Doc sostenibilidadambientala delisio

Octubre de 2011
La Sostenibilidad
Ambiental de la Política
de Desarrollo en
Venezuela
Antonio De Lisio

La Sostenibilidad Ambiental de la Política de
Desarrollo en Venezuela
Antonio De Lisio
Caracas, Octubre de 2011
Los análisis y conclusiones contenidos en el presente documento son de la exclusiva
responsabilidad del autor y en nada comprometen al Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS), como organización que coordinó su elaboración y
promovió su debate público

Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS)
Oficina en Venezuela de la
Fundación Friedrich Ebert
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con 2da Transversal de
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Director del ILDIS y
Representante de la
Fundación Friedrich Ebert en Venezuela
Heinrich Sassenfeld
Coordinador Institucional del documento
Flavio Carucci T.
Jefe de Proyectos del ILDIS
Asistente:
Yuraima Isabel Becerra Rivas
Asistente de Proyectos del ILDIS
Autor: Antonio De Lisio
La impresión y reproducción total o parcial de este documento es permitida,
siempre y cuando se mencione el nombre de su autor y las instituciones que
coordinaron su elaboración.

Índice
El marco teórico para un país diverso en lo biológico, en lo geográfico y en lo
social
1
La valoración de la naturaleza y el ambiente en los planes de la nación y las
políticas públicas en Venezuela entre 1958-1998
1
El marco legal y prescriptivo vigente en materia ambiental 4
La Constitución de 1999 nos dirige hacia la sustentabilidad “suave” 5
La legislación ambiental actual y los acuerdos ambientales internacionales
suscritos
7
Los Planes de la Nación Bolivarianos 11
El Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 11
El Plan Nacional Simón Bolívar (PNSB) o Primer Plan Socialista 2007-
2013
12
La dimensión ambiental y la sostenibilidad en el actual enfoque del desarrollo 12
La gestión ambiental durante el gobierno bolivariano. Diferencias y
similitudes con gestiones anteriores.
12
La inclusión de la perspectiva ambiental y la sostenibilidad de los procesos
de formación de políticas públicas: aciertos y desaciertos
16
Conclusiones 19
Recomendaciones de Política: hacia una política pública ambientalmente
sostenible
20
Bibliografía 23

1
El marco teórico para un país diverso en lo biológico, en lo
geográfico y en lo social
Desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro realizada en 1992, el desarrollo
sostenible o sustentable ha tratado de definir las opciones para lograr formas y
estilos de vida del ser humano más compatibles con las posibilidades y limitaciones
de la naturaleza y así evita comprometer la existencia de generaciones futuras. A lo
largo de estas dos décadas han sido numerosos los aportes teóricos y prácticos
desarrollados para concretar estas opciones. Uno de estos ha sido la noción de
huella ecológica mediante la cual se ha tratado de precisar la capacidad de carga
territorial necesaria para sustentar la población humana. Muchos especialistas
coinciden en aceptar el indicador de 1,7 Ha/persona, como umbral que separa a
las sociedades que lo sobrepasan con demandas de agua, bosque, alimentos por
encima de las disponibilidades propias, de las que han tenido la capacidad de
regular sus exigencias a la oferta local de esos componentes ecosistémicos.
Venezuela, con una superficie terrestre de 916.455 Km2 y con una población
estimada de 29.316.346 persona (de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de
Estadísticas-INE- de 2009) muestra una huella ecológica nacional de 3,13
Ha/persona, es decir que en teoría considerando que la oferta natural se distribuye
por igual en el territorio terrestre nacional y la población del país se reparte
también equitativamente, ésta podría duplicarse sin comprometer la sostenibilidad
ambiental de su territorio.
Sin embargo, sabemos que ni la población ni los componentes de capacidad de
carga se reparten homogéneamente sobre el territorio, produciéndose desbalances
que deben ser compensados si se pretende incluir la sostenibilidad ambiental como
criterio del desarrollo nacional. En el presente documento se evaluará como este
reto ha tratado de ser resuelto durante los distintos períodos de gobierno
bolivariano, reconociendo que en esta etapa el discurso y el marco regulatorio
oficial han estado como nunca impregnados de sustentabilidad.
La valoración de la naturaleza y el ambiente en los planes de la
nación y las políticas públicas en Venezuela entre 1958-1998
El año 1958 marca un hito en la historia política venezolana con la caída de la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez. Desde el punto de vista de la gestión de gobierno, también se
evidencia un cambio importante: los planes quinquenales de la nación se convierten en el
marco de regulatorio de la acción de gobierno, teniendo su sustento técnico-institucional
en la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República
(CORDIPLAN), creada por el decreto Presidencial No 492 del 30 de diciembre de 1958. Sin
embargo estos cambios no implicaron modificaciones en la valoración de la naturaleza.
Ésta siguió siendo valorada exclusivamente como un contenedor de recursos energéticos,
minerales, edáficos e hidrológicos para el desarrollo ilimitado del país.
Aún así, es necesario reconocer que a partir de 1958 empieza a manifestarse un interés
importante por el tema del ordenamiento territorial, el cual se convierte en un factor clave
para la sostenibilidad ambiental. A partir de esta fecha, la regionalización se convirtió

