Codigo procesal civil y mercantil comentado

CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS PROCESALES

DERECHO A LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL

Art. 1.- Todo sujeto tiene derecho a plantear su pretensión ante los
tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que
estime convenientes para la defensa de su posición y a que el proceso se
tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones
legales.

INTERPRETACION
A este respecto ha de partirse de la base de que el juez, en virtud de las
facultades que le otorga la Constitución, es a la única persona integrante del
órgano jurisdiccional a la que le compete juzgar.

Ello implica que ha de ser el propio juez el que, personalmente, dicte sentencia
con absoluta imparcialidad e independencia. La Constitución de El Salvador va
mas allá de garantizar la imparcialidad e independencia del juez, puesto que
incluso se refiere en el artículo 186, incito quinto, a que el juez ha de cumplir las
funciones jurisdiccionales sin influencia alguna. Este es un matiz importante sobre
el que cada uno ha de reflexionar.

Toda persona tiene derecho a la protección jurisdiccional efectiva para el ejercicio
o defensa de sus derechos con sujeción a un debido proceso
Víctor Ticono1 Postigo, sostiene el derecho a la protección jurisdiccional efectiva

1
Podetti, R. (1963) .Teoría y técnica del proceso civil. Buenos Aires. Ediar Soc. Anón. Editores.

es inherente a la persona por el solo hecho de serlo. Constituye la manifestación
concreta de porque la función jurisdiccional es además de un poder es un deber
del Estado en tanto no puede excusarse de conceder protección jurídica a todo
el que lo solicite.

Jesús Gonzales Pérez, señala que el derecho a la protección jurisdiccional es el
derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo,
de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de de
un proceso con garantías mínimas ;como el derecho de acción ,de contradicción ,
el debido proceso etc.

Derecho a la protección Jurisdiccional: Derivado del Art. 11 de la Constitución y
regulado en un sentido impreciso en el Art. 124 Pr. Cv.; implica que toda persona
tendrá derecho a invocar la tutela del Órgano Judicial cuando crea que por alguna
circunstancia se le ha vedado por parte de otra persona el ejercicio de algún
derecho o la realización de una prestación; este principio también abarca la
oposición a la solución reclamada.2

VINCULACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, LEYES Y DEMÁS NORMAS

Art. 2.- Los jueces están vinculados por la normativa constitucional, las
leyes y demás normas del ordenamiento jurídico, sin que puedan
desconocerlas ni desobedecerlas.
Todo juez, a instancia de parte o de oficio, deberá examinar previamente la
constitucionalidad de las normas de cuya validez dependa la tramitación de
cualquier proceso o el fundamento de las decisiones que adopten en el
mismo; y si alguna de ellas contradice la normativa constitucional, la

2
Pierre, O. (Comp.). (2001). Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Vol. 1. Caracas.
Editorial Pierre Tapia, S.R.L..

declarará inaplicable en resolución debidamente motivada, en la que se
consignen la disposición cuya inaplicabilidad se declara, el derecho,
principio o valor constitucional que se considera infringido y las específicas
razones que fundamentan.
Las pruebas que se hubieren obtenido, directa o indirectamente, con
infracción de derechos o libertades fundamentales, no surtirán efecto.

INTERPRETACION
Tiene su fundamento en el artículo 172 de la constitución el cuial además
de reconocer la independencia de los jueces y magistrados, establece la
sujeción a la que se refiere la disposición en comento.

Congruente con la idea anterior y con el articulo 185 de la constitución el
referido articulo 2 establece la obligación de los jueces de controlar la
constitucionalidad de las normas que aplican y también el derecho de las
partes a pedirlo, a efecto de que en caso de que la norma sea
inconstitucional, la inapliquen, tal lo establece el articulo 77 de la ley de
procedimientos constitucionales. 3

Además de las disposiciones antes comentadas encontramos otras que
de igual manera, intentan concretar a nivel legal otros derechos de rango
constitucional que inspiran al proceso que exigen la actividad no solo del
legislador sino también del juzgador. Entre ellos podemos mencionar el
principio de legalidad, (art. 3); principio de defensa y contradictorio,
(art.4); principio de igualdad, ( art.5); la obligación de resolver,(art.15); y
el principio de gratuidad de la justicia, (art. 16).

Nuestra constitución reconoce un conjunto de garantías mínimas que
deben concurrir en el modelo procesal que el legislador, en virtud de la

3
Ramos, F. (1978). Derecho y proceso. Barcelona. Librería Bosch.

libertad de configuración, elija, el cual por ejemplo puede ser oral o
escrito 4

Este principio implica el rol del juzgador como director del proceso y juez de la
Constitución; en este sentido, el juez al hacer un análisis valorativo de la norma
deberá basarse en principios establecidos en la Constitución

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Art. 3.- Todo proceso deberá tramitarse ante juez competente y conforme a
las disposiciones de este código, las que no podrán ser alteradas por ningún
sujeto procesal.
Las formalidades previstas son imperativas. Cuando la forma de los actos
procesales no esté expresamente determinada por ley, se adoptará la que
resulte indispensable o idónea para la finalidad perseguida.

INTERPRETACION
Consiste en que todo proceso deberá tramitarse ante juez competente o juez
natural y la prohibición hacia las partes de disponer las normas procesales del
código

El principio de legalidad o imperio de la ley es un principio fundamental del
Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar
sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de los
hombres (ej. el Estado sometido a la constitución). Por esta razón se dice que el
principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.

4
revista de la escuela de derecho utec de el salvador año 3 numero 5 2008)

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público
y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de
Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas
jurídicas5.

En íntima conexión con este principio la institución de la reserva de Ley obliga a
regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente
aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera
de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la
normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la
afectación de derechos al Poder legislativo, refleja doctrina liberal de la separación
de poderes.6

El principio de legalidad implica, la supremacía de la Constitución y de la
ley como expresión de la voluntad general, frente a todos los poderes
públicos. Además, el principio de legalidad implica la sujeción de la
Administración a sus propias normas, los reglamentos.

PRINCIPIO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN

Art. 4.- El sujeto contra quien se dirija la pretensión tiene derecho a
defenderse en el proceso, interviniendo en las actuaciones y articulando los
medios de prueba pertinentes.
En todo caso, cada parte tiene derecho a contar con la oportunidad de
exponer su argumentación y rebatir la de la contraria, y sólo cuando
expresamente lo disponga la ley podrán adoptarse decisiones sin oír
previamente a una de las partes.

5
Canales Cisco,principio del proceso civil salvadoreño, segunda edición
6
es.wikipendia.org

INTERPRETACION
Sustenta la posibilidad de ejercer el derecho de defensa del demandado, en sus
diversas manifestaciones como intervenir en las actuaciones y articulando los
medios de prueba pertinentes

La existencia de dos posiciones enfrentadas, la del actor que interpone su
pretensión y la del demandado oponiéndose a la misma constituye el punto
esencial del proceso. En el Proceso Moderno se ha afirmado la idea que la
evidencia, presupuesto ineludible de la sentencia no puede lograrse sino mediante
la oposición entre dos ideas contrapuestas, a través de la contradicción entre la
pretensión o acusación y la defensa o resistencia.

El Principio de Contradicción tiene las siguientes características:
La adquisición de Status de Parte.7
Una vez presente las partes dentro del proceso, por Principio de Contradicción se
les confieren el Status Procesal de partes para que con arreglo a su legitimación
pueda hacer valer con eficacia sus respectivas pretensiones y defensas.
El Derecho de la última Palabra.

Esta característica se evidencia mas en el Proceso Penal con la principal
manifestación del Principio de Defensa de que nadie puede ser condenado sin ser
previamente oído y vencido en juicio. Pero el demandado o acusado también
puede perfectamente hacer uso de su Derecho al Silencio.

Este es un principio básico para cualquier Estado constitucional del derecho e
implica que las partes antes que todo, deben ser oídas por el juez. El ser ³oído´

7
Redenti, E. (1957). Derecho procesal civil. Vol. I. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa
América.
Ramírez Garay. (Comp.). (2004). Jurisprudencia Venezolana. Vol. CCXV. Caracas. Ramírez
Garay, S.A..

procesal y constitucionalmente da la posibilidad de aportar pruebas pertinentes y
útiles, para argumentar a su favor todo lo que estimen necesario para la defensa
de sus intereses y la determinación de la verdad real.

PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL

Art. 5.- Las partes dispondrán de los mismos derechos, obligaciones, cargas
y posibilidades procesales durante el desarrollo del proceso.
Las limitaciones a la igualdad que disponga este Código no deben aplicarse
de modo tal que generen una pérdida irreparable del derecho a la protección
jurisdiccional

INTERPRETACION
Reconoce la igualdad entre las partes intervinientes en el ejercicio de sus
derechos cumplir sus obligaciones y respetar sus cargas procesales este
precepto es una traslación del art.3 de cn, que establece la igualdad de las
personas ante la ley en general8.

Según este principio las partes procesales deben disponer de las mismas
oportunidades para formular sus cargos y pruebas de descargo así como los
derechos dirigidos a demostrarlos.

Existe tal igualdad cuando el demandante formula en la demanda su pretensión y
luego el demandado se pronuncia frente a ella, así como sucede en el término
probatorio en el cual se practican las pruebas solicitadas en la demanda y
contestación.

Este principio que está estrechamente relacionado al de contradicción, significa
que debe haber igualdad de armas para ambas partes en un proceso, además del

8
Canales Cisco,principio del proceso civil salvadoreño, segunda edición

trato igual que debe recibir de parte del funcionario judicial, como bien a
determinado la jurisprudencia constitucional que igualdad significa tratar igual a los
iguales y desigual a los desiguales, lo que justifica que el legislador pueda crear
un trato diferenciado para personas diferentes, por ejemplo algunos beneficios de
personas de la tercera edad, menores de edad, discapacitados, etc.9

El Principio de Igualdad no significa que en el proceso haya de existir una
identidad absoluta entre las facultades de las partes, como por ejemplo en los
procesos en rebeldía o con allanamiento del demandado, donde la voluntad del
demandado puede aparecer propuesta.

Además la Sala ha entendido que se violenta el Principio de Igualdad cuando hay
circunstancias preexistentes determinantes de una igualdad real y el legislador
decide un trato diferenciado. Cosa diferente pasa cuando existen circunstancias
que determinan la existencia de una desigualdad real y el legislador decide un
trato igualitario con lo que se comete conducta arbitraria

PRINCIPIO DISPOSITIVO

Art. 6.- La iniciación de todo proceso civil o mercantil corresponde al titular
del derecho subjetivo o interés legítimo que se discute en el proceso; y
dicho titular conservará siempre la disponibilidad de la pretensión.
Las partes podrán efectuar los actos de disposición intra procesales que
estimen convenientes, terminar el proceso unilateralmente o por acuerdo
entre las mismas y recurrir de las resoluciones que les sean gravosas, de
conformidad a lo dispuesto en este código.

9
América.

INTERPRETACION
Esta disposición hace referencia a un principio que no constituye como tal una
novedades nuestra legislación sin embargo el alcance y el contenido del mismo
no son claros tanto en materia de legislación vigente como por la aplicación en los
tribunales.
Vemos que cada principio conlleva principalmente: a) la posibilidad de iniciar el
proceso, ya que al ser las partes las titulares de los derechos e intereses
discutidos en este, es a ellas y no al juez alas que les corresponde el inicio del
mismo. En pocas palabras, el principio dispositivo excluye la posibilidad de que los
tribunales inicien de oficio un proceso en el que los derechos e intereses
discutidos son patrimonio exclusivo de las partes10 Los jueces no procede de oficio
debiendo entender que no hay juez sin actor.
Este principio permite que las partes contendientes tengan pleno control no sobre
su derecho sustantivo, sino también sobre los derechos procesales que de el se
derivan en en el juicio11
Este Principio solo existe en Materia Civil, ya que en materia penal existe uno
similar, el principio acusatorio. Este Principio esta referido a las facultades de las
partes, a su pretensión y a su derecho subjetivo material, así dentro de sus
características tenemos: El Poder de Dispositivo sobre su Pretensión:
Bajo la cual dispone del Proceso sea con Allanamiento, Desistimiento, Deserción,
Caducidad o a través de la Cosa Juzgada, procediendo así la Terminación de
Forma Anormal. Vinculación del Tribunal por la Pretensión de las Partes: Según el
Principio de Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium el Juez no puede en la sentencia
otorgar más de lo solicitado por el actor, más de lo resistido por el demandado,
más de lo pedido por ambas o en un recurso la Reformatio In Peius

.

10
revista de la escuela de derecho utec de el salvador año 3 numero 5 2008
11
principio del proceso civil salvadoreño

PRINCIPIO DE APORTACIÓN

Art. 7.- Los hechos en que se fundamente la pretensión y la oposición que se
conoce en el proceso sólo podrán ser introducidos al debate por las partes.
La actividad probatoria debe recaer exclusivamente sobre los hechos
afirmados por las partes o por los que tienen la calidad de terceros de
conformidad a las disposiciones de este código, en su caso; en
consecuencia, el juez no podrá tomar en consideración una prueba sobre
hechos que no hubieran sido afirmados o discutidos por las partes o
terceros.
La proposición de la prueba corresponde exclusivamente a las partes o
terceros; sin embargo, respecto de prueba que ya fue debida y
oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar
diligencias para mejor proveer con el fin de esclarecer algún punto oscuro o
contradictorio, de conformidad a lo dispuesto en este Código.

INTERPRETACION
Es como una especialidad del principio dispositivo, pues se refiere a la
introducción tanto de los hechos que constituirán el objeto de debate por las partes
como los diferentes medios probatorios que fundamentan a los primeros.12

Este articulo trata sobre la introducción de los hechos que fundamentan la
pretencion y la oposición que se conoce en el proceso excluyendo
consecuentemente, la posibilidad de que sujetos distintos a las partes o terceros
los introduzcan en otras palabras, este principio excluye la denominada ciencia
privada del juez.13

12
principios del proceso civil salvadoreño
13

Este principio junto al de Investigación determina que a la partes les incumbe la
forma del objeto procesal, así:

A las partes les corresponde la introducción de los hechos al proceso para que
únicamente el Juez pueda fundar su decisión sobre los hechos afirmados por las
partes.

El Juez no considera los hechos que las partes no han sometido a su
conocimiento Ninguna prueba es necesaria ante hechos que no han sido
afirmados, según el Principio Iudex Indicare Debet Secundum Allegata Et Probata
Partium.

Corresponde a las partes la prueba de los hechos alegatos, así el Juez no, puede
decidir la Apertura a Pruebas a espaldas de las partes.

Este principio se ciñe a los hechos, nunca al derecho o calificación jurídica, que
en virtud del Principio de Sustancia corresponde al Juez.

PRINCIPIO DE ORALIDAD

Art. 8.- En los procesos civiles y mercantiles las actuaciones se realizarán de
forma predominantemente oral, sin perjuicio de la documentación, de los
actos procesales que deban hacerse constar por escrito y de las
aportaciones documentales que en este código se establecen.

INTERPRETACION
Considera que cualquier actuación judicial debe realizarse en forma oral, es decir
mediante las audiencias, durante el proceso, sin perjuicio a que las mismas deban
documentarse como prueba de su ejecución respetando los derechos de las partes

en cada intervención.14 La Oralidad ofrece ventajas, facilita los Principios de
Investigación, Inmediación, Concentración y Publicidad; además de ofrecer una
gran ayuda al Tribunal en la búsqueda de la verdad material, así como dice la
frase El papel engaña sin ruborizarse, mientras el entendimiento oral del Juez y
las partes ayuda a descubrir el asunto de hecho, además de las preguntas In
Continenti que de forma directa y espontáneamente practican los sujetos
procesales.

Este es uno de los principios fundamentales para la construcción de un sistema
adversativo, el cual, hace posible la vigencia efectiva de principios como:
contradicción, inmediación, defensa, y otros esenciales para la tutela efectiva de
los derechos.

Entre los beneficios que aporta el principio de oralidad encontramos:
i. La directa asunción del juez o tribunal de las aportaciones
probatorias, con la intervención directa de las partes.
ii. Se elimina la dispersión de los actos procesales y, se verifica, por el
contrario, una concentración de los mismos en la audiencia, que evita
ciertos actos procesales como continuas notificaciones a las partes.
iii. La eficaz publicidad de la actuación judicial, puesto que las
audiencias son abiertas al público, salvo ciertas excepciones.
iv. La corrupción en caso de haberla, queda reducida a su mínima
expresión, puesto que la concentración de los actos procesales y el
inmediato pronunciamiento del fallo, imposibilitarían efectivizarla.15

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Art. 9.- Las audiencias de todos los procesos previstos en este Código serán
públicas, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, disponga lo

14
15
www.monogrfia.com

contrarío por razones de seguridad nacional, de moral o de orden público, o
de protección de la privacidad de alguna de las partes.
La restricción de la publicidad de las audiencias deberá acordarse en
resolución debidamente motivada, en la que se precisen de manera expresa
y clara las razones de dicha restricción, así como la determinación de
quienes, además de las partes, sus apoderados o representantes, podrán
estar presentes en las mismas.
Las partes, sus apoderados, representantes, los abogados y cualquiera otra
persona que alegue algún interés jurídicamente protegido, tendrán acceso al
expediente judicial.

INTERPRETACION
Hace referencia a la publicidad frente a terceros, ya que la inter partes no se
discute, pues forma parte de las garantías mínimas de todo proceso jurisdiccional;
dejando abierta lo posibilidad que la misma sea limitada, a petición de parte, o de
oficio, por razones puntuales establecidas en dicha disposición.
Ahora bien, además de la garantía que implica la enumeración de las causales
para limitar la publicidad, el proyecto impone al juzgador la obligación de que dicha
limitación se efectúe a través de resolución debidamente motivada.16.

Este se orienta a que las audiencias de todos los procesos serán públicas, salvo
excepciones; como por razones de seguridad nacional, de la moral o de orden
publico, o de la protección de la privacidad de alguna de las partes. Asimismo,
extiende la publicidad de personas que demuestran un interés jurídicamente
protegido respecto a la consulta del expediente17.( Este principio surgió en
contraposición al Principio de Escrituralidad en tanto la Publicidad da seguridad
frente a la Administración de Justicia del Tribunal para evitar algún tipo de
manipulación, además de que sirve como Publicidad ante la comunidad.
Dicho principio tiene dos versiones: INTERNA Y EXTERNA.

16
17

Desde el punto de vista INTERNO: exige la necesidad de la existencia de vías de
notificación y comunicación de los actos procesales y fijación de los sujetos que
sean receptores de la notificación y comunicación.

Desde el punto de vista EXTERNO: la publicidad exige que cualquier persona
pueda presenciar las vistas o actuaciones verbales efectuadas por los Juzgados y
Tribunales. Sobre este aspecto, la Constitución de El Salvador alude a la
publicidad externa, al Juicio Público, en el artículo 12, al referirse a los juicios
penales, debiendo de entenderse que no existe ningún elemento impeditivo para
entender dicho principio constitucional al proceso civil.

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

Art. 10.- El juez deberá presidir personalmente tanto la celebración de
audiencias como la práctica de los medios probatorios, quedando
expresamente prohibida la delegación de dicha presencia, so pena de
nulidad insubsanable; excepto cuando la diligencia probatoria deba
realizarse fuera de la circunscripción del tribunal, en cuyo caso el juez podrá
encomendarla mediante comisión procesal, debiendo el juez delegado
presidir la práctica de la misma.

INTERPRETACION
Señala que el juez deberá presidir la celebración de audiencia, así como la practica
de los medios probatorios, protegiéndose a tal grado la inmediatez que en caso de
delegación es motivo de nulidad insubsanable

Establece una regla general: el juez debe presidir personalmente tanto la
celebración de las audiencias como la práctica de los medios probatorios, so pena
de nulidad insubsanable. Y es que sólo quien ha participado en lodo el

procedimiento, escuchado los alégalos cíe las partes y recibido la prueba aportada
se encuentra en la posibilidad de pronunciar sentencia. y que ésta sea lo más
apegada a derecho.

Ahora bien, la misma disposición prevé como excepción el supuesto en que la
diligencia probatoria deba practicarse fuera de la circunscripción del tribunal, no
obstante eso, si leemos detenidamente el artículo 140 del nuevo código, que
regula el lugar de la actividad procesal, podemos advertir que existe flexibilidad
para que el juez realice actos procesales fuera de su circunscripción, la cual podra
acoplar a través de resoluciones motivadas, situación que reduce los supuestos en
que rompe la regla general de la presencia del juez18.

Estos Principios corresponden a las relaciones entre el Tribunal y el Material
Fáctico.
En estrecha conexión con el Principio de Oralidad se encuentra en el
Inmediación. Significa dicho Principio que el Juicio y la realización de los medios
probatorios deben ser a presencia del Juez, tanto así que se afirma que solo
quien ha presenciado la totalidad del procedimiento, oído las alegaciones de las
partes y quien ha asistido a la práctica de la prueba, esta legitimado para
pronunciar sentencia.

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN

Art. 11.- Los actos procesales se realizarán con la mayor proximidad
temporal entre ellos, debiendo el juez concentrar en una misma sesión todos
los actos que sea posible realizar; asimismo, procurará decidir en una
misma resolución todos los puntos pendientes.

18
Revista de la escuela de derecho utec de el salvador año 3 numero 5 2008

Si una audiencia requiere más de una sesión, se llevará a cabo en los días
subsiguientes hasta darla por concluida, pudiéndose ordenar por el juez que
la misma continúe en días no hábiles.

INTERPRETACION
Por su parte el principio de concentración, previsto, como se elijo, en el artículo II,
del nuevo código establece con claridad algunos mecanismos específicos para
lograr la aceleración o rapidez del procedimiento, es decir, se trata de un principio
que tiene por objeto lograr que la tutela jurisdiccional que brinda el proceso sea
oportuna y así evitar que la acción jurisdiccional sea objeto cíe burla o un vano
torneo de actitudes declamatorias carentes de proyecciones prácticas

Entre las medidas a las que hace referencia el el articulo 11 del nuevo código
podemos mencionar la mayor proximidad entre los distintos juicios procesales, por
ejemplo: (a) concentrando en una misma sesión todos los actos que sea posible
19
realizar; (b) decidiendo en una misma resolución lodos los puntos pendiente; y
(e.) si una audiencia requiere más de una sesión, se llevará a cabo en los días
subsiguientes hasta darla por concluida (Art. 11 inciso 2°).

Además de la medida citada expresamente en el artículo 11, localizamos, dentro
del cuerpo normativo, otras que en cierta medida van dirigidas a agilizar la
tramitación del procedimiento, por ejemplo: (a) la regla general contenida en el
artículo 263, según la cual debe evitarse la suspensión del proceso principal, .en
caso de incidentes; (b) potenciar la posibilidad de arreglos entre las partes al
20
interior del proceso a efecto de evitar la continuación del mismo.

20

Pretende que la realización de los actos procesales, guarden proximidad temporal
entre ellos, tanto en la intervención de las partes como el juez respecto a sus
resoluciones judiciales, todas en una sola audiencia, si fuere posible21

En materia probatoria, la ventaja del principio procesal de concentración consiste
en la proscripción del sistema de emboscada que en el juicio se desarrolla, cuando
los elementos de ataque como los de defensa son ocultados por las partes, al
valerse de las pruebas por sorpresa; ya que por este medio, se hace que el
proceso sea una experiencia franca y leal, cuyo interés mayor reside en obtener
una sentencia justa en aras de los principios de lealtad, probidad y buena fe22.

OBLIGACIÓN DE COLABORAR

Art. 12.- Toda persona o autoridad está en la obligación de colaborar con la
justicia, cuando sean requeridas para ello. En consecuencia, a quien se
niegue a colaborar se le impondrá una multa cuyo monto, según la gravedad
del caso, se fijará entre cinco y diez salarios mínimos más altos, vigentes. Si
el hecho fuere constitutivo de delito, el juez certificará lo conducente a la
Fiscalía General de la República

INTERPRETACION
La intervención de un tercero es provocada u obligatoria cuando alguna de las
partes solicita o el propio Juez dispone su incorporación al proceso. La
intervención del tercero en este caso no proviene de su voluntad, sino que se ve
impelido para intervenir en el litigio como consecuencia de un llamamiento
formulado por el Juez, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes
mediante la denuncia civil correspondiente.23

21
.principio del proceso civil salvadoreño
22
Jurisprudencia salvadoreña
23
Rengel, A. (1994). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. (4ª. ed.). Vols. I y II. Caracas.

La denuncia civil como una forma de llamamiento de terceros al pleito, desde una
visión genérica, constituye una forma de propiciar una intervención obligada de un
tercero en el proceso. Es un mecanismo procesal mediante el cual una de las
partes en el litigio solicita la incorporación de un tercero al proceso, además de él
o en su lugar, por tener alguna obligación o responsabilidad en el derecho
discutido, para lo cual debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio a fin de
que, si el Juez considera procedente, sea emplazado con las formalidades
establecidas para la notificación con la demanda. La denuncia civil constituye un
mecanismo de intromisión de un tercero en el proceso. No obstante que el Código,
por su redacción, sólo autoriza al demandado para formular la denuncia civil,
consideramos, dice el Maestro CARRION LUGO que la denuncia civil puede ser
formulada también por el actor cuando sea demandado reconvencionalmente.

El llamamiento del tercero que hace el Juez en caso de fraude o colusión procesal
es un llamamiento sui generis, ya que tiene como sustento la conducta fraudulenta
de las partes y tiene como propósito dar la oportunidad al tercero para defender su
derecho discutido en el proceso fraudulento o que pueda ser afectado.24 En rigor,
no se trataría del llamamiento a un litisconsorte necesario, por cuanto el Código
faculta al acreedor reclamar el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los
deudores solidarios y no necesariamente a todos. En todo caso, la denuncia civil
servirá para conocer y, consecuentemente, emplazar al litisconsorte necesario,
que se supone no conocía el acto

24
Rocco, U. (1983). Tratado de derecho procesal civil. (2ª. Reimp.). Vol. I. Bogotá ± Buenos Aires.
Temis ± Depalma.

PRINCIPIO DE VERACIDAD, LEALTAD, BUENA FE Y PROBIDAD
PROCESAL

Art. 13.- Las partes, sus representantes, sus abogados y, en general,
cualquier partícipe en el proceso, deberán actuar con veracidad, lealtad,
buena fe y probidad procesal.
El juez procurará impedir toda conducta que implique actividad ilícita o
genere dilación indebida del proceso.
La infracción de las obligaciones de veracidad, lealtad, buena fe y probidad
procesal se sancionará con la condena en costas, y con el resarcimiento de
los daños y perjuicios que hubiera causado el infractor; sin perjuicio, de que
el juez remita a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema
de Justicia la respectiva certificación sobre la conducta de los abogados
intervinientes.
Si la infracción fuese constitutiva del delito de falsedad, el juez certificará lo
conducente a la Fiscalía General de la República.

INTERPRETACION
Bajo este principio se cobijan varios aspectos relativos a la buena conducta de las
partes en el proceso, tanteen el ejercicio moderado de sus derechos subjetivos
procesales de acción y defensa respectivamente, así como obtención lícita de las
pruebas respetándose los derechos fundamentales, creándole al juzgador la
obligación de velar por el cumplimiento de tales conductas procesales25

En base a este principio deberán actuar de una manera tal que no impidan en
ejercicio del derecho de defensa de la contraparte o adopten actitudes tendientes
a dilatar injustificadamente el proceso o cometan algún fraude en la aportación de
pruebas.

25
derecho procesal civil salvadoreño

PRINCIPIO DE DIRECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL PROCESO

Art. 14.- La dirección del proceso está confiada al juez, quien la ejercerá de
acuerdo a lo establecido en este código. En consecuencia, deberá conducir
los procesos por la vía procesal ordenada por la ley, no obstante que la parte
incurra en error.
Iniciado el proceso, el juez impulsará su tramitación, disponiendo las
actuaciones oportunas y adecuadas para evitar su paralización, adelantando
su trámite con la mayor celeridad posible; por tanto, será responsable de la
ordenación del proceso, así como de cualquier demora ocasionada por su
negligencia.

INTERPRETACION
Este principio carece de claridad lo cual ha llega a que en la practica el juez no
sea un verdadero director del proceso sino un simple espectador y sean las
partes las que lo impulsen.

En relación a la dirección del proceso el nuevo código señala con bastante
claridad que esta dirección debe ejercerse dentro de los causes legales es decir
con plena sujeción al principio de legalidad procesal.

Lo anterior implica, que el juez y, en términos generales, los sujetos del proceso
deben someterse a los procedimientos previa y legalmente establecidos, sin
posibilidad de que estos los alteren en virtud de un acuerdo

En otras palabras el hecho de que el juez sea director del proceso, no implica
que se convierta en un dictador dentro del mismo, pues dicha función debe
realizarla dentro del marco de la legalidad.
Indica que el juzgador es el encargado de conducir el proceso por la vía procesal
ordenada por la ley, dando el impulso que le corresponde, evitándose la
paralización o retardo del mismo.

El principio de ordenación del proceso de mucha importancia dada la errónea
práctica judicial existente en nuestro país en cuya virtud corresponde al juez el
impulso del proceso y por tanto es responsable evitar cualquier demora en su
tramitación. Y es que, no podemos perder de vista, si bien hay un interés
inmediato de las partes en la solución del conflicto, vinculado con el objeto del
proceso, también concurre el interés del Estado en mantener la paz social, en este
caso procurando que la composición de los litigios sea oportuna, a fin de evitar
que la justicia .se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal y una vana
ostentación de lentos artificios destinados, como la guardia en la ópera bufa, a
llegar siempre demasiado tarde26.

OBLIGACIÓN DE RESOLVER

Art. 15.- El juez no podrá, bajo ningún pretexto, dejar de resolver, ni aplazar,
dilatar o negar la decisión de las cuestiones debatidas en el proceso.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Código será
sancionado de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Judicial.

INTERPRETACION
La otra forma de heterocomposición es el proceso, que es la manera de solucionar
los conflictos que brinda el Estado mediante su función jurisdiccional. Como
advierte COUTURE, el Juez, si bien tiene la facultad de Juzgar, tiene también el
deber de hacerlo; tiene un deber - poder27.

El Estado expropia la función sancionadora, y en sustitución de los particulares,
debe organizar un mecanismo necesario para resolver los conflictos y aplicar las
sanciones. Es decir, que el Estado, en el campo jurídico, no solo cumple con la
producción y el establecimiento de las normas jurídicas, sino que la tutela jurídica

26
27
Couture, E. (1981). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. (3ª. ed.). Buenos Aires. Ediciones
De Palma

implica integrar la función normativa con otra complementaria. El medio para
realizar la función jurisdiccional es el proceso y las normas que lo regulan, el
derecho procesal.

En conclusión: el Estado, al prohibir la autodefensa y reconocer la
excepcionalidad de la auto composición otorga, mediante sus órganos, la tutela
jurídica a las partes, por intermedio del proceso. Cuando dichas partes reclaman
esa tutela, por medio de un poder jurídico, este recibe el nombre de acción.28

PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE LA JUSTICIA

Art. 16.- Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia
gratuitamente.

INTERPRETACION
El acceso al derecho de justicia es gratuito, si n perjuicio del pago de costos,
costas, y multas establecidas en este código como principio general; el código
establece que el Estado concede gratuitamente la prestación jurisdiccional sin
perjuicio de que el litigante de mala fe, deba abonar a las costas, costos y las
multas que para cada caso especifico establece la ley.

Por tanto, que el ejercicio del derecho a la jurisdicción y sus consecuentes
vicisitudes da lugar a unos efectos económicos, a unos desembolsos o gastos
surgidos como derivación de ese actividad jurisdiccional de la que traen causa:
del Estado, que debe atender a las exigencias pecuniarias derivadas del servicio
público de la Administración de Justicia; de los justiciables para los que renunciar
a la acción directa supone no sólo un sacrificio psicológico, sino una disminución
patrimonial por los dispendios que han de efectuar; de los extraños a la

28
Cuenca, H. (1969). Derecho procesal civil. (2ª. ed.). Vol. I. Caracas. Universidad Central de
Venezuela, Ediciones de la Biblioteca.

controversia, pues, frecuentemente, deben soportar económicamente los efectos
reflejos, y aún directos, del desarrollo y las resultas del proceso.29

Este principio debe entenderse en el sentido que los órganos de justicia no
pueden cobrar a los interesados por la actividad que ellos desarrollan; sin
embargo, ello no evita que el pago de tasas judiciales, honorarios de los
auxiliares de justicia y otros gastos.

CAPÍTULO SEGUNDO

REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO

Art. 17.- Los procesos y procedimientos civiles y mercantiles se tramitarán
conforme a lo dispuesto en este código, sin perjuicio de lo previsto en
tratados internacionales.
Las diligencias judiciales no contenciosas se tramitarán de acuerdo a lo
previsto en la respectiva ley de la materia; de no existir procedimiento se
aplicarán las disposiciones del proceso abreviado, en lo que fueren
aplicables.

INTERPRETACION
En la solución de un conflicto, el Juez puede verse inmerso en un problema de
determinación de la norma aplicarse al caso concreto.
Así tenemos que si existen varias normas, el Juez deberá escoger la pertinente. Si
respecto para una situación procesal, existe una sola norma, pero varias
posibilidades de entenderla, el Juez debe buscar la interpretación adecuada.
Finalmente, puede darse el caso que no exista norma que regule la situación

29
Di Iorio, A. (1997). Lineamientos de la teoría general del derecho procesal (propuesta de un
derecho jurisdiccional). Buenos Aires. Depalma

procesal en discusión, siendo el problema el buscar la manera como llenar el
vacío30.

La Elección de la Norma: la elección de la norma procesal a aplicarse, nos lleva a
la discusión de su aplicación en el tiempo y en el espacio.
La aplicación de la ley en el tiempo
- Derogación de la ley. Vigencia de la ley
- Principio de aplicación inmediata de la ley
- Retroactividad. Excepciones?
La solución al problema de la aplicación de la norma en el último supuesto, nos
lleva a la discusión de dos posibilidades:
La aplicación inmediata de la nueva norma
La aplicación ultractiva de la norma derogada
La aplicación de la ley procesal en el espacio.-
Hasta dónde tiene vigencia la norma procesal?
En mérito al principio de territorialidad, podríamos señalar, los alcances de ésta
llegan hasta donde se extienda la soberanía nacional31

INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES

Art. 18.- Las disposiciones de este código deberán interpretarse de tal modo
que se procure la protección y eficacia de los derechos de las personas y la
consecución de los fines que consagra la Constitución, dentro del respeto al
principio de legalidad. En consecuencia, el juez deberá evitar el ritualismo y
las interpretaciones que supediten la eficacia del derecho a aspectos
meramente formales.

30
Alsina, H. (1963). Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial: Juicio ordinario.
(2ª. ed.). Vol. I. Buenos Aires. Ediar. Soc. Anon. Editores
31
Calamandrei, P. (1973). Instituciones de derecho procesal civil. Vol. I. Buenos Aires. Ediciones
Jurídicas Europa América

INTERPRETACION
En el Código de Procedimientos no se hallan normas especiales de interpretación,
se aplican las generales del Código Civil. Conviene observar que, en la
interpretación jurídica, cada ley ocupa una posición especial, según su naturaleza;
así ocurre con la ley procesal. Entre las instituciones jurídicas, el proceso civil es el
organismo más delicado, como medio de atribución de los bienes de la vida
mediante la actuación de la ley, le corresponde un emplazamiento intermedio
entre las instituciones de Derecho privado y las de Derecho público. Y por ser una
relación en la que entran a un tiempo el elemento jurídico, el político, el social,
ocurre que hasta las más leves modificaciones en las condiciones morales,
políticas y sociales de la época, repercuten en su funcionamiento. Por ejemplo, si
en las relaciones sociales imperan la corrección y la buena fe, y las políticas se
asientan sobre la confianza recíproca entre los ciudadanos y los poderes públicos,
y se atiende más a la substancia de las cosas que a la forma, los litigios podrán
proceder más rápidamente y exigir menos garantías formales que en el caso
contrario. Esto hace que surja desarmonía entre una norma y la práctica; porque
formas creadas para un determinado momento no se adaptan a otro.32

Para la interpretación de la ley procesal, la doctrina tiene una tarea importante:
existen cuestiones en que la ley no puede dar criterios al juez porque establece
normas generales y es difícil descender a los casos particulares. Así, los criterios
para la repartición de la carga de la prueba son obra, en gran parte, de la doctrina.
La doctrina, en estos casos, se remonta a los principios generales, los cuales,
mientras son los conceptos informadores y animadores de la ley, proveen a la vez
los criterios para la resolución de los casos dudosos

Toda ley procesal se inspira o pretende inspirarse en unos cuantos principios
fundamentales. Algunos de estos principios son propios de un sistema, mientras

32
Alcalá-Zamora, N. Notas relativas al concepto de jurisdicción. (1992). Estudios de teoría general
e historia del proceso (1945 - 1972). México. Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

otro puede seguir los principios opuestos.

INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

Art. 19.- En caso de vacío legal se deberá acudir a la regulación y
fundamentos de las normas que rigen situaciones análogas, a la normativa
constitucional y a los principios que derivan de este código, a la doctrina
legal, a la doctrina de los expositores del derecho; y, a falta de todo ello, a
consideraciones de buen sentido y razón natural, atendidas las
circunstancias del caso.

INTERPRETACION
Se presenta cuando en un caso en concreto no existe norma procesal aplicable,
no existe norma procesal que interpretar. Se recurre a la analogía como un medio
de integración.
Así tenemos que si existen varias normas, el Juez deberá escoger la pertinente. Si
respecto para una situación procesal, existe una sola norma, pero varias
posibilidades de entenderla, el Juez debe buscar la interpretación adecuada.
Finalmente, puede darse el caso que no exista norma que regule la situación
procesal en discusión, siendo el problema el buscar la manera como llenar el
vacío.33

Las normas sobre la eficacia de la ley procesal en el ámbito espacial tienen en
común el punto de partida con las relativas a su eficacia en el ámbito temporal, es
decir, el principio de la autonomía de la acción y de la relación procesal, por el
cual, si la ley italiana o la extranjera son reguladoras de la relación sustantiva de la
relación procesal, según los casos, o será siempre la ley nacional.

33
Carnelutti, F. (1973). Instituciones del proceso civil. Vol. I. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas
Europa América.

Sin embargo, además de esto, los dos órdenes de normas sobre la eficacia de la
ley presentan profundas diferencias de naturaleza. Unas están dirigidas a regular
la relación entre el pasado y el presente; otras, por el contrario, a regular la
relación entre las normas coexistentes de diversos territorios jurídicos, lo que
explica que las desviaciones de este común principio fundamental que se
encuentra en uno y otro orden de normas, pueden estar dictadas con miras de tan
diversa naturaleza, que excluye que sean aplicables por analogía.34

En calidad de ley reguladora de las actividades procesales, la ley procesal tiene
una aplicación limitada al territorio del Estado en el cual esas actividades se
desenvuelven y de sus colonias, sí no están reguladas por leyes especiales).

APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO

Art. 20.- En defecto de disposición específica en las leyes que regulan
procesos distintos del civil y mercantil, las normas de este código se
aplicarán supletoriamente.

INTERPRETACION
La doctrina no es uniforme con respecto a la aplicabilidad de las normas, el
problema consiste en determinar que normas debe de aplicarse en el proceso
cuando por ejemplo hallándose vigente al tiempo de celebrarse un contrato una
norma que permite acreditarlo por cualquier medio de prueba, se sanciona con
posterioridad a otra norma que solo autoriza la utilización de determinados
elementos probatorios.

Chiovenda, entiende que corresponde aplicar la norma vigente en el momento
ñeque se produce el hecho, pues solo así se puede determinar, en razón de su
índole procesal, el medio idóneo para formar la actual convicción del juez .

34

Los procesos en tramite pueden ser alcanzados por la ley nueva y siempre que
ello no importe afectar a los actos procesales cumplidos, y que han quedado
firmes bajo la ley anterior. 35

Si la nueva ley, por ejemplos suprime un recurso, ella puede aplicarse al proceso
pendiente en el cual, si bien el recurso ya ha sido interpuesto, no existe
providencia judicial que lo haya conocido. La aplicación de la nueva ley a los
actos procesales cumplidos afectaría el principio de preclusión, comprometiendo
incluso la garantía constitucional de la propiedad

TÍTULO PRIMERO
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

CAPÍTULO PRIMERO
JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y
MERCANTILES SALVADOREÑOS
Art. 21.- Son competentes los tribunales civiles y mercantiles salvadoreños
para conocer de las distintas clases de procesos en los supuestos
siguientes:
1° En materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se
hallen en El Salvador.
2° Cuando se trate de la constitución, validez, nulidad o disolución de
personas jurídicas que tengan domicilio en El Salvador, o de las decisiones
de sus órganos.

35
Chiovenda, G. (1940). Instituciones de derecho procesal civil. Vol. II. Madrid. Editorial Revista de
Derecho Privado.

3° Cuando la pretensión se refiera a la validez o nulidad de inscripciones
practicadas en un registro público salvadoreño.
Todo sin perjuicio de lo establecido en los tratados vigentes en El Salvador

INTERPRETACION
Los Tribunales nacionales En este punto cabe resaltar la claridad con que se
manejan ambos conceptos, la cual permite diferenciarlos y, sobre todo, advertir
que existen supuestos en los que los tribunales nacionales carecen de-jurisdicción.

No es cierto, que los tribunales nacionales, por el hecho de serlo, tienen
jurisdicción para conocer de lodo tipo de pretensiones36

OTROS SUPUESTOS DE JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES
SALVADOREÑOS

Art. 22.- Además de los casos del artículo anterior, los tribunales
salvadoreños podrán conocer:
1°. Cuando las partes se hubieren sometido expresa o tácitamente a ellos;
2°. Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, tuviere
domicilio o residencia en El Salvador. Estará en esta situación la persona
jurídica extranjera con agencia, filial o sucursal en el país, en lo que
corresponde a los actos y contratos celebrados por medio de éstas;
3°. Cuando la obligación debe ser cumplida en el país; y
4º. Cuando la pretensión se funde en un hecho, acto o negocio jurídico
ocurrido, celebrado o con efectos en el territorio nacional.

36
Revista de la escuela de derecho utec de el salvador año 3 numero 5 2008)

INTERPRETACION
El vocablo ³jurisdicción´ es entendido en nuestra legislación como ³Potestad
Jurisdiccional´, es decir, que todo Órgano Judicial, para poder desempeñar la
labor encomendada constitucionalmente en su artículo 172 y en la legislación
secundaria, mediante la Ley Orgánica Judicial, en su artículo primero, la cual
consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado, para lo cual, se debe de contar con la
jurisdicción.

Sin embargo, la jurisdicción también puede ser vista como ³Poder Judicial´,
entendida como aquel órgano del Estado compuesto por Jueces y Magistrados
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de
la ley, que tienen como función esencial la del ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de
competencia y procedimiento que las leyes establezcan.37

ABSTENCIÓN DE JURISDICCIÓN

Art. 23.- Los tribunales civiles y mercantiles salvadoreños se abstendrán de
conocer de los asuntos que se les sometan si concurre en tales asuntos
alguna de las circunstancias siguientes:
1° Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de
sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción conforme a las
normas del Derecho Internacional.
2° Cuando, en virtud de un tratado vigente en El Salvador, el asunto se
encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.
3° Cuando el asunto no le venga atribuido de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo anterior.

37
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INTERPRETACION
Cuando un tribunal de la jurisdicción civil estime que el asunto que se le somete
corresponde a la jurisdicción militar, o bien a una Administración pública o al
Tribunal de Cuentas cuando actúe en sus funciones contables, habrá de
abstenerse de conocer.

Se abstendrán igualmente de conocer los tribunales civiles cuando se les
sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden
jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria. Cuando el Tribunal de Cuentas ejerza
funciones jurisdiccionales se entenderá integrado en el orden contencioso-
administrativo.38

EXAMEN DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN

Art. 24.- Presentada la demanda, el tribunal examinará su jurisdicción y, si
entiende que carece de ella, la declarará improponible y pondrá fin al
proceso.
Si tal defecto es advertido hasta en etapas procesales posteriores, sea de
oficio o a petición de parte, la abstención se acordará previa cita de todas las
partes personadas para una audiencia dentro de los cinco días siguientes al
de la notificación, con suspensión del procedimiento; sin embargo, cuando
la parte no la hubiera pedido en su primera intervención, la alegación no
surtirá el efecto suspensivo a que se ha hecho referencia.

INTERPRETACION
Encierra tanto el auto examen de dicho presupuesto a cargo del tribunal que esté
conociendo de un determinado asunto, como el planteamiento de una denuncia a
instancia de parte.

38
derecho jurisdiccional). Buenos Aires. Depalma

Se establecen también, las ³cuestiones prejudiciales´, las cuales nacen bajo el
supuesto de que en el desempeño de la potestad jurisdiccional, los mismos jueces
o tribunales de todo orden se encuentran con relativa frecuencia con la aparición
de conflictos ínter subjetivos o sociales, distintos de aquellos que constituyen el
objeto procesal principal del asunto que se está conociendo, pero tan
estrechamente ligados a ellos que su solución se comporta, con respecto a estos,
como una suerte de necesario e ineludible antecedente lógico a la hora de juzgar
la controversia principal, de tal forma que sin el juzgamiento previo de dichas
cuestiones, no es lógico posible, la pronunciación sobre la adecuación o no a
derecho de la pretensión hecha valer por el litigante.39

Por ello, se autoriza que el conocimiento de un asunto se extienda a dichas
cuestiones que obligatoriamente deban decidirse para resolver la cuestión
principal.

EFECTOS DE LA DENUNCIA DE JURISDICCIÓN

Art. 25.- La suspensión del procedimiento producida por la alegación de falta
de jurisdicción no obstará a que el tribunal que conoce de la pretensión
practique, a instancia de parte, cualquier actuación de aseguramiento de
prueba y adopte las medidas cautelares que considere necesarias para evitar
perjuicios irreparables que pudiere ocasionarle al demandante la suspensión
del procedimiento.

INTERPRETACION
Para la corte suprema de justicia la denuncia de la falta de jurisdicción tiene la
naturaleza de perentorias, esta conclusión contempla la falta de jurisdicción

39
Longo, P. La jurisdicción y la competencia en la nueva Constitución. (2002). Memorias del
Congreso latinoamericano de derecho procesal. Mérida. Dirección ejecutiva de la magistratura
y ACAMID.

enunciado solo la incompetencia del tribunal, aunque resulta indiscutido que la
falta de competencia no se contempla expresamente dentro de las dilatorias a
nuestro entender, ello no significa que automáticamente estemos frente a una
excepción perentoria. 40

De hecho tal afirmación se contradice en el mismo fallo, cuando se postula que
no obstante su carácter de perentoria ello es sin perjuicio de poder alegarse, en
su caso y con el fin de evitar una tramitación inútil como dilatoria.
Las razones para revisar la naturaleza jurídica que tradicionalmente se atribuye
en nuestro medio a la excepción que denuncia la falta de jurisdicción

CAPÍTULO SEGUNDO

COMPETENCIA Y PREJUDICIALIDAD

INDISPONIBILIDAD DE LA COMPETENCIA

Art. 26.- La competencia, como norma general, es indisponible; excepto en
razón del territorio conforme a las reglas establecidas en este código.

INTERPRETACION
En el caso de los criterios de competencia, la reglas no pueden tener mayor -
claridad y sistemática, pues, a diferencia de la vigente normativa, entra a definir
los diferentes criterios de competencia, los incidentes y casos especiales que en
relación a cada uno de ellos puede presentarse en la práctica, teniendo como
regla general su indisponibilidad; la cual constituye el principio general.

40
Mezgravis, A. Algunas consideraciones sobre la jurisdicción y el arbitraje. (1996). Revista de la
Facultad de Derecho. N°.50. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.

En este punto cabe resaltar la claridad con que se manejan ambos conceptos, la
cual permite diferenciarlos y, sobre todo, advertir que existen supuestos en los
que los tribunales nacionales carecen de jurisdicción. No es cierto, que los
tribunales nacionales, por el hecho de serlo, tienen jurisdicción para conocer de
lodo tipo de pretensiones41

COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN PLENO

Art. 27.- La Corte Suprema de Justicia en Pleno conocerá:
1° De las abstenciones y recusaciones conforme a lo dispuesto en este
código;
2° Del recurso de casación cuando la Sala de lo Civil ha conocido en
apelación, con exclusión de los magistrados que integran dicha sala;
3° De los conflictos de competencia; y
4° De los demás asuntos que determinen las leyes.

INTERPRETACION
Se compone normalmente por quince miembros, quienes adoptan el nombre de
magistrados de corte.

Para deliberar y resolver el tribunal deberá integrarse por el presidente o quien
haga sus veces y siete magistrados por lo menos; para que haya resolución se
necesita el número mínimo de ocho votos conformes y en caso de empate el voto
del presidente será de calidad. 42

La competencia funcional en materia civil de este tribunales conocer del recurso
de casación de las resoluciones judiciales pronunciadas por la sala de lo civil,
cuando conoce en segunda instancia en recurso de apelación

41
42
Ley de enjuiciamiento de España

COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

Art. 28.- La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia conocerá:
1°. De los procesos de exequátur;
2°. Del recurso de casación;
3°. Del recurso de apelación cuando las cámaras de segunda instancia hayan
conocido en primera instancia;
4°. De la revisión de sentencias firmes; y
5°. De los demás asuntos que determinen las leyes.

INTERPRETACION
La sala de lo civil es pluripersonal compuesta por tres magistrados, la
competencia funcional de este tribunal es decir en recurso de casación
generalmente de las resoluciones pronunciadas en segunda instancia por las
cámaras de lo civil cuando actúan e segunda instancia en recuso de apelación.

Excepcionalmente, la sala de lo civil conoce en segunda instancia de las
resoluciones pronunciadas por las cámaras de lo civil cuando aquellas conocen
en primera instancia43

COMPETENCIA DE LAS CÁMARAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Art. 29.- Las cámaras de segunda instancia conocerán:
1°. Del recurso de apelación;
2°. De las demandas contra el Estado; y
3°. De los demás asuntos que determinen las leyes.

43

INTERPRETACION
Normalmente la competencia de este tribunal de instancia se concreta a conocer
en segunda instancia de las resoluciones pronunciadas en primera instancia,
viabilizadas por medio del recurso de apelación.

Excepcionalmente, una cámara de lo civil conoce en primera instancia en los
procesos civiles cuando el demandado posee una calidad especial ya sea de
carácter permanente o temporal, conforme a la ley procesal civil.44
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Art. 30.- Los juzgados de primera instancia conocerán:
1°. Del proceso común;
2°. De los procesos especiales regulados en este código, sin Perjuicio de lo
establecido para el proceso monitorio;
3°. De la ejecución forzosa, conforme a lo previsto en este código;
4°. De los demás asuntos que determinen las leyes de la República.
Asimismo conocerá el juzgado de primera instancia de los procesos
abreviados y de los monitorios que se susciten en aquellas
circunscripciones donde no exista juzgado de primera instancia de menor
cuantía.

INTERPRETACION
Sus atribuciones son amplias, pues se fijan tanto en razón al valor de la
reclamación, enmarcándose en aquellas pretensiones de valor determinados
superiores a diez mil colones como también el juzgamiento de las pretensiones
de valor indeterminado.45

44

45
Montero, J. (1999). Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales.
Valencia. Tirant to blanch.

Excepcionalmente, el juzgado de primera instancia con competencia en lo civil,
conoce en segunda instancia en recursos de apelación sobre las resoluciones
judiciales pronunciadas en primera instancia por los jueces de paz.
La Sala de lo Civil estima que las nulidades de las inscripciones del Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas deben discutirse y decidirse en sede judicial y no en
sede administrativa. Dichas nulidades afectan derechos sustanciales y, en caso de
conflicto, corresponde al Órgano Judicial su juzgamiento

Los Juzgados de Primera Instancia a los que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se les haya atribuido el conocimiento específico
de determinados asuntos, extenderán su competencia, exclusivamente, a los
procesos en que se ventilen aquéllos, debiendo inhibirse a favor de los demás
tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Si se
planteara cuestión por esta causa, se sustanciará como las cuestiones de
competencia.46

Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera
instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se
hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados de los
asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

.
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE
MENOR CUANTÍA

Art. 31.- Los juzgados de primera instancia de menor cuantía conocerán:

46
Micheli, G. (1970). Curso de derecho procesal civil. Vol. I. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas
Europa América.

1° Del proceso abreviado;
2° De los procesos monitorios;
3° De la ejecución forzosa, conforme a lo previsto en este código; y
4° De los demás asuntos que determinen las leyes

INTERPRETACION
Conocen de sucesorios, desahucios, hipotecarios, prendarios, abreviados,
interdictos, consignaciones de pago y alquiler, pruebas anticipadas, pero la mayor
afluencia de asuntos, recae en los ejecutivos simples. En éste tipo de materia, la
explicación del trámite no es tan amplia por parte de los empleados, por cuanto en
la misma, las partes deben contar con el patrocinio de abogados litigantes, por lo
que cualquier duda o seguimiento sobre el trámite del expediente, deben ser
evacuada por dichos abogados. No se omite indicar que si la parte se apersona al
Despacho, los auxiliares están en la obligación de explicar al usuario sobre su
expediente, sin caer en un asesoramiento, el cuál como ya se indicó, no sólo es
algo que le corresponde al abogado sino que la ley orgánica del Poder Judicial,
nos impide.47

El circulante en este Despacho, es del setenta y cinco por ciento de materia civil,
los expedientes, se movilizan primordialmente por solicitud de parte, obviamente
bajo la autenticación de su abogado, no podemos nosotros de oficio darle
seguimiento a la mayor parte del tramite, y eso es algo que la mayoría de los
usuarios no comprenden, sobre todo en todo en los ejecutivos simples, donde la
parte demandada, la mayoría de veces no se apersona, entonces se dicta una
sentencia sin oposición, el expediente sigue su tramite y es a criterio de la parte
actora, si el mismo se lleva con rapidez o se paraliza

47

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ

Art. 32.- Los juzgados de paz conocerán de los actos de conciliación,
conforme a las reglas establecidas en este código.

INTERPRETACION
Al juez le corresponde llevar a cabo la sesión de acercamiento, con el fin de
solventar el conflicto sin que sea necesaria ninguna resolución. Si lo consiguiera,
no se interpondría demanda alguna.

Los Juzgados de Paz conocen, en el orden civil, de la sustanciación en primera
instancia, fallo y ejecución de algunos procedimientos menores o de pequeña
cuantía.48

Cumplen también funciones de Registro Civil y otras menores.

Pueden ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, sin
ser licenciados en Derecho, reúnan los requisitos para acceder a la carrera
judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de
incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, salvo el
ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

A los Juzgados de Paz corresponde el conocimiento, en primera instancia, de los
asuntos civiles de cuantía no superior a quince mil pesetas (90 euros) que no
estén comprendidos en ninguno de los casos a que, por razón de la materia

48

COMPETENCIA TERRITORIAL

Art. 33.- Será competente por razón del territorio, salvo las excepciones
legales, el tribunal del domicilio del demandado. Si no tuviere domicilio en
territorio nacional, será competente el de su residencia.
Asimismo es competente el Juez a cuya competencia se hayan sometido las
partes por instrumentos fehacientes.
Cuando el demandado no tuviere domicilio ni residencia en El Salvador,
podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre dentro del territorio
nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera
determinarse así la competencia, en los juzgados con competencia en
materia civil y mercantil de la capital de la República.

INTERPRETACION
Se justifica por razones geográficas o de territorio en la que se encuentra
distribuidos los juzgados y tribunales superiores de cualquier país; se refiere a esta
clase de competencia únicamente a los organismos de primera instancia puesto
que los tribunales superiores intervienen solo en razón de su función. El Perú esta
dividido en 20 distritos judiciales que no necesariamente corresponde a la división
política del país.

Antiguamente esta competencia se conocía con el nombre de fuero; había el fuero
general y el especial; el fuero general ha sido el domicilio del demandado en que
podía ser emplazado para cualquier clase de procesos; el fuero especial constituía
la excepción; a estos fueros se agregaban los fueros en razón de la persona o de
sus bienes.

En nuestro país, se acepta como norma general que el domicilio del demandado
es el componente para que se tramite legalmente un proceso civil o mercantil con
atingencias en cuanto al domicilio señalado en el Código Civil en sus artículos 33
y siguientes, salvo las excepciones que pueden darse en los nuevos cuerpos

legales normativos.

Para los casos del fuero instrumental, o sea para la prestación de la obligación
contractual o cuasi contractual, se sigue la misma norma de ser competente el
juez del domicilio de la persona a la cual se demanda (domicilio del demandado),
pero en nuestro país puede a elección demandar ante el juez del lugar señalado
para el cumplimiento de la obligación; o ante el juez donde desempeña la
administración, en las demandas sobre rendición y aprobación de cuentas49.

DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO PARA ATRIBUIR COMPETENCIA
TERRITORIAL

Art. 34.- Los comerciantes y quienes ejerzan alguna actividad de tipo
profesional, cuando se refiera a conflictos relacionados con su quehacer,
también podrán ser demandados en el lugar donde se esté desarrollando o
se haya desarrollado el mismo, y donde aquellos tuvieren establecimiento a
su cargo.
En los mismos casos del inciso anterior, también será competente el tribunal
del lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el proceso
haya nacido o deba surtir efectos.
El tribunal del domicilio de los gestores o el del lugar en que desarrollen su
actividad será el competente

INTERPRETACION
Este criterio de competencia tiene la finalidad de proporcionar el conocimiento
acerca del Órgano judicial que va a conocer, desde sus inicios, de la ventilación de
conflictos originados dentro del orden civil de la jurisdicción.
Una vez superado el tipo de Órgano Judicial objetivamente competente para
conocer de la pretensión, habrá de ser aplicado el criterio de ³Competencia
Territorial´, cuyo objetivo es averiguar cual de los tribunales en concreto y dentro

49
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del mismo grado a nivel de la República, va a ser el competente para resolver el
conflicto.

A este respecto, el nuevo código ofrece una amplia gama de criterios para
adjudicar competencia territorial.

Se mantiene en vigencia el criterio de competencia territorial por excelencia, el
cual establece que será competente para conocer de la pretensión, los tribunales
en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandado.50

Dentro de los nuevos criterios de competencia territorial introducidos por el texto
del Anteproyecto están: a) el lugar de la residencia del demandado, b) el lugar del
domicilio del demandante, c) el lugar donde el demandado esté desarrollando el
oficio de comerciante, o donde desarrolle su profesión. d) También el lugar donde
nació la relación jurídica, o donde ésta surta sus efectos, cuando se carezca de
personalidad jurídica, e) el lugar donde el demandado desarrolla su actividad, f) el
lugar donde el causante halla tenido su último domicilio dentro del territorio
nacional, g) el lugar del tribunal donde se deba conocer el mayor número de
pretensiones acumuladas o el de la pretensión de mayor cuantía.

COMPETENCIA TERRITORIAL EN CASOS ESPECIALES

Art. 35.- En los procesos en que se planteen pretensiones que versen sobre
derechos reales, será competente también el tribunal del lugar donde se
halle la cosa; sin embargo, si la pretensión se ejerce sobre varias cosas o
sobre un solo inmueble que esté situado en diferentes jurisdicciones, será

50
Anteproyecto, Art. 31

competente el tribunal del lugar donde se encuentre cualquiera de aquéllas,
o el de cualquiera de las circunscripciones a las que pertenezca el inmueble.
La misma regla del inciso anterior se aplicará en los procesos arrendaticios.
En los procesos sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal
del lugar en que el causante haya tenido su último domicilio en el territorio
nacional.
En los procesos sobre rendición de cuentas, será también competente el
tribunal del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y si éste no está
determinado, el del domicilio del demandante, poderdante o dueño de los
bienes o el del lugar donde se desempeñe la administración.
En las demandas sobre obligaciones accesorias o que sean complemento de
otras anteriores, será competente el tribunal que lo sea para conocer, o esté
conociendo, de la obligación principal sobre la que recayeren.

INTERPRETACION
Las normas sobre competencia objetiva determinan qué tipo de órgano judicial ha
de conocer de un asunto civil en primera o única instancia.

Lo que sucede es que, salvo el Tribunal Supremo, existen varios órganos
judiciales del mismo tipo que únicamente se diferencian por el distinto territorio en
el que ejercen sus funciones. Surge por ello la necesidad de concretar la
competencia de uno determinado, dentro de los de su mismo grado o jerarquía.51

A esta necesidad responden las reglas que regulan la competencia territorial.

Por tanto, las normas de competencia territorial atribuyen el conocimiento del
proceso a un determinado órgano judicial, de los varios existentes del mismo tipo,
en atención al territorio en el que ejercen su jurisdicción.

51
Devis, H. (1996). Compendio de derecho procesal. (14ª. ed.). Vol. I. Santa Fe de Bogotá.
Editorial ABC.

Por tanto, hace referencia al lugar donde el actor debe o tiene derecho a presentar
la demanda, y donde el demandado tiene derecho a ser demandado o está
obligado a ello, según los casos 52(GUERRA SAN MARTÍN).

COMPETENCIA TERRITORIAL EN ACUMULACIÓN Y PLURALIDAD DE
DEMANDADOS

Art. 36.- Cuando se planteen conjuntamente varias pretensiones en relación
con una o más personas, será competente el tribunal del lugar que
corresponda a la pretensión que sea fundamento de las demás; en su
defecto, el que deba conocer del mayor número de las pretensiones
acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la
pretensión de mayor cuantía.
Cuando se plantee una única pretensión a personas de distinto domicilio, la
demanda podrá presentarse ante el tribunal competente para cualquiera de
ellas.

INTERPRETACION
Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será
competente el juez del domicilio que escoja el actor.

En los juicios hereditarios, el juez en cuya comprensión haya tenido su ultimo
domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia y
si estuvieren en varios lugares el juez de cualquiera de ellos a prevención y a falta
de domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del actor de la herencia.
Lo mismo se observará en casos de ausencia.53

52
Gimeno, J. (1981). Fundamentos del derecho procesal. Madrid. Civitas, S.A.

53
Véscovi, E. (1984).Teoría general del proceso. Bogotá. Editorial Temis.

Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias
personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que
sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor
número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que
corresponda a la acción más importante cuantitativamente.

Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en
este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a
los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de
ellos, a elección del demandante.54

COMPETENCIA OBJETIVA

Art. 37.- La cuantía y la materia determinarán la competencia objetiva de un
tribunal.

INTERPRETACION
Es la que se encuentra determinada por la materia o el asunto, como la cuantía,
elementos determinantes. Así tenemos que para los asuntos civiles y comerciales
en el país, son competentes los jueces especializados en lo civil así como para
los asuntos penales lo serán los especializados en lo penal y para los asuntos
laborales los que conocen de esta especialidad, ahora incorporadas por tal razón
dentro del Poder Judicial totalmente unificado.

El criterio de cuantía es determinante para la competencia de un juzgado, pues
mientras esta cuantía sea mínima, tendrá la competencia el juez de paz, mientras
que si pasa el límite señalado establecido por la ley, será competencia del juez de
Primera Instancia. En nuestro ordenamiento procesal, se dan las reglas para

54
Azula, J. (1997). Manual de derecho procesal civil. (6ª. ed.). Vol. I. Santa Fe de Bogotá. Editorial
Temis S.A.

determinar el valor del juicio, en ese caso de dificultad, contenidas en los nuevos
reglamentos procésales.55

COMPETENCIA FUNCIONAL

Art. 38.- El tribunal competente para conocer de un asunto lo será también
para conocer de las incidencias que surjan sobre él y para llevar a efecto sus
resoluciones, sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecución de las
sentencias.

INTERPRETACION
Corresponde a los organismos judiciales de diverso grado, basada en la
distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno de los cuales le
corresponde una función; cada instancia o grado se halla legalmente facultado
para conocer determinada clase de recursos.56

Sin embargo, puede ocurrir, por excepción, que originalmente puede iniciarse una
controversia directamente en la instancia superior o suprema, justificado por cierta
situación en el juzgado de personeros del estado a quienes se les da un trato
preferente,

Las disposiciones sobre competencia, son imperativas con lo que se quiere
explicar que deben ser atacadas necesariamente; si un tribunal carece de
competencia, debe inhibirse y los interesados en su caso están asistidos del
perfecto derecho de ejercer los recursos y acciones que creyeran convenientes.57

55
www.monografias.com
56
Jurídicas Europa América.
57
Editorial ABC.

Las normas pertinentes contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fijan en
nuestro país, los grados o instancias de los Juzgados de Primera Instancia, Cortes
Superiores y Corte Suprema.

COMPETENCIA DE GRADO CUANDO SEA PARTE EL ESTADO

Art. 39.- En los procesos en los que sea demandado el Estado serán
competentes para conocer en primera instancia, las Cámaras de Segunda
Instancia de la Capital; y, en segunda instancia, conocerá la respectiva Sala
de la Corte Suprema de Justicia.
Los municipios, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y entes
descentralizados del Estado serán demandados ante los tribunales
comunes.

INTERPRETACION
Tomando en cuenta primero, que para realizar una ejecución en contra del Estado,
debe presentarse solicitud de ejecución, en una cámara de segunda instancia,
como se ha señalado el juzgado o tribunal competente para conocer de las
ejecuciones, es el mismo en donde se ha llevado el proceso declarativo o en su
caso si es sentencia arbitral.

Aparte de estas aclaraciones, el proceso se tramita de forma ordinaria, es decir,
que al notificársele al Estado que existe un proceso de ejecución en su contra,
este puede oponerse, o bien solicitar la suspensión de la ejecución, si concurrieren
algunas de las causas antes estudiadas.

Para cualquiera de los casos antes mencionados, el legitimado a intervenir es el
Fiscal General de la República, a través de alguno de sus representantes, si así lo
estimare conveniente el Fiscal General, quien velará por los intereses del Estado.
Pero la excepción a esta regla se da cuando se trate de entidades oficiales

Autónomas o Municipalidades, ya que una de las características de éstas es que
poseen personalidad jurídica Propia y no se identifican con la Estatal. Razón por la
cual el Anteproyecto ha regulado que para estos casos, quien intervendrá será el
responsable o el representante legal de la entidad. 58

Como regla general, se establece que los bienes de la Hacienda Pública son
inembargables, la excepción a esta regla surge cuando el Estado hubiere rendido
garantía real, ya sea hipotecando bienes inmuebles o pignorándolos, tanto los
Estatales como los de entidades oficiales Autónomas o Municipios.

EXAMEN DE OFICIO DE LA COMPETENCIA

Art. 40.- Presentada la demanda, el tribunal examinará de oficio su
competencia y, si entiende que carece de ella, rechazará in limine la
demanda por improponible, y remitirá el expediente al tribunal que considere
competente.

INTERPRETACION
Se determina con arreglo a las normas vigentes en oportunidad de iniciarse el
proceso y atendiendo el estado de cosas existentes en dicha oportunidad. Debe
prescindirse tanto de las normas vigentes en la oportunidad de constituirse la
relación jurídica sobre la que versa el proceso o de producirse los hechos que
configuran la causa de la pretensión, como de los hechos sobrevivientes al
momento de interponerse la demanda.

Debe estarse, por otra parte, a los elementos integrantes de la pretensión y no al
contenido de las defensas deducidas por el demandado, ya que estas no alteran

58
Lares, E. (1998). Manual de derecho administrativo. (11ª. ed.). Caracas. Ed. Universidad central
de Venezuela.

el objeto del proceso y solo inciden en la delimitación de las cuestiones
litigiosas.59El juez tiene, durante el curso del proceso, dos oportunidades para
pronunciarse acerca de su competencia. La primera es la de la presentación de la
demanda: Toda demanda, debe interponerse ante juez competente, y siempre
que de la exposición de los hechos resultase no ser de la competencia del juez
ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Consentida o
ejecutoriada la respectiva resolución, ,se remitirá la causa al juez tenido por
competente.

A fin de facilitar un examen más amplio sobre dicho extremo, que si no resultare
claramente de ellas (las demandas) que son de su competencia, mandarán que el
actor exprese lo necesario a ese respecto. Tal declaración de oficio no
corresponde en el caso de la competencia territorial, pues esta puede ser
prorrogada de conformidad de partes siempre que se trate de controversias de
exclusivo carácter patrimonial.

Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia
territorial y si, conforme al título ejecutivo y demás documentos que se
acompañen a la demanda, entendiera que no es territorialmente competente,
dictará auto absteniéndose de despachar ejecución e indicando al demandante el
tribunal ante el que ha de presentar la demanda. Esta resolución será recurrible.

DENUNCIA DE LA FALTA DE COMPETENCIA

Art. 41.- La falta de competencia deberá alegarse ante el mismo tribunal que
esté conociendo de la pretensión.
Salvo en el caso de la incompetencia por razón del territorio, la falta de
competencia podrá alegarse en cualquier estado del proceso, acompañando
los documentos que puedan servir de prueba. Presentada la alegación, se

59
Venezuela, Ediciones de la Biblioteca

suspenderá el proceso, se comunicará a las demás partes personadas y se
citará a todas para una audiencia dentro de los cinco días siguientes al de la
notificación, en la cual manifestarán lo que estimen procedente y practicarán
la prueba que en el acto aporten y el juez admita.
Cuando la falta de competencia no se hubiere alegado en el primer momento
procesal oportuno, la misma no surtirá el efecto de suspender el curso del
proceso

INTERPRETACION
La delimitación de la jurisdicción y de la competencia de los Juzgados y
Tribunales civiles se ha tornado en los últimos tiempos más compleja que nunca.
En efecto, en lo que a la jurisdicción respecta, a las clásicas dificultades de
determinación de su marco genérico de atribuciones, dada la imprecisión de la
cláusula negativa o residual con que lo configura la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se suman ahora la dificultosa convivencia entre un sistema procesal civil
que tan sólo contempla la declinatoria como procedimiento de denuncia a
instancia de parte de la falta de jurisdicción, y el sistema de la Ley de Conflictos
Jurisdiccionales y de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que sigue
contemplando la inhibitoria como incidente adecuado a estos mismos fines.60

Del lado de la competencia judicial, los problemas de determinación del órgano
del orden civil objetivamente competente se han multiplicado enormemente tras la
implantación de los Juzgados de lo Mercantil y de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, que además se sitúan orgánicamente en el mismo plano jerárquico que
los Juzgados de Primera Instancia. Y en el marco de la concreción de la
competencia territorial también aparecen no pocos conflictos derivados de la cada
vez más creciente amplitud del catálogo de fueros imperativos o no dispositivos. 61

60
61
Europa América

De la totalidad de dicha problemática, y desde una visión eminentemente práctica,
se ocupa la presente obra, la cual, junto a la exposición comentada y
sistematizada de la normativa aplicable sobre jurisdicción y competencia en el
orden civil, introduce también una serie de anexos de jurisprudencia que facilitarán
la comprensión del estado en que se encuentra la práctica de nuestros tribunales
en torno a cada una de las cuestiones abordadas.

DENUNCIA DE LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL

Art. 42.- La falta de competencia territorial sólo podrá alegarse en el plazo
que se tiene para contestar la demanda, sin contestarla, y se deberá indicar
el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habría de
remitirse el expediente.
El demandante, por su parte, podrá, además de sostener la competencia del
que está conociendo, alegar la falta de competencia territorial del tribunal en
favor del cual se pretendiere declinar el conocimiento del asunto.
El planteamiento de la incompetencia se sustanciará conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.

INTERPRETACION
Se establece así mismo, que la falta de competencia, en principio, se apreciará de
oficio, tan pronto se advierta por el tribunal que esté conociendo del asunto. Es
decir, que el Órgano Judicial ante quien se presente una demanda deberá
examinar en ese momento y antes de admitirla a trámite, si posee competencia
para conocer de la misma, caso contrario, deberá remitir el expediente al que
considere competente.

Sin duda, este procedimiento busca la concreción de los principios de economía
procesal y ³iura novit curia´, por cuanto al enterarse el juzgador que carece de la
competencia, deberá remitir la demanda al que considere que si la posea.

A diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil62, que sobre este punto establece
que si el tribunal carece de competencia, automáticamente decretará la
inadmisibilidad de la misma, resolución que será recurrible en apelación. En
cambio, si la declaración de competencia es a instancia de parte, se hará ante el
tribunal que esté conociendo de la pretensión

SUMISIÓN TÁCITA

Art. 43.- Si el juez no hubiere apreciado in limine litis su falta de competencia
por razón del territorio, o si el demandado no la denunciara conforme al
artículo anterior, el tribunal será definitivamente competente para conocer de
la pretensión.

INTERPRETACION
Por otro lado, se establece la ³sumisión tácita´, que consiste en todo aquel
comportamiento activo del demandante y pasivo del demandado en un proceso
pendiente, mediante el cual el primero deduce su pretensión ante un órgano
territorialmente incompetente conforme a las reglas generales de carácter
dispositivo, y el segundo, pudiendo hacerlo, no ejercita medio de oposición alguno,
consintiendo tácitamente, pues, que sea dicho Órgano judicial el encargado de
juzgar el conflicto existente entre ellas63.

A esta segunda clase de sumisión se refiere el Anteproyecto, cuando dice que si el
juez no hubiere apreciado su falta de competencia por razón del territorio, o si el
demandado no la denunciare en su primera actuación después de personado, el
tribunal será definitivamente competente para conocer de la pretensión.

62
LEC 2000/01, Art. 404.
63
Garberí Llobregat José, et. al. , ³Los Procesos Civiles«´ Tomo I, op. cit. Pág. 753.

EFECTOS DE LA DENUNCIA DE COMPETENCIA

Art. 44.- La suspensión del procedimiento producida por la alegación de falta
de competencia, en los casos en que procede, no obstará a que el tribunal
que conoce de la pretensión practique, a instancia de parte, cualesquiera
actuaciones de aseguramiento de prueba y adopte las medidas cautelares
que considere necesarias para evitar perjuicios irreparables que pudiere
ocasionarle al demandante la suspensión del procedimiento.

INTERPRETACION
Los efectos de la declaratoria de incompetencia es la suspensión del
procedimiento. Sin embargo, esto no obstará para que el tribunal que conoce de la
pretensión practique cualquier actuación de aseguramiento de prueba o de
medidas cautelares cuya dilación pudiera conseguirse perjuicios irreparables para
el demandante.

Si el tribunal estimare que carece de competencia objetiva o funcional, pondrá fin
al proceso, indicando a las partes el competente para conocer. Pero si se carece
de competencia territorial, se abstendrá de seguir conociendo el asunto e indicará
a las partes el tribunal competente al que deberán dirigirse.64

Mediante la declinatoria el demandado y los que puedan ser parte legítima en el
juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se
ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales
extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional o a árbitros.

64
Véscovi, E. (1984).Teoría general del proceso. Bogotá. Editorial Temis.

También se propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo
tipo. 65

DECISIÓN SOBRE LA FALTA DE COMPETENCIA

Art. 45.- Si el tribunal considerase que carece de competencia objetiva o de
grado, rechazará la demanda por improponible poniendo fin al proceso,
indicando a las partes el competente para conocer. Si carece de
competencia funcional, rechazará el asunto incidental expresando los
fundamentos de su decisión y continuará con el proceso principal con
imposición de las costas a la parte que lo hubiere planteado.
Contra los autos a que se refiere este artículo se podrá interponer recurso de
apelación y, en su caso, recurso de casación.

INTERPRETACION
Fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud
de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser
apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio
propusieren en tiempo y forma la declinatoria.

Al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios de
prueba en que se funde, con copias en número igual al de los restantes litigantes,
que dispondrán de un plazo de cinco días, contados desde la notificación de la
declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la
jurisdicción o la competencia del tribunal, que decidirá la cuestión dentro del quinto
día siguiente.

Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al

65
Editorial ABC.

impugnarla, podrá también alegar la falta de competencia territorial del tribunal en
favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto.

Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento
del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto,
absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso.
Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse
sometido el asunto a arbitraje.

Si el tribunal considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de que
se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se
abstenga de conocer señalará a las partes ante qué órganos han de usar de su
derecho. Igual resolución se dictará cuando el tribunal entienda que carece de
competencia objetiva.66

DECISIÓN SOBRE LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL

Art. 46.- Si el juez estima que carece de competencia territorial, declarará
improponible la demanda en el estado en que se encuentre y se abstendrá
de seguir conociendo del asunto, remitiendo el expediente al que considere
competente. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.
Si se desestimare la denuncia de competencia territorial se ordenará la
continuación del proceso con imposición de las costas a la parte que la
hubiere planteado.

INTERPRETACION
La razón de ser de este tipo de competencia es la circunscripción territorial del
juez recogiendo el vigente CPC el criterio subjetivo y objetivo; en primer caso
tiene en consideración el domicilio de la persona o litigante demandado o por

66
Ley de enjuiciamiento civil de España

excepción demandante, como por ejemplo en procesos sobre prestaciones
alimenticias. En el segundo prima el organismo jurisdiccional de la sala o
tribunal como por ejemplo las salas de la corte suprema tienen competencia en
toda la republica, en tanto que una sala superior solo en el distrito judicial
correspondiente y un juzgado correspondiente y un juzgado de provincia tan
solo ella67.
El nuevo CPC contiene en relación al criterio de competencia territorial que
tratándose de personas naturales:
Si el demandado domicilia en varios lugares, pude ser demandado en
cualquiera de ellos.
Si carece de domicilio o este es desconocido, es competente el juez del
lugar donde se encuentre o del domicilio del demandante, a elección de
este ultimo.
Si domicilia el demandado en el extranjero, es competente el juez del
lugar del último domicilio que tuvo en el país.

Tratándose de personas jurídicas regulares demandadas es el juez
competente el del lugar en que la demanda tiene su sede principal sobre
disposición legal en contrario y si tiene sucursales en el domicilio principal o
ante el juez de cualquiera de esos domicilios.

Para casos de personas jurídicas irregulares o no inscritas es el juez
competente el del lugar en donde se realiza la demanda.
Sin embargo, como se homologa a los laudos arbítrales firmes tal ejecución
en caso de incumplimiento y teniendo el juez exclusivamente Ius Imperium
Será competente el juez especializado civil del lugar donde se deba ejecutar y
funcionando la mesa de partes única como sede en la Capital de la Republica
el que por racionalización resulte pertinente ya que el factor anterior del turno

67

ha sido eliminado.

Finalmente dentro del criterio de la competencia territorial, tratándose de
procesos no contenciosos, es juez competente el del lugar del domicilio de la
persona que lo promueve o en cuyo interés se promueve.

CONFLICTO DE COMPETENCIA

Art. 47.- El tribunal que reciba el expediente, si considera a su vez que es
incompetente, lo declarará así.
En dicho caso, deberá remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia,
la cual decidirá el tribunal al que corresponda conocer del asunto, así como
el envío del expediente y el llamamiento a las partes para que comparezcan,
dentro de los cinco días siguientes, ante dicho tribunal

INTERPRETACION

Conflicto positivo de competencia.-
El tramite de la INHIBITORIA consiste en que el demandado, notificado con la
demanda que desde luego ha sido admitida y procedente, puede acudir ante el
juez que considera competente para tal caso y le solicita que promueva la
inhibitoria del juez ha ordenado notificándolo con la demanda.
Es su derecho siempre que tal pedido de inhibitoria lo formule dentro de 05 días
del emplazamiento mas el termino de la distancia y fundamentando su petitorio de
inhibitoria, adjunte los medios probatorios pertinentes o lo que nosotros
denominamos prueba periférica, coyuntural, especial o concreta solo a la
inhibición y criterios legal sobre la misma, teniéndose en cuenta que la
competencia es uno de los presupuestos de todo proceso civil.

Conforme al nuevo CPC el juez puede rechazar de plano la inhibitoria si se ha
formulado fuera de plazo, esto es, cuando es manifiestamente extemporánea y
temeraria según el Art. 38 del Código vigente
La inhibitoria de ser admitida por el pretendido juez a quien el demandado acude
se tramita así:
Oficio al juez que conoce del proceso y le solicita que se inhiba
En el oficio le pide la remisión del expediente que incipientemente esta
tramitándose.
Le incluye en el oficio, copia certificada del escrito del litigante que solicita la
inhibitoria y que el ha admitido por considerarla procedente.

Como ya se tramita la inhibitoria en su sentido positivo el juez que conoce de la
demanda, que la califico preliminarmente y la admitió al enterarse del petitorio de
inhibitoria, que tiene que hacerle conocer a ello al demandante, pero además debe
disponer la suspensión del proceso que esta todavía incipiente.
Dependerá, en este estado, del allanamiento del demandante o su persistencia y a
la vez contradicción al petitorio de inhibitoria para una solución inmediata o que
tenga que ser dirimida la competencia por la Corte Superior o por la corte
Suprema en su caso.68

Conflicto negativo de competencia.-
Conflicto negativo de competencia tiene lugar en los casos en que se produce
declaración de oficio de la incompetencia, pero aclaremos que abarca no solo al
criterio o factor territorio, sino a la inhibitoria de oficio por razón de materia y
cuantía, sirviendo nuestros análisis y casuística correspondiente.

68
www.monografias.com/trabajos7

PREJUDICIALIDAD

Art. 48.- Cuando en un proceso civil o mercantil, se ponga de manifiesto un
hecho que tenga apariencia de delito o de falta que diere lugar a acción
penal, el respectivo tribunal, mediante resolución, lo pondrá en
conocimiento del Fiscal General de la República, por si hubiere lugar al
ejercicio de dicha acción.
En tal caso, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso,
sino cuando concurran las siguientes circunstancias:
1° Que se acredite la existencia de causa penal, en la que se estén
investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los
que fundamenten las pretensiones de las partes en el respectivo proceso; y,
2° Que la decisión del tribunal penal, acerca del hecho por el que se procede
en causa de esa naturaleza, pueda tener influencia decisiva en la resolución
sobre el asunto civil o mercantil.
La suspensión de que se trata se acordará, mediante auto, una vez que el
proceso esté pendiente sólo de sentencia.
No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de
un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados, se acordará,
sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite
que se sigue causa penal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el
documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.
En el caso a que alude el inciso anterior, no se acordará la suspensión o
finalizará la que se hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el
documento renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará que el
documento sea separado de los autos.
Las suspensiones a que se refiere este artículo finalizarán cuando se
acredite que el juicio penal ha terminado, o que se encuentra paralizado por
motivo que haya impedido su normal continuación.
Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o
querella de una de las partes y finalizare por resolución en la que se declare

auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a la que
hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil o mercantil, podrá pedir
en éste indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en
este código.

INTERPRETACION
Estas cuestiones son aquellas conexas con la cuestión de fondo planteada en el
proceso civil que por su naturaleza están atribuidas al conocimiento de juzgados y
tribunales de distinto orden jurisdiccional, en el que pueden dar lugar a un proceso
y resoluciones propias69

Podemos definir la prejudicialidad, como el carácter vinculante que posee un
determinado pronunciamiento judicial respecto de otro posterior, en el que se
decide sobre una relación o situación jurídica de la que la sentencia anterior es
condicionante o prejudicial.
Se define, también, la prejudicialidad como el efecto positivo de la cosa juzgada (
entendiendo por cosa juzgada un efecto de la sentencia firme), así, se establece:
´Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin
a un proceso, vinculará al tribunal de un proceso posterior, cuando en este
aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los
litigantes de ambos procesos sean los mismos, o la cosa juzgada se extienda a
ellos por disposición legal´.

Sin embargo, cuando se solicita la acumulación de dos procesos, éstos aún no se
habrán terminado con sentencia, con lo cual, lo que permitirá su acumulación será
la posibilidad de que se produzca este carácter vinculante entre los
pronunciamientos que puedan recaer, vinculación que sólo podrá tener lugar, si en
el segundo proceso se ejercita una acción conexa.

69
Montero Arroca Juan el nuevo proceso civil 2° edicion, pag

RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE LAS
ACTUACIONES POR PREJUDICIALIDAD PENAL

Art. 49.- Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil o
mercantil se podrá interponer recurso de revocatoria. La solicitud de
suspensión podrá, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y,
en su caso, durante la tramitación de los recursos pertinentes.
Contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación, y
contra los autos dictados en apelación en los que se acuerde o confirme la
suspensión se dará, en su caso, el recurso de casación.

INTERPRETACION
Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca
apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante
providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al
ejercicio de la acción penal.

Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando,
como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten
las pretensiones de las partes en el proceso civil.

Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en
causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto
civil.70

No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un
delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin
esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se
sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento
pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.

70

Pedir en éste indemnización de daños y perjuicios.

Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil se podrá
interponer recurso de reposición. La solicitud de suspensión podrá, no obstante,
reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitación de
los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación. Contra el auto
que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autos
dictados en apelación acordando o confirmando la suspensión se dará, en su
caso, recurso extraordinario por infracción procesal

CASOS DE EXCEPCIÓN Y EFECTOS DE LAS SENTENCIAS

Art. 50.- Las suspensiones de que tratan los artículos anteriores no tendrán
lugar cuando los ordenamientos penales requieran que el asunto se resuelva
previamente en la vía civil o mercantil, por lo que el juez respectivo llevará
dicho asunto hasta su finalización.
Las sentencias pronunciadas en sede penal no producirán efectos de cosa
juzgada en lo civil o en lo mercantil, salvo que la ley exprese lo contrario.
Las sentencias pronunciadas por los tribunales de lo civil y mercantil no
producirán tampoco efectos de cosa juzgada en otras sedes judiciales, salvo
disposición expresa en contrario.

INTERPRETACION
La sentencia produce los siguientes efectos:
Siempre que la prestación a la cual el demandado es condenado, sea fungible y,
por tanto, apta para la ejecución, la sentencia de condena produce la acción
ejecutiva;

Siempre que la sentencia condene al pago de una suma, a la entrega de cosas
muebles, o al cumplimiento de otra obligación que puede resolverse en el
resarcimiento de daños la sentencia de condena produce la hipoteca judicial; y

Siempre que la sentencia condene a las costas del juicio, sea por la norma
general, sea en aplicación de normas especiales, produce un derecho a una
prestación, puesto que el derecho a las costas no prcexistc a la sentencia, sino
que tiene en ésta, y sólo en ella, su título, Debe considerarse que todas las
sentencias que se pronuncian sobre una demanda pueden contener condena en
costas, y también las sentencias constitutivas, las de pura declaración, las
desestimalorias, la del Tribunal de Casación, aunque esta última no se pronuncie
sobre la relación sustantiva. Por tanto, todas las sentencias, respecto a las costas
que dejan a cargo de una parte, son sentencias de condena y, como tales,
producen los efectos de éstas, es decir, la acción ejecutiva y la hipoteca judicial.71

PREJUDICIALIDAD CIVIL O MERCANTIL

Art. 51.- Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir
sobre alguna cuestión que, a su vez, constituye el objeto principal de otro
proceso pendiente ante el mismo tribunal civil o mercantil o ante uno
distinto, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición
de ambas partes o de una de ellas, oída la parte contraria en el término de
tres días, podrá, mediante auto, decretar la suspensión del curso de las
actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que
tenga por objeto la cuestión prejudicial.
Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de revocatoria; y
contra el auto que acuerde la suspensión, el de apelación.

INTERPRETACION
En un proceso civil no debe surgir una verdadera cuestión prejudicial civil pues
cuando para decir sobre una pretensión debe decidirse antes de modo lógico
sobre otra cuestión civilillo no ofrecerá problemas, dado que el tribunal civil tendrá

71

competencia. En este caso estaremos ante una cuestión incidental relativa al
objeto del proceso que dará lugar a un incidente.

Cuando no sea posible la acumulación de procesos, el tribunal a petición de
ambas partes o de una de ellas y oída la contraria, podra decretar la suspensión
del curso de las actuaciones hasta que finalice el proceso en el que tenga por
objeto esa cuestión.72

CAPÍTULO TERCERO
ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

Art. 52.- Los jueces o magistrados se abstendrán de conocer de un asunto
cuando se pueda poner en peligro su imparcialidad en virtud de sus
relaciones con las partes, los abogados que las asisten o representen, el
objeto litigioso, por tener interés en el asunto o en otro semejante, así como
por cualquier otra circunstancia seria, razonable y comprobable que pueda
poner en duda su imparcialidad frente a las partes o la sociedad.
Si no se abstuviere, cualquiera de las partes podrá plantear la recusación en
el primer momento en que tenga oportunidad para ello; y si no lo hiciera
entonces, no se le dará curso. Si los motivos de recusación hubieran
surgido con posterioridad o fueran desconocidos por el recusante, podrá
plantearse con posterioridad hasta antes de dictar sentencia, pero estas
circunstancias tendrán que ser acreditadas en forma suficiente.
La recusación deberá tramitarse con carácter preferente, y se habrán de
acumular en el mismo incidente todas las causas de recusación que

72
Chiovenda, G. (1940). Instituciones de derecho procesal civil. Vol. II. Madrid. Editorial Revista de
Derecho Privado.

existieran al tiempo de promoverla si fueren conocidas, rechazando las que
se planteen con posterioridad.
Las partes no pueden allanarse a efecto de que conozca el juez o magistrado
que haya manifestado que pretende abstenerse de conocer del asunto.

INTERPRETACION
Existe reacusación cuando los magistrados, jueces, o secretarios, no se inhibieren
a pesar de existir algún impedimento; procede la reacusación misma que será
siempre con causa legal, efectuando la aclaración el legislador en el sentido de
que la recusación será con causa legal, para evitar la confusión que existía con la
recusación sin causa.
Es decir que aun cuando pueda existir alguna por la que el magistrado, juez o
secretario se encuentren impedidos para conocer del asunto que les es planteado

La figura de la abstención y recusación tiene la finalidad de darle cumplimiento a la
Constitución, por cuanto relaciona que los Magistrados y Jueces en lo referente al
ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes e imparciales y están
sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes.73

Resalta el elemento de la imparcialidad e independencia judicial, como elemento
esencial para que operen dichos impedimentos, los cuales se revisten de un doble
aspecto, como lo son la independencia funcional e independencia económica.
Entendiendo la primera, como la posibilidad de permanecer ajeno a presiones de
carácter político-partidarístas provenientes de otros órganos del Estado y la
segunda como fundamento para el normal desempeño del Órgano Judicial depende
en gran medida de que le sea garantizada la asignación de un mínimo porcentual
correspondiente al presupuesto estatal.

73
Cn. Art. 172

ABSTENCIÓN. COMPETENCIA Y TRAMITACIÓN

Art. 53.- Cuando un juez o magistrado considere que concurre respecto de él
algún motivo de abstención, lo hará saber al tribunal jerárquicamente
superior mediante escrito motivado, para que declare si es procedente o no
que se abstenga de conocer del asunto.
Cuando se trate de un magistrado de la Sala de lo Civil, hará saber la
concurrencia del motivo de abstención a la Sala mediante escrito motivado,
a los efectos señalados en el inciso anterior. Cuando se abstenga la mayoría
o todos los magistrados que conforman la sala, el conocimiento y decisión
corresponderá a la Corte Suprema de Justicia en Pleno.
La abstención se resolverá sin más trámite, sin que sea necesario aportar
prueba.

INTERPRETACION
La abstención del Magistrado o Juez se comunicará, respectivamente, a la
Sección o Sala de la que forme parte o al tribunal al que corresponda la
competencia funcional para conocer de recursos contra las sentencias, que
resolverá en el plazo de diez días. La comunicación de la abstención se hará por
escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive.

La abstención de Juez o Magistrado suspenderá el curso del proceso en tanto no
se resuelva sobre ella.74

Si el tribunal no estimare justificada la abstención, ordenará al Juez o Magistrado
que continúe el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a
hacer valer la recusación. Recibida la orden, el tribunal dictará providencia
poniendo fin a la suspensión del proceso.

74
Azula, J. (1997). Manual de derecho procesal civil. (6ª. ed.). Vol. I. Santa Fe de Bogotá. Editorial
Temis S.A.

Si se estimare justificada la abstención por el tribunal competente el abstenido
dictará auto apartándose definitivamente del asunto y ordenando remitir las
actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un
tribunal colegiado, el auto, que no será susceptible de recurso alguno, lo dictará la
Sala o Sección a que pertenezca el que se abstenga.

En ambos casos, la suspensión del proceso terminará, respectivamente, cuando
el sustituto reciba las actuaciones o se integre en la Sala o Sección a que
pertenecía el abstenido.

RECUSACIÓN Y COMPETENCIA

Art. 54.- El tribunal competente para sustanciar y resolver las recusaciones
será el que resulte jerárquicamente superior a aquel al que el recusado
pertenezca, excepto en el caso de los magistrados de la
Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando se trate de la recusación de los Magistrados de la Sala de lo Civil, el
tribunal competente para conocer y resolver sobre ella será dicha Sala; y si
fuere la mayoría de magistrados o todos ellos los recusados, el
conocimiento y decisión corresponderá a la Corte en Pleno.

INTERPRETACION
En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal, si el Juez
recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de recusación, pasarán las
actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en
suspenso el asunto principal. El instructor acordará que comparezcan las partes a
su presencia el día y hora que fije, dentro de los cinco siguientes, y, oídas las
partes y practicada la prueba declarada pertinente, resolverá mediante providencia

en el mismo acto sobre si ha o no lugar a la recusación75.

La recusación no detendrá el curso del pleito, el cual seguirá sustanciándose hasta
la citación para sentencia definitiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que se
decida el incidente de recusación, si éste no estuviere terminado.

RECUSACIÓN. TRAMITACIÓN

Art. 55.- La recusación se debe presentar ante el tribunal que está
conociendo del proceso, expresando los hechos en que se fundamenta y
acompañando los documentos probatorios pertinentes.
Planteada la recusación, el juez o magistrado recusado mandará oír a las
partes durante el plazo común de tres días. Vencido el plazo, remitirá de
inmediato todo lo actuado al tribunal competente para tramitarla,
acompañando un informe en el que se pronuncie sobre la causa de
recusación alegada. La recusación se decidirá sin más trámites.
Planteada la recusación de un magistrado de la Sala de lo Civil, previa
audiencia de las partes por el plazo común de tres días, se Mandará oírle y
se decidirá sin más trámites.

INTERPRETACION
La recusación se propondrá por escrito que deberá expresar concreta y
claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un
principio de prueba sobre los mismos. Este escrito estará firmado por el abogado y
por procurador si intervinieran en el pleito, y por el recusante, o por alguien a su
ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el procurador deberá acompañar poder
especial para la recusación de que se trate. Si no intervinieren procurador y
abogado, el recusante habrá de ratificar la recusación ante el Secretario del

75

tribunal de que se trate.76

Formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para
que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la
causa de recusación propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra
causa de recusación. La parte que no proponga recusación en dicho plazo, no
podrá hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que, en aquel
momento, no conocía la nueva causa de recusación.

La recusación se hará en escrito firmado por el abogado y el procurador de la
parte, si intervinieran en la causa, y dirigido al titular del Juzgado o al Magistrado
ponente, si se tratase de tribunal colegiado. En dicho escrito se expresará
concretamente la causa de la recusación y los medios de probarla, y se
acompañarán copias para el recusado y para las demás partes del proceso.

EFECTOS

Art. 56.- Los escritos por medio de los cuales se plantea la abstención o la
recusación no producen el efecto de inhibir del conocimiento o intervención
al juez correspondiente, sino a partir del día en que se le hace saber la
resolución que lo declara separado del conocimiento o intervención en el
asunto; sin embargo, no podrá pronunciar resolución final en el proceso o
recurso mientras esté pendiente la recusación o abstención, pena de
nulidad.

INTERPRETACION
Para el caso de que la reacusación sea admitida a tramite por haberse hecho valer
dentro de los términos señalados, y entre tanto se califica o decide aquella no se
suspende la jurisdicción del tribunal o del juez, lo que desde luego no nos parece

76
Lampué, P. (2001). Noción de acto jurisdiccional. México. Editorial Jurídica Universitaria

del todo correcto, pues que seguirá conociendo del asunto, sin embargo no podra
dicho tribunal o juez pronunciar sentencia en dicho asunto.

Si la reacusación se declara fundada, todo lo actuado en el proceso será
declarado nulo en todo evento, consideramos oportuno que se imponga una
sanción severa al litigante que demuestre la causa de la reacusación además
desde ser considerado responsable de los daños y perjuicios que se cause a lo
colitigante.77
DECISIÓN

Art. 57.- Siempre que se declare haber lugar a la abstención o la recusación,
se mandará separar al juez referido del conocimiento de la causa, y el
tribunal que esté conociendo el incidente designará al que deba suplirle en
el cargo según la ley.
Cuando se declare no haber lugar a la abstención o la recusación por falta
de mérito o de prueba, el juez podrá continuar con el proceso sin la
limitación establecida en el artículo anterior, y se condenará en costas al
recusante, en su caso.
De las resoluciones que se dictaren de conformidad con este capítulo no
habrá recursos.

INTERPRETACION
Un punto de referencia para la operatividad de algún impedimento, es la relación
del Juez o Magistrado con el objeto litigioso o interés en el asunto a ventilarse.

Por ejemplo, si una cuestión idéntica en derecho deba decidirse en otra litis en que
tenga interés el juez, su mujer, o si hubiera ejercido como abogado en le causa, o
si hubiera hecho provisión de fondos para el pago de las costas o si a conocido del
asunto como arbitro, testigo o perito.

77

Finalmente, se establece que de la abstención conocerá el tribunal
jerárquicamente superior y se resolverá sin más trámite, ni prueba, si es
abstención, pero si es recusación se dará un plazo común a ambas partes.
Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación o el tribunal no
aceptare el reconocimiento por el perito de la concurrencia de dicha causa, el
tribunal mandará a las partes que comparezcan a su presencia el día y hora que
señalará, con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus abogados y
procuradores, si su intervención fuera preceptiva en el proceso.78

TÍTULO SEGUNDO
LAS PARTES PROCESALES

CAPÍTULO PRIMERO
CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

PARTES DEL PROCESO

Art. 58.- Son partes en el proceso el demandante, el demandado y quienes
puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada.
En los procesos civiles y mercantiles podrán ser parte:
1° Las personas físicas.
2° El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
3° Las personas jurídicas.
4° Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan
transitoriamente de titular.
5° En calidad de demandadas las uniones y entidades que, sin haber
cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en
personas jurídicas, actúen en el tráfico jurídico.

78

INTERPRETACION
Es quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión. En
todo proceso, intervienen dos partes: una que pretende en nombre propio o en
cuyo se pretende la actuación de una norma legal, denominada actora, y otra
frente a la cual esa conducta es exigida, llamada demandad.

El concepto de parte es estrictamente procesal y esa calidad está dada por la
titularidad activa o pasiva de una pretensión y es totalmente independiente de la
efectiva existencia de la relación jurídica sustancial, sobre cuyo mérito se
pronunciará la sentencia.

Pueden ser parte todas las personas tanto físicas como de existencia ideal, o sea
los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Una misma
persona puede tener en el proceso la calidad de parte actora y demandada, como
ocurre en el caso de la reconvención.
Carnelutti, distingue la parte en sentido material o sustancial de la parte en sentido
formal o procesal.79

Son parte en sentido material o sustancial los sujetos de la relación jurídica
sustancial. Son parte formal o procesal los sujetos que ejerciten el derecho de
acción y de contradicción en el proceso, es decir, el demandante y el demandado.

VESCOVI, en su obra citada nos dice: En puridad se pueden distinguir,
jurídicamente, tres calidades: PARTE (procesal), SUJETOS DEL DERECHO (de la
relación sustancial) y LEGITIMADOS PARA PRETENDER (accionar) (legitimación
en la causa).

79
Carnelutti, F. (1993). Sistema de derecho procesal civil. Vol. II. Buenos Aires. Unión Tipográfica
Editorial Hispano Americana.

CAPACIDAD PROCESAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Art. 59.- Podrán intervenir válidamente en el proceso los que gocen del pleno
ejercicio de sus derechos.
Los que no se hallen en pleno uso de sus derechos individuales podrán
comparecer por sí mismos siempre que tengan la debida autorización,
asistencia o habilitación que la ley establezca en cada caso.
Por los que no se encuentren en esa situación contemplada en el inciso
anterior comparecerán quienes deban suplir su incapacidad con arreglo a
derecho.

INTERPRETACION
El Código Procesal Civil, recogiendo el concepto anotado, señala que tienen
capacidad para comparecer por sí en un proceso las personas que pueden
disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la
ley se lo faculte.

La pregunta que surge a continuación es: ¿Quiénes pueden disponer válidamente
de los derechos que en un proceso se discuten? La respuesta, formulada
genéricamente, es que para disponer de tales derechos válida- mente se debe
tener capacidad de ejercicio de los derechos civiles, se adquiere a los 18 años de
edad, con la salvedad que dicho numeral señala.

El mismo Código Procesal Civil prevé que tienen capacidad para conferir
representación designando apoderado judicial-se entiende dentro de un proceso
o fuera de él para hacerlo valer en el proceso-las personas que también pueden
disponer de los derechos que en él se debaten80

80
Lascano, D. Jurisdicción y competencia. (1941). Estudios de derecho procesal en honor a Hugo
Alsina. Buenos Aires. Ediar.

Es que para conferir poder dentro del proceso se supone que e1 representante
(quien va a conferir poder) se ha apersonado válidamente al proceso, lo que
importa que quien confiere representación tiene capacidad procesal.

INTEGRACIÓN DE LA CAPACIDAD PROCESAL

Art. 60.- Cuando la persona física no se encuentre en el pleno goce de sus
derechos individuales y no hubiere quien la represente o asista legalmente
para comparecer en el proceso, el juez lo comunicará a la
Procuraduría General de la República, que asumirá la representación de
aquélla hasta que se produzca el nombramiento de un defensor judicial. En
todo caso, el proceso quedará suspendido mientras no conste la
intervención del representante del Procurador General.
Lo mismo hará el juez cuando el incapaz pretenda demandar a su
representante legal, o sea demandado por éste, o cuando advierta la
aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su representante
legal.

INTERPRETACION
Se regula lo concerniente a aquellas entidades o grupos de bienes que por
faltarles algún requisito son consideradas nulas o irregulares, y que el Código de
Comercio señala que éstas tendrán personalidad jurídica únicamente en los casos
que por anteriores actuaciones hayan perjudicado a terceros, y no se debe dejar
desprotegidos a éstos que de buena fe hubieron contratado. Pero a estos entes no
se les reconocerá personalidad jurídica en cuestiones que puedan beneficiarles81.

Por lo expuesto anteriormente, se logra colegir, que el Anteproyecto abarca las
diferentes posibilidades en las que se puede ser parte en un proceso, agotando

81
C.Co., Art. 348

así todos los supuestos en que de alguna u otra manera se presente alguien en
un proceso como parte. En este punto es amplio y oportuno el Anteproyecto, ya
que se entiende que se está dando la posibilidad de que los que se han
considerado como partes en lo anterior, tengan el acceso a la justicia, es decir,
tener la disponibilidad de hacer uso de su derecho (inherente) de acción, y
obtener la pronta y cumplida justicia por parte del Órgano Judicial82, dando
cumplimiento a uno de los principios constitucionales como es el de justicia y
seguridad jurídica

CAPACIDAD PROCESAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Art. 61.- Tendrán capacidad procesal todas las personas jurídicas
constituidas con los requisitos y condiciones legalmente establecidos para
obtener personalidad jurídica.
Las personas jurídicas comparecerán y actuarán en el proceso por medio de
quien ostente su representación conforme a la ley.

INTERPRETACION
A las personas jurídicas los únicos que pueden representarlas son los propios
órganos a quienes la ley les confiere esa facultad, es decir, los administradores y
cuando estos no lo hagan deberán acudir a juicio por medio de Procurador,
aunque para el acto de que se trate no sea exigida su intervención, que es el único
que, en defecto de aquellos, está facultado para hacerlo. En primera instancia se
acuerda la inadmisión a trámite de la demanda. En primer se desestima la
apelación83

Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, y,
como indica la recurrente los Estatutos del Colegio Oficial del Diplomados de
Enfermería de Madrid en su artº. 23 g) establece que serán funciones de la Junta

82
Cn., Art.182 #5
83
sentencia de audiencia provisional Madrid 256/2006 de 19 de junio 200

de Gobierno la representación del Colegio ante los Tribunales de Justicia salvo
cuando expresamente corresponda al Presidente, por lo que la representación
legal de la entidad actuante en todo caso y especialmente ante los Tribunales84

COMPARECENCIA DE LOS ENTES Y UNIONES SIN PERSONALIDAD

Art. 62.- Los entes y uniones sin personalidad comparecerán y actuarán por
medio de quienes aparezcan como sus directores, gestores o
administradores, o de quienes lo sean por disposición legal, o de quienes de
hecho actúen en el tráfico jurídico en su nombre frente a terceros.
No podrán denunciar su falta de capacidad para ser parte cuando tuviere
reconocida dicha capacidad en la relación jurídica material debatida o dentro
del proceso, pues sería violentar el principio de que nadie puede ir contra
sus propios actos.
Si se desconociera a uno o más de los integrantes de un ente sin
personalidad, se podrán emplazar a todos ellos en la persona del conocido.

INTERPRETACION
Comunidades de propietarios:
La ley y la jurisprudencia, niega a las comunidades de propietarios , sin embargo,
aunque no se les atribuya especifica condición de personas jurídicas, no puede,
sin ofender la letra y el espíritu de la ley, negárseles la posibilidad de contraer
derechos y obligaciones y de ahí que las sentencias de 24-12-1986 hable de actos
de conjunto que son la pura y exclusiva expresión de la relación de los propietarios
respecto de terceros, que de verificarse a través de los órganos rectores , sin
perjuicio de las relaciones internas entre ellos.

84
sentencia de audiencia provisional Madrid 463/2006 de 28 de junio 2006)

Según el articulo12 de la ley de 21-7-1960, los propietarios elegirán entre ellos un
presidente que representara en juicio y fuera de el a la comunidad en los asuntos
que les afecten, además se le faculta para ejercitar cualquier pretensión en
beneficio de la comunidad.

Sociedades irregulares:
Gruidos de consumidores y usuarios y entidades sin personalidad formadas por
una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un
fin determinado. Por ellos comparecerán enjuicio las personas que de hecho o en
virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros85.

REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

Art. 63.- Las personas jurídicas extranjeras, sus sucursales, agencias o
delegaciones, que realicen actividades en El Salvador, se sujetarán a las
mismas exigencias de representación que la ley señala para las personas
jurídicas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en
contrario.

INTERPRETACION
Este artículo regula lo relativo a la legitimación procesal. Cabe destacar al
respecto, la amplitud de las situaciones legitimatorias comprendidas eneste
articulo ya que no se limita a la tradicional titularidad del derecho, sino que
incorpora.

Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se sujetarán a las condiciones
de las leyes nacionales. Como primer punto, estas deben contar con un
representante legal y estar debidamente registradas86, a menos que existan

85
garcia gil,Javier , los procesos ordinarios1° edicion
86
C.Co., Art. 358

Convenios Internacionales o disposiciones legales que expongan algo diferente de
lo que señala el Anteproyecto y otras leyes nacionales.

Cuando sea el Estado quien intervenga como parte, actuará por medio de su
representante legal, que según mandato Constitucional87 esta función recae en los
hombros del Fiscal General de la República. Ya que representara al Estado,
integrado por todas aquellas entidades gubernamentales carentes de personalidad
jurídica propia, pero que poseen una en común, que es la Estatal.

INTERVENCIÓN DEL ESTADO COMO PARTE PROCESAL

Art. 64.- Cuando el Estado intervenga en un proceso civil o mercantil,
cualquiera que sea la calificación o ubicación procesal que se le asigne, se
someterá al Órgano Judicial, sin más privilegios que los señalados
expresamente en la Constitución y en este Código.

INTERPRETACION
Los procuradores de la República tienen su plena representación en juicio y
ejercitan su defensa en todos los procesos y procedimientos en los que actúe
como demandante y demandado
Excepcionalmente el Poder Ejecutivo podrá encomendar la defensa del Estado, en
calidad de Procurador General de la República ad-hoc, a letrado distinto del
Procurador General titular correspondiente.

