DERECHO ADMINISTRATIVO

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DERECHO ADMINISTRATIVO
ESCUELA: CIENCIAS JURÍDICAS
PONENTE: Dr. Darío Díaz Toledo
BINESTRE: I BIMESTRE
CICLO: Octubre 2010 – Febrero 2011

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CAPÍTULO 1
EL ESTADO Y EL DERECHO
ADMINISTRATIVO

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1.1 El Derecho Público y el Derecho Administrativo.
División romana entre Derecho Público y Derecho Privado
pervive por el sistema jurídico romano napoleónico que se
utiliza en algunos países.
Institutas: “Se llama Derecho Público el que concierne al
gobierno de los romanos y Privado el que se refiere a la
utilidad de los particulares”.
El sistema anglosajón common law da privilegio al precedente
judicial, y actualmente al derecho legislativo. No establece
diferencias y aplica las mismas normas jurídicas y adjudicación
judicial a las personas privadas e instituciones públicas.
D. Público se integra con el D. Constitucional, Administrativo,
Penal, Municipal, Financiero, Ambiental, Procesal, Social.

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D. Privado se conforma principalmente con el D. Civil y
Mercantil.
Se ha calificado el Derecho Administrativo como la aplicación
del Derecho Constitucional.
Derecho Administrativo es la norma general de la Potestad
Pública, pero el Derecho privado constituye el derecho de
excepción de las actividades estatales (Vedel), es un derecho
supletorio a falta de normativa expresa del Derecho Público.
El D. Público en general –y el D. Administrativo en particulares
el Derecho aplicable a la organización, procedimientos y
actividades de los órganos de la Administración Pública
central y descentralizada en sus relaciones entre ellos y con los
particulares.
El Derecho Administrativo tuvo origen en Francia luego de la
revolución francesa.

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Aparece la jurisdicción contencioso administrativa, una
jurisdicción retenida por la misma Administración Pública para
juzgar a sus funcionarios (diferente a la civil).
Creación del Consejo de Estado con autoridad e
independiente de la Administración Pública.
El D. Administrativo en Francia fue un Derecho de creación
jurisprudencial.
Estas características no perviven en nuestro actual
ordenamiento, ya que nuestra jurisdicción contencioso
administrativa es una jurisdicción judicial común.
En Ecuador la normativa administrativa se encuentra basada
en la Constitución y las Leyes.
Evolución de una normativa de defensa de los DDHH de el
ciudadano.

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1.2 El Estado, la potestad pública y su organización.
El concepto de Nación es de índole sociológica y
actualmente se encuentra desautorizado.
El Estado es una realidad presente en todos los aspectos de la
vida diaria de los ciudadanos.
El Estado consiste en la organización interna de la Potestad
Pública, que se manifiesta hacia el exterior del territorio estatal
como Soberanía estatal.
Esta potestad pública generalmente se desarrolla en cuatro
campos de actividad: legislación, gobierno, administración y
justicia.
Nuestro D. Constitucional establece cinco funciones: Ejecutiva;
Legislativa; Judicial; Transparencia y Control Social; y, Electoral.

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Poder Ejecutivo dispone su propia organización mediante el
ERJAFE y no por una Ley Orgánica.
La justificación moral del Estado es la protección de los
derechos de los ciudadanos para el desarrollo de sus
proyectos y planes de vida (buen vivir sumak kawsay).
Platón, Aristóteles y Rosseau: La cesión de las libertades y
derechos ciudadanos al Estado, garante del desarrollo y la
protección de los individuos, con subordinación de los
intereses privados a los más altos intereses de la comunidad.
Victoria, Locke y Mills sostienen: La primacía en la protección y
defensa de los derechos de los ciudadanos como el rol
principal del Estado.
Aceptación universal de los DDHH como consustanciales a la
existencia y dignidad del ser humano y se hallan vigentes sin
necesidad de una norma positiva que los declare.

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1.3 Administración Pública ecuatoriana.
Los antecedentes del Estado ecuatoriano se hallan en la
Constitución Quiteña de 1812.
El 9 de octubre de 1820 Guayaquil se constituyó en un territorio
autónomo con su propio Reglamento constituyente.
Con la anexión de nuestro país a la Gran Colombia en 1822
como “Departamento del Sur”, se aplicó la Constitución de
Cúcuta, las leyes colombianas y la legislación española.
Ley colombiana de 1825: Administración de la República en
sus diferentes ramos de justicia, hacienda, economía de
guerra y gobierno político y económico de los departamentos
y provincias. Esta ley se mantuvo vigente por disposición de la
Constituyente de 1830.

