Derecho procesal constitucional como disciplina juridica autonoma

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR - EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL... 353
Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México)*
El derecho procesal constitucional como
disciplina jurídica autónoma**
1. Los prolegómenos del estudio sistemático de la defensa jurídica
de la Constitución
Entre la abundante bibliografía que se ocupa de la temática de los instrumentos
de control de la constitucionalidad y los órganos orientados a la solución de conflictos
de naturaleza constitucional, pueden encontrarse títulos con las más variadas expre-
siones como justicia constitucional, control constitucional, jurisdicción constitu-
cional o defensa constitucional, terminologías que encontraron cierto arraigo a lo
largo del siglo XX en muchos países, fundamentalmente europeos.
La expresión derecho procesal constitucional fue empleada, a mediados del
siglo pasado, por Niceto Alcalá Zamora y Castillo en sus clásicas obras Ensayos de
derecho procesal civil, penal y constitucional (1944) y Proceso, autocomposi-
ción y autodefensa (1947). Sin embargo, dicha expresión no alcanzó una consolida-
ción suficiente sino hasta tiempos relativamente recientes para sistematizar las institu-
ciones y principios jurídico-procesales relacionados con las garantías de la Constitución.
Puede afirmarse que el estudio sistemático de la disciplina, siguiendo la tesis de
Alcalá-Zamora, se inicia con el establecimiento de los primeros tribunales constitucio-
nales europeos debido al pensamiento del ilustre jurista Hans Kelsen, que en el año de
1928 publicó su ensayo denominado La garantie jurisdictionnelle de la Constitu-
tion (La justicie constitucionnelle), ocho años después de la introducción de la Alta
* Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Profesor de Derecho
Procesal Constitucional en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México. ‹eferrerm@mail.scjn.gob.mx›.
** El presente trabajo constituye la actualización de la ponencia presentada en el Primer Colo-
quio Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional, organizado por la Facultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, 23 a 25 de septiembre de 2004).

354 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2006
Corte constitucional de Austria (1920), estudio que tuvo un impacto importante en la
doctrina europea.
Sin ser Kelsen un cultivador del procesalismo científico, se le atribuye la paterni-
dad de la disciplina no sólo por haber sido el promotor para el establecimiento de la
Corte Constitucional en la Constitución austriaca —con lo cual se lo considera funda-
dor del modelo de control concentrado de constitucionalidad—, sino también por ha-
ber establecido los lineamientos, principios e instituciones del derecho procesal cons-
titucional, en sus aspectos generales, que con anterioridad no se habían estudiado de
manera sistemática. Después de este acontecimiento, la polémica acerca del órgano
del Estado que debería realizar la función de protector o defensor de la Constitución,
surgida entre Kelsen y Carl Schmitt, agudizó el interés científico por la materia y
empezaron a multiplicarse los estudios doctrinales especializados.
No obstante que, en gran medida, el estudio sistemático de la disciplina parte del
pensamiento de Kelsen, ya en los albores del siglo XIX se había instituido la revisión
judicial norteamericana, que con el célebre caso Marbury versus Madison, decidido
por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y redactado por su presidente,
John Marshall, en el año de 1803, constituye el paradigma de los sistemas de justicia
constitucional y, específicamente, del modelo difuso de control de la constitucionalidad.
En este contexto, desde el punto de vista genérico, existen dos sistemas de solu-
ción de los conflictos constitucionales. El primero, que se denomina austriaco, conti-
nental europeo o concentrado, parte del criterio de que los jueces y tribunales ordi-
narios no pueden conocer ni decidir cuestiones de inconstitucionalidad, y se caracteri-
za por encomendar a un órgano especializado denominado Corte o Tribunal Constitu-
cional para decidir las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes y, en
general, de los actos de autoridad. El otro modelo, denominado americano o difuso,
surgió en los Estados Unidos —de ahí su nombre— y ha predominado prácticamente
en todo el continente americano, aunque con varias modalidades. De acuerdo con
este sistema, todos los jueces y tribunales pueden decidir sobre la constitucionalidad
de los actos de autoridad, especialmente de las disposiciones legislativas.
En la práctica, los elementos de ambos sistemas aparecen matizados, y en la
actualidad no pueden encontrarse en forma pura en virtud de que existe la tendencia
a su combinación por medio de sistemas que utilizan las ventajas de ambos, y eluden
los inconvenientes de una estructura rígida, por lo que se han creado sistemas mixtos
que han ido introduciéndose de manera creciente en Latinoamérica. Un claro ejemplo
de la aproximación de los dos modelos es la Corte Suprema Federal de los Estados
Unidos, que en apariencia es el tribunal federal de mayor jerarquía en el sistema
difuso tradicional, pero por conducto de su competencia discrecional denominada cer-
tiorari, introducida en 1925, se ha convertido materialmente en un tribunal constitu-
cional, debido a que la mayoría de los asuntos de que conoce tienen carácter eminen-
temente constitucional —especialmente en materia de derechos humanos— y resuel-
ve menos de cien asuntos por año.

Ahora bien, aun cuando los primeros cimientos del derecho procesal consti-
tucional, según se ha mencionado, fueron aportados por Kelsen y posteriormente
por otros connotados procesalistas como Piero Calamandrei, Eduardo J. Couture
y Mauro Cappelletti —que desde perspectivas diferentes se acercaron al dere-
cho constitucional—, no fue sino con los aportes de Héctor Fix-Zamudio cuando,
a partir de la publicación de sus primeros ensayos, en el año de 1956, la disciplina
empezó a adquirir verdadero contenido sistemático partiendo de los principios del
procesalismo científico, a la luz del derecho comparado y de sus reflexiones so-
bre la defensa procesal de la Constitución.
Desde sus primeros trabajos, el jurisconsulto mexicano se ocupó de analizar el
juicio de amparo mexicano desde la perspectiva de los fundamentos de la teoría gene-
ral del proceso, destacando que se trata de una institución jurídica de naturaleza y
estructura esencialmente procesal. Una de las más importantes aportaciones de Fix-
Zamudio respecto de este tema ha sido su tesis acerca de que el juicio de amparo en
realidad configura un genuino y auténtico proceso jurisdiccional, la cual se apoya en
teorías publicistas, que postulan al proceso como una relación jurídica, cuando esta
centenaria institución se venía estudiando esencialmente desde la óptica del derecho
constitucional.
Como derivado de sus pioneros ensayos, Fix-Zamudio se ocupa también de la
acción y la jurisdicción, los otros dos conceptos fundamentales de la ciencia procesal,
adaptándolos a la perspectiva del derecho de amparo. Afirma que la llamada acción
de amparo constituye una verdadera acción procesal genérica en la cual se formula,
por supuesto, una pretensión, entendiendo por tal —apoyándose en la doctrina del
procesalista español Jaime Guasp— la declaración de voluntad por medio de la cual
se insta la actuación de un órgano jurisdiccional en contra de una persona determina-
da y diversa del autor de dicha declaración. En relación con la jurisdicción, el investi-
gador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México advertía desde entonces la existencia de una auténtica jurisdic-
ción constitucional mexicana, en virtud de que, por un lado, el proceso de amparo sólo
puede realizarse a través del ejercicio de la acción correspondiente y, por el otro,
debido a que la función jurisdiccional constitucional, en principio, se ve realizada por
los tribunales de la Federación, toda vez que la intervención de los tribunales comunes
sólo puede verificarse, según la propia ley fundamental, en los casos en que sea recla-
mada la violación de derechos fundamentales relacionados con la libertad personal, y
solamente se realiza en auxilio de la justicia federal.
Dadas sus innovadoras consideraciones, se reconoce en Fix Zamudio la rei-
vindicación procesal del juicio de amparo, al introducir en su estudio los con-
ceptos y los principios fundamentales que ofrece la ciencia procesal contemporá-
nea, así como al estudio sistemático de las demás garantías constitucionales, es
decir, los instrumentos predominantemente procesales para la defensa de la Cons-
titución.