2
en el instrumento fundamental de regulación territorial pero sin cambiar la
concepción de naturaleza como “proveedora” ilimitada de recursos. En 1960
surgen las primeras Corporaciones de Desarrollo Regional, junto con otros
organismos llamados a estimular la superación de las desigualdades económicas y
demográficas regionales que durante la primera mitad el siglo XX petrolero
tendieron a magnificarse en el país: Corporación Venezolana de Guayana (CVG);
Corporación de los Andes (CORPOANDES); Consejo Zuliano de Planificación
(CONZUPLAN); Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental
(FUDECO) y; la Comisión para el Desarrollo de la Región Oriental (que
posteriormente dio paso a la Corporación para el Desarrollo de la Región Oriental-
CORPORIENTE-).
En 1969 el gobierno nacional, en el marco del IV Plan de la Nación, define por
primera vez una estructura regional para el país. Posteriormente, los distintos
gobiernos de las décadas de los setenta y ochenta siempre presentaron propuestas
referidas a la organización regional del territorio, con la intención de superar las
desigualdades de desarrollo en el país.
En 1975 con el V Plan de la Nación, el concepto de naturaleza queda subsumido
en la emergente noción de ambiente. Esta noción se convierte en un componente
nuevo de la gestión de gobierno en Venezuela y con ello en un intento de cambiar
la visión del desarrollo soportado en el uso de recursos naturales ilimitados, en una
tradición histórica que remonta al mito fundacional de El Dorado (A. De Lisio,
2006). Para garantizar esta nueva visión, se crea el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales Renovables (MARNR), Despacho que marca un hito fundamental
en la gestión ambiental pública en Venezuela, tratando de concentrar un conjunto
amplio de actividades:
Normar el uso y conservación de los recursos naturales renovables,
especialmente de los bosques, suelos y agua.
Control y seguimiento de la contaminación de los distintos medios.
Ordenamiento territorial, de manera especial en lo relativo a las figuras de
áreas naturales protegidas con fines conservacionistas: parques nacionales y
monumentos naturales.
Otorgamiento de permisos de conformidad de uso ambiental y evaluación
de impactos ambientales.
Guardería ambiental.
Construcción de infraestructura de control y regulación hídrica y de
saneamiento ambiental.
En buena medida, esta diversidad de tareas se explica por el traslado de funciones
y dependencias de otros Ministerios al recién creado. A continuación se señalan las
“migraciones” institucionales realizadas:
Del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC): Se trasladan al MARNR, la
Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR), en la que se
incluía la Sección de Parques Nacionales (el cual dio paso al Instituto
Nacional de Parques Nacionales –INPARQUES-) y las Direcciones sectoriales
de Suelo, Vegetación y Fauna. Igualmente, la Dirección de Cuencas

3
Hidrológicas y la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos (COPLANARH).
Se elimina el Ministerio de Obras Públicas (MOP), migrando al MARNR el
Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y el Instituto de Cartografía
Nacional. Otras instancias del MOP pasan a formar parte de otros dos
Despachos: Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) y Ministerio del
Transporte y Comunicaciones (MCT).
El MARNR representó uno de los primeros Ministerios del Ambiente en el mundo,
y surgió a la luz del debate originado por el informe sobre Límites del Crecimiento
del Club de Roma (1972) y de la emblemática propuesta de ecodesarrollo acuñada
en la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo del año 1972, organizada por la
Organización de Naciones Unidas en Estocolmo. Producto de este particular
contexto de crítica y reflexiones sobre las contradicciones que generaba el modelo
de desarrollo prevaleciente sobre la naturaleza, al MARNR se le definieron
actividades de seguimiento y control de las actividades humanas en el ambiente
tales como: el otorgamiento de permisos de conformidad de usos y afectación de
recursos naturales, las evaluaciones de impactos ambientales bajo el criterio del
“daño mínimo permisible”, la educación ambiental bajo las orientaciones del
Congreso Mundial de Educación de Tbilisi (1976), la guardería ambiental, actividad
en la que hay co-gestión importante de la Guardia Nacional, como componente de
las Fuerzas Armadas.
De tal manera que a partir de la segunda mitad de la pasada década de los 70´,
en Venezuela coexistían dos maneras oficiales de valorar la naturaleza: la primera,
asumida por CORDIPLAN, que le confería a la naturaleza un carácter utilitario en
tanto proveedora de recursos naturales para el ilimitado desarrollo económico-
social y; la segunda, defendida por el MARNR, fundamentada en el ecodesarrollo
como propuesta para tratar de limitar el antropocentrismo, reconociendo los
límites de tolerancia ecosistémica. De esta manera, surgió una especie de
dicotomía entre la acción del MARNR y la del resto de la gestión pública la cual se
manifestaba, entre otros aspectos, en la manera de concebir la organización del
territorio. Es así como en el VI Plan, se planteó explícitamente supeditar los
objetivos ambientales al desarrollo regional, dándole prioridad a la ordenación del
territorio como medio para mejorar la calidad ambiental. Con base en el
mencionado plan, en 1983 se sanciona la Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio (LOOT), en la que se prefigura un sistema nacional de ordenación con el
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) como instrumento regulatorio
de la ordenación territorial, con el cual debían vincularse los Planes Regionales y
Estadales. En este instrumento se trató de armonizar las señaladas diferencias
institucionales- entre el MARNR y el resto de las instituciones- estableciendo una
instancia superior de coordinación: la Comisión Nacional de Ordenación del
Territorio, presidida por el Jefe de CORDIPLAN con una Secretaria Técnica ejercida
por el MARNR. Sin embargo, en paralelo, este Despacho adelantó el proyecto
Sistema Ambientales de Venezuela basado en criterios físico-biológicos, sin
orientación socio-económica alguna de uso y valorización de la naturaleza.
Posteriormente con el VII Plan se intenta desconcentrar la gestión ambiental,
mediante la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público, sancionada en 1989, en la que se le asigna a los