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Autoridades administrativas: intendentes para los
departamentos; gobernadores para las provincias; jefes
políticos municipales, alcaldes municipales y parroquiales,
juntas de sanidad, municipalidades y juntas parroquiales,
juntas de provincia.
Tipificación y sanciones para las incorrecciones de los
empleados públicos.
La primera ley ecuatoriana sobre el tema es de 1843, y
mantiene a los gobernadores, designa corregidores y tenientes
parroquiales para cantones y parroquias, establece un
concejo parroquial para asistir a los gobernadores.
La jurisdicción contencioso administrativa correspondió al
Consejo de Estado hasta 1954 en donde se crea el Tribunal
Contencioso Administrativo. En 1992 se crean los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo y se los integra a la
Función Judicial.

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El Código Orgánico de la Función Judicial los convierte en
Salas Especializadas de las Cortes Provinciales de justicia.
Desde 1830 se cuenta con la Ley Orgánica de Hacienda pero
en la actualidad corresponden a varias leyes como:
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE)
Ley de Presupuestos del Sector Público
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Homologación de Sueldos y de Unificación y Homologación
de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCCA)
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP)

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CAPÍTULO 2
LAS FUENTES DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO

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2.1 La Constitución.
“Toda sociedad en la cual no se encuentra asegurada la
garantía de los derechos ni determinada la separación de los
poderes carece de Constitución”.
Tres partes: dogmática, orgánica y de la supremacía.
La Constitución de 2008 desestima esta división tradicional y
considera los aspectos orgánicos y dogmáticos indistintamente
en el texto constitucional.

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2.2 Las normas legales.
Reserva de ley: obligaciones y prohibiciones, imposición
tributaria, la tipificación penal, la sanción y la competencia.
Principio de competencia: Ninguna autoridad puede ejercer
otras potestades que las asignadas expresamente por la
Constitución y la Ley.
Se llama Ley toda norma que se aplica en forma general y
obligatoria, expedida por el poder legislativo conforme el
trámite determinado por la Constitución, lo que siempre
incluye la ratificación del Ejecutivo y su publicación en el
Registro Oficial.
Las leyes pueden ser: Orgánicas (mayoría calificada) u
Ordinarias (mayoría simple).

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Jerárquicamente las leyes orgánicas prevalecen sobre las
ordinarias.
Función Ejecutiva: Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutivo para normar la Administración Pública.
Tratados internacionales son aprobados por la Asamblea y los
otros los ratifica el Ejecutivo.
Comunidad Andina de Naciones (CAN) no necesitan
aprobación: aplicación directa e inmediata.

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2.3 Las normas administrativas.
Reglamentos que dicta el Presidente de la República:
El Ejecutivo y las entidades con personalidad jurídica se
manifiestan jurídicamente mediante actos administrativos.
Esta potestad administrativa proviene de la Constitución y la
ley (actos generales o reglamentarios).
Los actos administrativos tienen jerarquía inferior a la ley, no la
contradicen ni la modifican.
Los actos administrativos se clasifican en: Individuales o
subjetivos; Generales, objetivos o reglamentarios; y, Bilaterales
o contractuales.
Acto normativo es toda declaración efectuada en ejercicio
de la función administrativa que produce efectos jurídicos
generales objetivos de forma directa.

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Instructivos y circulares: Manifestaciones de los órganos
públicos de índole particular dentro de sus competencias
específicos y que afectan a los ciudadanos como por ejemplo
el horario de atención en una institución pública.
Sólo el Presidente de la República puede expedir reglamentos.
Los reglamentos orgánicos funcionales los dictan los otros
órganos públicos para organizarse y cumplir las funciones
asignadas.
Los demás actos normativos de los órganos de la
Administración Pública no son propiamente reglamentos sino a
lo sumo normas reglamentarias a veces mal llamadas
reglamentos.