2. La justificación del derecho procesal constitucional como disciplina
jurídica autónoma
En nuestros días, la aceptación del derecho procesal constitucional como disci-
plina jurídica autónoma es cuestionada por importantes juristas, como Gustavo Zagre-
belsky o Peter Häberle, quienes estiman que en realidad representa un sector del
derecho constitucional. Sin embargo, aunque comparte los principios y estructuras de
dos ramas tradicionales y ampliamente consolidadas, como son el derecho procesal y
el constitucional, existen en la actualidad parámetros para pensar en la autonomía
científica del derecho procesal constitucional (tan autónomo como, por ejemplo, el
derecho procesal civil lo es del derecho civil), desde cuatro ópticas distintas, a saber:
la legislación, la magistratura especializada, la doctrina y el sentido común.
2.1. La legislación
En México, a partir de la reforma al artículo 105 constitucional en diciembre de
1994 y con la expedición de su ley reglamentaria en mayo de 1995, el tradicional juicio
de amparo dejó de tener el monopolio de la defensa de la Constitución, al consolidarse
un sistema integral de instrumentos procesales para su tutela.
El juicio de amparo tuvo su nacimiento en México (Constitución yucateca de
1841) y fue trasladado y adoptado de manera progresiva por la mayoría de los textos
fundamentales iberoamericanos, aunque en algunos de ellos con denominaciones dis-
tintas: Argentina (artículo 34), Bolivia (artículo 19), Brasil (mandado de segurança,
artículo 5.o
), Chile (recurso de protección, artículo 21), Colombia (tutela jurídica, artículo
86), Costa Rica (artículo 48), El Salvador (artículo 182.1), España (artículo 53.2),
Guatemala (artículo 265), Honduras (artículo 183), Nicaragua (artículo 188), Panamá
(artículo 50), Paraguay (artículo 134), Perú (artículo 200), Uruguay (artículo 7.o
) y
Venezuela (artículo 27).
En la realidad actual, el amparo mexicano, como lo ha afirmado Héctor Fix-
Zamudio, comprende cinco instrumentos distintos, que en otros países se prevén de
manera autónoma: a) la protección de la libertad e integridad personal (hábeas cor-
pus); b) la impugnación de la inconstitucionalidad de leyes; c) el amparo contra reso-
luciones judiciales o amparo casación; d) el amparo contra actos o resoluciones de la
administración pública federal o local, y e) el amparo en materia social agraria.
No obstante esta amplia estructura, el tradicional juicio de amparo mexicano
resulta hoy insuficiente para lograr una adecuada, completa y eficaz tutela de los
derechos fundamentales, lo que ha motivado recientes iniciativas de reforma constitu-
cional y legal, como la que versa sobre derechos humanos presentada por el ejecutivo
federal, en abril de 2004, y la de nueva Ley de Amparo (que de aprobarse abrogaría a
la actual legislación de 1936), que fundamentalmente abriga el proyecto elaborado por
una comisión de juristas (1999-2001) designada por el tribunal pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación para esa finalidad, y convertida en proyecto de ley en
2004.
Entre los novedosos aspectos que contiene ese proyecto de nueva Ley de Am-
paro destacan cuatro que se prevén en otros ordenamientos iberoamericanos:
a) La ampliación del ámbito de protección del juicio de amparo no sólo a las
garantías individuales previstas en la Constitución federal, sino a “los derechos huma-
nos que protegen los instrumentos internacionales generales en la materia que estén
de acuerdo con aquélla, celebrados y que se celebren por el presidente de la Repúbli-
ca, con aprobación del Senado” (artículo 1.o
). Lo anterior deriva de lo que se ha
denominado el bloque de la constitucionalidad, lo que daría una nueva jerarquía
normativa a los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento
mexicano, tendencia que han seguido varios países latinoamericanos.
b) La incorporación del interés legítimo, que rompe con el tradicional interés
jurídico y abre las ventanas a la protección de los denominados intereses o dere-
chos difusos o transpersonales. En México se ha avanzado muy poco en esta ma-
teria, si se tienen en cuenta las modificaciones que en los últimos años han sufrido los
textos constitucionales y legales de varios países latinoamericanos. La protección
jurisdiccional de esos derechos sólo se regula en dos Códigos de Procedimientos Civi-
les locales (de los estados de Coahuila y Morelos), y tibiamente, sin un adecuado
tratamiento procesal, para los consumidores (Ley Federal de Protección al Consumi-
dor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1992), en
materia ambiental (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 28 de enero de 1988, así como
las diversas leyes sobre la materia expedidas con posterioridad en las distintas entida-
des de la República mexicana), o las que algunos autores sostienen existen en materia
electoral. En esta dirección destacan los esfuerzos por la elaboración del Anteproyec-
to de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, presentado en el
marco de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal (Montevideo,
2002), en el que se establecen bases generales que pudieran adoptar los países de la
región, sobre los distintos aspectos procesales de esta compleja temática. Resulta
relevante que el Código Modelo quedó finalmente aprobado en el marco de las XIX
Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal y V Congreso Venezolano de Dere-
cho Procesal (Caracas, octubre de 2004).
c) La declaración general de inconstitucionalidad es una propuesta que Fix-Za-
mudio realizó desde el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
celebrado en la ciudad de México en 1975, y que quedó reflejada en la conclusión
quinta: “La realización del control de la constitucionalidad de las leyes, los tribunales
latinoamericanos deben superar el principio adoptado por razones históricas, de la
desaplicación concreta de la ley, para consignar en la declaratoria general de in-
constitucionalidad, tomando en cuenta las particularidades y experiencias de cada
régimen jurídico, con el objeto de darle una verdadera eficacia práctica”.