4
estados la competencia de la protección ambiental. Con este instrumento, se
complementa la disposición de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU)
en la que se establece que "...el desarrollo urbanístico salvaguardará los recursos
ambientales y la calidad de vida en los centros urbanos". Se debe recordar que
esta ley fue sancionada en 1983, en paralelo a la Ley de Ordenación del Territorio
y como marco regulatorio del Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR), otra de
las resultantes de la división del MOP.
El VIII Plan de la Nación (El Gran Viraje) y el IX Plan (Agenda Venezuela),
introdujeron una tercera posición en discordia: la naturaleza y el ambiente
regulados por la competitividad del mercado en el marco de la globalización. La
políticamente turbulenta década en cual la gestión del país estuvo orientada por
criterios como las ventajas competitivas, las cadenas valor de los “commodities”,
entre otros, significó tanto el abandono de la regionalización como factor de
equilibrio socio-económico, como la reducción de la capacidad de gestión del
MARNR, Despacho que fue sometido a un proceso de reingeniería que significó la
merma de la capacidades técnicas y cognitivas que había venido acumulando. Sin
embargo, no se logró cambiar el carácter público de los bienes ambientales objeto
de las políticas que estuvieron en manos del MARNR desde su creación, como el
suministro de agua potable y el tratamiento de aguas servidas.
El marco legal y prescriptivo vigente en materia ambiental
A finales de 1999, con la aprobación de una nueva Constitución Nacional
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-CRBV-) se asume un nuevo
proyecto de país en el que se considera al “[…] equilibrio ecológico y los bienes
ambientales jurídicos como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad” (
CRBV, 1999: Preámbulo); también se asume el desarrollo sustentable como
modelo a seguir para que el Estado implante una “política de ordenación del
territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblaciones, sociales,
culturales, económicas y políticas” (CRBV, 1999: Art.128). Además se establece la
obligación estatal en la promoción de la agricultura sustentable, “como base
estratégica del desarrollo rural integral” (CRBV, 1999: Art. 305) y se define al
turismo como una actividad “prioritaria para el país en su estrategia de
diversificación y desarrollo sustentable” (CRBV, 1999: Art. 310). Como se puede
apreciar, el texto constitucional vincula de manera indefectible la sustentabilidad
con el ordenamiento del territorio como instrumento privilegiado de la
planificación del desarrollo, y apuntala las actividades económicas que pudiesen
propiciar el uso duradero de los bienes biológicos vegetales, animales y del paisaje.
Con ello, actuando en este nivel superior del legislativo, legitimado además por el
carácter refrendario de la CRBV, asumiendo un modelo de desarrollo alternativo,
se establece el marco normativo que debería evitar la continuidad de las disputas
institucionales señaladas anteriormente. El territorio y las posibilidades que ofrece
para el aprovechamiento sustentable agrícola y turístico, se convierte en la clave
para evaluar la inclusión de la sustentabilidad ambiental a lo largo del proceso
bolivariano, un período sin embargo bastante heterogéneo en cuanto al
desempeño del Gobierno Nacional en el cumplimiento de su obligación de lograr
el ordenamiento territorial venezolano como base del desarrollo sustentable del
país, como se verá más adelante.