Los Procuradores Generales de la República Titulares y Procuradores Adjuntos,
su caso, podrán conferir poder en juicio por acta o delegar su representación por
simple escrito en favor de abogados auxiliares. En efecto, los Procuradores
Generales de la República pueden delegar la representación, del Estado no sólo
en favor de Abogados auxiliares, sino también a favor de los denominados

87
Cn., Art. 193 # 5

Procuradores Adjuntos.

También pueden ser parte en el proceso civil, ya sea como demandantes o como
demandados. El ordenamiento procesal civil cuando el Estado y sus
dependencias, o las empresas públicas y privadas con participación económica
determinante de aquél, intervienen en un proceso civil, cualquiera sea la
calificación o ubicación procesal que se le asigne, se someterán al Poder Judicial
sin más privilegios que los expresamente señalados en el Código Procesal Civil.
De lo contrario se violaría el. Principio de socialización del. Proceso88

APRECIACIÓN Y DENUNCIA DE LA FALTA DE CAPACIDAD

Art. 65.- Las partes tienen la carga de acreditar e integrar su capacidad
procesal.
La falta de capacidad para ser parte podrá ser apreciada de oficio por el
tribunal en cualquier momento del proceso o podrá ser denunciada como
cuestión incidental. La incapacidad para ser parte es insubsanable.
La incapacidad procesal es subsanable en la audiencia preparatoria o en la
audiencia del procedimiento abreviado; con posterioridad a ellas, se podrá
denunciar mediante la promoción de una cuestión incidental.

INTERPRETACION
Para denunciar la falta de capacidad, que provocaría una prevención para
cualquiera de las partes, que puede ser observada y prevenida por el juez,
atendiendo esta actividad contralor en cumplimiento del principio de dirección y
ordenación del proceso89. Aunque también, puede ser denunciada por cualquiera
de las partes, y en este punto, el Anteproyecto es muy acertado al anticiparse a
los casos en que sea una incapacidad sobreviviente, para lo cual se pueden abrir

88
89

un espacio incidental y de especial pronunciamiento en donde se pueda resolver
esta situación.

LEGITIMACIÓN

Art. 66.- Tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso los
titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con
la pretensión.
También se reconocerá legitimación a las personas a quienes la ley permita
expresamente actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no
son titulares

INTERPRETACION
ROCCO dice que la legitimación expresa si el actor y el demandado, respecto de
quienes debe declararse con certeza la existencia de una relación jurídica, está
autorizados por la norma procesal para pretender tal declaración. 90

DEVIS ECHANDÍA .-. Define así la legitimación: En lo que respecta al
demandante, la legitimación en la causa es la titularidad del interés materia del
litigio y que debe ser objeto de sentencia), o del interés por declarar o satisfacer
mediante el requisito de la sentencia (procesos voluntarios). Y por lo que al
demandado se refiere, consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la
persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual
permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda91.

DE CHIOVENDA.- Esta condición de la sentencia favorable se puede designar

90
Rocco, U. (1983). Tratado de derecho procesal civil. (2ª. Reimp.). Vol. I. Bogotá ± Buenos Aires.
Temis ± Depalma.
91
Editorial ABC.

con el nombre de cualidad para obrar... preferimos nuestra vieja denominación de
legitimatio ad causam (o legitimidad para obrar). Con ella se expresa que para que
el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que
es necesario que considere la identidad de la persona del actor con la persona en
cuyo favor está la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona del
demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley
(legitimación pasiva).92

DE VESCOVI.- Manifiesta que la legitimación es un presupuesto de la sentencia
de mérito; el juez, previamente (dicho en términos lógicos) a la decisión, debe
analizar si las partes que están presentes en el proceso (las partes) son las que
deben estar, esto es, aquellas que son los titulares de los derechos que se
discuten.

CAPÍTULO SEGUNDO

POSTULACIÓN

POSTULACIÓN PRECEPTIVA POR MEDIO DE REPRESENTANTE

Art. 67.- En los procesos civiles y mercantiles será preceptiva la
comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer
en un abogado de la República, sin cuyo concurso no se le dará trámite al
proceso.
No pueden ejercer la procuración:
1° Los pastores o sacerdotes de cualquier culto;
2° Los militares en servicio activo;

92
Chiovenda, G. (1922). Principios de derecho procesal civil. Vol. I. Madrid. Editorial Reus S.A.

3° Los funcionarios y empleados públicos, que laboren a tiempo completo,
excepto cuando procuren por la entidad a que pertenezcan o ejerzan la
docencia en la Universidad de El Salvador;
4° Los presidentes y demás representantes, inclusive los asesores jurídicos
de las Instituciones de crédito, financieras y organizaciones auxiliares, salvo
en asuntos propios de dichas instituciones; y
5° Los abogados que en leyes especiales se les prohíba la procuración.

INTERPRETACION
La capacidad de postulación es uno de los requisitos de la doctrina procesal, se
manifiestan mediante la idea de que los sujetos procesales las partes no pueden
actuar de forma directa o por sí solos en el proceso, pero sí por medio de una
representación hubo asistencia o bien ambas través (abogado o curador)

En otros términos yo como persona te quiero en ciertos procesos una asistencia o
representación en el derecho, siempre se necesitará representación, las partes
siempre dan el poder al abogado para el juicio

Proceso civil: la parte debe estar representada por un procurador como abogado o
bien ambas. En el proceso civil se exigía que la parte que comparezca en juicio del
está representada por procurador o abogado.
La representación significa un obrar en nombre ajeno y la consecuencia de que los
efectos jurídicos de los actos que realiza una persona (representante) recaen sobre
otro (representado).

La representación procesal es la relación jurídica de origen legal, y social o
voluntaria, por virtud de la cual la persona, llamada representante, actuando dentro
de los límites de su poder, realiza actos en nombre de otros, llamada representado.
En materia procesal lo que interesa es el fenómeno de la representación que se
acredita mediante el poder.

La legitimación (causa) se determina respecto al representado, también el objeto y
sobre el recaer a los efectos de la sentencia.
Representante legal éste proviene exclusivamente de la ley. Es el caso de padres
respecto a sus hijos menores o del marido respecto a la mujer. Este poder se otorga
por cualquier medio, sea por escritura publica o privada o bien verbalmente esto en
materia civil93.

MODOS DE OTORGAR EL APODERAMIENTO

Art. 68.- El poder para litigar se deberá otorgar por escritura pública.

INTERPRETACION
El Anteproyecto facilita la forma de otorgar poder ya que el demandante puede
hacerlo ante el juez de la causa quien lo hará constar en acta, al momento de la
primera actuación o primer escrito. O bien, podrá hacerse de la forma
convencional a través de una escritura. Se entenderá aceptada la postulación por
las actuaciones del procurador94. El poder puede ser General o Especial, en
cuanto a la opción de otorgarlo de la forma especial, es para los casos en que las
facultades que impliquen disposición sobre los derechos materiales inmersos en el
debate judicial puedan provocar una terminación anormal del proceso v. gr.
desistimiento, allanamiento, transacción, renuncia95 etc., y por esta razón se le
debe dar un poder específico para gozar de dichas facultades a la hora de decidir.

Si el apoderado lo considera conveniente podrá delegar o sustituir el mandato que
se le ha conferido, pero estas actuaciones acarrean efectos diferentes. En el caso
que delegue, solo queda suspensa la función de representar al poderdante, con la

93
Borjas, A. (1973). Comentarios al Código de Procedimiento Civil. (4ª. ed.). Vol. I. Caracas.
Librería Piñango.
94
Anteproyecto, Art. 61 y 63
95
Boletín de Estudios Legales ±Fusades- Marzo 2000, pag.5

posibilidad de reactivar esa función. Pero si es sustitución, hay una renuncia de la
facultad conferida por el poderdante, a lo cual éste no podrá revocarla a menos
que sea el mismo poderdante quien le vuelva a conferir poder.

EL PODER

Art. 69.- El poder se entenderá general y abarcará todo el proceso, con sus
instancias y recursos, desde los actos preliminares hasta la ejecución; y
facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su
poderdante todos los actos procesales comprendidos, en la tramitación de
los procesos.
Sin embargo, se requerirá poder especial en los casos en que así lo exijan
las leyes y para la realización de los actos de disposición de los derechos e
intereses protegidos por la ley. En particular, se precisa poder especial para
recibir emplazamientos, así como para la renuncia, la transacción, el
desistimiento, el allanamiento y las actuaciones que comporten la
finalización anticipada del proceso.
El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de
literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no
conferidas explícitamente.

INTERPRETACION
El poder pese a ser un acto unilateral en cuanto su otorgamiento requiere la
aceptación del apoderado por lo cual comenzará a tener efecto sólo a partir de
este momento.

Y se extingue por diferentes razones: aplicación del mandato procesal, la
revocación (acto voluntario del poder dante) la muerte, la incapacidad, el término
fijado (o sea el periodo para la realización de la fusión determinada o de cierto

procedimiento) o sustitución.

La finalización del poder va condicionado a cómo le dieron el poder normalmente
será por 99 años.
Se quita el poder o se pierde por: revocatoria, alto poder dante, muerte, renuncia,
incapacidad temporal o permanente

Existen diferentes tipos de poderes algunos requieren escritura publica y deben
estar inscritos en el registro civil como el poder generalísimo que se da más en
poder de empresas y se nombra a una persona como apoderado generalísimo
El poder de acto unilateral: es el poder que yo le concede o a otra persona el va en
una sola línea sólo doy el poder yo como persona le doy el poder lo otorgó.

En el poder generalísimo yo puedo dar el poder a otros pero en el unilateral sólo
puedo dar a un por ello yo el poder generalísimo lo condicionan y se inicia en el
momento en que queda escrito.
El poder judicial se inicia desde el momento en que lo dan.

ACEPTACIÓN DEL PODER

Art. 70.- El poder se presume aceptado por su ejercicio. Desde su aceptación
el procurador deberá prestar el asesoramiento y defensa jurídica a la parte
en el proceso y la representará en la realización de los distintos actos
procesales, actuando en nombre y por cuenta de ésta, salvo cuando deban
ser realizados personalmente por la parte.

INTERPRETACION
La aceptación del poder se presume por el hecho de usar de él el procurador.
Aceptado el poder, el procurador quedará obligado:
1º A seguir el asunto mientras no cese en su representación por alguna de las
causas

2º A transmitir al abogado elegido por su cliente o por él mismo, cuando a esto se
extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le
remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses
de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el
poderdante, hará lo que requiera la naturaleza o índole del asunto.
3º A tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto
que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones
que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el
tribunal o por los procuradores de las demás partes.
4º A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de
las restantes partes
5º A recoger del abogado que cese en la dirección de un asunto las copias de los
escritos y documentos y demás antecedentes que se refieran a dicho asunto, para
entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante.
6º A comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna
actuación que tenga encomendada.
7º A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios
de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le
haya entregado los fondos necesarios para su abono.96

DEBERES DEL PROCURADOR

Art. 71.- Salvo los actos de comunicación que según la ley requieran la
presencia de las partes en persona, el procurador oirá y firmará los que se
refieran a su parte, incluso la notificación de sentencias; y tales actuaciones
tendrán la misma fuerza que tuvieran si hubiese intervenido directamente el
poderdante, sin que se pueda pedir que se entiendan con éste. El respectivo

96
www.monografias.com

procurador también recibirá las copias de los escritos y documentos que los
procuradores de las otras partes le entreguen.

INTERPRETACION
El procurador asume la representación cuando acepta el poder lo que suele
ocurrir de manera tacita por el hecho de usar del mismo.

A partir de ahí, y mientras subsista la representación, el procurador oirá y firmara
los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de toda clase,
incluso las de sentencia, que deban hacerse a su parte en el curso del pleito y
hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma
fuerza que se interviniere en ellas directamente el poderdante97

El procurador, como representante técnico de la parte, es el profesional a quien se
confían las actuaciones procesales que deban realizarse en nombre de su
representado.

En su condición de representante el procurador deberá seguir el asunto mientras
no cese en su representación; habrá de transmitir al abogado todos los
documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir,
informando del curso del asunto a la parte y al abogado, pasándole copias de
todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le
sean trasladados.

Debe también el procurador oír y firmar los emplazamientos, citaciones,
requerimientos y notificaciones de todas clases, salvo si la ley exige que se
entiendan con el litigante en persona.

97
Montero Arroca Juan el nuevo proceso civil 2° edicion

El procurador viene habilitado para intervenir en el proceso en nombre de la parte
por medio del poder general para pleitos. Este apoderamiento tiene un contenido
específico y faculta al procurador para realizar válidamente, en nombre de su
poderdante, todos los actos procesales comprendidos en la tramitación de los
procedimientos civiles.

SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER

Art. 72.- El apoderado puede sustituir sus facultades o delegarlas, siempre
que se encuentre expresamente autorizado para ello. La sustitución implica
el cese de la representación sin posibilidad de reasumirla; la delegación
faculta al delegante para revocarla y reasumir la representación.
La actuación del apoderado sustituto o delegado obliga a la parte
representada dentro de los límites de las facultades conferidas.

INTERPRETACION
En su condición de representante el procurador deberá seguir el asunto mientras
no cese en su representación; habrá de transmitir al abogado todos los
documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir,
informando del curso del asunto a la parte y al abogado, pasándole copias de
todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le
sean trasladados98

CESE DE LA REPRESENTACIÓN

Art. 73.- Cesará el procurador en su representación:
1° Por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en el
proceso. Se entenderá revocado tácitamente el poder por el nombramiento
posterior de otro procurador que se haya personado en el proceso.

98
Ley de enjuiciamiento civil de españa

2° Por renuncia voluntaria o por cesar en el ejercicio de la profesión. No
podrá el procurador abandonar la representación antes de que se provea la
designación de otro dentro del plazo de diez días.
Transcurridos éstos sin que se haya designado nuevo procurador, se le
tendrá por definitivamente apartado de la representación, y el proceso
seguirá su curso, debiendo realizar las comunicaciones por edicto.
3° Por fallecimiento del poderdante, en cuyo caso estará el procurador
obligado a poner el hecho en conocimiento del juez, acreditando en forma el
deceso; y, si no presentare nuevo poder de los causahabientes del finado, se
estará a lo dispuesto para la sucesión procesal.
4° Por fallecimiento del procurador, en cuyo caso se hará saber al
poderdante la defunción, a fin de que designe nuevo procurador en el plazo
de diez días. Lo mismo se hará cuando el procurador sea sancionado con la
suspensión en el ejercicio profesional.
5° Por separarse el poderdante de la pretensión o de la resistencia que
hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse
realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder.
6° Por vencimiento del plazo para el cual fue otorgado el poder.

INTERPRETACION
Las causas de cese en la representación puede ser absoluta o relativas; conforme
a las primeras el procurador cesara en todas las representaciones que tenga
conferidas mientas que las segundas atienden a una representación concreta.99

Cesará el procurador en su representación:
Por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en los autos. Se
entenderá revocado tácitamente el poder por el nombramiento posterior de otro
procurador que se haya personado en el asunto.

99
Montero Arroca Juan el nuevo proceso civil 2° edicion

Si, en este último caso, el procurador que viniere actuando en el juicio suscitare
cuestión sobre la efectiva existencia o sobre la validez de la representación que se
atribuya el que pretenda sustituirle, el tribunal, previa audiencia de la persona o
personas que aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes, resolverá la
cuestión por medio de auto.

Por renuncia voluntaria o por cesar en la profesión o ser sancionado con la
suspensión en su ejercicio. En los dos primeros casos, estará el procurador
obligado a poner el hecho, con anticipación y de modo fehaciente, en conocimiento
de su poderdante y del tribunal. En caso de suspensión, el Colegio de
Procuradores correspondiente lo hará saber al tribunal.

Mientras no acredite en los autos la renuncia o la cesación y se le tenga por
renunciante o cesante, no podrá el procurador abandonar la representación de su
poderdante, en la que habrá de continuar hasta que éste provea a la designación
de otro dentro del plazo de diez días. Transcurridos éstos sin que se haya
designado nuevo procurador, se tendrá a aquél por definitivamente apartado de la
representación que venía ostentando.
Por fallecimiento del poderdante o del procurador.

PROCURACIÓN OFICIOSA

Art. 74.- Se puede comparecer en nombre de aquel de quien no se tiene
representación judicial, siempre que la persona por la que se comparece se
encuentre impedida de hacerlo por sí misma, estuviera ausente del país,
tenga razones de fundarlo temor o amenaza, o cuando se trate de una
situación de emergencia o de inminente peligro o haya alguna causa análoga
y se desconociera la existencia de representante con poder suficiente.
Cuando la parte contraria lo pida, el procurador deberá dar garantía
suficiente a criterio del juez de que su gestión será ratificada por el
procurado, dentro de los dos meses siguientes a la comparecencia de aquél.

Si no se produce la ratificación, se declarará concluido el proceso y se podrá
condenar al procurador al pago de daños y perjuicios, así como a las costas,
siempre que, a criterio del juez, la intervención oficiosa haya sido
manifiestamente injustificada o temeraria.
La ratificación deberá hacerse pura y simplemente, siendo nula la
ratificación parcial o condicional. La ratificación tiene efectos retroactivos a
la fecha de comparecencia del procurador, sin perjuicio del derecho de
terceros.
Se presume con carácter absoluto la ratificación de la procuración cuando el
interesado comparezca por sí o debidamente representado y no rechace
expresamente la actuación del procurador.

INTERPRETACION
El elemento destacable en el Anteproyecto es lo que se refiere a la procuración
oficiosa, ya que procederá con el interés general de representar al que por sí no
puede y con esto beneficiar al representado y también al actor que busca ventilar
el caso con prontitud, pues, en ausencia de una de las partes no se puede realizar
con rapidez, es por esto el doble beneficio de la procuración oficiosa100. Situación
ésta que antes requerían del nombramiento de un curador por la Procuraduría
General de La República para actuar por el ausente, pero esto requería la
consecución de algunos requisitos por la simple ausencia de la parte, lo cual
dilataba el tiempo en la tramitación de la causa.

Es así, que la procuración oficiosa se visualiza como una de las bondades que
este Anteproyecto ofrece para el nuevo proceso civil y mercantil.

100
Montero Aroca, Juan, et. al., ³El Nuevo Proceso Civil´, O.p. Cit. pag. 125

PROCURACIÓN PARA PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS

Art. 75.- Todos los que carezcan de recursos económicos suficientes serán
defendidos y representados gratuitamente en el proceso por medio de la
Procuraduría General de la República, y estarán exentos de la constitución
de los depósitos y consignaciones que pueda establecer la ley.

INTERPRETACION
Dotarle de procurador a quien demuestra no tener capacidad para costeárselo, es
además de un avance, el resultado de tener en cuenta el principio de solidaridad e
igualdad de armas, y eximir a quien por su situación económica necesita ser
favorecido para ser colocado en igualdad de oportunidad para hacerle frente al
proceso.

También éste, será excluido de rendir cauciones o depósitos en los casos que así
lo dispone el Anteproyecto.101

CAPÍTULO TERCERO
PLURALIDAD DE PARTES

LITISCONSORCIO NECESARIO

Art. 76.- Cuando una relación jurídica indivisible pertenezca a varias
personas, de modo que la sentencia extenderá sus efectos a todas ellas,
deberán demandar o ser demandadas de forma conjunta.
En estos casos los actos de disposición sobre la pretensión sólo serán
válidos si se realizan por todos los litisconsortes.

101
De Palma.

Los actos procesales del litisconsorte activo afectan a los inactivos en la
medida en que los beneficien.

INTERPRETACION
Esta forma de litisconsorcio permite la integración de varias personas en la
posición de una sola parte, requiriéndose que todos los sujetos de la relación
jurídico material subyacente al proceso estén presentes en el proceso, so pena de
que no pueda proferirse una sentencia de fondo realmente útil. Su participación
implica que los sujetos integren una sola parte actúen unidos, por lo que las
peticiones procesales que realice un litisconsorte con independencia de los otros,
incluyendo los recursos interpuestos, favorecerán a toda la parte y no de forma
exclusiva a la persona que realice la actuación correspondiente. De otra parte, la
disposición del derecho no es posible si no proviene de todos los litisconsortes
necesarios (v. gr. renuncia, transacción, allanamiento, etc.). Se trata del
litisconsorcio por antonomasia, ya que la idea es, no de una posible reunión de
sujetos, sino de la exigencia de convocar a todos los interesados en el mismo
fallo, por la eficacia que para ellos tiene lo resuelto en un solo proceso

Si el juez advierte el defecto formal de no encontrarse en el proceso todos los
litisconsortes necesarios no podrá proveer de fondo hasta tanto no lo corrija,
ordenando la integración del contradictorio correspondiente. La decisión de fondo
ha de ser uniforme frente a todos los litisconsortes necesarios que integran la
parte, por cuanto es imposible una resolución de modo distinto para los sujetos
involucrados en una relación material que no puede ser escindida y que en el
proceso se presentan como parte (por activa y/o por pasiva). Al respecto, pueden
distinguirse dos tipos de litis consorcios necesarios, el procesalmente y el jurídico-
materialmente necesario, cuya presencia es posible advertir tanto en
procedimientos declarativos como en los ejecutivos102.

102
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EXCEPCIÓN DE FALTA DE LITISCONSORCIO

Art. 77.- La falta de litisconsorcio se podrá advertir por el demandado en la
contestación a la demanda.
En estos casos podrá el demandante presentar en la audiencia preparatoria
un escrito de demanda, en los mismos términos que la inicialmente
presentada, dirigido contra quienes debieron ser demandados, en cuyo caso
el juez, si estima la falta de litisconsorcio, mandará emplazarlos para que
contesten a la demanda, suspendiendo la celebración de la audiencia.
Si el demandante se opusiere a la excepción de litisconsorcio, el juez oirá a
las partes sobre este punto y, si fuere procedente, concederá al demandante
un plazo de tres días para constituirlo, quedando entre tanto en suspenso el
curso de las actuaciones. Transcurrido el plazo otorgado al demandante
para constituir el litisconsorcio sin haberlo realizado, se dictará auto
motivado poniendo fin al proceso.
Si lo considera improponible habrá de dictar resolución motivada sobre la
denegación del litisconsorcio.

INTERPRETACION
El tratamiento procesal de la excepción de litisconsorcio tiene que ser único, con
independencia de donde se hallen o deban hallarse los sujetos. La propia
necesidad legal de que varios sujetos concurran en el proceso determina que, si
se ha de estimar, se haga con independencia de la posición que eventualmente
hayan adoptado en el proceso.

Como podemos apreciar se presentan dos hechos aparentemente contradictorios:
por una parte, que en determinadas relaciones, es necesario el litisconsorcio y por
otra, que nadie puede ser obligado a formular demanda si no lo desea. Por lo que
no se encuentra ningún inconveniente y si muchas ventajas para que en un
proceso litisconsorcial puedan ser demandados los cotitulares que, por pasividad o
por negativa expresa al ejercicio de la acción no se hayan situado en la posición

activa del proceso. Porque de otra manera, la tutela judicial efectiva del
demandante quedará a merced de la voluntad, o el capricho de otros sujetos.
Entonces en palabras textuales: Si los mismos han de hallarse en el proceso,
solamente cabe que el demandante los vincule al mismo como demandados.103

LITISCONSORCIO EN CASO DE NULIDAD DE ACTOS JURÍDICOS

Art. 78.- Cuando se pretenda la declaración de nulidad de un acto, acuerdo o
negocio jurídico que afecte a una pluralidad de personas, bastará con que la
demanda se plantee sólo por una de ellas, pero habrá de dirigirse contra
todas las demás partes materiales del acto, acuerdo o negocio jurídico o
contra el ente que hubiere adoptado el acuerdo.
Si alguna de las partes materiales del acto, acuerdo o negocio jurídico
estuviera conforme con la nulidad pretendida y por la misma causa, será
tenida por demandante a todos los efectos, sin necesidad de presentar
escrito de demanda.
Si estuviera conforme con la nulidad pero por causa diferente, presentará la
correspondiente demanda en el plazo concedido para contestar, de la que se
dará traslado a los demás demandados para que puedan formular la
oportuna contestación, con suspensión del plazo para la celebración de la
audiencia preparatoria.
Si varios quieren presentar su demanda de nulidad, deberán hacerlo en el
mismo proceso, y si lo hacen en procesos distintos se decretará la
acumulación.

INTERPRETACION
En materia de nulidades, por falta de capacidad o representación o citación, lo
mismo que con las recusaciones, rige el principio de que el saneamiento de la

103
concepción garcía moya juez sustituta de los juzgados de requena (valencia)

nulidad o del vicio en general sólo lo puede hacer la persona a quien se le causa
perjuicio con el acto acusado.

Las demás puede alegarlas cualquiera, pero deben ser saneadas o ratificadas por
todos104

INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO

Art. 79.- El litisconsorcio podrá integrarse con la intervención del legitimado
en cualquier momento del proceso, debiéndosele tener desde entonces por
parte, a todos los efectos, sin retroceder en el curso de las actuaciones,
salvo que no se le hubiera emplazado.
De la solicitud de intervención se dará audiencia a todas las partes
personadas por tres días, para que puedan manifestar lo que a su derecho
convenga, decidiendo seguidamente el juez.

INTERPRETACION
La devolución de la demanda, es para que se integre el litisconsorte necesario al
proceso y se constituya la relación jurídico procesal válida; ya que en todo caso, si
no se ha considerado a litisconsortes necesarios, la relación jurídico procesal no
se perfecciona y el Juez no podrá emitir una sentencia sobre el fondo de la
controversia.

Si se dio trámite a la demanda y luego a pedido de parte o el mismo Juez advierte
que efectivamente no comparece o no se emplaza a un litisconsorte necesario,
después de notificada con la demanda, en resolución motivada el Juez dispone la
suspensión del proceso, hasta que se establezca la relación jurídico procesal
válida.

104
www.monografias.com/trabajos65/litisconsorcio/litisconsorcio2.

Del análisis interpretativo de las normas que regulan el litisconsorcio necesario, se
establece, que éstos pueden ser integrados al proceso, aún después de haberse
realizado la Audiencia de Pruebas, ya que en el Artículo 96 del Código Procesal
Civil establece, que si al momento de la integración ya se realizo la audiencia de
pruebas y alguno de los incorporados como litisconsortes, ofrece prueba, el Juez
debe señalar día y hora para una audiencia complementaria de pruebas, que debe
realizarse dentro de un plazo que no excederá de veinte días.105

La integración de litisconsortes, aún después de realizada la audiencia de
pruebas, perfeccionaría la relación jurídico procesal, ya que en todo caso, la
resolución que admitió a tramite la demanda, adolecía de causal de nulidad
insubsanable; pero, con la integración del litisconsorte necesario y por mandato de
la ley, el Juez en la sentencia se pronuncia sobre el fondo de la controversia. 106

LITISCONSORCIO VOLUNTARIO

Art. 80.- Podrán comparecer en el proceso varias personas, como
demandantes o como demandados, cuando las pretensiones que se
ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir, estándose a las
reglas sobre acumulación de pretensiones.
En este caso los litisconsortes serán considerados como sujetos
independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican a
los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

INTERPRETACION
Hay que decir que solamente, para no romper la tradición, se ha hablado aquí de
litisconsorcio Voluntario o facultativo, ya que la denominación no corresponde al
contenido; éste termino significa una comunidad de suertes ,y en esta modalidad

105
www.monografias.com/trabajos65/litisconsorcio/litisconsorcio2

de litisconsorcio no hay comunidad de suertes; lo que existe es una pluralidad de
partes que aprovecha, por así decirlo,, un mismo procedimiento. Lo anterior
significa, entonces, que hay una parte integrada por varias personas, sino tantas
partes como personas; cada persona es una parte, pero unida por el
procedimiento que se ha de seguir. El Código de Procedimiento Civil colombiano
acoge este criterio cuando sostiene en el Art. 50: Salvo disposición en contrario,
los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la
contraparte, como litigantes separados.

Dicho en otras palabras serán litisconsorcio voluntarios, los que provienen de la
voluntad libre y espontánea de quienes la integran, que nace de una relación
material. La suerte de cada uno de estos litisconsortes puede ser distinta a los
demás. Los interese son concurrentes entre ellos. Necesaria, que siguiendo una
relación material o el de la ley existe imposibilidad de dividirlo; en esta clase de
litisconsorcio existe una comunidad de suerte, ya que la sentencia será la misma
e idéntica para todos ellos.

INTERVENCIÓN PROCESAL DEL COADYUVANTE

Art. 81.- Mientras un proceso se encuentre pendiente, podrá ser admitido
como coadyuvante del demandante o del demandado quien acredite tener
interés directo y legítimo en el resultado del proceso, y siempre que dicho
interés guarde relación de subordinación o dependencia con el objeto
principal en litigio.
Si la solicitud de intervención no se hubiera denegado de plano, el juez dará
audiencia de ella a todas las partes personadas, por tres días, sin suspender
el curso del proceso, para que puedan manifestar lo que a su derecho
convenga; y el juez decidirá seguidamente. La resolución que admita la
intervención no es susceptible de recurso; la que la deniegue puede
recurrirse en apelación, que será admitida en un solo efecto.

INTERPRETACION
Al ostentar un interés protegible acerca de la cuestión discutida, pero al mismo
tiempo, al no ser sujeto de la relación sustancial en juego, el coadyuvante no
puede moverse en el proceso con plena capacidad de actuación, pues esta
corresponde a quienes tengan aquella pertenencia. No le queda sino operar con
sus posibilidades disminuidas.

La ley procesal así lo establece al decir que las actuaciones del interviniente
coadyuvante, será accesoria y subordinada a la parte a quien apoyare no
pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a esta. 107

ACTUACIÓN PROCESAL DEL COADYUVANTE

Art. 82.- Si fuera admitida la intervención, no se retrocederá en el curso de
las actuaciones y el coadyuvante se incorporará al proceso en el estado en
que se halle al momento de su intervención.
El coadyuvante limitará su actuación procesal a la defensa de su posición, y
se le permitirán las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere
podido presentar por corresponder a momentos anteriores a su admisión en
el proceso, sin que ello afecte el objeto del proceso, ni la obligación jurídica
de congruencia. De estas alegaciones se dará audiencia, en todo caso, a las
otras partes, por plazo de tres días.
Se le reconocerá al coadyuvante el derecho a recurrir la sentencia, pero en
ningún caso podrá actuar en contra de la parte a la que ayuda, ni realizar
actos de disposición del derecho de ésta.

INTERPRETACION
Es considerado por la doctrina alemana como un representante del
coadyuvado, o bien como procurador (in rem suma). Wach embistió contra

107
www.salvador.edu.ar/juri/aequitasNE/nrouno/Del%20litisconsorte%20y%20coadyuvante.pdf -

tales acepciones haciéndolas caer al recordar que la intervención, la
sentencia que se dicten tendrá efectos favorables o desfavorables para el
tercero, cosa que no ocurren la representación y que el objeto litigioso no le
pertenece , razón por la que no puede darse aquella forma de procuración a
la que dice desaparecida para entonces del derecho germano.

Se muestran dos criterios: uno el de asignarle naturaleza propia y exclusiva
dentro de la operativa procesal; el otro de darle condición de parte. Así se
considera al coadyuvante, como asistente del coadyuvado, auxiliar, no
autononomo o simplemente interviniente adherente o asistente del litigante
para su propio derecho, en nombre propio y por cuenta propia. 108

INTERVENCIÓN PROVOCADA O DENUNCIA DE LA LITIS DEL
DEMANDANTE

Art. 83.- En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero
para que intervenga en el proceso sin la calidad de demandado, por tener
vínculo, obligación o responsabilidad respecto del objeto del proceso, la
solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley
disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el
proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación
que la ley concede a las partes.

INTERPRETACION
Se denominada también ³llamada en garantía´-, que permite a cualquiera de las
partes, en el marco de un procedimiento civil, y siempre que exista una norma
legal de cobertura que expresamente lo permita, llamar a dicho proceso a un
tercero para que, con las mismas facultades de actuación que la Ley concede a
las partes, pero sin venir investido de la específica cualidad de demandado,

108
www.salvador.edu.ar/juri/aequitasNE/nrouno/Del%20litisconsorte%20y%20coadyuvante.pdf -

intervenga en dicho proceso.

Los procesos en los que se ejerciten las acciones de responsabilidad constructiva
, las partes demandadas puedan hacer uso de la figura de la intervención
provocada para llamar al procedimiento a otros agentes que hubieran intervenido
en el proceso edificatorio de que se trate.

Siendo abundante la casuística relacionada con esta figura, el problema más
recurrente lo hemos venido encontrando en aquellos supuestos en los que se
pretende hacer uso del instituto de la intervención provocada cuando no
concurren las circunstancias para ello. Suele ser, en este sentido, frecuente, la
invocación de la llamada en garantía en supuestos de daños derivados de la
actividad constructiva en los que se ejercitan acciones de responsabilidad
contractual.109
Intervención provocada o denuncia de la litis del demandado

INTERVENCIÓN PROVOCADA O DENUNCIA DE LA LITIS DEL
DEMANDADO

Art. 84.- Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que
intervenga en el proceso, por tener vínculo, obligación o responsabilidad
respecto del objeto del proceso, solicitará del juez, dentro del plazo
concedido para contestar a la demanda, que se notifique al tercero la
pendencia del proceso, quedando entretanto en suspenso el plazo
concedido para la contestación.
De la solicitud de intervención presentada por el demandado se dará
audiencia al demandante por tres días y se resolverá lo procedente.

109
Lexland Abogados(VER FICHA EN TOGAS.BIZ

Si se acuerda la notificación, se emplazará al tercero para contestar a la
demanda en la misma forma y en idénticos términos a los establecidos para
el emplazamiento del demandado.
Si, comparecido el tercero, el demandado considerare que su litigar en el
proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto
para la sucesión procesal.
Desestimada la solicitud de intervención, contestada la demanda por el
tercero o transcurrido el plazo para ello, el demandado deberá contestar a la
demanda en el plazo que le hubiera restado.

INTERPRETACION
En los supuestos en los que se haya producido la intervención provocada de un
tercero y el demandado considerare que su lugar en el proceso debe ser ocupado
por el interviniente, se dará traslado de la solicitud prestada por el demandado a
las demás partes para que aleguen lo que a su derecho convenga en el plazo de
cinco días, resolviendo el órgano judicial mediante auto lo que proceda En caso de
que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el
proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá
realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las
mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.

Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el
proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas:
El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del
juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a
la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, antes del día señalado para la vista

El tribunal oirá al demandante en el plazo de diez días y resolverá mediante auto
lo que proceda. Acordada la notificación, se emplazará al tercero para contestar a
la demanda en la misma forma y en idénticos términos a los establecidos para el

emplazamiento del demandado. Si se tratase de un juicio verbal, el tribunal por
medio de providencia hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes
y al tercero llamado al proceso.

El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda quedará en
suspenso desde la solicitud a que se refiere la regla 1ª y se reanudará con la
notificación al demandado de la desestimación de su petición o, si es estimada,
con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo
caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.110

PROCURACIÓN EN CASO DE PLURALIDAD DE SUJETOS

Art. 85.- Fuera del caso establecido en el artículo 80, cuando la posición de
parte sea ocupada por una pluralidad de sujetos, se exigirá una
representación común cuando hagan uso de las mismas alegaciones o
excepciones, salvo que se le pudiera causar indefensión a alguno de ellos.

INTERPRETACION
Con el hecho de que se integre el litisconsorcio, no significa que los participantes
en este deberán actuar de una manera coordinada, ya que la ley faculta y dentro
de la autonomía que posee cada sujeto el nombrar su propio abogado, y si lo
consideran pertinente el plantear posturas diferentes, aunque se encuentren en
una misma situación procesal, de parte activa o pasiva. Es permitido también que
el que quiera integrarse, lo haga en cualquier momento del proceso, ya que se
tiene en cuenta la importancia de los posibles legitimados y el derecho que éstos
poseen para acudir al proceso, por lo que el Anteproyecto no es estricto en este
sentido .

El nuevo código hace mención de otro tipo de litisconsorcio, que es el voluntario, el
cual opera cuando dos o más sujetos disponen iniciar un proceso en contra de

110

otro(s) o a contrario sensu, un sujeto o varios inician un proceso en contra de un
conjunto de personas. En este tipo de litisconsorcio se destaca la característica
siguiente: como que entre uno y otro, ya sea en la parte activa o pasiva, se
comporten de manera independiente. La idea aquí es la misma, aprovechar la
instancia iniciada y que cada quien obtenga lo que le interesa. 111

CAPÍTULO CUARTO

SUCESIÓN PROCESAL

SUCESIÓN PROCESAL POR MUERTE

Art. 86.- Cuando por causa de muerte se transmita lo que sea objeto del
proceso, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar
ocupando la misma posición procesal que su causante, a todos los efectos.
Cuando conste en el proceso la defunción de una de las partes se seguirá
los procedimientos según el caso:
1° Comunicada la defunción de cualquiera de las partes por quien deba
sucederle, se suspenderán el proceso, y, previa audiencia a la contraria, por
el plazo de cinco días, y una vez acreditados tanto la defunción como el
título sucesorio, y cumplidos los trámites pertinentes, se tendrá por
personado al sucesor en nombre del difunto.
2° Cuando conste en el proceso la defunción de una parte y no se personare,
el inicio de diligencias de aceptación de herencia por quien deba sucederle,
y éste no se personare en el proceso estando habilitado como representante
de la sucesión, conforme al art. 1163 del Código Civil, se permitirá a la
contraria, pedir con identificación de los sucesores de su domicilio o
residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles
para comparecer en el plazo de diez días. Acordada y verificada la

111

notificación del plazo señalado, se suspenderá el proceso hasta que
comparezcan los sucesores o finalice el plazo concedido.
3° Si hubiesen pasado quince días después del fallecimiento de una de las
partes sin que se presente persona alguna a aceptar la herencia y el Juez no
fuere competente para el conocimiento de esas diligencias, comunicará tal
situación al juez de lo civil competente, para que éste proceda de
conformidad al art. 1164 del Código Civil, en cuyo caso se suspenderá el
proceso. Una vez declarada la herencia yacente y nombrado el curador se
emplazará a éste y se continuará el proceso.

INTERPRETACION
La Sucesión Procesal es la entrada o continuación de una persona por otra, o
cosa también, en lugar de otra. Se opta por la regulación de esta institución
teniendo en cuenta que los procesos se desarrollan durante un tiempo más o
menos prolongado (dependiendo del tipo de proceso que se plantee), y que bajo
este supuesto pueda producirse el acaecimiento de cualquiera de las partes, v. gr.,
fallecimiento, adquisición de la mayoría de edad, o pérdida de la capacidad por
Sentencia de Incapacidad etc., en estos supuestos se estaría ante un cambio de
las partes que intervienen en el proceso112. Por estas razones, es de suma
importancia que se contemple dicha figura en el Anteproyecto, ya que es
necesario ofrecer soluciones a lo anteriormente planteado, y de esta manera evitar
el estancamiento de los procesos por cualquiera de las causas señaladas u otras
que de igual forma representen un obstáculo para la consecución fluida del
proceso.

Es así, que el Anteproyecto regula tres supuestos de sucesión procesal iniciada la
litispendencia. El primero es por causa de muerte, que en términos generales el
heredero sucede al difunto en todos sus derechos y obligaciones, razón por la cual
busca ocupar la misma posición procesal que su causante. Teniendo en cuenta
para este punto la voluntad del sucesor o sucesores de querer promover o

112
Pallares, Eduardo, ³Diccionario de Derecho Procesal Civil´,Op. Cit. Pag. 741

continuar en el proceso, ya habiéndoseles hecho la comunicación113 de la
existencia de éste y donde su causante era parte.

FALTA DE COMPARECENCIA DE LOS SUCESORES

Art. 87.- Cuando los sucesores del demandado no comparezcan se les
declarará en rebeldía y el proceso seguirá su curso.
Cuando la falta de personación de los sucesores se debiese a que no
quisieran comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia a la
pretensión ejercitada

INTERPRETACION
El proceso puede tomar diferentes rumbos, partiendo si estamos en un supuesto
que relacione a la parte activa o pasiva. Si es la parte activa la que no quiere
comparecer, se tendrá por renunciada la pretensión ejercida. Si es la parte pasiva,
se seguirá adelante declarándose en rebeldía el proceso.

Como se ha dicho, los procesos están diseñados para atender las pretensiones
de los ciudadanos y que estos sean ventilados con atención a ciertos principios
que buscarán la tramitación de la causa y su conclusión.

Pero esto tomando en cuenta la disponibilidad de las partes, de querer
comparecer, debido a que la voluntad se puede manifestar positiva o
negativamente; para ambos casos se ofrece solución.114

113
Para que proceda la comunicación por parte de los Juzgados, éstos deben tener conocimiento
de esta circunstancia, y la forma como generalmente obtienen esa información, es a través de la
denuncia hecha por cualquiera de las partes, ya en el proceso o que se haga constar desde el
inicio de la acción.
114

SUCESIÓN PROCESAL POR TRANSMISIÓN DEL OBJETO DEL
PROCESO

Art. 88.- Cuando se haya transmitido o cedido lo que sea objeto de un
proceso, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le
tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente, sucediéndole
en el proceso.
Recibida la solicitud, el juez ordenará la suspensión del proceso, oyendo por
tres días a la parte contraria.
Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, se levantará la suspensión y el
adquirente ocupará la posición procesal del transmitente.
Si la otra parte manifestase su oposición a la entrada en el proceso del
adquirente, el juez resolverá conforme a derecho, y si la decisión fuere en el
sentido de aceptar la sucesión procesal, el sucesor quedará sujeto a las
mismas alegaciones que podrían haberse ejercitado en contra de su
antecesor, así como a las nuevas que pudieran ejercitarse en su contra.
Cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, el transmitente
continuará en el proceso, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas
que existan entre ambos.

INTERPRETACION
Se entiende que hubo una transmisión ³entre vivos´ de una cosa litigiosa115 v. gr.
cesión de créditos litigiosos. Se puede oponer a estos supuestos, siempre y
cuando se demuestre que el cambio o sucesión procesal provoca entre las partes
perjuicios; más que todo con respecto a la defensa, si es así, el Anteproyecto
resuelve que en ese proceso ya comenzado continúe como fue establecida la
demanda inicialmente.
Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el
adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte
en la posición que ocupaba el transmítete. El tribunal proveerá a esta petición

115
Montero Aroca, Juan, et. al., ³El Nuevo Proceso Civil´, O.p. Cit. pag. 109

ordenando la suspensión de las actuaciones y oirá por diez días a la otra parte.

Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, el tribunal, mediante auto, alzará la
suspensión y dispondrá que el adquirente ocupe en el juicio la posición que el
transmítete tuviese en él. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la
otra parte manifestase su oposición a la entrada en el juicio del adquirente, el
tribunal resolverá por medio de auto lo que estime procedente.

No se accederá a la pretensión cuando dicha parte acredite que le competen
derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto del juicio, solamente
puede hacer valer contra la parte transmítete, o un derecho a reconvenir, o que
pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente
su defensa.

Cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, el transmitente continuará
en el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre
ambos. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos
litigiosos en procedimientos de concurso se regirá por lo establecido en la Ley
Concursal. En estos casos, la otra parte podrá oponer eficazmente al adquirente
cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado.

SUCESIÓN POR DISOLUCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Art. 89.- En caso de disolución de una persona jurídica, no se dará por
concluido el proceso de liquidación hasta que no finalicen por sentencia
firme todos los procesos que tuviera pendientes, quedando a salvo siempre
los actos de disposición de los bienes sociales, siempre que ello no pueda
volver nugatorio el efecto de la sentencia, a juicio prudencia del Juez.
El Tribunal ante el que se ventile el proceso correspondiente enviará, a la
brevedad posible oficio al Registro de Comercio, a efecto de que no se
inscriba ninguna escritura dé liquidación.

INTERPRETACION
Cuando hubiere una fusión o absorción de personas jurídicas, situación que
actualmente ha cobrado impulso en nuestra sociedad, por lo que se considera
muy atinado que se haya regulado en el Anteproyecto.

Para este incidente existe un procedimiento donde deben plantearse y sustentarse
las razones de la negativa a aceptar la sucesión procesal, y donde será el juez
quien determinará si es o no procedente la oposición de la sucesión.116

TÍTULO TERCERO
EL OBJETO DEL PROCESO

CAPÍTULO PRIMERO
LA PRETENSIÓN PROCESAL

CLASES DE PRETENSIONES

Art. 90.- Las partes podrán pretender de los tribunales de justicia la mera
declaración de la existencia o alcance de un derecho, obligación o cualquier
otra situación jurídica; la declaración de condena al cumplimiento de una
determinada prestación; así como la constitución, modificación o extinción
de actos o situaciones jurídicas. También podrán pretender la ejecución de
lo dispuesto en los títulos establecidos por la ley, la adopción de medidas
cautelares, y cualquier otra clase de protección expresamente prevista por la
ley.

116
³comentarios generales al anteproyecto de código procesal civil y mercantil (abril 2003)´

Las pretensiones a que se refiere el inciso anterior se formularán ante el juez
o tribunal que tenga jurisdicción y sea competente, y frente a los sujetos a
quienes haya de afectar la decisión pretendida.

INTERPRETACION
Constituye avance fundamental con respecto a la legislación vigente ya que
reconoce a la pretensión como la materia principal del proceso, entendida según
Eduardo J. Couture como ³la auto atribución de un derecho por parte de un sujeto
que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela
jurídica117´. Refiriéndose a este punto, el Art. 84 del Anteproyecto realiza una
clasificación de la pretensión dividiéndola en cognoscitivas, de ejecución y
cautelares, atendiendo además a la subdivisión tripartita que fundamenta el
contenido de la pretensión de cognición; subdivisión que es expuesta en el mismo
sentido por Vicente Gimeno Sendra de la siguiente manera:

Pretensiones de Cognición:

De mera declaración: buscan obtener del juez una declaración sobre
existencia de determinado derecho subjetivo o relación jurídica.

De condena o de prestación: busca obtener del juez la condena al
demandado al cumplimiento de alguna prestación de ³dar, hacer y no
hacer´, este tipo de pretensión esta dotada de un contenido cognoscitivo
como de condena ya que es obvio que para que exista una condena para el
demandado es necesario haber sido ejecutada su parte cognoscitiva.

Constitutivas: en esta el actor pide un pronunciamiento del juez para que
cree una consecuencia jurídica que hasta el momento no existía.

117
J. Couture, Eduardo, ³Fundamentos del Derecho Procesal Civil´, Tercera Edición, Depalma,
Buenos Aires, 1977, Pág. 72

CARNELUTTI, entre otros autores, fue uno de los que más se preocupó por el
tema de la pretensión, aportando valiosas contribuciones a la ciencia del derecho
y, en particular, a la ciencia del proceso.

La pretensión es, para él: «la exigencia de subordinación de un interés ajeno al
interés propio. Esta exigencia de subordinación, no se manifiesta en un poder que
el titular del interés tiene, sino es más bien un acto, es decir, «algo que el titular
del interés; hace y no que tiene una manifestación y no una superioridad de su
querer
DELIMITACIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR

Art. 91.- Con carácter general, la causa de pedir la constituirá el conjunto de
hechos de carácter jurídico que sirvan para fundamentar la pretensión, ya
sea identificándola, ya sea dirigiéndose a su estimación. En los casos en los
que la pretensión se apoye en un título jurídico o causa legal, será ésta la
que constituya la causa de pedir.
Si fueran varios los hechos, las partes deberán alegarlo o hacerlos valer en
el período de alegaciones iniciales, así como todos los títulos jurídicos o
fundamentos legales, que puedan integrar la causa de pedir y que fueran
conocidos al tiempo de presentarlos.
En todo caso, los hechos, títulos o causas nuevas o de nuevo conocimiento
que puedan afectar la delimitación de la pretensión podrán incorporarse al
proceso hasta la finalización de la audiencia preparatoria, de conformidad
con lo dispuesto en este código.

INTERPRETACION
Se encarga de una de las partes más importantes del objeto procesal, que según
la redacción del artículo mencionado es ³el conjunto de hechos de carácter jurídico
que sirvan para fundamentar la pretensión, ya sea identificándola, ya sea
dirigiéndose a su estimación´.

Es cuestionable la redacción del artículo en el sentido que se establece el
concepto de ³hechos de carácter jurídico´ ya que los ³hechos´ no poseen carácter
jurídico sino que únicamente son hechos que de alguna manera tienen
trascendencia en el mundo jurídico.
El objeto del proceso es la pretensión procesal o petición que formula el
demandante al juez de una resolución que, con la autoridad de la cosa juzgada,
ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio por él entablado118. La
utilidad de la determinación del objeto procesal es múltiple.

En primer lugar, sirve para fijar el ámbito cognoscitivo de la decisión judicial,
creando en el juez la obligación de ser congruente única y exclusivamente con lo
solicitado en las pretensiones del actor.En segundo lugar, a través de la
pretensión plasmada en el escrito de demanda y una vez admitida por el juez,
surgen los efectos típicos de la litispendencia, uno de los cuales, el negativo o
excluyente, impedirá que pueda volver a entablarse un segundo proceso para el
conocimiento de la misma pretensión, a la vez que los límites subjetivos y
objetivos de la pretensión, cuando el juez se pronuncie sobre ella en su
sentencia, servirán para fijar los mismos límites de la cosa juzgada. En tercer
lugar, la naturaleza de la pretensión permitirá determinar la adecuación del
procedimiento seguido para que la pretensión pueda recibir satisfacción
judicial.119
LITISPENDENCIA. COMIENZO

Art. 92.- La litispendencia se produce desde la interposición de la demanda,
si es admitida, y a partir de la misma se despliegan todos los efectos
determinados en las leyes.

118
Di Iorio, A. (1997). Lineamientos de la teoría general del derecho procesal (propuest Díaz, C.
(1972).
119
Instituciones de derecho procesal. Vol. II. T. B. Buenos Aires. Abeledo Perrot.
a de un derecho jurisdiccional). Buenos Aires. Depalma

INTERPRETACION
Litispendencia es una expresión española que se traduce como litigio pendiente,
utilizada en Derecho para señalar que existe un juicio pendiente, entre las mismas
partes y sobre una misma materia.

Es un efecto procesal que se genera tras la presentación de una demanda, en
contra del demandante, que le impide iniciar un nuevo juicio contra el demandado,
sobre la misma materia, pues en dicha situación el último tiene la posibilidad de
oponerse alegando tal situación: utilizándola como una excepción procesal. Con
ello se pretende evitar la dictación de sentencias contradictorias.

Requisitos
Seguido ante las mismas partes.
El juicio puede estar en el mismo tribunal o en otro distinto.
Tener el mismo objeto
Misma causa de pedir.
Debe estar pendiente. Estará pendiente desde que fue notificado120.

La pendencia simultánea o sucesiva de varios procesos, debe ser erradicada, por
ello cuando se produce el orden procesal reacciona a través de la litispendencia,
que equivale a atribuir un efecto excluyente a sucesivos procesos sobre idéntica
cuestión.

Su finalidad es evitar la pluralidad de pronunciamientos jurisdiccionales sobre un
mismo asunto, así como procesos inútiles, una especie de económia procesal.

Sin embargo, no hay que confundirla con la cosa juzgada, que encuentra su
fundamento en el principio bis in idem.(foro.uned-derecho.com)

120
(www.wikipendia.org)

PERPETUACIÓN DE LA JURISDICCIÓN

Art. 93.- Una vez iniciado el proceso, los cambios que se produzcan en
relación con el domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el
objeto del proceso no afectarán a la fijación de la jurisdicción y la
competencia, que quedarán determinadas en el momento inicial de la
litispendencia, y conforme a las circunstancias que se contengan en las
alegaciones iniciales.

INTERPRETACION
Evitar la litispendencia: nuevamente en el afán de salvaguardar el valor de la
seguridad jurídica es necesario evitar que existan dos o más procesos en los que
se esté conociendo sobre la misma pretensión, para evitar, en el mejor de los
casos una doble actuación de la administración de justicia que ratifique o confirme
la sentencia dictada con anterioridad, y por otro lado, lo cual es el la base de este
punto de análisis, evitar que se pronuncien sentencias contradictorias sobre el
mismo objeto procesal121

FIJACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO. PROHIBICIÓN DE SU
MODIFICACIÓN

Art. 94.- El objeto del proceso quedará establecido conforme a las partes, la
petición y la causa de pedir que figuren en la demanda. La contestación a la
demanda servirá para fijar los términos del debate en relación con el objeto
procesal propuesto por el demandante, sin que éste pueda ser alterado.
Lo establecido en el inciso anterior será también de aplicación a la
reconvención.

121
comentarios generales al anteproyecto de código procesal civil y mercantil (abril 2003)´

Fijado el objeto procesal, las partes no podrán alterarlo, cambiarlo ni
modificarlo posteriormente, sin perjuicio de la facultad de formular
alegaciones complementarias, en los términos previstos en el presente
código.

INTERPRETACION
Relacionado siempre con este punto el principio de cosa juzgada encuentra su
fundamento en la delimitación del objeto procesal en el sentido que para poder
cumplir con el fin de evitar un doble juzgamiento es necesario establecer de una
manera precisa el objeto procesal o la situación de trascendencia jurídica que se
entiende juzgada.122

CAPÍTULO SEGUNDO
ACUMULACIONES

FINALIDAD DE LA ACUMULACIÓN. EFECTOS

Art. 95.- La acumulación tendrá por objeto conseguir una mayor economía
procesal, así como evitar posibles sentencias contradictorias cuando haya
conexión entre las pretensiones deducidas en los procesos cuya
acumulación se solicite.
Admitida la acumulación de pretensiones o de procesos, se producirá el
efecto de discutirse todos los objetos procesales acumulados en un mismo
procedimiento, con una sola sentencia, que tendrá tantos pronunciamientos
separados cuantos sean los objetos acumulados.

122

INTERPRETACION

La finalidad de la acumulación de procesos, se deduce del estudio de los
supuestos en que procede. De una forma genérica podemos decir que se
pretende lograr la reunión de procesos conexos en los casos en que se dé un
riesgo de que, por separado, se llegaran a dictar sentencias contradictorias en sus
fundamentos y/o en sus pronunciamientos.

El único supuesto que carece de cobertura legal para aplicar esta finalidad, es
aquel que tiene lugar cuando los procesos se encuentran en instancias diversas,
bien cuando ambos se encuentran en segunda instancia o pendientes de un
recurso extraordinario. En estos casos, sin embargo, el legislador considera, y con
razón, que las dificultades, trastornos y retrasos que ocasionaría una acumulación
de los proceso son desproporcionados respecto de las ventajas que se
alcanzarían con aquélla

Efectos

1. El traslado de las actuaciones y la personación de las partes del proceso más
moderno. Este efecto comporta que nos preguntemos el momento en que habrá
que reanudarse el proceso más moderno ante el nuevo tribunal competente
podemos sostener que las actuaciones del proceso acumulado se reanudarán
ante el tribunal competente, desde el momento en que se produzca la personación
ante el nuevo tribunal de todas las partes del segundo proceso, no personadas en
el primero y siempre que lo hagan dentro de los diez días y que se hayan recibido
las actuaciones por el tribunal.

2. La Unificación procedimental y la sentencia única. El efecto propio de la
acumulación de los procesos es que sólo éstos se seguirán por en un solo
procedimiento y serán tramitados en una sola sentencia. Así la tramitación del

proceso más moderno ha de adaptarse a la propia del proceso más antiguo, que
es aquél ante el que produce la acumulación y aquél ofrece mayores garantía123

ACUMULACIÓN DE RECURSOS

Art. 96.- Las partes podrán solicitar la acumulación de los distintos recursos
que se hallen pendientes ante el mismo o distinto tribunal cuando se den los
requisitos de conexión entre las pretensiones a que se refieren, siempre que
exista el riesgo de que puedan recaer sentencias contradictorias en caso de
no procederse a la acumulación.
Los distintos recursos ejercitados por las partes en relación con una misma
pretensión se tramitarán de forma acumulada, procediendo el tribunal a la
acumulación de oficio desde que conste dicha circunstancia.
A la tramitación de la acumulación de recursos le será de aplicación lo
dispuesto en este capítulo.

INTERPRETACION
Materialmente se forma un solo proceso, pues un Juez recibe, materialmente
hablando, todos las actuaciones del otro, y con las que recibe y las propias forma
un solo expediente, de ahí que se hable de acumulación de autos.

Vamos a entender por autos lo que de ello nos dice Luis Ribó Durán, en su
Diccionario de Derecho: Es el conjunto de escritos producidos con ocasión de la
tramitación de un proceso o causa y que, por reflejar el desarrollo de un
determinado litigio, componen la versión escrita de las actuaciones procesales del
mismo. Se forman con los documentos aportados por los litigantes y los

123
Europa América.

documentos en los cuales ha quedado constancia de los sucesivos actos
procesales. Se denominan también causa, expediente o rollo...

De lo mismo Manuel Ossorio escribe: ...autos hace referencia al conjunto de
documentos y piezas de que se compone una causa o pleito. Los autos son lo que
en el sistema procesal de algunos países se denomina expedientes...

Como hablamos del conjunto de papeles, documentos y escritos que se hayan en
razón de un litigio, acumularlos es juntar todos esos documentos, escritos y
papeles, formando un solo paquete124.

ACUMULACIÓN DE EJECUCIONES

Art. 97.- Las partes podrán solicitar la acumulación de ejecuciones que se
hallen pendientes contra un mismo deudor ejecutado, aunque pendan ante
distintos juzgados, siempre que las obligaciones ejecutadas cuya
acumulación se solicita no estén totalmente cumplidas.
La procedencia de la acumulación de ejecuciones se decidirá en función de
una mayor economía procesal, de la conexión entre las obligaciones
ejecutadas, y de la mejor satisfacción de los diversos acreedores
ejecutantes.
La acumulación podrá solicitarle ante cualquiera de los jueces que estén
conociendo de las distintas ejecuciones; y, si resultare procedente, dicha
acumulación se hará al proceso más antiguo.
Si hubiese comunidad de embargo en bienes hipotecados o pignorados, la
acumulación deberá realizarse en el proceso con garantía hipotecaria o

124
www.monografias.com/trabajos63/nuevos-lineamientos-civilistas/nuevos-
lineamientos-civilistas2

prendaria; y si fuesen varias las garantías de tal naturaleza, se estará al
orden de preferencia de las mismas.
En caso de comunidad de embargo, cualquiera que sea la materia de que
procedan, la acumulación se hará al proceso más antiguo, entendiéndose
como tal el que haya realizado el primer embargo, salvo lo establecido sobre
las garantías reales a que se refiere el inciso anterior, pues en tal caso la
acumulación se hará al proceso que contenga las mismas, no obstante lo
establecido en el artículo 110.
En los supuestos regulados en los incisos anteriores, el Juez que conoce del
proceso al que se acumulan los otros será el competente para conocer de
todas las ejecuciones acumuladas.

INTERPRETACION
Sabido es que esta es la ultima etapa de todo proceso y es que al darse la
sentencia definitiva y esta este ejecutoriada, el vencido tiene en primer lugar la
potestad de cumplir espontáneamente con el mandato judicial y es cuando ha
transcurrido el termino de ley para cumplir voluntariamente la sentencia y no lo
hace, es cuando nace para el vencedor, el derecho de hacerla ejecutar por la
fuerza siempre en el mismo proceso de que se trata o debiendo de cumplirla el
juez que ha conocido en primera instancia pues a el corresponde de lleno el
ejercicio de la jurisdicción. 125
La acumulación deberá solicitarse ante el juez que este conociendo de la
ejecución definitiva instada en primer lugar. Si se admite la ejecución resultara
competente para conocer de todas las ejecuciones acumuladas.
Se trata de una novedad respecto de la ley anterior, pues es la primera vez que se
regula expresamente en el ámbito procesal civil.

125
MONTERO AROCA, en Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes, pág
225

Las ejecuciones pendientes entre el mismo ejecutante y el mismo ejecutado: En
este caso, tanto el ejecutante, como el ejecutado pueden solicitar, siempre a
instancias de parte, nunca de oficio, la acumulación. En este caso, el tribunal
deberá acordarla, no hay margen de discreción.

La acumulación habrá de solicitarse al juez ejecutor que conozca del proceso de
ejecución más antiguo.
La admisión de acumulación de ejecuciones puede provocar una alteración en el
juez competente para conocer de la segunda instancia, lo que supondrá excluir la
aplicación de una norma de competencia funcional ( la del art. 61 de la LEC), a
pesar del carácter improrrogable de este tipo de normas.

La acumulación, sólo será posible, si ninguna de las ejecuciones ha concluido ya,
es decir si en ninguna de ellas se ha procedido a la aprobación del remate y pago
al acreedor ejecutante, o a la adjudicación en pago.

CAPÍTULO TERCERO
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

ACUMULACIÓN OBJETIVA DE PRETENSIONES. REQUISITOS
MATERIALES

Art. 98.- El demandante podrá ejercitar a la vez en la demanda cuantas
pretensiones tenga contra un mismo demandado, con el único límite de que
no sean incompatibles entre sí.
Se entenderá que resulta incompatible el ejercicio simultáneo en la misma
demanda de dos o más pretensiones cuando se excluyan mutuamente o
sean contrarias entre sí, de suerte que la estimación de una impida o haga

ineficaz la estimación de la otra u otras. En este caso, el juez decretará la
improponibilidad de la acumulación intentada.

INTERPRETACION
El Anteproyecto dedica todo un capítulo para el análisis de esta figura jurídica
iniciando con la acumulación objetiva que al igual que el Art. 198 Pr. Cv. (hoy con
una redacción en sentido positivo), establece la posibilidad de acumular en una
misma demanda diversas peticiones siempre y cuando éstas no sean contrarias.

Por otro lado, es clara la evolución existente en materia de acumulación, con
respecto a nuestro arcaico proceso vigente, en el sentido que ya son reconocidos
nuevos tipos de acumulaciones que antes eran consideradas a priori como
incompatibles, reconociendo directa o indirectamente las siguientes tipos de
acumulaciones:
Acumulación simple: Es aquella que se solicita al juzgador para que sean
valoradas todas las pretensiones.
Acumulación alternativa: Cuando se solicita al juzgador la estimación de
una de varias pretensiones planteadas126.
Acumulación subsidiaria (eventual propia): El actor pide la valoración de
una de las pretensiones con un orden de preferencia específico.
Acumulación accesoria (eventual impropia): Cuando el actor pone una
pretensión como principal y otra como complementarias.

La acumulación de pretensiones tal como esta configurada en el nuevo código es
susceptible de acumulación oficiosa, y de apreciación de admisibilidad de la
misma en determinados supuestos específicos y estableciendo para el caso en
que el juez no este de acuerdo, se da la posibilidad de realizar prevenciones para
eliminar la acumulación inadecuada; además está establecida como excepción la

126
En muchas legislaciones no es permitido este tipo de acumulación ya que esto es susceptible
de dejar indeterminado el proceso

acumulación indebida de pretensiones, por lo que deberá ser alegada en la
contestación y resuelta en audiencia.

ACUMULACIÓN EVENTUAL DE PRETENSIONES

Art. 99.- Si el demandante plantea la acumulación de forma eventual, podrá
intentar la acumulación de pretensiones incompatibles entre sí. En este
caso, será requisito indispensable para la admisión de la acumulación que
se determine en forma precisa la pretensión que se reputa principal, así
como aquella otra u otras que se ejercitan para el solo supuesto de que la
ejercitada a título principal no se estime fundada, debiéndose indicar
también el orden de prelación entre ellas.
No se admitirá la acumulación de pretensiones a título alternativo

INTERPRETACION
Una tercera posibilidad de ampliación del objeto procesal es la acumulación
eventual de pretensiones. En ella el actor interpone una pretensión principal y,
para el caso de que ésta sea rechazada por improcedente o infundada, plantea
otra pretensión como subsidiaria.

La acumulación eventual de pretensiones goza de una gran virtualidad práctica en
aquellos supuestos en los que el actor tenga el temor de que quizá no pueda, en
el proceso, probar los hechos constitutivos de su pretensión principal, en cuyo
caso ha de verse obligado a plantear una demanda escalonada.

En tales casos, la litispendencia de la pretensión eventual ha de estar
condicionada en forma resolutiva al rechazo por el juez de la pretensión
principal.127

127
MONTERO AROCA, en Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes,

REQUISITOS PROCESALES DE LA ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES

Art. 100.- La admisibilidad de la acumulación de pretensiones estará
condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos procesales:
1° Que el juez tenga jurisdicción y competencia por razón de la materia o por
razón de la cuantía para conocer de todas las pretensiones cuya
acumulación se solicita.
2° Que las pretensiones acumuladas no deban, por razón de su materia,
ventilarse en procesos de diferente tipo o naturaleza si se ejercitaran por
separado.
3° Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten
determinadas pretensiones en razón de su materia o por razón del tipo de
proceso que se haya de seguir.
Asimismo, la acumulación de pretensiones no podrá alterar la
competencia territorial cuando ésta venga fijada por la ley con
carácter indisponible. En todo caso, a la pretensión que deba
sustanciarse por medio de proceso común podrá acumularse la que,
por sí sola, se ejercitaría en proceso abreviado, siempre que ambas
pretensiones lo sean por razón de su cuantía.

INTERPRETACION
Requisitos: Pueden ser:
Subjetivos:
De las partes: Ha de existir en la acumulación identidad entre las
partes, de tal suerte que demandante y demandado han de ser los
mismos. Si existiera una pluralidad de sujetos, en realidad se trataría
de una acumulación subjetiva o fenómeno de pluralidad de partes en

el proceso, que podría revestir el carácter de mixta, objetivo y
subjetiva, si además se acumularan diversas pretensiones.
Del órgano jurisdiccional: En segundo lugar, el juez ha de ser objetiva
y territorialmente competente. En cuanto a la competencia objetiva
no autoriza la acumulación de pretensiones que pudieran exceder de
la competencia objetiva cuantitativa o ³ratione materiae´ del juez; a
los efectos del procedimiento ordinario adecuado rige en el proceso
civil la regla de ³quien puede lo más, puede lo menos´, de tal suerte
que a un proceso ordinario puede acumularse una pretensión que
deba tramitarse por las reglas del juicio verbal, pero no viceversa.

Cuando se trate de acumulación de pretensiones, con respecto a las cuales deban
conocer distintos jueces territorialmente competentes para el conocimiento de
ellas, han de observarse las siguientes reglas: Será, en primer lugar, competente
el juez del lugar correspondiente a la pretensión que sea fundamento de las
demás; en su defecto aquel que deba conocer del mayor número de las
pretensiones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la
pretensión más importante cuantitativamente. 128

Objetivos:
Procedimiento adecuado: No podrán acumularse las pretensiones
que por razón de su materia deban ventilarse en juicios de diferente
tipo. determinan procedimientos son susceptibles de acumulación,
siendo la regla general la de que han de ostentar la misma
naturaleza o no provoquen pérdidas de derechos procesales.

Compatibilidad de pretensiones: que no podrán acumularse las
pretensiones que sean incompatibles entre sí, entendiendo por tales
pretensiones el número tercero del mismo precepto cuando se
128
Lascano, D. Jurisdicción y competencia. (1941). Estudios de derecho procesal en honor a Hugo
Alsina. Buenos Aires. Ediar.

excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la
elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras.

Dos pretensiones se excluyen mutuamente cuando las peticiones o su
fundamentación fáctica resultan inconciliables.
Dos acciones son contrarias cuando legalmente el ejercicio de una hace ineficaz el
ejercicio de la otra.

CASOS ESPECIALES DE ACUMULACIÓN NECESARIA

Art. 101.- Se acumularán de oficio las pretensiones que versen sobre la
declaración de nulidad de un acto o negocio jurídico y las que se refieran a
la anulabilidad de los acuerdos adoptados en una misma reunión de los
órganos de una persona jurídica. Para ello, todas las demandas de nulidad o
anulabilidad que se presenten con posterioridad a otra se remitirán al mismo
juzgado que conoce de la primera.
También se acumularán en una misma demanda distintas pretensiones en
los casos determinados por la ley.

INTERPRETACION
Establece que la acumulación de procesos sólo puede decretarse a instancia de
quienes sean parte en cualquiera de ellos . A diferencia de lo que interpretan otros
autores, considero, siguiendo la opinión de Mª Elisa Escolà, que la ley sólo exige la
condición de parte y nada más.

A diferencia de la regulación anterior, se deja abierta la posibilidad de acumular
procesos de oficio si así lo contempla expresamente la ley. Sin embargo para
poderse acumular de oficio, será necesario que el tribunal conozca de la
pendencia de otros procesos, situación que sólo se dará cuando los varios
procesos se tramiten en un mismo tribunal. Así la ley prevé la posibilidad de que

en los procesos para la protección de derechos e intereses colectivos o difusos de
los consumidores y usuarios, la acumulación se pueda decretar de oficio, sin
embargo, no se prevé el procedimiento a seguir.129

APRECIACIÓN DE OFICIO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

Art. 102.- El juez apreciará de oficio la procedencia de la acumulación
solicitada por el demandante. Si considera que la acumulación de
pretensiones es indebida, antes de admitir la demanda le requerirá al
solicitante para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, instándole
para que mantenga sólo la acumulación que fuere posible conforme a este
código.
Transcurrido el plazo otorgado sin que se produzca la subsanación, o si las
pretensiones indicadas por el demandante siguieran siendo no acumulables,
se rechazará por inadmisible la demanda, acordándose el archivo de las
actuaciones sin más trámite, pero dejando a salvo el derecho del
demandante para volver a plantear debidamente las pretensiones
concernidas.

INTERPRETACION
Con base en los principios de celeridad, concentración y economía procesal que
recoge nuestra Ley Procesal de Familia perfectamente se pueden acumular en
una misma demanda varias pretensiones; para el caso las de declaratoria judicial
de paternidad, indemnización por daños materiales y morales.

La acumulación de procesos consiste en unir en un sólo proceso las pretensiones
ejercitadas de forma autónoma y la acumulación de pretensiones consiste en
plantear diferentes pretensiones en una misma demanda.

129

La acumulación objetiva de pretensiones por ministerio de ley, es decir, el uso de
la vivienda, y de los bienes muebles de uso fami1iar deben dilucidarse aún y
cuando el demandante o demandado no las hayan formulado, en cuyo caso el
juez siempre habrá de pronunciarse, en casos de procesos de divorcio.

La ley de familia prevé que puede solicitarse daños de carácter moral como
pretensión acumulada a la pretensión principal por ejemplo el caso de
declaratoria de paternidad, sin que ello resulte atentatorio contra el derecho de
defensa de los justiciables, pues, siempre se respetan las reglas del debido
proceso, pudiendo en cualquier momento del mismo, desvirtuar la prueba ofrecida
o hacer alegaciones en contrario respecto de las afirmaciones hechas por la
contraparte.130

DENUNCIA DE LA ACUMULACIÓN INDEBIDA DE PRETENSIONES

Art. 103.- La acumulación de pretensiones indebida también podrá hacerse
valer por el demandado como excepción en la contestación a la demanda, y
se resolverá en la audiencia preparatoria del proceso común o en la
audiencia del proceso abreviado, o en el primer acto oral del trámite procesal
correspondiente.

INTERPRETACION
La demanda esta dirigida contra actos de contenido general y a su vez contra
actos de contenido particular, situaciones que riñen desde todo punto de vista
procesal, pues en tanto que la primera de las normas citadas establece como
titulares de la acción a cualquier persona, la segunda radica ese derecho única y
exclusivamente en la persona se sienta lesionada con la medida tomada por la
administración de justicia, pues obsérvese que se acumulan en una misma

130

demanda, pretensiones de dos acciones diferentes entre si tanto desde el punto de
vista de la competencia como de los efectos que pueden producirse.

Se considera que la acumulación de pretensiones en la misma demanda, de dos
acciones que tienen connotación diferente, tanto desde el punto de vista de la
competencia como de los efectos de la sentencia y por consiguiente no era
procedente su acumulación131

ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE PRETENSIONES

Art. 104.- Podrán ejercitarse simultáneamente las pretensiones que uno
tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que exista un nexo
o conexión por razón del título o de la causa de pedir.
Se entenderá que existe conexión entre las pretensiones cuando deriven de
títulos idénticos o semejantes, y cuando la causa de pedir esté constituida
total o parcialmente por el mismo conjunto de hechos jurídicos relevantes.

INTERPRETACION
Establece que cabra la acumulación ³cuando entre los objetos de los procesos
cuya acumulación se pide, existe tal conexión que, de seguirse por separado,
pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios,
incompatibles o mutuamente excluyentes´.Desaparece la tradicional y confusa
denominación de ³división de la contienda de la causa´, que enumeraba hasta seis
supuestos en los que se entendía dividida la contienda de la causa, pero que la
doctrina redujo a dos estos supuestos: identidad de sujetos y de petitum entre los
procesos acumulados, aunque variase la causa de pedir, o bien identidad de
causa de pedir entre ellos, aunque fueran distintos los sujetos y/o el petitum. Con
la nueva regulación este supuesto se sustituye por la conexión simple, que
siempre será objetiva, es decir los procesos acumulados deberán tener un mismo
petitum o una misma causa de pedir.

131

Según Díez Picazo, la conexión, consiste en la identidad de la causa de pedir, es
decir, que las acciones se basen en los mismos hechos. Ortells Ramos considera
que se trata de una conexión simple y pone como ejemplo de la posibilidad de
acumular acciones, en virtud de la necesidad de evitar sentencias contradictorias,
el supuesto de que diversos legitimados para interponer una pretensión de
condena a indemnizar por los daños causados como consecuencia de la caída de
un muro ruinoso, interponen sus pretensiones en distintos procesos, con riesgo de
que la causa de los daños y la culpa del responsable sean apreciados de modo
diferente en cada caso.

Podemos concluir por tanto, que para que proceda la acumulación de procesos se
deberá exigir siempre la concurrencia de una conexión objetiva entre sus objetos
procesales, ya sea la conexión por prejudicialidad entre las acciones, o bien la
conexión del art. 76.2 de la LEC, por lo que la verdadera razón de este tipo de
acumulación, debe buscarse en la necesidad de impedir sentencias
132
contradictorias.

132
MONTERO AROCA, en Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes

CAPÍTULO CUARTO
ACUMULACIÓN DE PROCESOS

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES COMUNES

LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Art. 105.- La acumulación de procesos diferentes sólo podrá solicitarse por
quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se
pretende.
No obstante, la acumulación podrá ser decretada de oficio cuando dichos
procesos estén pendientes ante el mismo tribunal, así como en los otros
casos en que expresamente lo disponga la ley.

INTERPRETACION
El pedido de acumulación de procesos en un juicio verbal se rigen por las normas
de los procesos ordinarios, y se distinguen según sea que la acumulación se trate
de procesos seguidos ante un mismo Tribunal o en distintos Tribunales, por lo cual
la remisión será siempre a los procedimientos del juicio ordinario ya que las
normas aplicables son las mismas, con la sola diferencia que, en los juicios
verbales, la acumulación puede pedirse y lograrse con el escrito de demanda

Finalidad de la acumulación de procesos. En virtud de la acumulación de
procesos, se seguirán éstos en un solo procedimiento y serán terminados por una
sola sentencia. Casos en los que procede la acumulación de procesos. La
acumulación de procesos sólo se ordenará: 1. Cuando la sentencia que haya de
recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro. 133

133

ACUMULACIÓN DE PROCESOS. CAUSAS

Art. 106.- La acumulación podrá solicitarse cuando se estén tramitando
separadamente diversos procesos entre cuyos objetos procesales exista
conexión fáctica o jurídica, o de ambas naturalezas a la vez, de tal modo que,
si no se acumularan los procesos pudieren dictarse sentencias con
fundamentos o pronunciamientos contradictorios, incompatibles o
mutuamente excluyentes. Se entenderá que siempre existe conexión cuando
entre los objetos procesales de los procesos cuya acumulación se pretenda
exista relación de prejudicialidad.

INTERPRETACION
Podemos definir la acumulación de procesos como la reunión en un solo
procedimiento de varios procesos que se incoaron separadamente, de manera
que se sustancien de forma conjunta y se decidan por una sola sentencia134

En este sentido, el Anteproyecto regula de una manera clara y especifica, los
requisitos para la acumulación de procesos pendientes ante el mismo tribunal, y
ante tribunales distintos además de elaborar el procedimiento que se debe aplicar
para cada uno de ellos.

La acumulación de procedimientos tramitados ante distintos tribunales ha de
efectuarse al que conozca del procedimiento más antiguo y ante el que deberá
formalizarse la solicitud. Inmediatamente dicho tribunal requerirá a los demás
órganos judiciales a fin de que se abstengan de dictar sentencia y dará traslado de
la petición a las demás partes con el objeto de que aleguen lo que estimen
pertinente. Al igual que en el anterior procedimiento, podrá denegar la
acumulación si la estimara improcedente. Si admitiera la tramitación del incidente,
requerirá a los otros tribunales la remisión de los correspondientes
procedimientos.

134
Subirats Aleixandri, María Cinta., www.derecho.com, 18 de Junio 2003.

Tales órganos judiciales darán traslado, para alegación, a las demás partes
personadas, las que si no se opusieran o no alegaran provocarán que el órgano
judicial deba acceder a dicho requerimiento de acumulación, salvo que estimara
que, por ser su procedimiento más antiguo, deba a él y no al tribunal requirente
efectuarse la acumulación. Si aceptara dicho requerimiento, emplazará a las
partes para que en el plazo de diez días comparezcan ante el tribunal requirente.
Pero si no aceptara el requerimiento de acumulación, así se lo comunicará al
tribunal requirente y ambos remitirán las actuaciones de este incidente ante el
tribunal superior común, al que simultáneamente habrán emplazado a las partes
para que formulen alegaciones.

REQUISITOS PROCESALES PARA LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Art. 107.- La acumulación de procesos declarativos sólo podrá decretarse
cuando se sustancien por los mismos trámites o la tramitación pueda
unificarse sin pérdida de derechos procesales.
La acumulación de procesos sólo podrá admitirse respecto de aquellos en
los que aún no haya recaído resolución definitiva. La solicitud de
acumulación deberá efectuarse siempre antes de que en alguno de ellos se
haya celebrado la audiencia probatoria o la audiencia del proceso abreviado.
Para conocer de la acumulación será competente el tribunal que estuviere
conociendo del proceso más antiguo, el cual deberá tener jurisdicción y
competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía para conocer
del proceso o procesos que se pretenda acumular.
La acumulación de procesos no podrá alterar la competencia territorial
cuando tenga carácter inderogable para las partes.

INTERPRETACION
Procederá la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la
acumulación subjetiva de acciones y, en general, siempre que la sentencia que

haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u
otros.

Se requerirá, además:
Que los procesos se encuentren en la misma instancia.
Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea
competente por razón de la materia. A los efectos de este inciso no se
considerarán distintas las materias civil y comercial.
Que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán
acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de
ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare
indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última
parte del primer párrafo. En tal caso, el juez determinará al procedimiento
que corresponde imprimir al juicio acumulado.
Que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir
demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren
más avanzados.135

EXCLUSIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Art. 108.- La acumulación de procesos se rechazará cuando conste que las
partes pudieron acudir a la acumulación de pretensiones.
Si los procesos fueren promovidos por el mismo demandante o por
demandado reconviniente, se entenderá, salvo justificación cumplida, que
pudo promoverse un solo proceso en los términos del inciso anterior y no
procederá la acumulación

INTERPRETACION

135

No procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con
pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente
excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia.

Tampoco procederá la acumulación de procesos cuando no se justifique que, con
la primera demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta o con la
reconvención, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y
cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos,
cuya acumulación se pretenda.

Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueren promovidos por el mismo
demandante o por demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, se
entenderá, salvo justificación cumplida, que pudo promoverse un único proceso
en los términos del apartado anterior y no procederá la acumulación.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los procesos,
susceptibles de acumulación, incoados para la protección de los derechos e
intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y
usuarios, cuando la diversidad de esos procesos, ya sean promovidos por las
asociaciones, entidades o grupos legitimados o por consumidores o usuarios
determinados, no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de
acciones.136

ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA

Art. 109.- Cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o
fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes
obedezca a la existencia simultánea de dos o más procesos entre las
mismas partes y en relación con la misma pretensión, deberá acudirse a la

136

excepción de litispendencia, sin que quepa la acumulación de dichos
procesos.
De estimarse la excepción de litispendencia se pondrá fin al proceso o
procesos iniciados con posterioridad, con condena en todas las costas
causadas en los procesos finalizados.

INTERPRETACION
La acumulación de procesos también se decretará:
Cuando esté pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal
contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. En estos casos, se
procederá conforme a lo previsto en la legislación concursal.

Se exceptúan de la acumulación a que se refiere este número los procesos de
ejecución en que sólo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en
ningún caso se incorporarán al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de
iniciación de la ejecución.

Se exceptúan de la acumulación a que se refieren los dos números anteriores los
procesos de ejecución en que sólo se persigan bienes hipotecados o pignorados,
que en ningún caso se incorporarán al proceso concursal ni al sucesorio,
cualquiera que sea la fecha de iniciación de la ejecución.

En los casos previstos en el apartado anterior, la acumulación debe solicitarse
ante el tribunal que conozca del proceso universal, y hacerse siempre, con
independencia de cuáles sean más antiguos, al proceso universal.

La acumulación de procesos, cuando proceda, se regirá, en este caso, por las
normas de este capítulo, con las especialidades establecidas en la legislación

especial sobre procesos concúrsales y sucesorios.137

COMPETENCIA PARA LA ACUMULACIÓN

Art. 110.- La acumulación de procesos podrá solicitarse ante cualquiera de
los jueces que conozcan de ellas. En otro caso, se dictará auto rechazando
la solicitud, sin que quepa ulterior recurso.
La antigüedad se determinará por la fecha y hora de la presentación de la
demanda.
Decretada la acumulación, el juez que conozca del proceso más antiguo
devendrá competente para conocer de todos los acumulados.

INTERPRETACION
Puede suceder que al iniciar un procedimiento el tribunal sea competente para
decidirlo, sin embargo, por ciertos hechos sucedidos durante su tramitación otro
juzgado resulte competente, tal es el caso de los juicios universales, mismos que
pueden ser hereditarios o de concurso.

Así habiéndose iniciado un juicio ya ordinario, ejecutivo o de cualquier índole el
actor o demandado fallezcan, en virtud, siendo lo reclamado derechos
patrimoniales, mismos que son transmitidos a los herederos, ya legítimos, ya
testamentarios, todo lo actuado en dicho procedimiento, siempre que sea primera
instancia, deberá ser acumulado al juicio sucesorio respectivo138

RECHAZO INICIAL DE LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE
PROCESOS

137
138
derecho jurisdiccional). Buenos Aires. Depalma.

Art. 111.- El juez dictará auto para rechazar la solicitud de acumulación
cuando ésta no contenga los datos exigidos por la ley y tal insuficiencia no
se hubiera subsanado; o cuando, según lo que conste en dicha solicitud, la
acumulación no fuere procedente por no concurrir las causas o los
requisitos procesales establecidos en los artículos anteriores.

INTERPRETACION
El tribunal por medio de auto rechazará la solicitud de acumulación cuando no
contenga los datos siguientes: la solicitud por escrito, en el que se señalarán con
claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado procesal en que se
encuentran, exponiéndose asimismo las razones que justifican la acumulación.
Cuando, según lo que consigne dicha solicitud, la acumulación no fuere
procedente por razón de la clase y tipo de los procesos, de su estado procesal y
demás requisitos procesales

A solicitud de acumulación de procesos no suspenderá el curso de los que se
pretenda acumular, aunque el tribunal deberá abstenerse de dictar sentencia en
cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulación.139

EFECTO NO SUSPENSIVO DE LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN

Art. 112.- La solicitud de acumulación de procesos no suspenderá el curso
de los que se pretenda acumular, pero el tribunal que conozca de cada uno
deberá abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos en tanto no
haya decisión sobre la procedencia de la acumulación, suspendiéndose al
efecto el plazo para dictarla.
Si los procesos están pendientes ante distintos tribunales, en cuanto se
solicite la acumulación se comunicará tal circunstancia, por el medio más
rápido, al otro tribunal; y éste deberá abstenerse en todo caso de dictar

139

sentencia hasta que se decida definitivamente sobre la acumulación
pretendida.

INTERPRETACION
La acumulación de ejecuciones que proceden de distintos ejecutantes contra un
mismo ejecutado: La doctrina lo denomina concurrencia de acreedores en una
misma ejecución singular. En este caso sólo los ejecutantes están legitimados
para solicitar la acumulación, no así el ejecutado. El tribunal que conozca de la
ejecución más antigua, no estará vinculado por la petición, pues resolverá según
lo más conveniente.

Se aplican las normas del apartado anterior, pero con algunas especialidades, ya
que al intervenir dos órganos jurisdiccionales, se incrementa la complejidad.

También se establece una especialidad para los juicios verbales, al permitir
efectuar la solicitud antes del acto de la vista o en la misma vista, en forma oral, y
las demás partes asistentes al acto podrán formular oralmente alegaciones al
respecto, resolviéndose la acumulación en la misma vista

Tan pronto como se solicite la acumulación el tribunal lo comunicará de inmediato,
y por el medio más rápido (por ej., el fax que permite constancia escrita), al otro
tribunal afectado, para que se abstenga de dictar sentencia hasta que no se
decida definitivamente sobre la acumulación. A pesar de que la ley no lo diga
expresamente, algún autor entiende que antes de hacer esta comunicación el
tribunal debería examinar si concurren los requisitos de fondo y de forma para
proceder a la acumulación y si no concurren desestimar la solicitud. Se da traslado
por diez días y el tribunal deberá resolver en el plazo de cinco. No se dice nada
respecto al hecho de que estén conformes todas las partes, pero debemos
entender que también operará la regla anterior.

Si el tribunal deniega la acumulación, cosa que podrá ocurrir si las partes no se
oponen de acuerdo o ninguna de ellas formula alegaciones, lo comunicará al otro
tribunal tan pronto como quede firme, para que dicte sentencia.140

SECCIÓN SEGUNDA
ACUMULACIÓN DE PROCESOS PENDIENTES
ANTE UN MISMO TRIBUNAL

SOLICITUD

Art. 113.- La acumulación se solicitará por escrito, en el que se identificarán
los procesos cuya acumulación se pide, y se indicará el estado procesal en
que se encuentran, junto con las razones que justifican la acumulación. En el
proceso abreviado, podrá presentarse la solicitud oralmente en el acto de la
audiencia, si no se hizo antes.

INTERPRETACION

Pues su solicitud, puede efectuarse antes de la vista, o en la misma vista en forma
oral y las demás partes asistentes al acto podrán formular oralmente alegaciones
al respecto, resolviéndose la acumulación en la misma vista

Una novedad importante, respecto a la regulación de la ley anterior, es que la
solicitud de acumulación no suspende la tramitación de los procesos, pero el
tribunal no puede dictar sentencia hasta que no se decida sobre su acumulación.

El legislador pretende evitar que la acumulación de procesos devenga una excusa
para poder suspender y dilatar los procesos.141

140
Jurisprudencia Ley de enjuiciamiento civil de España
141

SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DEL INCIDENTE

Art. 114.- Admitida la solicitud, se dará audiencia a las demás partes
personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya
acumulación se pretende, aunque no lo sean en aquél en el que se ha
solicitado, a fin de que, en el plazo común de tres días, formulen alegaciones
acerca de la acumulación.
En el proceso abreviado, si la solicitud se formuló oralmente en el acto de la
audiencia las demás partes efectuarán a continuación sus alegaciones y se
resolverá inmediatamente sobre la solicitud.
Transcurrido dicho plazo, o recibidas las alegaciones, el juez resolverá la
cuestión dentro de los cinco días siguientes, otorgando la acumulación si
todas las partes estuvieren de acuerdo en ella. En otro caso, resolverá lo que
estime procedente, otorgando o denegando la acumulación solicitada.
Contra el auto que se dicte sólo admitirá el recurso de revocatoria.

INTERPRETACION

Si la solicitud cumple con los requisitos exigidos, se dará parte a las demás partes
personadas, así como a los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya
acumulación se pide, aunque no lo sean en aquel en que se ha solicitado. Estos
interesados podrán presentar alegaciones por plazo común de 10 días.
Transcurrido este plazo y hayan o no manifestaciones el tribunal resolverá por el
plazo común de 10 días.

Si todas las partes están de acuerdo con la acumulación. El tribunal deberá
decretarla forzosamente

En defecto de acuerdo entre las partes, o cuando ninguna haya formulado
alegaciones, el tribunal decidirá si otorga o no la acumulación, resolución que

adoptará la forma de auto, contra el que sólo cabra reposición. No cabe, por tanto,
la apelación.142

EFECTOS DEL AUTO QUE RESUELVE LA ACUMULACIÓN

Art. 115.- Aceptada la acumulación, el tribunal ordenará que los procesos
más modernos se unan a los más antiguos, a los efectos prevenidos en este
código.
Si los procesos acumulados no estuvieran en el mismo estado de
tramitación se ordenará la suspensión del que estuviera más avanzado,
hasta que los otros se hallen en el mismo o similar estado.
Denegada la acumulación, los procesos se sustanciarán separadamente,
condenándose a la parte que la hubiera promovido al pago de las costas del
incidente.

INTERPRETACION

Si el tribunal otorga la acumulación: Ordenará que los procesos más modernos se
unan a los más antiguos, para que continúen sustanciándose en un mismo
procedimiento, por los mismos trámites y con una sola sentencia. Para conseguir
esta tramitación conjunta se ordenará la suspensión del proceso más avanzado,
hasta que los otros se hallen en el mismo o similar estado.

Su admisibilidad no se halla supeditada al requisito de que medie entre las
pretensiones acumuladas un vínculo de conexión por la causa o por el objeto, por
cuanto la institución responde primordialmente a razones de economía de tiempo,
actividad y gastos143

142
143

SECCIÓN TERCERA
ACUMULACIÓN DE PROCESOS PENDIENTES
ANTE DISTINTOS TRIBUNALES

NORMAS APLICABLES

Art. 116.- La acumulación de procesos que pendan ante distintos tribunales
se regirá por las normas anteriores con las especialidades que se indican en
los artículos siguientes. La solicitud de acumulación formulada en un
proceso abreviado se sustanciará, en cuanto sea posible, conforme a las
normas contenidas en este título.

INTERPRETACION
Pues bien, se estima, que frente a una demanda de divorcio, cuando existen hijos
sujetos a autoridad parental, el Juez de Familia del caso, conforme al Art. 3 letra
g) L. Pr. F. debe resolver sobre los alimentos por disposición legal, aún y cuando
no se los hubiesen propuesto las partes. Por ejemplo y para el caso en estudio,
tenemos lo contemplado en el Art. 216 Inc. 5° C. F. que estipula que: Siempre
que el juez confíe el cuidado personal del hijo, fijará la cuantía de los alimentos
con que los padres deberán contribuir, de acuerdo a sus respectivas posibilidades
y el Art. 111 Inc. 3° del mismo cuerpo de ley que ordena que: ''La sentencia de
divorcio dispondrá además a quien de los cónyuges corresponderá el uso de la
vivienda, y de los bienes muebles de uso fami1iar. Ocurre así la suerte de una
acumulación objetiva de pretensiones por ministerio de ley, es decir, tales
pretensiones deben dilucidarse aún y cuando el demandante o demandado no las
hayan formulado, en cuyo caso el juez siempre habrá de pronunciarse.

Al respecto es preciso tomar en cuenta lo afirmado por la Cámara de la Sección

del Centro, en el Juicio de Divorcio Ref. 206-A -2002, de la manera siguiente:
Como ya se ha señalado por esta Cámara en anteriores sentencias, esas
pretensiones que se acumulan por ministerio de ley (cuidado personal, cuantía de
alimentos, régimen de comunicación y trato, entre otros), a nuestro juicio no
deben concebirse como accesorias al divorcio, ya que constituyen pretensiones
que pueden ejercerse en forma autónoma, pero que en virtud de su conexidad
legal y subjetiva con la pretensión del divorcio, deben debatirse en el mismo
proceso. Por ello es preferible denominarlas cuestiones conexas y no accesorias,
pues lo accesorio serán todas aquellas medidas o disposiciones tendientes a
garantizar el eficaz cumplimiento de cada punto de la sentencia estimativa del
divorcio (...) 144

La conexidad existente entre la pretensión de divorcio y la de alimentos para los
hijos, no es privativo de la legislación salvadoreña, al respecto, Jorge L.
Kielmanovich, en relación al proceso de familia Argentino, sostiene Cuando el
juicio de divorcio y el de alimentos han sido iniciados uno por el marido y otro por
la mujer en distintos juzgados, por razones de conexidad y economía procesal es
conveniente que se tramiten ante el mismo juez145 (...)

SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS. TRAMITACIÓN

Art. 117.- Además de lo previsto en el artículo 113, en el escrito se deberá
indicar el tribunal ante el que penden los otros procesos cuya acumulación
se pretende.
De la solicitud se dará audiencia a las demás partes personadas, para que
formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo común de tres
días. El juez dictará auto en el plazo de tres días decidiendo sobre la

144
Ref 83-c-2006 jurisprudencia

145
Procesos de Familia, página 49, Editorial Abeledo Perrot.

acumulación. En caso de que ésta se deniegue, se comunicará al otro
tribunal, que podrá dictar sentencia.

INTERPRETACION

Se establece una especialidad para los juicios verbales, al permitir efectuar la
solicitud antes del acto de la vista o en la misma vista, en forma oral, y las demás
partes asistentes al acto podrán formular oralmente alegaciones al respecto,
resolviéndose la acumulación en la misma vista

Tan pronto como se solicite la acumulación el tribunal lo comunicará de inmediato,
y por el medio más rápido (por ej, el fax que permite constancia escrita), al otro
tribunal afectado, para que se abstenga de dictar sentencia hasta que no se
decida definitivamente sobre la acumulación. A pesar de que la ley no lo diga
expresamente, algún autor entiende que antes de hacer esta comunicación el
tribunal debería examinar si concurren los requisitos de fondo y de forma para
proceder a la acumulación y si no concurren desestimar la solicitud.146

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE
PROCESOS

Art. 118.- Si el juez estima procedente la acumulación, en el mismo auto
requerirá al que conozca del otro pleito, solicitándole la remisión de los
correspondientes procesos.
Al requerimiento se adjuntará certificación de lo pertinente para dar a
conocer la causa por la que se pretende la acumulación y las alegaciones
que, en su caso, hayan formulado las partes distintas del solicitante de la
acumulación.

146

INTERPRETACION

Si la estima procedente, mandará en el mismo auto resolutorio dirigir oficio al que
conozca del otro pleito, requiriendo la acumulación y la remisión de los
correspondientes procesos. También se remitirá testimonio de los antecedentes
que el mismo determine y que sean bastantes para dar a conocer la causa por la
que se pretende la acumulación y las alegaciones que en su caso, hayan
formulado las partes distintas del solicitante de la acumulación.

El tribunal requerido, dará traslado a los litigantes que hayan comparecido y si
alguno de los personados, no, lo estuviese en el proceso que se tramita ante el
tribunal requirente, podrá formular alegaciones, en el plazo de cinco días. De esta
forma no podrán formular alegaciones quienes ya lo hayan hecho ante el tribunal
requirente.147

TRAMITACIÓN ANTE EL JUEZ REQUERIDO

Art. 119.- Recibido el requerimiento y la certificación, el juez requerido
informará de ellos a las partes que ante él hayan comparecido.
Si alguno de los personados ante el tribunal requerido no lo estuviera en el
proceso ante el tribunal requirente, dispondrá de un plazo de tres días para
instruirse de las actuaciones en la secretaría del tribunal y presentar por
escrito las alegaciones que estime oportunas.

INTERPRETACION

Si acuerda la acumulación: se notificará de inmediato a las partes para que se
personen en el plazo de 1 días ante el tribunal que haya de conocer del
procedimiento acumulado, al que se remitirán los autos y se suspenderá el curso
del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal. Si

147

las partes no se personan, ante el tribunal que conoce del proceso más antiguo,
les deparará el perjuicio que ha lugar en derecho, así si es actor se le podrá tener
por desistido de esa pretensión y si es demandado por rebelde.

Si se deniega la acumulación, los procesos seguirán su curso por separado,
alzándose la suspensión del plazo para dictar sentencia, en el caso de que se
hubiese acordado 148

RESOLUCIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DE ACUMULACIÓN

Art. 120.- Cumplidas las actuaciones anteriores, el juez dictará auto en el que
acepte o denegando lo solicitado en el requerimiento de acumulación.
Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a
la acumulación, o si no alegaren datos o argumentos distintos de los
alegados ante el tribunal requirente, el juez requerido sólo podrá fundar su
negativa al requerimiento en que la acumulación debe hacerse a los
procesos pendientes ante él mismo.

INTERPRETACION

El tribunal competente, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y
de las alegaciones presentadas, decidirá en el plazo de 20 días y por medio de un
auto recurrible

Si acuerda la acumulación: se notificará de inmediato a las partes para que se
personen en el plazo de 1 días ante el tribunal que haya de conocer del
procedimiento acumulado, al que se remitirán los autos y se suspenderá el curso
del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal. Si
las partes no se personan, ante el tribunal que conoce del proceso más antiguo,

148

les deparará el perjuicio que ha lugar en derecho, así si es actor se le podrá tener
por desistido de esa pretensión y si es demandado por rebelde.

Si se deniega la acumulación, los procesos seguirán su curso por separado,
alzándose la suspensión del plazo para dictar sentencia, en el caso de que se
hubiese acordado.149

EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ACUMULACIÓN POR EL
REQUERIDO

Art. 121.- Aceptado el requerimiento, se remitirán los autos al juez requirente
y se emplazará a las partes para que en tres días se personen ante él, a
efectos de continuar con el proceso.
Acordada la acumulación de procesos, se suspenderá el curso del proceso
más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, y entonces
se efectuará la acumulación.

INTERPRETACION
El traslado de las actuaciones y la personación de las partes del proceso más
moderno. Este efecto comporta que nos preguntemos el momento en que habrá
que reanudarse el proceso más moderno ante el nuevo tribunal competente. Pues
podemos sostener que las actuaciones del proceso acumulado se reanudarán
ante el tribunal competente, desde el momento en que se produzca la personación
ante el nuevo tribunal de todas las partes del segundo proceso, no personadas en
el primero y siempre que lo hagan dentro de los diez días y que se hayan recibido
las actuaciones por el tribunal. Los plazos en suspenso volverán a correr, de forma
automática, desde el día siguiente a aquel en que se reanude el proceso. En todo
caso, las actuaciones se deberán reanudar, desde que expiró el plazo de diez
días, fijado en la ley y hayan o no comparecido las partes emplazadas. Se
presupone, en todo caso, la recepción física de los expedientes. La Unificación

149

procedimental y la sentencia única. El efecto propio de la acumulación de los
procesos es que sólo éstos se seguirán por en un solo procedimiento y serán
tramitados en una sola sentencia.

Así la tramitación del proceso más moderno ha de adaptarse a la propia del
proceso más antiguo, que es aquél ante el que produce la acumulación y aquél
ofrece mayores garantías. En caso de que alguno de los procedimientos
acumulados revista alguna especialidad procedimental, dicha especialidad se
mantendrá, pues lo contrario, supondría la pérdida de derechos procesales para
alguna de las partes. Sin embargo dicha especialidad procesal se aplicará sólo
respecto de aquél objeto procesal para el que estuviera legalmente prevista. Por
tanto a pesar de producirse una unidad procedimental, esta no impide reconocer la
existencia de objetos procesales diversos.150

EFECTOS DE LA NO ACEPTACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE
PROCESOS POR EL TRIBUNAL REQUERIDO. RESOLUCIÓN DE LA
DISCREPANCIA

Art. 122.- Cuando el juez requerido no aceptare el requerimiento de
acumulación, lo comunicará al juez requirente, y se dirigirán a la Corte
Suprema de Justicia para que resuelva la discrepancia, remitiéndole, en el
menor tiempo posible que no excederá de cinco días, certificación de lo
actuado en los respectivos juzgados y que sea necesario para resolver.
Los jueces discrepantes emplazarán a las partes ante el tribunal competente,
por tres días, para que puedan comparecer y aleguen por escrito lo que
consideren que conviene a su derecho.

150
Chiovenda, G. (1922). Principios de derecho procesal civil. Vol. I. Madrid. Editorial Reus S A

INTERPRETACION

Transcurrido el plazo de cinco días, el tribunal requerido denegará por auto el
requerimiento de acumulación. Este auto será recurrible en reposición, aunque
sólo podrán interponer dicho recurso, aquellos que no fueran también parte ante el
tribunal requirente, por analogía con lo previsto, que sólo permite que presenten
alegaciones quienes no estuvieren personados ante el tribunal requirente.

Si el tribunal requerido, no acepta la acumulación, lo comunicará al requirente y
ambos deferirán la decisión al tribunal inmediato superior a requirente y requerido
que es el competente para dirimir la discrepancia

Se simplifica por tanto, el procedimiento de acumulación respecto a la regulación
anterior.151

DECISIÓN DE LA DISCREPANCIA

Art. 123.- La Corte Suprema de Justicia, en pleno decidirá por medio de auto,
en el plazo de cinco días, a la vista de los antecedentes que consten en los
autos y de las alegaciones escritas de las partes, si se hubieran presentado,
procediéndose conforme a lo establecido en los artículos precedentes.
Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno.

INTERPRETACION
El tribunal competente decidirá por medio de auto, en el plazo de veinte días, a la
vista de los antecedentes que consten en los autos y de las alegaciones escritas de
las partes, si se hubieran presentado. Contra el auto que se dicte no se dará
recurso alguno.

151

Si se acordare la acumulación de procesos, se ordenará lo establecido en el
artículo 92 de esta Ley. Si se denegare, los procesos deberán seguir su curso por
separado, alzándose, en su caso, la suspensión del plazo para dictar sentencia.

Tanto el tribunal requirente como el requerido remitirán a la mayor brevedad posible
al tribunal competente testimonio de lo que, para poder resolver la discrepancia
sobre la acumulación, obre en sus respectivos tribunales.

El tribunal requirente y el requerido emplazarán a las partes para que puedan
comparecer en el plazo improrrogable de cinco días ante el tribunal competente y
alegar por escrito lo que consideren que conviene a su derecho.152

ACUMULACIÓN DE MÁS DE DOS PROCESOS. REQUERIMIENTOS
MÚLTIPLES DE ACUMULACIÓN.

Art. 124.- Cuando un mismo juez fuera requerido de acumulación por dos o
más tribunales, remitirá los autos a la Corte Suprema de Justicia y lo
comunicará a todos los requirentes para que defieran la decisión a dicho
superior. En este caso, se estará a lo dispuesto en los dos artículos
anteriores.

INTERPRETACION
Consiste en la reunión material de dos o más procesos que, en razón de tener por
objeto pretensiones conexas, no pueden ser sustanciados separadamente sin
riesgo de conducir al pronunciamiento de decisiones contradictorias, e incluso de
cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada. En su base existe, una
pluralidad de pretensiones, las cuales, al acumularse, determinan la unión material
de los distintos procesos en los que aquéllas se hicieron valer.

152

La acumulación de procesos corresponde:

1°) Cuando es admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, o sea, siempre
que estas sean conexas por la causa, por el objeto, o por ambos elementos al
mismo tiempo;

2°) Cuando siendo el actor titular de diversas pretensiones conexas frente al
demandado, aquéllas se hayan hecho valer en otros tantos procesos, sin haber
tenido lugar, por consiguiente, su acumulación objetiva;

3°) Cuando el demando, absteniéndose de la facultad de reconvenir, deduce, en
otro proceso, una pretensión conexa a la interpuesta por el actor frente a él; al cual
³procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la
acumulación sujetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el art. 89 y,
general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere
producir efectos de cosa juzgada en otro u en otros´.153

PROHIBICIÓN DE UN SEGUNDO INCIDENTE DE ACUMULACIÓN

Art. 125.- Suscitado el incidente de acumulación en un proceso, no se
admitirá solicitud de acumulación de otro proceso ulterior si quien la pidiera
hubiese iniciado el proceso que intentare acumular.
El tribunal ante quien se formule la solicitud en el caso del inciso anterior la
rechazará de plano mediante auto.
Si, a pesar de la anterior prohibición, se sustanciase el nuevo incidente, tan
pronto como conste el hecho se pondrá fin a aquél, con imposición de
costas al que lo hubiera promovido.

INTERPRETACION
Suscitado incidente de acumulación de procesos en un proceso, no se admitirá

153
De Palma.

solicitud de acumulación de otro juicio ulterior si quien la pidiera hubiese sido el
iniciador del juicio que intentara acumular.

El tribunal ante quien se formule la solicitud en el caso del apartado anterior la
rechazará de plano mediante providencia. Si, a pesar de la anterior prohibición,
se sustanciase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho se decretará
la nulidad de lo actuado a causa de la solicitud, con imposición de las costas al
que la hubiere presentado.
Será aplicable para el caso de que sean más de dos los juicios cuya acumulación se pida.

Cuando un mismo tribunal fuera requerido de acumulación por dos o más tribunales,
remitirá los autos al superior común a todos ellos y lo comunicará a todos los requirentes
para que defieran la decisión a dicho superior.154

CAPÍTULO QUINTO

FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO

Art. 126.- Las partes podrán disponer de las pretensiones ejercitadas en el
proceso, en cualquier estado y momento del mismo, ya sea en la primera
instancia, durante la sustanciación de los recursos o en la ejecución forzosa,
siempre conforme a la naturaleza de cada acto de disposición. A tal efecto
podrán renunciar, desistir del proceso, allanarse, someterse a arbitraje o a
cualquier otro mecanismo de solución alternativa de controversias y
transigir sobre lo que sea objeto del mismo.
De lo dispuesto en el inciso anterior se exceptuarán los casos en los que la
ley prohíba la disposición o la limite por razones de orden público, de interés
general, de protección de menores y terceros, o cuando implique fraude de
ley.

154

INTERPRETACION
Según se dijo anteriormente uno de los principios rectores del proceso es el
dispositivo. En base a lo anterior, las partes conservan durante todo el proceso la
disponibilidad de sus pretensiones, permitiéndoseles en cualquier estado del
proceso en primera instancia, durante la sustanciación de los recursos o la
ejecución forzosa, renunciar, desistir, allanarse, someterse a arbitraje o transigir,
sobre lo que sea objeto del mismo. Lo anterior, siempre respetando las
excepciones legales pertinentes por razones de orden público, interés general,
protección de terceros o fraude de ley.155

FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO POR IMPROPONIBILIDAD
SOBREVENIDA

Art. 127.- Si tras la demanda o la reconvención sobreviene alguna causal de
improponibilidad como las en este código, la parte a quien interese lo podrá
plantear al tribunal por escrito o verbalmente durante el desarrollo de alguna
de las audiencias.
Cuando el vicio sea planteado por escrito, se mandará oír por tres días a
todos los demás intervinientes.
Cuando alguno de éstos entendiera que no existe causa para terminar
anticipadamente el proceso, presentará su oposición y el juez convocará a
una audiencia sobre ese único objeto en los diez días siguientes, a menos
que estuviere próxima la realización de alguna, en cuyo caso se incluirá el
incidente como punto de agenda.
En la audiencia, el tribunal decidirá si procede continuar el proceso,
imponiéndose las costas del incidente a la parte que viera rechazada su

155

petición. Si la cuestión fuese planteada por todas las partes, o no hubiere
oposición a la finalización del proceso, de inmediato se accederá a lo
solicitado.
El tribunal también podrá apreciar de oficio estas circunstancias, en cuyo
caso lo manifestará a las partes en la audiencia más próxima para que
aleguen lo pertinente. Inmediatamente, en la misma se resolverá lo que
conforme a derecho proceda.
Si se termina el proceso, se harán los pronunciamientos relativos a las
medidas cautelares, en caso de que se hubieran decretado, así como en lo
que toca a las costas procesales. Contra la resolución que ordene la
continuación del proceso no cabrá ningún recurso. Contra la que acuerde su
terminación, cabrá recurso de apelación.