En la actualidad, la desaplicación de las disposiciones legislativas en el caso
concreto y sólo en relación con las partes “viola el principio esencial de la igualdad de
los gobernados ante la ley, que es uno de los valores básicos en un régimen democrá-
tico, en cuanto dichos efectos particulares implican que, frente a una ley constitucio-
nal, únicamente las personas que cuentan con recursos económicos para obtener el
asesoramiento de abogados expertos están excluidas de la obligación de cumplirla en
caso de haber obtenido un fallo favorable al haber figurado como partes en los propios
juicios de amparo. En tanto que un número generalmente mucho mayor de personas,
las que por su limitación de recursos económicos y por su inadecuada preparación
cultural no han contado con ese asesoramiento, deben acatar las disposiciones legales
contrarias a los preceptos fundamentales” (Fix-Zamudio).
La ley de amparo vigente sólo protege al caso particular, no obstante que en la
acción de inconstitucionalidad y en la controversia constitucional los efectos de la
sentencia pueden ser erga omnes, para lo que se requiere una votación calificada (8
de 11 miembros del pleno).
d) Incorporación de la interpretación conforme de la constitucionalidad de nor-
mas generales, que surgió en la legislación y jurisprudencia alemanas, y que actual-
mente siguen varios tribunales constitucionales latinoamericanos. Si bien este instru-
mento lo practican los juzgadores constitucionales, en ocasiones no lo realizan de
manera consciente, por lo que es preciso introducirlo de manera expresa en la legisla-
ción. De este modo se salvaría la constitucionalidad de la norma impugnada mediante
la interpretación que al respecto realizara la Suprema Corte de Justicia.
Aunque del proyecto de nueva Ley de Amparo se desprenden importantes avan-
ces en materia de protección procesal de los derechos humanos y de defensa jurisdic-
cional de la Constitución, desde la aludida reforma constitucional de 1994 se estable-
ció en México un sistema integral de control constitucional, que se vio cristalizado en
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de mayo de 1995, en la que
se crea la acción de inconstitucionalidad que tiene por objeto la impugnación abs-
tracta de las normas de carácter general, de competencia exclusiva del pleno de la
Corte, semejante a las acciones europeas; y, por otra parte, se ampliaron los supues-
tos de procedencia de la controversia constitucional, que resuelve los conflictos
competenciales y de atribuciones entre entidades, poderes u órganos del estado, al
ampliarse la legitimación procesal a los municipios.
Este panorama de pluralidad de instrumentos de control de constitucionalidad
como el que ahora presenta México es más amplio en algunos ordenamientos ibero-
americanos contemporáneos (además de instrumentos similares a los existentes en
nuestro país se encuentran regulados otros, como el hábeas data, la cuestión de in-
constitucionalidad, la inconstitucionalidad por omisión, el control previo de constitucio-
nalidad de leyes y tratados internacionales, etcétera) y se refleja y desarrolla en leyes
procesales específicas.

Incluso, en algunos países existen Leyes o Códigos Procesales Constitucionales
que, de manera unitaria y general, regulan los procesos constitucionales, como son los
casos de Argentina (ley n.o
8 369 de Procedimientos Constitucionales de la Provincia
de Entre Ríos y Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán), Costa
Rica (ley nacional n.o
7 135 de Jurisdicción Constitucional), Guatemala (Ley de Am-
paro, Exhibición Personal y de Constitucionalidad), y el Perú (Código Procesal Cons-
titucional); además, existen anteproyectos de leyes de jurisdicción constitucional en
otros países, como El Salvador y Honduras.
En el ámbito local mexicano, aunque la reforma de 1994 a la Constitución del estado
deChihuahua(artículo200)ratificólaexistenciadeuninstrumentodecontrolconstitucio-
nal llamado recurso de queja (amparo local), la tendencia de producción de cuerpos
unitarios reguladores de la jurisdicción constitucional ha cobrado fuerza a partir del año
2000, al haberse verificado reformas a las Constituciones de los estados de Veracruz
(2000), Coahuila (2001), Tlaxcala (2001), Guanajuato (2001), Chiapas (2002), Quintana
Roo (2003), Nuevo León (2004) y el estado de México (2004), en virtud de las cuales se
instituyeron diversos mecanismos de protección constitucional, cuya competencia se atri-
buye al poder judicial estatal. Particularmente, en los estados de Guanajuato (Ley Regla-
mentaria de la Fracción XVdelArtículo 89 de la Constitución),Tlaxcala (Ley del Control
Constitucional), Chiapas (Ley de Control Constitucional) y el estado de México (Ley
Reglamentaria del Artículo 88 bis de la Constitución), existen sendas leyes de control
constitucional.Estemovimientodeunidadlegislativainducealareflexiónsobrelanecesi-
dad de crear un Código Procesal Constitucional federal en México.
2.2. La magistratura especializada
De manera progresiva se ha establecido una magistratura especializada en la
resolución de los conflictos o litigios constitucionales que realiza una función interpre-
tativa de la normativa constitucional. En América Latina existen órganos ad hoc que
cumplen dicha función, siguiendo el modelo europeo de control constitucional, deno-
minados cortes o tribunales constitucionales (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gua-
temala y Perú). En otros casos se han creado salas constitucionales dependientes de
las propias cortes supremas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Para-
guay y Venezuela). Incluso, en algunos países donde no existen estos tribunales o
salas constitucionales, el máximo órgano jurisdiccional ordinario desempeña funcio-
nes de control constitucional, aunque no de manera exclusiva (Argentina, Brasil, México,
Panamá y Uruguay).
En nuestro país, las trascendentes reformas constitucionales y legales, primero
de 1987-1988 y después de 1994-1995, incorporaron elementos fundamentales para la
configuración de un sistema de magistratura constitucional especializada, al haberse
acercado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista material,
a un tribunal constitucional.