5
Antes, sería importante realizar algunas precisiones sobre el tipo de sustentabilidad
que constitucionalmente se está privilegiando en Venezuela.
La Constitución de 1999 nos dirige hacia la sustentabilidad “suave”
El texto constitucional se impregna de orientaciones de desarrollo alternativo; sin
embargo se debe recalcar que se trata de posiciones de sustentabilidad de tipo
“suave” por cuanto el Estado Nacional no solo mantiene su derecho de propiedad
y explotación del petróleo, un recurso natural no renovable, (CRBV, 1999: Art.
302), en una tradición que se remonta a la segunda década del siglo XX, sino que
además Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) pasa a ser un bien constitucional
(CRBV, 1999: Art. 303). La viabilidad de una estrategia sostenible en Venezuela en
buena medida depende de evitar las posiciones “duras”, “maximalistas” en el
corto y en el mediano plazo, dada la dependencia del país al petróleo. Éste, al ser
un recurso natural no renovable en la escala de tiempo humano, no brinda
posibilidad alguna de uso duradero. La propuesta de sostenibilidad “dura”
descarta cualquier posibilidad de uso de los depósitos agotables de capital natural.
En cambio en la variante definida como sostenibilidad minimalista o “suave”, se
considera como opción la compensación de la merma del capital natural no
renovable (CNNR), con aumento de capital social (CS) y el desarrollo de programas
para incrementar la disponibilidad del patrimonio natural renovable (PNR).
Para comprender cabalmente el significado y alcance de la sostenibilidad
minimalista en Venezuela, se debe tener muy presente que el hidrocarburo ha
tenido un peso fundamental en la vida política del país desde su valorización como
“riqueza nacional”, calificativo que quedó acuñado en la redacción de la primera
ley petrolera nacional en 1920. De esta manera Gumersindo Torres, Ministro de
Fomento de la época y responsable de la formulación de la misma, quiso resaltar el
carácter público de los yacimientos petroleros nacionales anclado en el precepto
decimonónico del Estado dueño de toda la riqueza del subsuelo. Así el país de los
últimos ochenta años se ha configurado sobre la base de la idea del carácter
estatal de la “riqueza” petrolera, es decir de la “riqueza nacional”. (Coronil,
2002).
Se debe resaltar que la creación de un Ministerio del Ambiente solo fue posible
circunscribiendo al Despacho al ámbito de los recursos naturales renovables,
dejando los no renovables, hidrocarburos y minerales, bajo la responsabilidad de
otras instancias; es decir, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, no
actúa directamente en la planificación del aprovechamiento de estos recursos.
Durante la etapa bolivariana se profundiza el papel del Ministerio sobre la
naturaleza que aún no valoramos como “riqueza nacional”, al sumarse al
organigrama oficial la Dirección de Diversidad Biológica (Otra adición en la
estructura del Despacho durante esta etapa estamos evaluando es el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología- INAMETH-).

6
La legislación ambiental actual y los acuerdos ambientales internacionales
suscritos
Durante el proceso bolivariano, la legislación ambiental venezolana ha
incrementado su incidencia y vinculación temática. A los campos tradicionales se le
suman nuevos, arrojando una muy amalgamada cobertura: calidad ambiental
(aire, agua, materiales y desechos peligrosos, desechos no peligrosos, ruido),
recursos naturales, diversidad biológica, recursos forestales, fauna silvestre,
parques de recreación, Áreas bajo Régimen de Administración Especial-ABRAE-,
control de ejecución de obras y actividades, control de ejecución de obras
prevención y control de incendios forestales, zonas costeras, espacios acuáticos e
insulares, tierras y desarrollo agrario, guardería ambiental, indígenas, seguridad,
salud, planificación, participación, cooperativas, planificación, procedimientos y
funciones administrativas. En el siguiente cuadro, se recogen los principales
instrumentos de la legislación ambiental nacional vigentes con incidencia en la
formulación de políticas públicas:
Cuadro No.1: Legislación ambiental nacional vigente
Generales
Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.833 del 22 de Diciembre
de 2006.
Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.358
Extraordinario del 03 de Enero de 1992.
Decreto No. 1.257 referido a Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades
Susceptibles de Degradar el Ambiente. Gaceta Oficial No. 35.946 del 25 de Abril de
1996.
Resolución No. 56 de fecha 04-07-96, emanada del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables, por la cual se dictan las Normas sobre Recaudos para la
Evaluación Ambiental de Programas y Proyectos Mineros y de Exploración y Producción
de Hidrocarburos. Gaceta Oficial No. 5.079 Extraordinario del 19 de Julio de 1996.
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio publicada en la Gaceta Oficial N° 3.238 del
11 de agosto de 1983
Calidad de Aire
Decreto No 4.335 sobre Normas para Regular y Controlar el Consumo, la Producción,
Importación, Exportación y Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
Gaceta Oficial Nº 38.392 del 07 de marzo de 2006.
Decreto No 638 referido a Normas sobre Calidad del Aire y Control de la Contaminación
Atmosférica. Gaceta Oficial No. 4.899 Extraordinario del 19 de Mayo de 1995. .
Decreto No. 2.673 referido Normas sobre Emisiones de Fuentes Móviles. Gaceta Oficial
No. 36.532 del 04 de Septiembre de 1998.
Resolución No. 334 de fecha 30-11-98 sobre Normas Relativas a la Certificación de
Emisiones Provenientes de Fuentes Móviles. Gaceta Oficial No. 36.594 del 02 de
Diciembre de 1998.
Calidad de agua
Ley de Aguas. Gaceta Oficial Nº 38.595 de fecha 02 de enero de 2007.
Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento.
Gaceta Oficial No. 5.568 del 31 de Diciembre de 2001.
Decreto No. 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los