INTERPRETACION

Las formas anticipadas de terminar el proceso serán los medios a través de los
cuales se evitará el desarrollo integro del proceso. La amplitud de la definición
anterior permite encajar dentro de dichos medios, a aquellos que aunque pongan
fin al proceso, no dependan de la simple voluntad de las partes sobre la
pretensión, sino aquellos como por ejemplo la improponibilidad sobrevenida que
depende del pronunciamiento jurisdiccional (a menos que, exista un acuerdo entre
todas las partes). En este sentido, cualquiera de las partes podrá alegar las
circunstancias que imposibiliten el conocimiento del fondo, para que el juez dé un
pronunciamiento sobre ello, y en caso de ser valoradas positivamente ponga fin al
proceso.156

156

INFLUENCIA DEL CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS EN LA SENTENCIA

Art. 128.- Después de iniciado el proceso, los cambios que se pudieran
producir en el estado de las cosas o de las personas que hubieran originado
la demanda o, en su caso, la reconvención, no se tendrán en cuenta a la hora
de dictar sentencia. Lo anterior se entiende con la excepción de que la
innovación privare definitivamente de interés legítimo a las pretensiones que
se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en el artículo anterior.

INTERPRETACION
Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con
las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.
Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al
demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del
debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho
o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá
conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente
citadas o alegadas por los litigantes.

Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos
que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la
aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los
distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y
en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la

debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.157

RENUNCIA

Art. 129.- Cuando el demandante manifieste su renuncia a la pretensión
procesal ejercitada o al derecho material en que funde su pretensión, el juez
dictará sentencia absolutoria del demandado, salvo que la renuncia fuese
legalmente improponible, en cuyo caso dictará auto mandando seguir el
proceso adelante.
La renuncia ha de ser personal, clara, expresa, sin condición alguna y
deberá formularse por acta o por medio de apoderado con poder especial.
La sentencia absolutoria tendrá efectos de cosa juzgada.

INTERPRETACION
Dentro de las formas de finalización del proceso dependiente de la voluntad de las
partes encontramos a la ³renuncia´, que es un acto unilateral que implica la
abdicación, renuncia o dejación de un derecho. Es decir, al renunciar de un
derecho, no podrá promoverse otro proceso con el mismo objeto y causa,
derivando como consecuencia la absolución de la parte a la que beneficie la
renuncia y por consiguiente, la declaratoria de cosa juzgada.

Acto procesal del demandante por el que manifiesta su voluntad de abandonar la
acción, es decir, el derecho a la tutela judicial concreta, y el tribunal dicta una
sentencia desestimatoria de su pretensión, en la cual el juez le va negar la tutela
judicial que había solicitado.

Se dice que será nula la renuncia de los derechos irrenunciables. Esto no quiere
decir que el que renuncia este obligado a reclamar. Esa no renunciabilidad de
esos derechos no implica la obligación de esta persona a la reclamación. La

157

renuncia puede ser de derecho reconocidos, cierto y no discutidos o de derecho
futuros. Si la parte que renuncia no ejercita ese derecho, la renuncia va a
producir efectos y si no renuncia esas acciones van a prescribir o caducar.
El problema es que hay que distinguir entre una renuncia procesal (que es un
acto procesal por el que se separa de la acción) y la renuncia material ( es un
negocio jurídico. Se renuncia a un derecho).158

DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA

Art. 130.- El demandante podrá desistir unilateralmente del proceso siempre
que lo haga antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la
demanda, o sea citado para audiencia, y también en cualquier momento
cuando el demandado se encontrare en rebeldía.
En cualquier otro caso, el desistimiento deberá contar con la conformidad
del demandado, a cuyo efecto se le dará audiencia del escrito de
desistimiento por el plazo de tres días para que lo conteste. Si el demandado
diere su conformidad o no se opusiere al desistimiento, el tribunal dictará
auto de sobreseimiento.
Si el demandado se opusiera al desistimiento, el juez resolverá lo que
considere oportuno sobre la continuación del proceso.
En los casos en que se dé lugar al desistimiento, quedará a salvo el derecho
del demandante para promover nuevo proceso sobre la misma pretensión.
El desistimiento habrá de ser personal, claro, expreso, sin condición alguna
y deberá formularse por acta o por medio de apoderado con poder especial

INTERPRETACION
Diferente a la figura anterior es el desistimiento de instancia o de proceso, ya que
este acto será en ³el cual el actor formula una inequívoca manifestación de

158
Librería Piñango.

voluntad tendiente a poner fin a la relación procesal159´, dejando a salvo el
derecho material para que el actor pueda promover un nuevo proceso con el
mismo objeto y causa. En cuanto al procedimiento, el desistimiento de la instancia
tendrá naturaleza unilateral siempre y cuando el demandado no haya contestado
la demanda o haya sido citado para la audiencia, de lo contrario deberá contar con
la conformidad del demandado. Si se declaráre pertinente el desistimiento se
dictará auto de sobreseimiento; en este sentido, la redacción del Anteproyecto es
contradictoria ya que si por un lado se expresa que quedará a salvo el derecho
material y por otro se dicta auto de sobreseimiento el cual se ha caracterizado por
la imposibilidad de iniciar nuevo proceso ante su declaración.

El desistimiento del proceso cuyo objeto sea la pretensión de separación tiene
como consecuencia inmediata la perdida de vigencia de los efectos que por
ministerio de la Ley produce la admisión de la demanda. Es decir que pierden
vigencia, a salvo los pactos que los cónyuges hayan establecido o puedan
establecer, los efectos siguientes: que los cónyuges puedan vivir separados, el
cese de la presunción de convivencia conyugal, la revocación de los
consentimiento y poderes que los cónyuges se hubieren otorgado, el cese de la
posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la
potestad domestica si no se hubiere pactado lo contrario

ALLANAMIENTO

Art. 131.- El demandado podrá allanarse a todas las pretensiones del
demandante, aceptándolas, en cuyo caso el juez dictará sentencia estimativa
de acuerdo con lo solicitado por éste. Cuando el juez entienda

159
Fornaciari, Mario Alberto, ³Modos Anormales de Terminación del proceso´, Tomo I, primera
edición, Depalma, Buenos Aires, 1987, Pág. 2.

que el allanamiento es contrario al orden público o al interés general, o que
se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará
auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso.
El allanamiento podrá limitarse sólo a una parte de la pretensión planteada
por el demandante. En tal caso, el juez, siempre a instancia del demandante,
podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan sido
objeto de dicho allanamiento, cuando sea posible un pronunciamiento
separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, y podrá
ejecutarse conforme a lo establecido en este código.
El allanamiento habrá de ser personal, claro, expreso, sin condición alguna y
deberá formularse por acta o por medio de apoderado con poder especial. Si
el allanamiento se efectuara con anterioridad a la contestación de la
demanda, no se impondrán costas procesales, salvo manifiesta temeridad.
El proceso podrá continuar para discutir y resolver sobre las cuestiones
planteadas por el demandante que no hubieran sido objeto de allanamiento.

INTERPRETACION
El allanamiento es el acto jurídico procesal del demandado del que resulta el
sometimiento a la pretensión conformándose con que el proceso se falle total o
parcialmente de acuerdo con ella. La consecuencia jurídica para el demandado
que se allane es la sentencia condenatoria; siempre y cuando, no sea contrario
para el orden público, interés general, perjudique a terceros o que de el se derive
fraude de ley. Si el allanamiento es parcial ³el proceso continuará adelante para
discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por el demandante que no
hubieran sido objeto de allanamiento.´160

Explicando esta figura jurídicas Sentis Melendo, afirma: La voz allanamiento
representa un acto que predomina la voluntad; la VOZ reconocimiento, por el
contrario, expresa un acto en el que predomina la inteligencia. Por el allanamiento
entiende el sometimiento a la pretensión del actor; por el reconocimiento habría

160
Anteproyecto, Pág. 126.

que entender la aceptación de los fundamentos o de la razón de la pretensión.

Es la manifestación hecha por el demandado, al contestar la demanda o en
cualquier momento antes de la Sentencia en Primera Instancia, reconociendo el
derecho pretendido por el demandante.

En el Art. 330 el Código Procesal Civil, restablece: El demandado puede
expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el
Auxiliar Jurisdiccional. En el primer caso, acepta la pretensión dirigida contra él;
en el segunda caso o sea en el reconocimiento, además de aceptar la pretensión,
admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos
jurídicos de ésta.

TRANSACCIÓN JUDICIAL

Art. 132.- Las partes podrán realizar una transacción judicial llegando a un
acuerdo o convenio sobre la pretensión procesal. Dicho acuerdo o convenio
será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se
pretenda poner fin y tendrá efecto de cosa juzgada. La homologación se
negará si el tribunal entiende que la transacción no es conforme a la ley o se
realiza en perjuicio de tercero.

INTERPRETACION
La última forma de finalización anticipada que nombra el nuevo codigo en el
Capítulo pertinente es la ³Transacción Judicial´, reconocida como un acto jurídico
bilateral, por la cual, las partes, haciéndose concesiones reciprocas, extinguen
obligaciones litigiosas o dudosas´. De lo anterior se colige que la transacción es un
acuerdo de voluntades que deberá ser homologado por el tribunal, poniéndole fin
al proceso y causando estado de cosa juzgada. La negación de la transacción se

fundamentará por motivos de infracción a la ley y cuando cause perjuicio a
terceros.

Por la transacción, las partes, haciéndose concesiones recíprocas sobre algún
asunto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o finalizando el
que está iniciado.

Con las concesiones reciprocas también se pueden crear, regular, modificar o
extinguir relaciones diversas de aquéllas que han constituido objeto de la
controversia entre las partes. La transacción tiene el valor de cosa juzgada.

La transacción esta basada en un cambio de sacrificios; ya que si una de las
partes, sacrificará un derecho, en ello se configuran una renuncia de derechos;
pero no una Transacción, que exige la existencia de concesiones reciprocas;
aunque en la practica, con el nombre de transacción se formulen actos procésales
que contiene un allanamiento del demandado o un desistimiento del actor.161

La transacción también estaría considerado dentro de los contratos; El contrato
es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una
relación jurídica patrimonial.

La transacción es un acto jurídico bilateral, que puede generar, transformar, o
extinguir derechos u obligaciones. En el campo procesal, la transacción es una de
las formas especiales de conclusión del proceso. Caracteriza a la transacción las
concesiones recíprocas.

161
(2ª. ed.). Vol. I. Buenos Aires. Ediar. Soc. Anon. Editores.

CAPÍTULO SEXTO

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

Art. 133.- En toda clase de procesos se considerará que las instancias y
recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las
actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de seis
meses, si el proceso estuviere en la primera instancia; o en el plazo de tres
meses, si se hallare en la segunda instancia. Los plazos señalados
empezarán a contar desde la última notificación efectuada a las partes.
La caducidad de la instancia operará también contra el Estado y demás
personas de derecho público.
La caducidad de la instancia se declarará por medio de auto, que contendrá,
conforme a las reglas generales, la condena en costas contra la parte que
hubiera dado lugar a aquélla.
En los procesos extinguidos por caducidad, las pruebas producidas no
conservarán su validez legal y no podrán hacerse valer en otro proceso
posterior, salvo la instrumental, los informes periciales y la que hubiera sido
anticipada; dichas pruebas se podrán introducir en nuevo proceso iniciado,
conforme a las reglas de admisibilidad establecidas en este código.

INTERPRETACION
Es otra de las formas de dar por terminado la relación a estudio, dicha caducidad
viene a ser un castigo a las partes que no demuestren tener interés en el dictado
de la sentencia, finalidad implícita en el procedimiento, es decir, que cuanto actor y
demandado se muestran apáticos en la consecución del procedimiento, al ni
siquiera presentar un escrito solicitando la continuación del mismo, el legislador
castiga tal situación con la caducidad de la instancia, pues en los juicios
contenciosos, a instancia caducara cualquiera que sea el estado n que se
encuentre, cuando de no mediar un impedimento procesal que suspenda la
caducidad, las partes se abstengan de promover el curso del juicio en primera

instancia .

La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que
podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que
podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores
acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad de la
instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no
afecta la instancia principal.162

EXCLUSIÓN DE LA CADUCIDAD EN EJECUCIÓN FORZOSA

Art. 134.- Las disposiciones sobre caducidad de la instancia no serán de
aplicación para la ejecución forzosa, cuyas actuaciones podrán continuar
hasta lograr el cumplimiento de lo juzgado, aunque el proceso haya quedado
sin curso durante los plazos señalados

INTERPRETACION
Se refiere a la caducidad durante la ejecución, dicha caducidad esta excluida por la
ley, que se expresa del siguiente modo:

Las actuaciones por la ejecución forzosa quedan excluidas de la declaración de
caducidad en la instancia, dado que llegado el momento de ejecución forzosa
deberá proseguirse hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado y solo finalizaran
con la completa satisfacción del ejecutante , exclusión que abarca tanto a los
títulos judiciales como los extrajudiciales, pues el precepto citado ha sustituido la
referencia a sentencia firme ,por la mas amplia de ejecución forzosa, esto permite
que el ejecutando no pueda excluir su responsabilidad a través de alguna
actuación que propicie la caducidad de la instancia.

162
Chiovenda, G. (1922). Principios de derecho procesal civil. Vol. I. Madrid. Editorial Reus S A.

El ejecutante podra instar los actos ejecutivos pertinentes cuando es estime
convenientes, sin riesgo de que, por el transcurso del tiempo en estado de
suspensión o paralización de la ejecución, se produzcan la caducidad del
proceso163

EXCLUSIÓN DE LA CADUCIDAD POR FUERZA MAYOR O CONTRA
LA VOLUNTAD DE LAS PARTES

Art. 135.- No se producirá caducidad de la instancia o del recurso si el
procedimiento hubiere quedado paralizado por fuerza mayor o por cualquier
otra causa contraria a la voluntad de las partes o interesados, que no fuera
imputable a ellos.

INTERPRETACION
No se producirá caducidad de la instancia o del recurso si el procedimiento
hubiere quedado paralizado por fuerza mayor o por cualquiera otra causa contraria
o no imputable a la voluntad de las partes o interesados.
Las disposiciones de los artículos que preceden no serán aplicables en las
actuaciones para la ejecución forzosa.

Estas actuaciones se podrán proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo
juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos señalados en este
Título
Si la caducidad se produjere en la segunda instancia o en los recursos
extraordinarios mencionados en el artículo 237, se tendrá por desistida la
apelación o dichos recursos y por firme la resolución recurrida y se devolverán las
actuaciones al tribunal del que procedieren.

Si la caducidad se produjere en la primera instancia, se entenderá producido el
desistimiento en dicha instancia, por lo que podrá interponerse nueva demanda,

163

sin perjuicio de la caducidad de la acción.

La declaración de caducidad no contendrá imposición de costas, debiendo pagar
cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.164

EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA

Art. 136.- Declarada y firme la caducidad en primera instancia, el juez
ordenará el cese inmediato de todos los efectos de las providencias dictadas
en el proceso respectivo, así como el archivo del expediente.
En este caso, se entenderá producido el desistimiento en dicha instancia, y
podrá incoarse nueva demanda, salvo que hubiera prescrito o caducado el
derecho que se hace valer.

INTERPRETACION
Desde el punto de vista procesal, la caducidad de la instancia implica la
terminación del proceso. si la caducidad se produce en la primera instancia, se
entiende producido el desistimiento, por lo que quedando imprejuzgada la
pretensión es posible volver a incoar nuevos procesos entre las mismas partes y
con los mismos objetos, salvo que se hubiese producido la caducidad de la acción
pues la caducidad solo extingue el proceso y con este concreta la acción afirmada
por el actor.

Cuestión distinta se produce en relación con el derecho material que sigue
subsistiendo y que posibilita sea deducido nuevamente en juicio. 165

164
165

EFECTOS DE LA CADUCIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA O CASACIÓN

Art. 137.- Si se declarare la caducidad en segunda instancia, se tendrá por
firme la decisión impugnada y se devolverán los autos al juzgado de origen,
junto con la certificación correspondiente.

INTERPRETACION
Si la caducidad se produce en la instancia o en los recursos extraordinarios de
infracción procesal o casación, se tendrá por desistida la apelación o dichos
recursos y pone firme la resolución recurrida devolviéndose las actuaciones al
tribunal del que proceden, es decir, provocan un desistimiento tácito del recurso y
la fuerza de la resolución. Si la sentencia se hubiese pronunciado sobre el fondo,
se produce cosa juzgada con su efecto propio excluyente y prejudicial.

Si la caducidad se produjere en la segunda instancia o en los recursos
extraordinarios mencionados en el artículo 237, se tendrá por desistida la
apelación o dichos recursos y por firme la resolución recurrida y se devolverán las
actuaciones al tribunal del que procedieren.166

IMPUGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD POR FUERZA
MAYOR

Art. 138.- Declarada la caducidad de la instancia conforme a las
disposiciones anteriores, y notificada que sea, la parte afectada podrá
promover un incidente para acreditar que la caducidad se ha debido a fuerza
mayor o a otra causa contraria a la voluntad de las partes o a retraso no
imputable a ellas.

166

El incidente deberá promoverse en el plazo de cinco días contados desde la
notificación de la declaración de caducidad.
El tribunal convocará a todas las partes a una audiencia, a la que deberán
concurrir con las pruebas de que intenten valerse, al término de la cual
dictará auto estimando la impugnación o confirmando la caducidad de la
instancia.
Contra este auto cabrá recurso de apelación

INTERPRETACION
A los efectos de la caducidad de la instancia la fuerza mayor o el caso fortuito no
operan por sí solos la suspensión de los plazos, sino que habilitan al juez para
ordenarla. Procede la caducidad de la instancia cuando el procedimiento no se
encontraba suspendido sino tan sólo estaba afectado por una circunstancia que
impedía su normal continuación. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que decretó el cierre temporario de un edificio, a los efectos de los
expedientes que allí tramitaban. Conforme a ello si bien durante el período que
abarcó la clausura no corrieron los plazos; no cabe colegir que ellos se
encontraban suspendidos y su reanudación fue automática el día de la reapertura
tal como sucede con las ferias ordinarias.167

167

IMPUGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD POR ERROR
EN EL CÓMPUTO

Art. 139.- Cuando se impugnare la declaratoria de caducidad por error en el
cómputo de los plazos legales, contra el auto que la declare sólo se admitirá
recurso de revocatoria.

INTERPRETACION
Del concepto de caducidad de instancia que se dio puede constatarse claramente
que el instituto doctrinario de la caducidad, no produce la extinción de la acción, en
el tipo legal que figura en el Art. 469 Pr. C. si se acaba y termina la acción, es pues
seguro concluir que la hipótesis normativa que aparece en el Art. 469 Pr. C., no
contiene la descripción que da origen a la caducidad de la instancia.

Por otra parte el plazo que se señala para la extinción de la acción, es el que se
ordena para la prescripción de las mismas, es decir el que manda el Art. 2254 C.,
pero dicha regla es contraria a la naturaleza jurídica de la caducidad de la
instancia, pues semejante espacio de tiempo vuelve nugatorio el objeto de la
llamada también, perención de la instancia, pues esta tiene lugar en términos más
cortos, no como los que señala el Art. 469 Pr. C.

Se alega además por el recurrente, que la inactividad de una de las partes, la
actora, ha dado lugar a que tenga aplicación la caducidad de la instancia, más en
el caso sub-júdice la inactividad procesal provino del juzgador, pues el impulso
procesal en el caso de los actos de comunicación, corresponde al Tribunal y no a
las partes, por lo que de ser cierto que el Art. 469 Pr. C., reglamenta la caducidad
de la instancia, tampoco cabría hacerla valer como se alega por el impetrante, y es
que el Art. 205 Pr. C., es claro al decir que el emplazamiento es el llamamiento que
hace el Juez al demandado para que comparezca a manifestar su defensa, y que
en el caso del juicio Ejecutivo, según el Art. 595 Pr. C., La notificación del decreto
de embargo hecha al ejecutado, equivale al emplazamiento , obvio es que esta

actividad procesal corresponde al Juez y no a las partes.

Con todo lo dicho no habría lugar a casar la sentencia de mérito, y luego de hacer
un estudio minucioso del caso subjúdice, se concluye que la resolución de la que
se recurre, es de las que según lo dispone el Art. 1° N° 1 de la Ley de Casación,
no admiten su impugnación por esa vía, ya que no es de la que ponen término al
juicio haciendo imposible su continuación, por lo que debe declararse
improcedente el recurso interpuesto con las consecuencias legales.

Por todas las razones expuestas, no ha lugar a casar la sentencia recurrida, pues
no se ha dado la infracción denunciada y se ha demostrado que el Instituto
Jurídico de la caducidad o perención de la instancia, no está reglamentado en el
Art. 469 Pr. C. y así debe declararse con las consecuencias legales.168

TÍTULO CUARTO
ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO PRIMERO
LUGAR, TIEMPO Y FORMA

LUGAR DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

Art. 140.- La actividad procesal se llevará a cabo en la sede donde esté
radicado el tribunal que conozca de la pretensión; sin embargo, para el
mejor logro de los fines del proceso, y si se trata de actuaciones que
requieran la presencia del juez, éste podrá acordar, por resolución motivada,

168
Ref. 1274-201

constituirse fuera de su sede habitual, a fin de presenciar por sí la práctica
de pruebas o la realización de un acto procesal.

INTERPRETACION
Este tema, establece la competencia territorial, las horas y días de audiencia y las
actuaciones procesales, donde se establece como regla general con respecto a
dicha actividad procesal que se realizarán en el lugar donde tenga su sede el
tribunal que conozca de la pretensión.

Esto, por el principio de economía procesal. Sin embargo, dicha regla tendrá sus
excepciones, en aras de la necesidad o conveniencia para una buena
administración de justicia, como lo es, que el juez podrá trasladarse fuera de su
sede habitual con el fin de presenciar personalmente la realización de algún acto
procesal.

Esto, en virtud del principio de inmediación que tiene como fundamento el
propiciar que el juzgador tenga un mejor conocimiento de todos los aspectos del
conflicto material que han dado origen al proceso. Otra excepción es cuando la
actividad procesal debe ventilarse fuera de los limites territoriales de la sede del
tribunal que conoce de la pretensión, para lo cual se solicitará el auxilio judicial de
otro tribunal.169

Las actuaciones del juicio se realizarán en la sede del tribunal, salvo aquellas que
por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.

Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la
sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán, cuando proceda,
mediante auxilio judicial.

169
Ley de enjuiciamiento civil de España jurisprudencia

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán constituirse
en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las
actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración
de justicia

COMISIONES PROCESALES

Art. 141.- Cuando una actuación procesal deba realizarse fuera del territorio
al que extiende su competencia el tribunal, éste podrá solicitar la
cooperación y auxilio de otro tribunal.
La solicitud de cooperación y auxilio se efectuará directamente, mediante
oficio, sin órgano intermedio; y se podrá disponer, si ello no causare riesgo
a los fines del proceso, la entrega del mismo a la parte interesada en la
realización del acto procesal.

INTERPRETACION
Los tribunales civiles están obligados a prestarse auxilio en las actuaciones que,
habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su
práctica.

Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera
de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de
reconocimiento judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente
hacer uso de la facultad que le concede esta Ley de desplazarse fuera de su
circunscripción para practicarlas.

También podrá pedirse el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de
practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el tribunal que las
haya ordenado, pero dentro del partido judicial o circunscripción

correspondiente170.

El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los
peritos se realizará en la sede del Juzgado o tribunal que esté conociendo del
asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas mencionadas se
encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente.

Sólo cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento,
circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra
causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la
comparecencia de las personas citadas en la sede del Juzgado o tribunal, se
podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados
en el párrafo anterior.

DÍAS Y HORAS HÁBILES

Art. 142.- Las actuaciones procesales de los tribunales deberán llevarse a
cabo en días y horas hábiles, pero éstos podrán acordar, por resolución
motivada y siempre que existiere urgencia en la realización del acto
procesal, habilitar días y horas inhábiles.
La Corte Suprema de Justicia fijará, por acuerdo, el horario de
funcionamiento de las oficinas judiciales, lapso que constituirá las horas
hábiles.

INTERPRETACION
Establece que se harán en días y horas hábiles. Esta regulación sigue las reglas
del Código Civil vigente.171 Aunque se podrá habilitar días y horas inhábiles si las

170
171
C.C., Art. 46

circunstancias por razones de urgencia así lo ameritan, tales como la práctica de
una prueba anticipada o la adopción de alguna medida cautelar.
De oficio o a instancia de parte, los tribunales podrán habilitar los días y horas
inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija.

Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar
grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar
la ineficacia de una resolución judicial.172

Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior serán hábiles
los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitación. Tampoco será
necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo
indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles.

Contra las resoluciones judiciales de habilitación de días y horas inhábiles no se
admitirá recurso alguno.
PLAZOS PROCESALES

Art. 143.- Los plazos conferidos a las partes para realizar los actos
procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.

INTERPRETACION
Estos plazos serán perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario y
comenzarán a correr desde el día siguiente al de la notificación a la parte, a
menos que, por disposición legal tenga el carácter de comunes, y en cuyo caso
comenzarán a correr el día siguiente al de la última notificación. Por lo tanto, la
vieja clasificación en materia de plazos entre fatales y no fatales desaparece con
el presente Anteproyecto. Esta regulación es positiva, por que no espera la

172

petición de parte para darla por cerrada definitivamente. Esta tendencia siguen los
Códigos Procesal Tipo173 y de Uruguay174.

Las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos
señalados para cada una de ellas.

Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin
dilación.

La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al
servicio de la Administración de Justicia de no mediar justa causa será corregida
disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás
responsabilidades que procedan.

INDICACIÓN O FIJACIÓN DE PLAZO

Art. 144.- Cuando se comunicare a una parte que debe realizar un acto
procesal, se indicará en la resolución el plazo legalmente previsto para llevar
a cabo aquél; y, de ser posible, se especificará el día de su vencimiento, así
como las consecuencias de la omisión o retraso en la realización del acto.
Si se ordenare a una parte la realización de una actuación procesal respecto
de la cual la ley no prevé plazo o término, se deberá practicar sin dilación, o
en el plazo más breve posible, que fijará el tribunal, con indicación de las
consecuencias de la omisión o retraso en la realización del acto.

INTERPRETACION
Las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos
señalados para cada una de ellas.

173
C. P. M. I., Art. 88
174
C. G. P. U., Art. 92

Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin
dilación.

La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al
servicio de la Administración de Justicia de no mediar justa causa será corregida
disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás
responsabilidades que procedan.175

CÓMPUTO DE PLAZOS

Art. 145.- Los plazos establecidos por las partes comenzarán, para cada una
de ellas, el día siguiente al de la respectiva notificación, salvo que, por
disposición legal o por la naturaleza de la actividad que haya de cumplirse,
tengan el carácter de comunes, en cuyo caso aquéllos comenzarán a correr
el día siguiente al de la última notificación.
En los plazos fijados en días sólo se contarán los hábiles.
Los plazos fijados en meses o años se computarán de fecha a fecha; pero si
en el mes de vencimiento no existiera el día equivalente, se entenderá que el
plazo expira el último día del mes.
En todo caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá éste
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de oficina del día
respectivo.

INTERPRETACION

Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere
efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del

175

plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro
horas.

No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la
finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, des
del día siguiente al del vencimiento de éste.

En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.

Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes, no se
considerarán inhábiles los días del mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo
los domingos y festivos.176

Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha.

Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

Los plazos que concluyan en domingo u otro día inhábil se entenderán
prorrogados hasta el siguiente hábil.

PRINCIPIO GENERAL DE SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS

Art. 146.- Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en
que se configura el impedimento y hasta su cese. Se considera justa causa
la que provenga de fuerza mayor o de caso fortuito, que coloque a la parte
en la imposibilidad de realizar el acto por sí.

176

INTERPRETACION
Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto
procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar
el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcurso del
plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a
fin de que dicte la resolución que corresponda.
Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios
técnicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no
planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente
podrá proceder a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente
acompañando el justificante de dicha interrupción.177

Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de
fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en
que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La
concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el tribunal, de oficio o a
instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás.178

FORMA DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Art. 147.- Las actuaciones procesales se habrán de realizar bajo el principio
general de oralidad. Sin embargo, la demanda y su ampliación, la
contestación de la demanda, la reconvención y cualquier resolución que
ponga fin al proceso o surta efectos materiales sobre la pretensión, serán
siempre por escrito; y, salvo las excepciones legalmente previstas, las
declaraciones de testigos y peritos serán en forma oral.

177
. Reus Chiovenda, G. (1922). Principios de derecho procesal civil. Vol. I. Madrid. Editorial S A.

178
Editorial ABC.

INTERPRETACION

La forma de realizar las actuaciones procesales, el Anteproyecto se rige bajo el
moderno principio de oralidad, que entre algunas de sus ventajas están el darle
plena vigencia del principio de inmediación, la directa asunción del juez o tribunal
de las aportaciones probatorias, con la intervención directa de las partes
eliminándose la dispersión de los actos procesales y, se verifica, por el contrario,
una concentración de los mismos en la audiencia, que evita ciertos actos
procesales como continuas notificaciones a las partes.

Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se
documentarán por medio de actas, diligencias y notas.

Cuando la ley disponga que se levante acta, se recogerá en ella, con la necesaria
extensión y detalle, todo lo actuado. Sin embargo, cuando se trate de las
actuaciones que, conforme a esta Ley, hayan de registrarse en soporte apto para la
grabación y reproducción, el acta se limitará a consignar, junto con los datos
relativos al tiempo y al lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las
resoluciones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que
no pudieran constar en aquel soporte.

Los tribunales podrán emplear medios técnicos de documentación y archivo de sus
actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garantías a que
se refiere el apartado 5 del artículo 135 de esta Ley. También podrán emplear
medios técnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa
a éstos.

IDIOMA

Art. 148.- En todas las actuaciones procesales se utilizará, obligatoriamente,
el idioma castellano.

Cuando deba ser oído quien no conozca el idioma castellano, la parte que lo
presente deberá designar un intérprete, o solicitar a su costa la oportuna
designación por el tribunal.
Todo instrumento que conste en idioma extranjero deberá acompañarse con
su correspondiente traducción conforme a la ley y tratados internacionales.

INTERPRETACION
En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios
Judiciales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano,
lengua oficial del Estado.
Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás funcionarios de
Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la
Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando
desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión.
Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán
utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales
como escritas.179

Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma
oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al
castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción
cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos
en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con
lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando
así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar

179

como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo
juramento o promesa de fiel traducción.
A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la
lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará
la traducción del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO
COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

REGLAS DE ACTUACIÓN

Art. 149.- Los tribunales de El Salvador podrán recabar la cooperación de los
tribunales extranjeros para realizar actuaciones fuera de la República.

INTERPRETACION
Establece que, en caso de que los tribunales de El Salvador necesiten realizar
actuaciones procesales fuera del territorio, podrán solicitar la cooperación de los
tribunales extranjeros.180 Esto, a solicitud de la parte interesada en el proceso.
Este procedimiento se realizará librando exhorto que se remitirá a la Corte
Suprema de Justicia para envío al Órgano Ejecutivo, quien se encargará de
hacerlo llegar a las respectivas autoridades extrajeras. Esta normativa es un
elemento innovador, originado en el Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica.181

Todo lo anterior, se encamina a que la ejecución de las providencias
jurisdiccionales busca obtener el cumplimiento de las obligaciones o prestaciones
que en ellas se interpongan a favor de una persona y a cargo de otra.182 De igual
manera, los tribunales salvadoreños darán cumplimiento a las medidas cautelares

180
Anteproyecto, Art. 144.
181
C. P. M. I., Art. 374 y sig.
182
Azula Camacho, Jaime, ³Manual de Derecho Procesal Civil«´ op. cit., Pág. 245.

o ejecutivas decretadas por los tribunales extranjeros, excepto que las medidas no
estuvieren permitidas por nuestra legislación

ACTUACIONES A REALIZAR FUERA DE EL SALVADOR

Art. 150.- Sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales, cuando una
actuación procesal deba realizarse fuera del territorio nacional, la parte
interesada en su realización la solicitará, indicando la causa y el alcance de
la actuación procesal solicitada.
Si el tribunal acordare su realización, librará exhorto, que remitirá a la Corte
Suprema de Justicia, para su envío al Órgano Ejecutivo, en el ramo a cargo
de las relaciones internacionales, a fin de hacerlo llegar a las respectivas
autoridades extranjeras.
Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Órgano Ejecutivo calificarán el
contenido o alcance del exhorto y deberán limitarse a tramitar éste.

INTERPRETACION
Los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se
cursarán conforme a lo establecido en los Tratados internacionales de que El
Salvador sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable.

A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades
judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales
españoles.183
ACTUACIONES DE MERO TRÁMITE

Art. 151.- Para la realización de actos procesales de mero trámite en el
extranjero, como notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como para
la recepción y obtención de pruebas e informes, los tribunales librarán
exhortos y cartas rogatorias.

183
Ley de enjuiciamiento civil jurisprudencia española

Igual solución se observará respecto de los exhortos o cartas rogatorias
provenientes de tribunales extranjeros.

INTERPRETACION
cursarán conforme a lo establecido en los Tratados internacionales en que España
sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable.

A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades
judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales
españoles.

Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema
informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la
constancia de la recepción.

No obstante, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo
solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el
órgano exhortado dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el exhorto
expresará la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá ser el
propio litigante o procurador habilitado para actuar ante el tribunal que deba
prestar el auxilio.

El órgano jurisdiccional que recibiere el exhorto dispondrá su cumplimiento y lo
necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se interesen dentro del
plazo señalado.184

Cuando no ocurriere así, el tribunal exhortante, de oficio o a instancia de parte,
recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiere, el
tribunal que haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de la

184

Sala de Gobierno correspondiente al tribunal exhortado.

EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS

Art. 152.- Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser trasmitidos por las
propias partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o
diplomáticos o a través de la autoridad administrativa competente en la
materia o, en su defecto, por vía judicial.
Cuando los exhortos o cartas rogatorias se tramiten por vía consular o
diplomática o a través de la autoridad administrativa, no será necesario el
requisito de la legalización.
Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes
procesales del Estado de su cumplimiento. Los tribunales, a solicitud del
órgano jurisdiccional requirente, podrán observar en el diligenciamiento del
exhorto o carta rogatoria formalidades o procedimientos especiales, siempre
que ello no fuere contrario a la legislación nacional.
Los exhortos o cartas rogatorias y la documentación anexa deberán ser
acompañados, en su caso, de la respectiva traducción.

INTERPRETACION
Cuando se hubiere ejecutado embargo o efectuado cualquier medida cautelar
sobre bienes, el afectado podrá deducir ante los tribunales de El Salvador la
tercería u oposición pertinente que se substanciará conforme a las leyes del
tribunal requeriente. Sin embargo, el cumplimiento tanto de exhortos como de
medidas cautelares provenientes del extranjero, no implicará el reconocimiento de
competencia internacional, ni obliga a reconocer o ejecutar la sentencia extranjera
por parte de los tribunales salvadoreños.185

185

EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTOS DE COOPERACIÓN
JUDICIAL

Art. 153.- El cumplimiento en El Salvador del exhorto o carta rogatoria
proveniente de tribunales extranjeros no implicará el reconocimiento de la
competencia internacional de éstos ni la eficacia de la sentencia que
dictaren.

INTERPRETACION
El órgano jurisdiccional que recibiere el exhorto dispondrá su cumplimiento y lo
necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se interesen dentro del
plazo señalado.

Cuando no ocurriere así, el tribunal exhortante, de oficio o a instancia de parte,
recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiere, el
tribunal que haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de la
Sala de Gobierno correspondiente al tribunal exhortado.
Cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado por medio del
sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que
garantice la constancia de la recepción.

Las actuaciones de auxilio judicial practicadas se remitirán por correo certificado o
se entregarán al litigante o al procurador al que se hubiere encomendado la
gestión del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante dentro de los diez
días siguientes.

cursarán conforme a lo establecido en los Tratados internacionales en que España
sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable186

186

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 154.- Los tribunales salvadoreños darán cumplimiento a las medidas
cautelares o ejecutivas decretadas por tribunales extranjeros y proveerán lo
que fuere pertinente a tal objeto, exceptuándose las medidas que estuvieren
prohibidas por la legislación nacional o sean contrarias al orden Público.
La procedencia de la medida cautelar se regulará por las leyes del lugar
donde se siga el proceso extranjero. La ejecución de la medida, así como la
contra cautela, serán resueltas por los tribunales de El Salvador conforme a
lo dispuesto en este código.
Lo establecido en los incisos anteriores se entiende sin perjuicio de lo que
dispongan los Tratados y Convenciones Internacionales y bajo de condición
de reciprocidad.

INTERPRETACION
Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de un proceso
arbitral pendiente en El Salvado; o, en su caso, haber pedido la formalización
judicial a que se refiere la Ley de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje
institucional, haber presentado la debida solicitud o encargo a la institución
correspondiente según su Reglamento.

Con arreglo a los Tratados y Convenios que sean de aplicación, también podrá
solicitar de un tribunal español la adopción de medidas cautelares quien acredite
ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en país extranjero, en
los casos en que para conocer del asunto principal no sean exclusivamente
competentes los tribunales españoles.

El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos
del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes
características:

Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial
que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no
pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la
pendencia del proceso correspondiente.
No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos
del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.187

Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y
alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá
acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido
similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en
definitiva

TERCERÍAS Y OPOSICIONES

Art. 155.- Cuando se hubiere trabado embargo o efectuado cualquier otra
medida cautelar sobre bienes, la persona afectada podrá deducir, ante los
tribunales de El Salvador, la tercería u oposición pertinentes, con el
exclusivo objeto de su comunicación al tribunal de origen al devolvérsele el
exhorto o carta rogatoria.
La oposición o tercería se sustanciará por el tribunal requirente, según sus
leyes. El opositor o tercerista que compareciere luego de devuelto el exhorto
o carta rogatoria tomará el proceso en el estado en que se hallare.
Si se tratare de tercería de dominio u otros derechos reales sobre el bien
embargado, o se fundara en su posesión, se resolverá por los tribunales de
El Salvador y de conformidad con sus leyes.

187
Montero, J. (1999). Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones
procesales. Valencia. Tirant lo blanch.

INTERPRETACION
En el embargo preventivo, podrá interponerse tercería de dominio, pero no se
admitirá la tercería de mejor derecho, salvo que la interponga quien en otro
proceso demande al mismo deudor la entrega de una cantidad de dinero.

La competencia para conocer de las tercerías a que se refiere el párrafo anterior
corresponderá al tribunal que hubiese acordado el embargo preventivo
En los casos en que la medida cautelar se hubiera adoptado sin previa audiencia
del demandado, podrá éste formular oposición en el plazo de veinte días,
contados desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares.188
El que formule oposición a la medida cautelar podrá esgrimir como causas de
aquélla cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos,
alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente
acordadas, sin limitación alguna.

También podrá ofrecer caución sustitutoria, con arreglo a lo dispuesto en el
capítulo V de este título.

EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO

Art. 156.- El cumplimiento de la medida cautelar no obliga a reconocer y
ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en el proceso en el que tal
medida se hubiere dispuesto.

INTERPRETACION
Según la doctrina, el fundamento de las medidas cautelares es el llamado
perriculum in mora, cuya premisa principal es el de asegurar una sentencia futura;

188
Montero, J. (1999). Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones
procesales. Valencia. Tirant lo blanch.

por lo que con base en la Ley Procesal de Familia, la Jueza a quo tiene potestad
jurídica discrecional para decretar dichas medidas, inclusive otras que a su juicio
considere necesarias.

Las medidas cautelares son decretadas bajo responsabiliad del solicitante, en
base al fumus boni iuris, que equivale a la apariencia de derecho, que a prima
facie lleva al Juez a concluir que existe un derecho en el demandante que de no
discutirse, éste tendría la razón, la cual deberá manifestarse en la decisión final.l

Cuando se trate de decretar medidas cautelares de tipo personal, en que se
involucre a menores de edad, a fin de tener plena certeza que la decisión será en
verdad la más acertada, justa y necesaria, para garantizar eficazmente la
protección integral de los referidos menores; el juzgador debe tomar en
consideración la opinión del equipo de especialistas, aún dado de manera
provisional; aunque el fundamento objetivo de tales medidas sea el fumus boni
iuris189
MEDIDAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN

Art. 157.- Cuando se hubiere solicitado el reconocimiento y ejecución de una
sentencia extranjera, la Corte Suprema de Justicia podrá adoptar las
medidas cautelares que sean necesarias para asegurar su cumplimiento, las
que se tramitarán conforme a las reglas de este código.
Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de los tratados
y convenciones internacionales y a condición de reciprocidad.

INTERPRETACION
El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de
condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles
computables a metálico por aplicación de precios ciertos.

189
Ley de enjuiciamientos civiles de España juridprudencia

Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo
preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior
eficacia y menor onerosidad para el demandado.

La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se
pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o
cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la
productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la
efectividad de la condena que pudiere recaer.

El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla
y se encuentre en posesión del demandado.
La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal
disponga.
La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos
susceptibles de inscripción en Registros públicos.

Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para
el buen fin de la ejecución.

La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse
temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de
interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a
cabo.
La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así
como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto
de remuneración de la propiedad intelectual.

El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen
producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial,

así como el depósito del material empleado para su producción.

La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o
demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según
que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de
la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario
oficial.190

FACULTAD CAUTELAR

Art. 158.- Cualquiera que sea la jurisdicción internacionalmente competente
para conocer de un proceso, siempre que el objeto de la medida cautelar se
encontrare en territorio nacional los tribunales de El Salvador podrán
ordenar y ejecutar, a solicitud fundada de parte, todas las medidas
conservatorias o de urgencia cuya finalidad sea garantizar el resultado de un
proceso que se pretendiere iniciar.
El juez que ordene la medida fijará un plazo, conforme a lo dispuesto en este
código, dentro del cual el solicitante habrá de hacer valer sus derechos so
pena de caducidad de la medida.
Si en el plazo acordado se promoviere la demanda, se estará a lo que
resuelva, en definitiva, el tribunal internacionalmente competente.

INTERPRETACION
Cuando las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la demanda, no se
admitirá declinatoria fundada en falta de competencia territorial, pero el tribunal
examinará de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva y la territorial. Si
considerara que carece de jurisdicción o de competencia objetiva, previa audiencia
del Ministerio Fiscal y del solicitante de las medidas cautelares, dictará auto
absteniéndose de conocer y remitiendo a las partes a que usen de su derecho
ante quien corresponda si la abstención no se fundara en la falta de jurisdicción de

190
Ley de enjuiciamientos civiles de España juridprudencia

los tribunales salvadoreños. Lo mismo se acordará cuando la competencia
territorial del tribunal no pueda fundarse en ninguno de los fueros legales,
imperativos o no, que resulten aplicables en atención a lo que el solicitante
pretenda reclamar en el juicio principal. No obstante, cuando el fuero legal
aplicable sea dispositivo, el tribunal no declinará su competencia si las partes se
hubieran sometido expresamente a su jurisdicción para el asunto principal.191

En los casos a que se refiere el apartado anterior, si el tribunal se considerara
territorialmente incompetente, podrá, no obstante, cuando las circunstancias del
caso lo aconsejaren, ordenar en prevención aquellas medidas cautelares que
resulten más urgentes, remitiendo posteriormente los autos al tribunal que resulte
competente

TRAMITACIÓN

Art. 159.- Las comunicaciones relativas a medidas cautelares se harán por
las propias partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o
diplomáticos, a través de la autoridad administrativa competente en la
materia o, en su defecto, por vía judicial

INTERPRETACION
Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas
cautelares el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso
no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda
principal.

191
Longo, P. La jurisdicción y la competencia en la nueva Constitución. (2002). Memorias del
Congreso latinoamericano de derecho procesal. Mérida. Dirección ejecutiva de la magistratura
y ACAMID.

Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen
durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario
por infracción procesal o de casación, será competente el tribunal que conozca de
la segunda instancia o de dichos recursos.
Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral
o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente el del lugar en que
el laudo deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas
deban producir su eficacia.

Lo mismo se observará cuando el proceso se siga ante un tribunal extranjero,
salvo lo que prevean los Tratados.192

CAPÍTULO TERCERO
ESCRITOS Y EXPEDIENTES

SUSCRIPCIÓN DE ESCRITOS

Art. 160.- Los escritos deberán ser legibles, evitar cualquier expresión
ofensiva, consignar en el encabezamiento los datos identificadores del
expediente, expresar con la debida claridad lo que se pretende y ser
suscritos y sellados por el abogado que los presenta.

INTERPRETACION
El escrito contendrá:
La designación del Juez ante quien se interpone;
El inciso exige designar el juez de la especialidad y del lugar ante quien se
interpone la demanda, así tenemos: Juez Especializado en lo Civil .

192
Mezgravis, A. Algunas consideraciones sobre la jurisdicción y el arbitraje. (1996). Revista de la
Facultad de Derecho. N°.50. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.

Cuando se elabora la demanda, lo primero que debe hacer el demandante es
estudiar en forma detenida los factores de la competencia, para saber a que juez
debe dirigirla. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio
procesal del demandante

Además del nombre del demandante o de su representante o apoderado, la
dirección domiciliaria de éstos, con la finalidad de que el juez, sin necesidad
de requerir información del Abogado, tenga lá información necesaria que le
permita, en su momento, realizar una citación personal al demandante,
decretar embargos por las costas, costos y multas que deba abonar el
actor, o cualquier otro requerimiento procesal de carácter personal.

El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última,
se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado
con la presentación de la demanda;193

Señalar el nombre y dirección domiciliaria del demandado, para efectos de
un debido emplazamiento. Si se ignora la dirección domiciliaria se deberá
indicar esta circunstancia bajo juramento a fin de emplazar al demandado
mediante edictos. No es necesario realizar diligencia de juramento, ya que
este se entiende prestado con la sola presentación de la demanda.

El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se
pide;

Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en
forma precisa, con orden y claridad se exige que los hechos que sustentan
el petitorio deben ser expuestos en forma precisa, ordenada y con claridad;

193

es decir, los hechos deben ser puntuales, sin repeticiones, sin rodeos, a fin
de que el juez lo conozca sin ninguna dificultad para efectos de la decisión y
que el demandado pueda exponer su posición sobre estos hechos. Estos
hechos además permitirán fijar los límites del contradictorio, la pertinencia
de la prueba, etc.

La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del
Abogado. El Secretario respectivo certificará la huella digital del
demandante analfabeto.´

Toda demanda debe contener la firma del demandante o de su representante o de
su apoderado, que acostumbre en sus actos públicos y privados. Si el demandante
es analfabeto, el auxiliar jurisdiccional (antes Secretario) certificará la huella digital
del actor.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS

Art. 161.- Siempre que se presente un escrito al tribunal, el empleado judicial
que lo reciba dejará constancia, en el momento de su recepción, de la fecha
y hora en que se efectúa la misma. Si se hubiera acompañado una copia, se
devolverá la misma al interesado dejando constancia de la recepción.
INTERPRETACION
Este artículo sostiene que la entrega de las copias simples del escrito y los
documentos anexos a la misma en las instancias las recibirá el secretario del
juzgado quien le entregara un documento haciendo costar que ha recibido los
autos, esta constancia es el documento fehaciente en el cual hace constar que ha
cumplido con los tramites, términos y plazo que por ley esta obligado a cumplir en
un determinado proceso.194

Esto obliga al secretario a darle trámite al derecho de acción a que tiene derecho

194

la parte actora de poner en movimiento el órgano jurisdiccional.

COPIAS DE ESCRITOS E INSTRUMENTOS

Art. 162.- Todo escrito o documento que se presente deberá acompañarse de
tantas copias legibles como sujetos hayan de ser notificados, más una. El
tribunal remitirá de inmediato a las demás partes personadas una copia
íntegra. Para tal finalidad, el juzgador podrá valerse de cualquier medio que
preste garantía suficiente o deje constancia por escrito.

INTERPRETACION
Las copias simples del escrito y los documentos anexos a la misma en las
instancias. La utilidad de tal exigencia, consiste en que un juego de copias será
entregado al demandado al emplazarlo; y, otro juego de copias quedará en el
juzgado o tribunal, para efectos de reposición del expediente, en caso de
destrucción o extravío, según el Art. 195 Pr C. Cabe advertir, que dicha exigencia
de copias en las instancias, no llega hasta casación, pues a falta de suministro de
copias de los documentos relacionados, será subsanado por el Tribunal
Casacional, de acuerdo al Art. 12 inciso 4° L. Cas. La falta de acompañamiento de
los documentos a la presentación de la demanda como requisito de admisibilidad,
significa que el juzgador esta facultado para prevenir a la parte para que estos
sean presentados, señalando como pena de admisibilidad, y en ningún momento
tal omisión comportará un rechazo mediante la improponibilidad.195

COPIA DE RESPALDO

Art. 163.- De todo escrito e instrumento que se presente deberá entregarse,
además, una copia al tribunal, que servirá de respaldo en caso de reposición
del expediente.

195

INTERPRETACION
Es el aspecto material del proceso. Está constituido por los folios que contiene el
proceso en los cuales se encuentran los actos procesales que realizan las partes,
el Juez y terceros. En nuestro Código Procesal Civil, en el Título II se trata de la
formación del expediente. Este título dispone que los auxiliares jurisdiccionales son
responsables de la formación, conservación y seguridad de los expedientes,
también sobre el lugar de la custodia (oficina del secretario de juzgado o de la
secretaría de la sala o en la oficina del juez; sobre las personas que deben
examinar los expedientes (partes, abogados y apoderados); la expedición de
copias y la recomposición de expedientes. El Código de Procedimiento Civil de
Colombia en el Título Décimo y otros tres capítulos196 se ocupa de los expedientes
y establece una diferencia completa entre expediente y proceso.

FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

Art. 164.- Con el primer escrito de cada proceso que se promueva se iniciará
un expediente al que se irán incorporando sucesivamente los escritos
posteriores.
Todo escrito e instrumento presentado al tribunal se entenderá incorporado
inmediatamente al expediente.
La Corte Suprema de Justicia dispondrá por acuerdo la forma en que habrán
de llevarse tales expedientes, así como el modo de anotar en los mismos las
constancias de los actos.

INTERPRETACION
El nuevo codigo también establece197 que los escritos y expedientes no se
sujetarán a formalidad alguna, salvo que deberán de ser legibles, no contener
expresiones ofensivas y expresar con claridad su petitorio.

196
El Código de Procedimiento Civil de Colombia en el Título Décimo y otros tres capítulos
197

En efecto, se establece que una vez presentado el escrito, se formará un
expediente, al cual se incorporarán sucesivamente los escritos posteriores en
donde las partes y sus representantes tendrán acceso permanente y podrán
incluso obtener certificación íntegra o parcial del expediente dentro del proceso.
Una vez concluido éste, se dispondrá un archivo del mismo, que podrá ser
consultado por los interesados en el momento que así lo dispongan.198

DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE

Art. 165.- La parte y sus representantes tienen acceso permanente al
expediente, el cual se facilitará íntegramente.
Los expedientes judiciales permanecerán en las oficinas del tribunal para
examen de las partes y de todos los que tuvieren interés legítimo en la
exhibición conforme a lo dispuesto en este Código, y no podrán ser
retirados de la sede del tribunal.
En nota o formulario suscrito por el secretario y por el interesado se hará
constar cada ocasión en que se consulte el expediente.

INTERPRETACION
Se entiende por expediente, toda la reunión de los documentos que contienen la
totalidad de la actuación surtida en un proceso, permitiendo al funcionario y a las
partes obtener toda la información de lo acontecido.

En efecto, se establece que una vez presentado el escrito, se formará un
expediente, al cual se incorporarán sucesivamente los escritos posteriores en
donde las partes y sus representantes tendrán acceso permanente y podrán
incluso obtener certificación íntegra o parcial del expediente dentro del proceso.
Una vez concluido éste, se dispondrá un archivo del mismo, que podrá ser

consultado por los interesados en en el momento que así lo dispongan. 199

También se establece que los escritos y expedientes no se sujetarán a formalidad
alguna, salvo que deberán de ser legibles, no contener expresiones ofensivas y
expresar con claridad su petitorio.

CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

Art. 166.- De cualquier expediente judicial podrán las partes o quien tuviere
interés legítimo obtener certificación íntegra o parcial del mismo.
La certificación deberá ser autorizada por el tribunal, y se hará mediante
copia suscrita por el secretario del tribunal, a costa de quien la pida,
poniendo en el expediente nota expresiva de la expedición.
Si la certificación fuera parcial, se oirá, en el plazo de tres días, a la parte
contraria, la cual deberá evacuarla por escrito, debiendo extenderse la
certificación solicitada, con inserción de dicho escrito y de los pasajes en él
solicitados, para que, al surtir efecto, la persona que la examine pueda hacer
un juzgamiento equitativo y tener completo conocimiento del estado del
proceso. En su caso, se hará constar la existencia de recurso pendiente.
De no evacuarse la audiencia, la certificación será extendida, con expresión
de tal circunstancia.
Si la certificación se pidiere en audiencia, se otorgará con lo que expresare
en el momento la parte contraria.

INTERPRETACION
En todos los escritos debe utilizarse tinta negra, encabezándose con la expresión
de su objeto (suma), el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la
enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por
terceros deberán expresar en cada escrito, el nombre completo de todos sus
representados y del letrado patrocinante si lo hubiere. Los abogados y

199

procuradores deben indicar el tomo y folio o número de la matrícula de su
inscripción.
Cuando un escrito fuere firmado a ruego del interesado, el secretario o el oficial
primero deberán certificar que el firmante, cuyo nombre expresarán, ha sido
autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante
él.200

Como arbitrio tendiente a facilitar la actuación procesal de las partes. Se establece
que podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o
documentos, agregación de pruebas, entrega de adictos y, en general, que se
dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente,
firmada por el solicitante.

ARCHIVO DE EXPEDIENTES

Art. 167.- Concluido un proceso se dispondrá el archivo del respectivo
expediente y podrá ser consultado por los interesados.
Cuando un expediente archivado hubiere de surtir efecto en otro proceso se
incorporará a él total o parcialmente por medio de copia autorizada por el
secretario del tribunal.
La Corte Suprema de Justicia dispondrá por acuerdo las normas de archivo
judicial.

INTERPRETACION
Se exteriorizan a través de la formación del expediente judicial, que constituye un
legajo de foliatura corrida en el cual se reúnen, en forma ordenada, todas las
actuaciones producidas por las partes, el juez, y sus auxiliares y los terceros.
Los expedientes serán compaginados en cuerpos que no excedan de doscientas
fojas. Se llevarán cosidos y foliados, y estarán provistos de carátulas en que se

200
Rengel, A. (1994). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. (4ª. ed.). Vols. I y II. Caracas.
Editorial Arte

indique el nombre de las partes, la naturaleza del juicio, el tomo y folio de su
registro y el año de su iniciación
Los documentos deberán ser agregados a los autos en forma tal que sean legibles
en su totalidad
Cuadernos de prueba (se ven más adelante).
En las actas de las audiencias debe expresarse el nombre de los asistentes
destacándose con letra mayúscula el del absolvente o testigo, y en sus
referencias a interrogatorios, pliegos de posiciones y documentos, hacerse constar
la foja en que corren agregados.

Los desgloses de poder en los juicios en trámite deberán hacerse con trascripción
íntegra de ellos en el expediente.
Los expedientes únicamente pueden ser retirados de la secretaría, bajo la
responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en las
siguientes casos: 1º) Para alegar de bien probado, en el juicio ordinario; 2º) Para
practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de
contabilidad; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de
documentos y redacción de escrituras públicas; 3º) Cuando el juez lo dispusiere
por resolución fundada.201

Si vencido el plazo el expediente no es devuelto, quien lo retiró es pasible de una
multa fijada entre un mínimo y un máximo de pesos por días de retardo, salvo que
manifieste haberlo perdido

201
América.

REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE EXPEDIENTES

Art. 168.- Cuando por cualquier causa se hubiere perdido, destruido u
ocultado el expediente original de una actuación procesal, la copia en poder
del tribunal tendrá el mismo valor.
Cuando el tribunal no cuente con copia de las actuaciones destruidas o
desaparecidas, ordenará que se rehagan, para cuyo fin practicará las
diligencias probatorias que evidencien su preexistencia y contenido y, de ser
necesario, ordenará a las partes que entreguen sus propias copias de
escritos, documentos y actas.
Si la reposición no fuera posible, el tribunal ordenará, de considerarlo
necesario, la renovación de los actos, prescribiendo el modo de hacerlo.

INTERPRETACION
En materia de reconstrucción de expedientes, dispone que una vez comprobada la
pérdida, el juez debe ordenar la reconstrucción conforme al siguiente
procedimiento:

El nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstrucción.

El juez intimará a la parte actora, o iniciadora e las actuaciones, para que dentro
del plazo de cinco días presente la copia de los escritos, documentos y diligencias
que se encontraren en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el
expediente perdido.

El secretario agregará copias de todas las resoluciones correspondientes al
expediente extraviado que obren en los libros del juzgado o tribunal, y recabará
copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse de las oficinas o archivos
públicos202.

202

Las copias que se presentaren u obtuvieren serán agregadas al expediente por
orden cronológico.
El juez podrá ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considerase necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dictará solución
teniendo en por reconstruido el expediente.

CAPÍTULO CUARTO
COMUNICACIONES JUDICIALES

SECCIÓN PRIMERA
NOTIFICACIONES

PRINCIPIO GENERAL DE NOTIFICACIÓN

Art. 169.- Sin perjuicio de los plazos señalados en este código, toda
resolución judicial se notificará en el más breve plazo a las partes y a los
interesados.

INTERPRETACION
Las comunicaciones judiciales son todos aquellos mecanismos e instrumentos
procesales que adopta el Órgano Judicial para que se ponga en conocimiento de
las partes procesales y demás interesados, las distintas resoluciones judiciales
que se hayan dictado. Por lo que su primordial objetivo, es poner en conocimiento
de las partes lo que esta sucediendo en el proceso que les vincula.203

203
Chiovenda, G. (1940). Instituciones de derecho procesal civil. Vol. II. Madrid. Editorial Revista
de Derecho Privado.

El propósito del legislador al establecer tales actos, es, ante todo, conferir la
oportunidad de la defensa de los derechos e intereses, de tal forma que al
cumplirse con dichas disposiciones, el interesado puede disponer de los medios
adecuados para desvirtuar la pretensión planteada en su contra, lo que motiva
que, al omitirse tal diligencia, o al realizarse sin observar las formalidades
esenciales de los mismos, se imposibilita o enerva gravemente el ejercicio de los
medios suficientes para ejercer la defensa

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES TRAS EL PRIMER ESCRITO O
COMPARECENCIA

Art. 170.- El demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el
proceso deberán determinar con precisión, en el primer escrito o
comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para
recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de
cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de
seguridad y confiabilidad.
Si no se hiciere el referido señalamiento, el tribunal mandará subsanar dicha
omisión.
Cuando se señalare una dirección fuera de la circunscripción del tribunal, se
ordenará que la señale dentro de ésta.
Cualquier cambio de dirección deberá comunicarse de inmediato,
teniéndose por válidas, en su defecto, las notificaciones que se realicen en
la dirección anteriormente señalada.

INTERPRETACION
Se establece que toda resolución judicial se notificará en el más breve plazo. Ello
implica que todo primer escrito o comparecencia en el proceso por las partes, se

deberá señalar una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir
notificaciones o un medio técnico o electrónico magnético siempre que se
posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad. Esta es
una regulación moderna del Anteproyecto ya que la legislación vigente no
contempla esta modalidad de notificación, como ya se hace en el derecho
comparado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española.204 Pero de no darle un
debido uso, puede llegar a desnaturalizarse y dicha eventual irregularidad
vulneraría el derecho de acceder al proceso al sujeto pasivo, así mismo de los
recursos legalmente establecidos impidiendo el ejercicio de su derecho de defensa
con respecto a los principio de bilateralidad y contradicción de las partes.

Por otro lado, se instituye como regla general que las notificaciones deben
hacerse personalmente. En tal caso, funcionario concurrirá al lugar señalado y
encontrada la persona a ser notificada levantará constancia de la actuación.

NOTIFICACIÓN POR TABLERO

Art. 171.- Si transcurre el plazo fijado por el tribunal para que el demandado
o cualquiera de los otros comparecientes en el proceso indiquen una
dirección dentro de la jurisdicción del tribunal para recibir notificaciones, o
algún medio de los señalados en el artículo anterior, sin que tal
requerimiento se hubiera cumplido, las notificaciones se harán en el tablero
del tribunal o en la oficina común de notificaciones.
De igual manera se practicarán las notificaciones cuando se ignore la
dirección o medio técnico, electrónico, magnético o cualquier otro, de su
destinatario, siempre que dicha información no conste en ningún registro
público.

204
LEC 2000/01, art. 162

En todo caso, previamente a la realización de las notificaciones por tablero
el tribunal deberá proveer resolución debidamente motivada en la que
autorice la práctica de tal diligencia en dicha forma.

INTERPRETACION
En las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común de Notificaciones
practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse

Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al
acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de
comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del
documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén
vinculados al documento
En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la
práctica de un acto de comunicación, el Secretario Judicial o funcionario
designado procurará averiguar si vive allí su destinatario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las
personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia
negativa de comunicación.205

Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el
demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá esta
disposición.

NOTIFICACIÓN EN LA OFICINA JUDICIAL

Art. 172.- Las partes y los interesados tienen derecho de acudir a la oficina
del tribunal o a la oficina común de notificaciones, donde existiere, para
enterarse de las resoluciones dictadas en el proceso.

205

A tal efecto, se les facilitará copia de la resolución y en formulario se pondrá
constancia de la actuación, el cual firmará el empleado judicial competente y
el interesado. Si éste no supiere, no pudiere o se negare a firmar, se hará
constar tal circunstancia.

INTERPRETACION
Integra el sistema de notificación automática por medio del cual todo litigante que
consulte el expediente, por este mismo hecho se dará por enterado y notificado de
todas las resoluciones pronunciadas hasta el momento de la consulta. 206

Esta regulación es positiva, ya que en la práctica se han dado casos en los que
ciertos litigantes con el ánimo de evadir las notificaciones a fin de ganar tiempo
para la interposición de algún recurso o por el mero interés de dilatar
indefinidamente el proceso, provocan caducidades o terminaciones normales del
proceso.

NOTIFICACIÓN TÁCITA

Art. 173.- La consulta del expediente por la parte implica la notificación de
todas las resoluciones que consten en el mismo hasta el momento de la
consulta

INTERPRETACION
Se presenta cuando bajos ciertas circunstancias que señala la ley se presume
notificada a una persona, no habiendo sido nunca notificado en la práctica o si bien
fue notificada esta notificación no se realizo en conformidad a la ley.

Existen varios requisitos para que se de la notificación tacita tales como:

206

Que la resolución de que se trata no haya sido notificada en forma alguna o haya
sido notificada de una forma distinta a la legal; que la parte que sufra esta
deficiencia en la notificación haya realizado en el juicio cualquier gestión que
signifique conocimiento de dicha resolución; que esta gestión que realizo aquella
parte en el juicio no haya sido reclamar la nulidad de las actuaciones hechas
defectuosamente.

Según esta disposición cuando se ha promovido un incidente de nulidad de una
notificación por el solo ministerio de ley se tiene por notificada la resolución cuya
notificación se declara nula.207

NOTIFICACIÓN EN AUDIENCIA

Art.174.- Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por
notificadas a los que estén presentes o hubieran debido concurrir a ella.

INTERPRETACION
Las actuaciones a que se hayan tomado podrán, no obstante, celebrarse a puerta
cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la
seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los
menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y
libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere
estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales
la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.208

Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal
oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la
forma de auto y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio de formular

207
208
Satta, S. (1971). Manual de derecho procesal civil. Vol. I. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas
Europa América.

protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente contra
la sentencia definitiva.
En este caso se presume que las partes que hayan estado presente en el proceso
o que debieran estar, han sido notificados de las resoluciones resultantes de la
audiencia.

NOTIFICACIÓN NOTARIAL

Art. 175.- A petición de parte y previa autorización del tribunal, podrán
comunicarse personalmente las resoluciones judiciales mediante notario
que designe aquélla y a su costo. En tal caso, el tribunal entregará al notario
designado certificación de la resolución y la parte deberá acreditar su
diligenciamiento a más tardar tres días hábiles después de la entrega de la
certificación. Si se incumpliere dicho plazo, la autorización de comunicación
por medio de notario quedará sin efecto y las notificaciones sólo podrán
efectuarse por el empleado judicial competente.

INTERPRETACION
Se da cuando a petición de parte y previa autorización del tribunal, podrán
comunicarse personalmente las resoluciones judiciales mediante dicho escribano,
que será designado por la parte interesada y a su costa, entregándole el tribunal
certificación de la resolución, la cual la parte deberá acreditar su
209
diligenciamiento, y de incumplirse, quedará sin efecto.

En el derecho comparado, esta innovadora notificación se encuentra regulada en
la ley de Enjuiciamiento Civil española, cuya finalidad es agilizar el proceso
judicial, pues en la mayoría de ocasiones el tribunal carece de medios idóneos
para dar una pronta respuesta a las partes. Sin embargo, es una viva realidad, el
hecho de que actualmente la fe pública notarial se encuentra muy cuestionable por

209
3 días hábiles después de la entrega de la certificación.

sus constantes irregulares actuaciones, por lo habrá de esperarse su
desenvolvimiento en la práctica judicial para estimar sus beneficios. 210

NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE PROCURADOR

Art. 176.- Siempre que la parte compareciere por procurador éste recibirá
todas las notificaciones que se refieran a su representado, aún la de la
sentencia o auto que pone fin al proceso, con el valor y eficacia establecidos
en este código.
El procurador deberá indicar, en el primer escrito que presente, número de
fax o cualquier otro medio técnico que posibilite la constancia por escrito de
la comunicación. Si el tribunal contara con los medios técnicos adecuados
para comunicarse con el procurador, las notificaciones se practicarán por
tales medios.
Cuando una parte sea representada por dos o más procuradores, éstos
deberán designar un lugar único para recibir notificaciones.

INTERPRETACION
Se establece la notificación mediante procurador, siempre y cuando la parte
comparece mediante éste, recibiendo todo tipo de notificaciones incluida la
sentencia.
A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén
personados en el proceso con representación de aquél.
La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su
procurador cuando éste las represente. El procurador firmará las notificaciones,
emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse
a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan
por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante.

Los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por

los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha
de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios. 211

Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al
acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de
comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del
documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén
vinculados al documento.

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Art. 177.- Cuando la notificación deba hacerse personalmente, el funcionario
o empleado judicial al que le corresponda realizar tal diligencia concurrirá al
lugar señalado para ese efecto; y si encontrare a la persona que deba ser
notificada, dejará constancia de la actuación.
Si la persona no fuere hallada, la diligencia se entenderá con cualquier
persona mayor de edad que se encontrare en la dirección señalada; y a falta
de cualquier persona, o si ésta se negare a recibir la notificación, se fijará
aviso en lugar visible, indicando al interesado que existe resolución
pendiente de notificársele y que debe acudir a la oficina judicial a tal efecto.
Si la parte no acudiere a la oficina judicial en el plazo de tres días hábiles, se
tendrá por efectuada la notificación.

INTERPRETACION
Se instituye como regla general que las notificaciones deben hacerse
personalmente. En tal caso, funcionario concurrirá al lugar señalado y encontrada
la persona a ser notificada levantará constancia de la actuación. El acto de

211
Satta, S. (1971). Manual de derecho procesal civil. Vol. I. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas
Europa América.

comunicación en comento, se practicará por funcionario competente y encontrado
el demandado, le entregarán la esquela de notificación y anexos y en caso de no
estar se le entregará a cualquier mayor de edad que se hallare en el lugar.

Un lugar para recibir las notificaciones, y la notificación se hace en persona al
sujeto o a la persona que la Ley habilita a recibir la notificación, pero no se
encuentra en él al administrado, y por ello puede procederse a notificar por medio
de esquela o cédula que se deja en el referido lugar.

Como última opción de notificación se encuentra la notificación por edicto, ésta se
reserva para aquellos casos en que no haya lugar señalado para la notificación.

Congruente con la finalidad de la notificación, Victor Moreno Catena, tratadista de
Derecho Procesal advierte: ³que las medidas de notificación dotadas de mayor ±
superior fuerza garantizadora del derecho de defensa constitucionalmente
consagrado, son las notificaciones domiciliarias´. (José Almagro Nossete, Vicente
Gimeno Sendra, Valentín Cortez Domínguez y Victor Moreno Catena, Derecho
Procesal Tomo I, Página 378, Parte General Proceso Civil (1); Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia España, 1987).212 (Sentencia del día dieciocho de noviembre de
mil novecientos noventa ocho. Ref. 131-C-97)

NOTIFICACIÓN POR MEDIOS TÉCNICOS

Art. 178.- Cuando se notifique una resolución por medios técnicos, se dejará
constancia en el expediente de la remisión realizada. En este caso, se tendrá
por realizada la notificación transcurridas veinticuatro horas después del
envío, siempre que conste evidencia de su recibo

212
(Sentencia del día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa ocho. Ref. 131-
C-97)

INTERPRETACION
Es un medio técnico o electrónico magnético siempre que se posibilite la
constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad. Esta es una
regulación moderna del Anteproyecto ya que la legislación vigente no contempla
esta modalidad de notificación, como ya se hace en el derecho comparado en la
Ley de Enjuiciamiento Civil española.213 Pero de no darle un debido uso, puede
llegar a desnaturalizarse y dicha eventual irregularidad vulneraría el derecho de
acceder al proceso al sujeto pasivo, así mismo de los recursos legalmente
establecidos impidiendo el ejercicio de su derecho de defensa con respecto a los
principio de bilateralidad y contradicción de las partes.

NOTIFICACIÓN A QUIENES NO SEAN PARTE EN EL PROCESO

Art. 179.- Cuando deban ser notificados testigos, peritos o personas que sin
ser parte en el proceso deban intervenir en él, se realizará la comunicación
por cualquier medio que se considere fehaciente y eficaz.
En los casos en que el tribunal lo considere oportuno, podrán realizarse
estas comunicaciones del modo establecido en el artículo anterior.

INTERPRETACION
Aquí se plantea también, dos casos hipotéticos de ejecución de la notificación, y
es cuando la persona no fuere hallada, o si hallada, se negare a recibir la
notificación. En el primero de los casos, la diligencia se entenderá con cualquier
persona mayor de edad que se encontrare en esa dirección, y en el caso de que
se negare a recibirla, se dejará aviso en lugar visible, indicando al interesado que
existe resolución pendiente de notificarle para que puede acudir al Tribunal, caso
de no hacerlo, se tendrá por efectuada la notificación.214

213
LEC 2000/01, art. 162
214

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICARSE

Art. 180.- Por medio de escrito se podrá autorizar a una tercera persona
mayor de edad, aunque no sea abogado, para que con ella se entiendan las
notificaciones.

INTERPRETACION
La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el
Secretario Judicial o funcionario que la efectúe y por la persona a quien se haga,
cuyo nombre se hará constar.

Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue
a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia
acreditativa de la entrega, el Secretario Judicial o funcionario designado le
amonestará de la obligación que impone el apartado anterior.

Si insistiere en su negativa, el funcionario actuante le hará saber que la copia de la
resolución o la cédula queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado,
produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia
en la diligencia.

Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el
que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal o a efectos
fiscales o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales o fuere la
vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho
destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor
de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere,
advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la
cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en
ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a
aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a
quien estuviere a cargo de ella.215

SECCIÓN SEGUNDA
EMPLAZAMIENTOS

PRINCIPIO DE EMPLAZAMIENTO

Art. 181.- Todo demandado debe ser debidamente informado de la admisión
de una demanda en su contra, a fin de que pueda preparar la defensa de sus
derechos o intereses legítimos.
A tal efecto, el demandante deberá indicar la dirección donde puede ser
localizado el demandado. Si manifestare que le es imposible hacerlo, se
utilizarán los medios que el juez considere idóneos para averiguar dicha
circunstancia, pudiendo dirigirse en virtud de la obligación que tiene toda
persona o autoridad de colaborar, a registros u organismos públicos,
asociaciones, entidades o empresas que puedan dar razón de ella, quienes
deberán rendir el informe respectivo en un plazo que no excederá de diez
días, el cual será determinado a juicio prudencial del juez.
Si se obtuviere el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se
practicará la comunicación en la forma ordinaria. En caso contrario el
emplazamiento se realizará en la forma prevista en este Código.

215
Véscovi, E. (1988). Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica.
Buenos Aires. Ediciones De Palma

INTERPRETACION
Doctrinariamente hablando, se entiende como el llamamiento que se hace a una o
varias personas, conocido o no, para que se presenten a un determinado órgano
jurisdiccional, a fin de recibir la notificación personal de una providencia y
vincularse de esa manera como parte.216

Por lo que, el emplazamiento no es propiamente una notificación, sino más bien
un medio de obtenerla, ya que tiene la finalidad de hacer saber al interesado que
dispone de un plazo determinado de tiempo para llevar a cabo una determinada
actuación de relevancia procesal. Bien hace el presente Anteproyecto al no definir
este acto de comunicación, pues el objeto de toda legislación procesal civil no es
la búsqueda de definiciones generales sino instaurar procedimientos para la
solución de conflictos, a diferencia de nuestra actual legislación que lo define de
manera imprecisa.217

ESQUELA DE EMPLAZAMIENTO

Art. 182.- En la misma resolución en que se admita la demanda se ordenará
el emplazamiento del demandado, el cual se efectuará mediante esquela de
emplazamiento.
Dicha esquela contendrá:
1°. Identificación del tribunal.
2°. Identificación del demandado.
3°. Identificación del proceso, con indicación del nombre y dirección del
demandante, número del expediente y nombre y dirección del procurador de
aquél.
4°. Indicación del plazo para contestar la demanda, apercibiendo al
demandado que de no hacerlo el proceso continuará sin su presencia.

216
Azula Camacho, Jaime, ³Manual de Derecho Procesal Civil«´ op. cit., Pág. 227.
217
Pr. Cv. Art. 204

5°. Relación de los documentos anexos.
6°. Fecha de expedición.
7°. Nombre y firma de quien expidió la esquela.
A tal esquela se acompañarán copias de la demanda y de la resolución de
admisión de ésta, así como de los documentos anexos a aquélla.

INTERPRETACION
La esquela de emplazamiento tiene lugar cuando la persona no es encontrada
después de agotada las búsquedas al efecto. Esta regla no tiene aplicación en los
ámbitos en que el emplazamiento se realiza mediante entrega de copia del
derecho y la demanda respectiva, puesto que basta con dejarla con un pariente o
subalterno de la persona que no se encontró.

Una vez agotadas las búsquedas de ley el juez debe ordenar por auto que se
emplace al demandado por medio de esquela. Al igual que en la cuestión
estudiada en el párrafo anterior, cabe preguntarse si el juez puede o no ordenar de
oficio el emplazamiento por esquela.218

La esquela por medio de la cual se hace la notificación consiste en un extracto
breve y claro del decreto de emplazamiento y de la demanda interpuesta; si la
parte así emplazada quiere conocer el contenido preciso de lo que en extracto se
le ha notificado tiene el deber de acudir al tribunal.
Esta esquela deberá ser entregada en defecto del emplazado, en poder de alguna
persona que arroje una seguridad de hacérsela llegar.

218

DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO

Art. 183.- El emplazamiento se practicará por el funcionario o empleado
judicial competente en la dirección señalada por el demandante para
localizar al demandado; y si lo encontrare, le entregará la esquela de
emplazamiento y sus anexos.
Si la persona que debe ser emplazada no fuere encontrada pero se
constatare que efectivamente se trata de su lugar de residencia o trabajo, se
entregará la esquela de emplazamiento y sus anexos a cualquier persona
mayor de edad que se hallare en el lugar y que tuviere algún vínculo o
relación con aquélla.
El diligenciamiento del emplazamiento se hará constar en acta levantada a
tal efecto por el funcionario o empleado judicial competente que lo llevó a
cabo, con indicación del lugar, día y hora de la diligencia, nombre de la
persona a la que se entrega la esquela correspondiente, y vínculo o relación
de ésta con el emplazado, en su caso. El acta será suscrita por el emplazado
o por la persona que recibió la esquela, salvo que ésta no supiera, no
pudiera o se negara a firmar, de lo cual se dejará constancia.

INTERPRETACION
Es el primer acercamiento del juzgador al demandado, dándole a conocer que su
persona es requerida judicialmente para cumplir un compromiso u obligación, o
bien para extinguir una relación jurídica.

En otras palabras, es el medio por el cual se le pone en conocimiento a una
persona que tiene que acudir al Órgano Jurisdiccional en calidad de Demandado,
ya sea para desmentir lo asegurado por su detractor, para aceptarlo, o bien para
hacer sus propios reclamos. (Ver: Mutua petición y otros derechos del demandado
al contestar la demanda)

Ambos actos de comunicación llaman a alguien a que se presente, en un caso a
hacer uso de derechos legítimos y en el otro a participar de una providencia
judicial; la diferencia es notoria y abismal, en el emplazamiento se informa al
demandado que lo es, y que por ello tiene derechos, y puede hacer uso de
aquellos que por su naturaleza, deben ser invocados por él, y aprovecharse de
aquellos que se le conceden sin ese requisito; por otro lado la citación únicamente
llama a alguien, por ejemplo a un testigo, para efecto que se presente a hacer su
deposición, a participar en el juicio, en su calidad.219

El notificador tiene que dejarle copia al demandado de todos los autos que
conforman el proceso; dejará copia de la demanda, del decreto que ordena el
emplazamiento, y de todo lo actuado hasta ese momento, es esa la razón por la
que el traslado después del emplazamiento ya no se usa, es innecesario, ya el
demandado tiene una copia de todos los instrumentos que forman el expediente
judicial, desde la demanda, hasta la orden que decreta el emplazamiento, sería
una inútil perdida de tiempo el hecho que el demandado concurriera al tribunal a
retirar

EMPLAZAMIENTO POR APODERADO

Art. 184.- El emplazamiento podrá hacerse por medio de la persona del
apoderado del demandado, cuando no pueda hacérsele directamente a éste.
A tal efecto, el demandante expresará las razones por las cuales se hace
necesario el emplazamiento en esa forma.
En tal caso, el apoderado deberá tener poder especial para tal fin, y al
momento del emplazamiento deberá manifestar si es o no apoderado de la
parte que se está emplazando por su medio; y si se demostrare que no lo es
pese a su dicho, incurrirá en las costas, daños y perjuicios
correspondientes, y el funcionario que conozca del asunto informará a la

219

Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, para
los efectos de ley.

INTERPRETACION
El emplazamiento podrá hacerse al apoderado, siempre que tuviera facultad para
ello y el demandado no se hallara en el ámbito de competencia territorial del
Juzgado.

En el caso de auto, este Colegiado considera que debe desestimarse la demanda,
pues de la revisión de actuados se desprende que la respectiva demanda del
proceso de alimentos y demás resoluciones le fueron notificadas a su apoderado -
quien también lo representa en el presente proceso -, quien contaba con los
poderes necesarios para demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones; asistir a las audiencias, conciliación y prueba, desistimiento del
proceso y de la pretensión; presentar en su nombre los recursos que fueran
necesarios, entre otros actos, tal como consta en el ³Poder General y Especial´,
que obra a fojas 49 vuelta del cuaderno principal. En consecuencia, al no haberse
generado estado de indefensión en el demandante, pues su apoderado ha
admitido haber sido notificado con las respectivas actuaciones judiciales, la
demandada debe ser desestimada´

Es decir, de acuerdo a la jurisprudencia si una persona confirió a otra un poder
general y especial para su representación judicial, así no haya facultado, especial
y literalmente a su apoderado, para que éste pueda ser emplazado y notificado
con nuevas demandas en su contra, si acaso lo notifican con una nueva demanda,
el emplazamiento habrá surtido todos sus efectos.

La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades
generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley
exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el
proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos,

legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de
todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y
directa del representado.220

DILIGENCIAMIENTO POR NOTARIO

Art. 185.- A petición de parte y previa autorización del tribunal, el
emplazamiento podrá practicarse mediante notario que designe aquélla y a
su costo. En tal caso, el tribunal entregará al notario designado la esquela de
emplazamiento y sus anexos.
Esta forma de emplazamiento deberá diligenciarse a más tardar en el plazo
de cinco días después de la entrega de la esquela. Dicho plazo podrá
prorrogarse hasta por lapso igual, por una sola vez si el demandante alega y
prueba causa razonable para la prórroga y solicita ésta dentro del plazo
original.
Vencido el plazo original o su prórroga sin que se hubiere diligenciado el
emplazamiento, se dejará sin efecto la autorización y éste sólo podrá
practicarse por el empleado judicial competente.

INTERPRETACION
Trae una variedad de opciones para poder realizar el emplazamiento, como lo son,
su ejecución mediante el Apoderado del demandado, diligencia que podrá
practicarse siempre y cuando la parte no esté presente, por que si lo está, no
habrá razón o fundamento alguno para que se entienda personalmente con él.
También está el emplazamiento mediante notario, siempre que lo designe la parte
interesada. Esta diligencia deberá hacerse más tardar en el plazo de cinco días
después de la entrega de la esquela, pudiendo darse prórroga si operare causa
razonable. Sobre lo anterior, sostenemos las mismas críticas realizadas a las de
las notificaciones notariales.

220
catedrajudicial.blogspot.com/2007/10/el-emplazamiento-mediante-el-apoderad

Otra forma subsidiaria de realizar este acto de comunicación, es el
³emplazamiento por edicto´. En donde, si la persona a ser emplazada esquivare el
emplazamiento o se ignorare su domicilio o no pudiere ser localizada, para tal caso
se publicará en el tablero del tribunal juntamente con otra publicación en un
periódico de circulación diaria y nacional. Sin duda, esto merece las mejores
críticas, pues elimina las obsoletas diligencias de ausencia del demandado de la
actual legislación procesal civil vigente.221

Esta última forma de emplazamiento también se regula en el derecho comparado,
específicamente en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, donde se
establece que ³si las personas son inciertas o indeterminados o cuyo domicilio no
se conozca, la notificación o emplazamiento se cumplirá por edictos publicados en
Boletín o Diario Oficial, pudiendo ordenarse la propalación radial o televisiva
conforme con la reglamentación que al efecto se dicte.
Disposiciones similares también se encuentran en el Procedimiento Civil de
Puerto Rico y Uruguay. Cabe mencionar, que la legislación procesal que más se
aproxima a lo estipulado con el Código Tipo, es el moderno Código Procesal de
Perú, que llega a establecer incluso las notificaciones por radio difusión, las cuales
se harán por orden judicial y con transmisiones de una emisora oficial. -

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS

Art. 186.- Si se ignorare el domicilio de la persona que deba ser emplazada o
no hubiera podido ser localizada después de realizar las diligencias
pertinentes para tal fin, se ordenará en resolución motivada que el
emplazamiento se practique por edicto.
El edicto contendrá los mismos datos que la esquela de emplazamiento y se
publicará en el tablero del tribunal.

221

Asimismo, se ordenará, su publicación por una sola vez, en el Diario Oficial,
y tres en un periódico de circulación diaria y nacional.
Efectuadas las publicaciones, si el demandado no comparece en un plazo de
diez días el tribunal procederá a nombrarle un curador ad litem para que lo
represente en el proceso.
Si posteriormente se comprobare que era falsa la afirmación de la parte que
dijo ignorar la dirección del demandado, o que pudo conocerla con emplear
la debida diligencia, el proceso se anulará, condenándose al demandante a
pagar una multa de entre dos y diez salarios mínimos urbanos, más altos,
vigentes, según las circunstancias del caso.

INTERPRETACION
El emplazamiento por medio de edictos se considera válido a condición de que
previamente se haya ultimado el deber de diligencia tanto por la actora como por
el órgano jurisdiccional. No se realiza diligencia de emplazamiento alguna, por lo
que no se agota la posibilidad de emplazarse a l demandado. Cuando el actor ha
querido ponerse en contacto con el demandado, por vía extrajudicial, ha logrado
su propósito.

Pero cuando se trató de emplazar al demandado en vía judicial no prestó
diligencia en que el contenido de la demanda llegara a su destino, sino que, sin
intentarse emplazamiento previo alguno, acudió a la vía edictal, imposibilitándola
a ejercitar su derecho de defensa. Debe ser concedido el derecho de audiencia al
rebelde, procediendo el Juicio reincidente.

En relación con la normativa procesal civil y el concepto de indefensión no siendo
por sí mismo inconstitucional, sólo resultará admisible cuando no conste el
domicilio de quien debe ser emplazado o se ignore su paradero, y sólo podrá
utilizarse como remedio último de comunicación del órgano judicial con las partes
procesales. Impone con carácter previo al órgano judicial una diligencia específica
que implica el agotamiento de todas aquellas modalidades de comunicación

capaces de asegurar en mayor grado la recepción por su destinatario de la
notificación a realizar, y que por esto mismo aseguran también en mayor medida
la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. No puede reducirse a una mera
legalidad de la comunicación, pues la cuestión esencial estriba en asegurar que el
destinatario del acto efectivamente lo reciba, debiendo ser agotadas todas las
formas racionalmente posibles de comunicación personal antes de pasar a la
meramente edictal. Emplazamiento en caso de demandado esquivo222

EMPLAZAMIENTO EN CASO DE DEMANDADO ESQUIVO

Art. 187.- Si la persona que ha de ser emplazada fuera encontrada pero
esquivase la diligencia y no hubiera persona mayor de edad que acepte
recibir la esquela y sus anexos, el funcionario o empleado judicial
competente pondrá constancia de ello en los autos y hará el emplazamiento
conforme a lo dispuesto en este código.

INTERPRETACION
En caso de que la persona a emplazar sea encontrada pero esquiva el
emplazamiento, deberá emplazársele por medio de esquela, como si no se
hubiere localizado.

Se debe estar claro que esquivar el emplazamiento no consiste en la negativa del
emplazado para firmar el acta respectiva, sino aquella situación en que la persona
a emplazar es encontrada pero se niega a recibir al funcionario o de cualquier
manera se oculta, de modo que el funcionario no pueda efectuar el
emplazamiento, esto es, leerle el auto y la demanda respectivas, o entregarle
copia de los mismos, en su caso. Puesto que, aun cuando la persona se niegue a
firmar el acta, queda emplazada si se entera del contenido del auto y demanda en
su contra.
222
vlex.com/vid/

Esta situación es más difícil que suceda cuando el emplazamiento se hace
mediante entrega de copia del decreto y escrito respectivos, ya que los artículos
vistos establecen que si la persona se niega a recibirlas, basta con dejarla fijada
en un lugar visible.223

El funcionario que no pueda realizar el emplazamiento por maniobras del
demandado, debe hacerlo constar en un acta e informar de ese modo a su
superior; éste a su vez ordena el emplazamiento por medio de esquela.

EMPLAZAMIENTO DE UN MENOR

Art. 188.- Cuando se demandare a un menor de edad, la entrega de la
esquela y sus anexos se hará a sus representantes.

INTERPRETACION
El nuevo código también contempla distintas clases de sujetos procesales a
emplazar, como es el caso de a) la demanda a un menor de edad, en donde la
entrega de la esquela y sus anexos, se harán mediante los representantes de
aquel, en el caso que nos ocupa , el emplazamiento se ara a la persona
responsable del cuido del menor y sea sus padres o familiar que ejerza la tutela
del menor en los casos que no existan estos se hará por medio de la procuraduría
general de la republica para que se haga cargo de dicho emplazamiento.224

223
224

EMPLAZAMIENTO DE UNA PERSONA JURÍDICA

Art. 189.- Cuando se demandare a una persona jurídica, pública o privada, la
entrega se hará al representante, a un gerente o director, o a cualquier otra
persona autorizada por ley o por convenio para recibir emplazamientos.

INTERPRETACION
La demanda a una persona jurídica, donde la entrega de la esquela se hará por
el representante legal de la empresa, dicho empalamiento se hará a cualquier
persona encargada de dicha institución ya sea el gerente o persona encargada del
área jurídica de la empresa para que se haga cargo de las diligencias necesarias
ha que ha sido emplazad y pueda organizar la documentación utilizar en la
audiencia como lo son los medios de prueb si estos son necesarios225

EMPLAZAMIENTO DEL ESTADO

Art. 190.- Cuando se demandare al Estado de El Salvador, el emplazamiento
se diligenciará entregando la esquela de emplazamiento y sus anexos al
Fiscal General de la República o a un agente designado por éste.

INTERPRETACION
Si el demandado es el Estado, la esquela se le entregará al Fiscal General de la
República o agente designado por éste, lo cual significa que puede ser el fiscal
auxiliar que tiene asignado el caso, para que pueda asistir a la audiencia en
representación del fiscal general de la republica en los casos que dispone el
articulo 39 de este código.

Se notificá al Estado que existe un proceso de ejecución en su contra, este puede
oponerse, o bien solicitar la suspensión de la ejecución, si concurrieren algunas de

225

las causas antes estudiadas226.

Para cualquiera de los casos antes mencionados, el legitimado a intervenir es el
Fiscal General de la República, a través de alguno de sus representantes, si así
lo estimare conveniente el Fiscal General, quien velará por los intereses del
Estado. Pero la excepción a esta regla se da cuando se trate de entidades
oficiales Autónomas o Municipalidades, ya que una de las características de éstas
es que poseen personalidad jurídica Propia y no se identifican con la Estatal.
Razón por la cual el Anteproyecto ha regulado que para estos casos , quien
intervendrá será el responsable o el representante legal de la entidad.

EMPLAZAMIENTO DE PERSONA NO DOMICILIADA EN EL SALVADOR

Art. 191.- Si se demandare a persona no domiciliada en el país, el
emplazamiento podrá hacerse en la persona encargada de la oficina,
sucursal o delegación que aquélla tuviera abierta en El Salvador.
A petición de parte y a su costo, y sin perjuicio de lo previsto en los tratados
internacionales, el diligenciamiento del emplazamiento se podrá encargar a
persona autorizada para la práctica de dicha diligencia en el país donde el
emplazamiento deba practicarse según indicación del demandante.

INTERPRETACION
El emplazamiento podrá hacerse por persona encargada de la oficina, sucursal o
delegación que tuviera abierta en el país. En este caso la notificación se hará a
través de la persona encargada de los bienes en el país, tomando en cuenta el
domicilio de la oficina del encargado o su domicilio personal, para que se haga

226

cargo de loas asunto paras los cuales se emplaza a dicha persona no domiciliada
en el país. 227
SECCIÓN TERCERA

OFICIOS

Art. 192.- Cuando el tribunal deba dar conocimiento de sus resoluciones a
otros organismos o entidades, o formularles alguna petición para el
cumplimiento de diligencias del proceso, o solicitare la cooperación y auxilio
de otro tribunal, se expedirá oficio.
Dicho oficio se acompañará de copia de la resolución, se cursará por correo
o por cualquier medio idóneo y podrá disponerse, si ello no causare riesgo,
su entrega a la parte interesada en la realización del acto procesal.

INTERPRETACION
Elemento innovador que integra el Anteproyecto es la actuación oficiosa por parte
del juez, en donde, si se realiza una determinada actuación procesal y fuese
legalmente imprescindible la emisión de algún tipo de decisión por parte del
Órgano Judicial, éste de oficio deberá dictarla, sin esperar que así se lo pida
expresamente la parte. 228

Lo anterior, es, sin duda, algo elogiable, ya que actualmente nuestra vetusta
legislación procedimental establece que ³ninguna providencia judicial se dictará de
oficio por los jueces y tribunales sino a solicitud de parte´ . Estando con ello, en
contra al principio de pronta justicia y economía procesal en cuanto a las
actuaciones jurisdiccionales que propone el presente Anteproyecto, y peor aún,
totalmente en contra de los principios estipulados en el Código vigente, por cuanto
establece que el juez debe convertirse en un verdadero director del proceso

227
comentarios generales al anteproyecto de código procesal civil y mercantil (abril 2003)͟
228

CAPÍTULO QUINTO
SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO Y AUDIENCIAS

SECCIÓN PRIMERA
SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO

DESPACHO ORDINARIO

Art. 193.- El secretario judicial informará al tribunal sobre el estado en que se
encuentre cada proceso; y a tal fin le dará cuenta de todo escrito y
documento que se presente. Esta información la proporcionará a más tardar
en el día hábil después de la presentación.
Especialmente se le informará, en el día hábil siguiente, de la preclusión de
los plazos procesales otorgados a las partes y del transcurso de los que se
refieren al tribunal, a los efectos de que se puedan impulsar las actuaciones
siguientes.

INTERPRETACION
Para el despacho ordinario darán cuenta los Secretarios Judiciales a la Sala, al
Ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el
mismo día de su presentación o en el siguiente día hábil.
Lo mismo hará respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la
presencia judicial.

También se dará cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos
procesales y del consiguiente estado de los autos, así como de las diligencias de
ordenación que se hubieren dictado.229

229
Librería Piñango.

Siempre que sea necesario por el volumen de asuntos pendientes, el Secretario
Judicial, previo consentimiento del Presidente o del Juez, podrá delegar la dación
de cuenta en funcionario del tribunal o Juzgado.
En los tribunales colegiados, para cada asunto será designado un Magistrado
ponente según el turno establecido para la Sala o Sección al principio del año
judicial, exclusivamente sobre la base de criterios objetivos.

La designación se hará en la primera resolución que se dicte en el proceso y se
notificará a las partes el nombre del Magistrado ponente y, en su caso, del que con
arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresión de las causas que
motiven la sustitución.
En la designación de ponente turnarán todos los Magistrados de la Sala o
Sección, incluidos los Presidentes.

IMPULSO DEL PROCESO

Art. 194.- El impulso del proceso corresponde de oficio al tribunal, que le
dará el curso y lo ordenará como legalmente corresponda. A estos efectos,
se dictarán las resoluciones que sean necesarias tanto por el personal
jurisdiccional como por el personal administrativo en el marco de las
competencias fijadas por este código.

INTERPRETACION
El proceso debe ser resuelto por una Cámara de Segunda Instancia o por la Sala
de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, se designará un Magistrado ponente
según el turno establecido por dicho tribunal. Este funcionario ponente tendrá
entre sus funciones la de impulsar u ordenar el curso del proceso, ejercer
funciones al despacho ordinario en asuntos que conozca la Cámara de Segunda

Instancia o Sala de lo Civil. La figura del Magistrado Ponente también se
encuentra en el derecho comparado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española. 230

En virtud de la facultad direccional que posee el juzgador, éste podrá suspender
de oficio el curso del proceso cuando concurran supuestos de caso fortuito o
fuerza mayor. De igual manera, se podrá suspender a instancia de parte, dado el
poder de disposición que tienen sobre el objeto del proceso. Pero solo procederá
cuando sea de mutuo acuerdo entre las partes, ni sea contrario al orden público, ni
dañe el interés general a terceros. En tal caso, el correspondiente tribunal está
obligado a dictar la correspondiente resolución, ordenando la suspensión, se
procederá al archivo provisional del proceso si ninguna de las partes pide su
reanudación. A nuestro juicio, y en virtud de la mencionada oficiosidad del
Tribunal, el Anteproyecto debería de haber dispuesto para estos casos, la
obligación de decretar de oficio el archivo definitivo de las actuaciones judiciales,
en aras del mantenimiento de la seguridad jurídica.

MAGISTRADO PRESIDENTE

Art. 195.- Cuando el proceso deba ser resuelto por un tribunal colegiado,
éste será presidido por el magistrado presidente, que será encargado de
llevar la sustanciación de los asuntos que se ventilen en el mismo.

INTERPRETACION
Se establece que es un trámite procesal en donde se dan un conjunto de
actuaciones orales que tienen lugar en la sede del Órgano Judicial y en presencia
y dirección del juez y del secretario judicial. Todo lo anterior, bajo un régimen de
publicidad y contradicción cuyo objeto es la exposición de las pretensiones de las
partes y la práctica de prueba propuesta por las mismas231

230
LEC 2000/01, Art. 180
231

FUNCIONES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE

Art. 196.- Son funciones del magistrado presidente:
1°. Ejercer las funciones relativas al despacho ordinario en los asuntos de
que conozca una Cámara de
Segunda Instancia o la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
2°. Impulsar y ordenar el curso del proceso, dictando al efecto los decretos y
demás resoluciones que legalmente procedan.
3°. Proponer la redacción de todas las resoluciones que correspondan dictar
a la Cámara de Segunda Instancia o la Sala de lo Civil, una vez debatidas por
éstas.

INTERPRETACION
El juez dirigirá el debate, recibirá juramentos, declaraciones y moderará la
discusión, mantendrá el orden de éstas y velará por que se guarde el respeto a los
que se hallen en la sala de audiencias. Esto propone evitar un proceso lento, que
solo se impulse cuando las partes lo pidan. Así lo establece el Código Procesal
Civil Tipo, en donde se estipula que el tribunal llevará la dirección de la audiencia y
dispondrá de todas las facultades disciplinarias indispensables para asegurar su
celebración.232

En los tribunales colegiados, corresponderá al Magistrado presidente:

1º. El despacho ordinario y el cuidado de la tramitación de los asuntos que le
hayan sido turnados.

2º. Examinar la proposición de medios de prueba que las partes presenten e
informar sobre su admisibilidad, pertinencia y utilidad.

232
C. P. M. I. Art. 95.

3º. Informar los recursos interpuestos contra las decisiones del tribunal.

4º. Dictar las providencias y proponer las demás resoluciones que deba dictar el
tribunal.

5º. Redactar las resoluciones que dicte el tribunal,

DISCONFORMIDAD

Art. 197.- Cuando en un tribunal colegiado, no resultare unanimidad de votos
para formar sentencia en todos los puntos que contenga, se llamará al
Magistrado suplente.
Notificadas las partes sobre quién es el magistrado llamado y presente éste,
se verá de nuevo la causa para que dicho magistrado dirima la discordia,
adhiriéndose a uno de los votos discordantes o razonados, en un plazo no
mayor de diez días; y, si en este caso no hubiere sentencia, se seguirá
llamando en discordia.
La sentencia será firmada por todos los magistrados que tomaron parte en la
deliberación del asunto, aún por el que hubiera disentido, haciéndose
constar el nombre de los que concurrieron a formarla con su voto. El
disidente deberá consignar su voto a continuación de la sentencia, con las
razones en que se funde, y será firmado por él y autorizado por el secretario.
Si por cualquier circunstancia un magistrado no quisiere o no pudiere firmar,
se dejará constancia expresa de ello.

INTERPRETACION
Cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos sobre
cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse,
volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.

Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración de
nueva vista, concurriendo los Magistrados que hubieran asistido a la primera,
aumentándose dos más, si hubiese sido impar el número de los discordantes, y
tres en el caso de haber sido par. Concurrirá para ello, en primer lugar, el
Presidente de la Sala o Sección, si no hubiere ya asistido; en segundo lugar, los
Magistrados de la misma Sala que no hayan visto el pleito; en tercer lugar, el
Presidente de la Audiencia; y, finalmente, los Magistrados de las demás Salas o
Secciones, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional, según el orden
que por la Sala de Gobierno se acuerde.

El que deba presidir la Sala compuesta según el apartado anterior hará el
señalamiento, mediante providencia, de las vistas de discordia y designaciones
oportunas.

Cuando en la votación de una resolución por la Sala prevista en el segundo
apartado de este artículo no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos
discordados, se procederá a nueva votación, sometiendo sólo a ésta los dos
pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.233

SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE OFICIO

Art. 198.- El tribunal sólo podrá suspender de oficio el curso del proceso
cuando concurra un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que así
obligue a hacerlo. El auto por el que se decida la suspensión deberá estar
especialmente motivado. La suspensión durará sólo mientras subsista la
causa que la motive.

233

INTERPRETACION
Se establece que la audiencia deberá ser suspendida o interrumpida si concurren
causas señaladas por ley, como lo son indisposiciones que puedan tener el juez o
magistrado, alguna de las partes citadas, o indisposición del abogado o de
cualquiera de las partes. Pero sea cual fuere el motivo, se deberá efectuar nuevo
señalamiento en la misma resolución que dicte la suspensión.

La diferencia entre suspensión e interrupción es que la segunda presupone la
pendencia del acto de la vista oral, el comienzo real de las sesiones de la misma
con la efectiva presencia de todos los que deban concurrir a ella legalmente para
que pueda desenvolverse con normalidad.
En virtud de la facultad direccional que posee el juzgador, éste podrá suspender
de oficio el curso del proceso cuando concurran supuestos de caso fortuito o
fuerza mayor234

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A INSTANCIA DE PARTE

Art. 199.- En el ejercicio del poder de disposición sobre el objeto del
proceso, las partes podrán solicitar de mutuo acuerdo la suspensión del
proceso, que será acordada siempre que no sea contraria al orden público,
ni suponga perjuicio para el interés general o para tercero. La suspensión se
acordará por medio de auto y no podrá ser superior a cuarenta y cinco días.
En estos casos, el proceso se reanudará en cualquier momento a solicitud
de alguna de las partes.
Transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión sin que ninguna de
las partes haya pedido la reanudación del proceso, se procederá al archivo

234
Lec España

provisional de las actuaciones, el cual se mantendrá mientras no se solicite
la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia.

INTERPRETACION
Se podrá suspender a instancia de parte, dado el poder de disposición que tienen
sobre el objeto del proceso. Pero solo procederá cuando sea de mutuo acuerdo
entre las partes, ni sea contrario al orden público, ni dañe el interés general a
terceros.

En tal caso, el correspondiente tribunal está obligado a dictar la correspondiente
resolución, ordenando la suspensión, se procederá al archivo provisional del
proceso si ninguna de las partes pide su reanudación. A nuestro juicio, y en virtud
de la mencionada oficiosidad del Tribunal, el Anteproyecto debería de haber
dispuesto para estos casos, la obligación de decretar de oficio el archivo definitivo
de las actuaciones judiciales, en aras del mantenimiento de la seguridad
jurídica.235

SECCIÓN SEGUNDA
RÉGIMEN DE LAS AUDIENCIAS

PUBLICIDAD E INMEDIACIÓN

Art. 200.- Las audiencias en los procesos regulados por este Código serán
públicas, según lo previsto en el artículo 9 y se realizarán, bajo pena de
nulidad insubsanable, en presencia del titular o titulares del juzgado o

235
Jurídicas Europa América.

tribunal colegiado, en los términos del artículo 10, sin perjuicio de lo
dispuesto en las normas especiales que establece este código.

INTERPRETACION
Las Audiencias Públicas apuntan a facilitar el efectivo acceso a la jurisdicción y al
control social sobre la actividad judicial, y permiten que el público en general y los
litigantes en particular comprendan el mejor funcionamiento de la justicia.

Que deben ser requeridas por al menos de tres de los jueces- éstos interrogarán
libremente a los abogados y a las partes sin que ello implique pre-juzgamiento. El
Tribunal decidirá en cada caso la participación de los representantes del Ministerio
Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público del Asesor
de Menores.

Las partes y quienes ellas designen tendrán prioridad para asistir a estos
encuentros, como también podrá hacerlo el público en general, según
disponibilidad de espacio y previa registración en un libro o soporte magnético que
se llevará al efecto.

Estas instancias pueden ser de tres tipos: informativas, conciliatorias u
ordenatorias. Las primeras tienen por objeto escuchar e interrogar a las partes
sobre aspectos del caso a decidir. En esas audiencias, cada parte podrá designar
un abogado para que realice un alegato cuya duración no podrá exceder de veinte
minutos.

Las segundas instan a las partes en la búsqueda de soluciones no adversariales; y
cada parte deberá llevar un resumen por escrito de sus pretensiones y defensas
actualizadas al momento de la celebración de la audiencia.

En tanto que las últimas tienden a tomar las medidas que encaucen el
procedimiento a fin de mejorar la tramitación de la causa. Cada parte deberá

presentar por escrito un resumen de su opinión sobre los puntos establecidos por
el Tribunal en el acto de la convocatoria, a los fines de ordenar el procedimiento.
236

SEÑALAMIENTO DE LAS AUDIENCIAS

Art. 201.- Las audiencias se señalarán de oficio, fijándose día y hora al efecto
cuando así corresponda conforme al estado de tramitación del proceso y por
el orden en que lleguen a ese estado.
El calendario de audiencias será llevado por el secretario judicial, previo
señalamiento del juez o magistrados. El secretario dará a conocer a las
partes las fechas de las audiencias.
Entre el señalamiento y la celebración deberá mediar un mínimo de quince
días hábiles y un máximo de veinte, salvo que se disponga otra cosa en la
ley.

INTERPRETACION
Corresponderá al Presidente, en los tribunales colegiados, o al Juez, en los
unipersonales, hacer los señalamientos de las vistas, mediante providencia.

Salvo las excepciones legalmente establecidas, los señalamientos se harán a
medida que los procedimientos lleguen a estado en que deba celebrarse una vista
y por el orden en que lleguen a ese estado, sin necesidad de que lo pidan las
237
partes.-

236
237

NUEVO SEÑALAMIENTO

Art. 202.- Si alguna de las partes, sus representantes o abogados, o alguno
de los testigos o peritos manifiesta la absoluta imposibilidad de concurrir a
la audiencia en el día y hora señalados, se podrá hacer un nuevo
señalamiento si concurren los requisitos establecidos en este artículo.
La imposibilidad se comunicará de inmediato al tribunal, justificando
debidamente las razones en que consista.
El tribunal sólo ordenará que se haga un nuevo señalamiento con la
repetición de las citaciones pertinentes, si considera que la imposición
alegada es efectiva, y sólo cuando la presencia de la persona imposibilitada
sea necesaria para el desarrollo de la audiencia.
Cuando la causa de la solicitud de nuevo señalamiento sea la coincidencia
de audiencias de uno de los abogados, tendrá preferencia la audiencia
relativa a causa penal; si no fuera ese el caso, la del señalamiento más
antiguo. Si los dos señalamientos tuvieran la misma fecha, se suspenderá la
audiencia correspondiente al procedimiento más reciente.

INTERPRETACION
Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible
asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor u otro motivo de
análoga entidad, lo manifestará de inmediato al tribunal, acreditando
cumplidamente la causa o motivo y solicitando señalamiento de nueva vista o
resolución del tribunal que atienda a la situación.

Cuando sea el abogado de una de las partes quien considerare imposible acudir a
la vista, si se considerase atendible y acreditada la situación que se alegue, el
tribunal hará nuevo señalamiento de vista.

Cuando sea la parte quien alegue la situación de imposibilidad, prevista en el
apartado primero, el tribunal, si considerase atendible y acreditada la situación que

se alegue, adoptará una de las siguientes resoluciones:

Si la vista fuese de procesos en los que la parte no esté asistida de abogado o
representada por procurador, el tribunal efectuará nuevo señalamiento.
Si la vista fuese para actuaciones en que, aun estando la parte asistida por
abogado o representada por procurador, sea necesaria la presencia personal de la
parte, el tribunal efectuará igualmente nuevo señalamiento de vista.

En particular, si la parte hubiese sido citada a la vista para responder al
interrogatorio regulado en los artículos 301 y siguientes, el tribunal efectuará nuevo
señalamiento, con las citaciones que sean procedentes. Lo mismo resolverá
cuando esté citada para interrogatorio una parte contraria a la que alegase y
acreditase la imposibilidad de asistir.238

Cuando un testigo o perito que haya sido citado a vista por el tribunal manifieste y
acredite encontrarse en la misma situación de imposibilidad expresada en el
primer apartado de este precepto, el tribunal, si acepta la excusa, decidirá, oídas
las partes en el plazo común de tres días, si deja sin efecto el señalamiento de la
vista y efectúa uno nuevo o si cita al testigo o perito para la práctica de la
actuación probatoria fuera de la vista señalada.

RÉGIMEN DE CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS

Art. 203.- Las audiencias se celebrarán en las horas hábiles de un mismo día.
Si fuere necesario, se podrán habilitar para la misma audiencia más horas
del mismo día, en una o más sesiones, así como continuarla el día o días
siguientes hasta su conclusión.

238
Carnelutti, F. (1993). Sistema de derecho procesal civil. Vol. II. Buenos Aires. Unión Tipográfica
Editorial Hispano Americana.