Por virtud de las reformas que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, se
modificó el sistema anterior en el que la Suprema Corte de Justicia funcionaba de
forma predominante como tribunal de casación, para encomendarle la última instancia
de los juicios de amparo y de otras controversias de carácter estrictamente constitu-
cional, y se trasladó a los tribunales colegiados de circuito la decisión de los juicios de
amparo en los cuales se plantearan cuestiones de mera legalidad.
Con la mencionada reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, la Supre-
ma Corte de Justicia sufrió una profunda transformación tanto en su estructura orgá-
nica como en su esfera competencial, al haberse aproximado notoriamente a la es-
tructura de los tribunales constitucionales europeos, al reducirse su número de miem-
bros (de 26 a 11) y suprimirse la inamovilidad de los ministros para establecer un
periodo de quince años en la duración de su cargo. Dicha reforma también significó la
creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano del Poder Judicial de la
Federación, dirigido a la realización de las funciones de administración de ese Poder y
para velar por el sistema de carrera judicial, lo cual significó descargar las tareas que
en materia administrativa tenía la Suprema Corte, que la distraían de sus funciones
sustanciales.
Por otro lado, como se ha dicho, con el otorgamiento a la Corte de la atribución
exclusiva para conocer de las acciones abstractas de inconstitucionalidad, y la confir-
mación de la que ya tenía en materia de controversias constitucionales, se introdujo la
posibilidad de que emita resoluciones con efectos generales futuros.
Posteriormente, mediante reforma constitucional de 21 de agosto de 1996, junto
con la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, se dise-
ñan dos nuevos procesos constitucionales, orientados a la materia electoral: el juicio
de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos polí-
tico-electorales del ciudadano, con los cuales se continuó delineando el vigente siste-
ma de control de constitucionalidad mexicano.
Asimismo, la Constitución prevé otros instrumentos, como el juicio político, la
facultad de investigación de la Suprema Corte y los procedimientos ante los organis-
mos autónomos protectores de los derechos humanos, que si bien no comparten la
naturaleza jurisdiccional de los anteriores, representan procedimientos específicos
configurados para la defensa de la normativa constitucional, lo que, en principio, impo-
ne sean estudiados de manera conjunta y sistemática con los referidos procesos juris-
diccionales.
El 11 de junio de 1999 se verifican otras reformas constitucionales que confir-
man la tendencia de fortalecer a la Suprema Corte en su carácter de tribunal consti-
tucional, al establecerse, en la fracción IX del artículo 107 constitucional, que las
resoluciones que se dicten en materia de amparo directo por los tribunales colegiados
no admiten recurso alguno, con excepción de los casos en que decidan sobre la in-
constitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de
la Constitución y, además, a juicio de la Suprema Corte y conforme a los acuerdos

generales que emita su pleno, entrañen la fijación de un criterio de importancia y
trascendencia. Sólo es este específico caso resulta procedente el recurso de revisión,
cuya materia se limita exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente
constitucionales; en caso contrario se desecha el recurso. Como puede advertirse, en
este último supuesto de amparo directo, se deja a la Corte la facultad discrecional
para conocer del recurso de revisión, a semejanza del writ of certiorari estadounidense.
En ejercicio de la facultad que le concede el artículo 94, párrafo sexto, de la
Constitución federal, la Suprema Corte de Justicia ha emitido diversos acuerdos gene-
rales a través de los cuales ha definido reglas y lineamientos delimitadores de su
esfera competencial. Así, por ejemplo, pueden mencionarse los importantes acuerdos
plenarios 5/1999 y 5/2001. En el primero se establecen las bases generales para la
procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, mientras que
en el segundo se determinan los asuntos que conservará para su resolución el Tribunal
pleno y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales
colegiados de circuito.
A través de acuerdos generales como los mencionados, la Suprema Corte ha
logrado depurar todavía más su carácter de órgano jurisdiccional especializado en
materia constitucional.
Aunado al fenómeno de la configuración de una magistratura especializada en el
nivel federal, resultan también relevantes las jurisdicciones especializadas en materia
constitucional que se están forjando en las entidades federativas de la República mexi-
cana. Realizan dicha función el pleno de los tribunales superiores de justicia (Coahui-
la, Guanajuato, Tlaxcala y Nuevo León), o bien una sala superior (Chiapas), o una sala
constitucional (Veracruz, Quintana Roo y estado de México).
Además de esta vertiente local de la magistratura constitucional experimentada
en México, con el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en diciembre de 1998, se inició la configuración de
una vertiente internacional o supranacional, al establecerse dicha Corte como órgano
jurisdiccional concentrado e intérprete último de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos o Pacto de San José —suscrita en San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969—, que viene a constituirse, junto con sus protocolos adicionales,
como una suerte de lex superior para los países sometidos al sistema interamericano,
la cual sirve como parámetro de control al que puede recurrir el promovente de la
queja respectiva. Se caracteriza así un verdadero amparo interamericano como un
instrumento procesal de defensa de los derechos fundamentales que convive con los
sistemas existentes a escala federal y, en su caso, en el ámbito local (estatal).
2.3. La doctrina
A partir del nacimiento de los tribunales constitucionales europeos, en la segunda
década del siglo XX, se inició el estudio sistemático de los procesos constitucionales y

de la magistratura especializada para resolverlos. Especialmente en las últimas tres
décadas, constitucionalistas y procesalistas han enfocado sus esfuerzos en establecer
la denominación, el contenido y los límites del derecho procesal constitucional como
nueva disciplina jurídica. Hubo avances importantes con la aparición de libros con
esta denominación en varios países como Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Chile, España, México, Nicaragua, Panamá y Perú; al margen de las múl-
tiples monografías sobre procesos constitucionales específicos o, en general, sobre
justicia, jurisdicción, control o defensa constitucional. En esta dirección de fomento y
proliferación de la literatura sobre la materia se inscribe la recién creada Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (México: Porrúa-Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, 2004).
Asimismo, el derecho procesal constitucional se ha venido incorporado con
inusitada fuerza a los planes y programas de estudio de diversas facultades, escuelas
y departamentos de derecho en México y América Latina, y se han multiplicado los
cursos, diplomados, seminarios y coloquios académicos dedicados al estudio y el aná-
lisis de sus instituciones.
Derivado de la progresiva importancia de la disciplina en la región, en agosto de
2003 fue creado el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, en
el marco del Primer Encuentro sobre la materia, celebrado en la ciudad de Rosario,
Argentina. Su antecedente inmediato, el Centro Iberoamericano de Derecho Proce-
sal Constitucional, había sido instituido desde la década de los ochenta, con los auspi-
cios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Rosario, impulsado por el destacado jurista Néstor Pedro Sagüés, actual presi-
dente del Instituto. La inquietud de sus miembros, en esos primeros meses posteriores
a su refundación, se ha patentizado con la organización del Segundo Encuentro, que
se celebró en la ciudad de San José de Costa Rica en julio de 2004.
Es previsible que, en los próximos años, se instituyan asociaciones nacionales;
clara muestra de ello es la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional,
que en el mes de septiembre de 2004 celebró sus VIII Jornadas Académicas, y el
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, que fue creado dentro del
marco del Primer Coloquio Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional, ce-
lebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 23 a 25 de septiembre de
2004, al que asistieron juristas de la más reconocida autoridad en la materia.
2.4. El sentido común
Los anteriores elementos mencionados de legislación, magistratura especializa-
da y doctrina específica, en confluencia con un elemento metajurídico como lo es el
sentido común, tan precisamente explicitado por Álvaro d’Ors, robustecen la consa-
gración del derecho procesal constitucional como disciplina jurídica autónoma, con
un objeto de estudio propio e independiente. Apelando a las ideas de este insigne

