de bienes, 1175.
Quiénes pueden cobrar, 1162 a 1164.
Quiénes pueden pagar, 1158 y 1161.
Repetición, 1158 y 1160.
Subrogación, 1159 y 1209 a 1213.
Uso, 527.
Usufructo, 504, 506 y 509.
(Véase Cobro de lo indebido.)

Palomares:

480

Palomas:
Ocupación, 613.

Parada o partidor:
Servidumbre, 562.

Pared:
Limitaciones, 590.
Medianería, 572 a 579.
Ruina, 389.

Parentesco, 915 a 923.
Cómputo, 918 y 919.
Doble vínculo, 919.
Grados, 915.
Impedimento matrimonial, 47.
Institución a favor de parientes, 750.
Línea, 916.
Línea colateral, 916.
Línea directa, 916.
Línea recta ascendente, 917.
Línea recta descendente, 917.

Parientes:
Impedimento matrimonial, 47.
Testamento a favor de, 671, 751 y 754.
Testigos en los testamentos, 681 y 682.

Partición de la herencia, 1051 a 1087.
Acción del heredero por el pago de deudas, 1085.
Ausentes, 1052.
Capacidad, 1052 y 1053.
Contienda sobre la colación, 1050.
Derechos de los acreedores, 1082 a 1084 y 1087.
Derechos que confiere, 1078.
Deudas hereditarias, 1082 a 1087.
Divisibilidad, 1051.
Evicción y saneamiento, 1069 a 1071.
Garantía de la solvencia del deudor, 1072.
Heredero acreedor del causante, 1087.
Heredero condicional, 1054.
Herederos del heredero, 1055.
Herencia futura, 1056 y 1271.
Incapaces, 1052.
Indivisibilidad, 400 y 1051.
Intervención forzosa, 1084.

481

Judicial, 1059.
Menores, 1060.
Modificación, 1079 y 1080.
Nulidad, 1081.
Por comisario, 1057.
Por el testador, 1056 y 1271.
Por los herederos, 1058.
Provisional, 1054.
Quién puede pedirla, 1052 a 1055.
Rescisión, 1073 a 1080.
Rescisión por lesión, 1291.
Retracto, 1067.
Solidaridad, 1084.
Suspensión cuando la viuda queda encinta, 966.
Tutor, 271.

Partos dobles:
Primogénito, 31.

Paseos, 344.

Paso

Pastos:
Servidumbre, 600 a 603.

Paternidad:
Investigación, 127.
Nacionalidad, 17.
Presunción, 116 a 118.
Reclamación, 131 a 135.
Patios:
Limitaciones, 592.
Servidumbres, 588.

Patria potestad:
Administración de bienes de los hijos, 164 a 168.
Alimentos, 154.
Auxilio de la Autoridad, 154.
Defensor de menores, 163.
Derecho foral, 14.

482

Divorcio, 92.
Educación, 154.
Efectos de la incapacidad para suceder, 761.
Efectos personales, 154.
Efectos sobre los bienes, 164 a 168.
Ejercicio, 156.
Exclusión, 111.
Nulidad de matrimonio, 92 y 102.
Pérdida de la nacionalidad, 25.
Por menores no emancipados, 157.
Privación por sentencia, 170.
Prohibición de enajenar y gravar, 166.
Prórroga, 171.
Representación, 162 y 163.
Separación de matrimonio, 92, 156 y 159.
Suspensión, 170.
Transacción, 1810.
Patrimonio:
De las provincias y de los pueblos, 343.
Real, 342.
Usufructo, 506.

Peces:
Ocupación, 613.

Peligro inminente de muerte:

Penados:
Tutela, 243.

Pensiones:
A favor de establecimientos de beneficencia o instrucción, 788.
A favor de estudiantes, 788.
A favor de los pobres, 788.
Censos, 1613 a 1616, 1620 a 1626, 1629 a 1631, 1657
y 1659.
En casos de nulidad, separación y divorcio, 90 y 99 a 101.
Gananciales, 1349.
Legado, 880.
Renta vitalicia, 1802 y 1805.
Usufructo, 475.

483

Pérdida de la cosa:
Arrendamiento, 1563, 1568, 1575, 1589 y 1590.
Censos, 1624 a 1626.
Colación, 1045.
Compraventa, 1460, 1479 y 1503.
Depósito, 1777.
Prenda, 1867.
Transporte, 1602.
Usufructo, 513.

Pérdida de la nacionalidad, 24 a 26.

Pérdida de la posesión, 460 a 462.

Pérdidas:
Juego, 1371 y 1801.

Pérdidas de cosas muebles, 615.

Perfección:
Compraventa, 1450.
Contratos, 1258.
Donación, 623.

Pergamino:
Accesión, 377.

Peritos, 1242 y 1243.
Apreciación, 1243.
Arrendamiento de obras, 1598.

Permuta:
Calificación, 1446.
Concepto, 1538.
Entrega, 1539.
Evicción, 1540.
Fuentes, 1541.

484

Persona casada:
Deberes matrimoniales, 66 a 71.
Nacionalidad, 22.