7
Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos. Gaceta Oficial No. 5.021 Extraordinario
del 18 de Diciembre de 1.995.
Decreto No. 1.400 relativo a Normas sobre Regulación y el Control del Aprovechamiento
de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas. Gaceta Oficial No. 36.013 del 02
de Agosto de 1996.
Materiales-Desechos peligrosos
Ley No. 55. Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Gaceta Oficial No.
5.554 Extraordinario del 13 de Noviembre de 2001.
Decreto No. 2.210 sobre Normas Técnicas y Procedimientos para el Manejo de Material
Radiactivo. Gaceta Oficial No. 4.418 Extraordinario del 27 de Abril de 1.992.
Decreto No. 2.218 sobre Normas para la Clasificación y Manejo de Desechos en
Establecimientos de Salud. Gaceta Oficial No. 4.418 Extraordinario del 27 de Abril de
1992.
Decreto No. 1.847 de fecha 19-09-91, Reglamento General de Plaguicidas. Gaceta Oficial
No. 34.877 del 08 de Enero de 1991.
Desechos no peligrosos
Ley de Residuos y Desechos Sólidos Gaceta Oficial No. 38.068 del 18 de Noviembre de
2004.
Decreto No. 2.216 de fecha 23-04-92, sobre Normas para el Manejo de los Desechos
Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de cualquier otra naturaleza que no
sean peligrosos. Gaceta Oficial No. 4.418 Extraordinario del 27 de Abril de 1992.
Ruido
Decreto No. 2.217 relativo a Normas sobre el Control de la Contaminación Generada por
Ruido. Gaceta Oficial No. 4.418 Extraordinario del 27 de Abril de 1.992.
Componentes Biológicos
Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. Gaceta Oficial No. 39.070 del 1 de diciembre
de 2008.
Decreto No. 6.070 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosques y Gestión Forestal.
Gaceta Oficial No. 38.946 del 05 de Junio de 2008.
Ley Forestal de Suelos y de Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 997
Extraordinario del 08 de Enero de 1966.
Decreto No. 2.214 Normas para la Administración de Actividades Forestales, en Reservas
Forestales, Lotes Boscosos, Áreas Boscosas Bajo Protección y Áreas Boscosas en terrenos
de propiedad privada destinadas a la producción forestal permanente. Gaceta Oficial No.
4.418 Extraordinario del 27 de Abril de 1992.
Decreto No. 2.026, por el cual se dictan las Normas sobre Plantaciones Forestales
Comerciales y de uso múltiple. Gaceta Oficial No. 33.922 del 09 de Marzo de 1988.
Decreto No. 1.804. Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas sobre la
Regulación de las Actividades que impliquen destrucción de Vegetación con fines
agropecuarios. Gaceta Oficial No. 32.652 del 25 de Enero de 1983.
Decreto No. 1.843 referente a Normas para la Protección de los Manglares y sus Espacios
Vitales Asociados. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 34.819 del 14 de
Octubre de 1991.
Decreto No. 846 sobre Normas para la Protección de Morichales. Gaceta Oficial No.
34.462 del 8 de Mayo de 1990.
Decreto No. 1.659 Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y Aguas Sobre
Repoblación. Gaceta Oficial No 34.808 de fecha 27 de septiembre de 1991.
Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Gaceta Oficial No. 29.289 del 11 de Agosto de
1970.
Decreto No. 3.269 Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Gaceta
Oficial No. 5.302 Extraordinario del 29 de Enero de 1999.
Decreto No. 628. Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Gaceta Oficial
No. 4.925 Extraordinario del 29 de Junio de 1995.