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Los reglamentos se clasifican en:
Reglamentos de ejecución: Los que dicta el Ejecutivo para
normar los aspectos específicos de una Ley, dentro de los
alcances fijados en la misma ley.
Reglamentos autónomos: Son los que dicta el Ejecutivo sin
relación con ley alguna, en ejercicio de una potestad
establecida en la Constitución.
La reglamentación delegada o de integración es la normativa
sobre materias que en principio son del ámbito del Poder
Legislativo que dicta el Ejecutivo, conforme las potestades
expresas otorgadas por una norma habilitante.
La delegación legislativa es la que otorga al Ejecutivo la
potestad de dictar una normativa generalmente obligatoria,
con el carácter de Ley, dentro del marco y alcance
establecido por la Asamblea.

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Reglamentos de necesidad y urgencia son verdaderas leyes
bajo la denominación de “decretos leyes de emergencia en el
orden económico” y que estaban comprendidos en la
Constitución de 1946. Actualmente se utilizan para el caso de
la disolución de la Asamblea Nacional.

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2.4 La deslegalización.
Es una figura jurídica por la cual materias determinadas que se
debían hasta ese momento normarse a través de leyes, se
atribuyen a la reglamentación del Ejecutivo (normas
administrativas), como por ejemplo la fijación de sueldos y
salarios que en la actualidad lo hace el Ejecutivo.

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CAPÍTULO 3
LA LEGALIDAD, EL ÓRGANO
Y LA COMPETENCIA

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La Legalidad.
Determina el sometimiento de la Administración Pública a la
Constitución y a la Ley.
La Competencia.
Las atribuciones y funciones de órganos y entidades públicas.
El Órgano.
El concepto de órgano puede estar o no atribuido a una
persona jurídica; pero los funcionarios de esa entidad, también
son considerados como órganos, para efectos del ejercicio de
la competencia.

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La característica específica de la actividad del órgano es la
creación de la voluntad del Estado (Kelsen).
El Gobierno consiste en el conjunto de órganos del Estado
(Borja y Borja).
El término órgano de la entidad pública tiene una doble
acepción. En primer lugar, sirve para indicar los cargos
públicos considerados en abstracto, para los cuales son
nombrados las indicadas personas; secundariamente, indica
esta persona considerada concretamente, esto es como
sujeto que quiere y actúa por la entidad (Zanobini).
Unidad del órgano: Aspecto objetivo como un centro de
competencias y subjetivamente representado por la voluntad
y capacidad necesaria de las personas físicas que
desempeñan la titularidad del órgano (Cassagne).

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La competencia es el conjunto de funciones que un agente
puede ejercer legítimamente.
La competencia resulta la aptitud legal de obrar del órgano
administrativo.
Sólo la Constitución y la Ley pueden atribuir competencias a
los órganos públicos, aunque se acepta que en ocasiones los
reglamentos también pueden ser fuentes de competencia.
Tipos de Competencia: Política, Planeación y financiamiento,
Normativa, Estructuración institucional, Administración, manejo
y operación, Información pública y consulta, Seguimiento y
control, Juzgamiento Administrativo, y Sanción.
Principio de la Juricidad: Lo que no está permitido, se entiende
que está prohibido; referido a la Administración Pública.

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La competencia se ejerce en razón de la materia, del territorio,
del tiempo y del grado.
La competencia debe ser expresa y resulta improrrogable o
indelegable, así como irrenunciable.
Delegación: Es el traspaso de competencias que un órgano
superior hace a sus inferiores jerárquicos. Debe ser expresa.
Avocación: Es el ejercicio de las competencias del inferior
jerárquico por el superior. Se puede ejecutar sin necesidad de
una norma que lo autorice.
Sustitución: Un superior común de dos órganos puede disponer
el traspaso de la competencia del uno al otro órgano para
procedimientos específicos, por razones de conveniencias
(Dromi).

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Subrogación: Se produce cuando la ley establece que un
órgano ejerza las funciones de otro órgano ausente.

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CAPÍTULO 4
LA PERSONALIDAD JURÍDICA
DE DERECHO PÚBLICO

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Personalidad jurídica: Asociaciones o instituciones para la
consecución de un fin y reconocidas por la ordenación
jurídica como sujetos de derecho (Ferrara).
Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer, contratar y
reclamar sus derechos judicialmente (Savigny).
La capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente de la
persona jurídica está limitada por el llamado principio de la
especialidad.
Características: Capacidad, patrimonio, especialidad y
representación.
La persona jurídica Estado es representada hacia el exterior
por el Jefe de Estado y se manifiesta internamente por medio
del Gobierno y la Administración Pública representada
extrajudicialmente por el Jefe de Gobierno.