Persona incierta:

Persona interpuesta:
Donaciones, 628.

Personalidad:
Comienzo, 29 y 30.
Extinción, 32.
Sociedad, 1699.

Personas inhábiles:
Donaciones, 628.

Personas jurídicas, 35 a 39.
Capacidad, 37.
Derechos y obligaciones, 38.
Domicilio, 41.
Extinción, 39.
Nacionalidad, 28.
Transacción, 1812.
Tutela, 251.
Usufructo, 515.

Personas naturales, 29 a 34.
Domicilio, 40.
Extinción, 32.
Nacimiento, 29.
Primogenitura, 31.

Perturbación:
Compraventa, 1502.

485

Pesca, 610 y 611.
Servidumbres, 553.

Peste:

Piara:
Usufructo, 499.

Pinturas:
Accesión, 377.

Pisos:

Plantaciones:
Propiedad, 350.
Usufructo, 503.

Plantas:

Playas:
Ocupación, 617.

Plazas fuertes, 589.

Plazas públicas, 344.

Plazos:
Cómputo en general, 5.

Pobres:

Poder:
Documento público, 1280.
Matrimonio, 55.
(Véase Mandato.)

486

Portugal:
Nacionalidad, 22.

Posaderos:

Actos clandestinos, 444.
Actos del tenedor, 463.
Adquisición, 438 a 445.
Adquisición por el interesado, 439.
Adquisición por representante, 439.
Adquisición por título hereditario, 440.
Animales fieros, 465.
Bienes muebles, 461 a 464.
Buena fe, 433 a 435, 451, 452, 457 y 464.
Capacidad, 443.
Civil, 430.
Comunidad, 450.
Contienda, 445.
De inmuebles, 449.
De muebles, 464.
Defensa, 441, 446 y 464.
Efectos, 446 a 466.
En concepto de dueño, 432, 447 y 448.
En la prescripción, 1941 a 1948.
En nombre ajeno, 431.
En nombre propio, 431.
Gastos de lujo, 454.
Gastos necesarios, 453 y 455.
Gastos útiles, 453.
Interrupción, 450 y 451.
Justo título, 447 y 448.
Mala fe, 433 a 436, 452, 455 y 457.
Mejoras, 456 y 458.
Natural, 430.
Objeto, 437
Pérdida, 460 a 462 y 464.
Presunciones, 448 a 450, 459 y 466.
Recuperación, 466.

Posesión de estado:
De los hijos, 113, 131 y 140.

487

Postulación:
Poder, 1280.

Pozos:
Limitaciones, 590.

Práctica:
Costumbre contra Ley, 1.

Precario, 1750.

Precio:
Arrendamiento, 1543, 1547, 1555 y 1559.
Compraventa, 1445 a 1452, 1471 y 1500 a 1505.

Precontrato:
Compraventa, 1451.
Prenda o hipoteca, 1862.

Preferencia de créditos, 1028.

Prelación de créditos:
En la sociedad, 1699.

Prelación de fuentes, 1.

Prelación de legados, 887.

Prelegado
(Véase Legado.)

Premoriencia, 33.

Prenda:
Acciones, 1869.
Condonación, 1191.
Conservación, 1867.
Devolución, 1871.
Efectos con respecto a terceros, 1865.
Enajenación, 1872.
Garantía, 1861.
Intereses, 1868.
Montes de Piedad, 1873.

488

Objeto, 1884.
Perfección, 1863.
Requisitos, 1857.
Uso de la cosa, 1870.

Presa:
Servidumbre, 554.

Prescripción, 1930 a 1975.
Acción de nulidad, 1301.
Acción hipotecaria, 1964.
Aguas, 409.
Censos, 1620.
Compraventa, 1472, 1490 y 1496.
Derecho transitorio, 1939.
Objeto, 1930.
Servidumbres, 537, 538, 540, 547, 548 y 598.

Prescripción adquisitiva:
Bienes muebles, 1955 y 1956.
Buena fe, 1950 y 1951.
Capacidad, 1931.
Cómputo, 1960.
Copropiedad, 1933.
Del dominio y derechos reales sobre inmuebles, 1957 a 1959.
Herencia, 1934.
Interrupción, 1943 a 1948.
Justo título, 1952 a 1954.
Posesión, 1941.
Registro de la Propiedad, 1949.
Requisitos, 1940.
(Véase Prescripción.)

Prescripción extintiva:
Acciones reales sobre inmuebles, 1963.
Acciones reales sobre muebles, 1962.
Alimentos, 1966.
Capacidad, 1932.
Censos, 1970.
Cómputo, 1967.
Comunidad, 1965.
Deslinde, 1965.
Farmacéuticos, 1967.
Fianza, 1975.
Herencia, 1934.
Honorarios, 1967.

489

Iniciación, 1969.
Interrupción, 1973 a 1975.
Interrupción en las obligaciones, 1974.
Jornales, 1967.
Posaderos y mercaderes, 1967.
Posesión, 1968.
Renta de arrendamientos, 1966.
Responsabilidad civil, 1968.
Sentencia firme, 1971.
(Véase Prescripción.)