iusfilósofo, el derecho es ante todo sentido común, pues éste “no se determina por
estadísticas plebiscitarias, sino por una simplicidad de la razón individual de cada uno:
no es el sentir de las multitudes, sino el de cada hombre no-demente con el que nos
podemos encarar a solas. No podrá negarnos que unas cosas vienen de otras por su
naturaleza y que por eso mismo tienen una finalidad […]”.1
Basta entonces para un
jurista ver sencillamente las cosas como son.
La tesis de D’Ors es útil para afirmar que, si se ha producido una legislación
dirigida a la regulación de procesos y jurisdicción constitucionales, si es evidente la
expansión de órganos especializados en la resolución de los conflictos constituciona-
les, y si es ostensible que la doctrina es cada vez más creciente sobre estos temas, la
sistematización de ese conocimiento habrá de desembocar en una disciplina jurídica,
en este caso, correspondiente con el derecho procesal constitucional. Así como al
lado del derecho civil existe un derecho procesal civil, o como al lado del derecho
penal hay un derecho procesal penal, es de sentido común pensar que paralelamente
al derecho constitucional existe también el derecho procesal constitucional, como par-
cela jurídico-procesal en la que habrán de sistematizarse los instrumentos, predomi-
nantemente de carácter procesal, tendentes a la salvaguarda de las reglas, principios
y valores de la normativa fundamental.
3. Los sectores del derecho procesal constitucional
Siguiendo las ideas del maestro Fix-Zamudio, que ha desarrollado notablemente
el pensamiento de Mauro Cappelletti, el derecho procesal constitucional se divide,
para efectos de estudio, en tres sectores:
a) Derecho procesal constitucional de las libertades. Comprende el estudio
de aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protección
de los derechos humanos; en el caso mexicano, por aquellos mecanismos que prote-
gen esencialmente la parte dogmática de la Constitución (garantías individuales), así
como los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales.
b) Derecho procesal constitucional orgánico. Se encarga del análisis de los
procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y competencias constitucio-
nales de los distintos órganos de poder, donde también se puede ubicar el control
constitucional abstracto de las disposiciones legislativas. Fundamentalmente en Méxi-
co se prevén a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales.
c) Derecho procesal constitucional transnacional. Constituye un sector que
cada día adquiere mayores dimensiones debido a la importancia creciente de los pac-
1
Álvaro d’Ors: Derecho y sentido común. Siete lecciones de derecho natural como límite del
derecho positivo, Madrid: Civitas, 1995.

tos y compromisos internacionales, y de la creación de tribunales supranacionales,
especialmente aquellos relativos a la protección de los derechos fundamentales, como
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de San José (Costa Rica), que realizan una función semejante
a los tribunales constitucionales en el ámbito interno.
d) Derecho procesal constitucional local. En la actualidad es posible afirmar
la configuración de un nuevo sector del derecho procesal constitucional que puede
denominarse local, que comprende el estudio de los distintos instrumentos encamina-
dos a proteger ya no a las constituciones federales o nacionales, sino a los ordena-
mientos, constituciones o estatutos de los estados, provincias o comunidades autóno-
mas. Si bien en ciertos países como Argentina y Alemania ha tenido un desarrollo
considerable, también en España, mediante la ley orgánica 7/1999, de 21 de abril, se
ha introducido una nueva competencia al Tribunal Constitucional para conocer de los
conflictos en defensa de la autonomía local.
En Alemania se ha consagrado una doble jurisdicción constitucional (la desarro-
llada por el Tribunal Constitucional federal y la encomendada a los quince Tribunales
Constitucionales de los Länder). Incluso, la Ley Fundamental alemana, en su artículo
99, prevé la posibilidad de ceder la jurisdicción local hacia la jurisdicción federal, es
decir, para que conozca el Tribunal Constitucional federal de los litigios constituciona-
les derivados de la interpretación de la normativa constitucional local, como es el caso
del Land de Schleswig-Holstein, que carece de una jurisdicción constitucional propia.
En este caso, como señala Norbert Lösing, “el parámetro de control del Tribunal
Constitucional federal es la Constitución del Land”.
A pesar de que en México, a partir de la Constitución federal de 1824, los orde-
namientos supremos de las distintas entidades federativas han previsto diversos ins-
trumentos para su propia protección (fundamentalmente encomendados a los poderes
ejecutivo y legislativo), no han tenido aplicabilidad debido a la concentración del con-
trol de la constitucionalidad a través del juicio de amparo federal. No debe perderse
de vista que la institución del amparo se previó por primera vez en un ordenamiento
local, la Constitución yucateca de 1841 (artículos 8.o
, 9.o
y 62), gracias al pensamiento
preclaro de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, y que luego se consagró en el
ámbito federal en el Acta de Reformas de 1847 (artículo 25) y en las Constituciones
de 1857 (artículos 101 y 102) y en la actual de 1917 (artículos 103 y 107). Como se ha
dicho, en la actualidad, el pensamiento de Rejón se ha reivindicado con la creación de
instrumentos de control constitucional en algunos estados debido a reformas recientes
a los ordenamientos de Veracruz (2000), Coahuila (2001), Tlaxcala (2001), Guanajua-
to (2001), Chiapas (2002), Quintana Roo (2003), Nuevo León (2004) y el estado de
México (2004).