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En forma genérica se denominan entidades públicas o
entidades del Estado a las personas jurídicas de derecho
público, incluyendo a las empresas públicas.
Se define entonces a la entidad pública como una persona
jurídica de derecho público por la cual se manifiesta la
descentralización administrativa. Según la clasificación
ecuatoriana puede ser adscrita o autónoma.
Sus recursos y fondos tienen el carácter de públicos.

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CAPÍTULO 5
EL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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Primero es necesario distinguir entre: Administración del Estado,
Administración Pública Institucional y Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Gobierno: Potestades exclusivamente gubernativas del
Ejecutivo y de los gobiernos autónomos descentralizados.
Gobierno Central: Forma exclusiva referida al gobierno del
Ejecutivo.
Gobierno Autónomo Descentralizado: La potestad política de
los alcaldes, prefectos, concejos municipales, metropolitanos,
consejos provinciales, regionales y juntas parroquiales.
El Poder Ejecutivo está conformado por el Gobierno Central, la
Administración del Estado, la Administración Pública
Institucional y el Gobierno y los gobiernos autónomos
descentralizados.

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El Presidente y Vicepresidente de la República
Presidente: Es la máxima autoridad de la Administración
Pública, que se compone de dependencias y entidades del
gobierno central. Poder jerárquico y de tutela.
Vicepresidente: Reemplazo y delegado.
Función de ejecutar leyes:
1. Publicación de las leyes y la notificación de sus disposiciones
en el Registro Oficial.
2. El recurso a la coacción para asegurar la ejecución.
3. La ejecución de las leyes mediante la realización de las
tareas que ellas mismas confían al Gobierno y a la
Administración Pública.
4. La ejecución de las leyes en su sentido más lato: el
mantenimiento del orden público y el funcionamiento de los
servicios públicos.

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Ministros de Estado:
ERJAFE enumera los ministerios de Estado.
Se cuenta además con el SENPLADES (oficina de
planificación).
Secretaría General del Consejo Nacional de Seguridad
Nacional.
Gabinete: La reunión del conjunto de los ministros de Estado
más un número determinado de funcionarios y titulares de
dependencias, entidades e incluso en algunas ocasiones
organismos del Estado. Órgano asesor del Presidente.
Podrá ampliarse con otras autoridades de la Función Ejecutiva
(gabinete ampliado).

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Cuerpos Colegiados: No son precisamente dependencias o
unidades administrativas al interior de la Administración
Pública, sino un conjunto de funcionarios públicos y
representantes de sectores privados, que son titulares de
dependencias y entidades diversas y se reúnen en estos
órganos en forma regular para el cumplimiento de los fines
para los que han sido creados. Los cuerpos colegiados son
parte de la Administración Pública. Carecen de personalidad
jurídica.
No se debe confundir a los cuerpos colegiados con los
directorios de las entidades del Estado (en sentido estricto son
cuerpos colegiados).

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Entidades públicas: Personas jurídicas de derecho público
establecidas por la ley para el cumplimiento de un fin estatal.
Entidades financieras: Banco Central del Ecuador, Banco
Nacional de Fomento, etc.
Empresas públicas: O empresas del Estado, tienen las mismas
características jurídicas de las demás entidades públicas, con
la única diferencia que en su presupuesto incluyen una partida
de ingresos, generalmente denominada Ingresos de la
Actividad Empresarial (Empresas Estatales).
Control de la Procuraduría y Contraloría General del Estado.

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Organismos del Estado:
Art. 225 de la Constitución: “El sector público comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control
Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la
ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación
de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de
servicios públicos”.

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La función pública: Manejada por el Presidente de la
República y sus órganos a través de la burocracia estatal,
mediante leyes como: LOSSCA, Código del Trabajo, Mandatos
Constituyentes, Ley de Carrera Docente y Escalafón del
Magisterio Nacional, Ley de Personal de las FFAA y Ley
Orgánica de las FFAA, Ley de Servicio Exterior, Código
Orgánico de la Función Judicial.