Prestaciones imposibles:

Prestaciones periódicas:
Usufructo, 506.

Préstamo, 1740 a 1757.
Concepto, 1740.
Devolución, 1753 y 1754.
Intereses, 1755 y 1756.
Simple, 1753 a 1757.

Presunciones:
Clases, 1251.
De bienes gananciales, 1361.
De buena fe, 434.
De buena fe en el matrimonio, 79.
De comoriencia, 33.
De condonación, 1188, 1189 y 1191.
De convivencia conyugal, 69 y 105.
De cosa juzgada, 1251 y 1252.
De donación en fraude, 643.
De existencia de la causa, 1277.
De filiación matrimonial, 116 a 118.
De fraude de acreedores, 1297.
De lugar de contrato, 1262.
De pago, 1110.
De pago del censo, 1621.
De revocación del testamento cerrado, 742.
De subrogación, 1209 y 1210.
En la ausencia, 193 a 195.
En el censo enfitéutico, 1638.
En el depósito, 1768 y 1769.

490

En el mandato, 1711.
Novación, 1209 y 1210.
Posesión, 447, 449, 459, 466, 1954 y 1960.
Prenda, 1191.
Prueba, 1249 a 1253.
Repudiación de la herencia, 1009.
Salarios, 1584.
Servidumbre de medianería, 572 a 574 y 593.

Preterición:
De herederos forzosos, 814.

Primeras cepas
(Véase Censo a primeras cepas.)

Primogénito:
Partos dobles, 31.

Principios generales del Derecho:
Fuentes del Derecho, 1.

Prisioneros:

Privilegios:
Cesión, 1528.

Procuradores:
Aceptación y repudiación de herencia de sordomudos, 996.

Prodigalidad:
Actos anteriores a la declaración, 297.
Actos del pródigo sin intervención de curador, 293.
Curatela, 286, 288 y 289.
Declaración, 295.
Incomparecencia del demandado, 296.
Petición, 294.

Productos:
Cesión, 1532.
Usufructo, 476.

491

Profesores:

Promesa:
De compraventa, 1451.
De hipoteca, 1862.
De matrimonio, 42 y 43.
De prenda, 1862.
(Véase Mejora.)

Promulgación:
De las Leyes, 2.

Propiedad:
Acción reivindicatoria, 384.
Bienes de los hijos, 164 a 168.
Cierre de fincas, 388.
Concepto, 348.
Defensa, 349.
Deslinde y amojonamiento, 348 a 387.
Extinción, 350.
Posesión en concepto de dueño, 447.
Título, 447.


Propiedad industrial, 10.

Propiedad intelectual, 10, 428 y 429.

Propiedades especiales, 407 a 409.

Prostitución:

Protección:
De la posesión, 349.
De los hijos en supuestos de nulidad, separación o divorcio, 90
a 92 y 103.
Menores, 172 a 174.

Protocolización de testamentos, 669, 693, 704, 714, 718, 727 y 736.

492

Provincias:
Bienes, 343 y 344.
Hipoteca, 1875.
(Véase Derecho foral.)

Prueba:
Carga, 1214.
Confesión, 1231 a 1239.
De inspección personal del Juez, 1240 y 1241.
De la filiación, 113.
De las causas de desheredación, 850.
De presunciones, 1249 a 1253.
Del precio en arrendamientos, 1547.
Documental privada, 1225 a 1230.
Documental pública, 1216 a 1224.
Indiciaria, 1253.
Medios, 1215.
Pericial, 1242 y 1243.
Responsabilidad por hecho ajeno, 1903.
Testifical, 1244 a 1248.
(Véase Carga de la prueba.)

Pública subasta:
Colación, 1048.
Cosas perdidas, 615.
Legado, 822.
Partición, 1062.

Publicación de la Ley, 2.

Publicidad del Registro de la Propiedad, 607.

Pueblos:
Clasificación de sus bienes, 343 y 344.
Hipoteca, 1875.

Puentes:

493

Q

Quiebra:
Fianza, 1831 y 1844.
Mandato, 1732.
Tutela, 244.

Quita y espera, 1912 y 1917 a 1919.

R
Radas:

Raíces, 592.

Ramas, 592.

Ramblas:

Ratificación:
Mandato, 1727.

Rebaños:
Uso, 526.
Usufructo, 499.

Recibo:
Censos, 1621.
Extinción de las obligaciones, 1110.
Prueba, 1229.

Recién nacido:
Inscripción, 328.

Reclusión mayor:
Separación, 105.

494

Recolección:

Reconciliación:
De los cónyuges, 84.
Legítima del cónyuge, 837.

Reconocimiento:
Actos y contratos, 1224.
Interrupción de la prescripción, 1948 y 1973.

Reconocimiento de filiación:
Acción, 127 a 130.
De fallecidos, 126.
De hijos mayores de edad, 123.
En testamento, 120 y 741.
Forma, 120.
Por incapaces, 121 y 124.
Prohibición de revelar el nombre, 122.