8
Decreto No. 2.223 sobre Normas para Regular la Introducción y Propagación de Especies
Exóticas de la Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas. Gaceta Oficial No. 4.418 Extraordinario
del 27 de Abril de 1992.
Ejecución de obras
Decreto No. 2.212. Normas sobre Movimientos de Tierra y Conservación Ambiental.
Gaceta Oficial No. 35.206 del 07 de Mayo de 1993.
Decreto No. 2.226 sobre Normas Ambientales para la Apertura de Picas y Construcción
de Vías de Acceso. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.418 Extraordinario
del 27 de Abril de 1.992.,
Decreto No. 2.220. Normas para Regular las Actividades Capaces de Provocar Cambios
de Flujo, Obstrucción de Cauces y Problemas de Sedimentación. Gaceta Oficial No. 4.418
Extraordinario del 27 de Abril de 1992.
Riesgos/ Control y prevención de incendios
Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos. Gaceta Oficial Nº
39.095 del 9 de enero de 2009.
Decreto No. 2.486 de fecha 13-12-77, por el cual se adoptan las medidas necesarias para
prevenir, controlar y extinguir los incendios forestales, Gaceta Oficial No. 31.382 del 14
de Diciembre de 1977.
Decreto No. 46. Reglamento sobre Prevención de Incendios. Gaceta Oficial No. 30.375
del 16 de Abril de 1974.
Guardería ambiental
Decreto No. 1.221 de fecha 02-11-90. Reglamento Sobre Guardería Ambiental. Gaceta
Oficial No. 34.678 del 19 de Marzo de 1991.
Decreto N. 2.127 sobre las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Ambiente. Gaceta Oficial No. 31.219 del 22 de Abril de 1977.
Vinculadas y vinculantes de alcance nacional
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial No. 37.594 del 18 de Diciembre
de 2002.
Ley Orgánica de Salud. Gaceta Oficial No. 36.579 del 11 de Noviembre de 1998.
Decreto No. 5.078. Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo. Gaceta Oficial No. 38.596 del 03 de Enero de 2007.
Decreto No. 1.528 con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación. Gaceta Oficial No.
Extraordinario del 13 de Noviembre de 2001.
Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Pública Gaceta
Oficial No. 37.509 del 20 de Agosto de 2002.
Ley de los Consejos Locales de Planificación. Gaceta Oficial No. 38.591 del 26 de
Diciembre de 2006.
Ley de los Consejos Comunales del 6 de abril de 2006. Gaceta Oficial No. 5.806
Extraordinaria del 10 de Abril de 2006.
Decreto No. 1.440 con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de fecha
30/08/2001. Gaceta Oficial No. 37.285 del 18 de Septiembre de 2001.
De alcance sectorial
Resolución No.00044 que Prohíbe la Ocupación Ilegal de los Espacios Declarados como
Parques Nacionales, Monumentos Naturales, así como de los Parques de Recreación.
Gaceta Oficial No. 39.231 del 30 de Julio de 2009.
Decreto No. 2.817 sobre Administración de los Parques de Recreación a Campo Abierto
o de Uso Intensivo adscritos al Instituto Nacional de Parques. Gaceta Oficial No. 35.560
del 15 de Octubre de 1998.
Decreto No. 6.126, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos.
Gaceta Oficial No. 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2008.
Decreto con Rango y Fuerza de Ley No. 1.468 de fecha 27-09-01 de Zonas Costera
Gaceta Oficial No. 37.319 del 07 de Noviembre de 2001.
Decreto No. 5.930 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura Gaceta Oficial

9
No. 5.877 del 14 de Marzo de 2008.
Decreto No. 2.267 de fecha 26-11-92, por el cual se dictan las Normas Técnicas
Conservacionistas para Controlar el Ejercicio de la Actividad Pesquera. Gaceta Oficial No.
35.103 del 01 de Diciembre de 1992.
Decreto con Rango y Fuerza de Ley No. 1.546 de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta
Oficial No. 37.323 del 13 de Noviembre de 2001.
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial No. 38.344 del 27 de
Diciembre 2005.
Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Gaceta
Oficial No. 37.118 del 01 de Diciembre de 2001.
Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE). Gaceta Oficial No. 36.110 de fecha
18 de diciembre de 1996
Fuente: Planigestión. Tomado de RED ARA 2011. Elaboración propia
Como se puede apreciar a lo largo del período de gobierno bolivariano se han
decretado y sancionado un conjunto de leyes que plantea la necesaria imbricación
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con otros Ministerios:
Ministerios del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MPPEP), para la Energía
Eléctrica (MPPEL)- especialmente a través de la Corporación Eléctrica (CORPOLEC) y
filiales-, para la Vivienda y Hábitat (MPPVH), la Agricultura y Tierras (MPPAT) (y sus
adscritos Institutos Nacional de Tierras –INTI- y Nacional de Investigaciones
Agrícolas –INIA-), para la Salud (MPPS), para el Turismo (MPPTUR), para Transporte
y Comunicaciones (MPPTC) - y su adscrito, el Instituto De Espacios Acuático- INEA-,
para las Industrias Básicas y Minería (MPPIBM), para los Pueblos Indígenas (MPPPI),
para la Planificación y Finanzas (MPPPF), para las Relaciones Interiores y Justicia
(MPPRIJ)- especialmente a través de su Dirección Nacional de Protección Civil y la
Administración de Desastres- y; para la Defensa (MPPD). De manera similar, la
relevancia que adquiere la educación e investigación ambiental en la legislación
nacional, propicia los vínculos entre MPPAMB y los Ministerios del Poder Popular
para Educación (MPPE), Educación Superior (MPPES) y Ciencia, Tecnología e
Industrias Intermedias (MPPCTI), a través de la Ley Orgánica de Ciencia y
Tecnología (LOCTI), el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) y la Fundación
Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS). Adicionalmente, dado que
el ambiente es un derecho y deber consagrado en la Constitución se deben
resaltar las acciones que en materia de defensa del derecho a un ambiente sano
ejercen el Ministerio del Poder Popular Público y la Defensoría del Pueblo.
En materia de acuerdos internacionales, en el siguiente cuadro se recoge la
diversidad de los compromisos suscritos por áreas
Cuadro No. 2 Los compromisos ambientales del país en materia ambiental
Áreas de Protección Especial, Flora y Fauna: Protocolo relativo a Especies
Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW); Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de la UNESCO.; Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de
Ramsar); Tratado de Cooperación Amazónica; Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria, Constitución de la Unión Internacional
para la Protección de la Naturaleza.; Protección de la Flora, de la Fauna y de las