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CAPÍTULO 6
DEPENDENCIA,
DESCONCENTRACIÓN,
DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

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Dependencia y poder jerárquico
La relación de dependencia proviene del poder jerárquico
que ejerce un superior sobre el empleado subordinado.
El poder jerárquico es incondicionado ya que el superior está
legalmente facultado para impartir a sus subordinados las
órdenes que juzgue adecuadas.
El poder jerárquico se despliega en el seno de una persona
jurídica única y se refiere a las relaciones de jefe a
subordinado.
Unidades administrativas
Los ministerios y sus unidades administrativas se denominan
dependencias.
Las dependencias existentes al interior de una institución
cualquiera de la Administración Pública se denominan
unidades administrativas.

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Delegación Administrativa
Tiene lugar en la misma ubicación geográfica de la oficina
principal para un asunto determinado, o puede tener lugar en
una región diferente en donde la autoridad podría delegar la
totalidad de sus competencias para que sean ejercidas en la
misma.
La autoridad que delega debe ostentar legalmente las
competencias respectivas.

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La Desconcentración
Consiste en la delegación de importantes poderes decisorios
que se hace a determinados agentes del poder central
(gobernadores) con los cuales mantiene el Ejecutivo una
relación jerárquica.
Se realiza mediante Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial de
la máxima autoridad institucional, siempre que la ley lo
permita.
Desconcentración presupuestaria (entes contables) y potestad
de seleccionar y nombrar el personal.

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Poder de tutela o control
Es un poder condicionado, ya que no se presume el control,
sino que se ejerce únicamente en los casos y formas previstos
por la ley.
Es el grado de descentralización administrativa de una
entidad; que se manifiesta en su capacidad patrimonial,
presupuestaria, contractual y de manejo de personal. Está
limitada por organismos de control, sin perjuicio del control
político que ejerce la Asamblea Nacional.

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Descentralización administrativa
La descentralización transfiere poderes a órganos con
personalidad jurídica de derecho público, por lo tanto, sin
relación de jerarquía con el Presidente de la República.
Nuestro derecho público hace alusión a la descentralización
administrativa ya que la territorial autónoma aún recién entró
en vigencia.
Descentralización territorial: Es la atribución de potestades a
personas jurídicas locales y regionales.
Descentralización funcional: El Estado delega funciones a
personas jurídicas de derecho público especiales. Esta suma
de entidades se llama Administración Pública Institucional.

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Adscripción: Es la forma jurídica más utilizada para el control o
tutela de los órganos descentralizados. Es considerada como
un grado de descentralización, donde la institución matriz u
organismo central, ejerce ciertos controles sobre la entidad
adscrita.
Autonomía Administrativa: Se llama autonomía administrativa
a una mayor amplitud del campo de decisión de la entidad.
Es la característica de una entidad pública a la cual se han
descentralizado competencias determinadas expresamente
en una ley.
Entidades autónomas constitucionales: Función Judicial,
Defensoría del Pueblo, Función Electoral.
Entidades autónomas legales: IESS.

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La descentralización y la autonomía política
La característica de la autonomía política es la posibilidad de
determinar y diseñar sus propios objetivos y metas, es decir
crear sus propias competencias, establecer tributos propios,
tipificar infracciones e imponer sanciones a los transgresores.
Competencia de la competencia (Carré de Malberg).
Directrices de la Unión Europea.

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CAPÍTULO 7
CONCEPTO Y ELEMENTOS
DE LAS ACTUACIONES DE LOS
ÓRGANOS PÚBLICOS

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7.1 El Acto Administrativo
Los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones o
potestades constitucionales o legales expiden actos jurídicos
de derecho público, o sea, actos administrativos a través de
los cuales se manifiesta la voluntad de los órganos del Estado.
Son las manifestaciones unilaterales de los órganos públicos
con efectos jurídicos individuales y subjetivos.
Acto Administrativo es una declaración unilateral realizada en
ejercicio de la función administrativa apta para producir
efectos jurídicos individuales en forma inmediata (Gordillo).
La declaración de un órgano público competente que crea,
modifica, reconoce o extingue una situación jurídica
individual.

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7.2 El acto administrativo frente a las otras actividades
administrativas
Actos administrativos, actos de simple administración, hechos
administrativos, contratos administrativos y reglamentos.
Actos de simple administración (Art. 70 ERJAFE): Es una
declaración interna o interorgánica, que no produce efectos
jurídicos en forma inmediata. Propuestas, dictámenes e
informes.
Hecho Administrativo (Art. 78 ERJAFE): Es toda actividad
material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones
físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa,
productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea
que medie o no una decisión de acto administrativo previo.