Reconocimiento judicial, 1240 y 1241.

Recuperación de la nacionalidad
(Véase Nacionalidad.)

Recuperación de la posesión, 466.

Redención:
Censo consignativo, 1658 y 1659.
Censo enfitéutico, 1650 y 1651.
Censo reservativo, 1662 y 1664.
Censos, 1608 a 1611.
Servidumbres, 546, 603 y 604.

Reducción:
Fianza, 1826.
Testamentos, 817 y 819 a 822.

Regalos:
Colación, 1041.
De boda, 1044.

495

Régimen de participación:
Adquisición conjunta de bienes, 1414.
Créditos, 1426.
Determinación de los resultados, 1417, 1427 y 1428.
Extinción, 1415.
Impugnación, 1434.
Pago de beneficios, 1431 a 1434.
Patrimonio final, 1422 a 1425.
Patrimonio inicial, 1418 y 1421.

Régimen económico matrimonial:
De participación, 1411 a 1434.
De separación de bienes, 1435 a 1444.
Donaciones por razón de matrimonio, 1336 a 1343.
Sociedad de gananciales, 1344 a 1410.

Registradores:

Registro Central de Ausentes
(Véase Ausencia.)
Registro Civil:
Adquisición de la nacionalidad, 20 y 23.
Celebración del matrimonio civil, 51 a 58.
Emancipación, 318.
Inscripción de matrimonio, 61 a 65.
Matrimonio religioso, 63.
Matrimonio secreto, 64.
Prueba, 327.
Prueba de la filiación, 113.
Reconocimiento de hijos, 115 y 120.
Recuperación de la nacionalidad, 26.
Resoluciones de incapacitación, 214.
Tutela, 218 y 219.
Registro Civil Central:
Matrimonios secretos, 64.
Demanda de separación, 1436.
Fianza de la tutela, 257.
Hipoteca, 1875.
Revocación de donaciones, 649.

496

Registros privados, 1228.

Rehenes:

Reivindicación
(Véase Acción reivindicatoria.)

Relieves:
Religión:

Remisión de la deuda
(Véase Condonación.)

Remoción:
De los albaceas, 910.
Del curador, 291.
Del defensor judicial, 301.
Del tutor, 247.

Rendición de cuentas:
Albaceazgo, 907.
Mandato, 1720.
Tutela, 279 a 286.

Renta vitalicia, 1802 a 1808.
Concepto, 1802.
Embargo, 1807.
Falta de pago de las pensiones, 1805.
Gananciales, 1348.
Nulidad, 1804.
Usufructo, 508.
Usufructo vidual, 838.

Rentas:
Arrendamiento, 1547, 1552, 1555, 1558, 1569, 1575 y 1576.
Frutos civiles, 355.
Gananciales, 1347.
Hipoteca, 1877.

497

Legado, 882.
Partición, 1063.
Posesión de la herencia por el incapaz, 760.
Usufructo, 475.

Renuncia:
Albaceas, 910.
Alimentos, 151.
Comunidad, 395.
Condonación, 1188.
Derechos, 6.
Herencia, 833, 928, 1000 y 1280.
Ilegítima, 816.
Mandato, 1732, 1736 y 1737.
Nacionalidad, 19.
Responsabilidad por dolo, 1102.
Saneamiento, 1477.
Transacción, 1815.
Usufructo, 513.

Reparaciones:
Accesión, 358.
Arrendamientos, 1554, 1558, 1559 y 1580.
Servidumbres, 543, 544 y 575 a 577.
Uso, 527.

Representación:
Adquisición de la posesión, 439.
Contratos, 1259.
Cónyuges, 71.
De los hijos, 162 y 163.
De menores o incapacitados, 267.
(Véanse Derecho de representación y Mandato.)

Repudiación de la herencia:
A beneficio de inventario, 1022.
Capacidad, 992.
Caracteres, 988 a 990 y 997.
Colación, 1036.
De los sujetos a tutela, 992.
Forma, 1008 y 1280.

498

Presunción, 1009.
Sordomudos, 996.
Sucesión intestada, 923.
(Véase Derecho de acrecer.)

Repudiación de los legados, 889 y 890.

Rescisión:
Acción, 1294.
Compraventa, 1469, 1470, 1472 y 1483.
De la partición, 1073 a 1080.
Efectos, 1295 y 1298.
Plazo de duración, 1299.
Por fraude, 1291.
Por lesión, 1074, 1291, 1293 y 1296.
Por vicios ocultos, 1486 a 1490.
Presunción por fraude, 1294.
Transacción, 1819.

Reserva lineal, 811.

Reserva ordinaria, 968 a 980.

Residencia:
Adquisición de la nacionalidad, 22 y 26.
Adquisición de la vecindad, 14 y 15.
Ausencia, 181.
Domicilio, 40 y 70.

Respeto:
Tutela, 268.