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Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América
Armas: Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y otros Minerales relacionados; Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción.
Amenazas Naturales: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático; Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono; Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono;
Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales; Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación.
Hidrocarburos: Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos; Convenio Internacional sobre
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos;
Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del
Caribe; Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe: Convención Internacional para
impedir la Contaminación de las Aguas del Mar por los Hidrocarburos.
Contaminación Química: Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentales Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos
Peligrosos; Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes;
Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Biodiversidad: Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre Diversidad Biológica.; Enmiendas al Estatuto del Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología; Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
Nuclear: Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Acuerdo de
Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en
América Latina y el Caribe; Enmienda del Artículo VI del Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica. Madera: Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales 1994.
Mar: Acuerdo sobre el programa Internacional para la Conservación de los
Delfines; Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas Marinas; Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los
Buques¸ Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe;
Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar;
Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua.
Fuente: Planigestión. Tomado de RED ARA 2011. Elaboración propia
Los Planes de la Nación Bolivarianos
Durante los 12 años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, se han
formulado dos planes de la Nación: Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)
2001-2007 (MPD, 2001) - en el marco del cual se introdujo en el 2004 la variante
“El Salto hacia delante”- y el Plan Nacional Simón Bolívar, también conocido como
el Primer Plan Socialista 2007-2013. A continuación se considerarán brevemente
los aspectos resaltantes de cada uno de ellos en función de los propósitos de este
documento.

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El Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007
En este Plan se plantea una estrategia nacional basada en cinco equilibrios, a
saber: político, social, económico, internacional y territorial. Se privilegia la
estrategia de “descentralización desconcentrada”, en el marco de los
lineamientos que anunciaban no solo el retorno a la ordenación regional del país,
relegada durante la década anterior, sino un remozamiento de los métodos y
teorías de la planificación conocidos en el país – se introdujeron experiencias como
las zonas especiales japonesas y se elevó el estatus político de la ordenación al
territorial, al considerarla como tema de integración continental-. Esta
revalorización se expresó de manera clara el organigrama de la estructura del
gobierno nacional con la creación del Viceministerio de Planificación Regional en
el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que se encargó de rescatar las
Corporaciones de Desarrollo Regional, tratando de crear una imagen geográfica
del país en función de los Ejes y las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable
(ZEDES) y así apuntalar las fachadas de integración regional del país alternas al
Caribe: Andes. Amazonas, Llanos y Atlántico. .
La implementación territorial de esta propuestas se plasmó en el estudio
"Formulación del Plan para el Desarrollo Sostenible de la región Programática para el
Eje Orinoco Apure" (EOA), realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo
(CENDES) conjuntamente con el Centro de Estudios Integrales del Ambiente
(CENAMB)- ambos de la Universidad Central de Venezuela (UCV)- para el Ministerio
de Planificación y Desarrollo (MPD, hoy Ministerio del Poder Popular para la
Planificación y las Finanzas-MPPPF-).
En el marco de este Plan y luego de la victoria del Presidente Chávez en el
referéndum revocatorio de 2004, el gobierno plantea el “Salto hacia adelante”,
que implicó en materia de ordenamiento territorial la figura de los Núcleos de
Desarrollo Endógenos (NUDE), que intentaron complementar a las ZEDES en la
búsqueda de la potenciación del desarrollo local desde y para “adentro”. En el
marco de estos lineamientos se elaboró el “Plan de Desarrollo Integral del Eje
Norte Llanero” (ENLl) elaborado por el CENAMB y la UCV para el MPD (hoy
MPPPF)
El Plan Nacional Simón Bolívar (PNSB) o Primer Plan Socialista 2007-2013
Con la reelección del Presidente Chávez en el 2006, se inicia la etapa socialista de
su gobierno. Las orientaciones de este período quedan recogidas en El Plan
Nacional Simón Bolívar (PNSB) Primer Plan Socialista Económico y Social 2007-
2013, en el que aparecen como estrategias de relevancia para el ambiente:
Garantizar la administración de la biosfera para producir beneficios
sustentables
Ordenar el territorio asegurando la base de sustentación ecológica
Conservar y preservar ambientes naturales
Ajustar el metabolismo urbano disminuyendo la carga sobre el ambiente
Generar de alternativas ante la explotación de los recursos no renovables