En el día y hora fijados para la audiencia, se constituirá ésta en la sala de
audiencias del tribunal, y se comprobará la presencia de las partes, los
abogados, los testigos, los peritos y los intérpretes que deban intervenir,
haciéndose una sucinta relación de los antecedentes del caso.
A continuación intervendrán, por su orden, el demandante y el demandado, o
el recurrente y el recurrido, por medio de sus abogados o por sí mismos
cuando la ley lo permita.
Si se hubieran admitido pruebas, se practicarán conforme al orden
establecido en las normas que regulan la actividad probatoria.
Practicada la prueba, el juez o presidente concederá de nuevo la palabra a
las partes para que concisamente aleguen lo que a su derecho convenga
sobre el resultado de las pruebas practicadas. Si no se practicó prueba,
finalizado el primer turno de intervenciones se abrirá otro para rectificar
hechos o conceptos.

INTERPRETACION
Las actuaciones del juicio se realizarán en la sede del tribunal, salvo aquellas que
por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.

Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la
sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán, cuando proceda,
mediante auxilio judicial.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán constituirse
en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las
actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración
de justicia.

También podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la
práctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en esta Ley

Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles.
Son días hábiles todos los del año, excepto los domingos, los días de fiesta
nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o
localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto.

Se entiende por horas hábiles las que median desde las ocho de la mañana a las
ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra
cosa.239

Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles
las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.

DIRECCIÓN DE LAS AUDIENCIAS

Art. 204.- El juez o presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas
necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos o
promesas y declaraciones, y moderará la discusión, impidiendo preguntas o
derivaciones impertinentes o que se separen notoriamente de las cuestiones
que se debatan, instando a quien esté en el uso de la palabra a evitar
divagaciones, aunque sin coartar por ello el ejercicio del derecho de
defensa. El juez o presidente podrá retirar la palabra a quien no siga sus
instrucciones.
El juez o presidente mantendrá el buen orden en las audiencias y velará
porque se guarde el respeto y la consideración debidos a todos los que se
hallen en la sala de audiencias, amparándolos en sus derechos, para lo cual
hará uso de las potestades de corrección y disciplina que le otorgan las
leyes.

239
Lec España

INTERPRETACION
Durante el desarrollo de las vistas, corresponde al Juez o Presidente la dirección
de los debates y, en particular:

Mantener, con todos los medios a su alcance, el buen orden en las vistas,
exigiendo que se guarde el respeto y consideración debidos a los tribunales y a
quienes se hallen actuando ante ellos, corrigiendo en el acto las faltas que se
cometan del modo que se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Agilizar el desarrollo de las vistas, a cuyo efecto llamará la atención del abogado o
de la parte que en sus intervenciones se separen notoriamente de las cuestiones
que se debatan, instándoles a evitar divagaciones innecesarias, y si no atendiesen
a la segunda advertencia que en tal sentido se les formule, podrá retirarles el uso
de la palabra.240

DOCUMENTACIÓN DE LAS AUDIENCIAS

Art. 205.- La audiencia se documentará en su integridad mediante acta
levantada por el secretario judicial, en la cual se dejará constancia de todo lo
sucedido en aquélla. Se incluirán en la misma las alegaciones y
declaraciones de las partes, así como lo que hubieran aportado los testigos
y los peritos, el resultado del reconocimiento judicial si lo hubo y los
documentos ofrecidos como prueba. En el acta se hará constar el día, lugar
y hora de la audiencia, la autoridad ante la cual se celebra, el proceso al que
corresponde, los nombres de las partes, abogados, testigos, peritos, e
intérpretes que participaron, y también los nombres de las partes que no
concurrieron, indicándose la causa de la ausencia, si se conociere, las
decisiones adoptadas y los recursos que las partes hubieren interpuesto.
Las partes podrán solicitar que se incorpore en el acta una indicación,
expresión o evento específico, así como aquello que entiendan pertinente

240
Ley de enjuiciamientos civiles de España

para asegurar la fidelidad del acta, siempre que haya sido debatido en la
audiencia.

INTERPRETACION
El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y
reproducción del sonido y de la imagen o, si no fuere posible, sólo del sonido,
conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de esta Ley. En estos casos, si el
tribunal lo considera oportuno, se unirá a los autos, en el plazo más breve posible,
una transcripción escrita de lo que hubiera quedado registrado en los soportes
correspondientes.

Las partes podrán en todo caso, solicitar a su costa una copia de los soportes en
que hubiera quedado grabada la vista.241

Si los medios de registro a que se refiere el apartado anterior no pudieran utilizarse
por cualquier causa, la vista se documentará por medio de acta realizada por el
Secretario Judicial.

DOCUMENTACIÓN POR MEDIOS AUDIOVISUALES

Art. 206.- De permitirlo la dotación material del tribunal, el desarrollo de la
audiencia se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del
sonido y de la imagen, o sólo del sonido, uniéndose a los autos el original de
la grabación y un acta donde conste el día, lugar y hora, la autoridad judicial
ante quien se celebró, el proceso al que corresponde y los nombres de las
partes y abogados, peritos, testigos e intérpretes que intervinieron.
Las partes podrán solicitar a su costa una copia de los soportes en que
hubiera quedado grabada la audiencia.

241
Ley de enjuiciamientos civiles de España

Las partes podrán proponer al Juez que se documente la audiencia por
cualquier medio técnico de grabación y reproducción de la imagen y sonido,
o sólo del sonido, debiendo indicar si una o ambas partes asumirán los
costos de tales medios. El juez accederá a tal petición si de ello resultare un
mejor desarrollo de la actividad procesal y se estará a lo dispuesto en el
inciso anterior.

INTERPRETACION
Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal
de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación,
grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte podrá acompañar
en su caso, trascripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se
trate y que resulten relevantes para el caso.

La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y
medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras
partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la
autenticidad y exactitud de lo reproducido.

El tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado 1 de este
artículo según las reglas de la sana crítica.
Se levantará la oportuna acta, donde se consignará cuanto sea necesario para la
identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones llevadas a cabo,
así como, en su caso, las justificaciones y dictámenes aportados o las pruebas
practicadas.

El tribunal podrá acordar mediante providencia que se realice una transcripción
literal de las palabras y voces filmadas o grabadas, siempre que sea de relevancia
para el caso, la cual se unirá al acta.

El material que contenga la palabra, la imagen o el sonido reproducidos habrá de

conservarse por el tribunal, con referencia a los autos del juicio, de modo que no
sufra alteraciones.

Los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos,
cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra
clase, que, por ser relevantes para el proceso, hayan sido admitidos como prueba,
serán examinados por el tribunal por los medios que la parte proponente aporte o
que el tribunal disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso
puedan, con idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su
derecho convenga.242-

REPETICIÓN DE LA AUDIENCIA

Art. 207.- Cuando quede suspendida o interrumpida una audiencia por
concurrir una de las causas legales y deba ser sustituido el juez quien
comenzó a celebrarla, se repetirá íntegramente dicha audiencia a presencia
del nuevo juez, salvo el caso de los hechos irreproducibles, de los cuales
sólo se valorará lo que conste en el expediente. Lo que también se aplicará a
los tribunales colegiados.

INTERPRETACION
Se establece que la audiencia deberá ser suspendida o interrumpida si concurren
causas señaladas por ley, como lo son indisposiciones que puedan tener el juez o
magistrado, alguna de las partes citadas, o indisposición del abogado o de
cualquiera de las partes. Pero sea cual fuere el motivo, se deberá efectuar nuevo
señalamiento en la misma resolución que dicte la suspensión. La diferencia entre
suspensión e interrupción es que la segunda presupone la pendencia del acto de
la vista oral, el comienzo real de las sesiones de la misma con la efectiva

242
Ley de enjuiciamientos civiles de España jurisprudencia

presencia de todos los que deban concurrir a ella legalmente para que pueda
desenvolverse con normalidad.

Queda establecido de igual manera que, para la realización de las audiencias se
emplearán las horas hábiles necesarias de un mismo día y se documentarán en su
integridad mediante acta levantada por el secretario del tribunal pero si la
dotación material del tribunal lo permite, el Anteproyecto establece como elemento
innovador, que se podrá documentar la audiencia por ³medios audio visuales´
cuando haya soporte apto para la grabación y reproducción del sonido e imagen
uniéndose a los actos el original de la grabación

SUSPENSIÓN DE LAS AUDIENCIAS

Art. 208.- La celebración de las audiencias en el día señalado sólo podrá
suspenderse por alguna de las causas siguientes:
1°. Por indisposición del juez o magistrado, cuando no pudiera ser
sustituido.
2°. Por causa grave que impida la comparecencia de algún sujeto procesal
que hubiera sido citado.
3°. Por causa grave comprobada que impida la asistencia del abogado de
cualquiera de las partes.
4°. Por coincidir dos audiencias simultáneas para el abogado de cualquiera
de las partes.
En todos estos casos la suspensión sólo se acordará cuando no hubiere
sido posible solicitar con antelación suficiente un nuevo señalamiento de la
audiencia.
Asimismo se suspenderá la audiencia ya señalada cuando impida su
celebración la continuación de otra inconclusa. También se podrá suspender
la celebración de una audiencia cuando lo soliciten todas las partes,
alegando justa causa a juicio del juez.

INTERPRETACION
La celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse, mediante
providencia:
Por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior.
Por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por
indisposición sobrevenida del Juez o del Secretario Judicial, si no pudiere ser
sustituido.

Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del tribunal.
Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser
interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada
suficientemente a juicio del tribunal, se hubiese producido cuando ya no fuera
posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.

Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o
paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas
suficientemente, a juicio del Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen
producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo
dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial
efectiva y no se cause indefensión.

Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos
requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión
social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los
permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social.

Por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en
distintos tribunales, resultando imposible, por el horario fijado, su asistencia a

ambos, siempre que acredite suficientemente que, al amparo del artículo 183,
intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia.

En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal con preso y, en
defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo, y si los dos
señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente
al procedimiento más moderno.

No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud para
que aquélla se acuerde se produce con más de tres días de retraso desde la
notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos
deberá acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado
señalamiento.243

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a
causa criminal con preso, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere
podido incurrir.

NUEVO SEÑALAMIENTO DE LAS AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

Art. 209.- Toda suspensión que el tribunal acuerde se comunicará
inmediatamente y por el medio más rápido a las partes personadas y a
quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o
en otra condición.
El nuevo señalamiento se hará al acordarse la suspensión, y si esto no fuera
posible, tan pronto como desaparezca el motivo que la ocasionó. Se fijará el
día más inmediato que se pueda, sin alterar el orden de los señalamientos

243

que ya estuvieran hechos. El tribunal preservará, en lo que esté a su alcance,
el cumplimiento del principio de concentración en la práctica de la prueba.

INTERPRETACION
En caso de suspensión de la vista se hará el nuevo señalamiento al acordarse la
suspensión y, si no fuere posible, tan pronto como desaparezca el motivo que la
ocasionó.

El nuevo señalamiento se hará para el día más inmediato posible, sin alterar el
orden de los que ya estuvieren hechos244.

SUSTITUCIÓN DE JUEZ O MAGISTRADO DESPUÉS DEL
SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA

Art. 210.- Si una vez efectuado el señalamiento de la audiencia se hubiera
sustituido al juez o a algún magistrado integrante del tribunal, se comunicará
tal circunstancia a las partes, antes de que se celebre aquélla, para que
puedan plantear la recusación.
Si no se plantea la recusación, se procederá a la celebración de la audiencia,
sin perjuicio del derecho a plantearla durante ésta, si se conoció con
posterioridad la causa que le da origen. En este caso, se suspenderá la
audiencia y se tramitará el incidente según lo dispuesto en este código,
debiéndose hacer el nuevo señalamiento una vez resuelta la recusación

INTERPRETACION
Cuando después de efectuado el señalamiento y antes de la celebración de la
vista hubiera cambiado el Juez o algún Magistrado integrante del tribunal, tan
luego como ello ocurra y, en todo caso, antes de darse principio a la vista, se
harán saber dichos cambios a las partes, sin perjuicio de proceder a la celebración

244

de ella, a no ser que en el acto fuese recusado, aunque sea verbalmente, el Juez o
alguno de los Magistrados que, como consecuencia del cambio, hubieren pasado a
formar parte del tribunal.

Si se formulare la recusación a que se refiere el apartado anterior, se suspenderá
la vista y se tramitará el incidente según lo dispuesto en esta Ley, haciéndose el
nuevo señalamiento una vez resuelta la recusación.245

La recusación que se formule verbalmente habrá de contener expresión sucinta de
la causa o causas y deberá formalizarse por escrito en el plazo de tres días. Si así
no se hiciere dentro de dicho plazo, no será admitida y se impondrá al recusante
una multa de 150 a 600 euros, condenándole, además, al pago de las costas
ocasionadas con la suspensión. En la misma resolución se hará el nuevo
señalamiento para la vista lo antes posible

INTERRUPCIÓN DE LAS AUDIENCIAS

Art. 211.- Iniciada la celebración de una audiencia sólo podrá interrumpirse
por alguna de las causas siguientes:
1°. Cuando sea preciso resolver una cuestión incidental que no se pueda
decidir en el acto.
2°. Cuando haya que practicar una diligencia de prueba fuera de la sede del
tribunal y no pudiera verificarse entre una y otra sesión de la audiencia.
3°. Cuando no comparezcan los testigos o los peritos citados judicialmente y
se considere imprescindible su declaración o informe.
4°. Cuando, una vez iniciada la audiencia, se produzca la indisponibilidad del
juez, de algún magistrado, de la parte o su abogado.

245
Liebman, E. (1980). Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa
América.

5°. Cuando lo soliciten todas las partes, alegando justa causa.
La audiencia se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su
interrupción, dentro de un plazo máximo de 15 días.
Si la interrupción se prolongare por más de treinta días, perderán toda
eficacia las actuaciones realizadas y se deberá celebrar una nueva
audiencia, debiéndose realizar al efecto las citaciones pertinentes y
haciendo el oportuno señalamiento para la fecha más inmediata posible.
Lo mismo se hará cuando por cualquier causa el juez o magistrado hayan
sido sustituidos durante la interrupción.

INTERPRETACION
Una vez iniciada la celebración de una vista, sólo podrá interrumpirse:

1º. Cuando el tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda
decidir en el acto.

2º. Cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del
tribunal y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión.

3º. Cuando no comparezcan los testigos o los peritos citados judicialmente y el
tribunal considere imprescindible la declaración o el informe de los mismos.

4º. Cuando, después de iniciada la vista, se produzca alguna de las circunstancias
que habrían determinado la suspensión de su celebración.

2. La vista se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su
interrupción.

3. Cuando no pueda reanudarse la vista dentro de los veinte días siguientes a su
interrupción se procederá a la celebración de nueva vista, haciéndose el oportuno
señalamiento para la fecha más inmediata posible.246

Lo mismo se hará, aunque no haya transcurrido dicho plazo, siempre que deba ser
sustituido el Juez ante el que comenzó a celebrarse la vista interrumpida y,
tratándose de tribunales colegiados, cuando la vista no pueda reanudarse con
Magistrados de los que ya actuaron en ella en número suficiente para dictar
resolución.
CAPÍTULO SEXTO
RESOLUCIONES JUDICIALES

SECCIÓN PRIMERA
CLASES Y RÉGIMEN

CLASES DE RESOLUCIONES

Art. 212.- Las resoluciones judiciales pueden ser decretos, autos y
sentencias.
Los decretos tienen por objeto el impulso y ordenación material del proceso.
Los autos son simples o definitivos. Simples, si se dictaren, entre otros
propósitos, para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, definir
cuestiones accesorias o resolver nulidades; definitivos, si le ponen fin al
proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de
recurso, o si así lo determina este código.
Las sentencias deciden el fondo del proceso en cualquier instancia o
recurso.

246

INTERPRETACION
Señala tres resoluciones judiciales: a) Los Decretos, cuyo objeto es darle impulso
y ordenación material al proceso, b) Los Autos, que los hay simples y definitivos.
Simples, si se dictaren para resolver incidentes y Definitivos, si le ponen fin al
proceso haciendo imposible su continuación en la instancia o en vía recurso y,
finalmente c) Las Sentencias que son las que deciden el proceso en el fondo en
cualquier instancia o recurso.247

Los encargados de dictar resoluciones son el juez o los magistrados que
ordenaron la actuación, a menos que según ley hayan perdido tal condición, fueren
suspendidos en sus funciones o resultaren afectados por alguna causa de
incompatibilidad.

RESPONSABILIDAD DE DICTAR RESOLUCIONES

Art. 213.- Las resoluciones se dictarán por el juez o los magistrados que
hubieren presenciado en su integridad la audiencia vinculada con el asunto

INTERPRETACION
En los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio,
la redacción y firma de la resolución, en los tribunales unipersonales, o la
deliberación y votación, en los tribunales colegiados, se realizarán,
respectivamente, por el Juez o por los Magistrados que hayan asistido a la vista o
juicio, aunque después de ésta hubieran dejado aquéllos de ejercer sus funciones
en el tribunal que conozca del asunto.

Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los Jueces y Magistrados
que, después de la vista o juicio:

247

Hubiesen perdido la condición de Juez o Magistrado.

Se aplicará, no obstante, lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo a los
Jueces y Magistrados jubilados por edad y a los Jueces sustitutos y Magistrados
suplentes que hayan cesado en el cargo por renuncia, transcurso del plazo para
el que fueron nombrados o por cumplir la edad de setenta y dos años.

Hubiesen sido suspendidos del ejercicio de sus funciones.

Hubiesen accedido a cargo público o profesión incompatible con el ejercicio de la
función jurisdiccional o pasado a la situación de excedencia voluntaria para
presentarse como candidatos a cargos de elección popular.248

IMPOSIBILIDAD DE DICTAR RESOLUCIONES

Art. 214.- No podrán dictar las resoluciones conforme al artículo anterior,
aunque hubieren asistido a la audiencia, el juez o magistrado que, conforme
a la ley, hubieran perdido dicha condición, hubiesen sido suspendidos en
sus funciones o resultaren afectados por alguna causa de incompatibilidad.
En tales casos, se tendrá que repetir la audiencia.

INTERPRETACION
En los tribunales unipersonales, cuando después de la vista se imposibilitare el
Juez que hubiere asistido a ella y no pudiere dictar la resolución ni siquiera con la
asistencia del Secretario Judicial, se celebrará nueva vista presidida por el Juez
que sustituya al impedido.

Cuando el Magistrado impedido no pudiere votar ni aun de aquel modo, se

248

decidirá el asunto por los demás Magistrados que hubieren asistido a la vista, si
compusiesen los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se procederá a
nueva vista, con asistencia de los que hubieren concurrido a la anterior y de aquel
o aquellos que deban sustituir a los impedidos, 249

Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también cuando alguno de los
Magistrados que participaron en la vista no pueda intervenir en la deliberación

FORMA

Art. 215.- En toda resolución salvo las adoptadas en audiencia, se indicará el
proceso al que se refiere, el número de expediente, el lugar, día y hora de su
pronunciamiento y el tribunal que la dicta.
La resolución deberá expresar en forma clara y precisa la decisión sobre el
objeto del proceso o sobre el punto concreto al que se refiera, con los
pronunciamientos correspondientes a todas las pretensiones de las partes.

INTERPRETACION

Se establece que, las resoluciones deberán expresar en forma clara y precisa la
decisión sobre el objeto del proceso. Cuando las cuestiones controvertidas
hubieren sido varias, se hará pronunciamiento correspondiente a cada una de
ellas, absolviendo o condenando al demandado en todo caso, indicando el recurso
que tengan derecho a ejercitar las partes y el plazo que disponen para ello y
todas, salvo los decretos, serán debidamente motivas y congruentes, dado el
derecho que goza todo ciudadano.250

249
250

MOTIVACIÓN

Art. 216.- Salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente
motivadas y contendrán en apartados separados los razonamientos fácticos
y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y, en su caso, a la
apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e
interpretación del derecho, especialmente cuando el juez se aparte del
criterio sostenido en supuesto semejante.
La motivación será completa y debe tener en cuenta todos y cada uno de los
elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerados individualmente y
en conjunto, con apego a las reglas de la sana crítica.

INTERPRETACION
La Sala de lo Constitucional ha establecido que la falta de motivación de las
resoluciones produce arbitrariedad y en ningún momento crea dentro de las
garantías del favorecido seguridad jurídica, por lo tanto, los funcionarios
encargados de impartir justicia deben ser ordenados al emitir sus resoluciones,
detallando las razones por las cuales las adoptan y fundamentando las mismas en
sus respectivas disposiciones legales.251

Es así, que el Anteproyecto expresa que toda sentencia contendrá de manera
general el encabezamiento, los antecedentes del hecho y los fundamentos de
derecho, deberán ser claras y precisas y deberán resolver sobre la pretensión y
puntos litigiosos planteados y debatidos, esto se fundamenta en el derecho a un
juez imparcial. 252

251
Sentencia de Habeas Corpus, caso 183-99/ 12 de julio de 1999.

REQUISITOS DE LA SENTENCIA. FORMA Y CONTENIDO

Art. 217.- La sentencia constará de encabezamiento, antecedentes de hecho,
fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento.
En el encabezamiento se indicará el juzgado o tribunal que dicta la
sentencia, así como a las partes, sus abogados y representantes, y se
indicará la petición que conforma el objeto del proceso.
Los antecedentes de hecho, estructurados en párrafos numerados,
expresarán en forma clara y resumida las alegaciones de cada parte, con
especial atención a los hechos alegados y a los que no hubieran sido
controvertidos; y se referirán también a las pruebas propuestas y
practicadas, así como a la declaración expresa de los hechos que se
consideran probados y de los que se consideran no probados.
Los fundamentos de derecho, igualmente estructurados en párrafos
separados y numerados, contendrán los razonamientos que han llevado a
considerar los hechos probados o no probados, describiendo las
operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas y, también
debidamente razonadas, las bases legales que sustentan los
pronunciamientos del fallo, especialmente cuando se hubiera producido
debate sobre cuestiones jurídicas, con expresión de las normas jurídicas
aplicables y, en su caso, de su interpretación. Los fundamentos de derecho
habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada unas
de las causas de pedir, así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas
necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal.
El fallo o pronunciamiento estimará o desestimará, con claridad, las
pretensiones debatidas en el proceso. En caso de que se resuelvan varias
pretensiones en la misma sentencia, cada una de ellas tendrá un
pronunciamiento separado.
Si la pretensión es pecuniaria, el juez o tribunal la determinará exactamente
en el fallo, sin que se pueda dejar su fijación para el momento de la
ejecución de la sentencia. Esta podrá también fijar, con claridad y precisión,

las bases de liquidación, dejando la determinación de la cuantía de la
condena para el trámite de ejecución, pero sólo si la liquidación se puede
realizar con simples operaciones aritméticas.
El fallo se dictará a nombre de la República y contendrá el pronunciamiento
sobre las costas.

INTERPRETACION
Es así, que el Anteproyecto expresa que toda sentencia contendrá de manera
general el encabezamiento, los antecedentes del hecho y los fundamentos de
derecho, deberán ser claras y precisas y deberán resolver sobre la pretensión y
puntos litigiosos planteados y debatidos, esto se fundamenta en el derecho a un
juez imparcial253
Igualmente, establece que las personas, sobre todo cuando se les restringen o
lesionan derechos o intereses legítimos, gozan del derecho fundamental de
obtener de los funcionarios resoluciones debidamente motivadas, con expresión
de los fundamentos de derecho y de hecho en que se sustenten, pues de lo
contrario, la resolución que carezca de tales fundamentos es arbitraria.

En armonía con lo anterior, nuestra jurisprudencia establece que, la formulación
de circunstancias o motivos para restringir el ejercicio de un derecho fundamental,
no debe reducirse a una simple cita o enumeración de los mismos, sino que es
menester que tanto los medios probatorios y los resultados obtenidos, como los
criterios valorativos empleados, etc. se recojan en la resolución.

CONGRUENCIA

Art. 218.- Las sentencias deben ser claras y precisas, y deberán resolver
sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos.

253

El juez deberá ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con
estricta correlación entre lo que se pide y lo que se resuelve. No podrá
otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el
demandado, ni cosa distinta a la solicitada por las partes.
Sin alterar la pretensión, y con respeto a los hechos alegados por las partes
como base de sus causas de pedir, el juzgador podrá emplear los
fundamentos de derecho o las normas jurídicas que considere más
adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocados por las partes.

INTERPRETACION

Se establece que, las resoluciones deberán expresar en forma clara y precisa la
decisión sobre el objeto del proceso. Cuando las cuestiones controvertidas
hubieren sido varias, se hará pronunciamiento correspondiente a cada una de
ellas, absolviendo o condenando al demandado en todo caso, indicando el recurso
que tengan derecho a ejercitar las partes y el plazo que disponen para ello y
todas, salvo los decretos, serán debidamente motivas y congruentes, dado el
derecho que goza todo ciudadano.

El gran tratadista español Aragoneses sostiene que el fundamento seria el de una
atendibilidad imparcial; Davis Echandia discrepa con la posición antes
mencionadas manifestando que la imparcialidad del funcionario mira que su
criterio no es este influido por ningún sentimiento que no sea el de la recta
aplicación de la ley, lo que puede ocurrir aunque el juez no transite por alguno de
los vicios que producen la congruencia254

254
Editorial ABC.

SENTENCIA DICTADA POR UNA CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA
O POR LA SALA DE LO CIVIL.
DELIBERACIÓN

Art. 219.- En la Sala de lo Civil y en las Cámaras de Segunda Instancia la
sentencia se dictará tras la deliberación y voto de todos los magistrados.
A los efectos de preparar de mejor manera la deliberación, los magistrados
podrán consultar y estudiar el expediente antes de la audiencia y hasta la
fecha que fije el Presidente para deliberar y votar.
La deliberación será siempre a puerta cerrada, inmediatamente después de
la audiencia o en el momento más próximo posible a su celebración y será el
Presidente quien dirija los debates.
El magistrado presidente deberá dar a conocer la propuesta de decisión y el
borrador de sentencia que la sustente.

INTERPRETACION
Establece que las personas, sobre todo cuando se les restringen o lesionan
derechos o intereses legítimos, gozan del derecho fundamental de obtener de los
funcionarios resoluciones debidamente motivadas, con expresión de los
fundamentos de derecho y de hecho en que se sustenten, pues de lo contrario, la
resolución que carezca de tales fundamentos es arbitraria.

En armonía con lo anterior, nuestra jurisprudencia establece que, la formulación de
circunstancias o motivos para restringir el ejercicio de un derecho fundamental, no
debe reducirse a una simple cita o enumeración de los mismos, sino que es
menester que tanto los medios probatorios y los resultados obtenidos, como los
criterios valorativos empleados, etc. se recojan en la resolución.

Se dice, por otra parte, que en la Sala de lo Civil y en las Cámaras de Segunda
Instancia la sentencia se dictará tras la deliberación y el voto de todos los

magistrados y las decisiones requerirán la concurrencia del voto de la mayoría de
los magistrados que integran el tribunal.255

VOTO. MAYORÍA REQUERIDA. DISCREPANCIA

Art. 220.- Concluida la deliberación se procederá a votar, comenzando por el
magistrado de nombramiento más reciente. El presidente votará en último
lugar. Las decisiones requerirán del voto unánime de los magistrados que
integran el tribunal, salvo cuando la Corte Plena conozca en casación.
Los magistrados discrepantes firmarán la sentencia que ponga fin al asunto;
pero deberán explicar su voto disidente razonándolo conforme a lo
dispuesto en este código.

INTERPRETACION
La Sala de lo Civil y en las Cámaras de Segunda Instancia la sentencia se dictará
tras la deliberación y el voto de todos los magistrados y las decisiones requerirán
la concurrencia del voto de la mayoría de los magistrados que integran el tribunal.

En los tribunales colegiados se discutirán y votarán las resoluciones
inmediatamente después de la vista, si ésta se celebrare y, en otro caso, señalará
el Presidente el día en que se hayan de discutir y votar, dentro del plazo señalado
por la Ley.

En los tribunales colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría
absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción.
En ningún caso se podrá exigir un número determinado de votos conformes que

255
Liebman, E. (1980). Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa
América.

desvirtúe la regla de la mayoría.256

VOTO DEL IMPOSIBILITADO

Art. 221.- Cuando un magistrado que asistió a la audiencia en su integridad
no pudiera concurrir a la deliberación y votación, por circunstancia
justificada que le imposibilite para ello, enviará su voto por escrito,
justificado y firmado, siempre que haya podido disponer de la información
necesaria.
Si la imposibilidad fuera tal que le impide escribir, se asistirá de notario.
Si hubiere imposibilidad absoluta de obtener el voto, se llamará al
magistrado suplente, con cuya presencia se procederá a celebrar de nuevo
la audiencia, de cuyo nombramiento se notificará a las partes para efectos
de recusación.

INTERPRETACION
Después de la vista se imposibilitare algún Magistrado, de suerte que no pueda
asistir a la discusión y votación, dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo
remitirá directamente al Presidente del tribunal. Si no pudiere escribir ni firmar, se
valdrá del Secretario del tribunal.

El voto así emitido se computará con los demás y se conservará, rubricado por el
que presida, con el libro de sentencias.

Cuando el Magistrado impedido no pudiere votar ni aun de aquel modo, se decidirá
el asunto por los demás Magistrados que hubieren asistido a la vista, si
compusiesen los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se procederá a
nueva vista, con asistencia de los que hubieren concurrido a la anterior y de aquel
o aquellos que deban sustituir a los impedidos.

256

Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también cuando alguno de los
Magistrados que participaron en la vista no pueda intervenir en la deliberación y
votación 257
SENTENCIA ORAL. SUPUESTOS

Art. 222.- El juez o tribunal podrá dictar oralmente la sentencia íntegra en los
procesos abreviados y en los procesos especiales, si lo permitiera la
complejidad fáctica y jurídica del proceso en cuestión; en los otros
procesos, anunciará verbalmente el fallo.
En el primer caso, el juez dictará in voce el fallo de la sentencia y una sucinta
motivación y preguntará a las partes si anuncian su intención de recurrirla.
Si ambas partes manifestaren su decisión de no impugnar la sentencia,
declarará su firmeza en el acto.
Si sólo se ha anunciado el fallo o si habiendo dictado sentencia íntegra
ambas partes o alguna de ellas anunciaran su intención de recurrir, el juez la
dictará luego por escrito en el plazo legal.

INTERPRETACION
Le da gran relevancia al principio de la oralidad, al grado que se establece que el
juez o tribunal podrá dictar oralmente la sentencia íntegramente en los procesos
abreviados y en los procesos especiales si lo permitiera la complejidad fáctica y
jurídica del proceso.

Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones que deban
dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el tribunal
se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose éste con expresión
del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.

Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en

257

el juicio estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y
expresaren su decisión de no recurrir, el tribunal declarará, en el mismo acto, la
firmeza de la resolución.258

Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación
de la resolución debidamente redactada

LIBRO DE SENTENCIAS

Art. 223.- En cada juzgado o tribunal será obligatorio llevar un libro de
sentencias y autos definitivos. La ordenación será por orden cronológico, y
se incluirán los votos particulares, en el caso de que los haya,
inmediatamente después de la resolución a la que se refieran.

INTERPRETACION
En cada tribunal se llevará, bajo la custodia del Secretario Judicial, un libro de
sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas, autos de igual
carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán
ordenados correlativamente según su fecha.

Las sentencias y demás resoluciones definitivas, una vez extendidas y firmadas
por el Juez o por todos los Magistrados que las hubieran dictado, serán notificadas
y archivadas en la Secretaría del tribunal, dándoseles publicidad en la forma
permitida u ordenada por la Constitución y las leyes.259

Los Secretarios Judiciales pondrán en los autos certificación literal de las
sentencias y demás resoluciones definitivas.

258
259

PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA

Art. 224.- Una vez que la sentencia o auto que pone fin al proceso haya sido
notificado efectivamente a las partes, se procederá a darles la publicidad y
difusión procedentes conforme al ordenamiento jurídico.
La Corte Suprema de Justicia será la encargada de garantizar el
conocimiento de la jurisprudencia dictada por la Sala Civil de la misma y de
los tribunales de segunda instancia.
En su caso, la publicidad y difusión se harán sin perjuicio del respeto a la
garantía de la identidad de las partes.

INTERPRETACION
Notificada la sentencia a las partes se procederá a darles la publicidad y difusión
conforme al ordenamiento jurídico, misma que será invariable juntamente con los
autos una vez firmados, no obstante el tribunal podrá efectuar las aclaraciones de
conceptos oscuros pudiendo también ser solicitado por las partes, como lo pueden
ser un enunciado gramatical que pueda predicarse de su ambigüedad o su
problemático encaje contextual por el común de los ciudadanos.260

RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA O AUTO QUE
PONE FIN AL PROCESO

Art. 225.- Las sentencias y autos definitivos son invariables una vez
firmados.
No obstante, los jueces y tribunales podrán, de oficio, en los dos días
siguientes a la notificación, efectuar las aclaraciones de conceptos oscuros
que se pongan de manifiesto y corregir los errores materiales que se
detecten.

260

Las partes podrán solicitar, en el plazo establecido en el inciso anterior, las
mismas aclaraciones y correcciones, y el juez o tribunal deberá resolver en
los dos días siguientes.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a las omisiones y
defectos que se detecten en los antecedentes de hecho o fundamentos de
derecho y cuya corrección sea imprescindible para poder proceder a la
impugnación o a la ejecución.
Los errores materiales y los puramente numéricos podrán ser corregidos en
cualquier momento del proceso, aun durante la etapa de ejecución de la
sentencia

INTERPRETACION
Expresa que podrá ocuparse la vía de la aclaración para propiciar la corrección o
rectificación de cualquier error material del que adolezcan las resoluciones
materiales. Es de hacer notar que el presente Anteproyecto atinadamente no
establece este incidente como un recurso, a diferencia del Código Procesal Civil
Tipo261, por que aquí no se busca controvertir la pretensión, sino lo que se solicita
es una simple aclaración sobre algún concepto oscuro vertido en tal resolución.
Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de
firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material
de que adolezcan.

Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio
dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a
petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo
en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la
presentación del escrito en que se solicite la aclaración.

Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las
resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento

261
C. P. M. I. Art. 214

SUBSANACIÓN DE LA OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS

Art. 226.- Cuando el juez o tribunal hubiera omitido el pronunciamiento sobre
una o más pretensiones o peticiones oportunamente introducidas en el
proceso por las partes, estará obligado a emitir el pronunciamiento que falte
sin alterar de otro modo la sentencia o auto dictado.
El pronunciamiento omitido se realizará dentro de los tres días siguientes al
dictado de la resolución si la falta se aprecia de oficio por el juez o tribunal.
Las partes podrán manifestar por escrito la omisión del pronunciamiento en
el plazo de tres días desde la recepción de la notificación de la sentencia o
auto que pone fin al proceso. El juez o tribunal resolverá lo procedente en
los tres días siguientes.

INTERPRETACION
Cuando el juez o tribunal hubiere omitido el pronunciamiento sobre una o más
pretensiones, estará obligado a emitir el pronunciamiento que falte sin alterar de
otro modo la sentencia o auto dictado para evitar vulnerar el derecho de defensa.

Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere
necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán
ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo
procedimiento establecidos en el artículo anterior.

Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y
sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de
cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha
solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará
auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o
no haber lugar a completarla.

Si el tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones a que se
refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la
fecha en que se dicta, proceder de oficio, mediante auto, a completar su
resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.262

No cabrá recurso alguno contra los autos en que se completen o se deniegue
completar las resoluciones a que se refieren los anteriores apartados de este
artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la
sentencia o auto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del tribunal.
Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, comenzarán a computarse
desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la
omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla.

SECCION SEGUNDA
EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

EFICACIA DE LOS DECRETOS

Art. 227.- Los decretos podrán ser rectificados y ampliados en cualquier
momento, por razones de forma o de fondo, siempre que no se cause
perjuicio a alguna de las partes.

INTERPRETACION
Establece que los decretos podrán rectificarse y ampliarse en cualquier momento,
por razones de forma o de fondo, si con ello no causare perjuicio a las partes. Los
autos que no ponen fin al proceso pueden ser modificados al dictarse la sentencia
y los que si lo hacen, junto con las sentencias adquirirán firmeza siempre que a) el
recurso interpuesto hubiere sido resueltas y no existiere otros ó b) cuando las

262

partes las consientan expresamente ó c) cuando dejaren transcurrir los plazos de
impugnación, sin interponer el correspondiente recurso. 263

EFICACIA DE LOS AUTOS SIMPLES

Art. 228.- Lo resuelto por los autos que no ponen fin al proceso puede ser
modificado al dictarse la sentencia, siempre que ello no importe retrotraer el
procedimiento.

INTERPRETACION
Establece que alcanzará a las pretensiones de la demanda y de la reconvención y
comprenderán todos los hechos anteriores al momento en que hubiera precluido
las alegaciones de las partes, afectándoles a éstas, a sus sucesores e incluso a
terceros si sus derechos dependan de las partes.264 En efecto, la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre este punto, de manera más precisa señala que lo
resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firma que haya puesto fin a un
proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando éste aparezca como
antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos
procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición
legal265.

FIRMEZA DE LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS

Art. 229- Los autos definitivos y las sentencias adquieren firmeza en los
siguientes casos:
1°. Cuando los recursos interpuestos hubieran sido resueltos y no existieren
otros disponibles en el caso.

263

264
265
LEC 2000/01, Art. 222.5.

2°. Cuando las partes los consintieran expresamente.
3°. Cuando se hubiera dejado que transcurriera el plazo de impugnación sin
interponer el correspondiente recurso.

INTERPRETACION
Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que
decidan los recursos interpuestos frente a ellas.

Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no
preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente
fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado.

Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del
proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.
Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla
impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el
tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella.266

COSA JUZGADA

Art. 230.- La cosa juzgada se extiende a las pretensiones de la demanda y de
la reconvención y comprenderá todos los hechos anteriores al momento en
que hubieran precluído las alegaciones de las partes.
La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus
sucesores; y se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de
los de las partes, si hubieran sido citados a raíz de la demanda.

266
Europa América

INTERPRETACION
La denominación cosa juzgada se aplica tanto al objeto del proceso que ya ha sido
juzgado como el efecto que produce la sentencia firme que resolvió sobre dicho
objetos, por ello no puede volver a discutirse; su fundamento es la seguridad
jurídica que persigue que las resoluciones jurídico materiales no se encuentren
sujetas a permanente discusión, lo que se sigue estableciendo un momento final a
toda discusión a partir del cual esta es irrevocable.
No debe haber sido objeto de otro proceso previo. La cosa juzgada seria desde
estas perspectivas un objeto procesal que ya ha sido juzgado y por ello no es
susceptible de ser juzgado de nuevo.
Para que el proceso pueda desenvolverse en condiciones de validez y eficacia
debe responder a ciertas condiciones o requisitos de las partes, órganos
jurisdiccionales objeto del proceso y actividad procesal
.
La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias,
excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del
proceso en que aquélla se produjo.267

La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.
Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las
referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de
alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

EFECTO DE LA COSA JUZGADA EN OTRO PROCESO

Art. 231.- La cosa juzgada impedirá, conforme a la ley, un ulterior proceso
entre las mismas partes sobre la misma pretensión.

267
Morello, A. (2001). La eficacia del proceso. (2ª.ed.). Buenos Aires. Hammurabi

Sin embargo los pronunciamientos que han pasado en autoridad de cosa
juzgada vincularán al tribunal de un proceso posterior cuando en éste
aparezcan como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que las
partes de ambos procesos sean las mismas o la cosa juzgada se haya de
extender a ellas por disposición legal.

INTERPRETACION
Se establece que la cosa juzgada tendrá los efectos de excluir un ulterior proceso
entre las mismas partes siempre que versare sobre la misma pretensión. Esto,
debido a que lo ya resuelto mediante una resolución judicial con fuerza de cosa
juzgada impone una prohibición de poder desarrollar un nuevo proceso entre las
mismas partes contendientes y sobre la misma cuestión. Ya que, un nuevo
proceso jurídicamente idéntico al anterior que de ser llevado a cabo en su
integridad, podría desembocar en una declaración judicial contradictoria con la
resolución firme.
as sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán
a todos los socios, aunque no hubieren litigado.268

Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin
a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste
aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los
litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a
ellos por disposición legal.

268

CAPÍTULO SÉPTIMO
NULIDAD DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD

Art. 232.- Los actos procesales serán nulos sólo cuando así lo establezca
expresamente la ley. No obstante, deberán declararse nulos en los
siguientes casos:
a) Si se producen ante o por un tribunal que carece de jurisdicción o
competencia que no pueda prorrogarse.
b) Si se realizan bajo violencia o intimidación o mediante la comisión de un
acto delictivo.
c) Si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de
defensa.

INTERPRETACION
Solo pueden invocarse las causales establecidas en la ley. Estas causales
aplicarán cuando se dé la falta de jurisdicción o competencia que no pudiere
prorrogarse, o cuando se realicen con violencia o intimidación o mediante la
comisión de hecho delictivo. Finalmente, procederá a ser nula una resolución
cuando se infrinjan derechos constitucionales de audiencia y de defensa.

En virtud del principio de especificidad, la circunstancia que puede acarrear la
invalidez debe aparecer expresamente señalada por la Ley, y en cuanto a la
prueba testimonial, ésta determina que el vicio que puede producir nulidad es la
falta de citación de las partes, ya que si se omitiera tal cita, o no se verificare
conforme a los requisitos de ley, se estaría privando a las partes de una
oportunidad procesal de defensa.269

269
Europa América

Al respecto el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, dispone que ³la
falta de citación, emplazamiento y notificaciones para los actos en que la ley los
requiere expresamente, produce nulidad respecto de la parte que no ha sido
citada, emplazada o notificada´. En cuyo mérito, nuestra Ley considera que la falta
de citación de las partes o la citación viciada, puede producir la invalidez de un
acto. (Sentencia del día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y
siete. 45-V-96

Las formalidades de la notificación no constituyen meros formalismos, sino
garantías a favor del contribuyente que no pueden ser obviadas por la
Administración.

Los actos procesales están regidos por el principio de especificidad, según el cual
para que un acto sea nulo es necesario que la ley lo declare expresa o
implícitamente y que en el caso de impuestos y su procedimiento no existe tal
principio.
PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA

Art. 233.- La declaratoria de nulidad no procede, aun en los casos previstos
en la ley, si el acto, aunque viciado ha logrado el fin al que estaba destinado,
salvo que ello hubiere generado la indefensión a cualquiera de las partes.
INTERPRETACION
El principio Saneador se impone sobre cuestiones no relativas al mérito o al fondo,
tanto para los presupuestos procesales, como también para los que muchos
conocen como presupuestos materiales para la sentencia de fondo. En dicho
contexto, la nulidad procesal se gestaría de los errores in procedendo y no in
iudicando, no requiriéndose de un fallo formal como la sentencia inhibitoria para
los presupuestos materiales. La nulidad procesal busca la protección por vía de
negativa de los requisitos de forma, y sólo desde ésta aproximación es posible
explicar coherentemente la teoría desarrollada sobre dicha sanción procesal; por
esto debe asumirse una posición clara en búsqueda de una perspectiva holística

que integre la teoría de los presupuestos procesales y sobre las formas
procesales con la teoría de las nulidades procesales. Se hace necesario
salvaguardar los requisitos formales de errores in procedendo para lograr eficacia
y validez, en pro de la seguridad misma del ordenamiento jurídico. Dichos
requisitos de forma se circunscriben al ámbito de ser legisladas, no pudiendo
dejarse la teoría de los presupuestos procesales y formas procesales al mero
capricho de las partes o al arbitrio judicial. Pero jamás la nulidad ha de tener por
función salvar la forma por la forma, sino los fines determinados a ella por ley.270

A pesar de que declaratoria de nulidad de la resolución esté viciada, pero si a
pesar de ello lograre el fin deseado al que estaba destinado, será catalogada
como válida, a menos que se halla generado indefensión a las partes.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN

Art. 234.- La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que
hubieren independientes de aquél cuyo contenido no pudiere haber sido
distinto, en caso de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la
nulidad.
La nulidad de una parte de un acto no afectará a las demás del mismo acto
que sean independientes de aquélla.

INTERPRETACION
La doctrina considera innegable la existencia del principio de la conservación de
los actos jurídicos, de modo que resulta del todo pertinente indagar por las
manifestaciones que del pretendido principio se encuentran en los instrumento, en
cuanto a su efectividad y seguridad, aunque en realidad la naturaleza principal, es

270

plenamente discutible, puede reconocerse en el ordenamiento jurídico una
tendencia mas o menos general hacia la efectividad o eficacia de la disposición 271

En aras de darle cumplimiento al principio de la economía procesal, el texto del
Anteproyecto establece que las nulidades tienen la calidad de saneables, lo cual
se produce en virtud de la convalidación, y cualquiera que fuere que el motivo de
subsanación, producida la convalidación, conserva su validez la actuación viciada,
por tanto, el juzgador puede continuar tramitando el proceso como si nada hubiere
sucedido

DENUNCIA DE NULIDAD

Art. 235.- Cuando la ley expresamente califique de insubsanable una nulidad,
ésta podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado
del proceso.
Si la nulidad fuere calificada como subsanable, la misma sólo podrá ser
declarada a petición de la parte que ha sufrido perjuicio por el vicio

INTERPRETACION
La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos
procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar
su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos
establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.

Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de
que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no

271

proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de
todas las actuaciones o de alguna en particular.272

En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una
nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que
apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese
producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

CONVALIDACIÓN DEL ACTO VICIADO

Art. 236.- Si se tratare de nulidad subsanable, la parte afectada podrá
convalidar el acto viciado, expresa o tácitamente.
Existe convalidación tácita cuando la parte afectada no denuncia el vicio en
el plazo de cinco días hábiles luego del conocimiento del acto viciado.

INTERPRETACION
La nulidad también podrá ser parcial si solo se limita a un acto determinado, cuyos
efectos no extienden a otros. Así lo establece el texto del Anteproyecto, al decir
que si el vicio no afecte la totalidad de una actuación procesal se declarará la
nulidad, afectando únicamente a lo que alcance. Si la ley califica de insubsanable
una nulidad, ésta podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en cualquier
estado del proceso y el acto no podrá subsanarse. 273
El tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los
actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese
manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley.

VÍA PROCESAL PARA LA DENUNCIA DE NULIDAD

272
Europa América

273
Chiovenda, G. (1940). Instituciones de derecho procesal civil. Vol. II. Madrid. Editorial Revista
de Derecho Privado.

Art. 237.- La nulidad subsanable que afecta a la admisión de la demanda se
debe reclamar al contestar la misma.
La nulidad subsanable que afecta a las resoluciones dictadas en el
desarrollo del proceso o a otros actos procesales, deberá denunciarse en el
plazo de cinco días posteriores al conocimiento fehaciente del acto y se
resolverá previa audiencia por cinco días a la parte contraria.
Si se estimare que la denuncia y declaración de nulidad hacen imposible el
aprovechamiento de los actos procesales posteriores se acordará que el
proceso se retrotraiga al estado en que se encontraba en el momento de
incurrirse en el vicio.
Cuando la denuncia fuera desestimada, será condenado en costas el que la
hubiera planteado, pero se podrá introducir nuevamente por medio de los
recursos que existieren contra la resolución definitiva.

INTERPRETACION
Corresponde a los Secretarios Judiciales dictar las diligencias de ordenación, a
través de las cuales se dará a los autos el curso que la ley establezca.

Las diligencias de ordenación se limitarán a la expresión de lo que se disponga
con el nombre del Secretario Judicial que las dicte, la fecha y la firma de aquél.274

DECLARATORIA DE NULIDAD EN RECURSO

Art. 238.- El tribunal al que le toque pronunciarse sobre un recurso deberá
observar si se ha hecho valer en el escrito de interposición la nulidad de la
sentencia o de actos de desarrollo del proceso, o si se ha incurrido en
alguna nulidad insubsanable.

274
L ey de enjuiciamiento civil de España jurisprudencia

Si se hubiera denunciado nulidad, el tribunal que decida el recurso deberá
pronunciarse inicialmente sobre la misma, y sólo en caso de desestimarse
entrará a resolver sobre otros agravios alegados por el recurrente.
Si se estimare la denuncia de nulidad y su declaración hiciere imposible el
aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se acordará que el
proceso se retrotraiga al estado en que se encontraba en el momento de
incurrirse en el vicio.

INTERPRETACION
No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin
embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo
podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en
defectos de forma que hayan causado indefensión, siempre que, por el momento
en que se produjeron, no hubiera sido posible denunciar esos defectos antes de
recaer resolución que ponga fin al proceso y que ésta no sea susceptible de
recurso ordinario ni extraordinario.
Será competente para conocer de este incidente el mismo tribunal que dictó la
sentencia o resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la
nulidad será de veinte días, desde la notificación de la sentencia, la resolución o,
en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de
indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de
actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la
sentencia o resolución.275
Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que
se refiere el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la
ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se
acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera
perder su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los
documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en
que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días

275

podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los
documentos que se estimen pertinentes.
Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente
anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente
establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará, por medio de
auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el tribunal
entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de 90 a
600 euros. Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno.

Clases de Procesos Declarativos

Art. 239.- Toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles o mercantiles, y
que no tenga señalada por la ley una tramitación especial, será decidida en el proceso
declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto
litigioso.
Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía sólo se
aplicarán en defecto de norma por razón de la materia.

Pertenecen a la clase de los procesos declarativos:

y El proceso común.

y El proceso abreviado.
INTERPRETACION:
276
Los procesos declarativos también llamados de conocimientos o de cognición.
La razón de que existan varios procesos de conocimiento, lo es debido a que no
todos los asuntos que se someten a un juicio de conocimiento o declarativo, son
de la misma trascendencia económica o jurídica, a si la trascendencia jurídica de
un pretensión de nulidad de un testamento o de un acto de derecho privada, no es
276
apuntes del derecho procesal civil II, WILLIAM ERNESTO ZETINO, 2006 PAG. 116-128.
MANRESA ALARCON, cuaderno de derecho judicial 1995, PAG 69-119

la misma que la de terminación de un contrato de arrendamiento; En tal sentido, al
legislador le pareció bien que los asuntos de menor trascendencia fueran resueltos
en tramites abreviados y en el actual código de procedimientos civiles se deriva
los juicios verbales y el sumario, y de los de mayor trascendencia económica o de
mayor relevancia jurídica el juicio ordinario.
Ahora bien considero pertinente retomar la regulación del actual código de
procedimientos civiles en lo relativo a los procesos regulado en el artículo 127 que
en su tenor literal dice: Toda acción entre partes sobre la reclamación de un
derecho que no deba decidirse sumariamente y que no tenga trámites especiales
señalados por la ley, se ventilará en juicio ordinario de hecho o de derecho, según
su naturaleza. Nótese que en dicho artículo se regulan tres tipos de proceso
sumarios, los juicios que no tienen trámite especial señalado y los juicios
ordinarios; como también se derivan los juicios verbales que por su naturaleza son
sumarísimos art 472, juicios sumarios art, 512, y los sumarios que no tengan
tramite señalado art 974 ss. A hora bien en el nuevo código de procedimientos
civiles regula en el Título I del Libro II; dos procesos declarativos ordinarios, que
son los que están enumerados en el artículo 239; El juicio ordinario y el juicio
abreviado. De acuerdo con lo que se establece en dicho artículo, todas las
contiendas judiciales que no tengan señalada por la ley una tramitación específica,
serán ventiladas y decididas por uno de estos dos procesos ordinarios. Es decir
La sustitución de los cuatro juicios declarativos ordinarios de mayor cuantía, menor
cuantía, cognición y verbal, que existían en la legislación anterior, por dos únicos
juicios declarativos ordinarios denominados juicio ordinario y ³juicio abreviado´
reservándose este último para aquellos litigios caracterizados, en primer lugar, por
la singular simplicidad de lo controvertido y, en segundo término, por su pequeño
interés económico.

AMBITO DEL PROCESO COMUN.

Art. 240.- Se decidirán por los trámites del proceso común, cualquiera que
Sea su cuantía:

Las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial,
Propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente
Sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el
Procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.

Se decidirán también en el proceso común las demandas cuya cuantía
Supere los veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de los
Estados Unidos de América, y aquellas cuyo interés económico resulte
Imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

INTERPRETACION (Ámbito del juicio ordinario):

277
El nuevo código de procedimientos civiles como anteriormente se ha dicho;
utiliza dos criterios para decidir qué materias jurídicas, o conflictos jurídicos, se
resolverán a través de los trámites del juicio ordinario y cuáles otras se decidirán a
través de los trámites del juicio abreviado: El conflicto objetivo y el de la cuantía.
Desde el punto de vista objetivo, a través del juicio ordinario se conocerán las
demandas que tengan por objeto cualquier conflicto sobre derechos honoríficos de
la persona; las relativas a la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución, como son el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, o
cualquier otro salvo el derecho de rectificación; las relativas a la impugnación de
los acuerdos tomados por los órganos societarios de entidades mercantiles o por
la asamblea de obligacionistas; las relativas a los conflictos en materia de
competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad,

277
comentarios a ley de enjuiciamiento civil PAG 631-632.

siempre que el conflicto no sea de mera reclamación de cantidad, en cuyo caso se
tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que
se reclame; las relativas a las acciones que se ejerciten en virtud de las
condiciones generales de la contratación; las relativas a arrendamientos urbanos o
rústicos, con excepción de las demandas de desahucio por falta de pago o por
extinción del plazo de la relación arrendaticia; las demandas ejercitando la acción
de retracto; y las relativas a los derechos de los propietarios, con excepción de
aquellas demandas que versen exclusivamente sobre reclamación de cantidad, a
las que se aplicará el criterio de la cuantía.
Junto al criterio objetivo, la asigna al juicio ordinario cualquier otro conflicto jurídico
siempre que la demanda tenga una cuantía que exceda de veinticinco mil colones
o ésta sea inestimable, al no poderse calcular ni siquiera de modo relativo o de
forma aproximada.

ÁMBITO DEL PROCESO ABREVIADO

Art. 241.- Se decidirán por los trámites del proceso abreviado las demandas
cuya cuantía no supere los veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de
los Estados Unidos de América.
Además, se decidirán por este trámite, cualquiera que sea su cuantía:

1°) Las demandas de liquidación de daños y perjuicios.

2°) Las demandas de oposición a la reposición judicial de títulos valores.

3°) Las demandas relativas a la disolución y liquidación judicial de una
sociedad

4°) Las demandas de nulidad de sociedades.

INTERPRETACION:
278
Como anteriormente se menciono que el procedimiento común se

aplicaría para aquellas reclamaciones superiores a veinte mil colones según

lo expresa el artículo 234 del nuevo código, o aquellas en las que no sea

posible determinar ni siquiera de modo relativo el interés económico;

dejando como ámbito de aplicación al procedimiento abreviado aquellas

pretensiones en cuyo elemento objetivo se reclame un monto inferior a los

veinte mil colones; cabe mencionar que según el Anteproyecto, las normas

de la clase de proceso por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto

de norma por razón de la materia.

Ahora bien es menester mencionar que el procedimiento abreviado se

ventilan los procesos sumarios y sumarísimos que se regulan en el actual

código de procedimientos civiles; podemos citar como ejemplo las

demandas relativas a liquidación de daños y perjuicios si bien es cierto en el

actual código este juicio se ventilaría en un juicio sumario (art. 960 pr.c.)

en el nuevo código este juicio se ventilaran en el proceso abreviado.

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA PRETENSIÓN.

Art. 242.- El valor de la pretensión se fijará según el interés económico de la
demanda, que se calculará de acuerdo con los criterios siguientes:

278
WILLIAN ZETINO URBINA PRINCIPIO Y ASPECTOS FUNDAMENTALES CLASIFICACION
DE LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL, EL JUICIO ORDINARIO 2006.

1º) Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda
estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma
relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada.

2º) Cuando el proceso tenga por objeto dar bienes muebles o inmuebles, se estará
al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los
precios corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma
clase, con independencia de que la reclamación se base en derechos reales o en
derechos personales.

3º) En los procesos sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean
temporales o vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad
multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación fuera inferior a un año,
en cuyo caso se estará al importe total de la misma.

4º) En los procesos que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título
obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero
a plazos. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo
objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un
derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este
artículo.

5º) Cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía
equivaldrá al coste de aquello cuya realización se determine, o en el importe de
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sin que en tal caso sean
acumulables ambas cantidades, salvo si además de determinarse el
c umplimiento se pretendiera también la indemnización. El cálculo de los daños y
perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea
personalísima o consista en un no hacer, aún si lo que se pretende con carácter
principal es el cumplimiento.

6º) Cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación se
tomará en cuenta, como cuantía, la suma de los importes reclamados, salvo si
se ha pedido en la demanda declaración expresa sobre la validez o eficacia de
la obligación, en cuyo caso se estará al valor total de la misma. Si el importe de
alguno de los plazos no fuera cierto, se excluirá éste del cómputo de la cuantía.

INTERPRETACION: ( REGLA GENERAL)

279
Si se reclama una cantidad de dinero indeterminada, la cuantía de la demanda
estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma
relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada.

Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o
inmuebles, con independencia de que la reclamación se base en derechos reales
o personales, se estará al valor de los mismos al tiempo de interponerse la
demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado o en la contratación
de bienes de la misma.

Para este cálculo podrá servirse el actor de cualesquiera valoraciones oficiales
de los bienes litigiosos, si no es posible determinar el valor por otros medios, sin
que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al último que se haya
asignado.
La regla anterior de cálculo se aplicara también:

1. A las demandas dirigidas a garantizar el disfrute de las facultades que
derivan del dominio.
2. A las demandas que afecten a la validez, nulidad o eficacia del título del
dominio, así como a la existencia o a la extensión del dominio mismo.
3. A aquellas otras peticiones, distintas de las establecidas en los dos casos
anteriores, en que la satisfacción de la pretensión dependa de que se
acredite por el demandante la condición de dueño.
y A las demandas basadas en el derecho de adquirir la propiedad de
un bien o conjunto de bienes, ya sea por poseer un derecho de
crédito que así lo reconoce ya se ha por cualquiera de los dos
modos de adquirir la propiedad o por el derecho de retracto, de
tanteo o de opción de compra; cuando el bien se reclame como
objeto de una compraventa, tiene preferencia como criterio de
valoración el precio pactado en el contrato, siempre que no sea
inferior en el caso de los inmuebles a su valor catastral.
y cuando el proceso verse sobre la posesión, y no se ha aplicable otra
regla de este articulo.
y A las acciones de deslinde, amojonamiento y división de la cosa
común.
4. En los casos en que la reclamación verse sobre usufructo o la nuda

279
DERECHO PROCESAL CIVIL, ESPAÑOL, ENCICLOPEDIA LIBRE.

propiedad, el uso, la habitación, el aprovechamiento por turnos u otro
derecho real limitativo no sujeto a reglas especiales, el valor de la
demanda se fijara atendiendo a la base imponible tributaria sobre la que
gire el impuesto para la constitución o transmisión de estos derechos.
5. el valor de una demanda relativa a una servidumbre será el precio
satisfecho por su constitución. En otro caso se estimara por la regla
general establecida para fijar el precio de su constitución al tiempo del
litigio, cualquiera que haya sido el modo de adquirirla y a falta de ella se
considerara como cuantía la vigésima parte del valor de los predios
dominantes y sirviente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla
segunda de este artículo sobre bienes muebles e inmuebles.
6. En las demandas relativas a la existencia, inexistencia, validez o eficacia
de un derecho real de garantia, el valor será el importe de las sumas
garantizadas por todos los conceptos.
7. En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo los que tienen por
objeto la reclamación de una renta vencida, la cuantía de la demanda
será el importe de una anualidad de venta, cualesquiera que sea la
periodicidad con que esta aparezca, fijada en el contrato. No obstante
cuando se reclame la posesión del bien arrendado se estará en lo
dispuesto por regla tercera de este artículo.
8. En aquellos casos en que la demanda verse sobre valores negociados en
bolsa, la cuantía vendrá determinada por la medida del cambio medio
ponderado de los mismos, determinado por la legislación aplicable
durante el año anterior a la fecha de interposición de la demanda o por la
media del cambio medio ponderado de los valores durante el periodo en
que estos se hubieran negociado en bolsa, cuando dicho periodo fuera
inferior al año.
9. cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía
consistirá en el coste de aquellos cuya realización se inste o en el
importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sin que
en este caso sean acumulables ambas cantidades, salvo si además de
instarse el cumplimiento se pretende también la indemnización. El
importe o cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta
cuando la prestación sea personalísima o consista en un no hacer, y ello
incluso si lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento.

10 En los pleitos relativos a una herencia o a conjunto de masas
patrimoniales o patrimonios separados, se aplicaran las reglas anteriores
respecto de los bienes, derechos o créditos que figuren comprendidos en
la herencia o en el patrimonio objeto del litigio.

DETERMINACIÓN DEL VALOR EN CASO DE ACUMULACIÓN.

Art. 243.- Cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones principales,
la cuantía de la demanda vendrá determinada por la suma de todas ellas, salvo
que las pretensiones estén acumuladas de forma eventual, en cuyo caso se
determinará atendiendo a la de mayor valor.

Si con la pretensión principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o
daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de
todas las pretensiones acumuladas. Para la fijación del valor no se tomarán
en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos.

Cuando en una misma demanda se acumulen varias pretensiones reales referidas
a un mismo bien mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá ser superior al
valor de la cosa litigiosa.

y INTERPRETACION: (REGLA ESPECIAL).

PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS OPARTES.

En los supuestos de que en el proceso exista pluralidad de objetos o de partes; la
ley de enjuiciamiento civil dicta las siguientes reglas:
y Cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no
provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá
determinada por la cuantía de la acción de mayor valor. Idéntico criterio se
seguirá para el caso de que las acciones estén acumuladas de forma
eventual.
y si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con las acciones
principales se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y
perjuicios, la cuantía tendrá determinada por la suma del valor de todas las
acciones acumuladas. Pero si el importe de cualquiera de las acciones no
fuera cierto y liquido solo se tomara en cuenta el valor de las acciones cuyo
importe si lo fuera.
Para la fijación del valor no se tomara en cuenta los frutos, intereses o

rentas por correr, sino solo los vencidos, tampoco se tomara en cuenta la
petición de condena en costas.
y cuando en una misma demanda se acumulen varias acciones reales
referidas a un mismo bien mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá ser
mayor al valor de la cosa litigiosa.
y cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación se
tomara en cuenta como cuantía de la suma de los importes reclamados,
salvo que se pidan en la demanda declaración expresa sobre la validez o
eficacia de la obligación, en que se estará al valor total de la misma. si el
importe de alguno de los plazos no fuera cierto se excluirá este del computo
de la cuantía.
y no afectara a la cuantía de la demanda o a la clase de juicio a seguir por
razón de la cuantía, la reconvención ni la acumulación de autos.
y la concurrencia de varios demandantes o de varios demandados en una
misma demanda en nada afectara a la determinación de la cuantía cuando
la petición sea la misma para todos ellos. Lo mismo ocurrirá cuando los
demandantes o demandados le sean en virtud de vínculos de solidaridad
y en caso de ampliación de la demanda, se estará también a lo ordenado en
las reglas anteriores.

CARÁCTER DE LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO ADECUADO.

Art. 244.- Las normas referentes a la clase de proceso en el que habrá
de sustanciarse una pretensión tienen carácter imperativo y podrán ser
consideradas de oficio por el juez, pero no procederá la declaración de nulidad
cuando se hubiera tramitado según el procedimiento común. Si se considerase que
el proceso determinado por el demandante no corresponde al valor señalado o a la
materia a la que se refiere la demanda, el juez dará al asunto la tramitación que
corresponda.

El demandante expresará en su escrito inicial, con la justificación del caso, la
cuantía de la demanda, y podrá hacerlo en forma relativa, si justifica debidamente
que el interés económico al menos iguala la cuantía mínima correspondiente al
proceso común, o que no rebasa la máxima del abreviado.

La alteración del valor de los bienes que sea posterior a la interposición de la
demanda no implicará la modificación de la cuantía ni la de la clase de proceso.

INTERPRETACION:

EXPRESION DE LA CUANTIA.

Dispone el artículo la LEC, criterio que comparte nuestro nuevo código de
procedimientos civiles 244 del nuevo código de procedimientos civiles; que
el actor deberá expresar justificadamente en su escrito inicial la cuantía de
la demanda, conforme a la regla de los artículos antes mencionados,
cuando de ella dependa la competencia objetiva o la clase de juicio a seguir.
Puede suceder que, después de presentada la demanda se produzca una
alteración del valor de los bienes objeto del litigio. Si ocurriere, ello no
implica la modificación de la cuantía ni de la clase de juicio.
Ordena la ley que la cuantía se exprese con claridad y precisión, pero
permite su indicación en forma relativa, si el actor justifica debidamente que
el interés económico en juego en el proceso al menos iguala a la cuantía
mínima del juicio ordinario o que no rebasa la máxima del juicio abreviado.
Lo que no permite es que el actor se limite a indicar la clase de juicio a
seguir, ni que haga recaer en el demandado la carga de determinar la
cuantía.
Si el actor no pudiese determinar la cuantía ni siquiera en forma relativa. Po
carecer por carecer el objeto de interés económico, por no poderse calcular
dicho interés conforme a ninguna de las reglas de cálculo aplicable no se
pudiera determinar de la cuantía, o porque aun existiendo regla de cálculo
aplicable no se pueda determinar aquella al momento de determinar aquella

al momento de interponer la demanda esta se sustanciara conforme a los
causes del juicio ordinario.

CONTROL DE OFICIO DE LA CLASE DE JUICIO POR RAZON DE LA
CUANTIA.

Manda la ley que el órgano jurisdiccional de inicialmente al juicio la
tramitación que haya indicado el actor en su demanda, no obstante, si a la
vista de las alegaciones del demandante, advirtiere ante el juicio elegido no
corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda,
mediante providencia dará al asunto la tramitación que corresponda sin
quedar vinculado por el tipo de juicio solicitado en la demanda.
Si en contra de lo señalado por el actor, el juez considera que la demanda
es de cuantía inestimable o no determinable ni aun en forma relativa y que
por tanto no procede seguir los causes del juicio abreviado, deberá también
mediante providencia dar de oficio al asunto la tramitación del juicio
ordinario, la ley faculta al juez para corregir de oficio los errores aritméticos
del actor en la determinación de la cuantía y también los consistentes en la
selección defectuosa de la regla legal de su cálculo, si en la demanda
existieran elementos facticos suficientes como para poder determinarla
correctamente a través de simples operaciones matemáticas. Una vez
calculada adecuadamente la cuantía, dará al proceso el curso que
corresponda.

IMPUGNACIÓN DE LA CLASE DE PROCESO Y DE LA CUANTÍA.

Art. 245.- El demandado podrá impugnar la clase de proceso que hubiera
planteado el demandante cuando entienda que, de haberse determinado aquélla
en forma correcta, el proceso sería diferente, porque deba tramitarse como un
proceso especial o como otro declarativo, por razón de la materia o de la cuantía.
En el proceso común se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de
la cuantía en la contestación de la demanda, y la cuestión será resuelta en la

En el proceso abreviado, el demandado impugnará la cuantía o la clase de
proceso en la audiencia, y el juez resolverá la cuestión en el acto, oído el
demandante y antes de entrar en el fondo del asunto.

INTERPRETACION.

Naturalmente, el demandado no tiene por que aquietarse a la cuantía
litigiosa señalada por el actor, sino que pueda impugnarla cuando entienda
que, de haberse determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir
seria otro.
En el juicio ordinario, la cuantía puede impugnarse en la contestación a la
demanda, resolviéndose la cuestión en la audiencia previa al juicio. En el
juicio abreviado es la vista el momento procesal adecuado para la
impugnación de la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía
resolviendo el juez en el acto, antes de entrar en el fondo del asunto y
previo trámite de audiencia del actor

EL ACTO DE CONCILIACIÓN.

Competencia:

Art. 246.- Antes de promover un proceso, y con el objeto de evitarlo, las partes
podrán intentar la conciliación. Dichos actos tendrán lugar ante el juzgado de paz
competente, conforme a las reglas generales establecidas en este código.

INTERPRETACION:
Junto a la autodefensa y la heterocomposición, aparece como medio de resolución
de conflictos la autocomposición, mediante la cual son las propias partes quienes
ponen fin al litigio, haciendo dejación total o parcial de las respectivas posiciones
iniciales, a través del desistimiento o renuncia, del allanamiento o de la

transacción. El hecho de que sean los sujetos en conflicto quienes los solventen
no obsta para la intervención de un tercero llamado a cooperar en la solución,
claro es que sin imponerla, es decir, situado ³inter partes´ y no ³supra partes´. En
este ámbito se inscribe el acto de conciliación, como actividad desarrollada por las
partes en un litigio en materia civil ante el juez con carácter previo al proceso.
La conciliación se entiende como un acto preliminar a la demanda; porque antes
de la presentación de la demanda el interesado suele realizar gestiones
encaminadas a resolver por vía amistosa el diferendo, causa de la posible
contienda. A veces ante la necesidad de agotar las posibilidades de arreglo o
solución de la contienda sin que sea menester que se acuda a los órganos
jurisdiccionales.

MATERIAS EXCLUIDAS DE LA CONCILIACIÓN.

Art. 247.- No podrá intentarse la conciliación respecto de las materias que den
origen a:

1º). Los procesos en que estén interesados el Estado y las demás
administraciones públicas, así como corporaciones o
instituciones de igual naturaleza. También quedan
exceptuados aquellos procesos en los que, siendo parte el
Estado, intervenga junto a éste personas privadas, como
parte principal o coadyuvante.

2º) Los procesos en que estén interesados los incapaces.

3º). En general, los procesos que no pueda ser objeto de dicho
trámite, por así establecerlo la ley, y los que se promuevan
sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso.

INTERPRETACION:

Prohibiciones: De todas formas, no siempre se permite intentar la conciliación
antes de iniciar cualquier tipo de proceso civil. El artículo 460 de la LEC de 1881
ordena que no se admitan a trámite las peticiones de conciliación que se soliciten
en relación con:

y Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades
Autónomas y las demás Administraciones Públicas, Corporaciones o
Instituciones de igual naturaleza.

y Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados
para la libre administración de sus bienes.

y Los juicios de responsabilidad civil contra jueces y magistrados.

y En general, los que se promuevan sobre materias no susceptibles
de transacción ni compromiso.

En los dos primeros casos, la prohibición viene dada por las dificultades que
entraña la obtención de la autorización administrativa o judicial para transigir, es
decir, por razones prácticas. En el tercer supuesto, por la propia naturaleza del
objeto litigioso. La última prohibición encuentra claro fundamento en el resultado
previsible de la conciliación, que es la resolución de un conflicto de forma auto
compositiva y normalmente a través de la transacción, en la que las partes, dando,
prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa evitan la iniciación de un proceso.
De ahí que las materias no susceptibles de transacción ni compromiso deben
quedar excluidas del acto de conciliación. La consecuencia de presentar una
papeleta de conciliación en los supuestos mencionados es su inadmisión a
trámite.

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN.

Art. 248.- La conciliación se pedirá mediante solicitud escrita dirigida al juez
competente, en la que se harán constar los siguientes extremos:

1º) Los datos personales del solicitante y de los demás interesados, así como sus
domicilios respectivos.

2º) Enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse su petición y
cuantía económica, si fuere de esta naturaleza.

3º) Fecha y firma.

A la solicitud se acompañarán los documentos en que el solicitante estime fundado
su derecho. Tanto del original como de los documentos que se acompañen se
entregarán tantas copias como partes interesadas haya, más una.

INTERPRETACION:

El acto de conciliación se insta mediante solicitud a la que se habrá de acompañar

tantas copias cuantas sean las partes contrarias. Esta solicitud, que se denomina

papeleta de conciliación, deberá contener los nombres, profesión y domicilio de las

partes, la pretensión que se deduzca, la fecha y la firma del que la intente o de un

testigo a su ruego si no pudiere firmar. JOSE ALMAGRO NOSETE; expone que el

procedimiento conciliatorio se inicia por papeleta en la que se tienen que llenar

requisitos ya que en dicho documento se expresa el nombre, profesión etc.; el

legislador ha pretendido, y en alguna medida lograr, establecer un procedimiento

simple. En que las partes puedan llegar a un avenamiento y de esa manera evitar

el desgaste del proceso.

REGISTRO DE LA SOLICITUD. TRÁMITE DE ADMISIÓN.

Art. 249.- Una vez presentada la solicitud, se registrará inmediatamente en el
libro que se lleve al efecto, abriéndose con ella el correspondiente expediente.
Sin dilación se procederá a examinar si reúne los requisitos exigidos, pudiéndose
solicitar las aclaraciones que sean necesarias o conceder plazo para la
subsanación de los defectos, el cual no será de más de cinco días.
Si la solicitud reuniera los requisitos exigidos, o se hubiesen realizado las
aclaraciones o subsanados los defectos en tiempo y forma, se procederá a su

admisión. Si los requisitos fueran insubsanables, o no se procediera a la
aclaración o subsanación de los defectos en el plazo concedido, se archivará el
expediente sin que la mera presentación de la solicitud produzca efectos.
Presentada la solicitud de conciliación, si se acepta producirá el efecto de
interrumpir la prescripción. En el caso de derechos sometidos a plazo de
prescripción, se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite si
transcurren treinta días sin q u e s e celebre el acto de conciliación.

INTERPRETACION.

La documentación del acto consiste en el extensión del acta de conciliación que
recoge de manera sucinta lo acontecido en un libro que lleva el secretario del
juzgado; esta acta se firma por todos los concurrentes, y por los que no supieren o
no pudieren firmar lo hace un testigo a su ruego. En el libro se hace constar
haberse dado por el intentado el acto conciliatorio al que no hayan concurrido los
demandados.

DILIGENCIAS PRELIMINARES:

Art.255.Con el fin de preparar el proceso, el futuro demandante o quien con
fundamento prevea que será demandado podrá pedir la práctica de diligencias
necesarias para la presentación de la demanda, para la preparación de la defensa o
para el eficaz desarrollo del procedimiento.
Si el solicitante no interpone la correspondiente demanda en el plazo máximo de
un mes, las diligencias practicadas perderán su eficacia y no podrán ser
invocadas. Dicho plazo comienza a contar desde la conclusión de las diligencias
preliminares:

INTERPRETACION:
280
Antes de iniciarse un proceso civil suelen tener lugar toda una serie de
actividades de diversa índole que reconocen en el futuro proceso su obligada
referencia (consultas, informes técnicos, obtención de documentos, etc.).
Las diligencias preliminares son actuaciones que se postulan de los órganos
judiciales y tienen por objeto lograr información acerca de circunstancias relativas
a la personalidad del futuro demandado, o a otros extremos que quien pretenda
presentar una demanda precise conocer para la iniciación con éxito de un proceso
civil, así como obtener documentos u objetos que resulten necesarios para entrar
en el proceso.
Se trata, por tanto, de diligencias en las que no se producen declaraciones de
derechos, que se establecen con carácter general (todo juicio podrá prepararse)
para facilitar el ulterior proceso.
Cabe distinguir en el artículo 256, diversos supuestos, aunque pueden agruparse
esencialmente en dos tipos de diligencias preliminares: La petición de declaración
y la exhibición de objetos y documentos, así como una especial para identificar a
los integrantes de los grupos de afectados.
Sin embargo, dentro de las diligencias preliminares que consisten en la exhibición
de una cosa o de un documento aparecen muy diferentes actuaciones.
Tal y como viene concebido en la LEC, se trata de un número limitado de
diligencias, ³numerus clausus´ que no cabe extender con la solicitud de
actuaciones que pudieran ser útiles para el desarrollo de un proceso, si no se
encauzan por alguno de los supuestos del artículo 256 del código de
procedimientos civiles.

280
Montero Aroca Derecho Jurisdiccional tomo II conforme a la ley de enjuiciamientos civiles,
Valencia 2000 pág. 152-158.

OBJETO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.

Art. 256.- Sin perjuicio de las que específicamente puedan prever las leyes
especiales materiales o procesales, las diligencias preliminares podrán tener
por objeto:
1) La acreditación de circunstancias relativas a la capacidad, representación o
legitimación del futuro demandado, sin cuya comprobación no sería posible entrar
en el proceso.

2) La integración de la representación legal de los menores, los incapacitados y
los hijos menores que litiguen contra sus padres por medio de la Procuraduría
General de la República o por los medios establecidos en la ley.

3) La exhibición, acceso para examen o aseguramiento de cosas sobre las que
recaerá el procedimiento, que se encuentren en poder del futuro demandado o de
terceros.

4) La exhibición por el poseedor de documentos en los que consten actos de
última voluntad, o documentos y cuentas societarias.

5) La exhibición de contratos de seguro de responsabilidad civil.

6) La determinación judicial del grupo de afectados en los procesos para la
defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios. En tales casos,
podrá solicitar del tribunal la adopción de las medidas oportunas para la
averiguación sobre los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del
caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el
requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación.

7) Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra
pretensión exprese a qué título tiene la cosa objeto del proceso por iniciarse.

8) Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya
domicilio dentro de los cinco días, con el apercibimiento que legalmente
corresponda en cuanto a futuras notificaciones.

9) La citación a reconocimiento del documento privado por aquél a quien se le
atribuya autoría o firma, bajo apercibimiento de tenérselo por reconocido.

10) La determinación judicial de la jactancia del acreedor con el fin de imponerle
plazo perentorio para el planteamiento de su pretensión.

11) La exhibición judicial de los objetos que comprueben la competencia desleal, a
que se refiere el inciso primero del artículo 493 del Código de Comercio.

12) La orden provisional de cese de los actos de competencia desleal a los que
se refiere el inciso segundo del mismo artículo 493 del Código de Comercio.

13) La firma del ejemplar repuesto del título valor en el caso del inciso
tercero del artículo 930 del Código de Comercio.

14) El ejercicio del derecho de retención contemplado en los artículos 957 y 958
del Código de Comercio y en las normas pertinentes del Código Civil.

15) El requerimiento para contratar, contemplado en el artículo 965 del Código
de Comercio.

16) La petición para que la persona que haya administrado bienes de otro rinda
cuenta de su gestión, en cuyo caso se le intimará para que la presente dentro de
un plazo prudencial que el tribunal señalará, el cual no podrá exceder de 30

días.17°. La exhibición y reconocimiento de los registros contables y
demás documentos relacionados con el giro de las empresas mercantiles,
previo señalamiento de día y hora, cuando su titular tuviere interés o
responsabilidad en el asunto de que se trate.

INTERPRETACION;

La doctrina mas autorizada concibe las diligencias preliminares, como un conjunto
de actuaciones tendientes a aclarar las cuestiones que pudieren surgir antes del
nacimiento del proceso principal. Así previamente a la presentación de cualquier
demanda es preciso reunir los documentos y datos que la justifiquen, a fin de
acompañarlos a la misma. Con las diligencias preliminares se trata de
proporcionar al demandante los medios para que puedan obtener la efectividad de
la tutela judicial, respecto del derecho subjetivo que considere perjudicado,
efectividad que no podrá alcanzar de resultarle insalvable los obstáculos
provocados por la actitud del que va hacer demandado, sobre todo respectos
aquellos que deben aportarse con la demanda. A si tenemos las siguientes
diligencias reguladas por la ley:
Cabe hacer mención que las diligencias preliminares no tienen como finalidad la
obtener pruebas, pero facilitan el fundamento de derecho a la prueba
y La primera de las diligencias preliminares consiste en pedir que la persona
contra la que el solicitante se proponga dirigir la demanda declare bajo
juramento o promesa de decir verdad sobre algún hecho relativo a su
capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario
para el proceso.

y La segunda sería la exhibición de documentos del futuro demandado en los
que conste su capacidad, legitimación o representación.

y La tercera sería la exhibición de documentos, en poder del futuro
demandado o de terceros, necesarios para litigar. Las diligencias

preliminares están subordinadas a un proceso principal, de modo que si el
proceso no se inicia, el promovente de estas diligencias responderá de los
gastos, daños y perjuicios que haya ocasionado. Dentro de la exhibición de
documentos distingue la LEC los siguientes supuestos :

y La exhibición del acto de última voluntad del causante de la herencia o
legado, que puede pedir el que se considere heredero, coheredero o
legatario de quien lo tenga en su poder.

y La exhibición de los documentos y cuentas de una sociedad o comunidad,
que puede pedir un socio o comunero de la sociedad o comunidad al
consocio o condueño que las tenga en su poder o a la misma comunidad o
sociedad.

y La exhibición del contrato de seguro, que puede pedir el que se considere
perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por un seguro de
responsabilidad civil, de quien lo tenga en su poder.

y La cuarta sería la exhibición, por parte del futuro demandado, de la cosa
que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.

y La quinta consistiría en concretar a los integrantes de un grupo de
afectados cuando, sin estar determinados, sean fácilmente determinables.

y Por último reconoce la LEC, como diligencias preliminares la petición de
actuaciones o averiguaciones para la protección de determinados derechos,
previstas en leyes especiales.

COMPETENCIA.

Art. 257: La solicitud de diligencias preliminares se dirigirá al tribunal del domicilio
de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las
actuaciones. Cuando esta circunstancia se desconozca, así como en los casos de
los numerales segundo y sexto del artículo anterior, será competente para
conocer de la solicitud el tribunal que lo sea para darle curso a la futura
pretensión.
La competencia será examinada de oficio por el tribunal, sin que quepa
impugnarla a instancia de parte.

INTERPRETACION.
281
La competencia para conocer de las diligencias preliminares viene atribuida al
Juez de Primera Instancia cualquiera que sea el objeto del proceso y, por razón
del territorio, al del domicilio de la persona frente a quien se solicita la actuación,
excepto cuando se trate de integrar el grupo de consumidores o usuarios
afectados, en que la competencia se atribuye al tribunal competente para conocer
del proceso ulterior. Esta competencia, tanto objetiva como territorial, ha de ser
apreciada de oficio, de modo que si el juez entendiere que no le corresponde el
conocimiento de la solicitud se abstendrá, remitiendo al solicitante al juzgado
competente, que si también se inhibe dará lugar a una cuestión de competencia
negativa, a resolver por el superior jerárquico común de ambos. Sin embargo, el
solicitado no tendrá un cauce formalizado para denunciar la falta de competencia.
El nuevo código de procedimientos civiles la competencia se rige; para acordar o
denegar la diligencia se atribuye al juzgado de primera instancia, del domicilio de
la persona que, en su caso, hubiere de declarar, exhibir o intervenir de otro modo
en las actuaciones que se acordaren para preparar el juicio; pero se establece una
normativa especial de competencia, Cuando esta circunstancia se desconozca es
decir se desconozca lo anteriormente mencionado atribuyéndole para su adopción
281
ALVAREZ ALARCON, Antonio: cuaderno de derecho judicial 1995. Arbitraje, Conciliación y
diligencias preliminares. pág. 69 a 119 , Manresa Navarro, Jose: comentarios a la ley de
Enjuiciamiento Civil, Madrid, 1985pag.646 a 663

o denegación al juzgado ante el que haya de presentarse la demanda
determinada.

SOLICITUD Y CAUCIÓN.

Art 258: La solicitud de práctica de diligencias preliminares deberá ser
formalizada por escrito, y deberá contener la legitimación del solicitante, los
fundamentos que apoyen lo pedido, las medidas requeridas, la justificación de la
necesidad de su adopción y, eventualmente, el señalamiento de las personas
que en ellas deban intervenir.
En los casos del apartado 4º del artículo 256, las diligencias preliminares sólo
podrán ser solicitadas por quien se considere sucesor, o por quien acredite ser
socio o comunero.
En la solicitud deberá constar, además, el ofrecimiento de caución para responder
de los gastos y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a las personas
cuya intervención sea requerida. Si en el plazo de un mes desde la conclusión de
las diligencias el solicitante no ha interpuesto la demanda ni ha justificado
debidamente causa que lo impida, la caución se perderá a favor de dichas
personas.

INTERPRETACION:

Las diligencias preliminares se inician mediante una solicitud de la parte a
quien interesa su práctica, expresando los fundamentos de la petición, en
relación con el punto litigioso que se pretenda preparar, y ofreciendo
caución para responder de los gastos, daños y perjuicios que se pudieran
causar.
Nada dice la LEC respecto de la postulación para solicitar e intervenir en
las diligencias preliminares, de modo que para determinar la obligatoriedad

de la postulación técnica debieran combinarse dos criterios: La urgencia de
la solicitud y la obligatoriedad de la postulación técnica en el asunto
principal.
El escrito solicitando las diligencias preliminares deberá contener una
referencia circunstanciada del asunto objeto del juicio que se quiere
preparar; quien o quienes van a ser los futuros demandados y los
fundamentos de la medida; es decir su adecuación, justa causa e interés
legítimo. Igualmente, el solicitante ofrecerá caución para responder tanto
de los gastos que se ocasionaren a las personas que hubieran de
intervenir en las diligencias en todo caso a su cargo cuanto de los daños y
perjuicios que se les pudiere irrogar. Hay que tomar en cuenta que en la
doctrina existen dos requisitos para la solicitud de las diligencias en primer
lugar como anteriormente se menciono; que en la petición se exprese sus
fundamentos con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que
se quiera preparar y que al formularla se ofrezca caución para responder
de los daños y perjuicios que se pudieren derivar , la cual se perderá a
favor de ellas si transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias
dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente a juicio del
órgano judicial.

DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD.

Art. 259.-. La solicitud de diligencias preliminares deberá resolverse por el
tribunal dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
Si se considera justificada la petición, y cumplidos los requisitos que
debe reunir la solicitud, se dictará auto ordenando la práctica de las
diligencias solicitadas y la fijación de la caución, dando audiencia de la
solicitud y del auto de admisión a los interesados. En otro caso, el
tribunal denegará la petición mediante auto que será notificado al
solicitante. El auto por el cual se decida sobre la petición de diligencias
preliminares sólo será apelable cuando las deniegue.

Si dentro del plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la
admisión el solicitante no presta caución en alguna de las formas previstas
en el artículo 447, el tribunal acordará la terminación de las actuaciones
y las archivará. Contra esta decisión no cabrá recurso alguno.
En el caso de la rendición de una cuenta, una vez que el requerido ha
cumplido con su obligación, y si al requirente no le satisface, la cuenta
podrá discutirse en proceso común.

INERPRETACION.

Recibida la solicitud y apreciada su competencia, debe el Juez de Primera
Instancia considerar si la diligencia es adecuada a la finalidad que se persigue y si
aparecen en la solicitud justa causa e interés legítimo para conceder lo solicitado,
en cuyo caso accederá a la petición por medio de un auto que se deberá dictar en
los cinco días siguientes, contra el que no cabrá recurso alguno.
Si el juez estima la solicitud habrá de fijar la caución que deba prestarse, con el fin
de hacer frente a los gastos que produzca la práctica de la diligencia y a los daños
y perjuicios que se pudieran irrogar. La caución deberá prestarse, pues si no se
presta se procede al archivo de las diligencias.
Si el juez considera que no resulta justificada la adecuación de la diligencia, o la
causa o el interés en que se practique, rechazará la petición. Contra el auto que
dicte cabrá recurso de apelación.
Es decir que apreciando el órgano jurisdiccional que la diligencia solicitada es
adecuada a la finalidad que el peticionario persigue y que en la solicitud concurre
justa causa o interés legítimo, accederá a la pretensión, fijando la caución que
deba prestarse y por el contrario la rechazara si no las considerase justificadas,
todo ello en un plazo de cinco días siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra el auto que acuerda las diligencias no se dará recurso alguno contra el que
las deniegue, cabra el recurso de apelación.

INCIDENTE DE OPOSICIÓN.

Art. 260.- Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto en que se
acuerda la práctica de diligencias preliminares, el requerido podrá oponerse a ellas
mediante escrito debidamente fundamentado y dirigido al tribunal.
Recibido el escrito de oposición, se convocará a los interesados a una audiencia,
que se celebrará dentro de los cinco días siguientes, con arreglo a las normas del
proceso abreviado.
El incidente de oposición se resolverá en dicha audiencia y sólo será
recurrible la decisión que estima justificada la oposición. En otro caso se ordenará
la continuación de los trámites, imponiendo al requerido el pago de las costas que
hubiera generado el incidente.

INTERPRETACION.
En el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación y
requerimiento para realizar una diligencia preliminar, el requerido podrá
oponerse a ella. En tal caso, se citará a las partes a una vista, que se
celebrará de acuerdo con lo dispuesto para los juicios abreviado. Celebrada
la vista el juez decidirá por medio de auto si la oposición es justificada, en
cuyo caso puede interponerse recurso de apelación, o si carece de
justificación, condenando en las costas al requerido, sin posibilidad de
recurso. La oposición dentro de los cinco días siguiente a aquel en que
reciba la citación, la persona requerida para la práctica de las diligencias
podrá oponerse a ella, formulando el escrito correspondiente. En tal caso el
tribunal citara a las para una vista, el tribunal en la forma establecida para
los juicos abreviados, celebrada la vista el tribunal decidirá por medio de
auto si la oposición es o no fundada, si la oposición es desestimada se
impondrá al requerido las costas del incidente de oposición y contra el auto
que estime la oposición cabe recurso de apelación.

NEGATIVA DEL REQUERIDO Y EFECTIVIDAD DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES.

Art. 261.- Si la persona citada y requerida no atendiera el requerimiento para la
práctica de la diligencia preliminar, el tribunal podrá:

1º. Tener por ciertas las respuestas afirmativas a las preguntas que el solicitante
pretendiera formularle en orden a la capacidad, representación o legitimación del
requerido, teniendo asimismo por aceptados los hechos que de ellas se deriven.
El hecho quedará fijado sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda
articularse una vez iniciado el proceso.

2º.Tener por ciertas las afirmaciones hechas por el solicitante cuando se trate de
cuentas o datos relativos a sociedades o comunidades. El hecho quedará fijado
con la salvedad establecida en el número anterior.

3º. Ordenar, en resolución motivada justificativa de la necesidad de la adopción
de la medida, la entrada en el lugar cerrado donde presumiblemente se hallen la
cosa, los títulos o los documentos cuya exhibición ha sido solicitada, y el
registro del mismo. Los títulos y documentos serán puestos a disposición del
solicitante en la sede del tribunal. En cuanto a las cosas, el solicitante podrá
pedir su depósito, conservación o examen, debiéndose adoptar en este último
caso las medidas necesarias para garantizar la integridad de la cosa o la
conservación de la cantidad o muestras suficientes para posteriores exámenes.

4º.Ordenar las medidas conducentes a la identificación de los integrantes de un
grupo de afectados, pudiendo acordar, por medio de resolución en la que se
justifique la necesidad de la medida, la entrada en lugar cerrado y el registro del
mismo, la intervención de documentos o el acceso a bases de datos personales o
relativos a personas jurídicas.

5°.Requerir la aportación de documentos, mediante multa en una cantidad
equivalente a un salario mínimo urbano, mayor, vigente por cada día que
transcurra sin haber aportado al juez el documento o fuente de prueba requerido
en el mandato de exhibición.

6°.Tener por cierta la jactancia invocada por el solicitante, procediendo a la fijación
de un plazo no mayor de 10 días para el planteamiento de la correspondiente
demanda. De no hacerlo, la demanda se volverá improponible.

7°.Pedir la cuenta al solicitante, y al rendirla se tendrá por aprobada a petición
de éste, a menos que el requerido alegare su inexactitud durante los tres días
siguientes al de su notificación. En este común caso, la cuenta se tendrá que
discutir en proceso.
Todas las medidas previstas en el inciso anterior adoptarán la forma de auto. Sólo
las que acuerden la entrada y registro o el acceso judicial a bases de datos serán
recurribles en apelación, que tendrá efectos suspensivos.
Serán de cargo del requerido los gastos ocasionados por la práctica de diligencias
preliminares mediando su negativa.

INTERPRETACION.

282
Si el obligado a realizar la diligencia preliminar no atendiese al requerimiento ni
formulase oposición, el juez acordará una serie de medidas en razón del tipo de
diligencia de que se trate:

y Cuando se trate de la negativa a prestar declaración sobre hechos relativos
a la capacidad, representación o legitimación, se podrán tener por
respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera

282
DERECHO PROCESAL CIVIL, MATERIAL DE TRABAJO BASADO EN LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL. MADRID PAG. 71-74.

formular, y los hechos a que se refieran se considerarán admitidos en el
juicio posterior.

y Cuando se trate de la negativa a la exhibición de títulos o documentos de
cualquier clase y el juez considerase que existen indicios suficientes de que
pudieran hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro
de dicho lugar, procediéndose a la ocupación de los documentos, si se
encontraran, y a ponerlos a disposición del solicitante en la sede del
juzgado.

y Cuando se trate de la negativa a la exhibición de una cosa y se conociese o
presumiese el lugar en que se hallare, se procederá a la entrada y registro
de dicho lugar, procediéndose a su ocupación y presentándola al
solicitante, que podrá pedir el depósito o la medida de garantía más
adecuada para su conservación.

y Cuando se trate de la negativa a la exhibición de documentos contables, a
los efectos del juicio posterior, se podrán tener por ciertos los datos y
cuentas que presente el solicitante.

y Cuando se trate de la negativa a colaborar en la determinación de los
integrantes de un grupo de afectados, por parte del requerido o de cualquier
persona, el juzgado ordenará las medidas que fuesen necesarias, incluida
la entrada y registro para encontrar los documentos o datos precisos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal por desobediencia en que pudieran
incurrir.

APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN Y COSTAS.

Art. 262.- Salvo lo expresamente previsto para el incidente de oposición, y para los
casos de negativa del requerido, los gastos ocasionados a las personas que

hubieren de intervenir en las diligencias preliminares serán de cargo del
solicitante.
A tales efectos, cuando se hubieran practicado las diligencias acordadas o el
tribunal las hubiese denega do por considerar justificada la oposición, éste
resolverá, mediante auto, en el plazo de cinco días, sobre la aplicación de la
caución, a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos
que se le presenten, oído el solicitante.
Cuando, aplicada la caución conforme al inciso anterior, quedare remanente, no
se devolverá al solicitante hasta que transcurra el plazo de un mes.

INTERPRETACION:

Cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las
deniegue por considerar justificada la oposición, este resolverá mediante
auto, en el plazo de cinco días, sobre la aplicación de la caución a la vista
de petición de indemnización y de la justificación de gastos que se
presenten, oído el solicitante, si aplicada la caución en la forma antedicha
hubiera remanente, se devolverá al solicitante si presenta la demanda en el
plazo de un mes desde la terminación de las diligencias, pero si no lo hace
así, dicho remanente se perderá a favor de la o las personas que hayan
intervenido en las diligencias.

CAPÍTULO QUINTO
CONDENA EN COSTAS

Pago de las costas

Art. 271.- Como regla general, cada parte pagará los gastos y las costas del
proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo.

INTERPETACION:
La jurisprudencia fundamenta la condena en costas, aquellos desembolsos
económicos que han de realizar las partes por los gastos originados dentro
del proceso por la propia actividad procesal y que tiene como causa
eficiente la propia existencia del proceso (RAMOS MENDEZ), en la
prevención de los resultados distorsionadores del entero sistema judicial
que se derivaría de una excesiva litigiosidad y en la necesidad de restituir a
la parte contraria los gastos que en menoscabo de la satisfacción de sus
pretensiones, les ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos
frente a quienes les promuevan acciones legalmente merecedoras de la
imposición de aquellas.( STC DE 22-4-1991, MADRID).
Nuestro sistema procesal estructura la imposición de costas sobre dos
sistemas excluyentes entre sí: el objetivo de (vencimiento), conforme al cual
las costas se imponen a la parte cuyas pretensiones son desestimadas, sin
dejar margen alguno a valoraciones judiciales sobre su conducta procesal;
y el subjetivo, más flexible que el anterior, en el que se concede al órgano
judicial potestad para imponer los gastos del juicio, cuando aparezca mala
fe o temeridad en su actuación procesal.
Concluye el autor que desde una perspectiva constitucional, ninguno de los
dos indicados sistemas afecta a la tutela judicial, pues como lo recuerda la
STC 13-19-1986. 29 de octubre, Madrid. La imposición de costas opera sin
incidencia alguna sobre tal derecho, al venir establecida en la ley como
consecuencia económica que debe soportar, bien la parte que ejercita la
acciones judiciales que resulten desestimadas, bien aquellas que las
ejercita sin fundamento mínimamente razonable o con quebranto del
principió de buena fe.

CONDENA EN LAS COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA

Art. 272.- El pago de las costas de la primera instancia se impondrá a la parte que
haya visto rechazadas todas sus pretensiones. En este caso, el que deba pagar

sólo estará obligado a hacerlo en lo que corresponda con motivo del
procedimiento judicial conforme a arancel.

INTERPRETACION:
Desde que CHIOVENDA formulara su ya tradicional clasificación en la materia, la
práctica totalidad de la doctrina distingue entre dos principales criterios de
imposición de las costas procesales, como anteriormente se menciono: el objetivo
o (vencimiento), y el subjetivo o (condicional).
Conforme a este primer criterio de imposición de costas, se condena a satisfacer
las propias y las devengadas por su contraparte aquel litigante cuyas pretensiones
hayan sido totalmente rechazadas por el juez o tribunal; habrá que pagar todas las
costas, en definitiva, la parte vencida en el procedimiento.
Este criterio o sistema, es el que fue implantado hegemónicamente en el proceso
civil tras la reforma llevada a cabo en la anterior LEC de 1881 por la ley 34-1984
del seis de agosto, y el que ha secundado, igualmente de manera hegemónica, la
nueva LEC; cabe mencionar que este sistema rige también en nuestro código de
procedimientos civiles. Según lo expresa el artículo 272. La tradicional vigencia de
este sistema objetivo o del vencimiento no resulta nada sorprendente si se repara
en que dicho criterio, tal y como ha venido reconociendo unánimemente nuestra
doctrina desde varias décadas: (ALCALA- ZAMORA Y ALCALA ZAMORA
TORRES, GUASP, DE MIGUEL). Es el más adecuado desde el punto de vista
técnico y el que mayores dosis de justicia introducen una materia tan delicada
como la del régimen de pago de los costes del proceso.
Como principal inconveniente de dicho sistema sostiene la doctrina por una parte
que su implantación provoca un efecto disuasorio en el ejercicio de su derecho de
acceso a la jurisdicción por parte de los ciudadanos, los cuales pueden verse
disuadidos de impetrar la tutela jurisdiccional ante el temor de que la
desestimación de sus pretensiones les pueda inflingir una daño económico más
intenso. Pero así lo ha podido declarar entre otras, la STC: 147-1989, del 21 de
septiembre, Madrid. Que no puede estimarse que en general y salvo excepción, la
previsión legal de la condena en costas por vencimiento constituya una violación

constitucional en el hecho en sí de la imposición de costas no colisiona
necesariamente con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva pues no se
configura en principio como un impedimento real ni en términos generales.

CONDENA EN COSTAS EN CASO DE ALLANAMIENTO.

Art. 273.- Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no
procederá la imposición de costas, salvo que el tribunal, razonándolo
debidamente, aprecie mala fe en el demandado.
Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará el
inciso primero del artículo anterior.

INTERPRETACION:

En caso de allanamiento del demandado (regulado con carácter general, en
el artículo 21 de la LEC) y en el artículo 395 de la LEC. Distingue según se
produzca el mismo antes o después de contestada la demanda.
Si la parte demandada se allana antes de contestar la demanda no
procederá la imposición de costas, salvo que el tribunal, razonándolo
debidamente, aprecie mala fe en el demandado, presumiéndose que existe
en todo caso dicha mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese
formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o
si se hubiera dirigido contra el demanda de conciliación, en tales supuestos
resulta evidente que el demandado a quien se dio perfectamente la
oportunidad de satisfacer la pretensión del demandante con anterioridad al
nacimiento del proceso civil, y no lo hizo debe pechar con todos los gastos
que ha este último le haya originado la interposición de su demandado.
E n cambio, si la parte demandada se allana después de contestar la
demandada, se le impondrá todas las costas, cual si de dictar una
sentencia que desestime todas las pretensiones se tratase, parece viable
que en estos casos de allanamiento el juez pueda dejar de imponerle las

costas al demandado por las dudas de hecho o de derecho que presente el
caso; dudas que obviamente se disipan o desaparecen cuando el órgano
judicial se limita a secundar la voluntad de aquel de allanarse a las
pretensiones del demandante.
La anteriores reglas, como es lógico, no parecen prever el caso en el que el
allanamiento no se produzca ni antes ni después de contestada la
demanda, sino en la misma contestación, lo constituye desde luego un
absurdo jurídico, pues es impensable que en la practica un demandado
prefiera allanarse en la propia contestación a la demanda, para cuya
elaboración seguramente habrá tenido que contratar de un abogado, que
por sí mismo con anterioridad a ese instante. Lo que sí se puede concretar
en el propio escrito de contestación a la demanda es el allanamiento parcial
tal y como por los demás aparece previsto en el ultimo inciso del artículo
273 del código de procedimientos civiles.

CONDENA EN COSTAS EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

Art. 274.- Si el proceso terminara por renuncia de la pretensión o del derecho,
o por desistimiento del demandante no consentido por el demandado, aquél será
condenado a todas las costas.

Si el desistimiento fuere consentido por el demandado, no se condenará en
costas a ninguna de las partes.

INTERPRETACION:

En el caso del desistimiento del actor regulado con carácter general, en el
artículo 20 LEC, distingue el artículo el articulo 39 LEC según se precise o
no del consentimiento del demandado para admitirlo.

A si cuando el consentimiento no haya de ser consentido por el
demandado, se impondrá, como es lógico, todas las costas a la parte a la
parte actora; por el contrario, si la viabilidad del desistimiento está
subordinado al consentimiento de la demanda y esta lo presta, entonces lo
que es bien lógico no se condenara en costas a ninguno de los litigantes.
Supuesto distinto en el que, en cualquier caso, se impondrán las costas a la
parte actora, es aquel en que se produzca su desistimiento tácito en el
juicio abreviado, derivado de su incomparecencia injustificada al acto de la
vista oral hipótesis en la cual el artículo 425 del nuevo código establece,
que si la parte demandada no alega interés legitimo en la continuación del
proceso, se tendrá por desistido al demandante incomparecido, y se le
impondrán todas las costas causadas.

CONDENA EN COSTAS EN RECURSOS.

Art. 275.- En caso de recursos, se aplicará en lo relativo a las costas, lo
dispuesto para la primera instancia.

INTERPRETACION.

Tanto en el caso en que las costas sean impuestas en la sentencia que pone

término al proceso declarativo, cuanto en aquellos otros en donde sean un auto la

resolución definitiva que deba ser dictada; En materia de recursos la condena en

costas también debe apegarse al criterio del vencimiento, de modo que el

recurrente que viera desestimadas todas sus peticiones, deberá ser condenado

por las erogaciones efectuadas en el recurso; al contrario sensu, si se estima total

o parcialmente no habrá condena en costas. Según la exposición de motivos del

Anteproyecto el objetivo de la regulación del Capítulo de ³La condena en costas´

es ³proporcionar las reglas puntuales para poder determinar quien asume los

costos del proceso en los distintos procesos´ dejando fuera el tema de la tasación

para un futuro desarrollo legislativo.

TÍTULO SEGUNDO ELPROCESO COMÚN CAPÍTULO PRIMERO
LOS ACTOS DE ALEGACIÓN SECCIÓN PRIMERA
LA DEMANDA

La demanda
Art. 276.- Todo proceso judicial principiará por demanda escrita, en la que el
demandante interpondrá la pretensión.

La demanda debe contener:
1) La identificación del juez o tribunal ante el que se promueve;
2) El nombre del demandante y el domicilio que señale para oír notificaciones;
3) El nombre del demandado, su domicilio y dirección, estándose en otro caso a lo
previsto en este código;
4) El nombre del procurador del demandante, su dirección, haciendo constar el
número de fax o el medio técnico que le permita recibir comunicaciones directas
del tribunal;
5) Los hechos en que el demandante funda su petición, enumerándolos y
describiéndolos con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda
preparar su contestación y defensa;
6) Los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustenten su pretensión;
7) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales,
los que fundamenten la pretensión y los informes periciales;
8) Las peticiones que se formulen, indicándose el valor de lo demandado.
9) El ofrecimiento y determinación de la prueba.
Cuando sean varias las pretensiones que se plantean, se expresarán en la petición
con la separación debida. Si las peticiones principales fuesen desestimadas, las
que se hubieran formulado subsidiariamente se harán constar por su orden y en

forma separada.
Según la clase de proceso de que se trate, la demanda podrá contener
especificaciones distintas, conforme se determine en este código y en otras leyes.

INTERPRETACION:
283
Se suele denominar ³demanda´ tanto a la petición que se dirige a un órgano
jurisdiccional en el que se le solicita su intervención para resolver la controversia
que se plantea como al escrito o formulación verbal que se hace en relación con la
citada petición.
Demanda, es sinónimo de petición, de solicitud, de súplica, de exigencia, de
reclamación, desde el punto de vista de su significado forense pero, en realidad
tiene un significado muy específico, Casi único. En efecto, no toda petición es una
demanda pues, hay peticiones dirigidas a órganos jurisdiccionales que no entraña
le exigencia de una situación de controversia, por ejemplo:
Cuando se formula un petición de intervención en la materia de jurisdiccional
voluntaria.

CONCEPTO:
Es el acto procesal de una persona física o moral, denominada actor o
demandante, en virtud del cual, en forma escrita o verbal, solicita la intervención
del órgano estatal jurisdiccional o del órgano arbitral jurisdiccional para que
intervenga en un proceso controvertido que se dirige a otra persona física o moral,
denominada demandado o reo, para forzar a esta última persona a las
prestaciones que se reclaman.
En nuestra opinión podemos decir que una vez que se da el litigio de intereses o
en su caso contrario expresar la voluntad, para que el órgano jurisdiccional
intervenga para proceder a obtener el derecho y la razón, esto será posible una
vez entablando la demanda, el primer acto que abre o inicia el proceso, que
posteriormente veremos los requisitos y estructuración.

283
MARCO ANTONIO ORTIZ PORRAS, DERECHO PROCESAL CIVIL; CAPITULO VII

REQUISITOS DE LA DEMANDA:

1. EL TRIBUNAL ANTE QUE SE PROMUEVE.
Antes de iniciar con estos requisitos y mencionar el tribunal o juez que conocerá
podemos decir que deacuerdo a la costumbre, la mayoría de los escritos de
demanda llevan un RUBRO, el cual suele ponerse primero el nombre del actor,
comenzando por su apellido paterno, después se abrevia la palabra latina versus:
(vs) - que significa contra -, en seguida, viene el nombre de la parte demandada, al
final, la mención del tipo de juicio, si es un ordinario, si es un juicio de alimentos
por ejemplo. Posteriormente tenemos que escribir el PREÁMBULO en donde se
expresa; la autoridad y/o instancia ante la cual se promueve, también en el
preámbulo se escribe
El siguiente requisito;

2. EL NOMBRE DEL ACTOR Y LA CASA QUE SE SEÑALE PARA OÍR
NOTIFICACIONES.
En donde se escribe el nombre, estado civil, edad, nacionalidad, domicilio, lugar de
nacimiento, ocupación, etc., del que promueve la demanda, así como señalar el
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, también se
pondrá a voluntad la autorización de la persona (as) para que en su nombre las
reciba.

3. EL NOMBRE DEL DEMANDADO Y SU DOMICILIO.
Luego, también vendrá la identificación del demandado, sus datos personales y su
domicilio, y demás datos que sirvan para localizarlo e identificarlo.