Responsabilidad:
Árboles que amenazan caerse, 389.
Por actos ilícitos, 1902.
Por daños causados, 389 y 1902 a 1910.
Por hecho ajeno, 1903.
Por incumplimiento de obligaciones, 1092, 1093 y 1101 a 1111.
Transacción, 1813.
Tribunal que rehúse fallar, 1.
Universal, 1911.

499

Restitución:
Donaciones, 645 a 647 y 1342.
Reserva, 978.

Retención
(Véase Derecho de retención.)
Retracto convencional, 1506 a 1520.
Cargas, 1520.
Efectos, 1511.
Frutos, 1519.
Naturaleza, 1510.
Obligaciones del vendedor, 1518.
Plazo para su ejercicio, 1508.
Pluralidad de sujetos, 1514 a 1517.
Por los acreedores, 1512.

Retracto legal, 1521 a 1525.
Censo enfitéutico, 1636, 1638, 1639, 1641 y 1642.
Concepto, 1521.
De coherederos, 1067.
De colindantes, 1523.
De colitigantes, 1535 y 1536.
De comuneros, 1522.
De consocios, 1708.
Efectos, 1525.
Plazo, 1524.
Sucesorio, 1067.

Retroactividad
(Véase Derecho transitorio.)

Reversión:
Donaciones, 641.

Revocación:
Donaciones por razón del matrimonio, 1343.
Mandato, 1732 a 1735.

Riberas:
Bienes de dominio privado, 339.
Servidumbres, 553.

500

Riego, 562.

Riesgos:
Arrendamiento de obra, 1589 y 1590.
Colación, 1045.
Compraventa, 1452.
Legado, 882.
Obligaciones alternativas, 1135 y 1136.
Obligaciones condicionales, 1122 y 1123.
Obligaciones específicas, 1182.
Seguro, 1794.
Transporte, 1601 y 1602.

Ríos:
Aluvión, 366.
Mutación de cauce, 370 a 372.

Robo:

Ropas de vestir:

Ruina:
Edificios, 389 a 391.

S

Saca de agua:

Sacerdotes:

501

Salarios:
Arrendamiento de servicios, 1584.

Salvamento:
Servidumbre, 553.

Saneamiento:
Cesión de derechos y acciones, 1529 y 1532.
Donación, 638.
Donaciones por razón de matrimonio, 1340.
Permuta, 1540.
Por evicción, 1475 a 1483.
Por evicción en la enfiteusis, 1643.
Por evicción en la sociedad, 1681.
Vicios ocultos, 1484 y 1499.

Secretarios:
Judiciales, 289, 1459 y 1967.

Secuestro
(Véase Depósito judicial.)

Sefardíes:
Nacionalidad, 22.

Segundas nupcias:
Liquidación de la sociedad de gananciales, 1409.
Usufructo, 492.
(Véase Reserva ordinaria.)

Seguro:
Bienes hipotecados, 1877.
Censos, 1626.
Usufructo, 518.

Seguros sociales:

Semillas:

502

Sentencia:
De separación y divorcio por Tribunales extranjeros, 107.
Eclesiásticas, 80.
Evicción, 1480.
Nacionalidad, 24.
Prueba de filiación, 113, 115 y 120.
Servidumbres, 540.
Transacción, 1819.

Señal
(Véase Arras.)

Separación de bienes:
Ausencia, 189.
Cargas del matrimonio, 1438.
Derechos de los acreedores, 1442.
Efectos, 1437.
Inscripción, 1436.
Reconciliación, 1443 y 1444.
Responsabilidad de los cónyuges, 1440.
Supuestos, 1435.

Separación matrimonial:
Alimentos, 93.
Cargas familiares, 93.
Convenio regulador, 90.
Demanda, 81.
Derecho a pensión, 97 y 99 a 101.
Hijos menores, 94.
Indemnización, 98.
Medidas judiciales, 91 a 94.
Obligaciones para con los hijos, 92.
Sentencia, 83, 91, 95 y 107.
Vivienda familiar, 96.

Servicios
(Véase Arrendamiento de servicios.)

Servidumbres:
Adquisición, 537 a 542.
Aparentes, 532 y 537 a 539.

503

Clases, 530 a 536.
Comunidad, 531 y 597.
Comunidad de pastos, 600 a 603.
Concepto, 530.
Continuas, 532, 537 y 539.
De abrevadero, 555, 556 y 570.
De acueducto, 557 a 561.
De aguas, 552 a 563.
De cañada, 570.
De cordel, 570.
De desagüe, 586 a 588.
De descansadero, 570.
De estribo de presa, 554.
De luces y vistas, 580 a 585.
De majada, 570.
De medianería, 571 a 579.
De parada o partidor, 561 a 563.
De paso, 564 a 570.
De pastos, 603.
De presa, 554.
De saca de agua, 555.
De vereda, 570.
Derechos y obligaciones, 543 a 545.
Discontinuas, 532 y 539.
Distancias de obras intermedias, 589 a 593.
En el usufructo, 479 y 595.
En la enfiteusis, 1634.
En la propiedad, 350 y 388.
En los ríos, 553.
Fuentes, 550, 551 y 563.
Legales, 536 y 549 a 593.
Negativas, 533 y 538.
No aparentes, 532 y 539.
Obras necesarias, 543 y 544.
Positivas, 533 y 538.
Prescripción, 537, 538, 540, 547, 548 y 598.
Signo aparente, 541.
Variación, 545.
Voluntarias, 536 y 594 a 604.