4. El derecho procesal constitucional mexicano
4.1. El juicio de amparo
En el derecho procesal constitucional mexicano, el juicio de amparo es la garan-
tía constitucional por antonomasia y el instrumento más importante. Hasta antes de la
reforma constitucional de diciembre de 1994, el proceso de amparo era el único medio
de defensa constitucional con aplicación práctica efectiva.
El juicio de amparo se configuró como el instrumento jurídico-procesal sometido
al conocimiento de los tribunales de la Federación y, en última instancia, de la Supre-
ma Corte de Justicia, contra leyes o actos de autoridad que violasen los derechos
individuales de índole fundamental, o bien contra leyes o actos de la autoridad federal
que invadiesen la autonomía de los estados o viceversa, siempre que se verificase la
afectación de un derecho individual. Su fundamento constitucional se encuentra en los
artículos 103 y 107, los cuales se hallan pormenorizados en la Ley de Amparo, regla-
mentaria de dichos preceptos.
El amparo mexicano se ha ido transformando y ampliando de modo considerable
frente a la manera en que se encontraba regulado en la Constitución de 1857. En la
actualidad ha llegado a adquirir una estructura jurídica sumamente compleja y, bajo su
aparente unidad, comprende diversos instrumentos procesales que, si bien siguen prin-
cipios generales comunes, tienen aspectos que los particularizan. Como se ha mencio-
nado, los cinco sectores en los que puede clasificarse el estudio del juicio de amparo
mexicano son: el amparo para la tutela de la libertad personal, el amparo contra leyes,
el amparo casación o contra sentencias judiciales, el amparo administrativo y el ampa-
ro en materia agraria.
4.2. La controversia constitucional
Esta garantía constitucional está consagrada en la fracción I del artículo 105, y
se encuentra desarrollada por el título II, artículos 10 a 58, de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II delArtículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Con motivo de la reforma constitucional de diciembre de 1994 se introdujeron
importantes modificaciones al texto del artículo 105, al ampliar los supuestos de pro-
cedencia de las controversias, las cuales ya se encontraban previstas desde el texto
original de la Constitución de 1917 y aun en anteriores textos constitucionales vigentes
en el país, pero nunca se significaron en un efectivo medio de control constitucional
debido a factores fundamentalmente de índole político-estructural.
Las posibilidades de las controversias, de acuerdo con el puntual análisis que de
dicho artículo ha realizado José Ramón Cossío, pueden agruparse en tres hipótesis:
a) en primer lugar, los conflictos entre diversos órdenes jurídicos con motivo de la
constitucionalidad o legalidad de una norma general o de un acto, como acontece

cuando controvierten la Federación y un estado y el Distrito Federal; el Distrito Fede-
ral y un municipio y dos municipios de diversos estados; b) en segundo lugar, aquellos
conflictos entre los órganos de diversos órdenes jurídicos por la constitucionalidad o la
legalidad de normas generales o de actos, es decir, los surgidos entre el Poder Ejecu-
tivo y el Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su
caso, la Comisión Permanente, o entre un estado y un municipio perteneciente a un
estado diverso; c) finalmente, también existen los conflictos entre órganos pertene-
cientes a un mismo orden jurídico, cuando se plantee exclusivamente la constituciona-
lidad de las normas generales o de los actos entre dos poderes de un estado, de un
estado y uno de sus propios municipios o entre dos órganos del Distrito Federal.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105 constitucional, las controversias
constitucionales pueden referirse a actos concretos o bien a disposiciones normativas
generales de cualquier naturaleza, entendiendo por disposiciones generales, desde
un punto de vista material, a los tratados internacionales, leyes y reglamentos. Según
lo dispone el propio precepto constitucional, las controversias constitucionales no pue-
den plantearse respecto de leyes o actos de naturaleza electoral.
El conocimiento y la resolución de las controversias constitucionales correspon-
den, en única instancia, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas
resoluciones que declaren inválidas las disposiciones generales examinadas pueden
tener efectos generales siempre que sean aprobadas por una mayoría de por lo menos
ocho votos y, en caso contrario, sólo tendrán efectos entre las partes, según se dispo-
ne en la mencionada ley reglamentaria.
4.3. La acción de inconstitucionalidad
Un instrumento de control constitucional adoptado por la trascendental reforma
constitucional de diciembre de 1994, sin precedentes en la tradición del sistema jurídi-
co mexicano, es la acción abstracta de inconstitucionalidad. Consiste esta garantía en
una acción de carácter abstracto, lo que quiere decir que para su promoción no se
requiere de la existencia de un agravio ni de un interés jurídico específico.
De acuerdo con lo establecido por la fracción II del artículo 105 constitucional, y
62 de la ley reglamentaria, se encuentran legitimados para ejercer dicha acción el
equivalente al treinta tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, de
la Cámara de Senadores, de la Asamblea de Representantes (ahora Legislativa) del
Distrito Federal, así como de las legislaturas de los estados. También se le reconoce
legitimación al procurador general de la República y, después de la reforma constitu-
cional de agosto de 1996, que admitió la impugnación de las leyes electorales, también
se otorgó legitimación exclusiva en la materia a las dirigencias nacionales y estatales
de los partidos políticos.
El tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia es competente para conocer y
resolver este instrumento procesal en instancia única. Al igual que en las controver-

sias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad cabe la posibilidad de que
las sentencias surtan efectos generales, llegado el caso de que éstas declaren la inva-
lidez de las normas impugnadas y fuesen aprobadas por una mayoría de cuando me-
nos ocho votos; en caso contrario, se desestima la acción ejercitada y se ordena el
archivo del asunto.
4.4. El procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia
Este instrumento de garantía constitucional está previsto en los párrafos segundo
y tercero del artículo 97 de la Constitución federal. Según dispone este precepto, la
Suprema Corte de Justicia se encuentra facultada para designar a alguno o algunos de
sus miembros, o a algún juez de distrito o magistrado de circuito, o bien a uno o varios
comisionados especiales, cuando lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo fede-
ral, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de alguna enti-
dad federativa, únicamente con el propósito de que averigüe algún hecho o hechos
que se presuman como una grave violación de alguna garantía individual. En virtud de
esta facultad, la Suprema Corte también puede solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal la averiguación de la conducta de algún juez o magistrado del Poder Judicial
de la Federación.
Asimismo, esta atribución constitucional de la Corte se extiende a la materia
electoral en tanto se encuentra facultada para practicar de oficio la investigación de
algún hecho o hechos que se estimen violatorios del voto público, siempre que a su
juicio pueda ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de
los poderes de la Unión.
El ejercicio de esta facultad de la Suprema Corte se traduce en un simple proce-
dimiento y no en un verdadero proceso, y el resultado de la investigación respectiva
culmina con un dictamen elaborado por la Corte, el cual debe hacerse llegar con
oportunidad a los órganos competentes.
4.5. El juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano
Este medio de control constitucional fue introducido debido a las reformas cons-
titucionales de 1996 (artículo 99, fracción V), y se encuentra reglamentado en la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral publicada en el
Diario oficial de la Federación en noviembre de ese mismo año. Como se despren-
de de su denominación, la finalidad del juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales de los ciudadanos es la de tutelar procesalmente esos derechos ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por lo que respecta a la competencia para conocer de este instrumento, éste
puede presentarse ante la Sala Superior, en única instancia, cuando se trate de la