4. EL OBJETO U OBJETO QUE SE RECLAMEN CON SUS ACCESORIOS:
En el ámbito jurídico se entiende por objeto la prestación que es a cargo del sujeto
obligado. A su vez, las prestaciones pueden ser de dar, de hacer, de no hacer o de
tolerar. Por lo tanto, en la demanda, deberá indicarse las prestaciones que se

reclaman la parte demandada. Esta indicación deberá ser lo más clara y precisa
posible pues, ya hemos establecido que, en los términos del Art. 81 del Código de
Procedimientos Civiles, en virtud del principio de congruencia, el juzgador no
puede conocer lo que no se haya reclamada pues las sentencias deben ser
congruentes con las prestaciones deducidas en el pleito. También es necesario
expresar lo que tenga el carácter de accesorio a aquello que se demanda pues, de
no haber determinación de ello, no podría el juez condenar al cumplimiento de los
accesorios. De ejemplo podemos citar, los intereses que corresponden a las
cantidades adecuadas por el demandado, así como los productos de los bienes
del actor que ha devolver el demandado, en algunos casos serán los daños y
perjuicio.

5. LOS HECHOS EN QUE EL ACTOR FUNDE SU PETICIÓN.

Los hechos, es una narración como parte histórica de la demanda además que el
actor funda su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o
privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su
disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos
que hayan presenciado los hechos relativos. Así mismo se deben de enumerar y
narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Los
requisitos fundamentales que debe de tener la narración de los hechos contendrá;

Numeración de los hechos.
Narración sucinta.
Narración clara.
Narración precisa.

6. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO Y LA CLASE DE ACCIÓN
Se realiza un razonamiento jurídico, invocando el derecho, que cite las
disposiciones normativas que sirven de base a las prestaciones reclamadas y que
encauzan los hechos narrados hacia una resolución favorable a los intereses del
demandante. Es usual que en el capítulo de derecho se haga una división tripartita

que abarca párrafos separados y numerados que determinan los artículos
aplicables de carácter sustantivo, los preceptos de calidad procesal que regirán en
el proceso y los dispositivos en cuya virtud se establece la competencia del juez.
(En el presente comentario quiero manifestar que cuando se realiza una demanda
no necesariamente, tiene que llevar el capítulo de derecho puesto con el solo
hecho de hacer saber qué tipo de acción queremos demandar, con esto basta).

7. EL VALOR DE LO DEMANDADO

Si la competencia por cuantía he de figurar en el problema controvertido propuesto
al juzgador, es requisito expresar el valor de lo demandado. Ese valor expresado
puede ser objetado por la parte contraria, mediante una excepción que haya
planteado la incompetencia por cuantía del juzgador de que se trate. De la misma
manera, la cuantía expresada deberá estar a tono con las disposiciones legales
que le dan competencia al juzgador para conocer del asunto instaurado Además
quiero manifestar que los PUNTOS PETITORIOS se podrá manifestar lo anterior
expuesto, ya que viene a constituir un auténtico resumen muy condensado de lo
que se le está solicitando, pidiendo que decida en tal o cual sentido, que condene
a la parte demandada al cumplimiento de determinada conducta, que reconozca
los derechos del pretensor. Estos puntos suelen ser muy breves, a veces la
redacción de los mismos no va más allá de uno o dos renglones en donde, en
forma muy resumida, se le está pidiendo al tribunal lo que de él se desea.

IMPROPONIBILIDAD DE LA DEMANDA

Art. 277.- Si, presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la
pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo; carezca de
competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la
litispendencia, la cosa juzgada, sumisión al arbitraje, compromiso pendiente;
evidencie falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se
rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo
explicar los fundamentos de la decisión.

El auto por medio del cual se declara improponible una demanda admite apelación.

INERPRETACION:

La Improponibilidad de la demanda: La regulación de la figura de la
improponibilidad es una evolución a la reforma hecha en 1993 al Art. 197 Pr. Cv.
ya que, a diferencia de la normativa procesal vigente, el Anteproyecto establece
las razones para declarar la improponibilidad de la demanda, razones que se
reducen a las siguientes:

1) Por defectos que imposibiliten el conocimiento de fondo;

2) Por falta de jurisdicción y competencia objetiva;

3) Por ausencia de legitimación;

4) Por fundarse en objeto ilícito o imposible;

La improponibilidad será declarada sin que medie prevención, en resolución
debidamente fundamentada, de la cual es procedente el recurso de apelación.

INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

Art. 278.- Si la demanda fuera oscura o incumpliera las formalidades establecidas
para su presentación en este código, el juez prevendrá por una sola vez para
que en un plazo no mayor de 5 días se subsanen tales imperfecciones.
Si el demandante no cumple con la prevención, se dará por terminado el
proceso declarando inadmisible la demanda. Esta especie de rechazo in
limine deja a salvo el derecho material.
El auto por el cual se declara inadmisible una demanda sólo admite el recurso de

revocatoria.

INTERPRETACION:

La Inadmisibilidad de la demanda: a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento

Civil Española , que establece la inadmisibilidad como figura genérica para

cualquier tipo de rechazo de la pretensión, ya sea por motivos de fondo o de

forma, el Anteproyecto ha restringido la aplicación de esta figura procesal

derivada de la actividad contralora del juzgador, exclusivamente para defectos

de forma, es decir, que el juez declarará inadmisible la demanda cuando no se

hayan cumplido las formalidades para su presentación o que ésta haya sido

redactada de manera obscura, mediando prevención para subsanar tal

defecto por el plazo de cinco días. Declarada la inadmisibilidad es procedente

únicamente el recurso de revocatoria, pero en todo caso se deja salvo el

derecho material.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Art. 279.- Si, presentada la demanda o subsanada la prevención, el juez estima
que aquélla cumple con los formalismos esenciales para entrar al conocimiento
de la pretensión en ella contenida, y que de la misma resulta su facultad absoluta
de juzgar, admitirá la demanda mediante auto, para iniciar el correspondiente
procedimiento.
La reconvención estará sujeta también al examen de fondo y forma a que
se refiere el presente artículo y los dos anteriores.

INTERPRETACION:

Si la demanda es correcta, es decir reúne los requisitos de fondo y forma, el
juez dicta el llamado auto admisión. El auto admisión, como se infiere de su
denominación se contrae a admitir la demanda y ordenar el traslado al

demandado o demandados; el auto admisión es de trámite, por cuanto se
limita a imprimirle a la demanda el curso que le corresponda, CANALES
CISCO, expone en su obra Derecho Procesal Civil Salvadoreño. Que la
demanda es el acto procesal en virtud del cual el demandante ejercita su
derecho de acción para obtener su pretensión procesal, pidiendo la
intervención del estado.
Lo más importante que la presentación de la demanda inicia el proceso civil;
sin esta el estado no puede solucionar conflicto alguno, pues en este tipo de
competencias es de carácter privativo, imperando el principio dispositivo es
decir que toda actividad jurisdiccional es impulsada a petición de parte
interesada, caso en contrario el juzgador no puede iniciar el proceso civil.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA

Art. 280.- No se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada
la demanda.
Antes de la contestación podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas
pretensiones o para dirigir las ya ejercitadas contra otros demandados. En tal
caso, el plazo para contestar la demanda se contará desde la comunicación de la
ampliación de la misma.
En la contestación, el demandado podrá oponerse a la acumulación pretendida,
cuando ésta no se acomode a lo dispuesto en las normas que regulan la
acumulación, y se resolverá sobre ello en la audiencia preparatoria.

INTERPRETACION:

Con la admisión de la demanda. La demanda que cumpla todos los requisitos de
fondo y forma será declarada admisible, mediante auto que iniciará el
correspondiente procedimiento La demanda podrá ser ampliada únicamente antes
de su contestación, en tal caso se volverá a contar el plazo para la contestación
desde el traslado de ampliación. Una vez admitida la demanda se retrotraen los

efectos de la litispendencia a su presentación, lo cual implica:

a) La obligación del juez de continuar el proceso hasta el final y dictar una
sentencia de fondo (cuando se cumplan los presupuestos procesales);

b) Para las partes se produce la asunción de cargas y obligaciones que
estén vinculadas con el tipo de proceso iniciado;

c) Impide la existencia de procesos con identidades subjetivas y objetivas;

d) El juez competente para conocer una vez declarada la litispendencia,
será competente para conocer de todo el proceso a pesar de los cambios
que en este se den; y

d) También se da la ³perpetuatio legitimationis´, en virtud de la cual quienes
estaban legitimados en el momento de la litispendencia, mantienen esa
legitimación, sin perjuicio de los cambios que puedan producirse en el
tiempo de duración del proceso.

Establecido el objeto del proceso, éste no podrá ser alterado
posteriormente, sin perjuicio de formular alegaciones complementarias, en
los términos que se expondrán más adelante.

EFECTOS DE LA DEMANDA

Art. 281- Desde la presentación de la demanda, si resulta admitida, se produce
la litispendencia.
Las alteraciones o innovaciones que una vez iniciado el proceso se produzcan
en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del
proceso, así como las que introduzcan las partes o terceros en el estado de las
cosas o de las personas, no modificarán la jurisdicción del juez, la competencia

o la clase de proceso, que se determinarán según lo que se acredite en el
momento inicial de la litispendencia.

INTERPRETACION:

La demanda abre el proceso y provoca el conjunto de efectos jurídicos que se
producen como consecuencias de la interacción de las partes y del juez, es decir lo
que se llama LITISPENDENCIA; con la subsiguiente imposibilidad de la tramitación
de otro proceso entre las mismas partes, sobre la misma cosa y con la misma
causa de pedir (litispendencia en sentido estricto).

Entiende ORBANEJA, con referencia a la regulación precedente, que es la
citación, y no la mera presentación de la demanda, la que produce la
litispendencia, considerada en sentido propio, como complejo de efectos
procesales de ella derivada. En relación con la litispendencia en sentido estricto
como excepción dilatoria, la jurisprudencia parecía inclinarse por la interposición
de la demanda como momento determinante de la pendencia siempre que aquella
fuera admitida.
El artículo 281 del nuevo código, como el 410 de LEC es claro al respecto al
disponer que la litispendencia con todos sus efectos procesales, se produce desde
la interposición de la demanda, si después es admitida.
Efecto de la demanda es, también la denominada PERPETUATIO
JURISDICTIONIS; que garantiza a los litigantes que el juez ante el que se planteo
continuara conociendo de ella, aunque en el curso del proceso se produzcan
modificaciones en las circunstancias determinantes de la competencia (cambio de
domicilio del demandado, modificación del valor de la cosa litigiosa).
Efectos Material: la interposición de la demanda tiene virtualidad interruptora de la
prescripción.

PROHIBICIÓN DEL CAMBIO DE DEMANDA

Art. 282.- Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la
contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo
posteriormente.
Lo dispuesto en el inciso anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad
de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en el
presente código.

INTERPRETACION.
Efecto también de la litispendencia, pero necesitado de tratamiento específico, es
el relativo a la prohibición de la transformación de la demanda, también
denominado prohibición de mutatio libelli, al que se refiere el art. 412.1 LEC al
decir que, establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda (o en la
reconvención), no podrá alterarse posteriormente. Consecuencia de ello es lo
dispuesto en el art. 413.1: En la sentencia no podrán tenerse en cuenta las
innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros
en el estado de las cosas o de las personas que hubieran dado origen a la
demanda (salvo que se trate de que la innovación prive de interés legítimo a la
pretensión, con lo que el proceso mismo debe terminar, art. 22 LEC).

A pesar de lo anterior, el propio art. 412 LEC dice que la regla general de la
prohibición de transformar la demanda debe entenderse sin perjuicio de la facultad
de alegaciones complementarias, en los términos previstos en la propia LEC, y el
art. 400.1, II, LEC que la carga de la alegación de los hechos en la demanda debe
entenderse sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos
o de nueva noticia permitidas en la Ley en momentos posteriores a la demanda,
por lo que debe procederse al examen de toda una serie de supuestos en los que
la ley permite modificaciones, en muy diverso grado, que van desde una verdadera
excepción a la prohibición de transformación de la demanda, a matizaciones y

Acomodaciones del principio general a la realidad. Estos supuestos se contienen
en las disposiciones siguientes:

a) Ampliación de la demanda: El art. 401.2 LEC permite que, antes de la
contestación la demanda, el actor la amplíe acumulando nuevas
pretensiones a las ya ejercitadas (acumulación objetiva).
b) Ampliación de hechos: El art. 286 LEC se refiere a un llamado escrito de
ampliación de hechos, que puede presentarse por cualquiera de las partes,
prelucidos los actos de alegación y antes de comenzar a transcurrir el plazo
para dictar sentencia, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto de
juicio (ordinario) o vista (verbal), y relativos tanto a hechos nuevos como de
nuevo conocimiento o noticia, de relevancia para la decisión del pleito.

SECCIÓN SEGUNDA
INTERVENCIÓN DEL DEMANDADO

EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO:

Art. 283.- Admitida la demanda, se h a r á l a comunicación de ella a la persona
o personas contra quienes se entable, y se les emplazará para que la contesten
dentro de los veinte días siguientes:
INTERPRETACION:
Para efectos conceptuales se entiende por emplazamiento lo entiende el doctor
MIGUEL ANGEL FONT; en su obra guía de estudio, programa desarrollado de la
materia civil y mercantil, es el acto por el cual se pone en conocimiento de la otra
Parte mediante la notificación que se le ha iniciado un juicio y el contenido del
mismo. Además, implica para el demandado su CITACIÓN para que comparezca y
conteste la demanda en plazo. El traslado tiene como fin asegurar la defensa
enjuicio de la parte demandada.
Para JOSE ALMAGRO NOSETE. LA NOTITIA LITIS; la presentación de la
demanda obliga a conferir traslado a la `persona contra quien se proponga, a

efectos de que comparezca dentro del pazo que se le señale en nuevo código;
tendría un plazo de veinte días para que conteste.
O dicho con otras palabras, ha de comunicarse al demandado con la información
necesaria (copias de la demanda y de los documentos) la existencia del proceso
en su contra, advirtiéndole que dispone de un plazo (emplazamiento) para
comparecer (la comparecencia se hace por escrito y con los requisitos de
postulación) y articular su defensa, conforme a las oportunidades legales.
Cabe mencionar lo expresado por el autor WILLIAM ZETINO en su obra
DERECHO PROCESAL CIVIL II; cuando dice que el emplazamiento es el
llamamiento que el juez hace a cualquiera de la partes, para que comparezcan al
proceso a manifestar defensa ya que el emplazamiento es el acto de
comunicación por excelencia que protege los derechos de defensa y audiencia en
los procesos civiles; teniendo como característica primordial el que despliega a
favor del emplazado un plazo dentro del cual debe comparecer al juicio a
manifestar su defensa, teniendo amplios derechos procesales.

LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Art. 284.- En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma
establecida para ésta, el demandado expondrá las excepciones procesales y
demás alegaciones referidas a lo que pueda obstar a la válida prosecución y
término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
El demandado podrá manifestar, en la contestación, su allanamiento a alguna o
algunas de las pretensiones del demandante.
En la contestación, en su caso, el demandado podrá negar los hechos aducidos
por el demandante, exponiendo los fundamentos de su oposición a las
pretensiones del que demanda y alegando las excepciones que considerare
convenientes.
El juez podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado
como admisión tácita de los hechos que le sean conocidos y perjudiciales.

INTERPRETACION.

CANALES SISCO, en su obra Derecho Procesal Civil Salvadoreño; hace las

siguientes consideraciones.

Fundamento constitucional:

La contestación de la demanda, descansa en la defensa como un derecho

procesal de rango constitucional, regulado en el artículo 11 de la C.N, por

consiguiente su incumplimiento en el proceso civil producirá la máxima sanción

establecida para todo trámite o proceso judicial, que es la nulidad de lo actuado.

La contestación de la demanda se define como el derecho de contradicción, es el

derecho a obtener la decisión justa del litigio que se plantea al demandado o

acerca de la imputación que se le formula al imputado o procesado, mediante la

sentencia que debe dictarse en ese proceso, luego de tener oportunidad de ser

oído en igualdad de circunstancias, para defenderse, alegar, probar e interponer

recurso que la ley procesal consagre.

En la contestación, el demandado podrá tomar las siguientes actitudes contra las

pretensiones del demandante:

Alegar excepciones u otras alegaciones que eviten la terminación del

proceso por la definitiva.

Allanarse a la pretensión o pretensiones; o a alguna de ellas en todo o en

parte.

Exponer los fundamentos de oposición a las pretensiones del demandante

alegando las excepciones materiales pertinentes.

Negar o admitir los hechos aducidos por el demandante.

Reconvenir, alegando las pretensiones que crea convenientes respecto del

demandante u otras personas que puedan considerarse litisconsortes,

siempre y cuando estas tengan conexión con el objeto del proceso y estén

dentro del ámbito de la competencia del juez que conoce; en este caso el

reconvenido.

LA RECONVENCIÓN

Art. 285.- Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de
reconvención, formular la pretensión o pretensiones que crea que le compete
respecto del demandante.
No se admitirá la reconvención cuando el juez carezca de competencia por
razón de la materia o de la cuantía, o cuando la pretensión deba decidirse en un
proceso de diferente tipo. Sin embargo, podrá ejercitarse mediante
reconvención en el proceso común la pretensión conexa que, por razón de la
cuantía, hubiere de ventilarse en un proceso abreviado.
La reconvención se propondrá separadamente, a continuación de la contestación,
y se acomodará a lo establecido para la demanda. La reconvención habrá de
expresar con claridad lo que se pretende obtener respecto del demandante y, en
su caso, de otros sujetos. En ningún caso se considerará formulada reconvención
en el escrito del demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la
pretensión o pretensiones de la demanda principal.

INTERPRETACION:

Concepto. La reconvención es el acto procesal por el cual el demandado presenta
(en el mismo escrito de contestación de demanda) pretensiones contra el actor.

JOSE ALMAGRO NOSETE; afirma: el demandado, no solo puede oponerse a la
demanda y plantear excepciones, sino que también puede demandar, a su vez, al
demandante en el escrito de contestación a la demanda; a este demanda del
demandado se denomina reconvención. La LEC se limita a señalar, con un criterio

amplísimo que en la misma contestación propondrá también la reconvención (el
demandado) en los casos en que proceda.

La LEC no exige ningún elemento de conexión entre el objeto de la reconvención y
el objeto del proceso introducido por el actor, de modo que las respectivas
demandas puedan versar sobre cuestiones heterogéneas, el único requisito que
negativamente que determina la LEC es que el órgano jurisdiccional sea
competente para conocer de la misma por razón de la materia.

El doctor MIGUEL ANGEL FONT, establece los siguientes requisitos:

Condiciones de admisión.- Para que la reconvención sea admitida se requieren las
Siguientes condiciones:

que se deduzca en el mismo escrito de contestación de la demanda; sino se
hace en esa oportunidad, no podrá hacerlo posteriormente;

que el Juez de la demanda tenga competencia para entender en la
reconvención. La competencia que se exige es en razón de la materia:

la reconvención debe estar relacionada a las cuestiones planteadas en la
demanda, es decir, derivar de ella o ser conexa;

que la reconvención pueda sustanciarse por los mismos trámitesque la
demanda principal. Así, se trata de un juicio ordinario, la pretensión de la
reconvención debe ser de las que tramitan por ordinario;

que sea deducida por el demandado, y sólo contra el actor. que sea
deducida por el demandado. Esto significa que el actor no puede, a su vez.
Reconvenir, o sea: no es admisible la reconvención de la reconvención.

CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN

Art. 286.- El demandante reconvenido y los terceros demandados en la
reconvención podrán contestar a la misma en el plazo de veinte días contados a

partir de la notificación de la demanda reconvencional. Esta contestación se
ajustará a lo dispuesto para la contestación de la demanda.

INTERPRETACION:

La reconvención. Como anteriormente se ha expuesto se trata entonces de la
interposición por el demandado de una pretensión contra la persona que le hizo
comparecer en juicio, entablada ante el mismo juez y en el mismo procedimiento
en que la pretensión del actor se tramita, para que sea resuelta en la misma
sentencia, la cual habrá de contener dos pronunciamientos.
Que al igual que la contestación de la demanda; la contestación de reconvención
tiene como fin garantizar la Garantía de Audiencia y siendo que éste traslado no
constituye un mero acto de trámite, sino una restricción conforme a los Arts. 11 y 12
Cn., cuyo objetivo es establecer un debido proceso que permita bajo una garantía
efectiva un método de defensa material y de aportación de pruebas, con el propósito
de asegurar una justa decisión susceptible de cosa juzgada.
De la demanda reconvencional debe darse traslado a los reconvenidos, para que
contesten a la reconvención en el plazo de veinte días, contestación que se
ajustará a lo dispuesto para la contestación a la demanda (art. 407.2 LEC; art. 284
del nuevo código). Competencia Para que la reconvención sea admisible el
tribunal que está conociendo de la pretensión inicial debe ser también competente
para conocer de la pretensión acumulada. Este es el principio general a matizar.

FALTA DE PERSONACIÓN DEL DEMANDADO

Art. 287.- La falta de personamiento del demandado en el plazo otorgado al efecto
producirá su declaración de rebeldía, pero no impedirá la continuación del
proceso, sin que deba entenderse su ausencia como allanamiento o
reconocimiento de hechos.

La resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado, y en adelante no
se le hará ninguna otra notificación, excepto la de la resolución que ponga fin al
proceso.

Cualquiera que sea el estado del proceso en que el demandado rebelde
comparezca, se entenderán con él las actuaciones sucesivas, sin que se pueda
retroceder en ningún caso.
El demandado rebelde al que le haya sido notificada personalmente la
sentencia sólo podrá interponer contra ella el recurso de apelación y el
extraordinario de casación, cuando procedan, siempre que los interponga dentro
del plazo legal, sin perjuicio de que pueda plantear la revisión de la sentencia
firme.
La admisión de los recursos interpuestos por la parte contraria se hará del
conocimiento del demandado rebelde.

INTERPRETACION.
284
Frente a la demanda la primera actitud que puede adoptar el demandado es la
de no comparecer; a esta actitud, entendida como inactividad inicial y total, se
denomina un tanto incorrectamente rebeldía.
Los derechos romano y germánico se basaban inicialmente en la idea del juicio
como sometimiento voluntario de las partes a un juez y, por tanto, no podían
concebir el proceso en ausencia del demandado. El lógico paso siguiente fue
configurar la presencia de éste en el proceso como una obligación y de ahí el
establecimiento de sanciones para impulsarlo coactivamente a personarse; surge
así la missio in bona y la proscripción. Hoy la concepción es, naturalmente,
Distinta y descansa, por un lado, en el principio de contradicción y, por otro, en la
noción de carga.
El principio de contradicción, entendido como derecho fundamental de audiencia o
defensa, supone que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio,
pero no puede jugar de la misma manera en todos los procesos. En el civil el
principio se respeta cuando se ofrece al demandado la posibilidad real de ser oído,
sin que sea necesario que éste haga uso de esa posibilidad. La demanda,
Pues, no impone al demandado la obligación de comparecer, sino simplemente la
carga de hacerlo, es decir, un imperativo de su propio interés, que puede o no
levantar según le parezca más conveniente.

284
DERECHO JURISDICCIONAL, TOMO II; PROCESO CIVIL. MONTERO AROCA. PAG. 200-209

La rebeldía del demandado no impide la continuación del proceso hasta su final.
Cuando hablamos de efectos lo que tratamos es de precisar qué consecuencias
produce esta situación sobre el proceso que continúa su curso regular. La
preclusión, propia de la inactividad, lleva a que el demandado pierda la posibilidad
de realizar los actos procesales correspondientes, y en especial la contestación a
la demanda, pero ello no implica consecuencia positiva alguna. En otros
ordenamientos la rebeldía supone que el demandado admite los hechos alegados
por el demandante y aun que se allana a la pretensión, pero esto no ocurre en el
Nuestro, en el que el art. 496.2 LEC dice claramente que la declaración de
rebeldía no equivale ni a allanamiento ni a admisión de los hechos alegados en la
demanda. La rebeldía se hace equivaler a que el demandado niega los hechos
alegados por el actor y se opone a la petición de éste. El actor, para que sea
estimada su pretensión, tendrá que realizar todo lo que tendría que hacer si el
demandado hubiera contestado negando. La rebeldía supone así una resistencia
implícita.

SECCIÓN TERCERA
APORTACIÓN DE DOCUMENTOS

Aportación de documentos con los escritos iníciales

Art. 288.- Junto con la demanda y la contestación de la demanda, y junto con la
reconvención y la contestación de ella se deberán aportar los documentos que
acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante
procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben
el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.
Con los escritos iníciales se habrán de aportar en todo caso los documentos
probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Si no se dispusiera de
alguno de éstos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar
en que se encuentran, y solicitándose las medidas pertinentes para su
incorporación al proceso.
Se aportarán también los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus
pretensiones. En el caso de que alguna de las partes sea representada por la
Procuraduría General de la República, no tendrá que aportar con la demanda o
con la contestación el dictamen pericial, sino que se podrá limitar a anunciarlo o

solicitarlo.
Asimismo, deberán aportarse aquellos otros documentos que este código u otra
ley exijan expresamente para la admisión de la demanda

INTERPRETACION:

La demanda, contestación de la demanda y en su caso la contestación de la
reconvención no debe de presentarse sola a ella se han de acompañar algunos
documentos sobre la distinción entre documentos procesales y materiales y sobre
la necesidad de acompañarlos a la contestación, puede reproducirse lo dicho
respecto a la demanda, puesto que los arts. 264 y ss. LEC se refieren siempre a la
demanda y a la contestación, en su caso, aunque es necesario hacer alguna
matización.
PROCESALES:
El poder que acredita la representación procesal del procurador, si la
representación no se ha otorgado apud acta o por el turno de oficio (arts.
264.1, 1.9, y 24.1 LEC): Su no presentación, cuando sea necesario y no
sea sustituido por las otras dos posibilidades, significará que el juez no dará
curso a la contestación, si bien cabrá subsanación, y solo a falta de esta se
tendrá por no presentada la contestación y por no comparecido al
demandado.

Acreditación de la representación legal de la persona física y la
consideración de órgano de la jurídica (art. 264.1, 2.9, LEC): También aquí
la falta del documento impedirá que el juez de curso a la contestación,
aunque siempre cabra subsanación.

Tantas copias de la contestación y de los documentos como Demandantes
haya (arts. 273 y 275 LEC): La falta de estas copias No origina, en principio,
la inadmisión de la contestación, sino simplemente Que se conceda plazo
de cinco días para que se presenten, Pero, en último caso, si no se
subsana el defecto, se tendrán por no Presentados el escrito y los
documentos.

MATERIALES
Lo dicho para la demanda es exactamente aplicable aquí, teniendo en cuenta que
se refieren, no a la estimación de la pretensión, sino a su desestimación, a la

absolución del demandado. Estos documentos, dictámenes periciales e informes
(art. 265 LEC) podrán ser necesarios cuando el demandado alegue hechos
nuevos, pero no cuando se limite a negar los hechos alegados por el actor.

PRECLUSIÓN DE LA APORTACIÓN DOCUMENTAL

Art. 289.- Cuando no se aporten los documentos inicialmente, o no se designe
el lugar donde se encuentren, prelucirá la posibilidad de aportarlos, salvo que la
ley autorice excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial, por ser
posteriores a los actos de alegación o anteriores pero desconocidos, por fuerza
mayor o por otra justa causa.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el demandante podrá presentar
en la audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e
informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de
manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la
contestación a la demanda.
Salvo las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan y deban tener
efecto en el proceso, no se admitirá la presentación de documentos después
de concluida la audiencia de prueba.

INTERPRETACION.

Después de la demanda y de la contestación no se admitirá ni al actor ni al
demandado, respectivamente, otros documentos que los que se hallen en algunos
de los casos siguientes.

1) Ser de fecha posterior a dicho escrito.
2) El anterior respecto de los cuales jure la parte que los presente no haber
tenido antes conocimiento de su existencia.
3) Los que no hayan sido posible adquirir con anterioridad por causas que no
sean imputables a la parte interesada.

No se admitirá documento alguno después de la citación para sentencia. El juez
repelara de oficio los que se presente, mandado devolverlos a la parte sin ulterior

recurso.
La presentación de documentos después del plazo de prueba no priva a la parte
contraria de su derecho a impugnarlo.

CAPÍTULO SEGUNDO
LA AUDIENCIA PREPARATORIA.

CONVOCATORIA DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA

Art. 290.- Evacuados los trámites correspondientes de alegaciones iniciales o
transcurridos los plazos sin haberlas realizado, el juez, dentro de un plazo de tres
días, convocará a las partes a una audiencia preparatoria, que se celebrará en un
plazo no mayor de sesenta días contados desde la convocatoria judicial.
A tal efecto, se comunicará a las partes el día y hora señalados, citándoles para
comparecencia.

INTERPRETACION:

El sistema de la audiencia preliminar

La búsqueda de ese camino distinto se inicio con la Ordenan Procesal Civil
austriaca de 1895, obra de Klein. El juez, después admitir la demanda, citaba a
las partes a una audiencia que, por realizarse antes de la contestación a la
demanda, se llamo preliminar.

Con ella pretenden cumplirse varias finalidades:

Intentar un acuerdo o transacción entre las partes que ponga fin al
proceso.

Examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la
prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su
objeto (función sane adora).

Fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho,
sobre los que exista controversia entre las partes (función delimitadora
de los términos del debate), y

Proponer y admitir la prueba (función delimitadora del tema de Prueba).
La audiencia previa supone un cambio de orientación tan importante
que requiere explicar una evolución histórica.

COMPARECENCIA DE LAS PARTES

Art. 291.- Cuando a la audiencia preparatoria dejaran de concurrir ambas
partes, el juez pondrá fin al proceso sin más trámite, siempre que tal ausencia
no esté debidamente justificada.
Lo mismo hará el juez cuando no asista el demandante, y el demandado no
muestre interés legítimo en la prosecución del proceso.
Cuando dejare de comparecer el demandado o cuando ante la inasistencia del
demandante aquél mostrare interés legítimo en la prosecución del proceso, el
juez ordenará la continuación del mismo, siguiéndose la tramitación en lo que
resulte procedente.
INTERPRETACION:

La necesidad de la presencia de la parte misma, es decir, no) de su procurador, no
ha sido impuesta en la LEC. A la audiencia puede comparecer la parte
personalmente, pero también puede comparecer su procurador, si bien en este
caso el mismo tiene que tener poder para renunciar, allanarse o transigir (art.
414.2), esto es, para realizar los actos de disposición del objeto del proceso, pues
en caso contrario se tiene a la parte por incomparecida, con las graves
consecuencias que ello acarrea.
Con esos caracteres generales se ha regulado una audiencia para la que se
convocará a las partes (art. 291; nuevo código de procedimientos civiles), con lo
que en realidad lo que se está diciendo es que se citará a los procuradores de las
partes, pues se ha renunciado a la necesidad de la presencia personal de éstas.

Lo más importante de la regulación general se refiere a los efectos de la
incomparecencia de las partes o de su abogado a la audiencia,
Debiendo distinguirse:

No comparece el demandante, o el abogado del mismo, puesto que la
inasistencia del abogado se equipara a la inasistencia de la parte (o, mejor,
de su procurador): Las soluciones posibles son dos, dependiendo de la
voluntad del demandado:

Si el demandado no pide la continuación del procedimiento, el tribunal
dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las
actuaciones.

Si el demandado pide que continúe el procedimiento, alegando interés
legitimo en que llegue a dictarse sentencia sobre el fondo del asunto, el
proceso continuara y lo hara con la celebración de la audiencia misma,
aunque solo con la presencia del demandado, lo que implica limitación de
sus finalidades.

No comparece el demandado (mejor, su procurador) o el abogado del
mismo, pues legalmente se equiparan estas dos inasistencias: El proceso
continua, celebrándose la audiencia solo con el actor en lo que resulte
procedente.

CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA

Art. 292.- La audiencia preparatoria servirá, por este orden: para intentar la
conciliación de las partes, a fin de evitar la continuación innecesaria del proceso;
para permitir el saneamiento de los defectos procesales que pudieran tener las
alegaciones iníciales; para fijar en forma precisa la pretensión y el tema de la

prueba; y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en
la audiencia probatoria como fundamento de su pretensión o resistencia.
Excepcionalmente, en casos de urgencia, comprobada a juicio del tribunal, podrá
recibirse la prueba que, por su naturaleza, sea posible diligenciar en dicha
audiencia.

INTERPRETACION:

En lo relativo al contenido que lleva implícito el propósito de facilitar a las partes un

acuerdo que ponga fin al proceso y de no lograrse, de limpiarlo de aquellos

defectos que pudieren obstaculizar su desarrollo y lo más grave que impide al juez

que pueda conocer sobre el fondo del asunto y pronunciarse sobre el mismo en su

sentencia entre otras funciones.

Como también la realización de la audiencia previa depende de la voluntad del

futuro demandante, de que las considere convenientes y su finalidad en un primer

momento despejar dudas sobre la afirmación de titularidad; evitando un futuro

proceso, es decir pretendiendo evitar la realización de la actividad jurisdiccional

inútil, que acabaría en una sentencia meramente procesal. Y como lo expresa el

inciso segundo del artículo en la audiencia previa también es un momento procesal

acotado por el legislador para la práctica de prueba de declaración de las partes

informes orales etc.

No habiéndose logrado el acuerdo, el tribunal pasará a cumplir con la función

saneadora del proceso. Por medio de ella se pretende evitar que se realice todo el

proceso para que al final del mismo se descubra que el esfuerzo y el tiempo

empleados han sido inútiles pues, por razones procesales, no puede el tribunal

entrar a decidir el tema de fondo suscitado por las partes, debiendo limitarse a

Dictar una sentencia meramente procesal. Como dice el art. 416.1 el tribunal habrá

de resolver sobre cualquier circunstancia que pueda impedir la válida prosecución

y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. Sanear el proceso

puede entenderse en un doble sentido:

1) Unas veces se tratará de terminar el proceso, impidiendo su entera tramitación,

cuando se sabe que no puede conducir a una sentencia de fondo, y

2) Otras veces se tratará de resolver las cuestiones procesales para que, tramitado

después el proceso, no exista ya la posibilidad de una sentencia meramente

procesal o de absolución en la instancia. Estamos, pues, ante los presupuestos y

requisitos procesales, y el control de la concurrencia de los mismos ha de

efectuarse precisamente por el orden previsto en la ley (art. 417.1).LEC;

ARREGLO DEL PROCESO MEDIANTE CONCILIACIÓN

Art. 293.- Abierta la audiencia preparatoria, el juez instará a las partes a lograr un
arreglo en relación con la pretensión deducida en el proceso.

A la vez que insta a las partes a lograr un acuerdo, el juez les advertirá de los
derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, sin prejuzgar el contenido
de la eventual sentencia.

INTERPRETACION:

Intentando que las partes lleguen a un acuerdo en la audiencia misma, tratándose

de una conciliación intra-procesal que puede acabar o no en avenencia, es decir,

en transacción judicial que será Homologada por el tribunal.

LO ESPECÍFICO DE ESTA CONCILIACION INTRA-PROCESAL ES QUE:

Antes de intentar la conciliación el tribunal debe examinar la concurrencia
de los requisitos de capacidad jurídica y de poder de disposición de las
partes o de sus representantes.

Al tratarse de una conciliación en sentido estricto, no de una mediación, el

tribunal debe limitarse a facilitar el acuerdo entre las partes, pero son éstas

las que han de poner fin al litigio, sin que aquél pueda formular propuestas

Lie arreglo para que las partes la acepten o las rechacen.

Dado que es el r1ismo tribunal el que está conociendo del proceso y el que

intenta la conciliación, al no poder hacer propuestas de arreglo no existe el

riesgo de que el tribunal prejuzgue la cuestión y de que fuerce la voluntad

de las partes.

FIN DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN ENTRE LAS PARTES.
IMPUGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Art. 294.- Si las partes logran una transacción, ésta requerirá de homologación
judicial. A tal fin, el juez examinará el contenido del acuerdo adoptado por las
partes, debiendo comprobar que lo convenido no implica fraude de ley o abuso de
derecho, ni versa sobre derechos indisponibles, n i t a mp o co compromete el
interés público o el de menores, o se realiza en perjuicio de tercero. En estos
casos, no habrá lugar a la homologación.
Aprobada la transacción, el juez ordenará poner fin al proceso y proceder al archivo

de lo actuado.

El acuerdo transaccional homologado judicialmente podrá impugnarse por las
causas que invalidan los contratos. La impugnación de la validez se ejercitará
ante el mismo juzgado, por los trámites y con los recursos establecidos en este
código y caducará a los quince días de la celebración de la audiencia. Además
de las partes, también estarán legitimados para impugnar el acuerdo transaccional
quienes pudieran sufrir perjuicio por el mismo.

INTERPRETACION:

Esta se llevara a cabo para intentar un acuerdo o transacción de las partes que

pongan fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a

la prosecución de este y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar

con precisión dicho objeto y los extremos de hecho o de derecho sobre lo que

exista controversia entre las partes y en su caso proponer y admitir la prueba.

La primera función asignada por la ley a la audiencia previa es como vemos la de

intentar conseguir un acuerdo o transacción que ponga término al proceso. El

acuerdo o transacción ha de versar sobre lo que es objeto del litigio, sin

posibilidad de introducir otro nuevo o distinto del mismo para conseguir una

regulación ajena a la causa litigiosa y en consecuencia la disposición de derechos

no insertos en el objeto del pleito aun que no pueda establecerse un criterio rígido

en esta materia.

Lógicamente el primer cometido del juez, una vez declarado abierto el acto es

comprobar si subsiste el litigio entre las partes: si los litigantes manifestasen haber

llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuesto a concluirlo de inmediato, podrán

desistir del proceso o solicitar al juez que homologue lo acordado.

EJECUCIÓN DEL ACUERDO

Art. 295.- Lo convenido en conciliación o transacción en la audiencia
preparatoria, una vez aprobado u homologado judicialmente, tendrá en su caso la
consideración de título de ejecución y podrá llevarse a efecto por los trámites de
ejecución de sentencias regulados en este código.

INTERPRETACION:

Si las partes llegan a un acuerdo, el tribunal procederá a la homologación del
mismo. La homologación debe realizarse por una resolución judicial que debe ser
auto dictado al terminar la audiencia. Esta acabara por resolución oral, que se
documentara en el acta, pero la homologación requiere auto, el cual es titulo
ejecutivo.

El art. 415.2 dice que lo que se llevará a efecto por los trámites previstos para la
ejecución de sentencias o convenios judicialmente aprobados es el acuerdo
homologado judicialmente, pero el art. 517.1, 3.a, otorga fuerza ejecutiva a las
resoluciones judiciales que aprueban u homologan transacciones judiciales y
acuerdos logrados en el proceso, con lo que es dudoso qué tipo de resolución
debe dictar el tribunal para efectuar la homologación, pues podría ser una
resolución oral, documentada en el acta, o un auto. Lo más correcto es distinguir
entre:

Acuerdo: Los términos del mismo se documentan en el acta de la audiencia
previa, y ésta acaba por medio de una resolución oral que se limita a hacer
constar la existencia del acuerdo, y

Auto: El tribunal, a continuación, dicta un auto de homologación del
acuerdo. El título ejecutivo es así el auto de homologación.

FIN DEL PROCESO POR RENUNCIA, DESISTIMIENTO O
ALLANAMIENTO

Art. 296.- Si hubiera acuerdo en poner fin al proceso por renuncia, desistimiento
o allanamiento, el juez dictará la resolución pertinente tras aprobarlo, de
acuerdo con las normas establecidas en este código para la finalización
anticipada del proceso.

INTERPRETACION.

El acuerdo homologado es una transacción judicial, que surtirá los efectos de esta,

y por ello ha de admitirse la impugnación de la misma por las causas y en la forma

prevista para la transacción judicial, A pesar del tenor literal del art. La transacción

judicial no surte los efectos propios de la cosa juzgada, se entiende material,

porque en ella no se decide por el tribunal el conflicto existente entre las partes.

Una cosa es que el auto que aprueba la transacción sea título ejecutivo y otra que

produzca cosa juzgada. La mejor demostración de ello es que la impugnación de

la transacción no se hace por medio del juicio de revisión, sino por el proceso

ordinario y por las causas que invalidan los contratos. Si las partes no se

mostraron dispuestas para el intento de conciliación o si intentado esta no se llego

a un acuerdo, la audiencia previa continuara con la siguiente finalidad. Nada

impide que se logre una avenencia parcial, continuando la audiencia y el proceso

para aquello en lo que no hay acuerdo

Continuación de la audiencia

Art. 297.- Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen
dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en
los artículos siguientes.
Si el acuerdo alcanzado fuera parcial, se ordenará lo procedente, continuando la

INTERPRETACION:

El acuerdo homologado es una transacción judicial, que surtirá los efectos de

esta, y por ello ha de admitirse la impugnación de la misma por las causas y en la

forma prevista para la transacción judicial,

Si las partes no se mostraron dispuestas para el intento de conciliación o si

intentado esta no se llego a un acuerdo, la audiencia previa continuara con la

siguiente finalidad. Nada impide que se logre una avenencia parcial, continuando

la audiencia y el proceso para aquello en lo que no hay acuerdo.

Denuncia y examen de defectos

Art. 298.- La audiencia continuará con el examen de cualesquiera defectos
alegados por las partes, en cuanto supongan un obstáculo a la válida
continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo,
incluidos los referidos al cumplimiento de algún presupuesto procesal relativo a las
partes, como la capacidad para ser parte y la capacidad procesal; al órgano
jurisdiccional, como la jurisdicción interna y externa, y la competencia objetiva,
territorial o de grado; y al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa
juzgada, la sumisión al arbitraje, el compromiso pendiente, y el procedimiento
inadecuado.

Se examinarán los defectos manifestados por el demandado en la contestación a
la demanda o por el demandante en la contestación a la reconvención.

INTERPRETACION:

En el caso de la audiencia previa el legislador faculta la continuación aunque

puedan existir defectos en la audiencia aun que más adelante se presentan

cuando en caso de defectos se va a suspender el propósito de la ley es el de que

todas las cuestiones procesales queden resueltas en la misma audiencia previa,

dictándose al efecto las resoluciones orales procedentes, pero el art. 417.2 LEC

admite la posibilidad de que, debatiéndose más de una cuestión procesal, el

tribunal las decida por auto, que debe dictarse en el plazo de cinco días desde la

terminación de la audiencia. Asimismo, con carácter especial alguna norma

posterior (art. 420.2 LEC.) permite decidir una cuestión procesal por auto y

después de terminada la audiencia.

DEFECTOS INSUBSANABLES

Art. 299.- Cuando el defecto examinado y apreciado por el juez resulte del todo

insubsanable, se rechazará la demanda por improponible y, en consecuencia, se

ordenará el archivo de las actuaciones.

INTERPRETACION:

Defectos subsanables: Si el tribunal estima la concurrencia del defecto y que el
mismo es subsanable, permitirá la subsanación del mismo en el acto y, si ello no
fuera posible, concederá a la parte un plazo no superior a diez días para que
subsane, con suspensión de la audiencia. Subsanado el defecto, la audiencia
continuara. Si no se subsana debe distinguirse:

1) Los defectos relativos al actor supondrán la necesidad de dictar auto poniendo
fin al proceso, y

2) Los atinentes al demandado implicaran la declaración de su rebeldía, sin que
de sus actuaciones quede constancia en los autos, continuando el proceso.

2.2) Defectos insubsanables: Estimada la concurrencia del defecto y su naturaleza
de insubsanable, el tribunal dará por concluida la audiencia y dictara auto
poniendo fin al proceso.

DEFECTOS DE CAPACIDAD, REPRESENTACIÓN O POSTULACIÓN

Art. 300.- Si los defectos denunciados y examinados se refirieran a la
capacidad, representación o postulación y fueran subsanables, el juez otorgará
a la parte que los cometió un plazo máximo de cinco días para proceder a su
debida corrección, suspendiendo a tal efecto la audiencia, salvo que la parte
estuviera en disposición de sanarlos en el mismo acto. Subsanados los
defectos, se reanudará o continuará, en su caso, la audiencia.
Si transcurrido el plazo señalado, el demandante o el reconviniente no hubiera
acreditado ante el juez la subsanación de los defectos que éste advirtió, se
rechazará la demanda y se pondrá fin al proceso con archivo de las
actuaciones realizadas hasta el momento, sin perjuicio del derecho de la parte a
volver a plantear la pretensión si ello resultara posible.
Si la subsanación correspondiera al demandado y no se efectuara en el plazo
otorgado, el proceso seguirá su curso con la declaración de rebeldía.

INT ERPRET ACION:

La ley distingue entre defectos de capacidad o representación alegados por el
demandado en la contestación o aducidos por el actor en la audiencia subsanable
o susceptible de corrección y los que no lo sean.

Respecto a los primeros siendo intención del legislador que la audiencia previa
resulte de forma expedita los defectos que obstaculizan el buen desarrollo del
proceso, ordena que se subsanen o corrijan en el acto o de no ser posible en un
plazo máximo de cinco días suspendiéndose entre tanto la audiencia.

En cuanto a los segundos, defectos o faltas no subsanables caso por ejemplo la
falta de capacidad; y también respecto a los anteriores no subsanados o
corregidos en el término al efecto concedido se dará por concluida la audiencia y
se dictara auto de sobre seguimiento del proceso a no ser que el defecto no
subsanado afecte a la personación en forma del demandado en cuyo caso se le
declarara en rebeldía.

FALTA DE LITISCONSORCIO NECESARIO

Art. 301.- Si el defecto se refiriera a la falta del debido litisconsorcio, podrá el
demandante, en la audiencia, presentar un escrito dirigiendo la demanda a los
sujetos que no fueron traídos al proceso, en cuyo caso el juez, si estima la falta de
litisconsorcio, ordenará emplazar a los nuevos demandados para que contesten a
la demanda, con suspensión de la audiencia.
Si el demandante se opusiere a la alegación de falta de litisconsorcio presentada
por el demandado, se dará audiencia a ambas partes. Y si el juez estima que
existe tal defecto, concederá al demandante un plazo de diez días para constituir
el litisconsorcio, y mandará emplazar a los nuevos demandados, quedando en
suspenso la audiencia. Si el demandante no presentara la demanda contra los
nuevos demandados, se pondrá fin al proceso y se archivarán las actuaciones.
Cuando el caso entrañe una especial dificultad, el juez podrá resolver la cuestión
dentro de los cinco días posteriores a la audiencia, debiéndose continuar

ésta para dar cumplimiento a sus otras finalidades.

INTERPRETACION:

El litisconsorcio necesario, el momento para debatir sobre la concurrencia del
mismo es el de la audiencia previa (art. 420), lo que puede hacerse ante dos
situaciones:

1) Si el demandado opuso en la contestación a la demanda la excepción procesal
de falta de litisconsorcio necesario y el actor admite la existencia del mismo,
puede presentar escrito dirigiendo la demanda contra los sujetos que el
demandado considero en la contestación que eran litisconsortes: El tribunal, si
estima procedente el litisconsorcio, lo declarara así en resolución oral y ordenara
Emplazar a los nuevos demandados para que contesten a la demanda,
Son suspensión de la audiencia. El dirigir la demanda contra otras personas no
puede suponer modificar el objeto del proceso, ni en la petición, ni en la causa de
pedir, aunque sí será posible añadir las alegaciones que sean imprescindibles
para justificar que la pretensión se dirige también contra los nuevos demandados.
Dado traslado de la demanda a éstos y contestada por ellos o transcurrido el
plazo, se volverá a citar para la audiencia previa, debiéndose entender, no que se
inicia de nuevo, sino que se continua.
2) Alegada la excepción por el demandado en la contestación a la demanda, o
suscitada la cuestión de oficio por el tribunal, si el actor se opone a la existencia
del litisconsorcio necesario: El tribunal oirá a la. s partes y decidirá, bien en el acto
y en resolución oral, bien por auto y en el plazo de cinco días, sobre la
concurrencia del mismo, sin perjuicio de que la audiencia previa continua para las
Demás finalidades. Si la decisión es contraria a la concurrencia del litisconsorcio
necesario por proceso seguirá por sus trámites normales. Si se decide que existe
el litisconsorcio necesario, el tribunal concederá al actor un plazo no inferior a diez
días para que dirija también la demanda contra los litisconsortes inicialmente no
demandados.

Litispendencia o cosa juzgada

Art. 302.- Cuando se hubiere denunciado la litispendencia o la cosa juzgada, o
bien el defecto fuera apreciado de oficio por el juez, se pondrá fin al proceso en
el acto, ordenándose el archivo de las actuaciones.
No obstante, si el caso entrañara especial dificultad, el juez podrá resolverlo
dentro de los cinco días posteriores a la audiencia, la cual deberá proseguir
para que se cumplan sus otras finalidades.

INTERPRETACION:

La litispendencia o la cosa juzgada pueden haber sido opuestas como excepción
procesal por el demandado al contestar la demanda o pueden ser suscitadas de
oficio por el tribunal (art. 421), y sobre ellas debe resolverse, bien por resolución
oral en la audiencia misma, bien por auto dictado dentro de los cinco días
siguientes a la audiencia, y en este segundo caso:

1) La audiencia seguirá para las restantes finalidades, y

2) Si fuere necesario resolver sobre alguna cuestión de hecho, las actuaciones
oportunas se practicaran en ese plazo. La decisión puede consistir en que:

3) Estimar que existe litispendencia o cosa juzgada: Se dará por finalizada la
audiencia, dictándose auto de sobreseimiento, en el plazo de los cinco días
siguientes. Si se resuelve por auto, en el mismo se realizara la declaración de
sobreseimiento. La cosa juzgada opera en este supuesto en su efecto negativo o
excluyente, puesto que si se tratara de su efecto positivo o prejudicial, Ho cabría
Sobreseer sino ordenar la continuación de la audiencia o del proceso.

.4) Desestimar la concurrencia de litispendencia o de cosa juzgada: Si se resuelve
en la audiencia, se ordenara la continuación de la misma para las restantes
finalidades; y si se declara en el auto posterior, se ordenara la continuación del
proceso por sus trámites ordinarios.

VÍA PROCESAL ERRÓNEA

Art. 303.- Si se denunciare error en la vía procesal que se estuviera siguiendo,
por discrepancia sobre la naturaleza de la pretensión, el valor de la misma o la
forma de calcularlo, se deberá oír a ambas partes. El juez resolverá en el acto
lo que proceda, y si hubiera de seguirse el proceso abreviado citará a dichas
partes para la audiencia del mismo.

INTERPRETACION:

L a ley prevé la situación en caso que el objeto del litigio de ventile en la

naturaleza diferente de proceso; en que las partes; la cuantía y la materia sirven

para determinar el procedimiento adecuado y, sobre todo, para distinguir entre

juicio ordinario y juicio abreviado; El control de la adecuación del procedimiento

puede realizarse de oficio y puede efectuarse a instancia del demandado, el cual

opondrá la excepción oportuna en la contestación a la demanda y en este caso se

debatirá en la audiencia previa, lo que se hará oyendo a las partes.

DEMANDA DEFECTUOSA

Art. 304.- Cuando se hubiere denunciado la existencia de defectos subsanables
en la demanda o en la reconvención, o el juez los hubiera apreciado de oficio,
pedirá en la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas.

Si no se dieran las aclaraciones o precisiones, y los defectos no permitiesen

determinar con claridad las pretensiones del demandante, el juez dictará auto
en el que se ponga fin al proceso, con archivo de las actuaciones. Si los
defectos se hubieran apreciado en la reconvención, el juez la excluirá del
proceso y no entrará a resolver sobre ella en la sentencia.

INTERPRETACION:

La demanda y la reconvención, esto es, los escritos en los que se interpone una
pretensión, tienen unos requisitos de contenido, de los que algunos se refieren a la
admisibilidad de la misma y otros atienden a su estimación. En la audiencia previa
sólo puede atenderse a los requisitos que pueden condicionar la admisibilidad:
determinación de las partes y de la petición.
En la audiencia, bien porque el demandado ha opuesto esta excepción. En la
contestación a la demanda, bien porque el actor la ha opuesto respecto de la
reconvención al contestar a ella, bien porque el tribunal suscita de oficio el posible
defecto respecto de la demanda o de la reconvención, puede procederse a debatir
sobre: 1) Falta de claridad o precisión en la determinación de las partes, y 2) Lo
mismo sobre la petición deducida, y ello con la finalidad de que el actor o el
reconviniente formulen las aclaraciones o precisiones oportunas.

FIJACIÓN DE LA PRETENSIÓN

Art. 305.- En la audiencia podrá el demandante o reconviniente hacer las
precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas en relación con
la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá
alterar o modificar sustancialmente la misma.

El demandante podrá, asimismo, añadir nuevas pretensiones a la ya planteada
en su demanda, pero sólo si aquellas son accesorias respecto de ésta.

Si el demandado se opusiera a esta adición, el juez la admitirá sólo cuando
entienda que no supone menoscabo para el adecuado ejercicio del derecho de
defensa. Admitidas las nuevas pretensiones, se oirá dentro de la audiencia a la

parte contraria, a efectos de que ejerza su derecho de defensa respecto de las
mismas

INTERPRETACION:

El punto de partida es la regla general de la prohibición de la transformación de la
demanda y de la contestación a la demanda, de modo que en la audiencia previa
no cabe alterar lo que el actor fijó como objeto del proceso, ni lo que el
demandado determinó como objeto del debate. Sí son posibles modificaciones no
sustanciales, que pueden referirse a: Aclaración de alegaciones: A instancia de las
propias partes, éstas podrán aclarar, rectificar o hacer alegaciones
complementarias respecto de los hechos aducidos en sus escritos iníciales y de
los fundamentos de derecho. A requerimiento del tribunal deberán las partes
pronunciarse, admitiéndolos o negándolos, sobre los hechos afirmados por la
parte contraria.

FIJACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL DEBATE

Art. 306.- Fijada definitivamente la pretensión, tanto el demandante como el
demandado podrán efectuar cuantas precisiones, aclaraciones y concreciones
crean oportunas para lograr establecer la más completa y precisa fijación de la
pretensión y de los términos del debate. A estos efectos, el juez podrá requerir a
las partes cuantas veces crea necesario en la audiencia para que aclaren los
puntos dudosos u oscuros que contengan las respectivas alegaciones
iníciales o las efectuadas en la audiencia conforme a este artículo.

INTERPRETACION:

La petición que determina el objeto del proceso no puede ser modificada despues
de la contestación a la demanda y lo mismo ocurre con la peticion de la
reconvención, pero sí cabe que en la audiencia previa el actor o el reconviniente
formulen peticiones accesorias o complementarias, dependientes de la primera o
principal. si la parte contraria está conforme se admitirá tal petición, y sobre ella

habrá de resolverse en la sentencia. si la parte contraria se opone, el tribunal
decidirá sobre su admisibilidad, debiendo admitirla sólo cuando entienda que su
planteamiento en la audiencia no impide a la parte contraria ejercitar su derecho
de defensa en condiciones de igualdad

INTRODUCCIÓN DE LOS HECHOS NUEVOS O DE NUEVO
CONOCIMIENTO

Art. 307.- Las partes podrán poner de manifiesto en la audiencia cualquier
hecho que sea relevante para la d e t e r mi n a c i ó n de la causa de pedir de la
pretensión o para la fijación de los términos del debate, siempre que tales
hechos hubieran ocurrido con posterioridad al momento en que se formularon las
alegaciones iníciales o, de haber acontecido antes, se hubiesen conocido por las
partes con posterioridad a dicho momento.

Sobre los hechos nuevos o de nuevo conocimiento que el juez repute admisibles
se podrá proponer prueba de conformidad con las normas de este código.

INTERPRETACION:

El art. 286de la LEC; regula el escrito de ampliación de hechos que puede
presentar cualquiera de las partes antes de comenzar a transcurrir el plazo para
dictar sentencia, pero si los hechos nuevos ocurren antes de la audiencia previa o
si de los hechos se tiene noticia antes de la misma, no deberá presentarse el
dicho escrito de ampliación de hechos, sino que unos y otros se alegarán en la
audiencia. Por lo demás es aplicable lo dispuesto en el citado art. 286, salvo en lo
relativo al procedimiento. Así la parte contraria en la audiencia deberá
pronunciarse sobre si admite el hecho o lo niega, pudiendo aducir cuanto lo aclare
o desvirtúe

PRESENTACIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS O INFORMES DE
PERITOS

Art. 308.- Las partes podrán aportar en la audiencia preparatoria los documentos
o informes de peritos que se revelen necesarios a la vista de las alegaciones
iníciales de la parte contraria. También podrán presentar los que deriven de las
precisiones, aclaraciones y concreciones efectuadas al amparo de las
disposiciones de este código. Si el tribunal considerare improponible el
planteamiento, lo rechazará mediante auto motivado.

No será recurrible la resolución que admitiere o rechazare el hecho o documento
nuevo, sin perjuicio de que, en el supuesto del rechazo, se pueda presentar de
nuevo la petición ante la cámara de segunda instancia, al apelar de la sentencia.

INTERPRETACION:

En todos los casos en que se produzcan aclaraciones, rectificaciones, alegaciones
complementarias, hechos nuevos o de nueva noticia y peticiones accesorias o
complementarias, siendo admitidas por el tribunal, las partes podrán aportar
documentos (siendo aplicables los arts. 267, públicos, y 268, privados) o
'dictámenes que las justifiquen.
En la audiencia, cada parte se pronunciará sobre los documenta* aportados de
contrario hasta ese momento, manifestando si los admite o reconoce o impugna,
proponiendo prueba, en su caso, sobre SU autenticidad. De la misma manera
expresará lo que convenga a su derecho sobre los dictámenes periciales y los
informes presentados hasta ese momento; respecto de los dictámenes los
admitirá, lo contradirá o propondrá que sean ampliados en los extremos que
Determine.

FIJACIÓN DEL OBJETO DE LA PRUEBA

Art. 309.- Las partes, con el juez, si viene al caso, fijarán los hechos sobre los que
exista disconformidad, así como los que resulten admitidos o estipulados por
ambas partes, quedando excluidos estos últimos de la audiencia probatoria. Si
hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una
cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo
para dictar sentencia.

Sobre los hechos respecto de los que haya disconformidad se dará la palabra
a las partes para que propongan las pruebas que a su derecho convengan.

PROPOSICIÓN DE LA PRUEBA. DECISIÓN DEL JUEZ SOBRE SU
ADMISIÓN

Art. 310.- Las partes, por su orden, procederán a comunicar al juez las pruebas de
las que intentarán valerse en el acto de la audiencia probatoria. La proposición de
la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado, con la debida
especificación de su contenido y finalidad a la parte contraria.

Las pruebas admitidas que no puedan practicarse en el acto de la audiencia
probatoria deberán realizarse con antelación a su inicio.

Cuando la prueba que se deba practicar sea sólo la documental, el juez pasará a
dictar sentencia en el plazo legalmente fijado, inmediatamente después de que
concluya la audiencia preparatoria o una vez que se hayan aportado los
documentos admitidos que no obren en poder de la parte.

FIJACIÓN DE LA FECHA DE LA AUDIENCIA PROBATORIA. CITACIÓN
DE LAS PARTES

Art. 311.- La prueba instrumental en que las partes funden su derecho será
admitida en la audiencia preparatoria. Si las partes quisieran aportar otras
pruebas instrumentales, su admisión se examinará en la audiencia probatoria.

El tribunal fijará la fecha de comienzo de la audiencia probatoria, la cual deberá
estar comprendida dentro de los sesenta días siguientes a la audiencia
preparatoria, en razón de la dificultad de su preparación, debiéndose indicar si
será necesaria más de una sesión. Para la comunicación de la parte que no asistió
a la audiencia, y que debió estar presente, se estará a lo dispuesto en este
código.

Las partes comunicarán al tribunal quienes son los testigos y peritos que
deberán ser citados por la oficina judicial, en el entendido de que los demás
asistirán por cuenta de la parte proponente. La citación se practicará con
antelación suficiente respecto de la fecha de inicio de la audiencia probatoria.

Las partes indicarán las pruebas que se practicarán mediante auxilio judicial.

Si antes de dar por finalizada la audiencia preparatoria las partes conocieran la
existencia de una causa que pudiera motivar la suspensión de la audiencia
probatoria en la fecha establecida, lo comunicarán de inmediato, fijándose
nuevo señalamiento si se trata de una causa legal y se reputa justificada.

INTERPRETACION:

Fijados los términos del debate, debe abordarse en la audiencia la delimitación del
tema de prueba. Se trata, fundamentalmente, de que las partes o sus defensores,
con el tribunal, fijen los hechos sobre los que existe conformidad, que no precisan
ser probados, y los hechos controvertidos, los necesitados de prueba. La
delimitación de los hechos que necesitan ser probados parte de la consideración
de que los hechos admitidos por las dos partes (los no controvertidos) y los
hechos notorios, no sólo no precisan ser probados, sino que los mismos están
excluidos de la prueba. La evitación de actos procesales inútiles exige que en la

audiencia queden delimitados los hechos necesitados de prueba, de modo que la
actividad probatoria se limite a ellos, lo que ha tener especial
Incidencia en los hechos notorios.

Fijados los hechos controvertidos, la audiencia proseguirá con la proposición y
admisión de los medios de prueba. Este es el momento en el que las partes
implícitamente piden que el proceso se reciba a prueba y en que el tribunal
también implícitamente lo recibe a prueba, para que, a continuación,
expresamente cada parte proponga los medios concretos de prueba de que
intenta valerse y el tribunal expresamente se pronuncie admitiendo o denegando
cada uno de ellos. Estamos ya ante el procedimiento probatorio que debe
examinarse en general en la lección 13.1, y en especial con cada medio de
prueba.

NORMAS GENERALES SOBRE LA PRUEBA.

DERECHO DE PROBAR

Art. 312.- Las partes tienen derecho a probar, en igualdad de condiciones, las
afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos que
son fundamento de la pretensión o de la oposición a ésta; a que el juez tenga en
cuenta, en la sentencia o decisión, las pruebas producidas; y a utilizar los medios
que este código prevé, así como aquéllos que, dada la naturaleza del debate,
posibiliten comprobar los hechos alegados.

INTERPRETACION:

El derecho a probar los elementos alegados como fundamento de la pretensión o
resistencia, forma parte del núcleo esencial del derecho de defensa. De lo anterior
se deriva la importancia de la regulación del tema probatorio en todo sistema

procesal. En este sentido, el Anteproyecto ha configurado esta actividad sobre la
base de los principios de la oralidad, libertad probatoria, inmediación,
concentración, contradicción, confrontación, comunidad de prueba, entre otros,
buscando de esta manera, el respeto a la ley fundamental y asegurando un juicio
oral y público que cumpla con las expectativas de justicia de una manera pronta y
eficaz para los administrados. La regulación de la actividad probatoria dentro del
Anteproyecto. Esta se considera la etapa procesal más importante ya que dicha
disposición faculta en relación con el artículo 11 de la constitución cuando expresa
que nadie puede ser privado del derecho a la vida, libertad etc., sin ser
previamente o y vencido en juicio con arreglo a las leyes donde brinda la
oportunidad de demostrar y desvirtuar cualquier alegación en su contra.
Haciéndose valer de su derecho reconocido constitucionalmente de poder aportar
pruebas.

OBJETO DE PRUEBA

Art. 313.- La prueba tendrá por objeto:

1º Las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos.

2º La costumbre, siempre que las partes no se pongan de acuerdo sobre su
existencia o sobre su contenido.

3º El derecho extranjero, en lo que respecta a su contenido y vigencia; pudiendo
valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para
asegurar su conocimiento.

INTERPRETACION:
Objeto de la prueba: Son las realidades que en general pueden ser probadas, con
lo que se incluye todo lo que las normas jurídicas pueden establecer como
supuesto factico del que se deriva una consecuencia también jurídica. En este
sentido el planteamiento correcto de la pregunta es: .que puede probarse? Y la
respuesta tiene que ser siempre general y abstracta, sin poder referirla a un

proceso concreto. b) Tema de prueba: Con esta expresión se hace referencia a lo
que debe probarse en un proceso concreto para que el tribunal declare
La consecuencia jurídica pedida por la parte. La pregunta adecuada es: .que debe
probarse? Y la respuesta debe ser concreta, pues debe atenderse a un proceso
determinado. Es evidente que no podemos aquí referirnos al tema de prueba,
Pues ello implicaría examinar infinidad de supuestos (que se debe probar en un
proceso con pretensión reivindicatoria, que en una pretensión de responsabilidad
extracontractual, etc.). Hemos de referirnos necesariamente al objeto de la prueba.
Generalmente suele decirse que objeto de la prueba son los hechos y el art. 281.1
LEC parece entenderlo así: La prueba tendrá como objeto los hechos que
guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso, pero
aun en esta línea posiblemente sea más correcto decir que lo que debe probarse
son las afirmaciones efectuadas por las partes sobre los hechos, aunque
Puede admitirse, para simplificar, que normalmente el objeto de la
Prueba serán hechos. Con todo, si matizamos con técnica rigurosa, hay que estar
de acuerdo con Guasp en que el objeto de la prueba serán los datos que
Han sido alegados por las partes. Ello es así porque, aunque en la mayoría de los
casos la prueba se referirá únicamente a hechos (o, mejor, a afirmaciones de
hechos), no faltan ocasiones en que han de ser objeto de la prueba normas
jurídicas (art. 281.2 LEC, costumbre y derecho extranjero).

EXCEPCIÓN DE PRUEBA

Art. 314.- No requieren ser probados:

1º Los hechos admitidos o estipulados por ambas partes.

2º Los hechos que gocen de notoriedad general.

3º Los hechos evidentes.

4º La costumbre, si las partes estuvieren conformes con su existencia y
contenido y sus normas no afecten el orden público.

INTERPRETACION:

1) Admitidos: la doctrina llama admisión a la circunstancia de no impugnar las
proposiciones del adversario. Hechos admitidos quedan fuera del
contradictorio y como consecuencia natural fuera de la prueba. Es inútil
decía el precepto JUSTINIANEO, probar los hechos no relevantes, es
necesario ver en esta formula el principio de economía procesal.
2) Notorios: quedan también fuera del objeto de la prueba los hechos notorios;
por lo pronto, el concepto de notoriedad no puede tomarse como concepto
de generalidad, un hecho puede ser notorio sin ser conocido por todos
estos hechos pueden considerarse aquellos que entran naturalmente en el
conocimiento en la cultura o en la información normal de los individuos.
3) También está fuera del objeto de la prueba los hechos evidentes. A nadie
se le exigirá probar por ejemplo el hecho de que haya llegado primero ante
sus sentidos los efectos de la luz, del sonido, etc.
4) Otra excepción es la que surge de aquellos casos en los cuales la
costumbre es fuente del derecho así ocurre por ejemplo en materia de
medianería, salarios etc. En estos casos la costumbre es derecho si fuera
discutida habría de ser objeto de prueba.

PRUEBA DEL DERECHO

Art. 315.- La parte que sustente su pretensión en norma de derecho extranjero
deberá probar su contenido y vigencia, sin perjuicio de que el juez pueda
valerse de cualquier medio para su averiguación.
Igualmente, la parte que lo invoque deberá probar el derecho no escrito o
consuetudinario.

INTERPRETACION:

Existe un estrecho vinculo entre la regla general de que el derecho no se prueba y

el principio general que consagra la presunción de su conocimiento no tendría

sentido la prueba del derecho en un sistema en el cual este se supone conocido.

El conocimiento se ha dicho trae la obligatoriedad de la aplicación de la norma; la

regla era la inversa en el derecho griego primitivo en el cual el juez solo aplicaría

la ley invocada y probada por las partes. Para Aristóteles las pruebas eran cinco

las leyes, los testigos, contratos la tortura y el juramento.

LICITUD DE LA PRUEBA

Art. 316.- Las fuentes de prueba deberán obtenerse de forma lícita, quedando
expedita a las partes la posibilidad de denunciar su origen u obtención cuando
sean contrario a la ley.
Las fuentes de prueba obtenidas con vulneración de derechos constitucionales no
serán apreciadas por el juez al fallar, y en este caso deberá expresar en qué
consiste la violación.

La práctica de los medios probatorios en forma contraria a lo previsto por las
leyes procesales determinará la nulidad del medio correspondiente. Sin embargo,
la fuente de prueba podrá ser utilizada siempre que su aportación se hubiera
realizado conforme a las normas legales.

INTERPRETACION:

Es totalmente indispensable en la licitud de la prueba el principio de legalidad en
que los elementos de prueba solo tendrán valor si sean obtenidos por medio lícito
e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Cabe
mencionar que no tendrían valor todos aquellos elementos de prueba que se
hayan obtenido cuya fuente originaria es producto de un procedimiento o medio
ilícito.
Se sobre entiende que los medios de prueba que se han de incorporar al proceso
deben de respetar las garantías fundamentales de las personas establecidas en la
constitución y en las leyes es decir que el principio de licitud de la prueba refleja la
conformidad a las garantías constitucionales.

PROPOSICIÓN DE PRUEBA

Art. 317.- La prueba deberá ser propuesta por las partes en la audiencia
preparatoria o en la audiencia del procedimiento abreviado, salvo casos
expresamente exceptuados en este código.
La proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser
utilizado, con la debida especificación de su contenido.
El juez evaluará las solicitudes de las partes, declarará cuáles pruebas son admitidas
y rechazará las que resulten manifiestamente impertinentes o inútiles. La decisión del
juez no será recurrible, y las partes podrán solicitar que se haga constar en acta
su disconformidad, a efecto de interponer recurso contra la sentencia definitiva.

INTERPRETACION:

Mediante el acto de proposición de prueba, las partes dan a conocer al juez los

medios probatorios de los que pretenden valerse. Regida por el principio de

aportación de parte, la proposición de prueba acotada el contenido de la

actividad probatoria, limitadas a las pruebas pedidas por las partes y admitidas

por aquel con la salvedad si se quiere de las llamadas diligencias finales que

puede acordar en determinado supuesto que pueden acordar en determinado

supuesto y cuyo examen se refleja al momento oportuno.

La proposición de los distintos medios de prueba ha de hacerse expresándolos

con separación consignándolos asimismo el domicilio o residencia de las

personas que hayan ser citadas en su caso para la práctica de cada medio de

prueba.

PERTINENCIA DE LA PRUEBA

Art. 318.- No deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el
objeto de la misma.

INTERPRETACION:

Se dice que la prueba pertinente tiene por objeto establecer un hecho pertinente,
que significa lo mismo que un hecho conducente, ambos términos se refieren al
hecho que tiene relación con el litigio y es importante para resolverlo; de no ser así
quedaran excluidos del tema probatorio.

En definitiva la prueba es pertinente cuando se refiere a hechos que han sido
articulados por las partes en sus escritos respectivos, de no ser así ella no
conduciría a ningún resultado valioso, ya que el juez no puede tener en cuenta
hechos no alegado. La prueba es inadmisible cuando fuere manifiestamente
improcedente o superflua o meramente dilatoria.
El aspecto de impertinencia probatoria aun es mas explicita en la nueva ley de
enjuiciamiento civil española ya que en forma categórica niega la admisión de la
prueba impertinente, calificándola como aquella prueba ofrecida que no guarde
relación con el objeto del proceso.

UTILIDAD DE LA PRUEBA

Art. 319.- No deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios
razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos
controvertidos.

INTERPRETACION

Abordar este precepto; aspectos tan trascendentales en el marco de la técnica
probatoria como la utilidad e idoneidad de los medios de prueba que se ofrecen;
este principio de la utilidad de la prueba en consecuencia es lo que brinda
relevancia comprendiendo aspectos como la licitud y regularidad.

El derecho a la prueba, consustancial al propio derecho de defensa no obliga a los
órganos jurisdiccionales a admitir todos los medios de prueba que los litigantes
consideren pertinentes o útiles a sus pretensiones; sino solamente aquellos que
su juicio merezcan tal calificativo. Son pues los jueces y tribunales quienes han de
apreciar cuando proceda tal cualidad. Retomemos en este apartado el concepto de
pertinencia, fundada en su relación con los hechos, trae consigo la noción de
utilidad o relevancia, por lo que no basta con la mera relación abstracta del medio
de prueba propuesto con las afirmaciones sino que se requiere su idoneidad o
conveniencia a fin de acreditar tales extremos.

RECHAZO DE PRUEBA

Art. 320.- El rechazo de la prueba deberá acordarse en resolución debidamente
motivada. Frente a este rechazo, las partes podrán proceder conforme a lo
dispuesto en esta sección.

INTERPRETACION:
En el apartado anterior se hiso referencia en lo relativo a la pertinencia, utilidad e

incongruencia de los medios probatorios. Ahora bien el rechazo de los medios de

prueba que realizan los jueces y tribunales viene en consecuencia cuando estos

medios de prueba no llenan los requisitos establecido en las leyes. Es decir por

motivos formales no es admisible, por ejemplo la prueba pericial ofrecida con

prescindencia de los requisitos establecido en ley; si la impertinencia no aparece

manifiesta el juez puede derecretar la prueba ofrecida y diferir la correspondiente

calificación para el momento del pronunciamiento de merito.

La inadmisibilidad, en cambio debe ser en todo caso declarado y justificado por lo

tanto el inmediato rechazo.

El juez decidiendo con libertad de criterio su rechazo, siempre que lo razone

fundadamente.

CARGA DE LA PRUEBA Y REGLA DE JUICIO

Art. 321.- La carga de la prueba es exclusiva de las partes. Sin embargo, respecto
de prueba, que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las
partes, el juez podrá ordenar diligencias con el fin de esclarecer algún punto
oscuro o contradictorio; en tales diligencias no se podrán introducir hechos nuevos,
bajo ninguna circunstancia, ni tampoco practicar ningún medio probatorio no
introducido oportunamente por las partes
Las partes podrán estipular de manera previa determinados hechos que se
consideraren probados, y así lo comunicarán por escrito al juez, diez días antes
de la celebración de la audiencia probatoria o en el acto mismo de dicha
audiencia.

INTERPRETACION:

Establecido lo que se ha de probar, el razonamiento lógico conduce ahora a
preguntarse quién debe probar. En términos muy generales la respuesta no ofrece

problemas; el principio de aportación de parte, tal y como ha sido entendido en la
LEC y en la mayoría de los códigos procesales, determina que son las partes las
que deben probar. Sobre ellas recae la carga (que no la obligación) de alegar los
hechos que son el supuesto base de la norma cuya aplicación piden, y sobre ellas
recae también la carga (otra vez, no la obligación) de probar la existencia de
Estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a las
normas legales de valoración.

El principio de aportación de parte según nuestro) Derecho sirve, pues, para
determinar que son estas las que tienen la carga de la prueba, pero el principio no
sirve para nada mas Y, en concreto, no nos dice como debe distribuirse la carga
de la prueba entre las partes. Con solo este principio para el tribunal es inuliferente
quien ha probado los hechos alegados. Dijimos que la alegación por el
demandante de los hechos que fundamentan la pretensión (hechos, constitutivos)
si es m2anifestacion del principio dispositivo, y que también lo es la alegación). por
el demandado de los hechos _excluyentes, mientras que todos, los demás hechos
(impeditivos y extintivos), que no conforman la pretensión ni la excluyen, ha de
ser, si, alegados por las partes, pero para que el juez los tenga en cuenta no es
preciso distinguir cuál de ellas los ha Alegado. Pues bien, el principio de
adquisición procesal supone que, estando los hechos bien alegados, cualesquiera
hechos, y estando Probados, el tribunal ha de partir de ellos en la sentencia, sin
referencia a cuál de las partes los ha probado. Hasta aquí la doctrina de la carga
de la prueba no, ha entrado en juego. Nos hemos limitado a recordar que los
hechos (los datos, si se quiere) alegados han de ser probados por las porteas.
Esta doctrina nos debe responder a la pregunta, pero .cual de las partes?

CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA

Art. 322.- La cadena de custodia tiene por objetivo evitar que la prueba sea
alterada, contaminada o que lleve error en la identificación de los objetos,
substancias, documentos o cualquier otro elemento relacionado, directa o
indirectamente, con el o los hechos que se estén queriendo probar.

La parte que propone la prueba podrá establecer inicialmente que ésta no ha
sufrido modificaciones o alteraciones durante el tiempo en que se ha encontrado
bajo su custodia o poder, y que se trata del mismo objeto, sustancia, documento
u otra prueba material, sobre los cuales, en su caso, se hubieran realizado análisis
periciales.

No se requerirá lo anterior cuando se tratare de objetos que tengan
características distintivas que los hagan fácilmente identificables, ni cuando los
objetos hubieran sido debidamente marcados.

La parte contraria podrá acreditar la interrupción de la cadena de custodia si
establece que la condición de los objetos, substancias, o documentos u otros
elementos tangibles relacionados con el hecho o hechos en controversia han
sido sustancialmente alterados o contaminados. En este caso, el juez o tribunal
podrá rechazar la prueba, en el entendido de que la mera posibilidad de una
interrupción de la cadena de custodia no producirá el rechazo de la prueba.

INTERPRETACION:

285
La cadena de custodia de la prueba, encuentra su fundamento en el debido
proceso. De tal manera, y esta se define como el procedimiento controlado que se
aplica a los medios de prueba e indicios materiales relacionados con el delito,
desde su localización hasta su valoración por los encargados de administrar
justicia y que tiene como fin no viciar el manejo de que ellos se hagan y así evitar
alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.

Para Badilla (1999:23) la cadena de custodia se define en los siguientes términos:
Es el procedimiento de control que se aplica al indicio material relacionado con el
delito, desde su localización por parte de una autoridad, hasta que ha sido

285
publicado por Master Allan Arburola Valverde, ExpertoAutor de Emagister.com

valorado por los órganos de administrar justicia y deja de ser útil al proceso, y que
tiene como fin no viciar el manejo de que el se haga para evitar alteraciones,
daños, sustitución, contaminación, destrucción, o cualquier acción que varíe su
significado original. En resumen la cadena de custodia implica: Extracción
adecuada de la prueba: El procedimiento e instrumentos por utilizar deben ser los
idóneos, válidos y recomendados. Preservación: El medio en que es colocado
debe asegurar que sus propiedades no se alteren, ya sea por circunstancias
naturales o artificiales. Individualización: Debe garantizarse que el indicio este
individualizado y registrado debidamente, de manera que no se produzca su
combinación o confusión con otros del mismo u otro caso. Si es factible marcarla
para su identificación, deberá hacerse constar la señal o marca que puso.
Transporte apropiado: La calidad del transporte debe salvaguardar su integridad
de manera que no sufra daños o alteraciones, ya sea por el movimiento o cambios
en el medio ambiente. Entrega controlada: Debe hacerse constar quién la
encontró, quién la recolectó, dónde y que circunstancias. La posesión del indicio
debe estar a cargo de personas autorizadas y con capacidad técnica para
manipularla sin causar alteración o destrucción.

ASEGURAMIENTO DE PRUEBA

Art. 323.- Las partes podrán solicitar del juez que esté conociendo del asunto la
adopción de las medidas que estime pertinentes y adecuadas para proteger o
conservar las fuentes de prueba relevantes para ellas.

Se deberá establecer que existe un riesgo de que una conducta humana o un
acontecimiento natural pudieran desvirtuar las fuentes de prueba cuyo
aseguramiento se busca.

Si se interesa el aseguramiento antes de la interposición de la demanda, la
competencia corresponderá al juez que deba conocer del proceso principal.

INTERPRETACION:

Conductas humanas o acontecimientos materiales pueden destruir o alterar
objetos materiales o estados de cosas, de manera que resulte imposible en su
momento practicar un aprueba relevante o incluso carezca de sentido proponerla.
Para evitarlo la ley faculta al que pretenda incoar un proceso o a cualquiera de las
partes durante el curso del mismo para pedir al órgano jurisdiccional la adopción,
mediante providencia, de medidas de aseguramiento útiles a tal fin y que
consistieran en las disposiciones que a juicio de aquel permita su conservación o
hacer constar fehacientemente se realidad y características.

En cuanto a la jurisdicción y competencia para el aseguramiento de la prueba, la
ley remite a lo dispuesto sobre prueba anticipada.

PROCEDENCIA DEL ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA

Art. 324.- El tribunal, mediante auto, ordenará las medidas adecuadas para
asegurar la fuente de prueba si estima que el aseguramiento se refiere a una
prueba pertinente y útil, que es necesario para mantenerla disponible y en
condiciones para la celebración de la audiencia, y que la medida es la única
manera de lograr la conservación y disponibilidad de la prueba.

El tribunal podrá decidir que el solicitante preste caución para asegurar los
posibles daños y perjuicios que ocasione la medida. Y la persona que deba
soportar ésta podrá oponerse a que se lleve a cabo, ofreciendo caución bastante
para responder que la prueba pueda practicarse en su día.

En la fijación de la cuantía de la caución el juez deberá respetar la
proporcionalidad, referida a la capacidad patrimonial del solicitante y al objeto del
proceso.

INTERPRETACION:

Para asegurar que lo anterior se lleve a cabo, se debe establecer un riguroso y
detallado registro, que identifique la evidencia y posesión de la misma, con una
razón que indique, lugar, hora, fecha, nombre y despacho u oficina. De esa
manera se protege la fuente que ha proporcionado la prueba.

La cadena de custodia es el procedimiento de control que se emplea para los
indicios materiales afines al delito, desde su ubicación, hasta que son valorados
por los diferentes funcionarios encargados de administrar justicia, y que tiene
como finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga, y así evitar la
contaminación, alteración, daños, reemplazos, contaminación o destrucción.
Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la
escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe
garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que
se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o
el respectivo dictamen pericial.

ACREDITACIÓN DE PRUEBA MATERIAL O TANGIBLE

Art. 325.- Las partes, mediante testimonio, incorporarán a la audiencia probatoria
los objetos, substancias, fotografías, vídeos, medios de almacenamiento de datos,
de imágenes, de voz o de información, así como cualquier otra prueba material o
tangible que puedan aportar elementos de prueba; y también instrumentos u otros
documentos, salvo cuando éstos deban acompañar la demanda o la contestación
de la misma.

La parte deberá acreditar previamente su pertinencia con el hecho controvertido,
así como su suficiencia para apoyar el hecho que se busca probar.

Para la admisión de esta clase de prueba, la parte deberá solicitar que se autorice
la identificación de la prueba material correspondiente, mostrará a la parte
contraria la prueba identificada y lo hará también al testigo, para que éste,
previo interrogatorio, establezca las bases necesarias para su admisibilidad. Al

finalizar el interrogatorio, la parte solicitará al juez o tribunal que se considere
marcada y admitida la prueba identificada.

Luego de que la parte ofrezca la prueba, el juez o el presidente del tribunal
deberán hacer una determinación sobre su admisibilidad, preguntando
previamente a la parte contraria si tiene objeciones al respecto. Si no es
objetada, el juez o tribunal tomará su decisión y ordenará que se marque la
prueba como admitida o no admitida, según sea el caso.

Admitida la prueba, la parte que la hubiera presentado continuará con el
interrogatorio al testigo sobre el contenido sustantivo de la evidencia.

Si hay objeción a la admisión de la prueba, la parte que hubiera objetado deberá
argumentar y fundamentar jurídicamente ante el juez o tribunal las razones de
su objeción; o podrá previamente, contrainterrogar al testigo, limitándose a
hacerlo sólo sobre la suficiencia de la prueba que éste hubiese aportado. Al
finalizar el contrainterrogatorio, la parte fundamentará su posición con respecto a
la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba.

INTERPRETACION.

Las fuentes de prueba, entendidas como elementos de la realidad idóneos en
abstracto para acreditar una afirmación de hecho, pueden encontrarse
modernamente incorporadas a instrumentos diferentes de los tradicionales y que
son fruto del ininterrumpido progreso tecnológico. Algunos de ellos, como la
fotografía, ya existían o eran conocidos al tiempo de elaborarse la LEC de 1881, y
el hecho de que el texto legal no los tomara en consideración acaso pueda
explicarse por la desconfianza o el recelo. Otros las cintas magnetofónicas o
magnetoscopias, los discos informáticos, etc. se han desarrollado y alcanzado una
extraordinaria difusión a lo largo del siglo XX.
En el lenguaje común, acaso por influencia de los medios de comunicación social,
acostumbra a designarse a todas estas fuentes como «documentos», a los que se
adicionan diversos adjetivos: sonoros, gráficos, visuales, informáticos, etc. En el
lenguaje forense, en cambio, y por influencia de la doctrina civilista, parece
preferible reservar la noción de «documento» para referirse al conjunto de signos

de lenguaje incorporados en papel. De este pensamiento participa la LEC 1/2000
cuando alude, en apartado diferente de aquel en que enuncia los denominados
tradicionales, a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen

SECCIÓN SEGUNDA
ANTICIPO DE PRUEBA

INTERPRETACION DEL ANTICIPO DE
PRUEBA; ARTICULOS 326-329.

Retomemos lo establecido el artículo 326 del nuevo código cuando regula lo
referente a la procedencia del anticipo de prueba; procederá la práctica anticipada
de algún acto de prueba cuando exista el temor fundado de que, por causa de la
persona o por el estado de la cosa dichos actos no pueden realizarse en el
momento procesal generalmente previsto. Por ejemplo del futuro testigo que por
razones de salud o por su avanzada edad, se halla en peligro de muerte próxima
por lo que objetivamente no puede esperarse a que el proceso se tramite hasta la
vista oral para tomarle testimonio.
Nuestro nuevo código de procedimientos civiles ha incorporado la anticipación de
la práctica de la prueba y al procedimiento probatorio que hemos visto en sus
líneas generales sufre una importante excepción, referida al tiempo, en lo que se
conoce como anticipación de la prueba, que se regula en los arts. 93 a 296 LEC.
La anticipación consiste como anterior mente se menciono en la práctica de
cualquier medio de prueba en momento anterior al del juicio (ordinario) o de la
vista (abreviado), ante el temor de que la fuente propia del mismo se pierda,
haciendo imposible su aportación al proceso. Se trata, no de asegurar la fuente,
sino de practicar el medio. Para ello se prevén Dos supuestos:

286
ANTES DE LA INICIACIÓN DEL PROCESO: Quien pretenda incoar un
proceso declarativo puede pedir la practica anticipada de algún acto de prueba,
cuando exista el temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado
de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal previsto
de modo general. En este caso el interesado que obviamente, todavía no habrá
adquirido la condición de parte procesal. En estos supuestos destaca.

Puede pedir la práctica anticipada solo el futuro demandante (el que
pretenda incoarlo), no el posible demandado (el que crea que puede ser
demandado). Art. 324 pr.c.

La petición se dirigirá al órgano judicial que se considere competente para
conocer del futuro proceso, el cual vigilara de oficio su jurisdicción,
competencia genérica, objetiva y territorial (esta última solo cuando no
quepa sumisión), sin que sea admisible la declinatoria.

El futuro actor deberá indicar la persona o personas a las que se proponga
demandar para que sean citadas, al menos con cinco días de antelación,
para la práctica de la prueba.324 inc. 1 pr.c.

El proceso posterior ha de incoarse en el plazo de veinte días, desde la
práctica anticipada de la prueba, y si no se hace así la actuación perderá
su valor probatorio (salvo que se acredite que, por fuerza mayor u otra
causa de análoga entidad, no pudo iniciarse el proceso dentro de ese
plazo). 323 pr.c.

Si del proceso posterior hubiere de conocer, en definitiva, un tribunal
distinto del que acordó o practico la prueba anticipada, reclamara de este,

286
LOS PROCESOS CIVILES J. GARBERY Y OTROS TOMO 3 BARCELO, ESPAÑA. EDITORIAL
BASH.

a instancia de parte, la remisión, por conducto oficial, de las actas,
documentos y demás materiales de las actuaciones.

287
DURANTE EL CURSO DEL PROCESO: Cualquiera de las partes puede
solicitar del tribunal la practica anticipada de un acto de prueba, cuando exista el
temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas,
dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto.
En este otro supuesto: art. 321 pr.c. Inc. Último.

La prueba anticipada puede pedirla cualquiera de las partes,

El órgano judicial competente es el mismo que ya está conociendo Del
proceso.

La prueba ha de practicarse siempre antes de la celebración del juicio
(ordinario) o vista (abreviado).

NORMAS COMUNES: La especialidad probatoria se refiere al tiempo, no a como
se realiza la práctica del medio de prueba correspondiente, destacando que las
partes tendrán en ella la intervención propia de cada medio. Lo único específico se
refiere a la petición y admisión:

La parte que pida la prueba anticipada expondrá las razones en que apoye
su petición, es decir, los motivos de la necesidad de esa práctica
anticipada. Es decir que la proposición de la prueba anticipada así también
lo establece la LEC se expondrá en la solicitud las razones en que se
apoya la petición, razones que esencialmente serán justificadas de la
urgencia en llevar a efecto la prueba. Art. 328 del pr.c. (solicitud).

287
DERECHO JURISDICCIONAL, TOMO II, PROCESO CIVIL MONTERO AROCA, PAG: 276-
278.

Si el tribunal admite la petición lo hará por medio de providencia (contra la
que no debe caber recurso alguno).

No dice la ley que deberá hacerse si el tribunal deniega la petición, sobre
todo respecto de los recursos. En principio la denegación debe hacerse por
auto, contra el que cabra reposición y apelación, aunque sea muy dudosa
la utilidad de estos recursos.

La documentación del acto de prueba quedara bajo la custodia del
secretario hasta que llegue el momento de unirla a las actuaciones.

MEDIOS PROBATORIOS

Art. 330.- La prueba podrá producirse por cualquiera de los medios probatorios
regulados en este código.

Los medios no previstos por la ley serán admisibles siempre que no afecten la
moral o la libertad personal de las partes o de terceros y se diligenciarán
conforme a las disposiciones que se aplican a los medios reglados.

INTERPRETACION:

Los medios de prueba son los elementos susceptibles de producir en el Juez
convicción acerca de la existencia o no de los hechos afirmados por las partes. Ej.
Documentos, testigos, opiniones de peritos, reconocimiento judicial, etc.
Algunos medios de prueba están previstos expresamente por la ley (documental,
pericial, testimonial, confesión, etc.). Pero existen otros medios de prueba no
previstos expresamente por la ley (grabaciones, fotos, películas, etc.). El derecho
procesal moderno, consagra el principio de la libertado amplitud de prueba, en
virtud del cual las partes pueden utilizar todos los medios de prueba que tengan a

su alcance con tal de que no afecten la moral o la libertad de las partes o terceros
y que no estén prohibidos por la ley para el caso de que se trate.

MEDIOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE POR LA LEY.
288
Son los medios de prueba no tipificados expresamente por la ley como
autónomos. Ejemplos: las grabaciones, las películas, los microfilms, las
fotografías, la comprobación de grupos sanguíneos, detectores de mentiras, etc.
A ellos se refiere el art. 330 del nuevo código, del cual surge el siguiente régimen
legal para los medios de prueba no previstos expresamente por la ley:

el Juez los puede ordenar de oficio, o a petición de parte (en este caso, la
parte Los propone, y el Juez, si los admite, los ordena):

su admisión está limitada: no pueden afectar la moral, ni la libertad personal
de Los litigantes ni de terceros: además, no deben estar expresamente
prohibidos por la ley Para el caso:

para diligenciarlos se les aplica por analogía las normas de otro medio de
prueba Que sea semejante y esté previsto: o en su defecto, se diligencian
en la forma que Establezca el Juez.

A estos medios de prueba, y en especial, a las grabaciones, fotos y películas,
muchas veces se les ha negado admisión, o habiéndoselos admitido se les negó
fuerza probatoria, alegándose que pueden prestarse a adulteraciones y trucos,
tales como imitar la voz o Intercalar palabras en las grabaciones, o realizar trucos
y combinaciones artificiales en fotos y películas. Pero también hay fallos que sí
los admiten dado que en la actualidad hay aparatos que indican si una grabación

288
DERECHO PROCESAL CIVIL, GUIA DE ESTUDIO PAG, 150-154.

fue cortada, si se han agregado frases, si la voz pertenece o no ha determinado
individuo; o si una foto o filmación fue adulterada u objeto de trucos. Cabe
recordar que en los últimos años varios jueces y funcionarios fueron destituidos o
sometidos a proceso tomándose como prueba, fundamentalmente, grabaciones y
filmaciones que ponían de manifiesto un accionar ilícito. En general para que estos
medios constituyan prueba, lo aconsejable es que sean acompañados u apoyados
por alguno de los medios de prueba clásicos y previstos por la ley. Ej. Si se
presenta como medio de prueba una foto o una grabación, conviene acompañar
estas pruebas con otras que indiquen el lugar y la hora en que se tomó la foto o se
grabó la conversación, recurriéndose entonces a los testigos, certificación de un
escribano, etc.

DOCUMENTOS. (331-343).

GENERALIDADES:

El documento adquiere una extraordinaria importancia cuando constituye el medio
principal de fijar la contratación originada por el tráfico jurídico de nuestros
tiempos. Las partes contratantes no piensan en los futuros procesos a la hora de
estampar por escrito sus estipulaciones, y en este sentido se dice que la prueba
documental tiene carácter preconstituido, pero lo cierto es que de tenerse
Que llegar al proceso, el documento es un magnifico instrumento (art. 331 pr.c.)
para formar la convicción del juez. Cualquier definición de documento es válida
siempre que refleje a su autor, al material y su contenido. Así, podríamos decir que
documento es un objeto, por tanto, algo material, de naturaleza real, en el que
consta por escrito una declaración de voluntad de una persona o varias, o bien la
expresión de una idea, pensamiento, conocimiento o experiencia.

Clases

La doctrina establece siempre, a la hora de estudiar este medio De prueba, unas
clasificaciones de los documentos más o menos Completas.
Esta clasificación en públicos y privados es la tradicional, y así se reconoce
expresamente corno medio de prueba por la LEC en ambos casos, documentos
públicos (art. 299.1, 2.2), y documentos privados (art. 299.1, 3.2), estando
pensada en función de los sujetos que intervienen en el documento. La forma del
documento y el sujeto que lo autoriza califican al documento público; por el
contrario, el que no reúne solemnidades específicas ni está autorizado por
funcionario competente, es el documento privado.

DOCUMENTOS PUBLICOS.
Son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público
competente, con las solemnidades requereridas por la ley. Los documentos en
que intervenga notarios públicos se regirán por la legislación notarial. Art. 331pr.c.

Dos son los requisitos del documento público:
Que los autorice un funcionario público dentro de lo que constituye las
atribuciones de oficio.
Que adopte las formalidades requeridas por la ley.
Dentro de estos documentos podemos mencionar: expedidos por
funcionarios públicos; libros de actas, estatutos, ordenanzas, las partidas o
certificaciones de nacimiento.
Eficacia probatoria de los documentos públicos; los documentos de esta
naturaleza acompañados con los escritos de demanda y contestación que
no hayan sido impugnados se tendrán por legítimos y eficaces sin
necesidad de cotejo; si se impugnare expresamente (art. 338 pr.c.); su
autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique deberá procederse
al cotejo de las copias con sus originales dispone la ley que las copias de
los documentos públicos de que exista matriz o protocolo impugnada por
aquellos a quienes perjudique solo tendrán fuerza probatoria cuando hayan
sido debidamente cortejado.

DOCUMENTOS PRIVADOS:

Documentos privados son todos aquellos que carecen de carácter público.
Esta definición de signo negativo es sin embargo la que más conviene al
amplio sentido de la noción de documento, dentro de esta noción se
comprenden no solo los documentos bilaterales, sino también la
correspondencia y los libros de los comerciantes. (332 pr.c.).

PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.
Los documentos privados y la correspondencia que obren en poder de los
litigantes se presentaran originales y se unirán a los autos. Cuando formen parte
de un libro, expediente o legajo podrán presentarse por exhibición para que se
ponga para que se ponga testimonio de lo que se señalen los interesados. Esto
mismo se verificara respecto de los que obren en poder de un tercero sino quisiere
desprenderse de ellos.
Solo se requerirá a los que no litiguen la exhibición de documentos privados de su
propiedad exclusiva cuando perdido por una de la partes el juez entienda que su
conocimiento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO

La prueba documental tiene un procedimiento probatorio muy simple, que puede
reducirse prácticamente a la presentación del documento por la parte. Cuando la
parte que desea utilizar un documento no dispone del mismo aparece la
exhibición.

a) Momento de la presentación
Cuando la parte dispone del documento que desea presentar debe Acompañarlo a
la demanda y a la contestación a la misma. Esos son los momentos ordinarios de
la presentación, y la consecuencia de no hacerlo así es que no podrá ya
presentarse en un momento posterior.

Forma de la misma

Atendida las clases de documentos es distinto el modo de aportación Al proceso:
Públicos: Estos documentos se aportan al proceso por medio de copia autentica
(notariales), certificación (administrativos) o testimonio (judiciales), quedando el
original en el protocolo o archivo correspondiente. Solo en algunos casos
excepcionales se presenta en original (póliza de contratos mercantiles).

Privados: Se presentaran en original.
Cabe también la presentación en copia autenticada por fedatario público (art.
268.1LEC) e, incluso, en copia simple, con pleno valor probatorio si la parte
contraría no impugne la conformidad de la copia con el original (art. 268.2LEC). En
general debe tenerse en cuenta que si la parte no dispone de la copia, certificación
o testimonio o del original privado, la presentación puede consistir en la
designación del protocolo o archivo, expediente o registro en que se encuentra el
original, si bien el art. 265.2 es restrictivo sobre esta posibilidad.

IMPUGNACIÓN DE LA AUTENTICIDAD

En la prueba documental prácticamente no existe actividad probatoria distinta de
la presentación. Por eso el art. 289.3 LEC; dice que se llevara a cabo ante el
secretario judicial la presentación de documentos, con lo que no son necesarias ni
la inmediación ni la presencia judicial. Esa actividad aparece realmente solo
cuando se impugna por la parte el documento presentado por la contraria.
Regulado por nuestro código de procedimientos civiles en el artículo 338; En
general debe tenerse en cuenta que las partes han de pronunciarse sobre los
documentos aportados de contrario en la audiencia previa, en la que han de
manifestar si los admite, impugna o reconoce o si, en su caso, propone prueba
acerca de su autenticidad (art. 427.1) y también que si no se realiza la

impugnación tendrán pleno valor probatorio (art. 318 para los públicos y art. 326.1
para los privados):`

Públicos: La impugnación puede referirse a aspectos muy distintos. Esos
aspectos atienden al objeto de lo impugnado. La correlación de la copia autentica,
de la certificación o del testimonio con el original: La autenticidad se establecerá
por el cotejo que realizara el secretario judicial de conformidad con lo establecido
en al art. 320. Se trata de comparar la copia, certificación
O testimonio con el original para ver si aquellos coinciden con este o si están
completos.
Privados: Estos documentos se presentan normalmente en original y la
impugnación, aparte de la falsedad delito (con la prejudicialidad ), se referirá a su
carencia de autenticidad. Formulada la impugnación debe acudirse, bien al cotejo
de letras (que es una prueba pericial' especifica), bien a cualquier medio de
prueba que se estime útil y pertinente al
Efecto

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

289
En todo lo anterior hemos partido del presupuesto de que la parte que quiere
presentar un documento como medio de prueba dispone del mismo o, en último
caso, que ese documento puede presentarse por el medio que es la designación
del protocolo, archivo o registro en que se encuentra. La situación es distinta
cuando la parte no puede disponer del documento, y para la misma los prevén la
obligación de exhibir, que puede referirse a:

289
MEDIOS DE PRUEBA; JOSE ALMAGRO NOSETE. PAG 105-110. DERECHO
JURISDICCIONAL TOMO II, NONTERO AROCA; PAG. 290-299.

Las partes

Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos (art. 336.
Pr.c.) que no se hallen a disposición de la primera y que se refieran a los hechos
objeto del proceso o a la eficacia de otros medios de prueba Procedimentalmente
es necesaria solicitud de exhibición, que podrá hacerse bien por escrito, bien
oralmente en la audiencia previa. Dados los efectos de la negativa a exhibir, la
parte solicitante, bien presentara copia simple del documento, si dispone de ellas,
bien, en caso contrario, indicara en los términos más exactos posibles el
Contenido del documento.

1.) Atenderlo y exhibir el documento: La exhibición supone, no la aportación del
documento a las actuaciones, sino la realización de testimonio del mismo por el
secretario, pudiendo la parte obligada exigir que ese testimonio se libre en su
propio domicilio.

2.') No exhibirlo con negación injustificada: El tribunal, tornando en consideración
las restantes pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada
por el solicitante de la exhibición o a la versión que del contenido del documento
hubiese dado

VALORACIÓN

Estarnos ante otro caso, como vimos en la prueba de interrogatorio de las partes,
en el que coexiste el sistema de libre valoración de la prueba con el sistema de
prueba tasada

Documentos públicos
El tema reviste cierta complejidad, porque el documento público Es un medio de
prueba cuyo valor viene determinado por la ley, es Decir, estamos ante una
prueba tasada, pero no siempre ni Extensión ilimitada. Al respecto hay que tener
claras las siguientes Reglas:

Para que tengan los documentos públicos el valor probatorio Legal que ahora
explicaremos, se han de aportar al proceso en original, O por copia o certificación
fehaciente, o copia simple no impugnada, O impugnada sin éxito (art. 318 LEC).
En caso de que se Haya expedido testimonio o certificación fehacientes de solo
una parte De un documento, no hará prueba plena mientras no se complete Con
las adiciones que solicite el litigante a quien pueda perjudicarle (Art. 321 LEC).

Documentos privados
La fuerza probatoria del documento privado está en función de su autenticidad,
bien por reconocimiento de la parte a quien perjudica, bien por cotejo de letras y
firma, antes vistas. Las reglas al respecto son igualmente complejas. La LEC parte
del principio de que los documentos privados harán prueba plena en el proceso,
cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen En
todos los demás supuestos no reflejados anteriormente, los documentos privados
son valorados libremente por el juzgador. La LEC dice expresamente que cuando
no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el
juez lo valorara conforme a las reglas de la sana crítica.

DECLARACION DE PARTE.

290
El Anteproyecto regula de forma novedosa la antigua ³prueba por confesión´,
relacionada a la ³absolución de posiciones´ bajo la figura de la declaración de
parte, ya adecuada al texto constitucional (art.12 C.N), en cuanto al derecho de
defensa y el de la abstención de declarar contra sí mismo; en este sentido,
cualquiera de las partes podrá solicitar el interrogatorio de la contraparte o la que
pretenda serlo en el futuro sobre hechos o circunstancia de los que tengan noticia
y guarden relación con el objeto del juicio, además de proponer su propia
declaración. Según lo expresa el (Art 344 p.c). La declaración judicial según lo
expresa el artículo 345 del pr.c; faculta a las partes solicitar al juez o tribunal que

290
COMENTARIO AL CODIGO PROCESAL PENAL, TOMO II, PAG. 259-261.

se ordene recibir la declaración a al as partes; de esto se desprende el
reconocimiento formulado libre y voluntariamente ante la autoridad judicial en el
que se funda su pretensión represiva deducida en su contra.

EL ARTÍCULO 346 DEL PR.C; REGULA LO RELATIVO A LA CAPACIDAD DE
LAS PARTES PARA PODER DECLARA:

En el primer supuesto es totalmente lógico faculta a los representantes de
los de los incapaces; ya que el que declarare no padezca de enfermedad
mental alguna que la prive de la necesaria capacidad intelectual.
En este caso podrá declarar así lo faculta la ley en dicho artículo los
apoderados de las partes; cuando se hagan valer de la defensa técnica de
un abogado.
Siempre haciendo valer el mandato; pero en este caso en circunstancias
diferentes la ley a regulado en caso del representante estuviere fuera del
país; puede declarar el apoderado siempre que sean hechos anteriores y
esté debidamente autorizado.

FORMA DEL INTERROGATORIO.

El artículo 348 del pr.c. Regula lo relativo a la forma del interrogatorio donde
expresa que se realizara con la debida claridad y sencillez; la pregunta debe ser
clara para que el absolvente la distinga y las responda adecuadamente además;
debe ser exacta y precisa con el mismo objeto, está bien que el interrogante se
preocupe, que la contraparte confiese pero no es licito que el juez permita que se
hagan preguntas que conduzcan a que el absolvente se equivoque.
En lo relativo a la admisión de preguntas regulado en el artículo 349 debemos de
tomar en cuenta el principio de inmediación estipulado en dicho artículo ya que si
se escudriña detenidamente se extrae la dirección del juez en cuanto a la

admisión y rechazo de las preguntas de la preguntas realiza un papel de
moderador en el examen de preguntas que se le hagan a las parte declarante.

FORMA DEL INTERROGATORIO.

En lo relativo al interrogatorio directo por las partes como lo expone el articulo 350
en el inc. 1; en cuanto al contenido y forma de las preguntas durante el
interrogatorio quien propuso la prueba, se aconseja la sencillez y la brevedad en
su formulación el uso de preguntas abiertas para que el testigo narre y explique
con sus propias palabras. Con lo que se eleva la credibilidad de del testimonio. Es
importante retomar en caso de que el interrogado no responda o no colabore en a
las preguntas que se le hacen como lo regula el artículo 351 del pr.c. la ley faculta
en caso de de que se ha hostil el declarante o el interrogado que los hechos
ventilados puedan considerarse como ciertos.

La parte que haya de responder al interrogatorio, así como su abogado, en su
caso, podrán impugnar en el acto la admisibilidad de las preguntas y hacer notar
las valoraciones y calificaciones que, contenidas en las preguntas, sean, en su
criterio, improcedentes y deban tenerse por no realizadas. Lo anterior, es la
diferencia fundamental de esta figura con la absolución de posiciones, ya que se
ha generado en la práctica de los tribunales, que este método sirva únicamente de
auto incriminación de las partes sin ningún tipo de restricción hacia preguntas
confusas, innecesarias y redactadas de manera tal, que pueda darse un doble
sentido a las respuestas del deponente. Por lo tanto, la adopción de esta nueva
figura, es aplaudible al mostrar ser un avance significativo hacia un sistema
realmente adversativo y garante de los derechos fundamentales.

El Art. 350 establece que las partes pueden interrogarse directamente sin
postulación técnica, e incluso que éstas pueden interpelarse mutuamente
debiendo presentar el debido orden en el debate ante el tribunal, situación que

lleva a la confusión si se está estableciendo alguna forma de careo entre las
partes. Confusión que ha sido incluso generada en el análisis jurídico
anteriormente citado que sobre el Anteproyecto realizó FUSADES.

En cuanto a la valoración de este medio probatorio, si no lo contradice el resultado
de las demás pruebas, se considerarán ciertos los hechos que una parte haya
reconocido como tales, si en ellos intervino personalmente y su fijación como
ciertos le es enteramente perjudicial. En todo lo demás se valorará de acuerdo a la
sana crítica.

INTERROGATORIO DE TESTIGOS.

Objeto de la prueba de interrogatorio de testigo

Art. 354.- Las partes podrán proponer, como medio de prueba, que presten
declaración en el proceso las personas que, sin ser partes, pudieran tener
conocimiento de los hechos controvertidos que son objeto de la prueba.

INTERPRETACION:

El objeto de la prueba alude a lo que debe probarse, a lo que será materia de
prueba. En este sentido, puede ser objeto de la prueba tanto el derecho como los
hechos. Por supuesto que, no todos los hechos y no todo el derecho son materia
de prueba. La doctrina procesal trata la cuestión relativa a los hechos que deben
probarse en lo que se denomina objeto de la prueba.
El objeto de la prueba puede ser cualquier hecho cuya demostración tenga interés
para el proceso, pero no todos los hechos deben ser necesariamente probados.

CAPACIDAD DEL TESTIGO

Art. 355.- Podrá ser testigo cualquier persona, salvo los que estén
permanentemente privados de razón o del sentido indispensable para tener
conocimiento de los hechos que son objeto de la prueba.
Los menores de doce años podrán prestar declaración como testigos si poseen
el suficiente discernimiento para conocer y declarar sobre los hechos
controvertidos del proceso.