Setos:
Cierre de la propiedad, 388.
Limitaciones, 593.

504

Siembra:

Signo:
Aparente de servidumbre, 541.
Contrario a la medianería, 573 y 574.

Siniestro:
Declaración de fallecimiento, 193 y 194.

Sobrinos:

Sociedad, 1665 a 1708.
Administración, 1692 a 1695.
Aportación, 1681 y 1682.
Aportación de industria, 1683.
Asociaciones, 36.
Capacidad en la universal, 1677.
Clases, 1670 y 1671.
Comienzo, 1679.
Concepto, 1665.
Derecho a asociar a un tercero, 1692.
Disolución, 1708.
Duración, 1680.
Efectos respecto a terceros, 1697.
Evicción, 1681.
Forma, 1667 y 1875.
Ilícita, 1666.
Inventario, 1668.
Muerte de los socios, 1700 y 1704.
Objeto, 1660.
Pactos secretos, 1669.
Particular, 1671 y 1678.
Pérdidas y ganancias, 1689 a 1691.
Personalidad jurídica, 1669.
Prórroga, 1702 y 1703.
Reintegros, 1682.
Responsabilidd de la sociedad, 1688.
Responsabilidad mancomunada, 1698.
Riesgos, 1687.
Sociedades civiles constituidas conforme al Código de Co
mercio, 1670.
Socio industrial, 1683, 1689, 1691 y 1708.
Universal, 1671 a 1677.

505

Universal de ganancias, 1675 a 1677.
Universal de todos los bienes presentes, 1673 y 1674.

Sociedad de gananciales
(Véase Gananciales.)

Socorro mutuo:
Matrimonio, 68.

Solidaridad
(Véase Obligaciones solidarias.)

Sordomudez:
Incapacidad para ser testigo en los testamentos, 681.

Sordos:


Subasta:
Cosas perdidas, 615.
De animales y ganados, 1493.
Prenda, 1872.
Prohibiciones, 1459.
Tutela, 272.

Subenfiteusis, 1654.

Subfiador, 1846, 1848 y 1856.

Subforos, 1611.

Subrogación:
De acreedores, 1111, 1203 y 1209 a 1213.
Fianza, 1839.
Pago, 1158 y 1159.

Subsidios:

Sucesión del Estado, 956 a 958.

506

Sucesión intestada, 912 a 958.
Aceptación y repudiación de herencia, 988 a 1009.
Concepto, 658.
Cuándo tiene lugar, 912.
Del cónyuge y de los colaterales, 943 a 946.
De los hijos, 931.
De parientes de distinto grado, 921.
De parientes de igual grado, 921 y 922.
Del Estado, 956 a 958.
Derecho de representación, 924 a 929.
Herederos, 913.
Orden de suceder, 930 a 958.
Orden de suceder en la línea recta ascendente, 935 a 942.
Orden de suceder en la línea recta descendente, 930 a 934.
Precauciones cuando la viuda queda encinta, 959 a 967.

Sucesión legítima
(Véase Sucesión intestada.)

Sucesión testamentaria:
Capacidad de las personas jurídicas, 746.
Concepto, 658.
Incapacidad, 745.
Precauciones cuando la viuda queda encinta, 959 a 967.

Sucesiones, 657 a 661.
Derecho internacional privado, 9.

Suegros:
Inhabilidad para ser testigos, 1247.

Sueldos:

Suelo:
Accesión, 360.

507

Sufragios, 747 y 902.

Suposición de parto, 959 a 967.

Suspensión:
De la patria potestad, 170.

Sustancias explosivas:

Sustitución hereditaria, 774 a 789.
Ejemplar, 776.
Legado, 789.
Pupilar, 775, 777 y 780.
Usufructo, 784.
Vulgar, 774, 778 y 779.

Sustracción:
De efectos de la herencia, 1002.

T

Tabla:
Accesión, 377.

Tácita reconducción:
Arrendamientos, 1566 y 1567.

Tachaduras:

Talas:
Usufructo, 485.
Tanteo:
Censo enfitéutico, 1636 a 1641.
Tejados:
Temor:
Vicios de consentimiento, 1267.

508

Tenedor:
Posesión, 463.

Terceros:
Acción rescisoria, 1295.
Acción resolutoria, 1124.
Aguas, 410.
Arrendamiento, 1280 y 1549.
Cesión de créditos, 1526.
Compraventa, 1510.
Cosa juzgada, 1252.
Documentos públicos, 1218, 1219 y 1280.
Donaciones, 647.
En favor de terceros, 1257.
Novación, 1203.
Pago, 1161.
Prenda, 1865.
Registro de la Propiedad, 606.
Renuncia en perjuicio de, 6.
Sociedad, 1697.
Violencia o intimidación, 1268.