violación a los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse
individual y libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país; y, durante el
periodo electoral, ante las Salas Regionales del mismo Tribunal, cuando no se entre-
gue al afectado el documento necesario para ejercer el voto, o no aparezca, o se lo
haya excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su
domicilio.
4.6. El juicio de revisión constitucional electoral
Este otro medio de control constitucional en materia electoral fue introducido por
el artículo 99 constitucional y por la Ley General de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral con el objeto de combatir la inconstitucionalidad de los actos o resolu-
ciones de las autoridades electorales de las entidades federativas, para organizar y
calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante ellos. Se
configura como una especie de juicio de amparo en materia electoral.
El conocimiento de este proceso de revisión constitucional corresponde a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en única instancia,
tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernadores, diputa-
dos locales, autoridades municipales, así como del jefe de gobierno, los diputados a la
Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito
Federal.
Sólo los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos, pueden
promover este juicio, siempre que dichos representantes estén registrados formal-
mente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o la
resolución impugnados; cuando hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdic-
cional al cual recayó la resolución impugnada; los que hayan comparecido con el
carácter de tercero interesado en el medio de impugnación jurisdiccional al cual reca-
yó la resolución combatida; o, finalmente, los que tengan facultades de representación
de acuerdo con los estatutos del partido político respectivo.
4.7. El juicio político
Es una garantía constitucional que consiste en el enjuiciamiento por la Cámara
de Senadores, previa acusación que formule ante ella la Cámara de Diputados, a los
altos funcionarios de los tres órganos de gobierno por la comisión de infracciones de
tipo político, especialmente a la Constitución federal. La consecuencia del fallo con-
denatorio implica únicamente la destitución o inhabilitación del responsable. Su funda-
mento constitucional se encuentra, principalmente, en el artículo 110.
De acuerdo con este precepto constitucional, pueden ser sujetos de juicio político
los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de

despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la asamblea legis-
lativa del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador gene-
ral de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistra-
dos de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del
Distrito Federal, los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, el consejero pre-
sidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Elec-
toral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalen-
tes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los gobernado-
res de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales
sólo pueden ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución fede-
ral y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de
fondos y recursos federales, casos en los que la resolución tendrá únicamente carác-
ter declarativo y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus
atribuciones, procedan en consecuencia.
El procedimiento se encuentra regulado en la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, que fue parcialmente derogada por la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de marzo de 2002, en
lo que se refiere a las responsabilidades de naturaleza administrativa, aunque subsis-
ten los títulos correspondientes a la responsabilidad política y al procedimiento ante el
Congreso de la Unión en materia de juicio político.
4.8. El procedimiento ante los organismos autónomos protectores
de los derechos humanos (ombudsman)
Si bien, en rigor, los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos
humanos no tendrían cabida dentro de la disciplina del derecho procesal constitucio-
nal, por cuanto no constituyen instrumentos de carácter procesal, su análisis tiene que
incorporarse debido a su estrecha vinculación con los organismos jurisdiccionales, a
los cuales apoyan y auxilian en su labor de protección de los derechos humanos.
Como instrumentos de control constitucional, las funciones de las comisiones de
derechos humanos se materializan a través de la protección, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en el ordenamiento mexica-
no. De estas atribuciones la más significativa es la de realizar investigaciones, ya sea
a petición de los afectados o de oficio, sobre las violaciones de los derechos humanos
por actos u omisiones de carácter administrativo de cualquier autoridad o funcionario
público (exceptuando por tanto las derivadas de las materias electoral, jurisdiccional o
laboral).
Como resultado de la investigación efectuada se deriva la formulación, sea de
recomendaciones públicas autónomas o de acuerdos de no responsabilidad. Cuando

el procedimiento culmina con una recomendación, que no tiene carácter obligatorio, la
autoridad respectiva debe comunicar al organismo si la acepta, y entregarle posterior-
mente las pruebas de su cumplimiento. Por otra parte, el propio órgano debe notificar
inmediatamente al promovente los resultados de la investigación, la recomendación
respectiva, su aceptación y ejecución, o bien, en su caso, el acuerdo de no
responsabilidad.
4.9. Otras garantías constitucionales en el sistema jurídico mexicano
En la actualidad se discute, en atención a un criterio flexible de clasificación, si
otros mecanismos podrían ser considerados como auténticas garantías constituciona-
les en tanto se dirigen a la defensa jurídica del propio ordenamiento constitucional y
que, por razón de sistemática y de conveniencia doctrinal, deben ser estudiados en el
marco del derecho procesal constitucional. Ejemplos de esos mecanismos son la res-
ponsabilidad patrimonial del estado introducida por la reforma constitucional publicada
en el Diario Oficial de la Federación de 14 de junio de 2002 (artículo 113, párrafo
segundo), en la que se establece que el estado será responsable por los daños que
cause en los bienes o derechos de los gobernados con motivo de su actividad adminis-
trativa; o la facultad exclusiva del Senado para resolver las cuestiones políticas que
surgieren entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurriere con ese fin
ante esa Cámara legislativa, o cuando con motivo de ellas se hubiere interrumpido el
orden constitucional (artículo 76, fracción VI), caso en el cual el Senado habrá de
dictar su resolución con sujeción a la Constitución federal y a la particular del estado
de que se trate.
5. Retos y desafíos del derecho procesal constitucional
En el ámbito latinoamericano no puede negarse que el derecho procesal cons-
titucional es una realidad en el concierto de las disciplinas jurídicas, y que en el
presente se encuentra transitando hacia una nueva etapa, consistente ya no en la
mera discusión sobre su existencia o el debate terminológico (justicia o jurisdicción
constitucional), sino en definir y delimitar con exactitud lo que habrá de constituir su
objeto de estudio.
Dos posiciones antagónicas pueden advertirse: una que defiende un criterio res-
tringido o rígido, y otra que sustenta uno amplio o flexible. Para la primera concepción,
el contenido del derecho procesal constitucional se limitaría a considerar dentro de
su esfera de estudio únicamente los procesos jurisdiccionales de naturaleza constitu-
cional, excluyendo la posibilidad de que en ella queden comprendidos otros instrumen-
tos o procedimientos, es decir, mecanismos no procesales (en estricto rigor del térmi-
no) de protección constitucional. La segunda concepción admite el estudio tanto de
los genuinos instrumentos procesales, cuanto de los procedimientos, siempre que se