INTERPRETACION:

La doctrina retoma la capacidad como un elemento indispensable y menciona
los siguientes puntos:
El menor de 12 años, sino en casos de imprescindible necesidad, a juicio
del juez;

Los dementes y los idiotas;

Los ebrios consuetudinarios;

El que haya sido declarado testigos falso o falsificador de letra, sello o
moneda;

Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado y por afinidad
dentro del segundo;

Un cónyuge a favor del otro;

Los que tengan interés directo o indirecto en el pleito;

CREDIBILIDAD DEL TESTIGO

Art. 356.- La credibilidad del testigo dependerá de las circunstancias o hechos
que determinen la veracidad de sus declaraciones.
La parte que resulte perjudicada por la declaración de un testigo podrá alegar
falta de credibilidad, mediante cualquier medio de prueba pertinente, con base en

el comportamiento del testigo mientras declara o en la forma en que lo hace; en la
naturaleza o carácter del testimonio, en el grado de capacidad del testigo para
percibir, recordar o comunicar los hechos sobre los que declara, en la existencia
de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad que pudiera afectar el
testimonio, o en manifestaciones o declaraciones anteriores del testigo. Si se
presenta un acta o documento escrito donde conste dicha declaración, la parte
que adversa tiene derecho a inspeccionar el escrito, a contrainterrogar al testigo
sobre dicha declaración y a presentar prueba pertinente contra lo declarado por
el testigo.
La credibilidad de un testigo podrá ser impugnada o sostenida mediante prueba
de su carácter o reputación. No será admisible la prueba para impugnar o sostener
la credibilidad de un testigo que se refiera a sus creencias religiosas, a la carencia
de ellas o a sus convicciones políticas.
Pierde credibilidad un testigo cuando queda establecido en autos que su
deposición está basada en un mero juicio de valor derivado de sus creencias
particulares.

INTERPRETACION:

En lo relativo a la credibilidad de la declaración del testigo en el momento del
interrogatorio rige también el principió de la verdad.-Aparte de comparecer y de
declarar, el testigo tiene el deber de decir la verdad'. Para que lo haga, por un
lado se lo obliga moralmente estableciendo que debe prestar juramento o promesa
de decir verdad: y por otro lado, se establecen sanciones penales para el testigo
que se pronuncie con falsedad (conf. arts. 440 y 449 LEC.) El testigo no puede
negarse ajinar o prometer decir la verdad. Si se niega, su acción importa negativa
a declarar hecho reprimido por el art. 243 del Código Penal, el cual además,
reprime al testigo que incurriera en falso testimonio o en reticencia (art. 362 C.P) y
al que ofreciera soborno al testigo para que cometa falso testimonio (art. 348 C.P).
RAZÓN DEL CONOCIMIENTO. TESTIGO DE REFERENCIA

Art. 357.- El testigo siempre deberá dar razón de su dicho, con explicación de las

formas y circunstancias por las que obtuvo conocimiento sobre los hechos. No
hará fe la declaración de un testigo que no tenga conocimiento personal sobre los
hechos objeto de la prueba o cuando los hubiera conocido por la declaración de
un tercero.

INTERPRETACION.

El Anteproyecto prohíbe el testimonio referencia291, que según Félix Fumero es:
³Cualquier declaración o información hecha fuera del Tribunal por una persona
que no es testigo en el caso y es presentada con el propósito de probar como
cierto su contenido´292. Según el autor la exclusión de este tipo de prueba se da
básicamente por la imposibilidad que tiene la parte contra quien se ofrece la
prueba, de contrainterrogar al testigo de referencia ya que a el no le constan
directamente los hechos, por lo cual no es posible atacar la veracidad en cuanto a
los hechos que basan el litigio.

TESTIGO CON CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

Art. 358.- Si el declarante se refiere a hechos cuyo conocimiento requiere un
saber científico, artístico o práctico, sólo se tomará en cuenta su declaración
cuando acreditare fehacientemente ser conocedor en el área de que se trate.

INTERPRETACION.

En este caso procede cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere
de conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra
análoga´293; en este sentido, dicha figura reviste gran importancia, ya que se
convierte en una ayuda para el juzgador que le otorga mayor amplitud de
conocimientos en materias ajenas al derecho y relacionadas con los hechos

291
292
Fumero Félix, ³Resumen del Curso de Derecho Probatorio´Op. Cit.
293
L. P. C. P., Art. 262, de regulación análoga en materia de procedencia de la prueba pericial con el Anteproyecto.

controvertidos en el proceso; dicha declaración debe ser restringida a las reglas
que sobre la ciencia, arte o técnica existieran.

PROPOSICIÓN

Art. 359.- La prueba por interrogatorio se propondrá en la forma determinada por
este código. La proposición deberá contener la identidad de los testigos, con
indicación, en l o posible, del nombre y apellido de cada uno, su profesión u
oficio, así como cualquier otro dato que se repute necesario para su más
completa identificación.
También podrá indicarse el cargo que ocupare o cualquier otra circunstancia que
permita identificarlo, así como el lugar en el que pudiera ser citado, en su caso.

INTERPRETACION:

El procedimiento de ofrecimiento de la prueba; La prueba testimonial debe
ofrecerse junto con las demás pruebas, es decir, con los escritos de demanda,
reconvención o las contestaciones de ellos. La parte debe presentar una lista de
testigos indicando nombre, profesión y domicilio de los misinos. Si no conoce
alguno de esos datos bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda
ser individualizado y citado. Las preguntas o interrogatorio a los testigos podrá
reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse a declarar
los mismos.
PRESENTACIÓN DE TESTIGOS

Art. 360.- Los testigos serán presentados por la parte que los propuso, para lo
cual se le entregará a ésta una esquela de citación que deberá contener el
motivo del llamamiento.
No obstante lo anterior, en el momento de proponer la prueba la parte podrá
solicitar que los testigos sean judicialmente citados, caso en el que deberá
hacerse constar el lugar en el que puede practicarse la citación.

INTERPRETACION.

Los testigos serán citados expresa el código por la propia parte que los ha
propuesto; testigo la calidad por la que ha sido citado a comparecer a la audiencia,
advirtiéndole sobre las repercusiones que puede acarrear la falsedad de su
testimonio en forma clara y sencilla, y procederá a la toma del juramento o
promesa de decir la verdad (se exceptúan del juramento promesa de decir la
verdad a los menores de edad). Posteriormente, se le cederá la palabra a la parte
que lo hubiere ofrecido para que mediante el interrogatorio lo identifique y acredite
las circunstancias necesarias que validen su testimonio. Una vez acreditado el
testigo la parte iniciará el interrogatorio directo

NÚMERO DE DECLARANTES

Art. 361.- La ley no limita el número de testigos que pueden comparecer en
audiencia; sin embargo, el juez podrá hacerlo a efecto de evitar la práctica de
diligencias innecesarias o acumulativas.
A los efectos de lo prevenido en el inciso anterior, el juez podrá obviar las
declaraciones testificales sobre un determinado hecho o punto en cuanto se
considere suficientemente ilustrado sobre él.

INTERPRETACION.

En lo relativo al número máximo de testigos. Con el fin de evitar que los pleitos se
prolonguen innecesariamente (economía procesal), la ley establece el número
máximo de testigos que puede ofrecer cada parte, el cual varía según la clase de
proceso. En el Ordinario, la ley no expresa o no regula el número de testigos por
cada parte. En el abreviado y en los incidentes hasta un máximo de 5 testigos por
cada parte. Si la parte hubiese ofrecido un número mayor de testigos, el juez citará
a los primeros (8 o 5. según el proceso y los que quieran presentar las partes) y

luego de examinados éstos podrá (de oficio o a petición de parte) disponer la
recepción de otros testimonios si ello fuese estrictamente necesario.

OBLIGACIONES DEL TESTIGO

Art. 362.- El testigo tiene la obligación de comparecer al acto de la audiencia
probatoria para la que fue citado. Si no compareciera y no ofreciera debida
justificación, se le impondrá una multa cuyo monto se fijará entre uno y tres
salarios mínimos, urbanos, más altos, vigente; y se le podrá volver a citar con
advertencia de proceder contra él por delito de desobediencia a mandato judicial.
También está sujeto el testigo a la obligación de responder a las preguntas que
se le formulen, bajo pena por desobediencia a mandato judicial.
Igualmente, el testigo tiene obligación de decir verdad, con apercibimiento previo a
su declaración de las penas en que pudiera incurrir como autor de delito de falso
testimonio. Para tal efecto se le deberán leer los preceptos correspondientes del
Código Penal.
De todas su s obligaciones se informará al testigo en la esquela de citación.

INTERPRETACION.

La prestación de testimonio es una carga pública; por ello, todo testigo
debidamente citado, siempre que no esté impedido, tiene tres deberes: el deber de
comparecer, el de declarar y el de decir la verdad. A) EI deber de comparecer. su
incumplimiento puede dar lugar a sanciones (conf. art. 431 in fine). Si el testigo se
domicilia fuera de la sede del juzgado, pero dentro de un radio de 70 Km. también
debe comparecer a prestar declaración ante el juez de la causa si lo solicita la
parte que los propone y el testigo no justifica imposibilidad de concurrir ante el
tribunal (art. 426 LEC). Excepciones al deber de comparecer. Ejs: si la citación fue
nula: si hubiera sido citado con anticipación menor a 3 días (salvo caso de
urgencia): cualquier otra causa de excusación, como ser: enfermedad, edad
avanzada, etc. las que

Quedarán libradas a la libre apreciación del juez. Si el testigo está imposibilitado
de comparecer al juzgado (por enfermedad o cualquier otra causa atendible), será
examinado en su casa, ante el Secretario. La enfermedad deberá justificarse en
los términos de ley Si se comprobase que pudo comparecer,
Se le impondrá una multa.

DERECHOS DEL TESTIGO

Art. 363.- Los testigos tienen derecho a recuperar los gastos que la
comparecencia en el proceso les hubiera ocasionado, a costa de la parte que
los propuso. Si la parte no satisficiera la indemnización en el plazo de quince
días, el testigo podrá reclamar por la vía de ejecución que corresponda. Cuando
el testigo sea propuesto por varias partes, corresponderá a todas ellas,
conjuntamente, el pago de la indemnización.

INTERPRETACION.

Comenzando por los derechos, hay que decir que el testigo tiene el derecho, de
carácter económico, de reclamar de la parte que le propuso la indemnización por
los gastos y perjuicios que la comparecencia le haya originado, cuyo importe fijará
el juez, gozando de la vía de apremio el testigo en caso de impago, en los
términos del art. 375, y del art. 16, II del Convenio de la Haya sobre procedimiento
civil. Debe quedar incluida dentro del beneficio de asistencia jurídica gratuita la
exención del pago de las indemnizaciones a testigos cuando la parte goce de él, a
pesar del silencio legal, so pena de vulneración del principio de igualdad (art. 14
LCE) y negación del derecho de acción del art. 24.1 LCE, en relación con el art.
119.

IDENTIFICACIÓN DEL TESTIGO.

Art. 364.- El juez, previamente al acto de la declaración, tomará al testigo
juramento o promesa de decir verdad. De inmediato, le cederá la palabra a la
parte que lo hubiera ofrecido como medio de prueba, la cual, mediante
interrogatorio, acreditará a su testigo, preguntándole su nombre, edad, estado
civil, domicilio y ocupación. A continuación se procederá al examen.

INTERPRETACION:

La interpretación de la LEC interpreta; que al proponer la prueba de testigo se
exprese su identidad. Con indicación. En cuanto se ha posible, del nombre y
apellidos de cada uno su profesión, y su domicilio o residencia. Si bien permite
que se haga la designación del testigo expresando el cargo que ostentare o
cualesquiera otras circunstancias de identificación. Así como el lugar en que
pueda ser citado. Como también como lo regula el inciso anterior el juez le tomara
juramento al testigo en caso de falso testimonio.

CONCURRENCIA DE VARIOS TESTIGOS.

Art. 365.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que
unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el juez
fijará un solo día para que se presenten los que deben declarar, y designará el
lugar en el que deben permanecer hasta la conclusión de la diligencia, de modo
que no puedan mantener comunicación posterior a la declaración de cada uno.
Si no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia
se suspenderá para continuarla al día siguiente.

INTERPRETACION:

Como anteriormente se menciono en cuanto a la concurrencia de testigos la ley
regula cuando se presenta varios testigos y establece las siguientes reglas con el
fin de evitar que los pleitos se prolonguen innecesariamente (economía procesal),
la ley establece no ha expedido un número máximo de testigos que puede
Ofrecer cada parte, el cual varía según la clase de proceso. En el Ordinario,
testigos por cada parte. En el abreviado y en los incidentes testigos por cada
parte. Ahora bien establece el artículo que cada testigo que se presente será
examinado por separado; y que para la presentación de cada uno por dia a fin no
puedan presenciar las declaraciones anteriores.

INTERROGATORIO DIRECTO

Art. 366.- Las preguntas se formularán oralmente, con la claridad y precisión
debidas, y las hará en primer lugar la parte que propuso la prueba. Los testigos
responderán en forma oral, directa, y concreta a las preguntas que se les
formulen, y sobre aquello de lo que tenga conocimiento personal. No podrán
utilizar borradores ni notas, aunque pueden consultar apuntes o documentos
cuando la naturaleza de la pregunta lo exigiera y hubiese autorización del juez.
La parte contraria tendrá acceso a dichos apuntes o documentos.
En sus declaraciones los testigos no podrán emitir opiniones ni hacer
especulaciones.

INTERPRETACION
El interrogatorio directo, será realizado por la parte que propuso el testigo,
utilizando preguntas abiertas con el objeto de establecer las circunstancias y
alcances de los hechos que se pretenden probar. Por tal motivo, se prohíbe la
utilización de preguntas sugestivas capciosas o impertinentes, procurando que el
interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del
declarante. A manera de excepción, el juez puede autorizar las preguntas
sugestivas cuando el testigo esté en contra de los intereses de la parte que lo
presenta tergiversando los hechos, omitiendo hechos esenciales o alegando no

recordar nada (testigo hostil); cuando el testigo no comprende las preguntas
abiertas por ser mentalmente deficiente por razón de su edad, educación u otra
condición; cuando tengan dificultad de expresión, por ejemplo, por no tener
dominio del idioma español; y las personas que por razón de pudor se muestren
renuentes a expresarse.

CONTRAINTERROGATORIO.

Art. 367.- Finalizado el interrogatorio directo, si la parte contraria manifiesta su
deseo de contrainterrogar al testigo, el juez o el presidente del tribunal le concederá
la palabra al efecto, permitiendo las preguntas sugestivas.
Durante el contrainterrogatorio, la parte que lo haga podrá utilizar, documentos,
actas de declaraciones anteriores del testigo o deposiciones que hubiera rendido y
que versen sobre los hechos en cuestión, para el efecto de demostrar o
desvirtuar contradicciones, o para solicitar las aclaraciones pertinentes.
La parte que sometió al testigo al interrogatorio directo podrá interrogarlo de nuevo.
La parte contraria podrá someterlo a otro contrainterrogatorio. En estas dos
últimas intervenciones, deberán limitarse a preguntar sobre materias nuevas que
deriven del interrogatorio anterior.

INTERPRETACION.

El contrainterrogatorio es realizado por la parte que no hizo el interrogatorio
directo. Como se trata de un testigo presentado por la contraparte es permitido
realizar preguntas sugestivas ya que el contrainterrogatorio busca impugnar la
credibilidad del testigo, o los hechos vertidos por éste

Una vez terminado el contrainterrogatorio, se puede realizar el interrogatorio
conocido como re-directo a cargo de la parte que llevó a cabo el directo, éste, al
igual que el contrainterrogatorio, es discrecional de la parte llamada a hacerlo, con
el objetivo de que el testigo ofrezca las explicaciones que la parte contraria no

permitió cuando lo interrogaba, limitándose únicamente a los asuntos que fueron
cubiertos en el contrainterrogatorio, evitando hacer preguntas sugestivas.

Posteriormente, la parte que realizó el contrainterrogatorio, tiene la opción de re-
contrainterrogar al testigo con el objeto de desacreditar su credibilidad,
remitiéndose únicamente a las materias cubiertas en el re-directo (se permite la
realización de preguntas sugestivas).

ADMISIÓN DE PREGUNTAS Y DINÁMICA DEL INTERROGATORIO

Art. 368.- El juez moderará el examen del testigo y resolverá de manera inmediata
las objeciones que las partes hubieran interpuesto.

INTERPRETACION

Como anteriormente se menciono haciendo relación el principió de inmediación del

juez ya que este juega un papel de moderador de el examen de testigos y evitara

que se contesten preguntas capciosas e impertinentes procurando que el

interrogatorio se ejerzan presiones indebidas ni ofenda la identidad del declarante.

Además el juez observara el tipo de pregunta que se formulen ya que las

preguntas sugestivas en el interrogatorio directo son prohibidas.

INTERROGATORIO ACLARATORIO

Art. 369.- El juez o los miembros del tribunal podrán formular preguntas
aclaratorias al testigo, con las limitaciones que el deber de imparcialidad les
impone. Las partes podrán objetar las preguntas que el juez o los miembros del
tribunal formulen y, en su caso, se dará oportunidad a las partes para interrogar
sobre la pregunta aclaratoria.

INTERPRETACION:

Una vez terminado el interrogatorio directo y contrainterrogatorio muchas veces

quedan interrogantes para los jueces el fin único que tiene el interrogatorio de

aclaración es aclarar todas aquellas interrogantes o vacios que hayan quedado en

el juez; ya que la ley faculta a jueces o tribunales en caso de dudas repreguntar a

los interrogados para subsanar las dudas posibles que hayan quedado. Otorgando

también facultad a las partes para que puedan hacer preguntas con el objeto de

aclarar los vacios.

EXENCIÓN DEL DEBER DE RESPONDER DEL ABOGADO

Art. 370.- Las partes y sus abogados tendrán la facultad de negarse a declarar
o a facilitar documentación en un proceso respecto de una comunicación
sostenida entre ellos.

No podrá hacerse uso de la facultad prevista en el inciso anterior cuando:

1º Los servicios de un abogado hubieran sido solicitados o realizados para
planear o cometer un delito o un acto que violente la ley;

2º La comunicación resulte pertinente en una controversia en que se pretenda
demostrar que el abogado violó su deber de confidencialidad para con su cliente;
o

3º El cliente hubiera relevado a su abogado del deber de confidencialidad.

INTERPRETACION:

La exenciones establecidas en el artículo 370 del nuevo código; regula lo
referente en a la exención de responder de responder podemos citar en el primer
supuesto cuando se hubieran utilizados los servicios del abogado como un medio

para poder consumar un delito o poder de laguna manera violar hacia las
disposiciones legales.

El otro caso regulado es en el caso que el abogado haya violado su deber de
confidencialidad; y por el último cuando el propio cliente hubiere desvestido de tal
calidad de representación al abogado.

Deber de confidencialidad para con el cliente. El abogado debe mantener en
estricta confidencialidad toda la información relativa a los asuntos de su cliente que
ha conocido en el ejercicio de su profesión. En consecuencia: (i) Prohibición de
revelación. El abogado debe abstenerse de revelar la información cubierta por su
deber de confidencialidad, así como de entregar, exhibir o facilitar el acceso a los
soportes materiales que contienen dicha información y que se encuentran bajo su
custodia; (ii) Deberes de cuidado. El abogado debe adoptar medidas razonables
para que las condiciones en las que recibe, obtiene, mantiene o revela información
sujeta a deber de confidencial sean tales que no pongan en riesgo el carácter
confidencial de la información; y (iii) Deber de cuidado respecto de acciones de
colaboradores. El abogado debe adoptar medidas razonables para que la
confidencialidad debida al cliente sea mantenida por quienes colaboran con él.

EXENCIÓN DEL DEBER DE RESPONDER DEL MÉDICO

Art. 371.- El paciente y el médico tendrán la facultad de negarse a declarar en
calidad de testigo o a facilitar documentación o información en un proceso en lo
referente a la relación profesional. Además, tienen el derecho de impedir que otra
persona revele una comunicación confidencial entre ellos.

No podrá hacerse uso de la facultad prevista en el inciso anterior cuando:

1º. Los servicios de un médico fueron solicitados u obtenidos
para planear o cometer un delito o un acto que violente la ley;

2º. La información fuere esencial para decidir una controversia

sobre el estado o capacidad mental de un paciente;

3º. Fuera necesario revelar la comunicación como prueba sobre
la conducta de un demandado o demandante en el litigio;

4º. La información fuera esencial en casos de responsabilidad
civil por mala praxis médica;

5º. La comunicación fuera pertinente para resolver una
controversia en la que se reclamen obligaciones emanadas
de un servicio de atención médica, exista o no contrato, y
cuando se refiera a un seguro con cobertura de cualquier
servicio médico o médico-quirúrgico;

6º. La comunicación fuera pertinente en una controversia en la
cual el médico hubiera violado su deber de confidencialidad
para con su paciente; y,

7º. El cliente hubiera relevado a su médico del deber de
confidencialidad.

INTERPRETACION :

La ley prevé en este caso la utilización de un medio para poder consumar un delito

en este articulo se establece las siguientes reglas; en el primer caso que se utilice

la ayuda profesional de un medico para poder facilitar un delito; o también el

supuesto que la información fuera necesaria para decidir la controversia sobre el

estado o la incapacidad mental de un paciente.

O la comunicación que se tuviere fuere pertinente para resolver una controversia

OTRAS EXENCIONES DEL DEBER DE DECLARAR

Art. 372.- Un sacerdote tiene derecho a rehusar dar testimonio o revelar el
conocimiento obtenido en la confesión; y cualquier ministro religioso tendrá el

mismo derecho en lo tocante a asuntos de conciencia.
La comunicación entre un contador público y su cliente, o entre un auditor y su
cliente, estará sujeta a lo dispuesto por la ley de la materia. Esta información
podrá ser divulgada por mandato de ley o por orden judicial.
El dueño de un secreto comercial o de negocio y el propietario de una patente
o su licenciatario tienen la facultad de negarse a revelarlo. También tienen el
derecho de impedir o evitar que lo divulgue uno de sus empleados. Sin
embargo, se admitirá testimonio sobre dicho secreto cuando fuere necesario
para probar un fraude de ley, un delito, una violación a la legislación sobre
propiedad intelectual o industrial o para resolver cualquier otra controversia, a
juicio prudencial del juez o tribunal en función de descubrir la verdad sobre los
hechos en disputa.
Lo mismo se aplica a aquellas personas que en razón de su profesión u oficio
tengan obligación de guardar secreto.

INTERPRETACION.

La otra excepción establecida en la ley es en caso de los sacerdotes que los
faculta la ley a rehusar a dar o brindar su testimonio en caso de revelar el
contenido de una confesión; ley que recae sobre cualquier ministro religioso; ahora
bien recae también en los contadores públicos y sus clientes o entre un auditor;
dueño de un secreto comercial; a que tiene que guardar el contenido de la
información a que estén sometidos.

El deber de confidencialidad para con un hacia a la persona prevalecer sobre
cualquier deber fiduciario, salvo cuando la revelación de información sujeta a
deber de confidencialidad produzca en el primero un perjuicio irrelevante y,
además, manifiestamente menor que el provecho que la revelación ocasiona al
segundo. Por lo tanto, debe estar sujeto a la ponderación referida, abstenerse de
asumir o de continuar el encargo sacerdote de una persona que razonablemente
ponga en riesgo la confidencialidad debida a otro cliente.

DECLARACIÓN FUERA DE LA SEDE DEL TRIBUNAL

Art. 373.- Cuando por enfermedad u otra circunstancia especialmente justificada
resulte imposible o demasiado gravoso para el testigo comparecer a la sede del
tribunal, podrá acordarse que declare en su domicilio o en el lugar en que se
encuentre, a instancia de quien lo ha propuesto.
Si la persona cuya deposición se pretende se encuentra fuera de la circunscripción
territorial del tribunal, el juez deberá trasladarse al lugar respectivo.
En lo demás se aplicará lo establecido para el supuesto de declaración
domiciliaria de la parte.

INTERPRETACION:

También se ha tomado como una exención en caso de enfermedad en que haya
recaído el testigo el legislador en este nuevo código le ha brindado esta calidad
de se abstenga de poder declarar ante el órgano jurisdiccional; cabe mencionar
que dicha incapacidad de poder declarar se tiene que dirigir ante el juez fundando
justificación por el que no puede declara; en estas circunstancias prevé el
legislador que se pueda movilizar ante el domicilio del testigo para que este pieda
brindar su declaración.

EFECTOS DE LA VIOLACIÓN DEL PRIVILEGIO

Art. 374.- Cualquier p r u e b a obtenida en violación a la exención del deber de
guardad secreto profesional será excluida del proceso y carecerá, en todo caso,
de valor probatorio.

INTERPRETACION

Haciendo referencia al principio de legalidad; y a la presentación de la prueba
ilícita en el proceso civil; cabe mencionar que la presentación de prueba cuando

por ley esa prueba estaba bajo las reglas de las exenciones establecidas en este
código quedara sin valor probatorio y no producirá efectos la prueba que se
presenta por que no solo va con lo establecido en el código sino también a
principio como el de la legalidad de prueba.

PRUEBA PERICIAL

PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL

Art. 375.- Si la apreciación de algún hecho controvertido en el proceso requiere
conocimientos científicos, artísticos o de alguna técnica especializada, las partes
podrán proponer la práctica de prueba pericial.
Todo perito deberá manifestar en su dictamen la promesa o juramento de decir
verdad, así como el hecho de que ha actuado y actuará con objetividad.

INTERPRETACION.

El dictamen de peritos o prueba pericial es un medio concreto de prueba (art.

299.1, 4.1, LEC), en virtud de la cual una persona con conocimientos

especializados (científicos, artísticos, técnicos o prácticos), que el juez no tiene,

pero ajena al proceso, los aporta al mismo para que el órgano jurisdiccional 'pueda

valorar mejor los hechos o circunstancias relevantes en el asunto, o adquirir

certeza sobre ellos. Aparece regulada básicamente en los arts. 335 a 352

LEC/2000, habiendo sido derogados los 1242 y 1243 CC (Disp. Derogatoria 2, 1.1,

LEC). La prueba pericial es, como la testifical, una prueba de naturaleza personal,

puesto que es una persona, el perito, quien dictamina e informa al juez. Es útil

recordar ahora que, con relación a la distinción entre fuentes y medios de prueba,

el perito y sus conocimientos especializados que van a servir para la valoración

judicial de los hechos es la fuente de prueba, mientras que el informe que prestara

en el proceso a través del procedimiento establecido para ello es el medio de

prueba. Consecuentemente, habrá que distinguir aquí también entre prueba

pericial y perito.

CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL

Art. 376.- El dictamen pericial se circunscribirá a los puntos propuestos como
objeto de la pericia y deberá ajustarse a las reglas que sobre la ciencia, arte o
técnica correspondiente existieren. En él se deberá informar, además, sobre las
distintas posturas o interpretaciones posibles en el caso específico.

INTERPRETACION.

Por lo que se refiere al objeto: Del art. 335 LEC se deduce claramente que la

prueba pericial sólo es necesaria, en principio, cuando se requieran, para fijar unos

hechos o averiguar su naturaleza, determinados conocimientos técnicos. Pero que

tiene como una limitación ya que dicha pericia se limitara a los puntos que que

sean sometidos a la pericia. O sea, siempre que sea conveniente o necesaria, será

admisible. Sin embargo, es el juez quien debe decidir esta cuestión. Así, por

ejemplo, si el propio juez poseyera ya él mismo los conocimientos técnicos

especializados o, como dice la ley, los conocimientos científicos, artísticos,

técnicos o prácticos, no debería ser necesaria la prueba pericial. ¿Para qué va a

ser necesario oír a un traductor si el juez ya sabe alemán, estando naturalmente

de acuerdo las partes? Sin embargo, los arts. 142 a 144 LEC no parecen aceptar

esta posibilidad, excluyendo que el juez pueda actuar como traductor, y, desde

luego, queda imposibilitado en todo caso si su conocimiento privado tuviere como

objeto una declaración testifical, no podría traerlo al proceso, porque violaría el

principio de aportación de parte,

PERITO DE PARTE

Art. 377.- Cada una de las partes tiene derecho a designar su propio perito y a
que se elabore privadamente el dictamen correspondiente, el cual se
acompañará a las respectivas alegaciones, en los momentos determinados por
este código.

INTERPRETACION:

Cuando las partes estimen que son necesarios conocimientos científicos,

artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en

el asunto o adquirir certeza sobre ellos, pueden aportar al proceso dictamen de

peritos, posibilidad que se concreta en tres momentos procesales: 1.2) Con la

demanda o la contestación: Los dictámenes de que los litigantes dispongan,

elaborados por peritos por ellos designados, se aportarán con la demanda o con la

contestación (art. 336.1), y ese momento de presentarlos opera preclásicamente

para las dos partes.

ACUERDO DE PARTES

Art. 378.- Las partes, de común acuerdo y hasta la audiencia preparatoria,
podrán presentar un escrito en el que propongan perito y puntos de pericia. El
dictamen s e d a r á s o b r e l o s puntos indicados por las partes.
En este caso, los gastos que ocasione la emisión del dictamen pericial serán
satisfechos en partes iguales por el demandante y el demandado, sin perjuicio del
pronunciamiento en costas.

INTERPRETACION:

En el juicio ordinario, si a consecuencia de las alegaciones o pretensiones

complementarias permitidas en la audiencia; las partes solicitasen en común

acuerdo conforme a lo establecido en este código la designación de un perito que

dictamine; y que ambas partes se muestren conforme en el objeto de la pericia y

en aceptar el dictamen del perito que se nombre por ambas partes; y los gastos

establecidos por la presentación del perito serán pagados por ambas partes por

partes iguales.

ANTICIPO DE GASTOS

Art. 379.- Si el perito propuesto lo solicitare dentro del tercer día de haber
aceptado el cargo, las partes que han propuesto la prueba deberán depositar la
suma que el tribunal fije como provisión de fondos, conforme al arancel judicial,
para gastos de realización del peritaje.
Dicho importe deberá ser depositado dentro del quinto día contado desde el
siguiente al de la notificación del decreto que lo ordena, y se entregará al perito sin
perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago
de honorarios. La falta de depósito dentro del plazo implicará el desistimiento de
la prueba.

INTERPRETACION:

En la sentencia se determina cuál de las partes es en definitiva la que debe
abonar los gastos del proceso, incluidos los gastos y honorarios de los peritos y
consultores técnicos. El principio general, es que los gastos los abona el
condenado en costas; Sin embargo, hay jurisprudencia uniforme en el sentido de
que el perito puede cobrar los gastos y honorarios a cualquiera de las partes
intervinientes. aún a la parte no vencida. Pero, el art. 77 LEC establece un límite: a

la parte no vencida sólo le podrá reclamar hasta un 50% de los honorarios). Pero
la parte vencida no se hará cargo de las costas y honorarios de los peritos, si al
contestar el traslado, impugnó la procedencia de la prueba pericial o manifestó no
tener interés en la pericia y que se abstendría de participar en ella. En estos
casos, los gastos y honorarios del perito y consultores técnicos son A CARGO
DEL QUE PIDIÓ LA PERICIA.

PERITO JUDICIAL

Art. 380.- Las partes podrán proponer el nombramiento de un perito judicial cuyo
dictamen consideren necesario o adecuado para la mejor defensa de sus
intereses. El tribunal encargará la pericia a un técnico en la materia.

INTERPRETACION.

La emisión de dictamen por perito designado por el tribunal no puede decirse que
opera de modo subsidiario al anterior, pues se trata más bien de un modo
alternativo. En concreto, cabe este dictamen
Ante tres situaciones diferentes: Asistencia jurídica gratuita: Cuando cualquiera de
las partes sea titular de este derecho no tendrá que acompañar a la demanda o a
la contestación dictamen pericial, sino sólo anunciarlo a los efectos de que se
proceda a la designación judicial de perito. A propuesta de las partes: La
designación judicial del perito y el dictamen pericial puede solicitarse por las partes
en dos momentos distintos: En la demanda y en la contestación: Pueden las
partes pedir esta designación cuando lo consideren conveniente o necesario para
Sus intereses.
Por alegaciones o peticiones complementarias: Sólo por alegaciones o peticiones

complementarias, es decir, no contenidas en la demanda, puede pedirse en un

momento posterior la designación judicial de perito, si bien entonces las dos partes

han de mostrarse de acuerdo con el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen

del perito de designación judicial.

MOMENTO DE LA PROPOSICIÓN DE PRUEBA PERICIAL JUDICIAL

Art. 381.- Cuando la parte pretenda el nombramiento de perito judicial in limine
litis, y la urgencia del caso lo requiera, deberá indicarlo en el correspondiente
escrito de alegación inicial, con identificación del objeto de la prueba.
El tribunal, si considera que la prueba es pertinente y útil, deberá proceder al
nombramiento del perito en el plazo de tres días contados desde la conclusión del
señalado para contestar la demanda, independientemente de cuál de las partes
hubiera solicitado la pericia judicial.
Las partes también podrán proponer la prueba pericial por perito nombrado
judicialmente durante la audiencia preparatoria o en la única audiencia del
proceso abreviado, casos en los que el tribunal lo designará sin más trámite, si
considera la prueba pertinente y útil.

La designación judicial del perito contendrá el plazo otorgado a éste para la
realización del correspondiente dictamen.

INTERPRETACION:

Hemos dicho que es posible que las partes se pongan de acuerdo en la persona o

entidad que debe emitir el dictamen pericial, cuando se trata de dictamen de perito

designado por el tribunal. En caso contrario prevé el procedimiento para la

designación judicial del perito.

El perito designado judicialmente, antes de elaborar el dictamen, debe manifestar

si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito

hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o promesa

que ordena el apartado. Pero si el perito designado adujere justa causa que le

impidiere la aceptación, y el tribunal la considerare suficiente, será sustituido por el

siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el

nombramiento.

PUNTOS DE LA PERICIA

Art. 382.- Al proponer la prueba pericial y el nombramiento de perito judicial, la
parte indicará la especialización que ha de tener el perito y propondrá los
puntos de pericia.
La otra parte podrá manifestar lo procedente en relación con la especialización del
perito, así como proponer otros puntos que a su juicio deban constituir
también objeto del dictamen, y observar lo oportuno sobre la procedencia de los
mencionados por quien propuso la prueba.
El tribunal resolverá sobre los puntos a los que debe referirse el dictamen pericial
a la vista de las alegaciones efectuadas por las partes.

INTERPRETACION.

La proposición de los peritos es a través de un escrito que contenga en el cual las

partes manifiestan su acuerdo de voluntades y establezcan la especialidad del

perito como también los puntos que se van a someter a pericia sobre la persona

calificada para realizar la pericia.

El perito designado por el juez, será nombrado y se le establecerá un plazo para

que acepte o excuse su nombramiento, en el primer caso.

CAPACIDAD PARA SER PERITO

Art. 383.- Podrán ser designados peritos quienes posean título oficial en la

materia, ciencia o arte de que se trate. Si el objeto de la pericia no estuviera

amparado por un título oficial, se nombrará el perito entre personas entendidas en

la materia.

INTERPRETACION.

Podrá asimismo solicitarse de academias e instituciones culturales y científicas

que se ocupen de las materias correspondientes al objeto de la pericia e incluso se

admiten que puedan emitir dictamen sobre cuestiones especificas las personas

jurídicas legalmente habilitadas para ello; en cuyo caso la institución a la que se

encargue el dictamen se encargara de expresar a la mayor brevedad que persona

o personas se encargaran directamente de prepararlo.

NÚMERO DE PERITOS

Art. 384.- Un solo perito será suficiente para tener por establecidos los hechos
que se controvierten en el proceso, salvo que las partes acuerden designar
más de uno, y siempre que estén de acuerdo en la designación de todos los
que hayan de ser nombrados.

INTERPRETACION:

FONT SERRA afirma; que La prueba de peritos como medio de prueba indirecto y

de carácter científico por el cual se pretende que el juez que desconoce cierto

campo del sabe humano; en lo relativo al número establece la ley que las partes

designaran un perito; ahora bien cuando las partes acuerden designar mas peritos

es decir uno o más peritos la ley los faculta para que puedan designar mas de uno

siempre que las partes así lo acurden.

NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PERITO. RECUSACIÓN

Art. 385.- El perito que hubiera sido designado por el juez será nombrado por
éste para la realización del peritaje. En el plazo de tres días, dicho

nombramiento le será comunicado al perito, que deberá aceptar el encargo y
prestará juramento o hará promesa de cumplir bien y fielmente el encargo.

El perito designado, podrá excusarse si concurre en él alguna de las causas de
abstención. El tribunal procederá a nombrar otro en los tres días siguientes
a la recepción de la abstención.

El perito designado judicialmente podrá ser recusado a mas tardar dentro de los

tres días siguientes a su designación, cuando por sus relaciones con las partes o

con el objeto del proceso o, por cualquier otra causa razonable, hubiera dudas

sobre su imparcialidad; debiéndose proceder en este caso a la designación de

otro perito, conforme al inciso anterior.

INTERPRETACION:

La ley quiere que el perito proceda a elaborar su dictamen de una forma objetiva.
Esto es básico si tenemos en cuenta la labor de auxilio al juez que realiza el perito.
Pues bien, para garantizar la imparcialidad se concede a las partes el derecho de
recusar a los peritos y para poner de manifiesto alguna circunstancia que pone
En duda su imparcialidad aparece la tacha.

Si el perito, tanto el titular como el suplente, ha sido designado por el juez
mediante sorteo, sólo podrá ser recusado en los términos previstos en los arts. 125
a 128 LEC (arts. 124.1 y 343.1 LEC). Con la recusación lo que se persigue es que
una persona no llegue a desempeñar el cargo de perito en un proceso concreto,
más las añadidas por el art. 124.3 LEC: 1.) Haber dado anteriormente sobre el
mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del
proceso; Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser
dependiente o socio del mismo, y 3.9 Tener participación en sociedad,
establecimiento o empresa que. Sea parte del proceso. Los peritos pueden ser
recusados en dos momentos distintos: Inmediatamente se notifica la designación
Del perito a la parte, si la causa de recusación fuera anterior y Si la causa de

recusación se constituye después de la designación, pero antes de la emisión del
dictamen, el escrito de recusación.

DICTAMEN PERICIAL

Art. 386.- El perito deberá presentar el dictamen por escrito y remitirlo al juez y
a las partes dentro del plazo otorgado, que deberá finalizar cuando menos diez
días antes de la celebración de la audiencia probatoria.

INTERPRETACION:

En cuanto a la emisión del dictamen, el perito lo formulará por escrito y lo hará

llegar al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará

traslado a las partes por si consideran necesario que el perito ocurra al juicio a la

vista, a efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean

oportunas. El juez podrá acordar, siempre que considera necesaria, la presencia

del perito en el juicio o en la vista, según se esté en un juicio ordinario o en juicio

verbal, para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.

PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

Art. 387.- A la vista de los dictámenes periciales del perito de la contraparte o del
dictamen del perito judicial, las partes podrán solicitar la comparecencia del
perito en el acto de la audiencia probatoria, con el objeto de interrogarle.
El juez citará al perito para el día y hora de de la audiencia probatoria.
En la audiencia, las partes, comenzando con la que presentó al perito o con la
que solicitó el perito judicial, podrán pedir que el perito exponga el dictamen, lo
aclare, lo ilustre, responda a preguntas concretas sobre el método seguido,
premisas, conclusiones y todos aquellos extremos que puedan contribuir a
aclarar y comprender mejor su opinión.

Concluido el examen, la parte contraria tendrá derecho a contrainterrogar.

El juez podrá en todo momento interrogar al perito sobre algún punto respecto
del cual se requiera mayor claridad, a su prudencial criterio.

INTERPRETACION.

Juez admite la comparecencia del perito lo citará a la audiencia, en la cuál las

partes, comenzando por la que lo presentó al perito o por lo que la solicitó al perito

judicial, podrá pedir que el perito exponga el dictamen, lo aclare, ilustre o responda

a preguntas concretas sobre el método seguido, premisas, conclusiones, y cuantos

extremos entienda convenientes para aclarar y mejor comprender su opinión.

Concluido el examen, la parte contraria llevará a cabo el suyo, siendo en este

caso, permitidas las comparaciones con otras opiniones distintas o contrarias

sostenidas por otros peritos. El juez tendrá en todo momento derecho a interrogar

al perito sobre algún punto respecto del cual se requiera mayor claridad, a su

prudencial criterio.

INCOMPARECENCIA DEL PERITO JUDICIAL

Art. 388.- Si no compareciera el perito debidamente citado, y no ofreciera
suficiente justificación, se le impondrá una multa cuyo monto se fijará entre cinco y
diez salarios mínimos urbanos, más altos, vigentes, y se le podrá volver a citar con
advertencia de proceder contra él por delito de desobediencia a mandato judicial.

El perito t i e n e la obligación de responder a las preguntas que se le formulen, y
al negarse a hacerlo queda sujeto a responsabilidad por desobediencia a
mandato judicial.

La no comparecencia del perito dejará sin validez el dictamen presentado.

INTERPRETACION

Como hemos visto anteriormente que el objeto de la pericia es hacer parecer un

carácter técnico y como por ser este su objeto especifico; en el supuesto de

incomparecencia del perito una vez que ha sido citado con las formalidades de ley

a que comparezca a la vista, y este no se presenta el nuevo código regula la

siguiente circunstancia de la siguiente forma.

La sanción que se aplicaría al perito en caso del supuesto anterior cuando no

justificare su incomparecencia ya se ha por fuerza mayor o caso fortuito por el cual

no se presento o otra fundamentación se le sancionara entre cinco y diez salarios

mínimos; y se e citara por segunda vez y encaso de no presentarse a la segunda

cita se le advertirá sobre la concurrencia por el delito de desobediencia a la orden

judicial, en cuanto al interrogatorio de perito se ha dicho que el perito puede ser

citado al tribunal para que explique o aclare sobre el objeto del litigio, facultando

para que se le interrogue siempre bajo las reglas del interrogatorio y en caso de

quiera contestara se le advertirá sobre el desacato al órgano jurisdiccional.

VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL

Art. 389.- La prueba pericial será valorada conforme a las reglas de la sana
crítica, tomando en cuenta la idoneidad del perito, el contenido del dictamen y la
declaración vertida en la audiencia probatoria, según sea el caso.

INTERPRETACION:

A diferencia de la legislación procesal civil vigente, la prueba pericial debe ser
valorada (según el Anteproyecto) libremente por el juez, sometiéndose a la sana
crítica y al conocimiento humano. Este sistema de valoración ha sido criticado por
la doctrina para la prueba pericial, aduciendo una aparente discordancia entre el
sistema de valoración de prueba y el hecho de que su necesidad derive que el
juez carece de conocimientos especializados. Esta crítica ha sido salvada por otra
parte de la doctrina, que sostiene que es el método idóneo, ya que, si fuese
prueba tasada existirían problemas al valorar dictámenes periciales
contradictorios, además, aunque el juez carezca de conocimiento para verificar por
sí mismo las operaciones periciales, los tiene para enjuiciar la corrección de los
mismos y sus resultados, utilizando sus conocimientos comunes o especiales, si
los tiene como saber privado, y revisando el ³iter´ lógico del dictamen, además de
valorar la idoneidad de la persona que ha revisado el peritaje.

RECONOCIMIENTO JUDICIAL

PROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Art. 390.- S i para el esclarecimiento de los hechos e s necesario que el juez
reconozca por sí a una persona, un objeto o un lugar, se podrá proponer este
medio de prueba.

El juez podrá ordenar de oficio el reconocimiento judicial cuando lo considere
necesario para dictar sentencia.

INTERPRETACION:

Según José Garberí Llobregat , el reconocimiento judicial constituye un auténtico
medio probatorio, cuya finalidad es la de acreditar hechos relevantes para la
decisión de la controversia, hechos para cuyo esclarecimiento y apreciación sea
necesario o conveniente que el Órgano Judicial examine por sí mismo algún lugar,
objeto, o persona. Este concepto se adecua a la regulación del Anteproyecto, no

así a la regulación actual (Inspección personal de juez) que restringe este medio
probatorio a la inspección de lugares y por pretensiones determinadas.

PROPOSICIÓN

Art. 391.- El reconocimiento judicial deberá proponerse de conformidad a la reglas
contenidas en este código.

INTERPRETACION:

El reconocimiento judicial de igual manera que los medios probatorios anteriores

se propondrá en los escritos de alegación inicial, o durante la audiencia

preparatoria si su procedencia se advierte con posterioridad. La proposición de

este medio probatorio se configura además de una carga procesal como una

facultad del juez para una mejor valoración de los hechos controvertidos.

PRÁCTICA DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Art. 392.- Cuando se pretendiere el reconocimiento de una persona o de un objeto,
deberá llevarse a cabo en la audiencia; y se procederá sin más al examen
correspondiente, debiéndose describir en forma ordenada e inteligible el estado en
la persona o en que el objeto se encuentre. Cualquiera de las partes podrá objetar
en todo momento la descripción referida.

Si el reconocimiento se refiriera a un inmueble, se señalará día y hora para su
práctica, la cual se realizará antes de la audiencia probatoria, con cita previa de
las partes.

INTERPRETACION:

La realización de este medio probatorio deberá hacerse, siempre, frente al juez

que está conociendo de la causa, en respeto al principio de inmediación ya sea

que este se realice en el tribunal o fuera de el, asentando en acta la constatación

de los que se hubiere verificado. Este medio probatorio podrá ser acompañado del

reconocimiento pericial o declaración de testigos cuando el juez lo considere

necesario.

FACULTAD PARA DELEGAR SU REALIZACIÓN

Art. 393.- Si no fuera posible practicar el reconocimiento en la sede del tribunal,
el juez se trasladará al lugar donde se encuentre la persona o el bien objeto
del reconocimiento. Las partes podrán concurrir al acto de reconocimiento
judicial y hacer las observaciones que estimen oportunas y pertinentes.

Cuando el objeto del reconocimiento se hallara fuera de la circunscripción
territorial del tribunal, el juez se trasladará a dicho lugar o encargará la
práctica de la diligencia por comisión procesal.

INTERPRETACION:

La delegación del reconocimiento los autores y magistrados, al considerar que solo
razones de economía de gastos inspiraron al legislador a aceptar la delegación
aceptar como licito y valido el reconocimiento por todo el tribunal, debidamente
ordenado.
La nueva ley procesal civil regula la delegación de el reconocimiento para que el
juez se traslade al lugar en donde se encuentra el sujeto o el objeto que se va a
reconocer si el código no dice en que circunstancias es que se va a realizar la
delegación, para que el juez donde se traslade realice las consideraciones del
sujeto objeto para su reconocimiento.

PRÁCTICA CONJUNTA DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL CON LA
PRUEBA PERICIAL Y TESTIFICAL

Art. 394.- Si lo estima conveniente, el juez podrá ordenar el reconocimiento
judicial junto con el reconocimiento pericial o la declaración de testigos.

INTERPRETACION:

El examen comparativo de los fines de la prueba por reconocimiento y por perito
revela enseguida la posibilidad y la utilidad del concurso simultaneo de dos
pruebas, con las cuales en el lugar controvertido, el juez instruido con los
conocimientos técnicos de los peritos ve el estado de las cosas.
El concurso del reconocimiento con la prueba de perito se haya establecido por la
mayoría de las leyes; la ley no indica en qué casos el juez puede ordenar que se
efectué el reconocimiento con asistencia de peritos; se remite para todo a su
prudencia por cual podrá ordenar la asistencia de peritos aun cuando las partes no
la hubieran pedido o no ordenarla a pesar de la instancia de las partes.

CONTENIDO DEL ACTA DE RECONOCIMIENTO

Art. 395.- Cuando el reconocimiento se realizare fuera de la sede del tribunal,
se elaborará acta en la que deberá incorporarse:

1º. Lugar y fecha de la diligencia.

2º. La identificación del tribunal que llevó a cabo la diligencia.

3º. La identificación de las personas que concurren a la
diligencia y la calidad en que lo hacen.
4º. La constatación que de los hechos se hubiere verificado.

5º. La firma de los concurrentes, si pudieren y supieren.

INTERPRETACION:

Del mismo modo que para las otras pruebas, para el reconocimiento deberá
redactarse un acta en que se le haga mención de todo lo relativo a él.

Lo intrínseco del acta en general se refiere a las inspecciones efectuadas; en los
casos se adicione otra prueba al reconocimiento sus resultados se mencionaran
también en la misma acta.
En cuanto intrínseco el acta debe redactarse en el lugar del reconocimiento lo que
resulta. Las otras formas especialmente señaladas para el acta de reconocimiento
como el lugar en que se va a realizar el reconocimiento, la fecha, la identificación
del sujeto o del objeto que se va a reconocer, las firmas y la indicación de los días
invertidos.

MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO, VOZ O DE LA IMAGEN Y
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES O PALABRAS

Art. 396.- Los medios de reproducción del sonido, la voz, los datos o la imagen
podrán ser propuestos como medios de prueba.

INTERPRETACION.

Uno de los avances más importantes en materia probatoria del Anteproyecto es la
admisión de los medios de reproducción de palabras, sonidos e imágenes, y los
instrumentos que sirven para el archivo de datos, cifras y operaciones
informáticas, lo anterior es producto de relegar el sistema de valoración de la
prueba tasada, y abre las puertas a un tipo de evidencia, que está por demás
decir, es la base actual de almacenamiento de la información; en este sentido, las
nuevas tecnologías, pueden suministrar a los litigantes eficaces instrumentos
para acreditar o probar los hechos en que fundan sus pretensiones.

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

Art. 397.- Los recursos de almacenamiento de datos o de información podrán ser
propuestos como medio de prueba.
Para este fin, se aportarán las cintas, discos u otros medios en los que esté
contenido el material probatorio; cuando la otra parte lo pidiera, se llevarán a la
sede judicial los soportes en que se encuentren almacenados los datos o la
información.

Si el traslado no fuere posible, el juez acudirá al lugar en el que la información
se encuentre, previa cita de partes.

INTERPRETACION:

La nueva ley procesal civil permita la incorporación de las cintas biográficas y

estas deben aportarse de manera inmediata; En este orden de ideas, se ha

dejado atrás la búsqueda de la corporalidad de los medios probatorios

documentales, exceptuando los medios fotográficos, cintas, o que de su naturaleza

derive su tangibilidad material. La anterior afirmación se refiere únicamente al texto

legislativo, ya que, la Sala de lo Civil se ha pronunciado a favor del uso de dichos

medios probatorios.

PROPOSICIÓN

Art. 398.- La proposición como prueba de los medios de reproducción del sonido
o de la imagen, así como los soportes magnéticos o informáticos donde se
almacena información, deberá hacerse según lo prescrito en este código. El
proponente indicará el lugar donde el material se encuentra para que el juez lo
requiera o se persone en dicho lugar.

INTERPRETACION.

La proposición de dichos medios probatorios se realizará como los anteriores en
los escritos de alegaciones iníciales, no obstando la posibilidad de incorporarlos
posteriormente hasta la audiencia preparatoria si su procedencia apareciere
después de los alegatos iníciales; en base al principio de comunidad de prueba y
para la permisión del ejercicio del derecho de defensa, la parte que pretenda
utilizar este tipo de medio probatorio deberá remitir copia al tribunal y a la contra
parte a menos que esto le sea excesivamente gravoso; de ser necesario la
reproducción de estos medios deberá hacerse durante la audiencia, a costa del
que la parte que los propuso, si no fuere posible el traslado del instrumento donde
la información se encuentre almacenada o con el que sea posible su reproducción
el juez y las partes deberán trasladarse al lugar respectivo.

NECESIDAD DE REPRODUCCIÓN EN AUDIENCIA

Art. 399.- La parte que pretendiere utilizar este medio de prueba deberá remitir
al tribunal y a la parte contraria copia de los materiales cuya utilización solicita,
salvo que ello resultare excesivamente gravoso o no se encontrare a su
disposición. En este caso, el juez ordenará su exhibición y aportación al proceso.

Los medios de reproducción del sonido o de la imagen y el almacenamiento de
información deberán ser expuestos en audiencia, si fuere necesario.

Para este efecto, la parte deberá poner a disposición el soporte técnico donde
conste y el medio que permita evidenciar su contenido. Si no fuere posible el
traslado del instrumento donde la información se encuentre almacenada, el juez y
las partes se trasladarán al lugar respectivo.

INTERPRETACION:

Como anteriormente se ha mencionado la parte que ha de utilizar este medio de

prueba debe brindarle una copia al tribunal y a la parte contraria haciendo valer de

esta manera el principio de inmediación y contradicción de la prueba y de ser

necesario la reproducción de estos medios deberá hacerse durante la audiencia, a

costa del que la parte que los propuso, si no fuere posible el traslado del

instrumento donde la información se encuentre almacenada o con el que sea

posible su reproducción el juez y las partes deberán trasladarse al lugar

respectivo.

NECESIDAD DE AUXILIO PERICIAL

Art. 400.- Si para poner en práctica la grabación o duplicación se requiriese,
además, de conocimiento especializado, el juez podrá designar un perito para
ese solo efecto. Se aplicará lo mismo en caso de información almacenada.

Las partes, de considerarlo necesario, podrán solicitar al juez la designación de
un perito, a costa de quien lo propone.

En cualquiera de los dos casos, el dictamen deberá rendirse en la misma
audiencia y de viva voz; y tanto el juez como las partes podrán hacer las preguntas
que estimen oportunas, cuando algún punto no hubiera quedado claro.

INTERPRETACION:
294
Para la práctica de estos medios de prueba se puse hacer valer de otros medios

de prueba; la parte que se pueda considerar desfavorecida o perjudicada por el

contenido de estos instrumentos puede cuestionar tanto la genuinidad o

correspondencia de los hechos incorporados a ellos como la virtualidad de los

mismos. Esto es, la autenticidad de los datos que se reflejan y su «veracidad»

intrínseca. Con esta finalidad, se prevé que quien los presente pueda «aportar los

dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes»

ordenados a su adveración o corroboración. Del mismo modo, «las otras partes

294
LA PRUENA EN LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PAG. 160.

podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad

y exactitud de lo reproducido.

MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DETERIORADOS

Art. 401.- Los medios de reproducción de la imagen o del sonido, así como
aquellos en los que estuviera almacenada alguna información, que se hallaren
total o parcialmente destruidos no harán fe respecto del hecho que se pretende
probar.
Pero cuando su contenido sea inteligible y su sentido no se vea afectado por el
deterioro, no se aplicará lo que establece el inciso anterior.

INTERPRETACION.

De un lado, el relativo a los «instrumentos de filmación, grabación y semejantes» (;
y, de otra, el atinente a los instrumentos que permitan archivar, conocer o
reproducir datos. Con todo, deben hacerse dos advertencias laminares: En primer
término, que fuente de prueba en el sentido que ha quedado expresado pueden
serlo tanto esos «instrumentos» considerados en sí mismos cuanto las cosas
palabras, sonidos, imágenes, datos, etc. Captadas, fijadas o introducidas en
ellos, y es a esta última acepción a la que se refieren los indicados preceptos, lo
que revela la impropiedad léxica de sus rúbricas respectivas. Ya que si se
encuentra en mal estado y este medio de prueba don brinde certeza ya se ha
video, grabación etc. No constituiría una prueba eficaz por lo tanto no se tomaría
con un valor probatorio.

AUDIENCIA PROBATORIA

Art. 402.- La audiencia probatoria se iniciará en el día y hora señalados, y tendrá
por objeto la realización, en forma oral y pública, de los medios de prueba que
hubieran sido admitidos.
Se comenzará con la lectura de aquella parte de la resolución dictada en la

audiencia preparatoria en la que quedaron fijados el objeto del proceso, los
hechos controvertidos, y la prueba admitida.

INTERPRETACION:

La audiencia probatoria se verificará en el lugar y fecha señaladas para tal efecto,
en presencia personal de las partes acompañadas de su abogado so pena de
tenerlas como no comparecidas. Dicha audiencia estará regida por los principios
de oralidad y publicidad, iniciando con ³la lectura de la parte de la resolución
dictada en la audiencia preparatoria en que se fijó el objeto del proceso, los
hechos controvertidos, y la prueba admitida, luego de lo cual se declarará abierto
el debate.
Las audiencia probatoria; finales son actos de instrucción debidos a la iniciativa del
Juez, con la finalidad de formar su convicción acerca del material del proceso.

PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA

Art. 403.- Las pruebas se producirán en audiencia, salvo las excepciones que
este código prevé, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para su
adecuada documentación, a fin de asegurar los efectos oportunos. Y deberán
practicarse concentradamente, salvo que sea imposible por la naturaleza del
medio probatorio.

INTERPRETACION.

La prueba que se ventilaran o se presentaran las partes deberán desarrollarse en
la audiencia donde se presente o se consuma los principios en que la prueba tiene
que desarrollarse comenzarán con la práctica de los medios probatorios
admitidos, en el orden que ellas consideren pertinente, con la salvedad de no
perjudicar el desarrollo de la audiencia o menoscabar la intervención de la parte
contraria. La función directora del juez en el proceso puede versar, bien sobre el

desenvolvimiento de aquél (ordenación formal o procesal), bien sobre el objeto del
mismo (ordenación material).

PRUEBA SEPARADA DE LA AUDIENCIA PROBATORIA

Art. 404.- Cuando la prueba deba realizarse separadamente del acto de la
audiencia probatoria, el tribunal anunciará a las partes, con la debida
antelación, el día y hora en que procederá a tal diligencia. Si, además,
tuviera que practicarse fuera de la sede del tribunal, se indicará el lugar. Las
partes tendrán derecho a intervenir en la producción de estas pruebas.
Si la prueba no se pudiera realizar en el acto de la audiencia, se procurará, de ser
posible, producirla antes de que se celebre ésta.

INTERPRETACION.

En la audiencia probatoria respetando la garantía del debido proceso; como
también el de contradicción e inmediación, en que las partes tienen la facultad
dispositivas en orden al ofrecimiento de la prueba, ya sea en orden a sus
pretensiones, ya se ha en orden a sus a la averiguación de la verdad real.

El legislador prevé la situación en que dicha audiencia tenga que practicarse fuera
del tribunal; se les notificara a las partes el lugar en que se realizara la audiencia
para que las partes tengan la posibilidad de intervenir en la producción de las
misma.

PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS

Art. 406.- Cada parte, y en primer lugar el demandante, puede presentar las
pruebas que hubiere propuesto, del modo que, a su juicio, convenga mas a sus
intereses. El juez accederá a ello cuando no perjudique el desarrollo de la
audiencia ni menoscabe el derecho de defensa de la parte contraria.

Si no comparece un testigo o un perito, el tribunal decidirá, previa solicitud de la
parte que lo hubiere propuesto, sobre la continuación o la suspensión de la
audiencia. Si ordena la suspensión, se le volverá a citar dentro del plazo de diez
días, con advertencia de proceder contra él por delito de desobediencia a la
autoridad si no co mp are ce . Si el testigo no declara dentro del plazo
establecido, se rechazará su testimonio y se certificará lo conducente a la
Fiscalía General de la República.

INTERPRETACION;

La recepción de la prueba constituye durante el juicio el mecanismo que permite al
estado redefinir el conflicto objeto del debate, constituyéndose en la actividad que
lleva la mayor atención de todos los intervinientes. De ahí que debe de organizarse
adecuadamente para evitar el un desgaste innecesario a todos ellos
es indispensable previo al inicio del juicio se conosca cual será el orden en que se
recibirá la prueba; que testigos que peritos se conseideran esenciales tanto para
sustentar la demanda como su contestación y porque no decir en la reconvención
y endado que la prueba que se va a ventilar en la audiencia como por ejemplo
testimonial y pericial y esta no se presenta el legislador brinda la oportunidad al
tribunal para suspender o continuar la audiencia dependiendo la importancia del
medio de prueba.

OBJECIONES. PROCEDENCIA

Art. 407.- Las partes podrán objetar la prueba que se pretenda introducir en las
audiencias con violación a lo establecido en este código. Las objeciones que se
interpongan tienen que ser oportunas y específicas. La parte que formule una
objeción deberá fundamentarla. Si no se objeta oportunamente en audiencia, se
entenderá que se ha renunciado a ejercer este derecho.
El juez o tribunal fundamentará la admisión o el rechazo de la objeción
interpuesta. Las partes podrán interponer recurso de revocatoria a la decisión
del juez o tribunal.

INTERPRETACION:

Las partes podrán objetar la prueba que se pretenda introducir en el juicio de
manera contraria a la ley. Las objeciones tienen como características la
oportunidad y la especificidad que deben ser debidamente fundamentadas; y estas
podrán versar sobre la impropiedad de la las preguntas y respuestas de un testigo
o perito, e incluso a la conducta de las partes.
Las objeciones es un medio de defensa por el que parte que considere que existe
una irregularidad en la forma de hacer el interrogatorio intenta que el presidente
del tribunal impida el defecto o vicio procesal de que se trate, admitiendo la
objeción y provocando la correspondiente rectificación.

OBJECIONES A LAS PREGUNTAS FORMULADAS DURANTE LOS
INTERROGATORIOS

Art. 408.- Una parte podrá interponer objeciones a las preguntas formuladas por la
contraria, durante los interrogatorios a las partes, testigos o peritos, cuando dichas
preguntas sean impertinentes, sugestivas, repetitivas, capciosas, compuestas,
especulativas o ambiguas; cuando la pregunta formulada asume hechos sobre los
cuales no se ha presentado prueba con anterioridad; todo ello sin perjuicio de que
puedan ser interpuestas otras objeciones.

INTERPRETACION:

Las partes tienen la facultad de utilizar como algunos autores lo conocen las
objeciones como un medio de impugnación en se tiene por objeto; prevenir que se
admita una información inadmisible; hacer la constar la objeción ya se ha en
grabación o en el acta para fines de impugnar la decisión equivaliendo la protesta
de recurrir ; ello implica que se haya solicitado el saneamiento del vicio invocado
oportunamente son objeciones por razones de forma la preguntas sugestivas que
se realizan las partes en el interrogatorio directo; las preguntas argumentativas y
las compuestas y son objeciones por razones de fondo; las impertinentes, de
referencia, etc.

OBJECIONES A LAS RESPUESTAS DE LOS TESTIGOS O PERITOS

Art. 409.- Las partes podrán poner reparos ante las respuestas de los testigos o
peritos cuando consistan en una prueba de referencia, cuando se emita opinión
sin haber sido cualificado como perito o experto el que la vierte, o cuando el
testigo conteste más allá de lo que se le ha preguntado. Lo mismo se observará
cuando se interrogue a la parte.

INTERPRETACION:

El interrogatorio a peritos se aplica las mismas reglas que el interrogatorio de
testigos; mencionando también los anticipos de prueba en especial los peritajes
practicados como actos definitivos e irreproducibles, así como aquellos peritajes
que por su duración rompen con la concentración del debate. En ambos casos
habrá que rectificar su dictamen durante el juicio sometiéndose a las normas, en
lo que sea aplicable. Cabe la posibilidad que la ratificación del dictamen sea
anterior al juicio oral, en cuyo caso se procederá en el plenario a la lectura del
mismo, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exija la comparecencia
personal del perito.

OBJECIONES A LA CONDUCTA DE LAS PARTES

Art. 410.- Cualquiera de las partes podrá interponer reparos ante el juez o tribunal
sobre la conducta de la parte contraria si esta no cita correctamente lo que hubiera
declarado un testigo durante el interrogatorio; si se comporta de manera
irrespetuosa con el testigo o perito, o no permite que éstos contesten a la
pregunta cuando su respuesta está acorde con aquella; cuando una parte
comente las respuestas del testigo y l a c o n t r a r i a objete sin fundamento. Las
partes podrán formular otros reparos que consideraren oportunos.

INTERPRETACION:

En lo relativo a las partes establece el artículo la facultad de interponer objeciones
tal oportunidad se realiza durante la audiencia solo será admisible el recurso de
revocatoria, el que será resuelto de inmediato, debe de objetarse una pregunta
tan pronto se haya formulado por el examinador y antes que el testigo responda ya
que en caso contrario carecería de sentido por haber dado respuesta a la
pregunta, pero puede plantarse la objeción después de la respuesta del testigo
cuando este se niegue a responder, evada la pregunta o no responda lo que se le
pregunta, en cuyo caso la contraparte pude solicitar que el testigo se limite a
suministrar la información que se le está solicitando por el interrogatorio.

ALEGATOS FINALES Y SENTENCIA

Art. 411.- Concluida la práctica de la prueba y antes de poner fin a la audiencia
probatoria, se concederá turno de palabra a las partes, por su orden,
comenzando por la demandante para efectuar sus alegatos finales.

El juez o tribunal fijará el tiempo prudencial para efectuar los alegatos, sin que
pueda exceder de treinta minutos. Excepcionalmente, si la complejidad del caso lo
requiriese, dicho período podrá aumentarse en otros treinta minutos como
máximo. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de los alegatos no serán
recurribles, sin perjuicio de hacer constar su objeción.

INTERPRETACION.

Concluida la práctica de la prueba, la audiencia probatoria finaliza con la
producción de los alegatos orales de las partes. El juez tiene la facultad de
limitación de los alegatos dentro de los parámetros establecidos por el
Anteproyecto para evitar dilaciones indebidas, divagación o repetición; siempre y
cuando respete el derecho de igualdad y limite la intervención de manera
equitativa. Dichos alegatos versarán únicamente sobre los hechos vertidos, en la
audiencia, en forma concisa clara y pertinente, en caso contrario las partes podrán
alegar ante el tribunal las objeciones pertinentes.

CONTENIDO Y FORMA DE LOS ALEGATOS FINALES

Art. 412.- Los alegatos se expondrán en forma oral, para fijar, concretar y ajustar
definitivamente tanto los hechos alegados como la pretensión, a la vista del
resultado de la práctica de las pruebas. No se admitirán en ningún caso alegatos
que supongan cambio de la pretensión, tal como quedó fijada en la audiencia
preparatoria; pero sí las precisiones, modificaciones o rectificaciones no
esenciales, que se razonen como derivadas lógicamente del resultado de la
audiencia probatoria.

Las partes, al exponer sus alegatos, relatarán en forma clara y ordenada los
hechos q u e consideran probados, con indicación de las pruebas que los
acreditan. También podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de prueba
respecto de los hechos aducidos por la parte contraria; así como sobre lo que a
su criterio resulten inciertos.

Las partes podrán referirse asimismo a los fundamentos de derecho que sean
aplicables de conformidad con el resultado probatorio de la audiencia.

El juez o tribunal podrá solicitar las aclaraciones que entienda pertinentes, durante
el curso de los alegatos o a su finalización.

El juez o tribunal podrá solicitar a las partes que le informen sobre la eventual
concurrencia de otros títulos jurídicos, sin que se altere la causa de pedir.

Salvo cuando este código disponga otra cosa en casos particulares, si la petición
es de condena al pago de una cantidad de dinero, se fijarán con precisión los
montos líquidos que sean finalmente reclamables.

Terminados los alegatos finales, el juez levantará la sesión y dará por
concluida la audiencia probatoria. Desde ese momento comenzará a correr el
plazo para dictar sentencia.

INTERPRETACION.

La función básica de los alegatos finales es la de fijar, concretar y adecuar

definitivamente tanto los hechos alegados como la petición, a la vista del resultado

de las practicas de las pruebas, declarando los hechos que con ellas consideren

probados o la falta e insuficiencia de prueba de los hechos aducidos por la parte

contraria, en concreto cada una de las partes deben presentar al juez con

precisión el objeto de su pretensión, mediante el análisis de la prueba producida y

el análisis de las normas aplicables al caso, de la manera que crean conformados.

OBJECIONES EN LOS ALEGATOS FINALES

Art. 413.- La parte podrá formular objeciones a su contraria, si ésta intentare
introducir elementos de convicción que no deriven de los medios de prueba
practicados en audiencia probatoria.

INTERPRETACION.

Una concluida la práctica de la prueba y este en apretura los alegatos el legislador
no solo a establecido la oportunidad de objetar las preguntas que se ventilen en
los interrogatorios sino también los alegatos cuando no se estén formulando o
afirmando hechos no acreditados en la desarrollo de la prueba, la audiencia
probatoria finaliza con la producción de los alegatos orales de las partes. El juez
tiene la facultad de limitación de los alegatos dentro de los parámetros
establecidos por el Anteproyecto para evitar dilaciones indebidas, divagación o
repetición; siempre y cuando respete el derecho de igualdad y limite la
intervención de manera equitativa. Dichos alegatos versarán únicamente sobre los
hechos vertidos, en la audiencia, en forma concisa clara y pertinente, en caso
contrario las partes podrán alegar ante el tribunal las objeciones pertinentes.

PRESUNCIONES LEGALES

Art. 414 Cuando la ley establezca una presunción, la persona a la que favorezca
quedará dispensada de la prueba del hecho presunto al estar probados los
hechos en que se base.

Si la presunción legal admite prueba en contrario, la actividad probatoria se podrá
dirigir tanto a demostrar que los indicios probados inducen a un hecho distinto o
a n i n g u n o , como a efectuar la contraprueba de dichos indicios para establecer
su inexistencia.

En los casos en los que la presunción legal admita prueba en contrario, en la
sentencia se deberá justificar y razonar los argumentos que han llevado al
tribunal a la concreta decisión sobre si el hecho presunto es la consecuencia de
los indicios.

INTERPRETACION.

La presunción, es una norma legal que suple en forma absoluta a la prueba del
hecho, pues lo dan por probado si se acreditan la existencia de las circunstancias
que basan la presunción, admitiendo o no (según la clase de presunción de que se
trate) demostración de lo contrario, por lo que muchos autores se separan de la
antigua concepción que considera a las presunciones como medio probatorio,
siendo estas totalmente lo contrario al suplir la actividad probatoria por un método
probatorio.
³Cuando la presunción legal admita prueba en contrario, la actividad probatoria se
podrá dirigir tanto a demostrar que los indicios probados conducen a un hecho
distinto del presumido por la ley, o a ninguno, como a efectuar la contraprueba de
dichos indicios para establecer su inexistencia

PRESUNCIONES JUDICIALES

Art. 415.- El juez o tribunal puede presumir la existencia de un hecho a partir de
los indicios probados durante la audiencia probatoria. Esta presunción
constituirá argumento de prueba sólo s i se funda en hechos probados, o
cuando tales indicios, por su precisión, gravedad, número y concordancia fueran
capaces de producir la convicción judicial, de conformidad con las reglas de la
sana crítica.

Cuando un hecho que se declara probado en la sentencia se sustente en
presunción judicial, será obligatorio que el juez establezca el enlace racional y
argumentado que le h u b i e r a llevado a establecerlo, a partir de los indicios
probados.

Las presunciones judiciales siempre admitirán prueba en contrario, dirigida a
demostrar que los indicios probados conducen a distinta o a ninguna. Y siempre
podrá practicarse prueba dirigida a establecer contraprueba de los indicios en
los que se pudiera sustentar una presunción judicial.

INTERPRETACION:

Las presunciones judiciales, al contrario que las legales, el enlace o nexo lógico

entre el hecho base o indicio y la afirmación o hecho presumido no lo efectúa la

ley, sino directamente el juez. El enlace efectuado judicialmente -según Montero

Aroca- a partir de un hecho o indicio admitido o probado, le permite presumir la

certeza de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un

enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, es decir de las

reglas de la lógica o de la razón.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Art. 416.- El juez o tribunal deberá valorar la prueba en su conjunto conforme a las
reglas de la sana crítica.

No obstante lo anterior, en la prueba documental se estará a lo dispuesto sobre el
valor tasado.

El juez o tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba en particular,
determinando si conduce o no a establecer la existencia de un hecho y el modo en
que se produjo. Cuando más de una prueba hubiera sido presentada para

establecer la existencia o el modo de un mismo hecho, dichas pruebas
deberán valorarse en común, con especial motivación y razonamiento.

INTERPRETACION:

VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Originariamente, el Código establecía que
cuando se reunían ciertas condiciones retomadas de las pruebas desfiladas en la
audiencia para una mejor apreciación y de esa manera poder llegar a una certeza
positiva sobre el objeto del litigio es totalmente imprescindible escudriñar la prueba
en su conjunto y este según el grado de certeza positiva le dará una valoración
respetando las reglas de la sana critica la lógica u la máximas de las experencias
y de esa manera poder exponer una sentencia debidamente motivada y apegada
a derecho. Y éste no podía apartarse de las conclusiones de la leyes posteriores
se apartaron de este sistema y dieron libertad al juez para apreciar la prueba para
dictar. Actualmente la fuerza probatoria del dictamen queda librada a la sana
crítica del juez, a que se exponga las razones para hacerlo y avale su decisión
con las demás pruebas del proceso

SENTENCIA

Art. 417.- La sentencia que deba resolver todas las cuestiones planteadas en el
proceso, se dictará dentro de los quince días siguientes a la finalización de la
audiencia de prueba y será notificada a las partes en un plazo que no excederá los
cinco días desde que se dictó.

El incumplimiento de los plazos anteriormente establecidos hará incurrir al juez o
tribunal en una multa cuyo monto será de un salario mínimo, urbano, más alto
vigente por cada día de retraso.

Cuando se pretenda la condena al pago de prestaciones o de intereses que se
devengan periódicamente, la sentencia podrá incluir pronunciamiento que obligue
al pago de los que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte,
siempre que lo solicite el demandante en la petición.

Excepcionalmente podrá pedirse la condena al pago de una cantidad sin
especificar, y en este caso el juez dictará la sentencia con declaración de que no

se determinará la cantidad por vía de ejecución forzosa sino mediante el
correspondiente proceso declarativo.

INTERPRETACION:

La sentencia deberá ser dictada dentro de los diez días siguientes a la finalización

de la audiencia, la cual deberá estar debidamente motivada, congruente y

atendiendo al principio de exhaustividad.

Las sentencias condenatorias cuando se refieran a obligaciones dinerarias han de

ser líquidas, sin que quepa la tradicional condena con reserva de liquidación para

su determinación en la ejecución de la sentencia.

Concluidos los alegatos finales se pasara a dictar sentencia y es en este momento

donde se regulan las presunciones y la valoración de la prueba normas procesales

que se dirigen al juez para posibilitarle a la vista de la prueba producida la

formulación del juicio de hecho sobre el que realizar el juicio de derecho.

EL PROCESO ABREVIADO

Demanda simplificada

Art. 418.- El proceso abreviado comenzará con demanda simplificada,
formulada por escrito, que deberá contener lo siguiente:

1º. La designación del juzgado ante quien se presente.

2º. La identificación del demandante, del demandado y de aquellos otros
interesados que deban ser llamados al proceso, así como sus domicilios para
efecto de las notificaciones.

3º. Una enumeración suficiente de los hechos que justifiquen la razón de ser
de la petición.

4º. La petición correspondiente.

5º. Fecha y firma.

De la demanda y documentos que la acompañen se presentarán tantas copias
como demandados y demás interesados en el proceso haya, mas una.

INTERPRETACION:

Su finalidad es que la justicia sea pronta y eficaz, modificándose el curso del

procedimiento debido a su sumaria pretensión, la cual, como se dijo antes, aplica

cuando la cuantía es inferior a los veinte mil colones. Para ello se dispondrá de un

proceso más sencillo y elemental procedimentalmente hablando.

Así lo dice nuestra jurisprudencia, al señalar que el proceso verbal (hoy abreviado)

pretende con su estructura ser de naturaleza sumarísima en razón que el objeto

procesal que mediante él se satisface es de menor cuantía; y que el principio de

economía procesal implica tanto una reducción en la onerosidad de los procesos,

como en la lentitud del trámite.

PROPOSICIÓN DE PRUEBA PARA PRACTICAR ANTES DE LA
AUDIENCIA

Art. 419.- Si el demandante pretendiera proponer como prueba el reconocimiento
judicial, y éste deba realizarse fuera del tribunal, lo advertirá en la demanda, a
efecto de que pueda verificarse antes de la audiencia, oído el demandado sobre
tal extremo.

INTERPRETACION:

Se establece también que las partes podrán proponer las pruebas que pretenden

hacerse valer sobre los hechos controvertidos, pudiendo solicitarse aquellas

pruebas que requieren diligencias de citación o requerimiento con antelación a la

fecha de audiencia; si alguna de las partes quisiera presentar pruebas se

seguirán los pasos de el proceso ordinario en la que la prueba se presentara o se

advertirá en la demanda en la contestación y en su caso en al reconvención.

REGLA ESPECIAL DE ACUMULACIÓN

Art. 420.- En los procesos abreviados, el demandante no podrá efectuar la
acumulación objetiva de pretensiones, salvo en los supuestos siguientes:

1º.Cuando las pretensiones acumuladas estén basadas en unos mismos hechos,
siempre que deba seguirse en todo caso el proceso abreviado.

2º.Cuando se ejercite una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios
vinculada a otra pretensión que sea prejudicial de aquélla.

Será necesario que el tribunal que deba conocer de las pretensiones acumuladas
sea competente objetiva y funcionalmente para conocer de todas ellas y que la
acumulación no esté prohibida por la ley.

En lo demás, se estará a las normas de acumulación subjetiva de pretensiones
y de acumulación de autos reguladas en este código.

INTERPRETACION:

Como anteriormente se menciono que el procedimiento común se aplicaría

para aquellas reclamaciones superiores a veinte mil colones según lo expresa

el artículo 234 del nuevo código, o aquellas en las que no sea posible

determinar ni siquiera de modo relativo el interés económico; dejando como

ámbito de aplicación al procedimiento abreviado aquellas pretensiones en

cuyo elemento objetivo se reclame un monto inferior a los veinte mil colones;

cabe mencionar que según el Anteproyecto, las normas de la clase de proceso

por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de la

materia.

Ahora bien es menester mencionar que el procedimiento abreviado se ventilan

los procesos sumarios y sumarísimos que se regulan en el actual código de

procedimientos civiles; podemos citar como ejemplo las demandas relativas a

liquidación de daños y perjuicios si bien es cierto en el actual código este juicio

se ventilaría en un juicio sumario (art. 960 pr.c.) en el nuevo código este juicio

se ventilaran en el proceso abreviado.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA SIMPLIFICADA

Art. 421.- El juez procederá a resolver por medio de auto sobre la admisión
de la demanda simplificada en el plazo de cinco días desde su
presentación. Si constatara, tras el examen de la misma, que se cumplen todos
los presupuestos procesales y que no tiene defectos, dictará auto de admisión.

INTERPRETACION:

Según las circunstancias del caso, el Juez puede admitir o rechazar la demanda.
Admisión y traslado. Conforme al art. 338, cuando la demanda se presenta ante
Juez competente y con todos sus requisitos; el juez la ADMITIRÁ y ordenará dar
TRASLADO de ella al demandado para que dentro de los veinte días para que
comparezca y la conteste. Por el contrario, si la demanda no reúne sus requisitos,
el juez podrá RECHAZARLA. Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas
que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan.
Si no residiese claramente de ellas que son de su competencia, mandarán qué el
actor exprese lo necesario a ese respecto.

SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA

Art. 423.- Si la demanda fuese admitida, el juez señalará, en el mismo auto de
admisión, el día y hora en que habrá de tener lugar la audiencia, que se realizará
dentro de un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva celebración de
dicho acto y un máximo de veinte.

La celebración de la audiencia tendrá lugar en única convocatoria. Para ello se
citará en forma al demandante, así como al demandado y demás interesados
aludidos en la demanda, acompañando a la citación la copia de la demanda y
demás documentos presentados con ella.

En la citación se hará constar que la audiencia no se suspenderá por la
incomparecencia del demandado, y que las partes han de concurrir con todos
los medios de prueba de que intenten valerse.

INTERPRETACION:

Aquí la audiencia no sirve tan sólo para la práctica de la prueba, sino que también
acoge la fase de alegaciones propiamente dichas, en la cual las partes expondrán
y fundamentarán por primera vez sus respectivas pretensiones procesales.

El Anteproyecto señala también que la incomparecencia a la audiencia por el
demandante tendrá los efectos de desistimiento de su demanda, a menos que el
demandado no alegare interés en la continuación del proceso. Imponiéndose las
costas causadas al demandado y acreditare daños o perjuicios sufridos.

RECONVENCIÓN

Art. 424.- En el procedimiento abreviado, el planteamiento de la reconvención por

el demandado se hará en la audiencia. Además, se requerirá que la pretensión

deducida en la reconvención deba tramitarse también por el proceso abreviado y

que exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean

objeto de la demanda principal

INTERPRETACION:

295
Además de todo lo dicho anteriormente sobre las actitudes negativas y positivas

del demandado frente a la demanda, cabe la formulación de reconvención. Se

trata entonces de la interposición por el demandado de una pretensión contra la

persona que le hizo comparecer en juicio, entablada ante el mismo juez y en el

mismo procedimiento en que la pretensión del actor se tramita, para que sea

resuelta en la misma sentencia, la cual habrá de contener dos pronunciamientos.

INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES

Art. 425.- Si el demandante citado en forma no compareciese ni hubiere alegado
causa que motive la suspensión de la audiencia, se le tendrá por desistido de su
demanda, siempre que el demandado no alegare interés legítimo en la
continuación del proceso. Este desistimiento implicará que se le impongan las
costas causadas, y se le condene a indemnizar al demandado comparecido, si
éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.

La no comparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de la
audiencia, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

295
GUIA DE ESTUDIODE DERECHO PROCESAL CIVIL; PAG 115.

INTERPRETACION:

El Anteproyecto señala también que la incomparecencia a la audiencia por el

demandante tendrá los efectos de desistimiento de su demanda, a menos que el

demandado no alegare interés en la continuación del proceso. Imponiéndose las

costas causadas al demandado y acreditare daños o perjuicios sufridos. A

regulado el código en caso de incomparecencia del demandante una vez haya

sido citado debidamente regula el código en este caso se tomara por desistido la

acción o de la demanda que haya presentado. Sino presenta una justificación que

está debidamente fundamentada; y que se le aplique el pago de costa ya que se le

toma por abandonado su interés en el proceso y la aplicación de la indemnización.

INTENTO DE CONCILIACIÓN

Art. 426.- El juez, constituido en audiencia pública, intentará que las partes
lleguen a un arreglo que pueda evitar la prosecución del proceso.

INTERPRETACION:

Como podemos ver, una de las características estructurales del proceso

abreviado, es la ausencia de un trámite escrito de contestación de la demanda por

parte del demandado. La fase oral en el proceso abreviado cumple una finalidad

mucho más extensa que la dispuesta para el mismo acto procesal complejo en

juicio declarativo ordinario. Aquí la audiencia no sirve tan sólo para la práctica de

la prueba, sino que también acoge la fase de alegaciones propiamente dichas, en

la cual las partes expondrán y fundamentarán por primera vez sus respectivas

pretensiones procesales.

El juez, en esta etapa intentará que las partes lleguen a un arreglo que evite la
prosecución del proceso y de no existir avenencia en conciliación se pasará a la
audiencia, teniendo el uso de la palabra las partes cuantas veces estimen
conveniente.

ALEGACIONES

Art. 427.- Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a la
audiencia, concediéndose la palabra al demandante para que ratifique, amplíe o
reduzca su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación
sustancial.

El demandado contestará alegando, en primer lugar, cuantos defectos procesales
estime conveniente, y posteriormente afirmando o negando concretamente los
hechos y los fundamentos de derecho de la demanda. Acto seguido, el
demandado podrá formular reconvención.

El demandante contestará defectos procesales alegados y a la reconvención.
También podrá alegar cuestiones relativas a la personalidad y representación del
demandado.

Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el juez lo estime conveniente.

Si no se aceptase ninguna excepción procesal, el que las hubiere formulado
podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a efecto de apelar contra la
sentencia que se dicte.

INTERPRETACION:

Hay que retomar un principio básico del sistema acusatorio hoy retomado en le

proceso civil y cabe mencionar esto ya que enaltece el principio de la oralidad al

derecho de defensa; los alegatos tienen como objetivo es la de fijar, concretar y

adecuar definitivamente tanto los hechos alegados como la petición, a la vista del

resultado de las practicas de las pruebas, declarando los hechos que con ellas

consideren probados o la falta e insuficiencia de prueba de los hechos aducidos

por la parte contraria, en concreto cada una de las partes deben presentar al juez

con precisión el objeto de su pretensión, mediante el análisis de la prueba

producida y el análisis de las normas aplicables al caso, de la manera que crean

conformados.

PRUEBA

Art. 428.- A continuación, las partes, comenzando por el demandante,
propondrán las pruebas de las que pretendan valerse respecto de los
hechos sobre los que no hubiere conformidad; y el juez admitirá las útiles y
pertinentes.
Las partes podrán solicitar, al menos con tres días de antelación a la fecha de
la audiencia, aquellas pruebas que, para practicarse en la misma, necesiten
diligencias de citación o requerimiento.

Para la práctica de las pruebas se estará a lo dispuesto en el proceso común

INTERPRETACION:

Acto de la parte (de cada una de ellas) por el que precisa que medios de prueba
desea practicar en el proceso. Este acto se realiza de modo oral á final de la
audiencia previa (art. 429.1 LEC) y en él deberá expresarse con separación cada
uno de los medios de prueba (art. 284 LEC) y á cómo debe practicarse (art.
429.5,LEC ). En principio la ley atribuye a las partes la determinación de los
medios de prueba que han de practicarse, con lo que establece que el principio de

aportación de parte se refiere también a la prueba; es lo que el art. 282 llama
iniciativa de la actividad probatoria

ALEGATOS FINALES

Art. 429.- Practicada la prueba, las partes formularán oralmente sus alegatos
finales por un lapso que no excederá de treinta minutos.

Si el juez no se considerara suficientemente ilustrado sobre las cuestiones de
cualquier tipo que sean objeto del debate, concederá a ambas partes el tiempo
que crea conveniente para que informen o den explicaciones respecto de los
puntos en que hubiere alguna duda.

INTERPRETACION:

Como anteriormente se menciono haciendo valer el principio de la oralidad en que
las partes pueden alegar y comentar sobre el desarrollo del juicio; el principio de
oralidad dentro del juicio lleva inmerso otros principios como el de inmediación,
concentración y contradicción donde la oralidad es un medio para contradecir la
prueba presentada en el juicio. El conocimiento de la norma jurídica es una de las
obligaciones. Pero el juez va expedir una sentencia respetando las reglas de
valoración de la prueba, siempre que se haya respetado el debido proceso.

SENTENCIA

Art. 430.- Terminada la audiencia, el juez podrá dictar sentencia en el acto, si
es procedente. Si no lo es, podrá anunciar verbalmente el fallo. En todo caso, ha
de pronunciarse sentencia dentro de los quince días siguientes a la finalización de
la audiencia. El incumplimiento de dicho plazo hará incurrir al juez responsable en
la sanción establecida en el artículo 417 de este código.

INTERPRETACION:
296
La sentencia es el resultado que se dictara o se hará saber a las partes en el
mismo acto; pero agrega el legislador que se puede notificar de manera verbal.
Dicha sentencia deberá hacerse saber en un lapso de quince días, por otro lado,
una operación intelectual y, por otro, un acto de voluntad, y ello hasta el extremo
de que sin una y otro carecería de sentido. Si la potestad jurisdiccional emana de
la soberanía popular y se confía a los jueces y magistrados, dicho está que sus
decisiones comportan siempre el ejercicio de un poder constituido, desde el que
se explican tanto el efecto de cosa juzgada de las sentencias como el que se
conviertan en título ejecutivo. Ese poder sólo puede ejercerse dentro del ámbito
delimitado por las partes y de ahí el llamado principio de justicia rogada, al que se
refiere el art. 216 LEC: los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las
aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, pero se trata de un
verdadero ejercicio de poder en el Estado

LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO PRIMERO
PROCEDENCIA Y CLASES

El juez, en ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra facultado para
decretar las medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar de
manera puntual la eficacia de la sentencia definitiva del proceso, evitando que se
realicen actos que impidan o dificulten la satisfacción de la pretensión debatida,
siempre que se cumplan los presupuestos establecidos para tal efecto. (Art, 431
del nuevo código) 297

En efecto, ante la excesiva duración de un proceso y en especial el civil, se hace
necesario asegurar que el conflicto suscitado ante el Órgano Judicial pueda ser

296
DERERECHO JURISDICCIONAL, TOMO II, LA PRUEBA, MONTERO AROCA, PAG 340
297
Sobreseimiento de Amparo, caso 265-2000/ 11 de septiembre 2001.

resuelto con normalidad, posibilitando que la eventual decisión recaída sobre el
mismo pueda ser llevada a efecto en todo caso, así como también por el
inevitable período de tiempo que se consume hasta obtener ese pronunciamiento
judicial firme.
Las medidas cautelares, consisten, por lo tanto, en todos aquellos mecanismos
procesales tendientes a garantizar o pre ordenar la viabilidad o efectividad de los
efectos de la cosa juzgada que haya de producir la resolución judicial que se
pronuncie definitivamente sobre el objeto procesal y con la finalidad de evitar que
se cristalice una posible vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva.

Es plausible, que el Anteproyecto haya dedicado todo un Título para este tema,
por ser de gran trascendencia como mecanismo tutelar del derecho de las partes,
puesto que nuestra actual legislación de manera imprecisa y escueta incluye este
tema dentro de los ³actos previos a la demanda´.

Se establece, por otra parte, que estas medidas solo podrán adoptarse cuando el
solicitante justifique que son indispensables para la protección de su derecho, por
existir peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso, en tal
sentido que sin la inmediata adopción de la medida, la sentencia que
eventualmente se dictare estimando la pretensión sería de imposible o muy difícil
ejecución´.

Lo anterior, en armonía con nuestra jurisprudencia, por cuanto establece que las
medidas cautelares parten de una base común, la probable existencia de un
derecho amenazado y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso.
Sobre este punto, se ha esbozado que la razón de la existencia de la función
cautelar, es evitar que la duración del proceso altere el equilibrio entre las partes y
mantener a salvo la situación jurídica controvertida, procurando así lograr la
ejecución de un eventual fallo estimatorio, lo cual no significa que alguno de los

litigantes tenga una posición favorable en el proceso de cognición o de ejecución.
298

Es decir, que se hace necesaria la expresa solicitud de la parte actora para que
operen los principios generales de rogación y disposición inherentes a la potestad
jurisdiccional ³nemex iudex sine actore´, la cual será el único legitimado para
solicitarlas.

Quedan por lo tanto, establecidos en el texto del Anteproyecto, los elementos
procesales para la adopción de tales medidas, como lo son la apariencia de buen
derecho (³fumus boni iuris´), y el peligro de lesión o frustración por demora del
proceso (³periculum in mora´) sumándole el tercer elemento que trae el
Anteproyecto, el cual es la prestación de la caución por parte del beneficiario por
la adopción de las medidas cautelares.

En cuanto al presupuesto de ³fumus boni iuris´, el solicitante debe de acreditar la
buena apariencia de su buen derecho, proporcionando al juez todos los elementos
que le permitan considerar la existencia de ese derecho, es decir, que el juez debe
valorar los indicios, elementos o circunstancias que rodean la fundamentación de
la solicitud de la medida cautelar, dotándola de una apariencia probable de
legitimidad. Cabe resaltar, que para hacer este juicio de valor, el juez o tribunal se
limita en la generalidad de las ocasiones, a la existencia de un documento más o
menos fiable en que conste el derecho pretendido por el solicitante, como lo
pueden ser un contrato que acredite la condición de acreedor de una prestación, la
escritura pública que evidencia la calidad de propietario del solicitante de esa
medida cautelar, etc.,

El presupuesto del ³periculum in mora´, se circunscribe a la posibilidad de que la
irremediable duración del proceso provoque situaciones dañosas para la persona
que reclama jurisdiccionalmente su derecho, hasta el punto de que la eventual

298
Sobreseimiento de Amparo, caso 316-2000 / 27 de septiembre 2001.

reparación de ese posible perjuicio se presente desde el punto de vista jurídico
como muy costosa o fácticamente imposible.

El daño jurídico, lo define Ugo Rocco299 como la sustracción o disminución de un
bien, o como la abolición o la restricción de un interés, sea este tutelado por una
norma jurídica en la forma de un derecho subjetivo, sea tutelado en la forma de un
simple interés. Pero además del daño, se plantea el peligro como la posibilidad
para ese daño, es decir, es indispensable la potencia o idoneidad de un hecho
para ocasionar el fenómeno de la pérdida o disminución de un bien, se tutela en
forma de un derecho subjetivo o en la de un interés jurídico.

El elemento final para la adopción de una medida cautelar, como se dijo, es la
prestación de la caución, en donde el solicitante, con anterioridad al cumplimiento
de la medida cautelar la solicitará, y cuya finalidad será la de garantizar la
satisfacción de los posibles daños o perjuicios que al sujeto pasivo de dichas
medidas pueda ocasionar su adopción sí, con posterioridad, se revela la
improcedencia de las mismas. Esta caución deberá ser ofrecida en el mismo acto
procesal en que se formula la correspondiente solicitud de tal medida juntamente
con la cuantía, que podrá ser dineraria o mediante cheque, etc.

El Anteproyecto señala también que estas medidas podrán ser solicitadas y
adoptadas en cualquier estado del proceso e incluso como diligencia preliminar a
la interposición de la demanda, en este caso las medidas cautelares caducarán de
pleno derecho si no se presentare la demanda dentro de los quince días
siguientes a las de su adopción. Pero en general, la adopción de las medidas
cautelares solo alcanzan su verdadero sentido cuando se decretan en los
momentos iniciales del proceso, instaurándose desde ese momento la tutela
cautelar que finalizará con la emisión de la sentencia.

299
Rocco, Ugo, ³Tratado de Derecho Procesal Civil´ Parte Especial, ³De las Medidas Cautelares´, Editorial De Palma, Buenos Aires,
Pág. 45.

Sin embargo, se relaciona que podrán ser solicitadas también con anterioridad a la
interposición de la demanda. Nos encontramos aquí, ante la adopción de medidas
cautelares ³pre procesales´, de las cuales conocerá el tribunal que sea objetiva y
territorialmente competente para conocer de la demanda principal. Pudiendo
rechazarlas si considera que carece de ellas300, debiendo alegar y motivar el
solicitante la concurrencia de las razones de urgencia y necesidad encaminadas a
sus justificaciones antes de la iniciación del proceso.

Por otro lado, el Anteproyecto da un amplio menú o catálogo de medidas
cautelares que superan en número y eficacia a las actualmente reguladas por
nuestra legislación procesal de manera superflua e incluso contradictoria. Sin
embargo, podemos criticarla de ser de ³números clausus´, pues definitivamente
pueden existir otros motivos por los cuales se puedan dictar tales medidas, fuera
de las que se relacionan en dicho cuerpo normativo.

Como ejemplo de medidas cautelares citadas por el Anteproyecto, están a) el
embargo preventivo de bienes, el cual podrá ser solicitado por el acreedor de la
deuda en dinero en frutos, rentas y cosas fungibles convertibles en dinero. De
igual manera se contempla la b) Intervención o administración judicial de bienes
siempre que se pretenda sentencia condenatoria a entregar bienes a titulo de
dueño, usufructo o cualquier otro que comporte interés legitimo en mantener o
mejorar la productividad. También está el c) secuestro de cosa mueble o
semoviente, que procederá cuando se pretenda la condena a su entrega y se
hallen en poder del demandado, siempre que se presente instrumentos que hagan
verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar.

Atinadamente, el Anteproyecto señala que solo se adoptarán la medidas
cautelares que sean efectivas y conducentes a su fin y que sean las menos
gravosas para el demandado. La aplicación de dichas medidas será controladas
por el juez que debe conocer o esté conociendo en la Instancia o recurso del

300
Anteproyecto, Art. 446,

procedimiento en el que se han de tomar. Es decir, se pretende dar vigencia al
principio de la proporcionalidad o ³prohibición de exceso´, que evita lesionar los
derechos de las partes, especialmente del demandado, poniendo un limite a la
actuación coactiva del Órgano Judicial, que dicho sea de paso, sólo podrá ser
llevada a la práctica cuando resulte estrictamente necesaria, idónea y
proporcionada para obtener los objetivos perseguidos por la misma.

El proceso cautelar, por lo tanto, no debe procurar a uno de los litigantes una
posición más favorable en el proceso, sino que su verdadera función es la de
evitar que la duración del proceso conduzca a una alteración del equilibrio inicial
de fuerzas entre las partes.

Por otro lado, las medidas cautelares, dado su carácter complementario, no
poseen por sí mismas autonomía alguna, ni vida propia respecto del proceso cuyo
fin se pretende garantizar. Así lo establece el Anteproyecto en cuanto a que ³las
medidas cautelares se levantarán transcurrido el plazo previsto para su
cumplimiento o cuando se conceda la ejecución provisional de la sentencia. Es
decir, que se encuentra subordinada a la pendencia del proceso de que trae
causa, en cuanto este concluya, la medida cautelar seguirá sus pasos, por lo que
son de vigencia temporal limitada.

Previa la ejecución de las medidas cautelares, se establece como regla general,
que el tribunal convocará a las partes a una audiencia, para que expongan sus
derechos. Sin embargo, el solicitante podrá proponer el ³procedimiento acelerado´
o ³procedimiento sin audiencia del demandado´ (inaudita parte debitoris), ello, solo
si se acredita que hay razones de urgencia o que la realización de la audiencia
evite el cumplimiento de tales medidas exponiendo y haciendo constar en su
solicitud los presupuestos de ³fumus boni iuris´ y ³periculum in mora´, y si el
Órgano Judicial considera que son jurídicamente atendibles dará recepción a esa
solicitud, caso de ser así, dictará el auto decretándolas.

Sin duda, esta regla generalizada de implementación de audiencia previa es
introducida por el presente Anteproyecto. Pues, nuestro Código Procesal
establece como regla general la no citación de la persona contra quien se pida
301
dichas medidas. A nuestro entender, es preferible que se mantenga la regla
vigente en lugar de la realización de la previa audiencia a las partes, ya que si
bien, lo que se pretende con la nueva regla es darle cumplimiento a la garantía de
audiencia para las partes, sin embargo, la realización de la misma puede ir en
contra del elemento cautelar de ³periculum in mora´, pues, como de todos es
sabido, la aplicación de toda medida cautelar es evitar un futuro y eventual peligro
de un bien jurídico, que de realizarse podría echar al traste esa función. Lo mejor
será realizar esta audiencia con posterioridad a la medida cautelar adoptada para
no invalidar la garantía de audiencia a la contraparte.

En el caso particular, cuando la medida cautelar se adopte sin previa citación del
demandado, podrá formular éste la oposición aportando las pruebas que
considere pertinente, pudiendo ofrecer caución para garantizar los posibles
perjuicios de su ejecución y garantizar el buen cumplimiento de la sentencia que
se dictare. De ser admitida la oposición, se convocará a audiencia para la
alegación de las partes y el juez resolverá el mantenimiento o levantamiento de
dichas mediadas. Cuando es la parte demandada la que voluntariamente se
ofrece a garantizar las eventuales responsabilidades futuras, el juez podrá
aceptarlas si con ellas se mantiene la misma finalidad tutelar de dichas medidas,
pudiendo revocar las medidas iniciales dictadas que serán sustituidas por caución
propuesta. Dicho ofrecimiento de la caución por parte del demandado será con
posterioridad a la adopción judicial de las medidas cautelares, pero nada impide
que se pueda ofrecer antes.

Se podrá modificar el contenido de la medida cautelar si una vez adoptadas se
dan hechos sobrevivientes o nuevos que a criterio del tribunal puedan vulnerar la
efectividad de la futura sentencia.

301
Pr. Cv. Art. 148.

El tribunal podrá también acordar el levantamiento de las medidas cautelares aún
sin que halla sentencia absolutoria a menos que el demandante manifieste su
interés de recurrir o demuestre interés en su mantenimiento. Esto, debido al
carácter instrumental del que gozan tales medidas y en caso de que la sentencia
sea absolutoria firme, se le dará derecho al demandado de reclamo por daños y
perjuicios, también en el supuesto de renuncia a la pretensión o desistimiento de
la instancia, pero también podemos decir que se debería dar cabida a aquí
también cuando opere la institución de la caducidad de la instancia.

TÍTULO PRIMERO
EL PROCESO EJECUTIVO

TÍTULOS EJECUTIVOS

Art. 457.- Son títulos ejecutivos, que permiten iniciar el proceso
regulado en este capítulo, los siguientes:

1º. Los instrumentos públicos;

2º. Los instrumentos privados fehacientes;

3º. Los títulos valores; y sus cupones, en su caso

4º. Las constancias, libretas o recibos extendidos por las
instituciones legalmente autorizadas, cuando reciban depósitos
de ahorro o de cualquier otra clase;

5º. Las acciones que tengan derecho a ser amortizadas, total o
parcialmente, por las sumas que hayan de amortizarse a
cuenta del capital que incorporen;

6° Las pólizas de seguro y de reaseguro, siempre que se
acompañen la documentación que demuestre que el
reclamante está al día en sus pagos y que el evento
asegurado se ha realizado, así como la cuantía de los daños.
Las pólizas de fianza y reafianciamento, si se acompañan de
la documentación que demuestre que la obligación principal se
ha vuelto exigible;

7° Los instrumentos públicos emanados de país extranjero,
cuando se hubiere llenado las formalidades requeridas para
hacer fe en El Salvador; y

8° Los demás documentos que, por disposición de ley, tengan
reconocido este carácter.

INTERPRETACION:

Estos procesos son merecedores de tal apelativo, por las razones en que se
fundan sus pretensiones (títulos ejecutivos) y por la forma en cómo son
tramitados, además que su estructura se ajusta para dar cumplimiento a principios
procesales como el de la celeridad y economía procesal, por lo cual, estos deben
de estar diseñados de una manera tal que permitan el desenvolvimiento de una
pretensión y su satisfacción en el menor tiempo posible. Es la razón por la que el
Anteproyecto ha optado que éstos se tramiten según lo preceptuado para los
procesos declarativos abreviados, o en su caso el declarativo común, si la cuantía
así lo requiere. Pero esta estructura no es la general, sino que se hará de una
forma especial, partiendo de que se buscará que sea la excepción de que estos
procesos se tramiten así, y más bien se intenta estar al carácter especial de éstos.
Y nos referimos a este carácter cuando, iniciado el proceso es recibida la petición
y admitida esta, y dada las circunstancias no hubiere incidente alguno, se
procederá a dictar sentencia estimatoria, y dar por terminada esta etapa de
conocimiento breve, y con esto poder iniciar el proceso de ejecución, si así lo
quiere el victorioso, pero esto en un mismo proceso.

OBJETO DEL PROCESO EJECUTIVO

Art. 458.- El proceso ejecutivo podrá iniciarse cuando del título correspondiente
emane una obligación de pago en dinero, exigible, líquida o liquidable, con vista
del documento presentado.

Asimismo cuando los títulos ejecutivos se refieran a deudas genéricas u

obligaciones de hacer podrá iniciarse el correspondiente proceso ejecutivo.

INTERPRETACION:

302
Surgen fundamentalmente-
Un título ejecutivo.- Su necesidad surge del texto de la ley al requerir
unTítulo que traiga aparejada ejecución. El título ejecutivo debe ser
completo: debe bastarse a sí mismo para abrir la vía ejecutiva. En otras
palabras: debe reunir todos los elementos necesarios que la ley exige para
ejercer la acción ejecutiva.

Legitimación procesal.- Quien inicie la acción debe figurar en el título como
Acreedor, y la persona contra la que se inicie la acción debe figurar como
deudor.

Obligación de dar cantidades de dinero, líquidas o fácilmente liquidables.-
La obligación debe ser de dar cantidades de dinero (no hay v/a ejecutiva
para Obtener el cumplimiento de obligaciones de dar cosas, o de hacer, o
De no hacer). La cantidad de dinero debe ser liquido (cuando está
expresada en el título) o fácilmente liquidable (no está expresada en el
título, pero se la puede determinar mediante una simple operación
aritmética). Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá
precederse ejecutivamente respecto de la primera (conf. art. 522).
Si la obligación fuere convenida a pagar en moneda extranjera, la
ejecución se debe promover por el equivalente en moneda nacional.

302
DERECHO PROCESAL CIVIL, GUIA DE ESTUDIO,262.

La obligación debe ser exigible: Esto significa que debe ser de plazo
vencido, o que si estaba subordinada a alguna condición o prestación,
éstas deben
Haberse cumplido. Si el plazo de la obligación no estuviere bien
determinado, se puede 'preparar' la vía ejecutiva pidiendo al juez que
Señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago.

DEMANDA

Art. 459.- En la demanda del proceso ejecutivo se solicitará el decreto de embargo
por la cantidad debida y no pagada, debiéndose acompañar en todo caso el titulo
en que se funde la demanda y los documentos que permitan determinar con
precisión la cantidad que se reclama.

Se podrán señalar bienes del deudor en cantidad suficiente para hacer frente al
principal e intereses de lo que se deba y a las costas de la ejecución.

INTERPRETACION:

La demanda del juicio ejecutivo tiene requisitos comunes a otro escrito inicial (ej:

por escrito, en castellano, nombre y domicilio del demandante y del demandado, el

objeto, el derecho, etc.) y un requisito específico: hacer referencia al título

ejecutivo que trae aparejada la ejecución. Con la demanda debe acompañarse el

Título ejecutivo y, en su caso, los elementos que lo completan (Ejemplo: si se trata

de un pagaré, se acompañará dicho título y el testimonio del protesto).

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Art. 460.- Reconocida la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del
título, el juez dará trámite a la demanda, sin citación de la parte contraria,
decretará el embargo e inmediatamente expedirá el mandamiento que

corresponda, en el que determinará la persona o personas contra las que se
procede, y establecerá la cantidad que debe embargarse para el pago de la
deuda, intereses y gastos demandados.

Si el juez advirtiera la existencia de defectos procesales subsanables, concederá
al demandante un plazo de tres días para subsanarlos. Si lo vicios advertidos
fueran insubsanables, declarará la improponibilidad de la demanda, con
constancia de los fundamentos de su decisión

INTERPRETACION:

Una vez admitida la demanda, el juez ordenará el embargo, sin requerimiento, lo
que quiere decir con esto, es que el embargo será practicado sin necesidad de
citación o previo emplazamiento. Por lo anterior, el demandado no tiene la
posibilidad de comparecer a pagar o ha oponerse. Aunque es posible que el
acreedor solicite al juez que requiera al deudor para que pague, y el demandado
comparecer y al presentarse se allanare a lo solicitado por el actor. Es decir, pagar
lo que adeuda y con esto satisfacer la pretensión del demandante o bien
perjudicarla oponiendo una excepción o contra demandando.

RECURSOS

Art. 461.- El auto que rechace la tramitación de la demanda admitirá recurso de
apelación.

Contra el auto que admita la demanda y decrete embargo de bienes no procederá
recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el
demandado en el momento procesal oportuno.

INTERPRETACION:

En cuanto a realizar la diligencia de embargo sin necesidad de requerimiento,
sería lo más práctico y adecuado desde el enfoque del demandante, de esta
manera éste no se vería en la actividad tan engorrosa de cobrar deudas en mora y

además hacerlas constar en acta notarial. Otra situación por la que sería
adecuado el omitir el requerimiento de pago al deudor, sería, para no alertarlo de
que se ha iniciado acción en contra de él y con esa noticia prepararse para evadir
la diligencia de embargo, alzándose en bienes u ocultándolos, o bien cambiando
de domicilio o irse del país. Por lo que, es recomendable que el demandante sea
ágil y oportuno al hecho de que al buscar embargar, sepa de antemano que puede
encontrarse con diligencias infructíferas, provocadas por las acciones de un
demandado informado que de no pagar será embargado, y por lo tanto el actor
debe ser sumamente diligente en señalarle bienes al juzgador para que pueda
embargarse con anterioridad a que el demandado pueda realizar cualquiera de las
conductas antes señaladas.

EMPLAZAMIENTO

Art. 462.- La notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento para
que el deudor comparezca a estar a derecho y pueda contestar la demanda
en el plazo de diez días. Al hacerlo, podrá formular su oposición por los motivos
señalados en este título.