Terremoto:

Usufructo, 471.

Testamentarios
(Véase Albaceas.)

Testamentos:
A favor de persona incierta, 750.
Abierto, 679 y 694 a 705.
Anulabilidad, 851.
Caducidad, 743.
Caducidad de la incapacidad, 762.
Capacidad, 758.
Capacidad en el ológrafo, 688.
Capacidad para testar, 662 a 666.
Caracteres, 670.
Causas de indignidad, 756.
Cerrado, 680 y 706 a 715.
Clases, 676 a 687.

509

Cláusulas revocatorias, 737.
Común, 676.
Concepto, 667.
Condicional, 748 y 759.
Del sordo, 697.
Del sordomudo que sepa escribir, 709.
Efectos de la incapacidad, 761.
Efectos de la revocación, 740 y 741.
En intervalo lúcido, 665.
En lengua extranjera, 684.
En peligro de muerte, 700.
En tiempo de epidemia, 701.
Especial, 677.
Hecho en país extranjero, 732 a 736.
Identificación de testador, 685 y 686.
Impugnación, 675.
Incapacidades relativas para suceder, 251, 752 a 754 y 900.
Ineficacia, 743.
Institución a favor de incapaz, 755.
Institución a favor del sacerdote, 752.
Institución condicional a favor de establecimiento público, 748.
Interpretación de la institución a favor de los pobres, 749.
Interpretación para sufragios y obras piadosas, 747.
Mancomunado, 669 y D. T. 2.ª
Marítimo, 722 y 731.
Memorias testamentarias, 672.
Militar, 716 y 721.
Nulidad, 673, 687 y 715.
Nulidad del abierto, 704 y 705.
Ológrafo, 678 y 688 a 693.
Por comisario, 670 y D. T. 2.ª
Por mandatario, 670.
Presunción de revocación del cerrado, 742.
Reconocimiento de hijos, 120 y 741.
Revocación expresa, 738.
Revocación tácita, 739.
Solemnidades para la revocación, 738.
Testigos, 681 a 683 y 685.
Validez, 764.

Testigos, 1244 a 1248.
Admisibilidad, 1244.
Adveración del testamento ológrafo, 691.
Apreciación de la prueba testifical, 1248.
Capacidad, 1245 y 1246.
Inhabilidad, 1247.

510

Matrimonio civil, 57.
Testamento abierto, 694 a 696, 698 a 702 y 754.
Testamento cerrado, 707 y 709.
Testamento en intervalo lúcido, 665.
Testamento en país extranjero, 734.
Testamento marítimo, 722.
Testamento militar, 716, 720 y 721.
Testamentos, 681 a 683 y 685 a 687.

Tierra:

Tierras colindantes:
Retracto, 1523.

Tíos:
Sucesiones, 948 y 1038.

Títulos valores:
Ley aplicable, 103.
Medios de pago, 1170.

Torrentes:

Trabajadores asalariados:

Trabajo:
Frutos, 355.

Tradición:
Acción civil proveniente de delito, 1813.
Alcance, 1815.
Alimentos, 1814.
Bienes de menores, 1810 y 1811.
Concepto, 1809.
Corporaciones, 1812.
Cosa juzgada, 1816.
Estado civil, 1814.
Fianzas, 1835 y 1839.
Judicial, 1816, 1817 y 1819.
Mandato, 1713.
Matrimonio, 1814.

511

Nulidad, 1818.
Por tutor, 271.
Renuncia de derechos, 1815.
Rescisión, 1819.
Sobre la legítima, 816.
Transacción, 1809 a 1819.

Transmisión:
Alimentos, 151.
Créditos, 1526 a 1536.
Derechos hereditarios, 759, 766 y 799.
Obligaciones, 1112.

Transporte, 1601 a 1603.
Compraventa, 1465.
Fuentes, 1601 y 1603.
Riesgos, 1601 y 1602.

Traspaso:

Tratados:

Tribunales:
Eclesiásticos, 80.
Que rehúse fallar, 1.

Troncalidad:
Reserva lineal, 811.

Tutela, 215 a 285.
Autorización judicial para actos del tutor, 271 a 273.
Capacidad para ser tutor, 241 y 242.
Cuentas, 279 a 285.
Daños y perjuicios en el ejercicio de cargos tutelares, 220.
De varios hermanos, 240.
Deber de, 216.
Deberes del tutelado, 268.
Deberes del tutor, 269 y 270.
Delación, 234 a 258.
Ejercicio, 232 y 259 a 275.
En general, 222 a 233.
Establecimiento, 223.

512

Excepciones al ejercicio por un solo tutor, 236 a 237 bis.
Excusa de los cargos tutelares, 217 y 251 a 258.
Fianza, 260 y 261.
Incapacidad para ser tutor, 243 a 247.
Inscripción de resoluciones sobre cargos tutelares, 218 y 219.
Inventario de bienes, 262 a 266.
Menores desamparados, 172 y 239.
Nombramiento de tutor, 223, 234, 235 y 240.
Personas obligadas a promoverla, 229.
Prohibiciones en el desempeño de cargos tutelares, 221.
Remoción del tutor, 247 a 251.
Rendición de cuentas, 279 a 285.
Representación del tutelado, 267.
Resoluciones sobre cargos tutelares, 218.
Retribución del tutor, 274 y 275.
Vigilancia, 174, 232 y 233.