encuentren previstos constitucionalmente y la finalidad de todos ellos se dirija a la
salvaguarda y la protección del propio ordenamiento supremo.
En el marco del sistema jurídico mexicano, el contenido del derecho procesal
constitucional, desde el punto de vista restringido, comprendería sólo los instrumen-
tos del juicio de amparo, las controversias constitucionales y los procesos constitucio-
nales en materia electoral (el juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral). En cambio, desde
el punto de vista flexible o amplio, que podemos afirmar es el que ha venido postulan-
do incansablemente Héctor Fix-Zamudio a lo largo de las últimas décadas, dentro del
derecho procesal constitucional se encontrarían comprendidos no sólo los acaba-
dos de enunciar, sino también otras garantías constitucionales como el procedimiento
ante los organismos autónomos protectores de los derechos humanos, la facultad de
investigación de la Suprema Corte de Justicia, las acciones de inconstitucionalidad y el
juicio político —incluso de estos dos últimos instrumentos cabría plantearse, en primer
término, si son genuinos procesos o bien procedimientos—. Desde esta óptica, tanto
los procesos como los procedimientos mencionados se encuentran orientados hacia
un mismo objeto y guardan una afinidad estrecha, circunstancia que impone su estudio
en un mismo contexto disciplinario.
Bajo el prisma del enfoque flexible, conviene reflexionar si cabría la posibilidad de
incorporar otros institutos distintos que, previstos constitucionalmente, finalmente redun-
dan en instrumentos protectores de la normativa constitucional, como puede ser, según se
ha mencionado, la facultad exclusiva del Senado para resolver contiendas de carácter
político entre los poderes de un estado o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya
interrumpidoelordenconstitucionallocal(artículo76,fracciónVI),obienlaresponsabili-
dad patrimonial del estado por los daños que cause en los bienes o derechos de los gober-
nados con motivo de su actividad administrativa (artículo 113, segundo párrafo).
Ante estos problemas de indefinición, el derecho procesal constitucional ten-
drá que enfrentar otros no menos importantes que algunos autores, como Domingo
García Belaunde, han puesto de relieve; por ejemplo, la existencia de otra disciplina
paralela y limítrofe como lo es el derecho constitucional procesal, el diálogo de
sordos entre procesalistas y constitucionalistas, o la preferencia en denominar a la
materia justicia constitucional o jurisdicción constitucional en el continente euro-
peo, en el que no termina de permear la idea de denominar a la disciplina con la
precisa expresión científica de derecho procesal constitucional. Éstos son sólo al-
gunos de los múltiples desafíos que habrá de enfrentar y superar la disciplina en los
próximos años.
6. Bibliografía especializada
Labibliografíasobrelostemasdejusticia,control,defensaojurisdicciónconstitucio-
nal, o acerca de procesos constitucionales en particular, resulta abrumadora. Con inde-

pendencia de la pionera obra de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Ensayos de derecho
procesal civil, penal y constitucional (1944), es partir de la década de los ochenta del
siglo pasado cuando han venido apareciendo obras que emplean la denominación expresa
de derecho procesal constitucional. Esta tendencia se ha incrementado de manera
notable en los últimos años, especialmente en países latinoamericanos como Argentina,
México y Perú. A continuación aparecen esas obras por orden alfabético del país.
6.1. Alemania
BENDA, Ernst, y KLEIN, Eckart: Lehrbuch des Verfassungsprozssrechts, 1991.
PESTALOZZA, Christian: Verfassungsprozessrecht, 3.ª ed., Múnich: C. H. Beck, 1991.
6.2. Argentina
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto: Ensayos de derecho procesal civil, penal
y constitucional, Buenos Aires: Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944.
GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo: Derecho procesal constitucional. El debido proceso,
BuenosAires: Rubinzal-Culzoni, 2004.
— Derecho procesal constitucional. Hábeas data. Protección de datos perso-
nales (decreto 15558/2001), Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2003.
— Derecho procesal constitucional. Amparo. Doctrina y jurisprudencia, Bue-
nosAires: Rubinzal-Culzoni, 2002.
— Derecho procesal constitucional. Hábeas data. Protección de datos perso-
nales. Doctrina y jurisprudencia, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2001.
— Derecho procesal constitucional, BuenosAires: Universidad de Belgrano, 1999.
RIVAS, Adolfo A. (dir.) y MACHADO PELLONI, Fernando M. (coord.): Derecho pro-
cesal constitucional, Buenos Aires: Ad-hoc, 2003.
SAGÜÉS, Néstor Pedro: Derecho procesal constitucional, tomos I y II: “Recurso
extraordinario”, 4.ª ed., Buenos Aires, 2002; tomo III: “Acción de amparo”, 4.ª
ed., BuenosAires, 1995; tomo IV: “Hábeas corpus”, 3.ª ed., BuenosAires, 1998.
SAGÜÉS, Néstor Pedro, y SERRA, María Mercedes: Derecho procesal constitucio-
nal de la Provincia de Santa Fe, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1998.
6.3. Brasil
CATTONI, Marcelo: Directo processual constitucional, Belo Horizonte: Mandamen-
tos, 2001.
GUERRA FILHO, Willis Santiago: Introdução ao directo processual constitucional,
Porto Alegre: Síntese, 1999.
GONÇALVES CORREIA, Marcus Orione: Direito processual constitucional, San Pa-
blo: Saraiva, 1998.

ROSAS, Roberto: Direito processual constitucional, San Pablo: Revista dos Tribu-
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6.4. Costa Rica
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BORDALÍ SALAMANCA, Andrés: Temas de derecho procesal constitucional, pról.
de Juan Colombo Campbell, Santiago de Chile: Fallos del Mes, 2002.
6.7. España
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Derecho procesal constitucional, Madrid: Civitas, 1980.
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