INTERPRETACION:

Para efectos conceptuales se entiende por emplazamiento lo entiende el doctor
MIGUEL ANGEL FONT; en su obra guía de estudio, programa desarrollado de la
materia civil y mercantil, es el acto por el cual se pone en conocimiento de la otra
Parte mediante la notificación que se le ha iniciado un juicio y el contenido del
mismo. Además, implica para el demandado su CITACIÓN para que comparezca y
conteste la demanda en plazo. El traslado tiene como fin asegurar la defensa
enjuicio de la parte demandada.
Para JOSE ALMAGRO NOSETE. LA NOTITIA LITIS; la presentación de la
demanda obliga a conferir traslado a la `persona contra quien se proponga, a
efectos de que comparezca dentro del pazo que se le señale en nuevo código;

tendría un plazo de veinte días para que conteste. En el caso del juicio ejecutivo
cambia la táctica ya a diferencia de los otros procesos el decreto de embargo
equivale al emplazamiento al deudor; para que este pueda contestar la demanda
en plazo de diez de días.
O dicho con otras palabras, ha de comunicarse al demandado con la información
necesaria (copias de la demanda y de los documentos) la existencia del proceso
en su contra, advirtiéndole que dispone de un plazo (emplazamiento) para
comparecer (la comparecencia se hace por escrito y con los requisitos de
postulación) y articular su defensa, conforme a las oportunidades legales.
Cabe mencionar lo expresado por el autor WILLIAM ZETINO en su obra
DERECHO PROCESAL CIVIL II; cuando dice que el emplazamiento es el
llamamiento que el juez hace a cualquiera de la partes, para que comparezcan al
proceso a manifestar defensa ya que el emplazamiento es el acto de
comunicación por excelencia que protege los derechos de defensa y audiencia en
los procesos civiles; teniendo como característica primordial el que despliega a
favor del emplazado un plazo dentro del cual debe comparecer al juicio a
manifestar su defensa, teniendo amplios derechos procesales.

TERMINACIÓN DEL PROCESO

Art. 463.- El proceso podrá darse por terminado en cualquier etapa del mismo y
por cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones, según reglas del
derecho común.

INTERPRETACION:

En el proceso ejecutivo Hemos visto hasta aquí el curso normal del proceso y la
manera normal de terminar el mismo por medio de sentencia que decide la
Controversia. Sin embargo puede ocurrir:

Respecto del curso del proceso, que, por fenómenos distintos, el desarrollo
del proceso se paralice.

Respecto de la terminación del proceso, que no finalice por sentencia
contradictoria, sino que lo haga por modos anormales de terminación, que
obedecen fundamentalmente a actos de disposición de las partes, bien del
proceso mismo, bien del objeto del proceso, o por causas objetivas a las
que la ley atribuye esa consecuencia de terminación (corno sucede con la
caducidad o el sobreseimiento).

MOTIVOS DE OPOSICIÓN

Art. 464.- Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes serán admisibles en el
proceso ejecutivo los siguientes motivos de oposición:

1º. Solución o Pago efectivo.
2º. Pluspetición, prescripción o caducidad.
3º. No cumplir el título ejecutivo los requisitos legales
4º. Quita, espera o pacto o promesa de no pedir.
5º. Transacción.

INTERPRETACION:

Al oponerse el demandado y presentar oposición, debe fundamentarla en base a
pruebas, de la forma establecida para los juicios declarativos, pero si no se opone
y ni paga, será despachada inmediatamente la ejecución. El objetivo de esto es,
poner en conocimiento al demandado que se ha interpuesto una demanda en
contra de él y que se requiere que pague, con el fin de buscar una salida pronta al
problema y una rápida solución al demandante, y evitar la otra forma que es el
esperar a que se embargue y con ello (de serle favorable la sentencia) hacerse
pago, ya sea adjudicándose lo embargado o quedándose con lo que resulte de la
venta de lo embargado en pública subasta.

PLANTEAMIENTO DE LA OPOSICIÓN

Art. 465.- La oposición se deberá formular dentro del plazo de diez días contados
desde la notificación del decreto de embargo, con las justificaciones documentales
que se tuvieran. Si no hay oposición, se dictará sentencia sin más trámite y se
procederá conforme a lo establecido en el libro quinto de este código.

INTERPRETACION:

Nuevamente debe diferenciarse según se trate de titulo judicial o no judicial. Si se
trata de titulo judicial establece la LEC las causas de oposición que puede formular
el ejecutado en el plazo de diez días desde la notificación del auto despachando
ejecución; No establece la LEC la forma de oposición por lo que debe de
entenderse los preceptos que regula la demanda; que motivos de oposición
pueden alegarse como el pago, cumplimiento, excepcionalmente se contempla la
oposición al auto de cuantía máxima que como sabemos se incluye en la lista de
los títulos judiciales .

TRAMITACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Art. 466.- Si la oposición se funda en l a e xi s t e n c i a d e defectos procesales
y el juez considera que son subsanables, concederá al demandante un plazo
de cinco días para subsanarlos. Si no se procede a ello en dicho plazo, se
declarará inadmisible la demanda en este estado y se terminará el proceso; si
la subsanación se da, serán concedidos dos días más al demandado para que
pueda ampliar su contestación u oposición.

Cuando la oposición se funde en defectos o vicios insubsanables, el juez,
por auto en el proceso, declarará improponible la demanda, finalizará el proceso
y dejará sin efecto las medidas cautelares que se hubiesen adoptado, con
imposición de las costas al demandante.

INTERPRETACION:

Sin duda la LEC cubre una de las lagunas que con anterior regulación se producía

ya que se contemplaba la oposición a los títulos judiciales. Por último la
sustanciación de oposición al título judicial regula un supuesto concreto de
oposición para el caso de infracción de los actos de ejecución que fueran
contradictorios con el propio título; la oposición se resuelve por la vía de la
impugnación; es decir mediante el oportuno recurso de oposición y para el caso de
ser desestimado el de apelación.

AUDIENCIA DE PRUEBA

Art. 467.- En caso de que la oposición no pudiera resolverse con los documentos
aportados, el juez, a petición de al menos una de las partes, citará a audiencia de
prueba, que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes y a la que
deberán acudir las partes con los medios probatorios de que intenten valerse.

Cuando no se hubiera solicitado la celebración de la audiencia, o el juez no la
hubiera considerado procedente, se resolverá sin más trámite sobre la
oposición.

Si se hubiera convocado la audiencia y no acudiera a ella el deudor, se le tendrá
por desistido de la oposición, se le impondrán las costas causadas y se le
condenará a indemnizar al demandante comparecido.

Si no compareciere el demandante, el juez resolverá sin oírle sobre la posición.

Si comparecen ambas partes, se desarrollará la audiencia con arreglo a lo
previsto para el proceso abreviado, d e b i é n d o se dictar a continuación la
sentencia que proceda.

INTERPRETACION:

Es importante también abordar lo referente a la audiencia de prueba, que será
realizada en defecto de no poder resolverse la oposición únicamente con los
documentos de la solicitud de excepciones, por lo que será necesaria la
aportación de pruebas, como ya se dijo. Partiendo de esto, el juez deberá citar a
las partes para que puedan plantear en esta audiencia las pruebas que conduzcan
a la verdad de los hechos a controvertir y partiendo de esto, realizar un

pronunciamiento acerca de este incidente, por lo que las partes en esta audiencia
deberán intentar hacer valer sus posturas. Para el caso del demandado que se ha
opuesto es indispensable que presente pruebas que ataquen específicamente la
pretensión del que le demanda, como podría ser un recibo de pago de lo que le
reclama el actor o bien un título que le faculte al demandado una reconvención. En
cuanto a la sentencia, esta puede adoptar las siguientes modalidades: Si se
desestima la oposición, se pasará a lo preceptuado para la ejecución de
sentencias; si se estima en parte la oposición, se continuará con la ejecución; en
cuanto a lo que si adeuda el demandado y si favorece la oposición del
demandado, se le pone fin al proceso, y si hubiere embargo, el juez ordenará el
desembargo y quedando a cargo del actor el restablecerle al deudor las cosas
como estaban hasta antes de que se trabarán embargos, además de que se le
impondrá al actor el que pague las costas procesales.

SENTENCIA

Art. 468.- Una vez desestimada totalmente la oposición, se dictará sentencia
estimativa con condena en costas para el demandado, ordenándose seguir
adelante de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencia.

En caso de estimación parcial de la oposición, se seguirá adelante con las
actuaciones, solamente para obtener la cantidad debida, sin condena en costas.

Si se estimara la oposición, el juez declarará sin lugar la pretensión ejecutiva y
mandará levantar los embargos y las medidas de garantía que se hubieran
adoptado, haciendo volver al deudor a la situación anterior al inicio del proceso
ejecutivo y condenando en costas al demandante.

INTERPRETACION:

Las sentencias dictadas en estos procesos carecen de efecto de cosa juzgada,

por lo que las partes si así lo estiman conveniente, tienen la posibilidad de iniciar

juicio declarativo ya sea abreviado o común (dependiendo de la cuantía), en el

juzgado correspondiente o en ése mismo.

RECURSOS; EFECTOS:

RECURSOS

Art. 469.- Contra la sentencia que se pronuncie podrá interponerse recurso de
apelación, e l cu al no suspenderá las actuaciones cuando la sentencia fuera
desestimatoria de la oposición, siempre que se otorgue caución por parte del
ejecutante.

Si la sentencia hubiera estimado la oposición, el demandante, al interponer
la apelación, podrá pedir que se mantengan los embargos y las medidas de
garantía adoptadas, así como que se adopten las que procedan; y el juez lo
ordenará de considerarlo pertinente, siempre que el demandante preste caución
suficiente para asegurar la indemnización que pudiera corresponder en caso de
que la resolución fuera confirmada.

EFICACIA DE LA SENTENCIA

Art. 470.- La sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efecto
de cosa juzgada, y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la
obligación que causo la ejecución.

Exceptúese el caso en que la ejecución se funde en títulos valores, en el cual la
sentencia producirá los efectos de cosa juzgada

INTERPRETACION:

Para finalizar lo referente a estos procesos, debe comentarse acerca de los
recursos que pueden presentarse y cuándo proceden, además de los efectos con
que son dictadas las sentencias en estos procesos. El recurso que procede es el
de apelación, pero bajo ciertas particularidades, ya que si el recurso lo presenta el
demandado porque no se le fue estimado la oposición, la apelación procedería
con efecto devolutivo, es decir, que no le es suspendida la competencia y podrá
llevar adelante la ejecución, ya que el juez superior en grado (para este caso la
cámaras de lo civil) le retorna la competencia al juez inferior en grado, para que

continué conociendo, para el caso que la apelación sea presentada por el
demandante porque se estimó la oposición presentada por el demandado, éste
puede pedirle al juez que no sean levantados los embargos, por lo cual se estará
en el otro efecto que le es atribuido a las apelaciones, ya que hasta que no sea
resuelta la apelación, el juez inferior en grado no podrá seguir conociendo. Las
sentencias dictadas en estos procesos carecen de efecto de cosa juzgada, por lo
que las partes si así lo estiman conveniente, tienen la posibilidad de iniciar juicio
declarativo ya sea abreviado o común (dependiendo de la cuantía), en el juzgado
correspondiente o en ése mismo.

LOS PROCESOS POSESORIOS

ÁMBITO

Art. 471.- Las disposiciones de este título serán aplicables a las pretensiones
posesorias reguladas en los Títulos XII y XIII del libro segundo del código civil.

INTERPRETACION:

Con la intención de que estos procesos se tramiten de una forma rápida y sencilla,
el Anteproyecto ha dispuesto que estos sean regidos por lo regulado para los
procesos declarativos abreviados, no importando la cuantía de la pretensión, esto,
con el objeto principal de dotarlos de celeridad y practicidad. Cumplidos estos
objetivos, se puede obtener una tutela judicial pronta y efectiva. Debido a las
pretensiones que van a tutelar estos procesos, se consideran que no deben
presentar mayores complicaciones procesales, y más bien el tramite debe
facilitársele al usuario de estos procesos, y prepararle una vía procesal que
verdaderamente dé por satisfecha su pretensión, ya sea en la plenitud de la
consecución del proceso o dando por concluido el proceso sin lugar que se dicte
sentencia, porque entre las partes ha mediado una solución que ha llevado a una
salida armonizada del conflicto.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Art. 472.- Las pretensiones reguladas en este título se sustanciarán conforme a
los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las
especificaciones establecidas en los artículos siguientes.

Será competente para conocer de estos procesos el juez de primera instancia
del lugar donde se encuentre ubicado el bien.

INTERPRETACION:

Se tutelarán aquellas pretensiones que están enmarcadas en el capítulos XII y XIII

del libro segundo de nuestro Código Civil vigente, donde se regula lo que es la

posesión civil, de la cual se entiende la tenencia de una cosa o el disfrute de un

derecho, por una persona que la une al bien o la intención de gozar la cosa o

derechos como si fuesen suyos.

Las pretensiones a tutelar en su orden son las siguientes: tutela para que el

heredero pueda obtener o recuperar los bienes que haya adquirido por herencia,

tutela de la tenencia o posesión de una cosa o derecho frente a actos de despojo

o de perturbación en su disfrute, tutela para obtener la suspensión de una obra

nueva y finalmente tutela para obtener la demolición o derribo de obra o cosa

ruinosa. Con el establecimiento de estas pretensiones, se intenta abarcar los

posibles casos que puedan presentarse para esta clase de procesos, y así poder

atender al usuario de todos los conflictos que puedan suscitarse relacionados con

los supuestos antes mencionados.

RECHAZO DE LA DEMANDA

Art. 473.- Se declararán improponibles las demandas posesorias que
pretendan conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos
reales constituidos en ellos si se incoaren una vez transcurrido el plazo de un
año, contado a partir del momento en que tuvo lugar la perturbación o el despojo.

También se rechazará la demanda que pretenda la suspensión de una obra si
ésta hubiera finalizado o hubiese transcurrido el plazo de tres meses desde que
el actor conociera la existencia de la obra.

INTERPRETACION:

El tema del rechazo de la demanda va unido al de las facultades del juez en el
proceso civil. Para comprender los supuestos de admisibilidad es preciso distinguir
entre razones de fondo y razones procesales (aún dentro de éstas por falta de
presupuestos procesales o de requisitos de la demanda). Por último habrá que
atender en cada caso a la posibilidad de subsanación del defecto. En los juicios
posesorios establece el artículo algunos de los motivos de rechazo de la remanda
entre los cuales podemos mencionar cuando se pretenda recuperar la posesión de
los bienes o los derechos reales que se han sido constituidos en ellos y como un
elemento esencial el plazo de un año. Es oportuno lo que establece el
Anteproyecto, en lo referente al no permitir que se admita demanda que pretenda
la conservación o recuperación de un bien inmueble o derecho real que recae
sobre éste, si ya se dejó transcurrir un año, porque es evidente que si el
demandante inicia acción posesoria posteriormente, a pesar de que haya
trascurrido todo ese tiempo, es porque no le era urgente la recuperación o
conservación del bien que pretende recuperar. También, que en todo este tiempo
el nuevo poseedor ha adquirido derechos, además que intenta hacer suyo el bien,
y que por eso no se debe de dejar desprotegido a éste, y solo tutelar los intereses
de una de las partes. Al Anteproyecto le interesa establecer una igualdad de

armas para las partes; razón por la cual, contempla reglas que van orientadas
también a no desproteger los derechos de los posibles demandados.

ACTUACIONES PREVIAS A LA AUDIENCIA EN CASO DE SUSPENSIÓN
DE OBRA NUEVA

Art. 474.- Si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente la
suspensión de una obra nueva, el tribunal, antes aun de la citación para la
audiencia, dirigirá inmediato requerimiento de suspensión de la obra al dueño o
encargado de la misma.

El requerido podrá ofrecer caución para continuar la obra, así como para realizar
las actuaciones que garanticen la conservación de lo ya edificado, con
compromiso de responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse
por la continuación o la conclusión. La caución podrá prestarse en cualquiera
de las formas previstas en este código
Si las partes pidieran el reconocimiento judicial, el reconocimiento pericial o
ambos conjuntamente, el tribunal podrá disponerlo conforme a las disposiciones
de este código.

INTERPRETACION:

Uno de los autores del anteproyecto expuso, que para esta clase de proceso se
cuenta con tres grandes pretensiones que son: el amparo de la posesión, el
restablecimiento de la posesión, y la restitución de la posesión, esto es así porque
para el caso de tutelar derechos del heredero, se le ha llamado pretensión de ³la
restitución de la posesión´; para la tutela de actos de despojo o perturbación, se le
denomina pretensión ³del restablecimiento de la posesión´; y finalmente para los
casos de tutelar la suspensión de una obra y/o para obtener la tutela del derribo de
obra o cosa ruinosa, se unen estas dos pretensiones para formar la pretensión por
³amparo de la posesión´, quedando así tres grandes pretensiones.

EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO Y OPOSICIÓN

Art. 475.- Admitida la demanda, se emplazará al demandado para que la
conteste, y en su caso se oponga a la misma, en el plazo de diez días.

Si el demandado dejó transcurrir el plazo sin manifestar su posición, se
dictará sin más trámites sentencia estimatoria de las pretensiones del
demandante, si hay elementos suficientes para tal estimación. Si el demandado
se opone a la demanda, se citará a las partes a audiencia.

Si el demandado no asistiera a la audiencia sin justa causa que se lo impida, o al
asistir no ratificara su oposición, se dictará sin más trámites sentencia estimatoria
de las pretensiones del demandante.

INTERPRETACION:

Por otra parte, el demandado debe estar entendido que de serle favorable la
sentencia al demandante, tendrá que restablecer las cosas así como estaban
antes de la edificación, lo que implica en otras palabras, la demolición de la obra.
Por lo que el emplazamiento en estos casos resulta de vital importancia, y que sea
llevado a cabo de la mejor forma posible. Por lo que se recomienda que se
practique a través del emplazamiento en persona, es decir, abordando
directamente al demandado y notificarle que posee un proceso en su contra, y es
la razón por la que se le requiere en el juzgado, para que se pronuncie acerca de
esto. Muchas veces resulta complejo el localizar a la parte demandada, esto para
comunicarle que se ha presentado demanda en contra de él y que tiene todo el
derecho de oponerse y mostrar defensa, ya que es la idea de que las
controversias sean establecidas y dirimidas en un proceso, estos están creados de
manera tal que permitan que se desarrolle una verdadera contención, sobre todo
si es bajo la estructura de un proceso adversativo-dispositivo, en donde el juez
aprecia de una manera más directa los conflictos. Es así la estructura de estos
procesos, que permite la litis. De ser así y existir oposición por parte del
demandado, se realizará una audiencia observando las reglas del proceso
declarativo abreviado, donde en la misma audiencia se dictará sentencia con los

efectos de la cosa juzgada, pero que puede ser recurrible en proceso de
apelación. Para el caso de que no haya respuesta por parte del demandado, se
entrará sin mayor trámite a dictar la sentencia, que no tendrá efectos de de cosa
juzgada, como es particular en esta clase de procesos de tramitación breve,
quedando la posibilidad para el demandado que inicie acción en Proceso
Ordinario.

SENTENCIA Y RECURSOS

Art. 476.- La sentencia que se dicte sobre la protección de la posesión que se
reclama no producirá efectos de cosa juzgada, y deja a salvo el derecho de las
partes para acudir al proceso declarativo.

Contra la sentencia que se dicte procederá recurso de apelación, sin perjuicio
de llevar a efecto lo ordenado en ella, previo otorgamiento de caución suficiente.

Contra la sentencia dictada en apelación no procederá recurso alguno, salvo el
de casación.

INTERPRETACION:

La función de la cosa juzgada es dar cumplimiento al principio del ³non bis in idem´
de no juzgar lo ya juzgado, por lo que muy bien hace el Anteproyecto en hacer esa
distinción, y señalar que para los casos en donde ha existido (aunque breve) un
espacio de conocimiento, el demandado ha comparecido, y se le ha vencido en
juicio o lo contrario se ha declarado su absolución, debe de ser declarada la
sentencia con efectos de cosa juzgada. Por otra parte, si no se ha planteado la
defensa del demandado, ante la inactividad procesal de éste, debe protegérsele
su derecho constitucional de ser oído y vencido en juicio, con un procedimiento
que cuente con las garantías del debido proceso y en la plenitud de actos
procesales, para que este pueda, si así lo desea hacer valer sus derechos y
defenderse. Por lo que para estos casos no serán dictados los fallos con los
efectos de la cosa juzgada.

TÍTULO TERCERO
LOS PROCESOS DE INQUILINATO

ÁMBITO
Art. 477.- Las disposiciones de este Título serán aplicables a:
1º. Las demandas que, con fundamento en la falta de pago de la renta,
pretendan la terminación del contrato y desocupación del inmueble
arrendado por causa de mora.
2º. Las demandas que, con fundamento en la terminación del contrato en los
casos previstos por la ley, pretendan la desocupación del inmueble y el
reclamo de los cánones adeudados.
3º. Las demandas que tengan por objeto obtener autorización para
incrementar el valor de la renta.
4º. Las diligencias que tratan de la imposición de multas a que se refiere la
ley de la materia, cuando no hubieran sido impuestas en el proceso
principal.

INTERPRETACION:
Si el inquilino no realizo el pago de una u otra forma, el arrendador puede iniciar el
juicio que declare la terminación del contrato y se ordene la desocupación del
inmueble arrendado presentando la demanda y una copia del contrato.303

En cuanto a las demandas que pretenden la desocupación del inmueble y el
reclamo de los cánones adeudados en este caso el inquilino puede en todo
momento pagar las cuotas adeudadas y las costas procesales.304

303
EL PROCESO EN MATERIA DE INQUILINATO. Luis Jorge Murcia. Biblioteca Judicial.
304
FORMULARIO PRACTICO DE INQUILINATO. Dr. Luis Vásquez López

Cuando se demanda únicamente la terminación del contrato y la desocupación de
la vivienda, el arrendante debe presentar su demanda después de haber
transcurrido el término de gracia posterior a la fecha de pago; debe acompañar a
su solicitud el contrato escrito de arrendamiento o expresar las razones para no
hacerlo.
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA
Art. 478.- Los procesos regulados en este título se sustanciarán conforme a
los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las
especificaciones establecidas en los artículos siguientes.
Será competente para conocer de estos procesos el juez de primera
instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien.
Los procesos regulados en este título son los que se refieren
exclusivamente a arrendamientos para vivienda.

INTERPRETACION:
Esta disposición establece la competencia de los Tribunales de Primera Instancia
quienes conocerán a prevención.

La cuantía no es base para establecer la competencia, porque sea cual fuere el
valor de lo reclamado si concurren los requisitos será competentes los Tribunales
de Primera Instancia del lugar en donde se encuentren ubicados los bienes.

Estos procesos serán sustanciados en base a los trámites de los procesos
abreviados y estos procesos serán de exclusiva aplicación para los
arrendamientos de vivienda.

ACUMULACIÓN
Art. 479.- Cuando la terminación del contrato se deba a la falta de pago de
canon de arrendamiento, podrá acumularse a ella la pretensión de
reclamación de las cantidades adeudadas.

En estos casos, si la cuantía del canon que se reclama excediere de
veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos
de América, se seguirán los trámites del proceso común.

INTERPRETACION:
La acumulación en los Procesos de Inquilinato puede presentarse, tanto en la
acumulación de acciones, como en la acumulación de autos. La acumulación de
acciones puede presentarse en el caso de reunir una petición varias causales, las
cuales se pueden acumular en una sola demanda, con excepción de la causal de
mora simple.

Hay que distinguir la demanda que tiene por base la causal de mora en el pago, y
pide solo la terminación del contrato y la desocupación del inmueble, a la
demanda en que además se pide el pago del canon en mora.

En lo que se refiere a la acumulación de autos se puede ocurrir el caso en que
haya necesidad de acumular un proceso de inquilinato a un juicio de la
competencia ordinaria de los tribunales comunes. El caso se presenta cuando se
ha demandado el pago de canon de arrendamiento y el inquilino es condenado a
pagarlos por sentencia ejecutoriada.305

PROCESOS DE DESOCUPACIÓN POR CAUSA DE MORA
Art. 480.-Cuando se trata de demandas de desocupación por causa de mora,
el juez, en la citación para la audiencia, le advertirá al inquilino sobre su
derecho de ser sobreseído en el juicio si paga el monto total de lo adeudado
más las costas del proceso.

305

Gozará de este derecho el inquilino que por primera vez sea demandado por
mora en contrato de arrendamiento para vivienda, y podrá hacer uso de él en
cualquier estado del proceso antes del lanzamiento.

INTERPRETACION:
Esta disposición se refiere al caso en que por causal de mora, se reclama el pago
de los cánones adeudados, pues el inquilino puede pagar en todo momento las
cuotas adeudadas mas las costas procesales pidiendo se sobresea a su favor, así
evita que se lleve a cabo el lanzamiento, el juez admitirá el lanzamiento si ha sido
demandado el inquilino por primera vez por lo tanto podrá seguir habitando la casa
en las condiciones pactadas antes del juicio.
Así el subarrendatario también puede cancelar los cánones adeudados por el
arrendatario al arrendador y pedir sobreseimiento a su favor, adquiriendo este los
derechos del arrendatario como el de pedir el lanzamiento del mismo.

Por esta razón esta disposición obliga a que se le notifique además al
subarrendatario, la fecha en que se va a verificar el lanzamiento.306

PROCESOS DE DESOCUPACIÓN POR OBRAS EN EL INMUEBLE
Art. 481.- Cuando el propietario pretenda la desocupación total o parcial del
inmueble para hacer una nueva construcción en el mismo, deberá presentar
con la demanda un plano completo, debidamente aprobado, de las obras por
realizar, con especificación del tiempo de duración de éstas.
Lo mismo deberá hacerse cuando se pretenda la desocupación para hacer
obras destinadas a aumentar la capacidad locativa del inmueble o
reparaciones indispensables que no puedan diferirse y exijan la
desocupación, dirigiendo entonces la demanda contra el inquilino o
inquilinos a los que afecten las obras o reparaciones.

306

En estos casos, el propietario deberá consignar, con la demanda, una
cantidad igual a dos mensualidades de renta, que se entregará al inquilino si
en el plazo de un mes contado desde la desocupación no se comenzaran los
trabajos que fundamentaron la pretensión, sin perjuicio de las multas que se
establecen en la ley. Sin dicha consignación la demanda no será admitida.

INTERPRETACION:
El primer inciso señala el requisito para que el Juzgado de Primera Instancia
admita la demanda basada en las causales referentes a las nuevas
construcciones en el inmueble o construcciones destinadas a aumentar la
capacidad de este.

Su acción debe ser fundamentada con el plano aprobado de todas las
modificaciones a realizar y debe expresar el tiempo aproximado en que finalizaran
las obras de construcción.

Al igual que cuando se pretenda la desocupación para hacer obras destinadas
para aumentar la capacidad del inmueble o reparaciones indispensables que
requieran la desocupación del inmueble la demanda será dirigida a inquilino o
inquilinos que afecte la desocupación del inmueble se deberá presentar con la
demanda un plano completo aprobado de las modificaciones que se pretendan
hacer.

PREVENCIONES EN LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA
Art. 482.- En todos los procesos de inquilinato en los que se pretenda la
desocupación del inmueble, se advertirá al demandado, en la citación para la
audiencia, de que su falta de comparecencia a la misma llevará a la
declaración de desahucio sin más trámites en un plazo no mayor de diez
días.

INTERPRETACION:
Las prevenciones que la ley faculta realizar al juez se refieren a los requisitos
formales de la solicitud, errores u omisiones de fondo, las que deben hacerse
saber a los interesados para que las corrijan hasta en la audiencia respectiva, en
la cual el juez homologará o no el convenio y decidirá si procede decretar o
desestimar la solicitud de que se trate.

Una vez notificada la prevención, el actor tiene cuatro posibilidades: evacuar
debidamente dichas prevenciones en el plazo legal para que de esta forma sea
admitida la demanda o solicitud y se le dé el trámite legal; dejar pasar el plazo o
evacuarlas extemporáneamente; subsanarlas parcialmente e impugnar la
resolución.307

Desahucio, procedimiento judicial especial y abreviado que tiene por finalidad
expulsar al arrendatario de una finca rústica o urbana por alguna de las causas
que la ley establece, y reintegrar de nuevo su posesión al propietario de la misma.

Según su sentido etimológico significa pérdida de la confianza o de la esperanza
de conseguir lo que uno se propone; en efecto, algo de eso ocurre cuando un
arrendatario o un precarista es desahuciado y pierde toda esperanza de que
continúe subsistente el contrato o vínculo que le unía con el dueño de la finca
ocupada.

Cuando tiene lugar en el ámbito de la expropiación forzosa, el desahucio consiste
en que la Administración desaloja a las personas que ocupan un inmueble sin
título, o en virtud de un título que la propia Administración ha declarado
inexistente, de tal forma que no es preciso acudir a los tribunales para
demandarlo. 308

307
http://www.jurisprudencia.gob.sv/Tcivil.htm
308
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574760/Desahucio.html

LLAMADA A LOS SUBARRENDATARIOS
Art. 483.- El inquilino estará obligado a dar noticia a sus subarrendatarios de
la demanda interpuesta contra él, y deberá hacerlo en el plazo de tres días
contados desde la notificación, so pena de responder frente a ellos por los
daños y perjuicios que sufrieran como consecuencia del proceso. El
demandado deberá poner en conocimiento del juez los nombres de sus
subarrendatarios, para que puedan ser citados a la audiencia.

INTERPRETACION:
Otra particularidad de este proceso, es en los casos en los que existan en el
contrato (previa autorización del arrendante) subarrendatarios, bajo esta situación
y ya habiéndose emplazado al inquilino, éste tendrá la obligación de informarles la
existencia de un juicio en contra de él mismo, ya que si omitiere dicho acto de
comunicación y la sentencia es condenatoria para éste, y esto les perjudica a los
subarrendatarios y les provoca un daño económico, el inquilino tendrá la
obligación de responderles por este detrimento ya sea económico o moral. Pero si
les comunica en tiempo no está en responsabilidad de cargar con dicha situación y
los subarrendatarios podrán colaborar en la defensa como coadyuvantes, pero no
podrán hacer más de lo que le es permitido al inquilino.

Siempre que conste al arrendador la existencia de subarrendatarios o, por
ejemplo, cuando le conste por notificación fehaciente la cesión del uso de la
vivienda al cónyuge que no comporte la obligación de pago de alquiler como
consecuencia de disposición judicial derivada del proceso matrimonial. Por tanto, a
dichos subarrendatarios o usuarios debería citárseles también. Se evitaría en
estos casos una posible acusación de fraude procesal.309

309
http://www.tribunalmmm.gob.mx/revista/debate8/doctrina1.htm

INTERVENCIÓN DE LOS SUBARRENDATARIOS
Art. 484.- El subarrendatario podrá intervenir en el proceso como
coadyuvante del demandado, y para ello deberá acompañar el contrato que
lo acredite como tal, siempre que el subarrendamiento hubiese sido
autorizado por el arrendador.
Los subarrendatarios no tendrán más derechos que los que la ley concede al
inquilino y la sentencia que se dicte contra éste les afectará aunque no
hayan intervenido en el proceso.

INTERPRETACION:
Aunque la jurisprudencia ha admitido la figura del coadyuvante en el proceso civil,
lo cierto es, que se trata de una figura rarísima en la práctica del derecho civil, no
del administrativo.
Caso clásico: SUBARRIENDO. El subarrendatario, a veces se convierte en
coadyuvante del arrendatario, cuando el propietario demandante ha demandado al
arrendatario y como consecuencia del proceso, puede producirse la rescisión del
arriendo principal y por lo tanto del subarriendo.310

En todos los supuestos, la intervención del coadyuvante lo es para reforzar la
postura de una de las partes, pues el acogimiento de su pretensión va a redundar
en beneficio del coadyuvante, que es precisamente lo que legitima su intervención.

Para poder intervenir como coadyuvante el subarrendatario deberá presentar el
contrato que lo acredite como coadyuvante del demandado, no tiene más derecho
que la ley les concede a los inquilinos y la sentencia contra el inquilino les afectara
aunque no hayan intervenido en el proceso.

310
http://html.rincondelvago.com/derecho-procesal-espanol_5.html

PRUEBA EN PROCESOS DE DESOCUPACIÓN POR CAUSA DE MORA
Art. 485.- Cuando se pretenda la desocupación del inmueble por mora, sólo
se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias
relativas a la procedencia del sobreseimiento.
Si durante el trámite de un proceso de desocupación por cualquiera de las
causales en los numerales del 2 al 17 del artículo 24 y los del artículo 25 de
la ley especial el inquilino incurriera en mora del pago de la renta, el
arrendador tendrá derecho a presentar otra demanda basada en la causal
número uno del mismo artículo 24, la cual no será acumulable al juicio ya
existente.

INTERPRETACION:
La prueba es el medio determinado por la ley para establecer la verdad de un
hecho controvertido.
Probar es tanto como demostrar que una cosa o un hecho que está en duda, es
una realidad que en verdad han existido o ha sucedido. Si una cosa o un hecho
están en duda, por medio de la prueba se evidencia y se da certidumbre que antes
no se tenía.

Principales clases de Prueba:
Prueba Instrumental:
En el proceso de inquilinato la principal prueba es la instrumental, ya que por
exigencia de la ley debe tenerla de forma previa el arrendante, es decir, que es
una prueba preconstituida.

La Inspección:
La inspección ocular del juez se hace necesaria, cuando a un inmueble se la han
causado daños; hecho modificaciones; cuando hay destrucción total o parcial;
cuando hay necesidad de hacer reparaciones indispensables.

En todos estos casos el juez tiene la obligación de practicar la diligencia con las
formalidades legales.311

SENTENCIA Y RECURSOS EN DESOCUPACIÓN POR CAUSA DE
MORA
Art. 486.- La sentencia que se dicte en los procesos por desocupación a
causa de mora no producirá efectos de cosa juzgada, y deja a salvo el
derecho de las partes para acudir al proceso declarativo correspondiente a
fin de resolver la cuestión.
Contra ella se dará recurso de apelación. Contra la sentencia dictada en
apelación no habrá recurso alguno.

INTERPRETACION:
Los casos en que se establezcan sentencias por pretensiones por desocupación
(lanzamiento) por mora de los cánones, esta no se dictará con efectos de cosa
juzgada, quedándoles a salvo la oportunidad a las partes de iniciar proceso en la
vía ordinaria, pero sí será apelable, sobre este punto312, Juan Montero Aroca
señala que no se debe admitir recurso de apelación al demandado que no ha
comprobado haber pagado ya los cánones de arrendamientos vencidos, situación
que regula el Anteproyecto y se considera de relevancia, partiendo de que con tal
imposición se garantice de antemano el pago de lo adeudado por el demandado.

SENTENCIA Y RECURSOS EN OTROS PROCESOS DE INQUILINATO
Art. 487.- La sentencia que se dicte en los restantes procesos especiales de
inquilinato producirá efectos de cosa juzgada, y contra ella procederán los

311
EL PROCESO EN MATERIA DE INQUILINATO. Luis Jorge Murcia. Biblioteca Judicial
Montero Aroca, Juan, et. al., ³El Nuevo Proceso Civil´, O.p. Cit. pag. 939. Aquí se hace una
312

remisión a la Lec 2000/01, Artículo 452 # 1 y 2.

recursos previstos en este código para las que se dicten en los procesos
abreviados.

INTERPRETACION:
Para las sentencias que se resuelven por los otros tipos de pretensiones313 se
sentenciará con el efecto de cosa juzgada, ya que para estos tipos de
pretensiones, en los procesos se ha estado a lo regulado para los procesos
declarativo abreviados, se ha pasado por una fase cognoscitiva en una Audiencia
oral, se ha aportado prueba y se ha resuelto y dictado sentencia, por lo que
procede dictar sentencia con estos efectos y dar cumplimiento al Principio de ³non
bis in idem´. Sobre estas sentencias se podrán intentar los recursos pertinentes
como lo es el de revocatoria y el de apelación.

SENTENCIA EN PROCESOS DE DESOCUPACIÓN POR RUINA O
INSALUBRIDAD
Art. 488.-Cuando el demandante pretenda la desocupación del inmueble por
ruina o insalubridad, la sentencia estimatoria deberá expresar que el
inmueble es inhabitable total o parcialmente. En este caso, la desocupación
se mantendrá por el tiempo que duren las obras necesarias de rehabilitación.

INTERPRETACION:
Las pretensiones que son para desocupación por ruina y desocupación por
insalubridad, más que todo van enfocadas a tutelar intereses de los inquilinos, ya
que éstos podrán acudir a los juzgados con la intención de entablar proceso de
esta naturaleza con el objeto de resarcir el contrato sin que les implique el pago de
una multa o podría ser el que no se les reintegrase el depósito, que generalmente
se da al inicio del contrato al arrendador, para reparaciones varias. Por lo que
estos al comprobar fehacientemente las razones de ruina del bien, ya sea por que

313
en cuanto a los diferentes tipos de pretensiones

este sea inhabitable por causas de la naturaleza como lo serían un terremoto o un
huracán, o que el continuar habitando ahí atente contra la salud de los ocupantes,
como sería el que existiera un virus infeccioso, altos niveles de plomo en las
paredes, etc. dado esto es que se les imposibilita a los inquilinos el continuar
habitando el inmueble, ya que esas no son condiciones normales en las que se
pueda habitar una vivienda.

TÍTULO CUARTO
LOS PROCESOS MONITORIOS
CAPÍTULO PRIMERO
EL PROCESO MONITORIO POR DEUDAS DE DINERO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO MONITORIO
Art. 489.- Puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago
de una deuda de dinero, líquida vencida y exigible, cuya cantidad
determinada no exceda de veinticinco mil colones o su equivalente en
dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que sea su forma y
clase o el soporte en que se encuentre, o que el acreedor justifique un
principio de prueba suficiente.
En todo caso, el documento tendrá que ser de los que sirvan para acreditar
relaciones entre acreedor y deudor, y aun cuando hubiera sido creado
unilateralmente por el acreedor deberá aparecer firmado por el deudor o con
constancia de que la firma fue puesta por orden suya, o incorporar cualquier
otro signo mecánico electrónico

INTERPRETACION:
El proceso monitorio es de aquellos que en técnica procesal se denominan de
³inversión del contradictorio´, ya que provocan en el deudor la obligación de
oponerse a la ejecución, es decir, le obligan a dar razones bajo el riesgo de que su

inactividad va a suponer la constitución de un título inmediato de ejecución
susceptible de abrir la vía de apremio.314

Este proceso procede para quien pretenda de otro el pago de una deuda de
dinero, liquida, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de
veinticinco mil colones y siempre que resulte acreditada mediante documento no
ejecutivo, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre.

Se trata siempre de una pretensión de pago de deuda dineraria vencida y exigible,
suprimiéndose el requisito de liquidez que conviene sólo a los procesos ejecutivos
como requisito de determinación de la deuda dineraria, y es lógico si se tiene en
cuenta la finalidad de brevedad en caso de no formulación de oposición en este
tipo de procedimiento.315

Los procesos monitorios se tratan de instrumentos más ágiles y directos
diseñados para logra la protección judicial de los derechos de crédito, pero no solo
de los que supongan una suma de dinero liquida o liquidable, sino también de los
créditos en especie, de los que consisten en un hacer, no hacer o dar cosa
determinada aunque se trata de procesos que solo se pueden utilizar si el valor de
lo reclamado no excede ciertas cantidades.

Establece al ámbito de aplicación en su aspecto material y territorial. En el primero
de ellos se incluyen los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil con
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional.316

314
http://www.der.uva.es/procesal/monitorio.htm
315
BREVES COMENTARIOS SOBRE EL LLAMADO PROCESO MONITORIO. Rafael 1. Balbuena
Tébar
316
http://www.derecho.com/articulos/categorias/procesal

COMPETENCIA
Art. 490.- Para conocer de la solicitud monitoria tendrá competencia
exclusiva el juez de primera instancia de menor cuantía del domicilio del
demandado.

INTERPRETACION:
Se establece, que son competentes para conocer y tramitar estos procesos, los
juzgados de menor cuantía para el caso del municipio de San Salvador, fuera de
esta competencia por territorio lo son todos los juzgados de primera Instancia317,
siempre y cuando lo adeudado no sea superior a veinte mil colones o su
equivalente en dólares, si supera los veinte mil colones se tendrá que optar por la
vía del proceso declarativo común.

Para conocer de este proceso será competente el juez de Primera Instancia de
Menor Cuantía del domicilio o residencia del demandado, y en caso no fueren
conocidos, el del lugar donde se le pueda efectuar el requerimiento.

La determinación de la competencia establecida en este artículo, hace que el
procedimiento monitorio tire por tierra y acabe en un principio con la figura
procesal de la sumisión expresa y tácita, determinante de la competencia funcional
y en ocasiones territorial.318

El nuevo artículo, que es taxativo, varía por tanto esta situación siendo único y
exclusivo Juez competente el del domicilio o residencia del deudor o en caso de
desconocerse, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del
requerimiento de pago por el tribunal.319

317
Juzgados de Primera Instancia, ya sean éstos en Materia Civil, Laboral o Mixtos.
318
http://noticias.juridicas.com/articulos/
319
http://noticias.juridicas.com/articulos/

El conocimiento de proceso monitorio se atribuye al Juez de Primera Instancia,
cualquiera que sea la cuantía reclamada; al tratarse de una competencia objetiva
de ius cogens habrá de ser apreciada de oficio por el propio Juez. Se prevé la no
aplicabilidad, a efectos de fijación de la competencia territorial, de las reglas
generales de sumisión expresa o tácita contenidas en la Ley, por lo que se impone
al Juez la obligación de examinar y declarar de oficio su propia competencia.320

REQUISITOS DE LA SOLICITUD
Art. 491.- El proceso monitorio se iniciará con la presentación de una
solicitud en la que se dará conocimiento de la identidad del deudor, del
domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o del lugar en que
residieran o pudieran ser hallados, y del origen y cuantía de la deuda,
debiéndose acompañar a la solicitud el documento en que conste aquélla. La
cuantía que se señale a efectos del requerimiento judicial podrá
incrementarse en un tercio del monto inicial de lo adeudado.

INTERPRETACION:
El trámite del Proceso Monitorio Europeo lo constituyen dos fases, la fase de
admisión y la fase de requerimiento que podrá terminar mediante la obtención del
título de ejecución o la transformación de la oposición del deudor. La primera de
ellas se inicia mediante demanda o petición inicial en forma de formulario o
impreso.321

El monitorio comienza con la presentación de una solicitud -que se puede formular
rellenando un impreso y sin la intervención de abogado ni de procurador- en la que
se reclama, con un apoyo documental, una cantidad concreta y exigible de dinero
(a diferencia de otros países, como Alemania o Austria, en los que basta con la
simple afirmación del peticionario, sin necesidad de acompañar documento
322
alguno).

320
EL PROCESO MONITORIO. María García Sánchez.
321 321
http://www.derecho.com/articulos/categorias/procesal
322
http://recobralia.net/?monitorio

El procedimiento monitorio comienza por petición del acreedor en donde se
expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del
deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de
la deuda, acompañándose el documento o documentos.323

Estos documentos no tienen que ser públicos o auténticos: vale todo documento,
cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que
aparezcan firmados por el deudor o con su sello, imprenta o marca , o con
cualquier otra señal, física o electrónica proveniente del deudor, así como las
facturas, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que,
creados unilateralmente por el acreedor, sean de los que habitualmente
documentan los créditos y deudas.

Esta solicitud se puede contener bien en un escrito elaborado por el propio
interesado, bien en un impreso o formulario preestablecido para tal efecto.
En el escrito o impreso que se presente únicamente deben de hacerse constar
tres datos: el nombre y el domicilio del solicitante, el nombre y domicilio del deudor
y la cantidad que se reclama. También se deberá aportar el documento en que se
funda la reclamación.

RECHAZO DE LA SOLICITUD
Art. 492.- Si no se cumplieran los requisitos establecidos en los artículos
anteriores, el juez dictará resolución motivada en rechazo de la solicitud, con
la cual se pondrá fin al proceso, sin perjuicio de que se pueda interponer
contra ella recurso de apelación.

323
http://noticias.juridicas.com

INTERPRETACION:
Los motivos para rechazar la solicitud son los siguientes:
a) Por no contener los requisitos necesarios legalmente establecidos para la
admisión de la solicitud.
b) Por no haber sido completada o rectificada en el plazo especificado por el
órgano jurisdiccional, o
c) Cuando no se acepte la propuesta de modificación emitida por el órgano
jurisdiccional.324

La resolución procedente, según la doctrina, en caso de inadmisión sería la de
auto, irrecurrible y sin efecto de cosa juzgada.325

ADMISIÓN DE LA SOLICITUD Y REQUERIMIENTO DE PAGO
Art. 493.- Cumplidos los requisitos que se establecen en los artículos
anteriores, el juez admitirá la solicitud y ordenará requerir al deudor para
que, en el plazo de veinte días, pague directamente al acreedor o en el
tribunal, o bien que comparezca a formular oposición, con la advertencia
expresa de que, en otro caso, se procederá a la ejecución.
El requerimiento de pago habrá de haberse necesariamente al demandado
personalmente, o por medio de esquela en su casa de habitación.

INTERPRETACION:
Una vez presentada la solicitud, el órgano jurisdiccional, que según el Reglamento
será cualquier autoridad de un estado miembro con competencia para conocer
sobre esta materia, deberá previamente examinar la demanda.
1. Control de oficio.

324
El proceso monitorio europeo Autor: José Manuel Silvosa Tallón
325
Algunas notas sobre los procesos monitorio y cambiario en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (*) JOSÉ BONET NAVARRO PROF. TITULAR DERECHO PROCESAL.
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

El tribunal encargado de dictar la resolución de admisión a trámite deberá
examinar la solicitud, efectuando un control sobre los requisitos de la misma, y
concretamente:
a) Comprobar si la solicitud está dentro del ámbito de aplicación del Reglamento y
si el crédito pecuniario es de importe determinado, vencido y exigible a la fecha de
presentación.
b) Si el asunto es transfronterizo,
c) La competencia del tribunal.

El requerimiento de pago deberá contener los siguientes datos:
1) Órgano jurisdiccional, datos de las partes y sus representantes;
2) Que el requerimiento fue expedido únicamente sobre la base de la información
facilitada por el demandante, sin que la misma haya sido comprobada por el
órgano jurisdiccional;
3) Que el requerimiento se hará ejecutivo a menos que se presente un escrito de
oposición ante el órgano jurisdiccional
4) Que en caso de que se presente escrito de oposición, el proceso continuará
ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen, de conformidad
con las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a no ser que el
demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al
proceso.326
PAGO
Art. 494.- Si el requerido paga, lo pondrá en conocimiento del juez, con
comprobación de dicho pago, y éste dictará resolución que ponga fin al
procedimiento y ordene el archivo de las actuaciones.

INTERPRETACION:
Atendido y acreditado el pago, el tribunal entregará al deudor justificante del pago
y se procederá al archivo de las actuaciones.

326
El proceso monitorio europeo Autor: José Manuel Silvosa Tallón

Ante el requerimiento el deudor lo primero que puede hacer es pagar, tan pronto
como lo acredite se le hará entrega del justificante de pago y se archivarán las
actuaciones

No se contempla la hipótesis de que el pago del deudor sea parcial. Sin embargo,
no parece que convenga negar esta posibilidad: para el monitorio ordinario, como
máximo habría que condicionarla a la previa aceptación del acreedor a menos que
el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir
parcialmente las prestaciones en que consista la obligación.327

INACTIVIDAD DEL DEUDOR. EJECUCIÓN
Art. 495.- Si el requerido no paga ni se opone en el plazo concedido al efecto,
el juez ordenará el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir
la cantidad, siguiéndose en adelante el proceso por los trámites previstos
para la ejecución de sentencias.

INTERPRETACION:
La importancia de la actitud del deudor frente al mandato (injonction) de pago, que
no tiene que ser motivado, siendo esencial la corrección y el contenido de la
notificación, ofreciéndole la posibilidad de que se oponga (consignando, además,
cierta cantidad para los gastos judiciales) y exponiendo las posibles
consecuencias de su inactividad.328

La falta de oposición al requerimiento judicial de pago librado por el juez a
instancia del acreedor, previo examen de los documentos por él aportados y sin

327
Algunas notas sobre los procesos monitorio y cambiario en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil (*) POR JOSÉ BONET NAVARRO PROF. TITULAR DERECHO PROCESAL.
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)
328
www.magistratura.es/atencion-al-juez/actualidad-jurisprudencial/doc_download/44-el-proceso-
monitorio

audiencia previa del deudor, da lugar a la creación de un título ejecutivo con
efectos de cosa juzgada.329

En el caso que el deudor se oponga y se deje la estructura monitoria para pasar a
ventilar el juicio de la forma abreviada, es fácil deducir que sobre la sentencia330
que ahí se dice recaerán los efectos de la cosa juzgada, porque se ha estado en
una controversia donde se han puesto de manifiesto garantías y derechos
procesales, y en donde las partes haciendo uso de sus pruebas en la audiencia
oral han expuesto sus defensas, y sobre esta base es que ha entrado el juez a
dictar una sentencia. Pero el problema jurídico resulta de los casos en donde por
la inactividad del demandado se ha ordenado la ejecución y el embargo, porque
en este caso ese auto donde decreta lo antes señalado, es lo equivalente a la
sentencia, por lo que la pregunta es si este auto tiene o no los efectos de cosa
juzgada material

OPOSICIÓN Y TRAMITACIÓN COMO PROCESO ABREVIADO
Art. 496.- Si el deudor comparece dentro de plazo formulando oposición, se
continuará la tramitación del proceso conforme a las reglas del proceso
abreviado, y la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada.
A este fin, el solicitante deberá presentar la demanda dentro de los diez días
siguientes. Si no presentare la demanda en este plazo, se pondrá fin al
procedimiento, condenándosele en costas.
Si la oposición se fundara en una pluspetición del acreedor, se ordenará el
embargo y se seguirá la ejecución respecto de la cantidad que se reconoce
como debida.

329
www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/revistaweb/noticias/articulo1.php - 49k -
330
Garberí Llobregat José, et. al. , ³Los Procesos Civiles ´ Tomo V, op. cit. Pág. 811

INTERPRETACION:
La inclusión de este nuevo proceso monitorio responde a la imperiosa necesidad,
sobre todo en materia mercantil, de contar con un proceso rápido y eficaz que
permita el cobro de deudas (principalmente monetarias) contenidas en
documentos que, conforme a la actual ley, carecen de plena ejecutividad, y que
por tal razón harían necesario, como hoy día se procede, a entablar una acción de
tipo declarativa, en un proceso pleno de conocimiento para, luego de obtener
sentencia favorable, proceder a su ejecución forzosa. La limitante es en cuanto al
monto no mayor a cien mil colones. De tal manera, que este proceso permitirá
hacer efectivas deudas documentadas en faxes, facturas, documentos privados
simples o cualquier otro tipo de documentos del cual se desprende, al menos, una
cierta apariencia de verosimilitud de la titularidad de un derecho, procediendo a
una prevención o requerimiento judicial de pago, y en caso de no avenirse a ello el
deudor, proceder directamente al embargo de bienes. También este proceso,
acoge las modalidades de obligaciones de dar cosa específica o genérica, de
hacer y de no hacer.

Bajo la misma necesidad de establecer procesos rápidos, se crea el proceso
abreviado, en aquellos casos en que el reclamo no sea superior a los veinte mil
colones (aun y cuando esta cuantía pueda resultar bastante exigua). En el mismo,
se concentra el debate en una sola audiencia, con el objeto de evitar un exceso
procedimental que desvirtúe su naturaleza procesal o desincentive a las partes a
presentar su reclamo judicialmente. Al haber una sola audiencia, dentro de la
misma se llevan a cabo las funciones de la preparatoria (conciliación, despacho
saneador, fijación de los hechos, ofrecimiento de prueba) y de la probatoria
(rendición y debate sobre la prueba). Con el objeto de asegurar una pronta y
cumplida justicia, el juez, en este proceso abreviado, está obligado a pronunciar
sentencia inmediatamente después de concluidos los debates y alegaciones
finales de la audiencia.331

331
www.fusades.org.sv/files/Content/DEL/boletin27.htm - 61k

CAPÍTULO SEGUNDO
MONITORIO PARA OBLIGACIONES DE HACER,
NO HACER O DAR

ÁMBITO
Art. 497.- El proceso monitorio también será aplicable cuando se exija el
cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o dar cosa específica
o genérica, si el valor del bien o servicio no supera los veinticinco mil
colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.
La obligación deberá constar en documento, cualquiera que sea su forma y
clase, o el soporte en que se encuentre, y siempre que aparezca firmado por
el demandado o con firma que hubiese sido puesta por su orden o incorpore
cualquier otro signo mecánico o electrónico.
También podrá aplicarse el proceso monitorio cuando la obligación resulte
acreditada mediante facturas, certificaciones de relaciones entre las partes,
telegramas, telefax u otros documentos que, en el tráfico jurídico,
documenten relaciones entre acreedor y deudor, aun cuando hubieran sido
creados unilateralmente por el acreedor.

INTERPRETACION:
Los procesos por obligaciones no dinerarias, que son aquellas que consisten en la
entrega de una cosa llámese bienes muebles o inmuebles o la transmisión de un
derecho, así como de realizar un acto o prestar un servicio, o también la de
imponer una obligación de no ejecutar una acción o acto, abstenerse de prestar un
servicio, etc. A este grupo de obligaciones no dinerarias se les denomina de dar,
hacer y no hacer332

332
Ossorio, Manuel, ³Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales´, Op. Cit., pag. 499

El Anteproyecto ha considerado además de los de obligaciones dinerarias, los de
obligaciones no dinerarias; esto permite darle cobertura a aquellas pretensiones
que están relacionadas con actividades de prestación de un servicio determinado,
v. gr. la reparación de electrodomésticos, las reparaciones de una casa o
remodelaciones, etc., entonces con este tipo de procesos se podrá solicitar el
cumplimiento de la realización de la obra por la que yo contraté, o se podrá exigir
que se me de cumplimiento a una garantía por electrodoméstico y que se me de
otro porque el que me vendieron o que repararon pero no de buena forma; es así
que se considera que con la instauración de este tipo de procesos es que se
quiere tutelar de una manera mas eficaz y adecuada los derechos de los
consumidores, y que esta herramienta procesal además se establezca como un
símbolo de corrección para evitar las anomalías o abusos de los productores o
prestadores de servicios.

CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN
Art. 498.- En estos procedimientos se podrá pretender exclusivamente el
cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer, o de dar cosa
específica o genérica, sin que quepa en tales casos sustituir la petición de
cumplimiento por su equivalente en dinero, salvo manifestación expresa del
solicitante o absoluta imposibilidad del cumplimiento específico. En este
último caso, podrá optar el solicitante entre exigir el equivalente en dinero o
la entrega de un bien, servicio o producto de características y prestaciones
semejantes a las del original.

INTERPRETACION:
El contenido de la pretensión en estos procedimientos es específica, en tanto que
se deberá estar a lo consignado en el documento, exigiendo lo que este ampara,
ya sea un servicio o un bien, que es lo que se está en la obligación de cumplir por
el demandado y no pretender sustituir por el equivalente en dinero estimado por el
solicitante, a no ser que se presenten diferentes circunstancias en el transcurso
del proceso, a consecuencias de la conductas que manifieste el demandado, las

cuales podrían ser: que no facilitare los bienes que está reclamando el
demandante, quizá porque los enajeno a sabiendas de que se le ha iniciado un
Juicio o por la simple negativa caprichosa de entregarlos, otra razón podría ser
que no quisiere realizar un servicio o acción, y fuese ese el motivo principal por el
cual el demandante lo contrató; otra de las conductas que acarrearían motivos
para demandar, sería que el demandado construya una vivienda cuando se había
establecido que no la construiría porque el hacerlo traería perjuicios para una
determinada población o industria.

COMPETENCIA
Art. 499.- La solicitud se llevará ante el juzgado de primera instancia de
menor cuantía del domicilio del demandado; y de no hacerse así, se estará a
lo dispuesto en este código.
La solicitud se presentará por escrito y se formalizará con sencillez y
claridad, debiendo contener como mínimo la identificación de las partes, la
relación de los hechos en que se basa la petición, lo que se pida, la fecha y
la firma del solicitante.
A la solicitud se acompañarán los documentos justificativos de la petición
que se formula.

INTERPRETACION:
El conocimiento de proceso monitorio se atribuye al Juez de Primera Instancia,
cualquiera que sea la cuantía reclamada; al tratarse de una competencia objetiva
de ius cogens habrá de ser apreciada de oficio por el propio Juez. Se prevé la no
aplicabilidad, a efectos de fijación de la competencia territorial, de las reglas
generales de sumisión expresa o tácita contenidas en la Ley, por lo que se impone
al Juez la obligación de examinar y declarar de oficio su propia competencia.333

333
EL PROCESO MONITORIO. María García Sánchez.

PROCEDIMIENTO
Art. 500.- En los casos contemplados en este capítulo se aplicarán las
normas previstas para el proceso monitorio, con las especialidades
señaladas en este artículo.
El requerimiento judicial al deudor se hará para que cumpla con la
obligación específica que es objeto de la solicitud.
Si el deudor no se opone al requerimiento ni cumple con él, el juez adoptará
las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud. Si se trata de
obligaciones de hacer de carácter personalísimo o de no hacer, impondrá
una multa en relación con el valor estimado de la obligación. Si se trata de
un hacer que no es personalísimo, mandará que se haga a costa del deudor.
Cuando la condena consista en dar cosa específica o genérica, el juez
adoptará cualesquiera medidas que considere necesarias para lograr el
cumplimiento de la obligación en el plazo máximo de veinte días, contados a
partir del siguiente a aquel en que se constató la ausencia de oposición o de
cumplimiento.

INTERPRETACION:
Este se inicia a través de un documento privado del cual la parte actora sea el
titular, (cualquier documento privado, menos títulos valores), que el documento
esté vencido, que no exceda de veinticinco mil colones, un recibo que extiende el
fontanero por la reparación de un grifo. Para la admisión de la solicitud de la
demanda se requiere que el juez haga un examen breve, de conocimiento de la
demanda presentada y de la documentación que la acompaña, que muchas veces
dicha documentación ni va firmada por el demandado o es documento que
unilateralmente es creado por el acreedor, y que estas dos razones no son
impedimentos para que el juez pueda darle curso a la solicitud de juicio y
ejecución, aunque es de hacer ver que lo que sí deben provocar estos
documentos, es convencer al juez que existe un aparente crédito al menos, a
favor del solicitante. Los documentos en si no representan prueba, sino mas bien

presupuestos procesales para dar inicio al tramite monitorio, es decir una buena
apariencia formal que se está ante los supuestos legales para que se admita y de
tramite a la ejecución334.

LIBRO CUARTO
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PRINCIPIOS GENERALES
Art. 501.- Tendrán derecho a recurrir las partes grabadas por la resolución
que se impugna. Igual derecho asistirá a los litisconsortes que resultaren
gravados, aun cuando no se hubieran convertido en partes.
Los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente al de la
notificación de la resolución que se impugna, o del siguiente a la notificación
respectiva de su aclaración.
El desistimiento de los recursos será posible en cualquier momento anterior
a su resolución, de conformidad con las disposiciones de este código.

INTERPRETACION:
Según Couture, los recursos son genéricamente hablando medios de impugnación
de los medios procesales. Realizando el acto la parte agraviada por el tiene,
dentro de los limites que la ley le confiere poderes de impugnación destinados a
promover la revisión del acto y su eventual modificación o anulación.335

El fundamento del medio alternativo es la injusticia del acto que contiene el vicio,
resulta lógico que se requiera como primer presupuesto, que exista dicha injusticia

334
Montero Aroca, Juan, et. al., ³El Nuevo Proceso Civil´, O.p. Cit. pag. 938.
335
LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMAS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN IBEROAMERICA. ENRIQUE
VESCOVI

reflejada en la situación del impugnante. Y por ello que se requiera un gravamen o
perjuicio.

De conformidad al principio de legalidad que rige al proceso, los medios de
impugnación o recursos son aquellos instrumentos que otorgados a las partes les
permiten obtener la revisión de las decisiones jurisdiccionales que les causen
perjuicios; dichos instrumentos solo causan sus efectos si son oportunos y
pertinentes, el primero de estos requisitos se refiere al tiempo o plazo para su
interposición y el segundo a la procedencia o tipo de resolución que admite
apelación.336
El acto impugnativo es, en principio, un acto procesal que opera dentro del
proceso en que ese produce, y tratándose de las resoluciones del juez, son las
partes las que pueden impugnarlas. Inclusive porque son ellas que pueden
resultar agraviadas o lesionadas por ellos.

En consecuencia de lo dicho, el que puede impugnar es la parte que ha sufrido un
agravio por el acto procesal. También por consiguiente, debemos remitirnos a la
capacidad de legitimación.

Respecto a la legitimación nos referimos también a la figura de litisconsorcio, para
señalar que pese al principio de la personalidad del acto impugnativo que aquí se
ratifica por el hecho de que quien reclama es el interesado, y por consiguiente lo
hace respecto de su situación, por excepción en el caso de litisconsorcio
necesario puede producirse un efecto extensivo de la impugnación.

336
SENTENCIA DEFINITIVA, Ref.10:50 de fecha 17/08/2004, CAM.1° DE LO CIVIL
DE LA 1A.SECC.CENTRO S.S.

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEIUS
Art. 502.- Las sentencias que resuelvan el recurso no podrán ser mas
gravosas que la impugnada, a menos que la parte contraria hubiera a su vez
recurrido o se hubiera adherido al recurso.

INTERPRETACION:
La figura llamada de la reforma peyorativa - reformatio in peius - consiste en la
situación que se produce cuando la condición jurídica de un recurrente resulta
empeorada a consecuencia exclusivamente de su recurso.

El principio reformatio in peius, o reforma en perjuicio, consiste en una prohibición
al juez superior de empeorar la situación del apelante en los casos en que no ha
medido recurso su adversario. 337

El principio nec reformatio in peius contribuye al desarrollo del principio de
seguridad jurídica, puesto que al impedir que el tribunal de alzada modifique
puntos que no le han sido alegados, se protege al apelante en su situación
jurídica, brindándole seguridad en relación con la esfera de sus derechos y
fomentando el acceso a segunda instancia.
El principio nec reformatio in peius implica que debe prohibirse que el tribunal de
alzada empeore la condición o situación de quien interpuso la apelación; es decir,
que la sentencia no puede ser modificada en perjuicio del apelante - por supuesto,
siempre que no apele la otra parte, y, en consecuencia, al satisfacer su pretensión
se perjudique a la contraparte.

La resolución dictada por el tribunal para resolver un recurso, no podra contener
pronunciamientos que agraven la situación del recurrente, respecto a la que se
contiene en la resolución recurrida.

337
SENTENCIA DEFINITIVA, de SALA DE LO CIVIL, Ref. 126-C-2004, de las 10:15 A.M. del 20/9/2004

TÍTULO SEGUNDO
RECURSO DE REVOCATORIA

PROCEDENCIA
Art. 503.- Los decretos de sustanciación y los autos no definitivos admitirán
recurso de revocatoria, el cual será resuelto por el mismo juzgador que dictó
la resolución recurrida.

INTERPRETACION:
El recurso de revocatoria conocida por algunos sistemas también bajo el nombre
de reposición o reconsideración, constituye un medio impugnativo que tiene por
objeto que el mismo órgano que dicto una providencia lo revoque.

El recurso de reposición o revocatoria constituye un remedio procesal tendiente a
obtener que en la misma instancia que una resolución fue emitida, se subsanen
los agravios que aquella pudo haber inferido.

La finalidad es que el propio juzgador reponga sus providencias de tramite y en
algunos casos también, los autos o sentencias interlocutorias, sea pedido de
parte, sea pedido de oficio.
Puesto que, dicha providencia no pasan de autoridad de cosa juzgada, lo que
hace que el propio tribunal pueda modificar dichas resoluciones siempre que haya
operado la preclusión. Es decir que con tal que con este medio no se haga volver
atrás este proceso.

Procede eventualmente respecto de cuestiones accesorias de la resolución que
resuelve el recurso de apelación
Procede respecto de providencias dictadas durante la sustanciación de los
recursos antes de su resolución

Es improcedente la admisión del recurso de revocatoria contra la decisión que
resuelve el recurso de apelación, es decir, la que en definitiva decide y pone fin a
la impugnación interpuesta.

PLAZO Y FORMA
Art. 504.- El recurso se interpondrá por escrito en el plazo de tres días, y en
él se hará constar la infracción legal que se estime cometida, con una
sucinta explicación.
Si el recurso no cumple con los requisitos anteriores, el tribunal lo rechazará
por improponible sin ningún otro trámite.

INTERPRETACION:
En general los códigos establecen plazos muy breves la mayoría dispone que sea
de tres días siguientes al de la notificación.

La forma debe ser normalmente escrita sin exigencias de mayores formalidades,
siendo la jurisprudencia, en este sentido todo lo amplia que corresponde exigir.

El recurso debe ser fundado, puesto que presupone el agravio, y el debe ser
expresado por la parte, aunque fuera en aire muy sintético como corresponde a
este tipo de recursos.

Este recurso debe interponerse y fundamentarse por escrito ante la misma
autoridad. Igual derecho tiene la parte contraria, cuando la resolución modificare o
dejare sin efecto la recurrida.
El abogado litigante tiene la potestad de interponer o no el recurso de apelación,
pero si lo hace deberá interponerlo en el término de ley, es decir, dentro de los tres
días que establece la ley.-

TRAMITACIÓN Y DECISIÓN
Art. 505.- Del recurso interpuesto se oirá a la parte contraria dentro de tres
días siguientes a la notificación, a fin de que formule su oposición.
El juez o tribunal dictará auto, para resolver sobre la revocatoria en el plazo
de tres días contados desde el siguiente al de conclusión del señalado en el
artículo anterior, independientemente de que las partes hubieran hecho uso
de sus derechos.

INTERPRETACION:
El recuso de revocatoria se interpondrá dentro de tres días siguientes a la
notificación y deberá estar debidamente fundamentado. El juez resolverá auto
previa audiencia de los interesados.

Por consiguiente los requisitos del recurso de revocatoria son los siguientes:
A. Que la resolución que se impugne resuelva un trámite o incidente del
procedimiento
B. Que se interponga dentro de un plazo de tres días.
C. Que se formule mediante escrito fundado, es decir con expresión concreta
de los motivos en que se fundamenta la impugnación.338

Para resolver sobre la revocatoria el juez deberá dictar auto dentro de los tres días
contados a partir del día siguiente al de la conclusión, independiente que las
partes hayan hecho uso o no de su derecho.

338
CAMPOS VENTURA JOSE DAVID y otros; CODIGO PROCESAL PENAL COMENTADO DE EL
SALVADOR

IRRECURRIBILIDAD
Art. 506.- La resolución que resuelva sobre la revocatoria no admitirá ningún
otro recurso, sin perjuicio de que se pueda reproducir la petición en el
recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.

INTERPRETACION:
El recurso de revocatoria se trata de un medio impugnativo que tiene por objeto
posibilitar que el mismo órgano que dictó un acto pueda subsanar los vicios que
éste pueda contener.

El recurso de revocatoria tiene por finalidad, además de que el administrado
pueda someter a reconsideración una decisión administrativa, que la misma
autoridad que dictó el acto pueda revisar su actuación.

En aquellos casos en los que no hubiere un superior jerárquico, contra la
resolución que impone una sanción, ya no será posible interponer ningún tipo de
recurso en vía administrativa, y por lo tanto ésta ha de entenderse agotada.

El recurso de revocatoria es admisible de las providencias dictadas durante la
sustanciación de un incidente y eventualmente de algunas cuestiones meramente
accesorias presentes en las resoluciones definitivas que se dicten en apelación.

Técnicamente por la misma naturaleza del recurso de casación no es procedente
la revocatoria de la resolución que inadmite la apelación, salvo excepciones como
las cometidas por errores evidentes, como por ejemplo un mal cómputo del plazo
establecido cuando aún no han vencido los tres días que establece la ley.339

Es improcedente la admisión del recurso de revocatoria contra la decisión que
resuelve el recurso de apelación, como igualmente no es impugnable la que

339
CF01-4-REVO-2006

decide la revocatoria a no ser que contenga puntos no decididos en la inicial, de lo
contrario se volvería un círculo vicioso con la consiguiente inseguridad jurídica, no
siendo propio de la técnica procesal recursiva sobre todo tratándose de una
apelación; es decir, la que en definitiva decide la impugnación interpuesta.340

REVOCATORIA ORAL
Art. 507.- Contra las decisiones que adopte el juez o el tribunal en el curso de
las audiencias orales procederá recurso de revocatoria, el cual deberá
formularse verbalmente en el mismo acto.
El juez o tribunal resolverá en forma inmediata lo que proceda, sin más
recurso, y la audiencia continuará su curso. A instancia de la parte
interesada se podrá pedir revocatoria cuando ésta sea desestimada.

INTERPRETACION:
En cuanto a la resolución, ella corresponde, conforme a la esencia de este
recurso, al mismo tribunal que dicto la sentencia recurrida.

La Oralidad ofrece ventajas, facilita los Principios de Investigación, Inmediación,
Concentración y Publicidad; además de ofrecer una gran ayuda al Tribunal en la
búsqueda de la verdad material, así como dice la frase El papel engaña sin
ruborizarse, mientras el entendimiento oral del Juez y las partes ayuda a descubrir
el asunto de hecho, además de las preguntas In Continenti que de forma directa y
espontáneamente practican los sujetos procesales.
La Oralidad requiere la inmediación del Órgano Jurisdiccional quien no podría
delegar funciones importantes como la práctica de la prueba, además de que el
Juez con su presencia garantiza la realización de los Medios Probatorios
ofreciendo unos convencimientos de los mismos.341

340
CF01-1-REVO-2008
341
http://www.apuntesjuridicos.com/contenidos/proc-civil-salvador.shtml

En todo proceso hay elementos escritos y elementos orales. Incluso un documento
escrito puede contener manifestaciones orales. Un testimonio que se reciba en el
proceso escrito, no es otra cosa que un acta en la cual se contiene el elemento
oral. Lo que el testigo dijo de viva voz ante el escribiente, pocas veces lo es ante
el juez. Por otro lado, no puede prescindirse en el juicio oral de la escritura. Todo
proceso oral tendrá parte escrita, y todo proceso escrito contiene manifestaciones
orales. Un proceso oral que no contenga nada escrito es inconcebible en los
tiempos actuales.

La oralidad en proceso demanda una implementación compleja, desde el apoyo
de personas con gran dominio de lenguaje en tanto redacción y uso de la sintaxis
pasando por todas las reglas gramaticales, que hagan posible un entendimiento
preciso, claro, sencillo de lo que se ha dicho verbalmente, hasta el equipamiento
con instrumentos propios para la redacción rápida, inmediata de lo hablado. En
este punto hablamos de documentar lo que se dice; es claro que en el estado
actual del desarrollo de la Tecnología se puede documentar por diversos medios,
la escrituración en papel, la grabación magnetofónica, la grabación audiovisual,
etc, pero ello implica un aparataje costoso con el cual contar desde el momento
mismo en que se adoptara la oralidad como medio de agilizar el proceso342

TÍTULO TERCERO
RECURSO DE APELACIÓN

RESOLUCIONES RECURRIBLES EN APELACIÓN. COMPETENCIA
Art. 508.- Serán recurribles en apelación las sentencias y los autos que, en
primera Instancia, pongan fin al proceso, así como las resoluciones que la
ley señale expresamente.
Tendrá competencia para conocer del recurso de apelación el tribunal de la
jurisdicción a la que pertenezca el juzgado en el que se hubiera dictado la
resolución de la que se recurre.

342
http://www.apuntesjuridicos.com/contenidos/proc-civil-salvador.shtml

INTERPRETACION:
La sentencia definitiva, no es definida, salvo casos de excepción.
Es decir que el juzgador, en la sentencia final, debe realizar una previa apreciación
de los presupuestos procesales y puede entrar a rechazar la demanda por falta de
alguna de ellos, con lo cual queda terminado ese proceso, pero no agotada la
acción, ni rechazada la pretensión.
Desde el punto de vista de la apelación, al menos, se ha dicho que son definitivos
los actos conclusivos de cualquier proceso mediante los cuales el órgano judicial
decide actuar o denegar la actuación de la pretensión.

Las sentencias definitivas aquellas interlocutorias que tiene fuerza definitiva,
inclusive en cuanto a la imposibilidad de la oposición eficaz de la misma defensa
aun en otro proceso. Son aquellas que aun cuando se juzgan como artículos de
previo y especial pronunciamiento adquiere una eficacia extraprocesal.

El recurso de apelación se interpone ante el juez que dicto la sentencia, esto es, el
a quo, a diferencia de lo que se establece en algunos sistemas europeos, en que
la apelación se interpone a un superior. Lo que es cierto en una parte, lo que se
evitan en las cuestiones que se plantean ante el tribunal apelado inclusive no se
tiene necesidad del recurso de queja ante el superior.

EFECTO SUSPENSIVO
Art. 509.- Las resoluciones definitivas recurridas en apelación no serán
ejecutadas. Sin embargo, de conformidad con las previsiones de este
código, las sentencias condenatorias podrán ser ejecutadas
provisionalmente.

INTERPRETACION:
El efecto suspensivo se produce también en forma general con la interposición del
recurso.
La suspensividad se refiere al a ejecución de la sentencia apelada y a las
decisiones conexas, para lo cual queda suspendida, la jurisdicción del juez
apelado, en cambio, dicha suspensión no se refieren a otros tramites, sean los
propios recursos. Se puede dar el desistimiento del recurso, en cambio de la
capacidad de las partes, la muerte de una parte, la sustitución del procurador, etc.
Si el recurso tiene efecto suspensivo, el juez queda privado de poder ejecutar su
sentencia, y si lo hiciera comete lo que se llama atentado.
El efecto suspensivo, como su nombre lo indica, suspende la competencia del
tribunal a quo para seguir conociendo de una determinada causa.

El efecto suspensivo es: ³aquel en virtud del cual se suspende la competencia del
tribunal inferior para seguir conociendo de la causa´, no pudiendo cumplirse la
resolución impugnada hasta que no sea resuelto el recurso interpuesto en su
contra. Este efecto no es de la esencia de la apelación, y sólo se comprende
respecto de algunas resoluciones. No obstante, la suspensión de competencia del
tribunal inferior no es total, ya que podrá, entender en todos los asuntos en que
por disposición expresa de la ley conserve jurisdicción, especialmente en las
gestiones a que dé origen la interposición del recurso hasta que se eleven los
autos al superior, y en las que se hagan para declarar desierta o prescrita la
apelación antes de la remisión del expediente. Por otra parte, este efecto impide
que la resolución apelada sea cumplida mientras está pendiente el recurso.343

343
VESCOVI
http://www.wikiderecho.cl/wiki/Apelaci%C3%B3n#Los_efectos_y_formas_de_concederse_el_recur
so

FINALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN
Art. 510.- El recurso de apelación tendrá como finalidad revisar:
1º. La aplicación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso.
2º. Los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración
de la prueba.
3º. El derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate.
4°. La prueba que no hubiera sido admitida.

INTERPRETACION:
Se trata de una revisión por un órgano superior y colegiado, lo cual constituye, una
manera de efectuar un más profundo análisis de la cuestión objeto del proceso.
El fin original del recurso es revisar los errores in judicando, sean los de hecho
como los de derecho. No se analizan, en cambio, los posibles errores in
procedendo.

La finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el
desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para
considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la
necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores
incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo
comportan la expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se
hacen cargo del enfoque jurídico utilizado por el a quo para resolver la cuestión
controvertida.

El recurso de apelación tiene como finalidad depurar un resultado procesal
obtenido con anterioridad razón por la cual el apelante debe hacer una crítica de la
Sentencia sin que baste, como hace el hoy apelante, remitirse a la posición que
adoptó en la primera instancia. En la apelación se debe actuar una pretensión
revocatoria individualizando los motivos que le sirven de fundamento a fin de que
el Tribunal de apelación pueda examinarlos y pronunciarse sobre ellos dentro de

los límites y en congruencia con los términos en que venga ejercitada. La
demanda fue desestimada. La apelación fue desestimada

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
Art. 511.- El recurso de apelación deberá presentarse ante el juez que dicto la
resolución impugnada, y a más tardar dentro del plazo de cinco días
contados a partir del siguiente, al de la comunicación de aquélla.
En el escrito de interposición del recurso se expresarán con claridad y
precisión las razones en que se funda el recurso, haciendo distinción entre
las que se refieran a la revisión e interpretación del derecho aplicado y las
que afecten a la revisión de la fijación de los hechos y la valoración de las
pruebas. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con
claridad.
Si se alegare la infracción de normas o garantías procesales en la primera
instancia, se deberán citar en el escrito las que se consideren infringidas y
alegar, en su caso, la indefensión sufrida.
Al escrito de interposición podrán acompañarse los documentos relativos al
fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la
decisión del pleito, pero sólo en los casos en que sean posteriores a la
audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado; y también
podrán acompañarse los documentos anteriores a dicho momento cuando la
parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a él.

INTERPRETACION:
El juez competente es el apelado y resulta un requisito de forma indispensable que
el recurso se introduzca ante él. Si no se hace así, la parte perjudica a su derecho
y el recurso se deberá declarar mal interpuesto. Este es el principio general y de
vida de que el régimen de los recursos y las instancias es de orden público, está

regulado por normas de carácter imperativo, por lo cual el defecto procesal no
podrá ser subsanado.
El plazo es de 5 días en los procesos ordinarios, y de tres en los sumarísimos.

El plazo es perentorio, sin embargo, las partes pueden extenderlo común acuerdo.
El plazo no se interrumpe con motivo de la interposición de recurso de aclaratoria.
Es individual, quiere decir que corre separadamente para cada una de las partes,
y desde el día siguiente a aquél en que tuvo lugar la notificación.

Es decir no se permite recurrir directamente ante el superior; esto es, por otra
parte, el sistema general para todos los recursos.

El procedimiento de recurso de apelación se integra mediante los siguientes actos
procesales: la interposición por la parte, el auto del tribunal que lo concede,
resolviendo su admisibilidad, la expresión de agravio, la prueba y el juzgamiento.
La interposición, esto es, la introducción del recurso, se realiza, como dijimos ante
el juez que dicto la sentencia.

La fundamentación, depende de los sistemas; en general se hace por separado
del escrito en que se introduce el recurso.

La apelación deberá proponerse por escrito ante el mismo juez que pronuncio la
sentencia y nunca de palabras ni en la notificación. Esta regla tiene una excepción
y se encuentra comprendida en los juicios verbales ya que en ellos se permite
interponer el recurso de palabra en el acto de la notificación.344

Desde que la parte agraviada presenta su escrito de apelación ante el juez la
competencia del juez se circunscribe únicamente a admitirla o rechazarla.
De conformidad a la legislación procesal civil, el término para interponer el recurso
de apelación es de tres días los cuales se contarán desde el siguiente al de la
344
VESCOVI

notificación respectiva de la resolución que se desea recurrir. Si el recurso de
interpusiera fuera de ese término será extemporáneo y así debe declararse por el
juez a quo, que tiene la facultad por ley, de calificar la procedencia del recurso; o
por el tribunal de alzada en su caso.345

Cuando se pretenda interponer un recurso de apelación de la sentencia definitiva
habrá que fundamentarse la misma en la inobservancia o errónea aplicación
De un precepto legal, y que toda aquella apelación que no se fundamente se
tendrá por no interpuesta o inadmisible346

COMPETENCIA DEL JUZGADO DURANTE LA APELACIÓN
Art. 512.- Presentada la apelación, el juez notificará a la parte contraria y se
limitará a remitir el escrito de apelación al tribunal superior dentro de los tres
días siguientes, junto con el expediente.
Si se hubiera solicitado la ejecución provisional, quedará en el tribunal
inferior certificación de lo necesario para dicha ejecución.
Cuando la solicitud de ejecución provisional se formule después de haberse
remitido los autos al tribunal superior, el solicitante deberá obtener de este,
previamente, certificación de lo que sea necesario para proceder en su caso
a la ejecución.
Durante la sustanciación del recurso, la competencia del juez que hubiera
dictado la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas a la
ejecución provisional de la resolución apelada.

INTERPRETACION:
Que es competente para conocer de toda clase de acciones, el juez del domicilio
del demandado; asimismo es competente, el juez del lugar donde se encuentra el
objeto litigioso, cuando la acción ejercitada es real, como en el caso de la acción

345
SENTENCIA DEFINITIVA, Ref.10:00 de fecha 26/01/2004, CAM.1° DE LO CIVIL
346
. Casación 1152 Ca. De Fam. S.S., a las once horas y cuatro minutos del ocho de febrero de dos mil.

hipotecaria. Es competencia del juez a cuya jurisdicción se hayan sometido las
partes, por instrumento público o en documento privado reconocido. Estas reglas
de competencia establecidas por el legislador no se excluyen, sino que se
complementan; el pacto por el cual se someten las partes a la jurisdicción de un
determinado juez, no le quita competencia al del domicilio del demandado, ni al del
lugar donde está ubicado el objeto litigioso, cuando la acción ejercitada es real,
como la hipotecaria, sino que da competencia a un tercer Juez, puesto que no han
renunciado expresamente a ser demandados ante sus jueces competentes. La
renuncia a los derechos debe ser expresa y no tácita. Es decir, que el pacto
celebrado legalmente, por el cual se sometieron las partes a un Juez determinado,
debe respetarse y cumplirse por ellas; el incumplimiento de ese pacto no está
sancionado en la ley, es decir si la demanda se plantea ante Juez competente,
distinto del señalado por las partes legalmente, lo actuado por ese Juez es
perfectamente válido porque él sigue siendo competente para conocer del litigio.
347

Debe hacerse valer ante el juez que pronunció la resolución, expresando los
agravios que le cause la resolución recurrida, en el entendido de que si el apelante
omite expresar sus agravios al interponer el recurso, sin necesidad de que se
acuse su rebeldía o declaración judicial (a excepción de sentencias definitivas) se
tendrá por precavido su derecho.348

ADMISIÓN O RECHAZO DEL RECURSO
Art. 513.- Inmediatamente después de recibido el recuso por el tribunal
superior, éste examinará su admisibilidad. Si fuese inadmisible, lo rechazará,
expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiere
abusado de su derecho, al pago de una multa de entre dos y cinco salarios
mínimos urbanos vigente más alto.

347
SENTENCIA DEFINITIVA, de SALA DE LO CIVIL, Ref. 84 Nva. S.S., de las 11:00 a.m. del
8/7/2004.
348
http://www.monografias.com

Contra el auto que rechaza darle trámite a la apelación solo procederá
recurso de revocatoria.
Admitido el recurso, dentro de los tres días siguientes se convocará a las
partes a una audiencia en la sede del tribunal, que habrá de realizarse a más
tardar dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la convocatoria.

INTERPRETACION:
El juez a quo es quien juzga la admisibilidad, analizando uno a uno, los
presupuestos del recurso: formalidades, capacidad, personería, legitimación,
apelabilidad de la decisión. Lo que significa que si el recurso carece de tal
fundamentación, el es rechazado, más precisamente declarado desierto por el
tribunal a quo.

La obligación del juez es la de cumplir la ley; por consiguiente, la libertad que tiene
para admitir o rechazar la apelación interpuesta esta limitada por la ley, o lo que es
lo mismo, si la resolución recurrida de acuerdo con la ley es apelable en uno o
ambas efectos, si el recurrente tiene el derecho de interponerlo, si la interposición
se hizo en la forma y tiempo de vida, el juez debe admitir la apelación interpuesta
y rechazarla caso contrario.

Si admite la apelación, debe expresar en el auto si la admite en uno o en ambos
efectos. Si la otorga simplemente, se entiende otorgada en los dos efectos, y para
que sea únicamente en el devolutivo es necesario que lo exprese así en la
resolución respectiva.

Luego que un litigante presente su escrito de apelación, queda circunscrita la
jurisdicción del Juez para declarar si admite o no el recurso, y si es el caso que
admite la apelación queda del todo suspensa su jurisdicción y será atentatoria
cualquier providencia que dictare.

En el caso de admitirse una apelación de manera simple, el Juez remitirá el
proceso original al tribunal de segunda instancia, sin pérdida de tiempo; esto
implica que desde el momento que se otorga la apelación simple se entiende en
los dos efectos contemplados por nuestra legislación y a la vez queda inhibido el
juez que la otorgó del conocimiento de la causa y no podrá entender sino en lo
concerniente a la remisión del proceso y a la declaratoria de deserción.349

AUDIENCIA Y PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA
Art. 514.- En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se
oponga o para que se adhiera a la apelación. En seguida oirá al apelante, con
relación a la oposición, el cual no podrá ampliar los motivos de su recurso.
Tanto el recurrente como el recurrido podrán proponer la práctica de prueba.
Sólo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que
contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa,
pero sólo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a
la audiencia del proceso abreviado; los documentos anteriores a dicho
momento se admitirán cuando la parte justifique que han tenido
conocimiento de ellos con posterioridad a aquél. También podrá proponerse
prueba documental en el caso de que la parte no aportara los documentos
en primera instancia por alguna causa justa.
Además de la documental dicha, sólo podrá proponerse prueba:
1º. Cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera
instancia.
2º. Cuando, por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba, no se
hubiera podido practicar, en todo o en parte, aquella prueba que hubiera sida
propuesta en primera instancia.
3º. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos
relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de
iniciado el plazo para dictar sentencia en primera instancia.

349
SENTENCIA DEFINITIVA, Ref.26-RQA-04 de fecha 19/07/2004, CAM.1° DE LO CIVIL DE LA
1A.SECC.CENTRO S.S.

Propuesta la prueba, el tribunal resolverá, admitiendo únicamente los
medios que resulten procedentes. La resolución por la que se rechacen los
medios probatorios ofrecidos es inimpugnable.
Realizada la prueba como último punto de la audiencia, las partes podrán
formular sus alegaciones finales, con lo cual el recurso quedará en estado
de dictar sentencia, sin perjuicio de que el tribunal pueda solicitar alguna
aclaración a las partes.

INTERPRETACION:
Para que la adhesión a la apelación sea tomada en cuenta, es necesario que la
sentencia impugnada contenga dos o más partes y que una le sea gravosa para la
parte que se adhiere. 350

La aportación de pruebas en segunda instancia sólo procede en casos
excepcionales, siendo improcedente cuando el apelante se ha limitado a exponer
alegaciones genéricas y abstractas diciendo que presentará prueba de ellas351.

En un sólo escrito, las partes deberán:
I) Fundar los recursos que se hubieren concedido en efecto diferido. Sí no lo
hicieren, quedarán firmas las respectivas resoluciones;
2o) Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de
las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en
replantear. La petición será fundada y resuelta sin sustanciación alguna:
3) Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la
providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si
afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos:
350
SENTENCIA DEFINITIVA, de SALA DE LO CIVIL, Ref. 1703 S.S., de las 15:00 p.m. del
22/12/2004.

351
12-96 CAMARA DE FAMILIA DE LA SECCION DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A LAS NUEVE HORAS
DEL DIA DIECINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

4) Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido
objeto de esa prueba en la instancia anterior;
5o) Pedir que se abra la causa a prueba cuando:
a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad
b) Se hubiere formulado el pedido.352

Podrá proponerse prueba documental si por alguna causa justa, la parte no los
aporto en primera instancia. Además de la prueba documenta podrá proponerse
prueba en tres casos:
1) Cuando la prueba hubiese sido denegada indebidamente en primera
instancia.
2) Cuando por cualquier causa, no imputable al que solicita la prueba, no
hubiese podido practicarse en primera instancia toda o parte de la que
hubiese propuesto.
3) Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos
relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de
abierto el plazo para dictar sentencia en primera instancia.

La resolución por la que se rechace los medios probatorios ofrecidos es
inimpugnable.

SENTENCIA DE APELACIÓN
Art. 515.- Concluida la audiencia, el tribunal podrá dictar sentencia de
inmediato, si lo estima pertinente; o dar por concluida la audiencia luego de
los alegatos finales para dictar sentencia por escrito dentro del plazo de
veinte días contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera celebrado
la audiencia.
La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente
sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los
escritos de adhesión.

352
GUIA DE ESTUDIO: PROCESAL (CIVIL Y COMERCIAL) AUTOR: DR. MIGUEL ÁNGEL FONT

El incumplimiento de los plazos establecidos hará incurrir al tribunal
responsable en una multa que consistirá en un salario mínimo urbano, más
alto, vigente por cada día de retraso.

INTERPRETACION:
Realizada la prueba, como último punto de la audiencia las partes podrán formular
sus alegaciones finales y, la cual deberá el proceso quedara en estado de dictar
sentencia la cual deberá pronunciarse en plazo de veinte días contados desde el
siguiente en que se celebre la audiencia.

La sentencia deberá pronunciarse sobre los motivos invocados por el recurrente,
aun cuando solo fuere procedente casar la sentencia por uno de ellos.

Deberá pronunciarse los motivos referidos a las normas procesales y solo se
pronunciara sobre las normas atenientes al fondo, si fueren desestimados
aquellos.

El tribunal está vinculado al fallar por los motivos invocados y argumentos jurídicos
expresados por el recurrente; no obstante, podrá respetando, los limites dichos,
resolver el recurso invocando las normas y fundamentos jurídicos que estime
aplicable al caso.

DECISIÓN SOBRE LA INFRACCIÓN PROCESAL
Art. 516.- Si al revisar las normas o garantías del proceso aplicables a la
sentencia impugnada se observara alguna infracción pero hubiera elementos
de juicio suficientes para decidir, el tribunal anulará la sentencia apelada y
resolverá sobre la cuestión o cuestiones que sean objeto del proceso. Si
careciera de dichos elementos, anulará las actuaciones, devolviéndolas al
momento procesal oportuno.

INTERPRETACION:
Si al revisar las normas o garantías del proceso relativas a la sentencia
impugnada, la Cámara observa alguna infracción, pero hay elementos de juicio
necesarios para decidir anulara la sentencia apelada y resolverá sobre la cuestión
o cuestiones que fueran objeto del proceso.

Si careciera de dichos elementos anulara las actuaciones reponiéndolas al
momento procesal oportuno.

Si se devuelven los autos con la expresión de agravios debe privilegiarse el
debate en aras de una cumplida administración de justicia, a fin de que el Tribunal
Ad quem con pleno conocimiento del juicio, con lo expuesto por las partes y con la
prueba que se vierta en esa instancia, decida a quien le corresponde en justicia el
derecho que se disputa; es decir, que se debe permitir que se ejerza una tutela
efectiva de los derechos litigiosos, ya que ésta es la función primordial de todo
Tribunal para cumplir con el precepto constitucional establecido en el Art. 2 Cn..

De igual manera no se debe pasar por alto el principio constitucional de igualdad
jurídica, el cual significa una garantía fundamental para las partes, con el afán de
ser oídos y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que
establecen las leyes procesales. Y también es de tomar en cuenta, el principio de
inviolabilidad de la defensa, que es una manifestación de que debe existir en todo
momento una oportunidad razonable de defensa, Art. 11 Cn.353

353
Sentencia de la SALA DE LO CIVIL, Ref. 107-C-2005 de las 11:00 horas del día 22/3/2007

DECISIÓN SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y SOBRE EL DERECHO
Art. 517.- Si al revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia
impugnada o las razones de derecho aplicadas en la misma el tribunal
observara alguna infracción revocará la sentencia y resolverá sobre la
cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso.

INTERPRETACION:
Si se observa alguna infracción, al revisar los hechos declarados probados fijados
en la sentencia impugnada o el derecho aplicado en la misma, la revocara
resolviendo sobre la cuestión o cuestiones que fueron objeto del proceso.

DESERCIÓN DE RECURSO
Art. 518.- Si el apelante no comparece a la audiencia, se declarará desierto el
recurso de apelación y quedará firme la resolución recurrida. La resolución
que declare desierta la apelación impondrá al apelante las costas causadas.

INTERPRETACION:
La deserción se va a declarar sin más trámite, que la certificación del secretario
que asegure no haber sacado el proceso la parte apelante, o haber sido devuelto
sin la expresión de agravios, previa prevención al apelante bajo pena de apremio
corporal.354

La declaratoria de deserción obviando el procedimiento establecido en la ley, es
una flagrante violación al derecho de defensa de la parte apelante, pues se niega
la oportunidad de devolver los autos y de expresar agravios, tal como lo contempla
la ley.-

354
1172-2002

Concepto La deserción es: ³aquella sanción de carácter procesal, que provoca el
término del recurso de apelación en el procedimiento civil, por no haber cumplido
el apelante con ciertas cargas establecidas por el legislador´.

Casos en que se contempla la deserción En primera instancia, cuando el apelante,
en los casos que se concede la apelación en el sólo efecto devolutivo, dentro de
los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que concede el recurso, no
entrega el dinero que el secretario del tribunal considere necesario para cubrir el
valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. En este caso es
competente para conocer la deserción el tribunal de primera instancia. Su
tramitación consiste en que el apelado presenta un escrito en que solicita se
declare la deserción, el que provee el tribunal disponiendo la certificación del
secretario, que con su mérito, resuelve de plano.

La resolución que acoge la deserción (sentencia interlocutoria) es susceptible de
apelación y casación de forma. La que lo rechaza sólo apelación. En materia penal
no es aplicable la deserción por ser la confección de las compulsas una carga de
él.

En materia penal no es aplicable esta deserción, sin perjuicio que se contempla la
institución del abandono del recurso en el nuevo proceso penal por no concurrir a
alegar en la vista de la causa. Efectos que produce la deserción: Produce el
término del recurso de apelación, y por tanto la sentencia impugnada por el
recurso va a quedar ejecutoriada, sin perjuicio de otros recursos.355

Corresponde a una forma voluntaria de dejar sin efecto el recurso de apelación.
No existe una norma expresa que lo regule, no siendo tampoco un acto querido
por la ley, ni podía serlo. Es por ello que hay que considerarlo como una cuestión

355
http://www.wikiderecho.cl/wiki/Apelaci%C3%B3n#La_deserci.C3.B3n_del_recurso_de_apelaci.C
3.B3n

accesoria dentro del recurso y ello nos lleva a afirmar que se tramita como
incidente dentro de la apelación.

Si el apelante después de haber sacado el proceso no expresare agravios en el
término legal, da al apelado la oportunidad de pedir que se devuelvan los autos
por apremio y de solicitar que se declare la deserción. Pero no es cierto que una
vez transcurrido dicho plazo pueda la Cámara declarar la deserción si los autos
fueran devueltos con la correspondiente expresión de agravios; y ello es así
porque claramente exige como condición sine qua non, para que pueda hacerse la
declaración de deserción, que la Secretaría del Tribunal certifique haber sido
devuelto sin la expresión de agravios el proceso respectivo.356

TÍTULO CUARTO
RECURSO DE CASACIÓN
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES DEL RECURSO

RESOLUCIONES RECURRIBLES
Art. 519.- Admiten recurso de casación:
1º. En materia civil y mercantil, las sentencias y los autos pronunciados en
apelación en procesos comunes y en los ejecutivos mercantiles cuyo
documento base de la pretensión sea un título valor.
2º. En materia de familia, las sentencias correspondientes en los términos
que determina la Ley Procesal de Familia.
3º. En materia de trabajo, las sentencias definitivas que se pronunciaren en
apelación, de conformidad a lo regulado en el código de trabajo

356
Sentencia de la SALA DE LO CIVIL, Ref. 107-C-2005 de las 11:00 horas del día 22/3/2007

INTERPRETACION:
Los recursos son establecidos por las leyes o decretos que emita el Órgano
Legislativo y en algunos casos por especialidad se darán a las partes los recursos
respectivos a fin de salvaguardar su derecho de defensa, es decir deben las
partes utilizar los recursos que la ley ha previamente establecido.357

Son recurribles en casación civil y mercantil, las sentencias y los autos
pronunciados en apelación en procesos comunes.

En materia de trabajo admite el recurso por infracción de ley o de doctrina legal y
por quebrantamiento de alguna de las formas esenciales del juicio e indica
taxativamente, como debe ser, los motivos específicos en que tiene lugar por
algunas de esas dos causales.358

En materia de familia lo que se pretende con la interposición del recurso de
casación es que el tribunal superior, ejerza el control de la legalidad de las
resoluciones dictadas por el tribunal inferior, ese control no solo se refiere a
formalidades para dictarlas, sino lo concerniente a la correcta aplicación de la ley
sustantiva.

CASOS ESPECIALES DE RECHAZO
Art. 520.- El recurso de casación se rechazará cuando se interponga contra
resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos
especiales, cuando la sentencia no produzca efectos de cosa juzgada
material.

357
SENTENCIA DEFINITIVA, Ref. 53-RL-04 de fecha 10/11/2004, CAM.1° DE LO
CIVIL DE LA 1A.SECC.CENTRO S.S.
358
La Normativa de Casación. Dr. Roberto Romero Carrillo.

INTERPRETACION:
El recurso será rechazado por improponible cuando se interponga contra toda
resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales
cuando la sentencia no produzca los efectos de la cosa juzgada material.

Un recurso será improponible cuando la resolución no sea de aquellas contra las
que la ley concede esta impugnación. Si no se interpone contra una resolución
que sea casable, deberá ser declarado improcedente, sin necesidad de revisar si
el escrito impugnatorio llena o no los requisitos tanto formales como de fondo que
la ley exige para su viabilidad.359

Hay materias en las que está vedado el recurso de casación, debido a que, por su
naturaleza especial exigen brevedad y sencillez en sus procedimientos.

MOTIVOS DE CASACIÓN
Art. 521.- El recurso deberá fundarse en la existencia de una infracción o
errónea aplicación de la norma de derecho.

INTERPRETACION:
Para que el recurso de casación sea procedente por el motivo de interpretación
errónea de ley, debe ser por una errónea interpretación de ley sustantiva, por
cuanto que se trata de un motivo de fondo y no de forma; sin embargo, también
admite la Ley de Casación la procedencia del motivo en comento, aún habiéndose
interpretado erróneamente una ley procesal, bajo la condición de que afecte el
verdadero fondo del asunto de que se trate.

El motivo interpretación errónea de ley, está tipificado dentro del motivo genérico
infracción de ley o de doctrina legal, que implica que el vicio contra el que se
impugna la resolución es un vicio de fondo, es decir, un vicio en el juzgamiento, no
en el procedimiento, por tanto, para que sea procedente el motivo específico

359
LA NORMATIVA DE CASACION. Dr. Roberto Romero Carrillo

interpretación errónea de ley tratándose de una ley procesal, debe resultar un vicio
de fondo, un vicio en el juzgamiento, caso contrario, si sólo resulta un vicio en el
procedimiento, debe impugnarse la resolución por alguno de los motivos
específicos de quebrantamiento de alguna de las formas esenciales del juicio. 360

Interpretación errónea de la ley, como sub-motivo de casación requiere que la
norma que se cita como infringida, sea la norma aplicable al caso concreto; es
decir, que el juzgador, no obstante haberla seleccionado correctamente, le haya
dado un sentido, alcance o limitación que la misma no tiene.
La técnica casacional no permite invocar sub-motivo de violación de ley e
interpretación errónea de una misma norma, pues son aspectos excluyentes que
no pueden darse a un mismo tiempo, o se alega que una norma fue aplicada
falsamente o que fue interpretada erróneamente, pero no ambas a la vez.

Existe interpretación errónea cuando el tribunal sentenciador le da a la norma
seleccionada un sentido que realmente no tiene, debido a diferentes causas que lo
llevaron a darle una interpretación equivocada, independientemente de toda
cuestión de hecho. 361

MOTIVOS DE FONDO
Art. 522.- El recurso de casación procede cuando se hubiese producido
alguna infracción de ley o de doctrina legal.
Se entenderá que se ha infringido la ley cuando ésta se hubiera aplicado
indebida o erróneamente, o cuando se ha dejado de aplicar la norma que
regula el supuesto que se controvierte.
Hay infracción de doctrina legal cuando se hubiera violado la jurisprudencia
establecida por el tribunal de casación, surgida de la aplicación e

360
SENTENCIA DEFINITIVA, de SALA DE LO CIVIL, Ref. 337 S.M., de las 09:20 a.m. del
30/1/2004.
361
SENTENCIA DEFINITIVA, de SALA DE LO CIVIL, Ref. 1679 S.S., de las 15:00 p.m. del
29/10/2004.

interpretación de las leyes y que esté contenida en tres o más sentencias
constantes, uniformes y no interrumpidas por otra doctrina legal.

INTERPRETACION:
La Sala de lo Civil en reiterados fallos ha sostenido que el recurso de casación es
de estricto derecho; es además un recurso extraordinario que se da contra las
sentencias definitivas y las interlocutorias con carácter de definitivas. Por tanto,
como recurso extraordinario no implica una tercera instancia, sino que tiene por
objeto precisar si ha habido infracción de ley o de doctrina legal, prescindiendo de
si el fallo ha sido justo o injusto.

La finalidad del recurso de casación es doble: a) Vigila la obra del juez, asegura el
respeto a la ley y mantiene la unidad de la jurisprudencia; teniendo por misión
mantener la exacta observación de las leyes por parte de los órganos encargados
de la función jurisdiccional; y, b) Se dirige a la protección suprema del interés
privado, que puede ser lesionado por las sentencias en que se quebrante la ley en
el fondo o en la forma.
En definitiva, la casación responde a la necesidad de organizar un sistema de
supremas garantías a fin de volver la exacta observancia de la ley.

Es obvio que en primera y segunda instancia se resuelven los pleitos. En casación
se juzgan sentencias. De ahí que el recurso no es más que un ataque a la
sentencia del Tribunal Sentenciador de Segunda Instancia. Una imputación de que
ha infringido la ley o quebrantado las formas esenciales del proceso, o de ambas a
la vez.

Como es natural el recurrente la combate, el favorecido con ella la defiende, el
tribunal casacional decide.

El recurso, subraya dicho precepto, se interpondrá por escrito expresando: 1) El
motivo en que se funde; 2) El precepto que se considere infringido; y, 3) El

concepto en que lo haya sido. Por lo general los impetrantes cumplen con los dos
primeros requisitos, no así con el tercero, esto es, el concepto en que lo haya
sido.

Y es que al manifestar el concepto de la infracción, el recurrente amén de relatar
el acto judicial vulnerador de la o las disposiciones que se creen infringidas, debe
expresar el por qué, en qué sentido, en qué forma, tal acto vulnera la ley y cómo
influyó en la parte resolutiva del fallo, a efecto de que la Sala de lo Civil quede
cabalmente instruida. De no hacerlo así, incumplirá los requisitos necesarios y el
recurso devendrá en inadmisible.362

MOTIVOS DE FORMA
Art. 523.- El recurso de casación por quebrantamiento de las formas
esenciales del proceso, tendrá lugar por:
1º. Abuso, exceso o defecto de jurisdicción;
2º. Falta de competencia;
3º. Inadecuación de procedimiento;
4º. Falta de capacidad para ser parte, de actuación procesal y de
postulación;
5º. Caducidad de la pretensión;
6º. Litispendencia y cosa juzgada;
7º. Sumisión al arbitraje y el pendiente compromiso;
8º. Renuncia, desistimiento, allanamiento y transacción, si el objeto no fuera
disponible o se hiciera en contravención al interés público;
9º. Falta de emplazamiento para contestar la demanda;
10º. Denegación de prueba legalmente admisible;
11º. No haberse practicado un medio probatorio admitido en la instancia;
12º. Practicarse un medio de prueba ilícito;

362
INTERLOCUTORIA, de SALA DE LO CIVIL, Ref. 57-C-2004, de las 8:00 a.m. del 16/7/2004.

13º. Por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una
apelación;
14º. Por Infracción de requisitos internos y externos de la sentencia.
Hay infracción de los requisitos internos cuando la sentencia es
incongruente o tiene disposiciones contradictorias. Se entenderá que existe
incongruencia en los casos siguientes: haber otorgado el juez más de lo
pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandado o cosa distinta
a la solicitada por ambas partes; o haber omitido resolver alguna de las
causas de pedir o alguna cuestión prejudicial o jurídica, necesaria para la
resolución del proceso.
Se entenderá que ha habido infracción de los requisitos externos de la
sentencia cuando se omita relacionar los hechos probados, falta de
fundamentación jurídica y oscuridad en la redacción del fallo.

INTERPRETACION:
En cuanto a los motivos de forma, el recurso por quebrantamiento de las formas
esenciales del proceso que ocasionen indefensión.

El abuso de jurisdicción por razón de la materia está comprendido en la causa
genérica Infracción de Ley, por ser una cuestión de fondo capaz de afectar el
ejercicio de la jurisdicción, por razón de la materia.

El recurso de casación por razón de quebrantamiento de las formas tiene lugar
por: Abuso, exceso o defecto de jurisdicción; Falta de competencia; Inadecuación
de procedimiento; Falta de capacidad para ser parte, de actuación procesal y de
postulación; Caducidad de la pretensión; Litispendencia y cosa juzgada; Sumisión
al arbitraje y el pendiente compromiso; Renuncia, desistimiento, allanamiento y
transacción, si el objeto no fuera disponible o se hiciera en contravención al interés
público; Falta de emplazamiento para contestar la demanda; Denegación de
prueba legalmente admisible; No haberse practicado un medio probatorio admitido

en la instancia; Practicarse un medio de prueba ilícito; Por haberse declarado
indebidamente la improcedencia de una apelación; Por Infracción de requisitos
internos y externos de la sentencia.

En los juicios sumarios cuando sea posible entablar una nueva acción sobre la
misma materia, solo procederá el recurso de casación por quebrantamiento de
forma, y siendo que la Cámara declaró inepta la demanda, es posible entablar una
nueva acción, no siendo entonces admisible el recurso.363

En el caso de las diligencias de notificación, las cuales pueden ventilarse cuantas
veces sean solicitadas, ya que estas no causan estado, el recurso de casación
podrá admitirse si se fundamenta en quebrantamiento de las formas esenciales
del juicio, no en cuestiones referidas al fondo del asunto.364

La Ley de Casación cuando establece como quebrantamiento de forma, la falta de
emplazamiento para contestar la demanda, presupone que quién alegue tal
infracción sea aquel que tiene derecho a hacerlo; es decir, el titular del derecho
reclamado, ya que el objetivo del recurso de casación, radica en franquear al
afectado por una resolución judicial; la oportunidad de impugnar tal resolución,
ante el grado supremo en jerarquía judicial.365

CAPITULO SEGUNDO
MODO DE PROCEDER

INTERPRETACIÓN DE NORMAS
Art. 524.- Las normas sobre el recurso de casación deberán aplicarse en la
forma que más favorezca la uniformidad de la jurisprudencia como medio
para asegurar la igualdad ante la ley, así como la seguridad y la certidumbre
jurídica.

363
1121. Silva vrs. Vidrí. CCI1121.97
364
150. Fuentes vrs. Ramírez

INTERPRETACION:
Para aplicar las normas sobre el recurso de casación deberán aplicarse de la
forma que favorezca más la uniformidad de la jurisprudencia como un medio de
gran importancia para asegurar la igualdad ante la ley, así como también la
seguridad y la certidumbre jurídica.

FORMA PARA INTERPONER EL RECURSO
Art. 525.- El recurso se interpondrá en forma escrita y deberá estar
debidamente fundamentado.

INTERPRETACION:
El recurso se interpondrá por escrito y debidamente fundamentado.
Dicha fundamentación deberá ser detallada y motivada de todos y cada uno de los
motivos de impugnación que la parte recurrente desea hacer valer frente a la
resolución judicial gravosa.

Se producirá por única vez en el escrito de interposición del recurso, en el cual se
concentrarán las alegaciones del recurrente con carácter preclusivo.

Nuestra jurisprudencia sobre este tema estima que podrá ser declarado
inadmisible el recurso de casación, cuando el ³impetrante´ no razone
suficientemente el motivo por el que considera que el artículo ha sido infringido o
no ilustra suficientemente al tribunal de casación sobre éste aspecto.366

366
Sentencia de Casación, caso 37NSS/ l 6 de septiembre 2001.

PLAZO
Art. 526.- El plazo para presentar el recurso es de quince días contados a
partir del siguiente al de la notificación respectiva de la resolución que se
impugna, fuera de dicho plazo no se podrá aducir ningún motivo de
casación.

INTERPRETACION:
El recurso debe interponerse dentro del término fatal de 15 días hábiles, que se
cuentan desde el día siguiente de la notificación respectiva.

Los plazos legales son unos fatales y otros perentorios. Los fatales son aquellos
que no pueden prorrogarse por ningún motivo; los perentorios son los que una vez
finalizados caducan o se extinguen de pleno derecho sin que para ello sea
necesaria la actividad de las partes ni la decisión judicial; vencido el plazo
perentorio sin que la parte interesada haya hecho uso de él, no hay necesidad de
acusarle de rebeldía para hacer precluir esa fase del procedimiento.367

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO
Art. 527.- Este recurso sólo deberá interponerse por la parte que recibe
agravio por la resolución impugnada.