Tutor:
Autorización judicial, 271 y 272.
Capacidad para serlo, 241 y 242.
Excusas, 251, 253 y 255.
Fianza, 260 y 261.
Indemnización por daños y perjuicios, 220.
Inscripción en el Registro Civil, 218 y 219.
Inventario de bienes del pupilo, 261 a 266.
Nombramiento, 223, 234 y 235.
Personas inhábiles, 243 y 244.
Prohibiciones, 221.
Remoción, 247 y 248.
Rendición de cuentas, 279 a 285.
Retribución, 274.
Testamentario, 223.
Toma de posesión, 259.
Unicidad del cargo, 236 a 238.

U

Unidad de acto:

Unión de cosas
(Véase Accesión.)

Uso y habitación (derecho de), 523 a 529.
Abonos, 526.

513

Arrendamiento, 525.
De ganado, 526.
Derechos, 524.
Extinción, 529.
Fuentes, 523.
Gastos de cultivo, 527.
Traspaso, 525.

Uso público, 339, 343 y 344.

Usos:
Compraventa, 1496.
Consideración de costumbre, 13.
Jurídicos, 13.
(Véase Costumbre.)

Usucapión
(Véase Prescripción adquisitiva.)

Usufructo:
A favor del cónyuge, 99 y 1349.
A favor de pueblos, corporaciones y sociedades, 515.
Accesión, 479.
Alimentos, 508.
Arrendamiento, 473, 480 y 498.
Cargas y contribuciones, 504 y 505.
Compensación, 488.
Concepto, 467.
Cosas consumibles, 482.
Costas, 512.
Créditos vencidos, 507.
De acciones, 486.
De edificios, 517.
De ganados, 499.
De la herencia, 508, 510 y 787.
De personas jurídicas, 515.
De viñas, olivares, árboles y arbustos, 483 y 484.
Del cónyuge viudo, 834 a 839.
Deterioro, 481.
Donación, 640.
Embargo, 509.
Enajenación, 480, 489 y 498.
Expropiación, 519.
Fianza, 491 a 496 y 507.
Frutos, 471 a 475 y 496.

514

Fuentes, 470.
Gastos, 472.
Hasta cierta edad, 516.
Hipoteca, 509.
Inventario, 491 a 494.
Legado, 793 y 868.
Mejoras, 487, 488 y 503.
Minas, 476 a 478.
Montes, 485.
Obligaciones, 470 y 491 a 512.
Pérdida parcial, 511.
Reparaciones extraordinarias, 501 y 502.
Reparaciones ordinarias, 500.
Seguro, 518.
Servidumbres, 595.
Simultáneo, 469 y 521.
Sucesivo, 469.
Tesoro oculto, 471.
Universal, 506 y 508.
Viveros, 485.

Utensilios:

Utilidad:
Comunal, 550.
Privada, 551.
Pública, 349, 519, 549 y 550.

V

Vacatio legis, 2.

Valores:
Bienes de menores, 166.
Compraventa, 1448.
Prenda, 1872.

Vallados:

Vasos:

515

Vecindad civil:

Venta
(Véase Compraventa.)

Venta alzada, 1532.

Ventanas:
Servidumbre, 573 y 580 a 585.

Vereda:
Servidumbre, 570.

Vertiente de tejados:

Vestidos:
Alimentos, 142.

Vía pública:
Servidumbre, 584.

Vicios del consentimiento:
Dolo, 1269 y 1270.
Error, 1266.
Intimidación, 1265, 1267 y 1268.
Nulidad, 1265.
Transacción, 1817.
Violencia, 1265, 1267 y 1268.

Vicios ocultos

Vicios redhibitorios

Vida común:
Divorcio, 86.
Matrimonio, 68.
Suspensión, 81.

516

Vida independiente:

Viñas:

Violencia:
Concepto, 1267 y 1268.
Contratos, 1267.
Nulidad, 1301 y 1302.
Posesión, 444.
Testamento, 673 y 674.
Transacción, 1817.
Vicio del consentimiento, 1265.

Vistas:

Viuda:
Legítima, 807 y 834 a 839.
Nacionalidad: adquisición, 22.
Precauciones cuando queda encinta, 959 a 967.
Preterición, 814.

Viveros:
Carácter de inmuebles de los de animales, 334.
Usufructo en los de árboles, 485.

Vivienda familiar:
Adquisición antes del matrimonio, 1357.
Consentimiento de los cónyuges para su enajenación, 1320.

Voladizos:

Voluntarios:

517

Y

Yerno:
Testigo, 1247.

Yunta:
Compraventa, 1491.

Z

Zanjas:
Medianería, 574.

518

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