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7.3 Definición de Acto Administrativo
Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la
función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.
Declaración: Que se manifiesta por escrito.
Unilateral: Es el pronunciamiento del órgano competente.
Ejercicio de la función administrativa: Actuación en ejercicio
de sus competencias.
Productor de efectos jurídicos: Influye, confirma o modifica el
orden jurídico y especialmente los deberes y derechos
subjetivos del ciudadano. Efecto vinculante.

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7.4 Elementos del acto administrativo: competencia, objeto, voluntad
y forma
Elementos subjetivos: Administración, el órgano, la competencia y la
legalidad.
Elementos objetivos: Supuesto de hecho, el fin, la causa, el motivo y
la declaración.
Elementos formales: Procedimiento de elaboración y la forma de
manifestación. Motivación y notificación.
Elementos accidentales: Condición, término y modo.
Objeto: Se identifica con el contenido del acto administrativo o con
su finalidad.
Voluntad: La voluntad administrativa es el concurso de elementos
subjetivos y objetivos.
Forma: Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo.
Motivación: El más importante de los elementos de validez y
legitimidad del acto administrativo.
Notificación: Para dar plena validez al acto administrativo.

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7.5 Efectos jurídicos del acto administrativo (ejecutividad,
presunción de legitimidad, exigibilidad y ejecutoriedad)
Ejecutividad: Es la obligatoriedad que tiene la autoridad de
hacer cumplir la decisión administrativa, es decir el carácter
exigible (Secaira).
Presunción de Legitimidad: Los actos administrativos se
presumen legítimos, mientras no se pruebe judicialmente lo
contrario.
Exigibilidad y Ejecutoriedad: Los actos administrativos son
exigibles desde el momento que se dictan o cuando son
notificados al particular.

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7.6 Manifestaciones del acto administrativo
Acto definitivo es el que termina un trámite y no requiere de
algún otro acto administrativo para su conclusión (susceptibles
de impugnación).
A ellos se contraponen los actos de mero trámite o
interlocutorios.
Los actos que causan estado son aquellos que ya no pueden
recurrirse en la vía administrativa aunque pueden recurrirse en
la vía judicial contencioso administrativa. Un requisito de la
impugnación del acto administrativo en la vía judicial es haber
agotado la vía administrativa (cambiado por el Art. 38 de la
Ley de Modernización del Estado).

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El acto firme no es susceptible de recurso alguno,
administrativo o jurisdiccional, aunque el Código Orgánico de
la Función Judicial establece su impugnación.
Se suele complementar la noción de firme con la de
consentido, del acto que no fue recurrido ni administrativa ni
judicialmente dentro de los términos establecidos por la Ley.
Actos confirmatorios serían los que reiteran una decisión previa
del órgano público, es decir, algo resuelto con anterioridad.

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Autorización, permiso, concesión y licencia
Autorización: Se refiere al ejercicio de un derecho que el
ciudadano ostenta con anterioridad, derecho al que se le
impone algún condicionamiento para su ejercicio que es
levantado con la autorización para que pueda el ciudadano
desarrollar normalmente la actividad en cuestión.
Permiso: Atañe a una actividad que no se encuentra en la
esfera de los derechos previos del ciudadano, para una
actividad que está en principio prohibida por la ley.
Concesión: Otorga a un particular derechos y obligaciones,
generalmente mediante un contrato.
Licencia: Se otorga siempre por acto unilateral y se refiere a la
prestación de ciertos servicios. Atribuye derechos nuevos al
particular para su prestación.
Certificaciones y reconocimientos: Existen discrepancias en
determinar si son o no actos administrativos.

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7.7 Denominaciones de los actos administrativos
Actos interministeriales, Resoluciones, Acuerdos, Decretos,
Regulaciones, Circulares, Instructivos.
La sumilla es un medio común por la cual una autoridad
puede manifestar su decisión. Esta decisión, conforme a su
contenido, puede o no resultar un acto administrativo.