INTERPRETACION:
El Anteproyecto también establece que ³no podrá interponer este recurso quien no
apeló de la resolución dictada en primera instancia ni se adhirió a la apelación de
la parte contraria´.

Destacando su carácter subsidiario del recurso de apelación, cuyo previo
agotamiento se convierte en presupuesto de la admisibilidad del recurso en
comento.

367

La calificación del recurso se basará en el examen del cumplimiento de los
requisitos formales caso contrario prevendrá al recurrente que lo haga en el plazo
establecido.

Así mismo se calificará el plazo de su interposición y si fuere interpuesto
extemporáneamente lo rechazara sin más.368

REQUISITOS FORMALES DE LA INTERPOSICIÓN
Art. 528.- El escrito de la interposición del recurso deberá presentarse ante el
tribunal que dictó la resolución que se impugna y contendrá
necesariamente:
1º. La identificación de la resolución que se impugna y el motivo o motivos
concretos constitutivos del fundamento del recurso; y,
2º. La mención de las normas de derecho que se consideren infringidas,
razonándose, en párrafos separados, la pertinencia y fundamentación de los
motivos alegados.

INTERPRETACION:
La interposición mediante un escrito del recurso de casación deberá presentarse
ante el tribunal que dicto la sentencia o resolución que se impugna.

Es necesario que el escrito del recurso de casación contenga:
El motivo concreto constitutivo del fundamento del recurso así como también la
identificación de la resolución que se impugna.

368
Esta resolución solo admitirá el recurso de revocatoria.

Debe contener así mismo la mención de las normas de derecho que considere
infringidas razonando la pertinencia y fundamentación en párrafos separados de
cada uno de los motivos alegados.

REMISIÓN DE LOS AUTOS AL TRIBUNAL DE CASACIÓN
Art. 529.- Interpuesto el recurso y concluido el término legal
correspondiente, el tribunal, previa notificación a las partes, remitirá, dentro
de tercero día, autos y copias a donde corresponda.

INTERPRETACION:
Presentado el escrito de interposición, dentro de los tres días siguientes se
remitirán todos los autos originales al tribunal competente para conocer del
recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante él.

Si el recurrente no hubiere podido obtener la certificación de sentencia a que se,
se efectuará no obstante la remisión de los autos. La negativa o resistencia a
expedir la certificación será corregida disciplinariamente y, si fuere necesario, la
Sala de casación las reclamará del tribunal o tribunales que deba expedirla.369

INTRODUCCIÓN DEL RECURSO
Art. 530.- Si se admite el recurso, en el mismo auto se mandará oír a la parte
contraria, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al
de la notificación respectiva alegue lo que de su parte considere
conveniente.
Si el tribunal de casación considerare que el recurso no es admisible, lo
rechazará razonadamente. Esta resolución admitirá sólo el recurso de
revocatoria.

369
http://lec2000.blogspot.com/2007/12/arts-477-489-recurso-de-casacin.html

INTERPRETACION:
Si es admitido el recurso se mandara a oír en el mismo auto a la parte contraria,
para que en el plazo de ocho días contados a partir del día siguiente de la
notificación.

Dentro de ese plazo deberá alegar lo que de su parte considere conveniente.
El rechazo del recurso de casación al no ser admisible solo va admitir el recurso
de revocatoria.

DESISTIMIENTO DEL RECURSO
Art. 531.- El recurrente podrá desistir del recurso, por escrito, en cualquier
estado del proceso. El desistimiento se admitirá sin más trámite.

INTERPRETACION:
Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga
resolución.

Si, en caso de ser varios los recurrentes, sólo alguno o algunos de ellos
desistieran, la resolución recurrida no será firme en virtud del desistimiento, pero
se tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueren
exclusivas de quienes hubieren desistido.370

Se desiste de recurso de casación. El desistimiento del recurso de casación
genera el archivo de las actuaciones y su remisión al tribunal de origen.371

370
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t4.html
371
http://vlex.com/vid/18532331

DEVOLUCIÓN DE AUTOS
Art. 532.- Rechazado o desestimado el recurso por el tribunal de casación, la
resolución impugnada quedará firme, y se devolverán los autos al tribunal de
origen con certificación de lo proveído, en el plazo de cinco días.

INTERPRETACION:
En un plazo de cinco días habiéndose rechazado o desestimado el recurso por el
tribunal de casación, la resolución impugnada quedara firme y se devolverán los
autos al tribunal de origen con la debida certificación de lo proveído.

El tribunal se limita a casar la sentencia, absteniéndose a dictar en su lugar la que
conforme a derecho correspondería. Para ese efecto se remite los autos al mismo
tribunal que pronuncio la sentencia anulada o a otro de igual grado, el que debe
pronunciar la nueva sentencia.372

FIN DEL PROCEDIMIENTO
Art. 533.- La sentencia se pronunciará dentro del plazo de los sesenta días
posteriores a la conclusión de los alegatos correspondientes, en caso de
que hubieran tenido lugar.
El incumplimiento del plazo anterior hará incurrir al tribunal en una multa de
un salario mínimo, urbano más alto, vigente, por cada día de atraso.

INTERPRETACION:
Dentro del plazo de sesenta días posteriores a la conclusión de los alegatos
correspondientes, en caso que hubieren tenido lugar deberá pronunciarse la
sentencia.

372

De incumplir el plazo de los sesenta días el tribunal incurrirá en un multa la cual
consistirá en un salario mínimo, urbano más alto vigente, por cada día de retraso
para pronunciar la sentencia.

CAPITULO TERCERO
SENTENCIA

OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE Y ORDEN DEL PRONUNCIAMIENTO
Art. 534.-. En la sentencia, el tribunal de casación deberá pronunciarse sobre
todos los motivos invocados por el recurrente, aún cuando sólo fuere
procedente casar la sentencia por uno de ellos.

INTERPRETACION:
El tribunal de casación deberá pronunciarse en la sentencia sobre cada uno de los
motivos que ha invocado el recurrente, aun cuando solo se pudiera casar la
sentencia por uno de los motivos invocados.

ORDEN EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA
Art. 535.- En la sentencia, el tribunal deberá pronunciarse en primer lugar
sobre los sub motivos de forma, y sólo se pronunciará sobre los de fondo si
aquellos fueran desestimados.

INTERPRETACION:
Si el Tribunal ha admitido el recurso por vicios de forma y vicios de fondo, debe
pronunciarse primero sobre el quebrantamiento de la forma, y si la sentencia no
fuere anulada, conocerá sobre el recurso de fondo.

Si procede la anulación por el quebrantamiento de forma, el tribunal no debe
entrar a conocer el recurso por quebrantamiento de fondo.

En primer lugar el tribunal se pronunciara en la sentencia sobre los sub motivos de
forma, y si los motivos de fondo son desestimados se pronunciara sobre ellos.

IURA NOVIT CURIA
Art. 536.- El tribunal de casación está vinculado al fallar por los motivos
invocados y en razón de los argumentos jurídicos que hubiera presentado el
recurrente; no obstante, dentro de los anteriores , podrá resolver con
aplicación de otras normas y fundamentos jurídicos que estime pertinentes,
aunque no coincidan con los del recurrente.

INTERPRETACION:
Iura novit curia es una aforismo latino, que significa literalmente el juez conoce el
derecho, utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal
según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que
las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas.

El principio, sirve para que las partes se limiten a probar los hechos, y no los
fundamentos de derecho aplicables. El juez debe someterse a lo probado en
cuanto a los hechos, pero puede ampararse en ese principio para aplicar un
derecho distinto del invocado por las partes a la hora de argumentar la causa.
El principio fue desconocido por el derecho romano, en el cual las partes tienen
que hablar en el tribunal de las ius legem o normas en que basan su derecho,
aunque atemperada por el principio de mihi factum, Tibi Dabo ius. En el derecho
medieval la preponderancia de la práctica implica la natural imposibilidad de
utilizar el principio: la repetición de comportamientos percibidos como vinculante
debe ser demostrado para tener fuerza de ley. A partir de 1495, cuando Alemania
estableció la Reichskammergericht, el ius commune se encuentra en el primer
lugar entre las normas de derecho sustantivo, mientras que los antiguos derechos
de las autoridades locales (y la costumbre) aún no se han probado.373

373
http://es.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia

El principio iura novit curia obliga al juez a conocer el derecho material del juicio, y
se entiende como el deber que tiene el juez de procurarse, por sí mismo, los
conocimientos necesarios para resolver cada litigio con la solución prevista por el
sistema jurídico. Este aforismo latino, que significa literalmente ³el juez conoce el
derecho´, implica, pues, que el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es
necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las formas; en
resumen, las partes se limitan a probar los hechos, y no los fundamentos de
derecho aplicables.374

En base al principio iura novit curia (el Juez conoce el derecho), puede
perfectamente el juzgador, suplir de oficio la falta de invocación de la norma que
fundamenta la demanda, y consecuentemente.375

ESTIMACIÓN DEL RECURSO
Art. 537.- Si se casare la sentencia en cuanto al fondo, se dictará la que en su
lugar corresponda.
Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso
al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el
acto viciado; pero si el vicio se refiriera a cuestiones relativas a la
jurisdicción, competencia o vía procesal, sólo procederá la anulación.
Si la casación se fundare en errónea decisión respecto de la admisibilidad o
la valoración de la prueba y tal decisión determinare la parte dispositiva del
fallo, el tribunal de casación deberá pronunciarse en cuanto al fondo sobre
la prueba que considere admisible o sobre la valoración que entienda que
corresponde; y sólo procederá devolver los autos al tribunal que cometió el
vicio cuando se considerare que la prueba no admitida es capaz de incidir en

374
Sentencia de la SALA DE LO CIVIL, Ref. 19-AP-2007 de las 08:00 horas del día 10/12/2007
375
SENTENCIA DEFINITIVA, Ref. 144-18m1-04 de fecha 27/01/2004, CAM.1° DE LO
CIVIL DE LA 1A.SECC.CENTRO S.S.

el fallo; y en tal caso deberá procederse por dicho tribunal a su
diligenciamiento.

INTERPRETACION:
Al casar la sentencia por quebrantamiento de fondo, se dictara la sentencia que en
su lugar corresponda.

Si se casare la sentencia por quebrantamiento de forma, se anulara el fallo y el
proceso será devuelto al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la
actuación desde el acto viciado; pero si el vicio se refiriera a cuestiones relativas a
la jurisdicción, competencia o vía procesal, sólo procederá la anulación del fallo.

Si respecto a la admisibilidad o valoración de la prueba el recurso se fundamenta
en errónea decisión, el tribunal de casación debe pronunciarse en cuanto al fondo
sobre la prueba que considera admisible o sobre la valoración que entiende que
corresponde.

CORRECCIÓN DE MOTIVACIÓN JURÍDICA
Art. 538.- El tribunal de casación desestimará el recurso cuando, no obstante
existir error en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, por
concurrir vicios o defectos que produzcan la infracción o errónea aplicación
de la norma de derecho utilizadas para resolver el caso, se establezca que tal
sentencia es correcta y ajustada a derecho conforme a otros fundamentos y
motivos jurídicos de derecho. En este caso, el tribunal de casación se
limitará a corregir la motivación, dándole al fallo la adecuada
fundamentación jurídica.

INTERPRETACION:
El recurso será desestimado cuando al existir erros en la fundamentación jurídica
de la sentencia impugnada, por concurrir defectos o vicios que produzcan la
errónea aplicación de la norma del derecho que se ha utilizado para resolver el

caso, y se establezca que dicha sentencia pronunciada es correcta y se ajusta a
derecho conforme a otros fundamentos y motivos jurídicos.

El tribunal se limitara a corregir la motivación, dándole para ello al fallo la
adecuada fundamentación jurídica.

CONDENA EN COSTAS
Art. 539.- Si se desestima el recurso se condenará en costas al recurrente.

INTERPRETACION:
La condición necesaria para la condena en costas, la de ser parte, es que la
persona de cuya responsabilidad se trata, haya pedido algo, o se haya pedido
contra ella. Esto es suficiente, porque siendo las costas necesarias para el
reconocimiento del derecho y debiendo en consecuencia reconocerse con él,
deben ser impuestos a aquél contra el cual el reconocimiento se hizo. La ley
condena en costas a la parte vencida. Nadie que no sea parte puede sufrir esta
condena; ni tampoco cobrarla quien no ostente tal calidad por ello.376

TÍTULO QUINTO
REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

COMPETENCIA Y RESOLUCIONES RECURRIBLES
Art. 540.- La revisión de sentencias firmes se solicitará a la Sala de lo Civil de
la Corte Suprema de Justicia.
No procederá la revisión de las sentencias firmes que, por disposición legal,
carezcan de efectos de cosa juzgada.

376
SENTENCIA DEFINITIVA, Ref. 08:03 de fecha 25/05/2004, CAM.1° DE LO CIVIL

INTERPRETACION:
La revisión ²dice PODETTI² es el remedio procesal extraordinario encaminado
a examinar de nuevo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, cuando
se ha llegado a ella por medios ilícitos o irregulares, sin culpa o negligencia del
vencido, prescindiendo o incorporando nuevos elementos de prueba en el nuevo
juicio.

Pese a la denominación de recurso que le acuerdan los códigos que la regulan,
la revisión carece de una de las características fundamentales de los recursos,
cual es la consistente en que la resolución o sentencia impugnada no haya
alcanzado autoridad de cosa juzgada. No se trata, por lo tanto, de un recurso en
sentido estricto, sino de un remedio procesal o pretensión invalidatoria autónoma
que da vida a un proceso distinto de aquel en el cual recayó la sentencia firme que
se persigue hacer caer.

Estableciéndose que no se procederá a dicha revisión o examen cuando por
disposición legal, la sentencia carezca de efectos de cosa juzgada, esto debido a
la injusticia de la sentencia que ha alcanzado firmeza y que como tal, produce
todos los efectos de cosa juzgada material.

.MOTIVOS GENERALES
Art. 541.- Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:
1º. Si, después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos
decisivos, de los que no se hubiera podido disponer por fuerza mayor o por
obra de la parte en cuyo favor se hubiese dictado la sentencia.
2º. Si se hubiera pronunciado en virtud de documentos declarados falsos en
proceso penal, o cuya falsedad fuera declarada después.
3º. Si se hubiera pronunciado en virtud de prueba testifical o pericial y los
testigos o peritos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en
las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

4º. Si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o
fraude.

INTERPRETACION:
Muchos ordenamientos erigen en causales típicas de revisión a las siguientes:
1 °) Que la sentencia haya recaído en virtud de documentos que al tiempo de
dictarse aquélla ignorase una de las partes que estuviesen reconocidos o
declarados falsos, o que se reconocieran o declarasen falsos después de las
sentencias;
2o) Que después de pronunciada la sentencia, se recobrasen documentos
decisivos ignorados hasta entonces, extraviados o detenidos por fuerza mayor o
por obra de la parte a cuyo favor se hubiera pronunciado aquélla;
3o) Que la sentencia firme se hubiera obtenido en virtud de cohecho, violencia u
otra maquinación fraudulenta

Interesa destacar, sin embargo, que los mencionados códigos incluyen como
motivos de revisión la concurrencia de determinados defectos procesales
(sentencia que decide extra o ultra petita, omite pronunciamiento sobre alguna
cuestión, contiene disposiciones contradictorias) que son, en realidad, ajenos al
objeto específico de aquélla y encuadran, técnicamente, en el ámbito de ciertos
recursos extraordinarios como los de inconstitucionalidad, nulidad o casación por
quebrantamiento de formas, e inclusive ordinarios como el de aclaratoria. En estos
casos la revisión constituye un recurso, aunque erróneamente denominado con
aquel rótulo.377

Sí habrá lugar a esta revisión, en caso que después de pronunciada la sentencia
firme, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiere
podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere

377
Palacio. Lino Enrique; Manual de derecho procesal civil. - 17. ed.- BuenosAires: Abeledo
Perrot, 2003.

dictado; como lo pueden ser por la pérdida temporal de acceso al lugar donde los
mismos se encontraban o el ocultamiento malicioso de estos documentos. Otro
supuesto, es si la sentencia hubiere sido dictada en virtud de documentos que
hayan sido declarados falsos en proceso penal o cuya falsedad se hubiera
declarado después, o si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho,
violencia o fraude.

MOTIVOS PARA LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN
REBELDÍA
Art. 542.- El demandado que hubiera permanecido en rebeldía podrá solicitar
la revisión de la sentencia:
1º. Cuando concurra fuerza mayor ininterrumpida que le hubiese impedido
comparecer en todo momento, aunque hubiere tenido conocimiento del
proceso, por habérsele comunicado.
2º. Cuando desconociera la demanda y el proceso, bien porque se le notificó
por esquela que no llegó a su poder por causa que no le sea imputable, bien
porque la comunicación se hubiera practicado por anuncios y el demandado
hubiese estado ausente del lugar del proceso o de cualquier otro de la
República en que dicha notificación se hubiera producido.

INTERPRETACION:
Si, despachada ejecución, se interpusiera y admitiera demanda de revisión o de
rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía, el tribunal competente para la
ejecución podrá ordenar, a instancia de parte, y sí las circunstancias del caso lo
aconsejaran, que se suspendan las actuaciones de ejecución de la sentencia.
Para acordar la suspensión el tribunal deberá exigir al que la pida caución por el
valor de lo litigado y los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por la
inejecución de la sentencia. Antes de decidir sobre la suspensión de la ejecución

de la sentencia objeto de revisión, el tribunal oirá el parecer del Ministerio
Fiscal.378

LEGITIMACIÓN ACTIVA
Art.543.-Podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por
la sentencia firme impugnada.

INTERPRETACION:
Se encuentra activamente legitimado para solicitar la revisión quien hubiere sido
parte perjudicada por la sentencia firme impugnada. De esta forma, se encuentra
legitimado el litigante o sus causahabientes que hubieran resultado lesionados con
la causa de la revisión, con independencia de su posición procesal en el
precedente proceso ± esto es, demandante o demandado-.379

PLAZO GENERAL DE INTERPOSICIÓN
Art. 544.- Se rechazará el recurso de revisión que se interponga después de
transcurrido el plazo de caducidad de dos años, contados desde el día
siguiente al de la notificación de la sentencia que se pretenda impugnar.

INTERPRETACION:
De manera general, se establece que se rechazará toda revisión que se pretenda
interponer después de haber transcurrido el plazo de caducidad de dos años,
contado desde el día siguiente a la notificación de la sentencia que se pretenda
impugnar.

En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años
desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se

378
http://www.iuriscivilis.com/2008/11/la-revisin-de-sentencias-firmes-en-el.html
379

rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo, señala el
artículo 512.1 de la Lec. Este plazo es de prescripción, según opinión dominante
de la Jurisprudencia. El momento a quo debiera ser el de la notificación de la
sentencia que, en general, no coincidirá con el de la publicación de la sentencia en
los boletines oficiales.

PLAZOS ESPECIALES DE INTERPOSICIÓN
Art. 545.- Tampoco procederá la revisión cuando hubiera transcurrido el
plazo de caducidad de tres meses, contados desde el día siguiente a aquel
en que se hubieran descubierto los documentos decisivos, el cohecho, la
violencia o el fraude, o en que se hubiese reconocido o declarado la
falsedad.

INTERPRETACION:
La demanda de revisión se solicitará en a la Sala de lo Civil dentro del plazo de
tres meses desde el día en que se descubrieron los documentos decisivos, el
cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la
falsedad, tal como preceptúa el artículo 512.2 de la Lec. Este plazo es de
caducidad, según la Jurisprudencia consolidada. El verdadero problema de este
plazo de caducidad es el de su prueba. Verdaderamente difícil será, en ocasiones,
380
acreditar el desconocimiento hasta cierto momento.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN PARA EL DEMANDADO REBELDE
Art. 546.- En el caso del demandado que hubiera permanecido en constante
rebeldía, no procederá la revisión una vez transcurrido el plazo de caducidad
de tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la
sentencia.

380

Si la sentencia que se pretende impugnar fue notificada personalmente, el
plazo de caducidad será de treinta días, que se contarán a partir del día
siguiente a aquel en que se notificó la sentencia dictada en apelación o en el
extraordinario de casación cuando procedan.
Los plazos previstos en el primer inciso podrán prolongarse si subsiste la
fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia, pero sin
que se sobrepase el plazo general de dos años.

INTERPRETACION:
Se sobreseerá la ejecución cuando se estime la revisión o cuando, después de
rescindida la sentencia dictada en rebeldía, se dicte sentencia absolutoria del
demandado.

Cuando, rescindida la sentencia dictada en rebeldía, se dicte sentencia con el
mismo contenido que la rescindida o que, aun siendo de distinto contenido, tuviere
pronunciamientos de condena, se procederá a su ejecución, considerándose
válidos y eficaces los actos de ejecución anteriores en lo que fueren conducentes
para lograr la efectividad de los pronunciamientos de dicha sentencia.´

DEMANDA DE REVISIÓN. ALEGACIONES DE LAS DEMÁS PARTES
Art. 547.- El recurso de revisión se interpondrá por escrito, con los requisitos
y formalidades previstos para la demanda en el proceso común.
Admitido el recurso, la Sala de lo Civil solicitará que se le remitan todas las
actuaciones del proceso cuya sentencia se pretenda rescindir, y emplazará a
cuantos en él hubieren litigado o a sus causahabientes, para que dentro del
plazo de cinco días manifiesten su defensa, sosteniendo lo que a su derecho
convenga, conforme a los requisitos y formalidades previstas en el proceso
común.

INTERPRETACION:
El proceso de revisión comenzará por la demanda, según requisitos del proceso
común y será presentado por el que hubiere sido parte perjudicada por dicha
sentencia impugnada y admitida que sea, se solicitará que se remitan todas las
actuaciones del proceso cuya sentencia se pretenda rescindir con emplazamiento
a cuántos en él hubieren litigado o a sus causahabiente; para que contesten la
demanda sosteniendo sus derechos según el proceso común.381

El procedimiento elegido por el Anteproyecto para sustanciar las demandas de
revisión de sentencias firmes es el proceso común, junto con la aplicación de sus
reglas especiales.

Presentada y admitida la demanda de revisión, el tribunal solicitará que se le
remitan todas las actuaciones del pleito cuya sentencia se impugne, y emplazará a
cuantos en él hubieren litigado, o a sus causahabientes, para que dentro del plazo
de cinco días contesten a la demanda, sosteniendo lo que convenga a su derecho.
Contestada la demanda de revisión o transcurrido el plazo anterior sin haberlo
hecho, se dará a las actuaciones la tramitación establecida para los juicios
verbales.382

TRAMITACIÓN
Art. 548.- Presentadas la alegaciones de defensa, o transcurrido el plazo para
ello sin haberlo hecho, se dará a las actuaciones la tramitación establecida
para el proceso abreviado.
Si se suscitaren cuestiones prejudiciales penales durante la tramitación de la
revisión, se aplicarán las normas generales establecidas en el presente
código.

381
382

INTERPRETACION:
La revisión comprende un doble enjuiciamiento: el iudicium rescindens y el
iudicium rescisorium. Mediante el primero el Tribunal decide acerca de la
existencia del vicio producido por el hecho nuevo con carácter puramente
negativo. Mediante el segundo, se dicta una nueva sentencia.

En todo caso, el Ministerio Fiscal deberá informar sobre la revisión antes de que
se dicte sentencia sobre si ha o no lugar a la estimación de la demanda.

Si se suscitaren cuestiones prejudiciales penales durante la tramitación de la
revisión, se aplicarán las normas generales establecidas en el presente código sin
que opere ya el plazo absoluto de caducidad 383

DECISION. RECURSOS
Art. 549.- Si la Sala estimara procedente la revisión solicitada, lo declarará
así, y rescindirá la sentencia que se impugna. A continuación, mandará
expedir certificación del fallo y devolverá el expediente al tribunal del que
proceda, para que las partes usen de su derecho según les convenga, en el
proceso correspondiente. En dicho proceso habrán de tomarse como base,
sin que puedan ser discutidas las declaraciones hechas en la sentencia de
revisión.
Si se desestimare la revisión solicitada, se condenará en costas al
recurrente.
Contra la sentencia que dicte el tribunal de revisión no habrá recurso alguno.

383

INTERPRETACION:
Si la Sala estimare procedente la revisión solicitada, lo declarará así, en tal caso,
el efecto será el de rescindir de la sentencia impugnada, devolviendo el
expediente al tribunal para que las partes procedan a usar su derecho según
convenga. Desestimada la revisión solicitada se condenará en costas al
demandante.

EVENTUAL SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN
Art. 550.- La interposición de un recurso de revisión no suspenderá la
ejecución de las sentencias firmes que lo motive, salvo lo dispuesto en los
casos de suspensión del proceso de revisión y de las sentencias dictadas en
rebeldía.

INTERPRETACION:
Las demandas de revisión no suspenderán la ejecución de las sentencias firmes
que las motiven.384

Las demandas de rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía no
suspenderán su ejecución.

La pretensión del demandado rebelde de que se rescinda una sentencia firme se
sustanciará por los trámites establecidos para el juicio ordinario, que podrá ser
iniciado por quienes hayan sido parte en el proceso.385

384
385
http://constitucion.rediris.es/legis/2000/l01-2000/l2t5.html

LIBRO QUINTO
LA EJECUCIÓN FORZOSA

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO PRINCIPIOS
DE LA EJECUCIÓN FORZOSA

ACCESO A LA EJECUCIÓN FORZOSA
Art. 551.- Consentida o dictada ejecutoria, en su caso, respecto de uno de
los títulos que lleva aparejada ejecución, y vencido el plazo que se hubiera
otorgado para su cumplimiento, se procederá a hacerla efectiva, a instancia
de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este código.

INTERPRETACION:
La figura jurídica de la ejecución forzada está vinculada al incumplimiento
voluntario o involuntario del mandato ejecutivo o la sentencia La ejecución forzada
se consolida de pleno derecho con el auto que ordena llevar adelante la ejecución.
Procedimiento: 1) Se ordena el remate del bien, 2) se notifica por edictos para que
acudan los interesados al remate, 3) se levanta un acta de remate, 4) Se tasa el
bien y se remata, 5) De encontrarse desierto, se vuelve a tasar, convocar y
rematar. La ejecución forzada tiene las siguientes formas:
_ 1. Remate; y
_ 2. Adjudicación.386

386
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Agosto-Diciembre 2006

Los actos del órgano judicial que integran la ejecución constituyen una actividad
sustitutiva de la conducta del destinatario de la condena. El mandato de la
sentencia (o del título extrajudicial que sirve de base a la ejecución), va dirigido
inmediatamente al condenado, que resulta de este modo el llamado a darle
cumplimiento en los términos de la ejecutoria, satisfaciendo al acreedor. Cuando el
condenado no cumple voluntariamente con lo que ordena el título, puede el
acreedor acudir al órgano judicial para obtener la prestación que la sentencia le
reconoce, sustituyendo la conducta del ejecutado, haciendo lo que pudo y debió
hacer éste, a fin de obtener la prestación que resulta ya indiscutible, y cuya
efectividad se persigue sin previa declaración.387

PRINCIPIO DE COMPLETA SATISFACCIÓN DEL EJECUTANTE
Art. 552.- La ejecución forzosa se llevará a efecto en sus propios términos, y
el ejecutante tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios
sufridos en razón del incumplimiento, sea a causa de dolo, negligencia,
morosidad del ejecutado o cualquier contravención al tenor de la obligación
que se ejecuta.
La ejecución sólo terminará cuando el derecho del ejecutante haya quedado
completamente satisfecho.

INTERPRETACION:
La función del juez en el proceso civil, debe ser la de ³conductor del proceso´, no
de ³juez espectador´ que, con una actitud pasiva, se limita a dictar resoluciones y
pronunciamientos pensando únicamente en la aplicación que estime correcta de la
ley, pero alejándose de la realidad. La dirección del procedimiento se encuentra
confiada al tribunal, quien podrá tomar de oficio todas las medidas que considere
pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su
paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto.

387
ALGUNOS PROBLEMAS DE LA EJECUCIÓN FORZOSA Víctor Moreno Catena Catedrático de Derecho
Procesal Universidad Carlos III de Madrid

Es justamente en la ejecución donde el juez debe necesariamente asumir este rol
protagónico, a fin de que el ejecutante logre obtener la completa satisfacción.388

Rige en el anteproyecto el principio de completa satisfacción del ejecutante, lo que
implica que se pagará hasta con daños y perjuicios, los cuales se liquidarán en el
mismo procedimiento.389

PRESCRIPCIÓN
Art. 553.- La pretensión de ejecución prescribe a los dos años de haber
quedado firme la sentencia o resolución, del acuerdo y transacción judicial
aprobados y homologados, o del laudo arbitral cuyo cumplimiento se
pretenda.

INTERPRETACION:
La posibilidad de iniciar un proceso de ejecución, no debe de exceder los dos
años, de lo contrario esta pretensión prescribe, aunque podría solicitarse la
ejecución, so pena de que esta sea desestimada o bien cuando presente
excepción el ejecutado o de oficio por el mismo juzgado. Sobre esto, la doctrina es
un poco más bondadosa, ya que se hablan de diez años para que prescriba esta
pretensión para solicitar la ejecución, ya que considera esta como una acción
personal, y que estas prescriben en ese tiempo390.

388
Principios del proceso de ejecución..., Fernando Orellana
Torres www.librotecnia.cl/index2.php?option=com_contentdo_pdf=1id=90
389
www.fusades.org.sv/files/Content/DEL/boletin27.htm - 61k
390
Alsina, Hugo, ³Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial´, Edición 2ª,
Editorial Sociedad Anónima Editores, Argentina, 1962, Pag. 128.

CAPÍTULO SEGUNDO
TÍTULOS DE EJECUCIÓN

TÍTULOS DE EJECUCIÓN NACIONALES
Art. 554.- Para que la ejecución forzosa tenga lugar, a fin de garantizar el
resultado de un proceso, dar efectividad a la protección jurisdiccional
otorgada en el proceso declarativo, se necesita un título que la lleve
aparejada.
Son títulos de ejecución:
1º. Las sentencias judiciales firmes.
2º. Los laudos arbitrales firmes.
3º. Los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el
juez o tribunal.
4º. Las multas procesales.
5º. Las planillas de costas judiciales, visadas por el juez respectivo, contra la
parte que las ha causado, y también contra la contraria, si se presentaren en
unión de la sentencia ejecutoriada que la condena al pago.
6º. Cualesquiera otras resoluciones judiciales que, conforme a este código u
otras leyes, lleven aparejada ejecución.

INTERPRETACION:
Es procedente iniciar la ejecución, si se cuenta con título que lleve aparejada
ejecución. Esto significa que sobre estos títulos ha existido ya una declaración y
un proceso, y que dicho título debe ser sustanciado a través del poder del imperio
Estatal, ya que se necesita del control del Órgano Jurisdiccional, porque de ser
necesario se hará uso de la coercibilidad para hacerlo cumplir, a esto es que se
refiere que traigan aparejada ejecución. Se trata de títulos que generalmente
llevan inserta una obligación, y que si no es cubierta oportuna ó voluntariamente,
son de ejecución instantánea. Es decir, se realiza lo contemplado en el título de
manera inmediata y con el auspicio del Órgano Judicial.

Sobre los títulos que traen aparejada ejecución, no hay confusión alguna con los
títulos ejecutivos, ya que el Anteproyecto muy bien ha hecho en colocarlos en
forma separada e independiente, además, éstos son documentos con
características de naturaleza diferente. Esto permite establecer una diferenciación
más precisa y práctica, sobre los que son considerados títulos de ejecución, y así
poder realizar un comentario común para las sentencias de las sedes
jurisdiccionales y no jurisdiccionales, por ejemplo, las dictadas por los tribunales
de arbitraje, que son uno de los títulos de ejecución con los que se da inicio hacia
dicho proceso.

Se considera sentencias que hayan adquirido el estatus de firmes, (ya que las que
no han adquirido este estatus no pueden emplearse para estos procesos) sobre
las que no pendan resolución o proceso aún pendientes y que sean de condena.
Ya que existen sentencias de tipo declarativas en donde la parte queda satisfecha
con la sola declaración de la existencia de la relación jurídica. También existen las
de tipo constitutivo, que son las que producen por sí mismo el cambio jurídico391,
razón por la cual no se despacha ejecución.

No obstante lo anterior, sobre las sentencias de condena es necesario hacer otra
clasificación, la cual consiste en que existen sentencias nacionales y extranjeras
que buscan ser ejecutadas. Acerca de las sentencias extranjeras, se establece
que deben llenar ciertos requisitos, pero el más destacable es lo referente a si se
han establecido en base a acuerdos internacionales392 donde anticipadamente se
ha determinado la forma de ejecutarlas. Otras legislaciones hacen uso del
principio de reciprocidad393 que implica que una sentencia extranjera será

391
Montero Aroca, Juan, et. al., ³El Nuevo Proceso Civil´, O.p. Cit. pag. 654.
392
Ejemplos de convenios o tratados internacionales sobre este punto son: Convenio sobre el
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras(multilateral); Tratado entre la
República de El Salvador y el Reino de España sobre competencia Judicial, Reconocimiento y
ejecución de sentencias en materia Civil y Mercantil (bilateral); Tratado entre el gobierno de la
República de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al fomento y la
protección recíproca de inversión; Convención Interamericana sobre arbitraje comercial
internacional.
393
El Anteproyecto no hace mención de ese criterio, aunque es de hacer ver que podría operar
bajo Principios de buena fe de los Estados y la Costumbre Internacional.

ejecutada bajo los mismos términos en que el país de origen de esa sentencia
permita ejecutar sentencias provenientes de este país donde será ejecutada la
sentencia. Por último, también existe la posibilidad de que una sentencia
extranjera sea eficaz en nuestro país, siempre y cuando cumpla con una serie de
requisitos señalados en el Art. 567 del Anteproyecto, a este trámite se le denomina
³exequatur´, y tiene como principio fundamental el de cooperación internacional,
que debe operar de una manera práctica entre los Estados modernos.

TÍTULOS DE EJECUCIÓN EXTRANJEROS
Art. 555.- También son títulos de ejecución las sentencias y otras
resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin a un proceso, y los
laudos arbítrales extranjeros reconocidos en El Salvador. Dichos títulos
tendrán fuerza ejecutoria en los términos que indiquen los tratados
internacionales multilaterales, las normas de cooperación jurídica
internacional o los tratados celebrados con el país del que provengan los
títulos de ejecución.
Una vez reconocido un título de ejecución extranjero, se procederá a darle
cumplimiento conforme a las normas de ejecución forzosa contenidas en
este código, salvo que los tratados internacionales dispongan otra cosa.

INTERPRETACION:
En los extremos que significarían que se negara la condición de títulos ejecutivos
a todas las sentencias dictadas por tribunales extranjeros y reconociera en todas
esa condición sin control alguno, se encuentra en un término medio en que debe
predominar el principio de cooperación internacional en realización de la justicia.

Este término medio consiste en admitir que la posibilidad de que una sentencia
extranjera tenga plena eficacia, previo un examen de concurrencia de requisitos
elementales realizado por los tribunales propios.394

394
EL NUEVO PROCESO CIVIL; JUAN MONERO AROCA Y OTROS. 2º EDICION

Acerca de las sentencias extranjeras, se establece que deben llenar ciertos
requisitos, pero el más destacable es lo referente a si se han establecido en base
a acuerdos internacionales395 donde anticipadamente se ha determinado la forma
de ejecutarlas. Otras legislaciones hacen uso del principio de reciprocidad396 que
implica que una sentencia extranjera será ejecutada bajo los mismos términos en
que el país de origen de esa sentencia permita ejecutar sentencias provenientes
de este país donde será ejecutada la sentencia. Por último, también existe la
posibilidad de que una sentencia extranjera sea eficaz en nuestro país, siempre y
cuando cumpla con una serie de requisitos señalados en el Art. 567 del
Anteproyecto, a este trámite se le denomina ³exequatur´, y tiene como principio
fundamental el de cooperación internacional, que debe operar de una manera
práctica entre los Estados modernos.

RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS EXTRANJEROS A FALTA DE
TRATADOS INTERNACIONALES
Art. 556.- Cuando no hubiere tratados o normas internacionales aplicables al
reconocimiento de un título extranjero como título de ejecución en El
Salvador, dicho reconocimiento se podrá producir si concurren al menos los
siguientes requisitos:
1º. Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se
ha pronunciado, emane del tribunal competente según las normas
salvadoreñas de jurisdicción internacional.
2º. Que la parte demandada, contra la que se pretende realizar la ejecución,
hubiese sido legalmente emplazada, aunque fuera declarada rebelde,

395
internacional.
396
El Anteproyecto no hace mención de ese criterio, aunque es de hacer ver que podría operar
bajo Principios de buena fe de los Estados y la Costumbre Internacional.

siempre que se le hubiera garantizado la posibilidad de ejercer su defensa y
que se le hubiese notificado legalmente la resolución.
3º. Que la sentencia reúna los elementos necesarios para ser considerada
como tal en el lugar donde se dictó, así como las condiciones de
autenticidad exigidas por la ley nacional.
4º. Que la sentencia no afecte los principios constitucionales o de orden
público del derecho salvadoreño, y que el cumplimiento de la obligación que
contenga sea lícito en El Salvador.
5º. Que no exista en El Salvador un proceso en trámite, ni una sentencia
ejecutoriada por un tribunal salvadoreño que produzca cosa juzgada.

INTERPRETACION:
Siendo el reconocimiento de sentencias extranjeras un acto jurídico declarativo de
derechos (entendido como tal que si bien será a partir de su reconocimiento que
podrá ser considerado como nacional, preexiste en el ordenamiento jurídico
internacional generando efectos jurídicos en el Perú, anteriores a su
reconocimiento, tal como se reconoce en el inciso 6 de este mismo artículo), es
necesario verificar que se hayan cumplido con los requisitos formales que nuestra
legislación considera indispensable para que existan los presupuestos de un
debido proceso. Como es lógico, cada Estado puede variar sus exigencias
formales tal y como sucede con los tratados internacionales suscritos por nuestro
país en este tema, los mismos que establecen requisitos distintos a los señalados
por el Código Civil.397

El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras requiere necesariamente
pasar por una revisión por parte del país al cual se pretende hacer valer una

397
Tratado de Derecho Procesal Internacional llevado a cabo en Montevideo de 1889; articulo 5.
Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, llevado a cabo en La Habana,
Cuba en 1928; artículo 423.
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales
Extranjeros, llevado a cabo en Montevideo, Uruguay en 1979 (CIDIP 11); artículo 2.

sentencia extranjera. Para ello, cada Estado establece sus propios requisitos
formales para homologar y/o nacionalizar la sentencia y hacerla suya.
Para ello, el tribunal extranjero debe de haber sido competente para conocer el
asunto de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado y a los
principios generales de competencia procesal internacional.

El juez debe revisar es que la sentencia extranjera provenga de un Estado o
territorio en el cual sus normas de conflicto le permitan abocarse al conocimiento
de esa materia; es decir, que el equivalente sobre Normas de Derecho
Internacional Privado del país de donde provenga la sentencia será el que
establezca la competencia jurisdiccional del juez que conoció el proceso, debiendo
por tanto los jueces revisar, a efectos del reconocimiento de una sentencia
extranjera, la legislación sobre Derecho Internacional Privado de aquel Estado
para establecer la competencia de los mismos.

En su territorio y, en consecuencia, de acuerdo a sus normas de Derecho
Internacional Privado, sus jueces nacionales tengan competencia para conocer.

Sin embargo, nótese que para nuestra legislación no es suficiente que sea
competente para conocer el asunto según sus normas de Derecho Internacional
Privado, sino que esta norma debe concordarse con los principios generales de
competencia procesal internacional. Con el fin de evitar el abuso del derecho
violando principios generales, como puede ser por ejemplo: el derecho de
defensa, el juez natural, el domicilio, o algún factor de competencia jurisdiccional
relevante se pueda burlar los derechos del demandado, el legislador exige que el
juez sea competente acorde con el Derecho Internacional, entre otros.

Como es natural el concepto, los plazos y las características de la institución
jurídica denominada cosa juzgada varía de legislación en legislación, por lo que
siendo un tema con diversas interpretaciones en cuanto a su definición es que
nuestra legislación señala que debe verificarse que la sentencia sea cosa juzgada

en el concepto de la ley del proceso; esto es, que esté consentida y que no quepa
contra dicha sentencia recurso alguno que se pueda interponer, siendo imposible
su modificación por el juez nacional de cualquier jerarquía de donde proviene la
sentencia.

COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO
Art. 557.- Para el reconocimiento de las sentencias, otras resoluciones
judiciales y laudos arbítrales procedentes del extranjero será competente la
Corte Suprema de Justicia.

INTERPRETACION:
Ampliando sobre este punto (tramite del ³execuatur´), el órgano competente para
el reconocimiento de estos títulos es la Corte Suprema de Justicia a través de la
Sala de lo Civil398, quien decidirá sobre la procedencia del título, tomando como
base que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. El procedimiento para el
reconocimiento es sencillo y breve, es solicitado a instancia de parte y luego se
notifica a la parte contraria de esta situación, quien podrá hacer alegaciones
acerca de este título, que afecten o no el reconocimiento, en donde se podrá
presentar prueba por ambas partes, la que será desvirtuada en una audiencia. Si
no hace alegación acerca de este trámite y ya habiéndolo considerado la Sala de
lo Civil, se hará el reconocimiento en una resolución donde constará dicho acto, tal
resolución servirá para poder solicitar la ejecución del título.

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS EXTRANJEROS
Art. 558.- El reconocimiento deberá ser pedido por la parte a la que le
interese, mediante solicitud escrita presentada ante la Corte Suprema de
Justicia.
De esta solicitud se dará audiencia a la parte contraria, emplazándola ante la
Corte, para que pueda formular alegaciones sobre los requisitos

398

establecidos para que proceda el reconocimiento de títulos extranjeros a
falta de tratados internacionales, y proponer pruebas en el plazo de diez
días.
Cuando no se hubieran formulado alegaciones, o no se practicara prueba, la
Corte dictará sentencia haciendo reconocimiento de la resolución extranjera
y otorgándole plenos efectos, o denegando dicho reconocimiento, en el
plazo de diez días, con devolución de la ejecutoria a quien hubiera
promovido el procedimiento
Si se hubiera propuesto prueba útil y pertinente, se ordenará su práctica en
audiencia, que deberá celebrarse en un plazo que no pase de veinte días, y
concluida la cual se dictará sentencia en los términos del inciso anterior.
Contra las sentencias de la Corte no procederá recurso alguno.

INTERPRETACION:
Sobre los títulos que traen aparejada ejecución, no hay confusión alguna con los
títulos ejecutivos, ya que el Anteproyecto muy bien ha hecho en colocarlos en
forma separada e independiente, además, éstos son documentos con
características de naturaleza diferente. Esto permite establecer una diferenciación
más precisa y práctica, sobre los que son considerados títulos de ejecución, y así
poder realizar un comentario común para las sentencias de las sedes
jurisdiccionales y no jurisdiccionales, por ejemplo, las dictadas por los tribunales
de arbitraje, que son uno de los títulos de ejecución con los que se da inicio hacia
dicho proceso.

Acerca de las sentencias extranjeras, se establece que deben llenar ciertos
requisitos, pero el más destacable es lo referente a si se han establecido en base
a acuerdos internacionales399 donde anticipadamente se ha determinado la forma
de ejecutarlas.

399

La competencia se atribuye a la Corte Suprema de Justicia, a no ser que con
arreglo a lo acordado en los Tratados Internacionales, corresponda su
conocimiento a otro juzgado o tribunal.

El procedimiento inicia con una demanda escrita solicitando el reconocimiento,
acompañada fundamentalmente de la carta ejecutoriada debidamente legalizada y
las copias prevenidas.400

Si reúne los requisitos la solicitud es admitida, procediendo a dar audiencia a la
parte contraria.

TÍTULOS NO EJECUTABLES
Art. 559.- No se dará curso a ninguna solicitud de ejecución forzosa respecto
de las sentencias de mera declaración o de las sentencias constitutivas, sin
perjuicio de que se inscriban o anoten en registros públicos cuando por su
contenido lo requieran, sin necesidad de abrir la ejecución forzosa.
No obstante lo anterior, cuando estas sentencias contuvieran
pronunciamientos de condena podrá solicitarse la ejecución forzosa de los
mismos.

INTERPRETACION:
Llámese sentencias declarativas o de mera declaración, a aquellas que eliminan la
falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de
una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias
puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando afirma la existencia de

internacional.
400
LAS RESOLUCIONES EXTRAJERAS COMO TITULOS DE EJECUCION; VICTOR MORENO
CATENA

determinado efecto jurídico a favor del actor, es negativa cuando afirma ya sea a
favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico
contra ellos pretendido por la contraparte.

En realidad toda sentencia contiene una declaración de certeza como premisa
necesaria de la decisión principal, pues tanto para pronunciar una condena cuanto
para determinar las condiciones o modalidades de la relación jurídica, es
necesario que el juez declara la existencia, en el caso particular, de las
circunstancias que conducen a tales consecuencias. De allí que la característica
fundamental de esta clase de sentencias reside en que la actividad del juez se
agota en la declaración de certeza. Como ejemplos de sentencias declarativas se
puede mencionar aquellas que declaran la nulidad o la simulación de un acto
jurídico, la falsedad de un documento, el alcance de una cláusula contractual, la
adquisición de la propiedad por prescripción. 401

Respecto a las sentencias de mera declaración o de las sentencias constitutivas
no se dará curso a ninguna solicitud de ejecución forzosa sin perjuicios que se
inscriban en los registros públicos cuando por su contenido sea requerido, sin
embargo si están sentencias contengan pronunciamientos de condena si se pude
solicitar la ejecución forzosa de ellos.

LÍMITES DE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN
Art. 560.- El título de ejecución determina los límites de la actividad para
darle cumplimiento, y por consiguiente son nulas las actuaciones de
ejecución forzosa que se extiendan a cuestiones sustanciales que no
hubieran sido decididas en el proceso correspondiente o que contradigan el
contenido del título.
Dicha nulidad se podrá alegar en los recursos de revocatoria y de apelación
que se interpusieren contra la actividad ejecutiva específica.

401
www.monografias.com

INTERPRETACION:
La ejecución procesal comprende los diversos procedimientos establecidos en la
ley procesal, que tienen por finalidad primordial la realización, por parte del órgano
jurisdiccional de ese obrar físico, material y práctico al que nos hemos referido,
para dar cumplimiento efectivo a las resoluciones judiciales emitidas después de
un previo conocimiento; y en otros casos, para hacer efectivos, sin previo proceso
de conocimiento, aunque con un conocimiento limitado, ciertos títulos de crédito a
los que la ley otorga fuerza ejecutiva.402

Los fallos y demás resoluciones firmes de los Tribunales, dictados dentro de los
límites de su competencia, son de ineludible cumplimiento por los organismos
estatales, las entidades económicas y sociales y los ciudadanos, tanto por los
directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en
su ejecución vengan obligados a intervenir en la misma.403

El titulo de ejecución determina cuales son los límites de la actividad ejecutiva
para poder darle cumplimiento a la misma y por lo tanto son nulas las actuaciones
que se extienden a cuestiones sustanciales que no sean decididas en el proceso
correspondiente.

Para dicha nulidad se puede alegar el recurso de revocatoria y de apelación.

402
R. Grillo Longoria, Derecho procesal civil II, La Habana, 1979, pág. 99.
403
V. Moreno Catena, Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Barcelona,
1997, pág. 408.

CAPÍTULO TERCERO
COMPETENCIA

COMPETENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS NACIONALES
Art. 561.- La competencia para conocer de la ejecución forzosa de la
sentencia corresponde al juez que la hubiese dictado en primera instancia,
independientemente de cuál sea el tribunal que la declaró firme. Para tales
efectos, el tribunal que hubiera dictado ejecutoria en segunda instancia o
casación devolverá el expediente al inferior, dentro de los tres días
siguientes al de la notificación con certificación de la ejecutoria, haciéndolo
saber a las partes.
La competencia para conocer de la ejecución de los acuerdos y
transacciones judiciales debidamente aprobados y homologados le
corresponderá al juez ante el que se hubiere producido el acuerdo o
transacción. Cuando los acuerdos o transacciones se den en segunda
instancia o en casación, serán ejecutados por el juez que conoció en
primera, a cuyo efecto se devolverá el expediente al inferior, con
certificación de acuerdo o transacción y de su aprobación u homologación.
Para la ejecución de los laudos arbítrales será competente el juez de primera
instancia que debió conocer de la controversia sino hubiera habido arbitraje.
La ejecución de otras resoluciones judiciales que legalmente tengan la
categoría de títulos de ejecución será competencia del juez que las hubiera
dictado, salvo lo dispuesto en caso de conciliación.

INTERPRETACION:
El órgano competente para el reconocimiento de estos títulos es la Corte Suprema
de Justicia a través de la Sala de lo Civil404, quien decidirá sobre la procedencia
del título, tomando como base que se cumplan los requisitos establecidos en la

404
Anteproyecto, 568

ley. El procedimiento para el reconocimiento es sencillo y breve, es solicitado a
instancia de parte y luego se notifica a la parte contraria de esta situación, quien
podrá hacer alegaciones acerca de este título, que afecten o no el reconocimiento,
en donde se podrá presentar prueba por ambas partes, la que será desvirtuada en
una audiencia. Si no hace alegación acerca de este trámite y ya habiéndolo
considerado la Sala de lo Civil, se hará el reconocimiento en una resolución donde
constará dicho acto, tal resolución servirá para poder solicitar la ejecución del
título.

COMPETENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
Art. 562.- Para la ejecución de los títulos extranjeros reconocidos tendrá
competencia el juzgado de primera instancia del domicilio del ejecutado o, si
éste no residiere en la República, los de primera instancia del lugar en que
se encuentre la cosa que deba entregarse, o el que designe el ejecutante por
encontrarse en ese lugar los bienes que hubieran de ser embargados

INTERPRETACION:
La ejecución de los títulos extranjeros reconocidos se llevará a cabo ante el
Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona ejecutada. Si éste no
residiera en El Salvador, ante los Juzgados de Primera Instancia del lugar en que
se encuentre la cosa que deba entregarse, o ante el que designe el ejecutante por
encontrarse allí los bienes que se hubieran de embargar.405

La atribución de la competencia para conocer de una ejecución incluye el
conocimiento de todas las incidencias que surjan durante su tramitación.
El juez, o tribunal, que hubiere conocido del asunto en primera instancia será el
encargado de ejecutar la sentencia, aun cuando también hubiere conocido a
través de los recursos el órgano de apelación o casación. Se aplica un criterio de
competencia funcional en lógica correspondencia con la situación de la ejecución

405
www.web.poderjudicial.gob.

de la sentencia dentro del processus iudicii. La utilización de este criterio evita el
acudir a cualquier otra regla para identificar el juez o tribunal, incluidas las normas
de reparto de asuntos.406

EXAMEN DE OFICIO DE LA COMPETENCIA
Art. 563.- El juez ante quien se inste la ejecución deberá examinar de oficio
su propia competencia antes de despachar la ejecución. Una vez
despachada ésta, no podrá ya proceder al examen de oficio de su
competencia. Cuando aprecie la falta de competencia territorial deberá dictar
auto absteniéndose de continuar con la ejecución y señalando al competente
al que deberá dirigirse.
El auto por el que el juez se abstiene de continuar con la ejecución será
recurrible en apelación.

INTERPRETACION:
Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia
territorial y si, conforme al título ejecutivo y demás documentos que se acompañen
a la demanda, entendiera que no es territorial-mente competente, dictará auto
absteniéndose de despachar ejecución e indicando al demandante el tribunal ante
el que ha de presentar la demanda.

Una vez despachada ejecución el tribunal no podrá, de oficio, revisar su
competencia territorial.407

406
http://vlex.com/vid/presupuestos-sujetos-objeto-279804
407
www.constitucion.rediris.es/legis/2000/l01

CAPÍTULO CUARTO
LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN

PARTES EN LA EJECUCIÓN
Art. 564.- Será parte legítima en la ejecución forzosa el que la pide y también
aquel contra el que se ordena, que habrá de ser el que figure en el título
como obligado al cumplimiento.

INTERPRETACION:
El proceso de ejecución visto como la segunda parte de un juicio, debe contar con
partes procesales, es decir, quién ejecuta y contra quién o quiénes se ejecuta.
Aquí en este proceso no se estará en un supuesto en el que sea el actor quien
determine los sujetos activos y pasivamente legitimados408, ya que esa situación
está resuelta de antemano en el fallo dictado en el proceso declarativo, aunque es
de hacer notar que corresponderá al momento de despachar la ejecución, cuando
se haga una minuciosa individualización de aquellas personas contra quienes se
despachará aquella, ya que son variadas las posibilidades contra quién se puede
llevar a cabo, sin embargo esta actividad deberá ser realizada por el juez bajo el
principio de oficiosidad operante en este proceso.

En cuanto la parte actora, el Anteproyecto no ofrece mayor problema el
determinarla, aquí se pone de manifiesto el principio de literalidad del título, el cual
significa que será acreedor del título quien propiamente aparezca consignado en
el mismo. Aunque existe la posibilidad, y es válido que quien se presente a
solicitar la ejecución sea un sucesor del acreedor, por lo que si se da este caso
deberá demostrar dicha situación.

408
Sénes Montilla, Carmen, ³Disposiciones Generales de La Ejecución Forzosa´, Edición 1ª,
Editorial La Ley, España, Mayo 2000, pag. 68.

En el caso de la parte pasiva, es decir, contra quién se realizará la ejecución,
ofrece ciertas dificultades que hay que plantear. Los supuestos van desde ejecutar
a quien efectivamente aparece como condenado en la sentencia, hasta ejecutar a
terceros que nada tienen que ver en el proceso. Será parte pasiva primeramente,
quien aparezca consignado en el título como obligado al cumplimiento. Aquí
podría existir una variable que se desprenda directamente del proceso declarativo,
si para el cumplimiento de la obligación se hubiere sustituido al demandado, y por
consiguiente, fuera otra la persona quien tendría que responderle al ejecutante.

Sobre este punto también es preciso acotar que se podrá pedir ejecución en
contra del sucesor o los sucesores del obligado, previa acreditación de ésta
situación ante el juez competente. Si el ejecutante lo dispusiere, podría intervenir
en otro proceso en donde se estén ejecutando bienes de su deudor, en cuyo caso
se suspenderán las ejecuciones en el proceso que él inició.

EJECUCIÓN EN CASO DE SUCESIÓN
Art. 565.- La ejecución podrá pedirse por el sucesor del acreedor según el
título, o contra el sucesor de quien en dicho título aparezca como deudor.
Asimismo, la ejecución podrá despacharse contra los sucesores de los
obligados conforme al artículo anterior.
La sucesión deberá acreditarse en forma documental y fehaciente ante el
juez que tenga competencia para conocer de la ejecución, y que habrá de
despacharla en la forma solicitada, si estima suficientes los documentos
presentados. En otro caso, convocará a todos los implicados a una
comparecencia en la que luego de oírlos, decidirá lo que proceda, para los
exclusivos efectos de la ejecución y, por ende, sin eficacia prejudicial.

INTERPRETACION:
La ejecución podrá despacharse a favor de quien acredite ser sucesor del que
figure como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es el
sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado.

Para acreditar la sucesión, a los efectos del apartado anterior, habrán de
presentarse al tribunal los documentos fehacientes en que aquélla conste. Si el
tribunal los considera suficientes a tales efectos, procederá, sin más trámites, a
despachar la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor en razón de los
documentos presentados.

Si la sucesión no constara en documentos fehacientes o el tribunal no los
considerare suficientes, de la petición que deduzca el ejecutante se dará traslado
a quien conste como ejecutado en el título y a quien se pretenda que es su
sucesor y, oídos todos ellos en comparecencia, el tribunal decidirá lo que proceda
sobre la sucesión a los solos efectos del despacho de la ejecución.409

INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE EN OTRA EJECUCIÓN
Art. 566.- El ejecutante podrá intervenir en otra ejecución en la que se
estuvieren realizando bienes de su deudor, con suspensión de la que él
hubiera instado, previa autorización del juez competente. La intervención da
derecho a participar en la ejecución hasta que se efectúe la distribución de la
suma obtenida.

INTERPRETACION:
Son partes en la ejecución forzosa el solicitante de la misma y la persona contra la
que se ordena, que habrá de ser quien figure en el título como obligado a su
cumplimiento.

409

También podrá despacharse ejecución contra las siguientes personas, que
tendrán a todos los efectos la consideración de parte ejecutada aunque no figuren
en el título de ejecución:

Quienes sean responsables personales del cumplimiento, por disposición legal o
contractual, en este caso acreditado en forma indubitada.

Quienes sean titulares de bienes que estén especialmente afectos a la ejecución
de que se trate, ya sea en virtud de acción legal o contractual que este acreditada
en forma indubitada. Estas personas intervienen exclusivamente en relación al
bien de que se trate.410

INTERVENCIÓN DE TERCEROS
Art. 567.- Podrán intervenir en la ejecución, para la defensa de sus derechos
e intereses, aquellos cuyos bienes o derechos hubieran resultado afectables
por la ejecución, aún cuando no sean parte ejecutante ni ejecutada conforme
a este código.
La intervención alcanzará al ejercicio de todos los derechos y posibilidades
que conceda el ordenamiento jurídico para la mencionada defensa,
quedando sujetos los que la ejerzan a las obligaciones y cargas que aquél
determine.

INTERPRETACION:
En el caso de ³los terceros´, estos pueden verse involucrados en el proceso de
una forma ilícita o licita411. De la forma ilícita es cuando por error o porque se
interpretó mal por parte del juzgado que despacha la ejecución, se despacha
ejecución en contra de aquel, y quien oportunamente debería comparecer al

410
www.web.poderjudicial.gob
411
Garberí Llobregat, José et. at., ³Los Procesos Civiles, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con Formularios y Jurisprudencia´, Tomo IV, Op. Cit., Pag. 385.

juzgado y oponer excepción por falta de legitimación, pero si no se opone, la
ejecución es válida y éste tendrá que accionar en contra del deudor. Otro caso
muy común es cuando se embargan bienes creyendo que son del ejecutado, para
este caso la ley ha resuelto que sea utilizado el proceso de tercería de dominio,
que igual al caso anterior, queda a disposición del tercero interponer dicho
proceso. Se ven involucrados los terceros de una forma lícita cuando, éstos son
propietarios de bienes que se encuentran gravados especialmente para el pago de
la deuda, hipoteca, antícresis, prenda. Es así que muchas veces no es necesario
pedir la ejecución en contra del obligado, sino únicamente en contra de quien
posee el bien afectado. Otra forma de cómo podrían verse afectados terceros
sería en el caso de bienes que se encuentren en proindivisión, y al momento de la
liquidación es necesario subastarlos para la realización de estos, y del producto de
la subasta una parte será para cubrir la obligación y otra parte para lo que le
corresponda al afectado en proindivisión.

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Art. 568.- Si se trata de obligaciones solidarias, la ejecución podrá dirigirse
contra cualquiera de los deudores solidarios, siempre que figure
expresamente como condenado en el título que se pretende ejecutar por
haber sido parte en el proceso en que se dictó la sentencia.

INTERPRETACION:
Corresponde hacer mención de los obligados solidarios y los terceros. En el
primero de los casos, hay que hacer una aclaración en lo referente a la ejecución
en contra de éstos. Si el título que se pretende ejecutar es de materia civil, el
obligado solidario puede hacer uso del beneficio de excusión de bienes, que
consiste según lo dicho por Manuel Ossorio412, en un derecho concedido al fiador
a fin de no ser compelido a pagar al acreedor sin que previamente se haya dirigido

412
Ossorio, Manuel, ³Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales´, Op. Cit., pag. 82

contra los bienes del deudor principal, cuyo embargo y venta judicial debe pedir
antes de solicitarlo en contra del que dio la caución413.

Pero esta situación cambia cuando el título que se pretende ejecutar es de
materia Mercantil, en donde tal beneficio no opera para el deudor solidario o
fiador414. Pero lo que se podrá ejecutar a éste como si se estuviere ejecutando al
obligado principal. Es así que si son varios los ejecutados muy bien puede
ejecutarse a uno, a varios o a todos si así lo desea el ejecutante.

COSTAS DE LA EJECUCIÓN
Art. 569.- Las costas y gastos originados por la ejecución correrán a cargo
del ejecutante, sin perjuicio de proceder judicialmente a la liquidación
definitiva cuando se dé por finalizada la ejecución. En todo lo demás se
estará a lo dispuesto en este código.

INTERPRETACION:
La doctrina ha tratado de precisar el concepto de costas procesales. Así, Feo415
dice que las costas son ³los gastos procesales, los que aparecen del proceso
mismo y son consecuencia necesaria de él. El papel sellado, las estampillas, las
citaciones, las indemnizaciones a testigos, derechos legales de tribunales, los de
los expertos, los derechos de registro, de copias o documentos traídos al juicio, los
vehículos para la traslación de los tribunales en las actuaciones fuera de su local,
los honorarios de los abogados y procuradores y cualquiera otro gasto procesal´.

Zerpa416, señala que son ³los gastos de las partes necesarios para la debida
tramitación del proceso. Se trata de todas las erogaciones, hechas por ellas, que
guardan relación directa con el proceso y, en consecuencia, tienen su causa
413
C.C., Artículos 2106 y siguientes
414
C.Co., Art. 1540
415
FEO, Ramón F. Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil Venezolano͟ Tomo I, p. 285.
416
. ZERPA, Levis Ignacio. ͞Las Costas en el Amparo͟ en ͞Jornadas sobre el Amparo Constitucional en
Venezuela͟. Colegio de Abogados del Estado Lara, Barquisimeto, 1995, p. 182.

inmediata en éste´. Igualmente, sostiene que el concepto de costas procesales
está integrado por dos clases de gastos, a saber: a) Los honorarios profesionales
de los abogados apoderados o asistentes de las partes; y b) todas las demás
erogaciones constituidas.
.
Las costas del proceso de ejecución serán a cargo del ejecutado -en el caso que
nos ocupa del arrendatario- sin necesidad de especial imposición, sin perjuicio de
que el ejecutante hasta su liquidación deba satisfacer los gastos y costas que se
vayan produciendo, salvo que correspondan a actuaciones que se realicen a
instancia del ejecutado o de otros sujetos que deberán ser pagados por quien
haya solicitado la actuación de que se trate.

CAPÍTULO QUINTO
SOLICITUD DE EJECUCIÓN

SOLICITUD DE EJECUCIÓN
Art. 570.- La ejecución forzosa sólo podrá iniciarse a instancia de parte
ejecutante, que la solicitará por medio de un escrito en el que deberá constar
la identificación suficiente de la persona contra la que se pretenda dicha
ejecución, el titulo en que se funde, lo que se busca obtener y las
actuaciones ejecutivas que se solicitan.
En el caso de ejecución en dinero, se deberá indicar la cantidad que se
pretende, la cual podrá ser incrementada hasta en una tercera parte para
cubrir el pago de los intereses que se devenguen y las costas que se
ocasionen durante la ejecución, sin perjuicio de la liquidación posterior.

INTERPRETACION:
La ejecución forzosa como ya dijimos se inicia o debe impulsarse a instancia de
parte, por lo que el ejecutante debe plantear su pretensión en un escrito, en donde
concurran los requisitos mínimos ±al menos- para identificar a la persona contra

quien se solicita. A parte de esto debe detallar el título con el que funda su
pretensión y lo que pretende obtener de las actuaciones de ejecución.

La ejecución forzosa es una actividad prestaciones cuya realización le
corresponde al Estado, a través del Órgano Judicial417. Pero no por esto el
Órgano Judicial debe desplegar tal prestación de una forma automática o mucho
menos despachar la ejecución por el simple hecho de que se le ha presentado un
escrito acompañado de un título de ejecución. Debe controlar y ser garante de
ley, por lo que, deberá ejercer un control sobre la solicitud de ejecución que se le
presenta, y verificar si concurren los requisitos necesarios para admitirla o caso en
contrario rechazarla.

Debe ser el interesado quien plantee lo que pretende con la ejecución, porque a
partir de esto se puede inferir si verdaderamente requiere de tal auxilio judicial o
ya se da por satisfecho. Podría suceder que el obligado haya cumplido lo
establecido en el fallo en acuerdo con el ejecutante, y que el juzgado no tenga
conocimiento de esto, además con lo expuesto en el escrito presentado por el
actor, se podría guiar al juzgador a una mejor ejecución en pro de los intereses del
ejecutante. Por lo anterior, se concluye que, si bien quien debe solicitar la
ejecución, es el victorioso, ello tiene por objetivo proporcionar información o datos
al juez, que permita que se realice una ejecución adecuada y exitosa, aunque será
el juez quien dará impulso en todo lo necesario al proceso.

DESIGNACIÓN DE BIENES
Art. 571.- En la solicitud se podrá hacer mención de los bienes del ejecutado
que podrían ser afectables por la ejecución, si fueran conocidos por el
ejecutante. Si éste no conociera bienes o los que conociera no fuesen
suficientes, tendrán derecho a solicitar del tribunal las medidas de
localización de bienes previstas en este código.

417
Sénes Montilla, Carmen, ³Disposiciones Generales de La Ejecución Forzosa´, Op. Cit. pag. 85.

INTERPRETACION:
El Anteproyecto establece que en la solicitud de la ejecución se puede hacer
mención de los bienes del ejecutados que pudieran verse afectados por la
ejecución, si los mismos fueran conocidos por el ejecutante.

Si el ejecutante no conociera bienes o los que conozca no son suficientes tienen
derecho a solicitarle a tribunal correspondiente que localice los bienes mediante
las medidas de localización que han sido previstas en este código.

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Art. 572.- A la solicitud de ejecución habrá de acompañarse el título, salvo
que se trate de resolución dictada por el propio juez a quien se dirija, o de un
acuerdo o transacción aprobado u homologada por él, en cuyo caso bastará
señalar el procedimiento del que derive.
Igualmente se acompañarán cuantos documentos exija la ley, así como los
que estime el solicitante que son necesarios, útiles o convenientes para el
adecuado desarrollo de la ejecución.
Sólo se acompañará el documento acreditativo del poder del abogado
cuando éste no sea el mismo que actuó en la primera instancia. En otro
caso, bastará con remitirse a la representación ya acreditada. Cuando se
trate de la ejecución de títulos arbítrales, el poder se acompañará a la
solicitud.

INTERPRETACION:
El Anteproyecto también regula supuestos que van en función de una eficaz
prestación judicial (pronta y cumplida justicia418), en beneficio de ambas partes. Al
presentar el escrito, el actor puede poner a disposición del Juzgado datos para la

418
Cn. Art. 182 #5

realización de la ejecución, como lo serían documentos que deban acompañar la
solicitud con el objeto de establecer de mejor forma lo que se pide, para el caso si
es el sucesor de una persona quien solicita la ejecución, la solicitud deberá
acompañarse de un documento que lo acredite como legitimado para poder pedir
ejecución en nombre de otro, o si se está pidiendo ejecución a través de un título
que tuvo que pasar primero por el trámite del ³execuatur´, deberá presentarse la
resolución, donde la sala de civil declara como válido el documento con el que se
intenta la ejecución..

ACUMULACIÓN DE EJECUCIONES
Art. 573.- Se permitirá, a instancia de parte, la acumulación de las
ejecuciones seguidas contra un mismo ejecutado, conforme a lo dispuesto
en este código y en disposiciones concordantes.

INTERPRETACION:
La acumulación de ejecuciones puede ser definida como la reunión de dos o más
procesos independientes, siempre que exista entre ellos el grado de conexión
fijado en la ley, para ser tramitados conjuntamente siguiendo un mismo
procedimiento. Al igual que la acumulación de procesos declarativos, la finalidad
perseguida es lograr un mayor grado de economía procesal y evitar actividades
ejecutivas contradictorias, al tratar conjuntamente pretensiones diversas pero
conectadas entre sí.

Se prevé la acumulación, de una parte cuando están pendientes varios procesos
de ejecución entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado, a
instancia de cualquiera de las partes.

De otro lado, cuando los procesos de ejecución están pendientes frente al mismo
ejecutado, podrán acumularse a instancia de cualquiera de los ejecutantes,

siempre que el órgano judicial más antiguo lo estime conveniente para la
satisfacción de todos los acreedores concurrentes.419

Para la acumulación de procesos de ejecución en los que la actividad ejecutiva se
dirija exclusivamente sobre bienes especialmente hipotecados, será preciso que
todas las ejecuciones se sigan para hacer efectivas otras garantías hipotecarias
precisamente sobre los mismos bienes.

Para ordenar la acumulación de ejecuciones es preciso, en primer lugar, la
pendencia de dos o más procesos de ejecución, de donde la acumulación sólo
podrá acordarse desde que se haya dictado auto firme despachando ejecución y
hasta el momento en que se produzca el total cumplimiento de la obligación que
se está ejecutando.

DESPACHO DE EJECUCIÓN
Art. 574.- Presentada la solicitud, el juez dictará auto de despacho de
ejecución si concurren los presupuestos procesales establecidos en este
código, si el título no presenta ninguna irregularidad y si las actuaciones que
se solicitan son congruentes con el título, este auto no admitirá recurso.

INTERPRETACION:
Si concurrieren todos los requisitos expresados en el Anteproyecto, se despachará
la ejecución, y en lo que prosiguiere, el juez será el encargado de darle impulso a
la ejecución. Aquí en este punto del proceso es donde se configura la tutela a su
plenitud, ya que de ser necesario, el juez sin necesidad de que se lo pidiere el
ejecutante, puede ordenar diligencias en pro del beneficio de aquel, con el objeto
que obtenga lo que reclama. Recordemos que la ejecución se da por concluida
hasta en el momento que el ejecutante ve por satisfecha su pretensión.

419
ALGUNOS PROBLEMAS DE LA EJECUCIÓN FORZOSA Víctor Moreno Catena Catedrático de
Derecho Procesal Universidad Carlos III de Madrid

Los principales efectos del despacho de la ejecución son los siguientes420:
Primero, inicia el proceso de ejecución, abriendo con ello, los derechos, deberes,
cargas, posibilidades y expectativas inherentes; segundo, está sujeta el patrimonio
del ejecutado en la medida necesaria a la responsabilidad que se le exige
(principio de proporcionalidad). Acerca del primero de los efectos es adecuado
hacer una acotación, en cuanto a la notificación que deba hacérsele al ejecutado,
ya que con este acto de comunicación, se pretende poner en conocimiento a la
parte pasiva de que se está realizando un proceso en su contra. Por lo que, si éste
lo considera conducente, comparecerá en cualquier momento ante el juez a
oponerse a la ejecución o a realizar el pago de lo que se le reclama. Pero este
acto también presumirá, que el ejecutado no podrá poner fuera del alcance del
juzgado sus bienes, con el objeto de ocultarlos para que no resultaren afectos a la
ejecución, ya que de hacer esto el ejecutado podría incurrir en responsabilidades
penales.

AUTO RECHAZANDO LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN
Art. 575.- Si la solicitud no se ajustara a los requisitos de fondo expresados
en el artículo anterior, el juez rechazará in limine la ejecución mediante auto
expresamente motivado, que será susceptible de recurso de apelación.
Si la solicitud contuviera defectos y éstos fueran subsanables, el juez deberá
otorgar plazo, que no excederá de cinco días, para que el ejecutante los
subsane. Una vez subsanados se dictará auto de despacho de la ejecución.
Si no hubiera procedido a la subsanación el juez confirmará el auto de
rechazo a la solicitud.

420
Garberí Llobregat, José et. at., ³Los Procesos Civiles, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con Formularios y Jurisprudencia´, Tomo IV, Op. Cit., Pag. 464.

INTERPRETACION:
Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos
legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, dictará auto denegando el
despacho de la ejecución.

El auto que deniegue el despacho de la ejecución será directamente apelable,
sustanciándose la apelación sólo con el acreedor. También podrá el acreedor, a
su elección, intentar recurso de reposición previo al de apelación.421

Una vez firme el auto que deniegue el despacho de la ejecución, el acreedor sólo
podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente, si no
obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia o resolución firme en que se hubiese
fundado la demanda de ejecución.422

CONTENIDO DEL DESPACHO DE EJECUCIÓN. IMPULSO DE OFICIO
Art. 576.- El despacho de ejecución determinará con precisión la persona
contra la que se dirige, la cantidad por la que se sigue, las actuaciones que
se ordenan, incluido el embargo de bienes, y las medidas de localización de
elementos patrimoniales del deudor. El juez, si lo considera procedente para
un desarrollo más adecuado de la ejecución, hará en su resolución cuantas
precisiones estime oportunas.
En adelante, el juzgador impulsará de oficio el procedimiento, ordenando las
actuaciones que fueren necesarias para que el ejecutante reciba lo que le
corresponda.

INTERPRETACION:
El auto en que se despache ejecución deberá contener los siguientes extremos:

421
www.minjusticia.cl
422

La determinación de la persona o personas frente a las que se despacha
ejecución; si se despacha en forma solidaria o mancomunada y cualquier otra
precisión que, respecto de las partes o del contenido de la ejecución, resulte
procedente realizar.

En su caso, la cantidad por la que se despacha ejecución.

Las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan.

Las actuaciones judiciales ejecutivas que proceda acordar, desde
ese momento, incluido, si fuere posible, el embargo de bienes
concretos.

El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor,
en los casos en que la ley establezca este requerimiento.

El auto que despache ejecución, con copia de la demanda ejecutiva, será
notificado al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las
ulteriores actuaciones.423

NOTIFICACIÓN DEL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN AL EJECUTADO
Art. 577.- El despacho de la ejecución, junto con una copia de la solicitud y
de sus documentos, se notificará al ejecutado, sin citación ni
emplazamiento, para que pueda comparecer en cualquier momento y se
entiendan con él las sucesivas actuaciones.

423

INTERPRETACION:
Partiendo de la experiencia nacional, al tener conocimiento el ejecutado que existe
una ejecución en su contra, toma medidas conservatorias de sus bienes, ya sea
enajenándolos, ocultándolos o impidiendo el acceso hacia estos, por lo que deben
tomarse acciones de ejecución, efectivas e inmediatas, más que todo para los
casos en donde la naturaleza del título es pecuniaria y se pide el embargo de
bienes del deudor y no tanto para los casos en que el título es de naturaleza no
pecuniaria por lo que es necesaria la comparecencia del demandado.

Se hace énfasis en este punto de la notificación al demandado, porque con este
acto él estará sabedor de lo que se avecina, y para el caso del embargo de bienes
muebles (de fácil ocultación), cuenta mucho para el éxito de esta diligencia, el
factor sorpresa, el cual se perdería con la notificación al demandado, ya que
podríamos encontrarnos con un ejecutado en alerta, preparado para entorpecer la
diligencia.

EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN AL EJECUTADO
Art. 578.- El inicio de la ejecución, notificado al deudor, supone la orden
judicial que le impide disponer de sus bienes y derechos, limitarlos o
gravarlos sin autorización judicial; y esto deberá asegurarse mediante la
anotación en los registros públicos correspondientes, si a ello hubiere lugar.
Cumplida la obligación de manifestación de bienes suficientes, se alzará la
prohibición general de disponer.
De no existir bienes suficientes, serán nulos todos los actos de disposición
o renuncia efectuados por el ejecutado desde el momento en que se solicite
el inicio de la ejecución.

INTERPRETACION:
La ejecución contendrá la orden judicial al deudor de no poder disponer, limitar o
gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial, orden que se anotará en los

registros públicos correspondientes, si a ello hubiere lugar. Cumplida la obligación
de manifestación de bienes suficientes, se levantará la prohibición general de
disponer.

No surtirá efecto alguno en perjuicio del ejecutante, o de los responsables
solidarios o subsidiarios del ejecutado, la disposición a título gratuito, o la renuncia
de los bienes o derechos embargados, hecha por el ejecutado titular de aquéllos
durante la subsistencia del embargo.

De no existir bienes suficientes, serán nulos todos los actos de disposición o
renuncia efectuados por el ejecutado desde el momento en que se solicite el inicio
de ejecución.424

CAPÍTULO SEXTO
OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN. MOTIVOS
Art. 579.- Si el ejecutado compareciere dentro de los cinco días siguientes al
de la notificación del despacho de la ejecución, podrá formular, mediante
escrito, oposición a la ejecución, por falta de carácter o calidad del
ejecutante o del ejecutado, o de representación de los mismos; por falta de
requisitos legales en el título; por el pago o cumplimiento de la obligación,
justificado documentalmente; por haber prescrito la pretensión de ejecución;
o por la transacción o acuerdo de las partes que consten en instrumento
público.

424
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INTERPRETACION:
Los motivos por los que procede son: la falta del carácter, representación o
legitimación del ejecutante o del ejecutado, la falta de requisitos legales en el
titulo, el pago o cumplimiento de la obligación justificado documentalmente, la
prescripción de la pretensión de la ejecución, la transacion o acuerdo de las partes
cuando figure en un documento público.

Para alegar su oposición el ejecutado deberá comparecer en los cinco días
siguientes a la notificación del despacho de la ejecución, entonces, podrá formular,
mediante escrito, oposición a la ejecución.

SUSTANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN. AUDIENCIA
Art. 580.- La oposición se sustanciará, sin suspensión de las actuaciones, en
una audiencia a la que serán citadas todas las partes personadas para que
acudan con los medios de prueba de que intenten valerse, y que deberá
celebrarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación.
Si el ejecutante no comparece a la audiencia, se decidirá sobre los motivos
de oposición sin escucharle. Si no comparece el ejecutado, se entenderá que
ha desistido de la oposición, y el juez adoptará las medidas pertinentes para
continuar con la ejecución, condenándole a las costas procesales causadas
y a indemnizar por daños y perjuicios al demandante, si éste lo solicitara y
los acreditara.

INTERPRETACION:
La oposición se sustanciara, sin suspensión de las actuaciones, en una
comparecencia a la que serán citadas todas las partes personadas para que
acudan con los medios de prueba de que intenten valerse, y que deberá
celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

En el caso de que el ejecutante no comparece, se decidirá sobre los motivos de la
oposición sin escucharle. Si quien no comparece es el ejecutado, se entenderá
que ha desistido de la oposición y el juez adoptara las medidas pertinentes para
continuar con la ejecución, le condenara a las costas causadas y a indemnizar por
daños y perjuicios al ejecutante si este los solicita y los acreditara.425

ALEGACIÓN DE DEFECTOS PROCESALES
Art. 581.- La audiencia comenzará con la exposición del demandante sobre
los defectos procesales que se hubieran alegado como motivo de oposición,
debiéndose practicar la prueba que en el momento se admita. El juez
resolverá sobre los motivos de oposición, y, si fueren defectos subsanables,
se concederá al ejecutante, la posibilidad de subsanarlos en un plazo de
cinco días.
Si los defectos no fueran subsanables o no se hubieran subsanado en el
plazo concedido, el juez dictará auto que deje sin efecto la ejecución, ordene
que el ejecutado vuelva al estado anterior al inicio de ésta, alce las medidas
adoptadas contra su patrimonio y condene en costas al ejecutante, así como
a la indemnización por daños y perjuicios causados al ejecutado.
Si el juez desestima los motivos de oposición procesal o se subsanan los
defectos en plazo, se pasará al examen de la oposición por motivos de
fondo.
Si no se hubiera articulado esta clase de oposición, el juez dictará auto
ordenando continuar la ejecución e imponiendo las costas del incidente de
oposición al ejecutado.

INTERPRETACION:
Si se alegara defectos procesales, la audiencia comenzara escuchando a las
partes, por su orden, sobre los defectos procesales que se hubieren alegado como
motivos de oposición, y practicando la prueba que en su momento se admita,
entonces resolverá el juez sobre los motivos de oposición, y si los defectos son

425
LA EJECUCION EN EL PROCESO CIVIL ORAL. DR. Guillermo Alexander Parada Gámez

subsanables, se concederá al ejecutante la posibilidad de subsanarlos en el plazo
de cinco días.426

Si los defectos no son subsanables o no se subsanaran dentro del plazo, el juez
dictara el auto correspondiente, dejando sin efecto la ejecución, ordenando
reponer al ejecutado al estado en el cual se encontraba al inicio de la misma,
alzando las medidas adoptadas contra su patrimonio, y condenara en costas al
ejecutante, así como también lo condenara a que indemnice en daños y perjuicios
causados al ejecutado

OPOSICIÓN DE FONDO
Art. 582.- Desestimada la oposición por motivos procesales, se pasará a
resolver la oposición de fondo. Las partes tomarán la palabra por su orden
para hacer las alegaciones que estimen oportunas y practicar la prueba que
admita el juez en el momento.
Si se advirtiera algún defecto subsanable en la oposición, se aplicará lo
dispuesto en el artículo anterior.
Si se desestima la oposición de fondo, el juez mandará por auto que
continúe adelante la ejecución, condenando al ejecutado en las costas de la
oposición.

INTERPRETACION:
En el caso de la oposición de fondo, las partes tomaran las palabras en el orden
en que hacen las alegaciones que consideren oportunas y practicaran la prueba
que en su momento admita el juez.

Si se advierte algún defecto subsanable en la oposición, se aplica lo dispuesto
para la oposición por motivos procesales.427

426
LA EJECUCION EN EL PROCESO CIVIL ORAL. DR. Guillermo Alexander Parada Gámez

En el caso que se desestime la oposición de fondo, el juez dispondrá que siga
adelante la ejecución, condenando al ejecutado en las costas de la oposición.

OPOSICIÓN POR FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL
Art. 583.- El ejecutado que alegare la falta de competencia territorial deberá
hacerlo dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del despacho
de la ejecución.
Esta oposición se sustanciará conforme a lo dispuesto en el libro primero de
este código.

INTERPRETACION:
Cuando lo que se alegue es la falta de competencia por razón del territorio el
ejecutado debe hacer valer esta excepción dentro de los cinco primeros días
contados a partir al día siguiente a la notificación.

La oposición por falta de competencia territorial será sustanciada conforme a lo
dispuesto en el Régimen de audiencia.

RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN
Art. 584.- Contra el auto que desestime los motivos de oposición alegados
podrá interponerse recurso de apelación, que no suspenderá el curso de la
ejecución.
Contra el auto que estime los motivos de oposición alegados se podrá
interponer recurso de apelación; y durante la sustanciación el solicitante
tendrá derecho a pedir que se mantengan las medidas ejecutivas adoptadas
en relación con el patrimonio del ejecutado. El juez lo acordará si el

427
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ejecutante presta caución suficiente para garantizar la indemnización por
daños y perjuicios que se causaren al ejecutado.

INTERPRETACION:
En cuanto a los recursos, contra el auto que desestime los motivos de la oposición
alegados, se deberá interponer el recurso de apelación, el cual, no suspenderá el
curso de la ejecución.428
Contra el auto que desestime la oposición cabrá interponer recurso de apelación

El ejecutante podrá solicitar que se mantengan las medidas ejecutivas adoptadas,
debiendo prestar caución suficiente para garantizar la indemnización por daños y
perjuicios que causara el ejecutado.

.Contra el auto que estime la oposición cabrá interponer recurso de apelación, y
durante su sustanciación el ejecutante podrá solicitar que se mantengan las
medidas ejecutivas adoptadas en relación con el patrimonio del ejecutado. El juez
lo acordará si el ejecutante presta caución suficiente para garantizar la
indemnización de los daños y perjuicios que se causaren al ejecutado.429

OPOSICIÓN A CONCRETAS ACTUACIONES EJECUTIVAS
Art. 585.- El ejecutado podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas
que excedan o contradigan el título que infrinjan la ley, mediante el recurso
de revocatoria o el de apelación cuando lo establezca expresamente este
código.
Si la actuación diera lugar a la nulidad, se estará a lo establecido en este
título en lo referente a los límites de la actividad de ejecución.

428
429
www.web.poderjucial.gob

Si se trata de infracciones legales, y a la falta de resolución expresa, el
ejecutado podrá presentar un escrito en el que se señale la medida
propuesta para remediar la infracción.

INTERPRETACION:
En la oposición a concretas actuaciones ejecutivas pueden plantearse las que
excedan o contradigan el titulo, las que infrinjan la ley.

Tratándose de infracciones legales, podrá presentar un escrito un escrito sino
existiera una resolución expresa señalando en él la medida que se propone para
remediar la infracción legal.430

El ejecutado podrá oponerse a concretas actuaciones ejecutivas que excedan o
contradigan el título, o que infrinjan la ley, por medio del recurso de reposición y
podrá interponer el de apelación cuando lo establezca expresamente este Código.

Tratándose de infracciones legales, podrá presentar un escrito si no existiera
resolución expresa, señalando la medida que se propone para remediar la
infracción legal.431

CAPÍTULO SÉPTIMO
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN. REGLA GENERAL
Art. 586.- La ejecución sólo podrá suspenderse, mediante auto dictado al
efecto, cuando lo soliciten todas las partes personadas o cuando lo ordene
expresamente la ley, sin perjuicio de que se mantengan las medidas
necesarias para garantizar las actuaciones ejecutivas adoptadas. En caso de

430
431
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suspensión antes de decretarse ésta se cumplirán las medidas ejecutivas
adoptadas.
La interposición de los recursos establecidos por la ley contra las
actuaciones ejecutivas no suspenderá el curso de la ejecución.
Excepcionalmente, el juez podrá acordar la suspensión a pedido del
ejecutado, cuando éste acredite que el no suspenderla le acarreará daños de
difícil reparación y siempre que preste caución suficiente para asegurar la
eventual indemnización por los daños y perjuicios que la suspensión
pudiera causarle al ejecutante.

INTERPRETACION:
La regla general es que la ejecución solo podrá suspenderse: cuando lo soliciten
todas las partes personadas, cuando sea expresamente ordenado por la ley.

Sin perjuicio de que se mantengan las medidas necesarias para garantizar las
actuaciones ejecutivas adoptadas, y además se deberá cumplir con las medidas
ejecutivas adoptadas antes que se decrete la suspensión de la ejecución.

La interposición de los recursos establecidos por la ley contra las actuaciones
ejecutivas no suspenderá el curso de la ejecución.

Sin embargo, con excepción el juez puede acordad la suspensión de la ejecución
a petición del ejecutado, quien deberá acreditar que la no suspensión le va a
causar daños de los cuales le será difícil su reparación, y procede siempre que
preste la debida caución suficiente para asegurar la eventual indemnización al
ejecutante de los daños y perjuicios que deriven de la suspensión.

SUSPENSIÓN EN CASO DE PLANTEAMIENTO DE PROCESO DE
REVISIÓN
Art. 587.- Una vez dictado el auto de despacho de la ejecución forzosa, esta
no se suspenderá por el hecho de que se inicie un proceso de revisión. No
obstante, el tribunal tiene facultad para acordar la suspensión cuando así lo
solicitare el ejecutado, si concurre causa justificativa suficiente en el caso
concreto y que se preste caución bastante para responder de los daños y
perjuicios que se puedan causar al ejecutante.
Si la demanda de revisión fuera desestimada, en cuanto se tenga
conocimiento de éste hecho se alzará la suspensión se ordenará que
continúe la ejecución, y se decidirá los procedente sobre la caución
prestada.
Si se estima la demanda de revisión, el tribunal mandará archivar las
actuaciones ejecutivas en cuanto se le comunique este hecho, y ordenará
que se adopten las medidas oportunas para hacer volver al ejecutado a la
situación anterior al inicio de la ejecución.

INTERPRETACION:
El inicio de un proceso de revisión no acarrea la suspensión de la ejecución,
excepto cuando el ejecutado establezca la concurrencia de una causa bastante
que justifique la suspensión de la ejecución en el caso concreto, en cuyo caso
debe presentarse caución suficiente para responder por los daños y perjuicios que
pudiera causar al ejecutante.

Si la demanda de revisión fuera desestimada, inmediatamente se alzara la
suspensión y se ordenara que continúe la ejecución y se resolverá sobre lo
procedente en relación con la caución que se preste.

Si es estimada la demanda de revisión el juez mandara a archivar las actuaciones
ejecutivas tan pronto como le sea comunicado este hecho, y ordenara que se

adopten las medidas oportunas para reponer al ejecutado la situación anterior al
inicio de la ejecución.

REGLA ESPECIAL EN CASO DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA
DICTADA EN REBELDÍA
Art. 588.- Si la demanda de revisión la interpone el demandado rebelde, el
archivo de las actuaciones sólo procederá cuando se hubiese estimado la
revisión y hubiera sentencia favorable en el proceso posterior que se siga
con audiencia del demandado.
Si el posterior proceso seguido con audiencia del demandado termina en
sentencia desfavorable, se aprovechará, en lo que sea posible, la actividad
de ejecución realizada en función de la sentencia revisada.

INTERPRETACION:
Si la demanda de revisión es interpuesta por el demandado rebelde el archivo de
las actuaciones de la ejecución solo va a proceder cuando, además de que la
revisión sea estimada, se dicte una sentencia absolutoria en el proceso posterior
que se siga en la audiencia con el demandado.

Si el posterior proceso seguido junto con la audiencia del demandado termina con
sentencia condenatoria, se va a aprovechar en lo que sea posible la actividad de
la ejecución desplegada al amparo de la sentencia que ha sido revisada.

SUSPENSIÓN EN CASO DE PREJUDICIALIDAD PENAL
Art. 589.- Si se iniciara un proceso penal por hechos delictivos relacionados
con el título o con el despacho de ejecución, se podrá decretar la
suspensión de ésta, previa audiencia de todas las partes y del Fiscal General
de la República. No obstante, en el caso de que se decrete la suspensión,
podrá el ejecutante evitarla si presta caución suficiente a juicio del juez, para

responder de lo que obtenga y de los daños y perjuicios causados al
ejecutado.
En caso de que se suspendieran las actuaciones o el proceso penal
finalizara por resolución en la que conste la inexistencia del hecho o su
carácter no delictivo, el ejecutante podrá pedir la indemnización por los
daños y perjuicios que la suspensión le hubiera causado.

INTERPRETACION:
Esto consiste en que si se iniciara un proceso penal por hechos delictivos
relacionados con el titulo ejecutivo o con el despacho de la ejecución se podrá
decretar la suspensión de la ejecución, previa audiencia de todas las partes, y del
Fiscal General de la República.

En el caso que sea decretada la suspensión de la ejecución, podrá el ejecutante
evitar dicha suspensión si presta caución suficiente a juicio del juez para
responder de lo que obtenga y de los daños y perjuicios que le cause al ejecutado.

Si las actuaciones son suspendidas o el proceso penal finaliza por resolución en la
cual consta la inexistencia del hecho o su carácter no delictivo, el ejecutante
puede solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios que le causare la
suspensión de la ejecución.

CAPÍTULO OCTAVO
EJECUCIÓN CONTRA EL ESTADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Art. 590.- Cuando se pida la ejecución de una sentencia que condene al
Estado, a un municipio o a una institución oficial autónoma al pago de
cantidades líquidas, el juez remitirá el auto de despacho de la ejecución al
funcionario que corresponda, así como a cualquier otro que indique la ley de

la materia, a fin de que libren y autoricen las órdenes de pago con cargo a
las partidas correspondientes del presupuesto general vigente.
Si no fuere posible cargar la orden de pago al presupuesto vigente, el
funcionario que corresponda propondrá que en el presupuesto general de
gastos del año siguiente se incluyan las asignaciones o partidas necesarias
para el pago de lo ordenado en la sentencia ejecutoriada.
El incumplimiento de lo prescrito en este artículo será responsabilidad
personal del funcionario infractor. Además, la afectada podrá deducir ante
los tribunales e instancias competentes la ilegalidad de la omisión.

INTERPRETACION:
Cuando se solicite la ejecución de una sentencia en la cual se condene al Estado,
los Municipios, las instituciones oficiales autónomas, o semiautónomas, empresas
estatales o sociedades de economía mixta, al pago de cantidades liquidas, el juez
remitirá el auto de despacho de la ejecución al Ministro del Ramo respectivo, al
Presidente de la Corte de Cuentas de la República o al Municipio, en su caso,
como a cualquier funcionario que determine la ley de la materia, a fin de que libren
y autoricen las órdenes de pago con cargo a las partidas correspondientes del
Presupuesto General vigente.

Si no es posible cargar la orden de pago al Presupuesto actual, el Ministro del
Ramo propondrá que se incluyan las asignaciones o partidas necesarias para el
pago de lo ordenado en la sentencia ejecutoria en el Presupuesto General de
Gastos del año siguiente.
El incumplimiento a la orden de pago será responsabilidad personal del respectivo
Ministro. Además la parte afectada podrá deducir ante los tribunales e instancias
competentes la ilegalidad de la omisión.

LEGITIMACIÓN
Art.591.- Intentada la ejecución de una sentencia pronunciada en contra del
Estado, o la ampliación de la misma según sea el caso, el Fiscal General de
la República intervendrá en el trámite por medio de algún delegado,
quedándole expedito en todo momento el derecho de allanarse u oponerse
según se considere procedente.
Cuando se trata de los municipios o de las instituciones oficiales
autónomas, intervendrá la persona quien conforme a la ley ejerza la
representación de los mismos.

INTERPRETACION:
La legitimación de la ejecución contra el Estado la poseerá el Fiscal General de la
República, quien va intervenir en el trámite por medio de algún delegado,
quedándole expedido en todo momento el derecho de allanarse u oponerse según
considere procedente.

Al tratarse de los Municipios, las instituciones autónomas o semiautónomas,
empresas estatales y las sociedades de economía mixta, va intervenir quien
conforme a la ley ejerza la representación de los mismos.

TÍTULO SEGUNDO
LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

TÍTULOS PROVISIONALMENTE EJECUTABLES
Art. 592.- Podrán ser ejecutadas provisionalmente, en tanto se sustancian
los recursos interpuestos contra ellas, todas las sentencias de condena
dictadas por tribunales de la República en los procesos civiles y mercantiles,
salvo las que impongan realizar una declaración de voluntad.
También podrán ser ejecutados provisionalmente los pronunciamientos de
condena contenidos en sentencias constitutivas o meramente declarativas.

Las sentencias extranjeras que no hubieran alcanzado firmeza se podrán
ejecutar provisionalmente cuando así lo disponga el tratado internacional
aplicable al caso.

INTERPRETACION:
Son títulos provisionalmente todas las sentencias de condena dictadas por
tribunales de la República en los procesos civiles y mercantiles, salvo aquellos que
impongan realizar una declaración de voluntad.

Los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias constitutivas o
meramente declarativas.

Las sentencias extranjeras que no hayan alcanzado firmeza se podrán ejecutar
provisionalmente cuando así lo disponga el tratado internacional que resulte de
aplicar.

Un amplio sector doctrinal se inclina por no considerar provisionalmente
ejecutables los autos finales, estimando que sólo la sentencia, no otro tipo de
resolución, que se haya pronunciado sobre el fondo, de condena y al menos
estimatoria en parte es susceptible de ser provisionalmente ejecutada, y ello con
arreglo a la propia literalidad de los preceptos que regulan la institución.

MUERZA432, por el contrario, entiende que cabe la ejecución provisional de los
autos comprensivos del acuerdo alcanzado por las partes y homologado por el
juez, con base en que en la regulación del recurso de apelación, el legislador
cuando se refiere a la ejecución provisional, lo hace concretándola en las
sentencias y en los autos, aunque añade que fuera de esté supuesto, las
resoluciones típicas susceptibles de ejecutarse provisionalmente son las
sentencias.

432
MUERZA ESPARZA, J. En Comentarios a la LEC, cit., pág. 89.

SOLICITUD DE EJECUCIÓN Y COMPETENCIA
Art. 593.- La ejecución provisional sólo se iniciará por solicitud de la parte
que hubiera obtenido un pronunciamiento favorable, y se llevará a efecto por
el juez que hubiere resuelto en primera instancia, cualquiera que sea la
instancia o grado en que se halle el proceso, con los mismos trámites de la
ejecución de sentencias firmes.
La solicitud podrá formularse en cualquier momento desde que conste la
pendencia de un recurso y antes de que se dicte sentencia en él.
Cuando se solicite la ejecución y los autos se encuentren ante otro tribunal,
se recabará de éste certificación de lo necesario para llevarla a efecto,
acompañando el pedido a la solicitud. Si se solicita antes de que los autos
pasen a otro tribunal, quedará en el juzgado certificación de lo necesario
para proceder a la ejecución.

INTERPRETACION:
Únicamente se iniciara a solicitud de la parte que hubiera obtenido un
pronunciamiento favorable. La solitud se podrá formular en cualquier momento
desde que conste la pendencia del recurso y antes de que se dicte sentencia en
el.

Su tramite será por los mismos que la ejecución de sentencias firmes, y se llevara
a efecto por el juez que resuelva en primera instancia o grado en que se halle el
proceso.

Si se solicita la ejecución y los autos se hallan ante otro tribunal se recabara
certificación de lo necesario para llevarla a efecto, acompañándolo a la solicitud.
Si se solicita antes de este momento, quedara en el juzgado testimonio de lo
necesario para proceder a la ejecución.

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
Art. 594.- Como regla general, el solicitante de ejecución provisional no
estará obligado a prestar garantía o caución para asegurar los posibles
perjuicios que se le podrían causar al ejecutado en caso de revocación de la
sentencia.
No obstante lo anterior, a la vista de la capacidad económica del solicitante
de ejecución, el juez decidirá, atendidas las circunstancias del caso, si debe
prestar garantía previa al inicio de la ejecución provisional, en qué forma
podrá hacerlo y en qué cuantía. La cuantía que se fije será proporcional a la
capacidad económica del solicitante.
Si la sentencia resultara total o parcialmente revocada, cualquiera que fuera
la causa, deberá responder el ejecutante de todos los daños y perjuicios
producidos al ejecutado, que podrán ser exigidos de inmediato en el mismo
proceso.

INTERPRETACION:
Como regla general el solicitante de ejecución provisional no estará obligado a
prestar garantía o caución para asegurar los posibles perjuicios que se le podrían
causar al ejecutado en caso de revocación de sentencia.

Sin embargo a la vista de la capacidad económica del solicitante de ejecución, el
juez decidirá, atendidas las circunstancias del caso, si debe prestar garantía previa
al inicio de la ejecución provisional, en qué forma podrá hacerlo y en qué cuantía.
La cuantía que se fije deberá ser proporcional a la capacidad económica del
solicitante.

En caso que la sentencia resultara total o parcialmente revocada, el ejecutante
deberá responder a todos los daños y perjuicios causados al ejecutado, que
podrán ser exigidos de inmediato en el mismo proceso.

DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL. RECURSOS
Art. 595.- Si se trata de un título ejecutable provisionalmente, el juez dictará
auto de despacho de la ejecución provisional, si ésta fue solicitada en
tiempo y se prestó la garantía fijada, en su caso.
Contra el decreto que ordene la ejecución provisional no procederá recurso
alguno. Contra el que la deniegue puede recurrirse en apelación.

INTERPRETACION:
Se ordena al juez despachar la ejecución una vez solicitada, de donde resulta el
carácter ope legis del modelo de ejecución provisional establecido. La resolución
por la que se acuerde despachar la ejecución debe revestir la forma de auto y
posiblemente debe acordarse la formación de pieza separada, pese a que la Ley
guarde silencio sobre este particular, como ha indicado la doctrina433. El despacho
de la ejecución se adopta sin audiencia del ejecutado, aunque se le notifique dicha
resolución, si bien sin citación ni emplazamiento.

434
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS ha sugerido la conveniencia de incluir en el auto
requerimiento de pago al ejecutado para paliar la inseguridad jurídica en que se
encuentra el deudor.

En orden a despachar o denegar la ejecución provisional instada, el juez debe
vigilar, incluso de oficio, la confluencia de las exigencias que condicionan su
despacho. Así debe comprobar además de las formalidades de la propia
demanda, que se han aportado los documentos que deben acompañarla, y que
concurren los presupuestos y requisitos procesales generales tales como los
relativos a competencia, capacidad, representación, postulación, etc., art.

433
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., La ejecución forzosa..., cit., pág. 155; ARROYO
GARCÍA., Comentarios prácticos..., cit., pág. 502.
434
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., La ejecución forzosa..., cit., pág. 156.

debiendo vigilar también que el título no adolezca de irregularidad formal y que los
actos de ejecución pedidos son acordes con la naturaleza y contenido del título.

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL
Art. 596.- El ejecutado podrá oponerse a la ejecución cuando no se hubieran
cumplido los requisitos exigidos en el artículo anterior.
El ejecutado también podrá alegar, como oposición, la extrema dificultad o la
imposibilidad de devolver las cosas al estado en que se encontraban antes
de las actuaciones ejecutivas, o pedir que se le asegure la indemnización si
la sentencia fuera revocada.

INTERPRETACION:
La primera de las causas de oposición aludida gira en torno a la idea de infracción
de ciertos requisitos, por el contrario la 1º y la 3º giran en torno a la idea de
irreversibilidad del perjuicio, si bien en aquel caso respecto de la ejecución
provisional, y en este respecto de actuaciones ejecutivas concretas, puede
observarse también que así como en el caso de la condena no dineraria el
precepto alude a términos como imposibilidad o extrema dificultad, en el de la
condena dineraria la norma alude a situaciones absolutamente imposibles de
restaurar o de compensar... . De donde se desprende obviamente las menores
posibilidades de prosperabilidad de la oposición en el caso de ejecución
provisional de sentencias dinerarias al exigirse la absoluta imposibilidad de
restaurar o compensar económicamente.435

El ejecutado provisionalmente tiene la facultad de articular la oposición propia de
la ejecución ordinaria, concretamente se indica que la existencia de estas causas
específicas de oposición a la ejecución provisional, unido a la remisión a lo

435
La ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución ...

previsto para la ejecución ordinaria, no excluye la oposición prevista para esta
última y la impugnación de los actos de ejecución contrarios a la Ley o al título.436

Siendo el título judicial, cual sucede en la ejecución provisional, los motivos de
oposición de que se trata habrían de referirse al pago o cumplimiento, caducidad
de la acción ejecutiva y los pactos y transacciones convenidos para evitar la
ejecución que consten en documento público, y es desde luego escasa la
posibilidad de que concurra alguno de los motivos citados, pero aun siendo así no
puede descartarse que se dé alguno de ellos.437

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL EN EJECUCIONES DE
PAGO DE DINERO
Art. 597.- Si la condena fuera dineraria, la oposición no podrá dirigirse contra
la totalidad de la ejecución, sino que debe estar referida a actuaciones
ejecutivas concretas del procedimiento, cuando el ejecutado considere que
dichas actuaciones pueden causar una situación imposible de revertir o de
compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y
perjuicios.
En este caso, el ejecutado deberá señalar, en el escrito de oposición,
medidas alternativas que resulten posibles y no proveen situaciones
similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se
opone.
Cuando el juez estime fundada la oposición pero no acceda a las medidas
alternativas propuestas, el ejecutado ofrecerá garantía suficiente para
asegurar la indemnización por daños y perjuicios que pueda sufrir el

436
HERNÁNDEZ VERGARA, A., La ejecución provisional..., cit., pág. 432; ARMENTA DEU, T., La
ejecución..., cit., pág. 109; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Los procesos..., cit., pág. 29.
437
HERNÁNDEZ VERGARA, A., señala el supuesto de pacto en documento
público en que los litigantes convienen en no exigirse la ejecución provisional,
pese a lo cual uno de ellos la insta.

ejecutante debido al retraso en la ejecución, si la sentencia resulta
confirmada en el recurso.

INTERPRETACION:
Tratándose de ejecución provisional de sentencia o pronunciamiento de condena
dineraria, una vez cumplidos los presupuestos y requisitos procesales
correspondientes la ley limita en estos casos la oposición del ejecutado
exclusivamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio
y ello para el caso de que tales actuaciones causaran una Situación
absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante
el resarcimiento de daños y perjuicio.

La oposición se articula, por lo tanto, sobre la base de la absoluta imposibilidad de
restauración o de indemnización que ocasione actividad ejecutiva concreta del
procedimiento de apremio.
A tal fin el opositor asume la carga de acreditar el perjuicio que aquella ha de
producirle así como su absoluta irreparabilidad tanto respecto de la restauración
de la situación anterior como de la compensación.438

La admisión de la oposición requiere por tanto el cumplimiento simultáneo de
ambos requisitos, así lo entienden la mayoría de los autores439, aunque otros
consideran440 que la inadmisión de plano de la oposición sólo es posible cuando
no se ofrecen medidas alternativas ni tampoco caución, por lo que parece que
bastaría con uno u otro ofrecimiento para que la oposición fuese admisible.

438
La ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución ...
439
ARMENTA indica que el ejecutado deberá señalar otras medidas ejecutivas concretas y
ofrecer caución suficiente; ARMENTA DEU, T., La ejecución..., cit., pág. 111.
440
HERNÁNDEZ VERGARA, A., La ejecución..., cit., págs. 438-439.

SUSTANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN
Art. 598.- El escrito de oposición, al que se acompañarán los documentos
que él estime pertinentes, deberá presentarse en el plazo de cinco días
contados desde siguiente al de la notificación del despacho de la ejecución
o de la concreta actividad ejecutiva.
Se dará audiencia al ejecutante, y se citará a todas las partes a una
audiencia, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes al de la
notificación, y a la que deben acudir con los medios de prueba de que
intenten valerse.
En la audiencia, las partes alegarán lo que consideren pertinente y
practicarán la prueba que en el acto aporten y que el juez admita,
debiéndose dictar a continuación la resolución que resulte procedente.

INTERPRETACION:
La sustanciación de la oposición a la ejecución provisional; con arreglo al referido
precepto el ejecutado que pretenda oponerse a la misma debe presentar escrito
en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución por la que
se despache la ejecución provisional o desde la notificación de la resolución en la
que se acuerde la actividad ejecutiva concreta que se pretenda impugnar, dicho
escrito ha de acomodarse a las exigencias formales ordinarias, sucediendo lo
mismo respecto de la postulación. Al referido escrito, que ha de ser fundado,
deben acompañarse los documentos acreditativos de las alegaciones efectuadas,
precisión de especial interés si se tiene en cuenta que no existe en la
sustanciación de la oposición vista441 ni trámite para la práctica de prueba y en él,
tratándose de oposición a actividades ejecutivas concretas, debe señalarse la
medida alternativa y ofrecerse caución. La presentación del escrito de oposición
no produce la suspensión de la ejecución provisional442, toda vez que la

441
MUERZA ESPARZA, J., Comentarios a..., cit., pág. 109.
442
TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Los procesos civiles..., cit., pág. 297; MUERZA
ESPARZA, Comentarios a la..., cit., pág. 109; CABALLOL ANGELTS, Ley de Enjuiciamiento..., cit.,
pág. 648; HERNÁNDEZ VERGARA, La ejecución..., cit., pág. 434.

suspensión de la ejecución sólo está prevista, cuando la Ley lo ordene
expresamente o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución.

Del escrito de oposición y de los documentos aportados debe darse traslado al
ejecutante y a quienes estuvieran personados en la ejecución provisional para que
en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución que acuerde el
traslado, manifiesten y acrediten lo que estimen conveniente, en el escrito de
contestación al de oposición, si se trata de ejecución provisional de sentencia de
condena no dineraria, debe hacerse el ofrecimiento por el ejecutante de la
caución.

DECISIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN
Art. 599.- Si se desestima la oposición, continuará adelante la ejecución
provisional.
Si se estima la oposición por estar indebidamente concedida la ejecución
provisional, ésta se declarará improponible mediante auto, con orden de
archivar las actuaciones ejecutivas; y además, se levantarán todas las
medidas adoptadas contra el patrimonio del ejecutado.
Si se estima la oposición por razones de fondo, se dictará auto para dejar
suspendida la ejecución, sin que esto afecte la permanencia de las medidas
tomadas sobre el patrimonio del ejecutado.
Si estima la oposición referida a una concreta actuación ejecutiva, se
procederá conforme a la medida alternativa que acepte el juez. Si no se
acepta la medida alternativa, el ejecutado deberá constituir garantía y la
ejecución provisional seguirá adelante sin realizar la actuación concreta para
la que hubo oposició

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