55
7.8 El alcance actual del acto administrativo
La concepción dogmática del acto administrativo en la
doctrina administrativa contemporánea considera esta figura
jurídica como una garantía de los derechos de los
ciudadanos.
La expedición de actos administrativos con finalidades de
intereses particulares o ilegítimos del órgano público,
constituye el vicio de desviación del poder.
El acto administrativo debe responder a dos objetivos: Someter
las actuaciones de la administración a un régimen jurídico
uniforme y la necesidad de pensar en la protección del interés
público.

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7.9 El Silencio Administrativo
Es una presunción legal, según la cual se asigna valor de acto
administrativo a la falta de pronunciamiento de la autoridad
sobre una petición de un ciudadano. Es una respuesta tácita
que puede ser negativa o positiva según disponga la ley.
En la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Art. 31)
es negativo y en la Ley de Modernización del Estado y Código
Tributario es positivo.
Es una acción de puro derecho.
Certificación que siempre será negada pero que se la
solicitará mediante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. Plazo de 5 años.
Es improcedente en materia contractual.

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7.10 Terminación y vicios del acto administrativo
Terminan por: Cesación o por desaparición.
La cesación es la terminación del acto por vía normal, por
cumplimiento o alguna causa establecida en la ley, mientras
que, la desaparición o extinción tienen lugar por situaciones
surgidas y no previstas como la caducidad, revocación,
terminación anticipada, anulación, renuncia, etc.
En el caso de la nulidad absoluta, los efectos de la
declaratoria de esta se retrotraen a la fecha de expedición
del acto.

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Terminación del acto administrativo
Cumplimiento del objeto, término o condición: Agotamiento
del contenido, el mismo que puede ser material o jurídico,
expreso o implícito.
Caducidad: Por incumplimiento de las obligaciones y
condiciones impuestas en el acto abre la opción del órgano
para declarar la caducidad del acto administrativo.
Lesividad: Declaratoria de lesividad del acto y el
planteamiento de la impugnación respectiva ante el juez
contencioso administrativo.
Desuso: La falta de aplicación. El decaimiento se produce
cuando no se ha aplicado el acto y por lo tanto ha perdido su
efectividad y vigencia. Inutilidad.
Rechazo y renuncia: Dejan sin efecto el acto administrativo
por voluntad de los particulares a cuyo favor se ha expedido el
acto administrativo.

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Vicios del acto administrativo
Se originan en el incumplimiento de los requisitos de validez y
son: De gravedad invalidante del acto, constitutivos de
nulidad absoluta; Subsanables, de anulabilidad; y,
Irregularidades no sustanciales, que no afectan la validez y
eficacia del acto administrativo.
Incompetencia del órgano. Vicios de la preparación de la
voluntad, irregularidades procedimentales. Finalidad del Acto
o subjetivos: desviación del poder, arbitrariedad, error, dolo,
violencia y simulación. Vicios relacionados con la motivación.
Acto inexistente en caso de vicios groseros.

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7.11 El poder discrecional
El poder discrecional está sujeto igualmente a la norma
jurídica, pero dentro del marco general de la competencia
del órgano. La potestad discrecional contempla un rango de
mayor o menor amplitud de acciones posibles dentro de la
competencia establecida, siendo todas aquellas acciones
igualmente válidas desde el punto de vista legal.
En ningún caso puede identificarse discrecionalidad con
arbitrariedad.

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7.12 Los actos políticos
La doctrina y la legislación sobre procedimientos
administrativos establecen la existencia de actos políticos
como diferentes de los actos administrativos.
Las políticas públicas estatales se manifiestan jurídicamente a
través de los actos políticos.
Sus características son:
1. Ejecutan directamente la norma constitucional.
2. Son dictados en ejercicio de la una actividad discrecional,
indelegable, de los órganos ejecutivo o legislativo, sin límites
jurídicos y por motivo de oportunidad o mérito.
3. Se vinculan a la propia organización y subsistencia del
Estado, y se justifican por una finalidad política vital para la
seguridad, defensa y orden del Estado. No se trata de asuntos
atinentes a la simple marcha de la buena administración.

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4. No inciden directa ni inmediatamente en la esfera jurídica
del administrado, cuyo status no se altera ante la emisión del
acto político, de gobierno o institucional.
5. Son unilaterales en su estructura y de alcance o efecto
general.
6. Son irreversibles, no judiciables, no justiciables o no
invalidados judicialmente. Están exentos de control
jurisdiccional. (Vedel).

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