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En materia de ordenamiento territorial el gobierno privilegia El Plan Socialista
Orinoco (PSO), sustentado en el Plan Estratégico de Refinación de PDVSA. A pesar
del mantenimiento de las orientaciones dirigidas a la desconcentración espacial, el
se contradice con las propuestas sustentables y endógenas que trataron de
impulsarse con el Eje Orinoco-Apure (EOA) y el Eje Norte Llanero (ENLl) en las
etapas anteriores.
La dimensión ambiental y la sostenibilidad en el actual enfoque
del desarrollo
La gestión ambiental durante el gobierno bolivariano. Diferencias y
similitudes con gestiones anteriores
Como se ha visto, la gestión ambiental a nivel programático ha tratado de
concentrarse alrededor de la obligación constitucional del Estado de lograr el
ordenamiento territorial sostenible del país, definiendo Nuevas Regiones y Planes
Funcionales. Sin embargo se deben establecer diferencias entre el Eje Orinoco
Apure, el Eje Norte Llanero y el Plan Socialista(PSO), ya que mientras en los
primeros se intentó lograr una gestión ambiental realmente articulada entre las
distintas instancias del poder central y local que hacen viable la sostenibilidad
económica, social, ecológica y territorial, con el PSO lo ambiental queda reducido
fundamentalmente a la consideración de la calidad de medios, agua, aire y tierra,
no como oportunidad para pensar en el desarrollo alternativo. Ahora bien, dado
que la Constitución apuntala a la agricultura y al turismo como actividades
sustentables, para la evaluación de la gestión ambiental sustentable bolivariana
resulta importante considerar el desempeño que el gobierno ha tenido en estos
sectores. En el siguiente cuadro se tiene una síntesis de los logros obtenidos de las
distintas fuentes de información oficial.
Cuadro No. 3. Los logros del gobierno en actividades con potencial
sustentable
1. El Instituto Nacional de Tierras, entre 2003-2007, entregó 82.326 instrumentos
agrarios (Cartas Agrarias, Declaratorias de Permanencia y Títulos de Adjudicación),
contemplados en la “Ley de Tierra y Desarrollo Agrario”, sobre una superficie de
3.682.822,6726 hectáreas beneficiando de forma directa a 82.326 Unidades
Productivas (entre campesinos y cooperativas) e indirectamente a más de 80.000
familias. Creación de 85 Fundos Zamoranos que suman de 204.798,10 hectáreas,
distribuidos en 21 Estados, vinculando 445 y 6.413 familias
2. La Fundación CIARA muestra como logros: 116.789 familias rurales, 3.146
organizaciones promovidas (396 son socio-financieras, 783 socio-comunitarias y
1.967 socio-productivas); acompañamiento de 11.996 lanceros y lanceras de la
Misión Vuelvan Caras, 92 Núcleos de Desarrollo Endógeno Agrícolas, los primeros
eslabones del reordenamiento territorial que se intentó durante el período del “Salto
hacia Adelante” ; 37 fundos zamoranos atendidos; 588 cooperativas asistidas y
capacitadas ; 11 mil kilómetros de rehabilitación de vialidad agrícola, la instalación
de 757 sistemas de riego y 426 relacionadas con servicios básicos, lo que
contempla electrificación y saneamiento ambiental, entre otros servicios. Esto ha
generado en las comunidades, la creación de 141.649 empleos directos, como un

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número importante de empleos indirectos. Se promueve la agricultura periurbana.
3. En 2006 se crea el Banco Agrícola de Venezuela (BAV), que para el 2010
contabilizaba 27.965 créditos entregados través de su banca social, por 4 mil 259
millones 435 mil 535 bolívares fuertes, para financiar más de 534 mil hectáreas.
.La totalidad de los créditos agrícolas entregados han estado dirigidos a incentivar
la producción de rubros prioritarios para el país, como la Ganadería de Doble
Propósito (divida en dos modalidades: mejoramiento de fincas o módulo de
pastoreo intensivo para el abastecimiento de carne y leche), la siembra de girasol,
maíz, arroz, café, sorgo, soya, leguminosas, raíces y tubérculos, algodón, caña de
azúcar, caraotas, plátanos, cacao y cultivos bajo ambientes protegidos
(invernaderos). Se destaca particularmente la cosecha de hortalizas, así como la
adquisición de maquinaria agrícola, camiones 350, tractores VENIRAN e
implementos.
El estado Guárico ocupa el primer lugar entre las entidades con financiamientos
liquidados. Le siguen Portuguesa, Barinas, Apure y Lara, respectivamente. Se
favorecen especialmente a los productores organizados en: Consejos Comunales
de campesinos y campesinas, Consejos de pescadores y pescadoras y; en Redes de
Productores Libres y Asociados.
4. Incremento del movimiento cooperativista primero a través de la Misión Vuelvan
Caras, concebida como instrumento del desarrollo endógeno, luego sustituida por la
Ché Guevara. El último registro en 2007, indicaba la existencia de 30.000
cooperativas agrícolas en el país.
5. Bajo la coordinación del Instituto Nacional de industrias Agrícolas (INIA) del
Ministerio de Ciencia y tecnología (MCT) (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Investigación-MCTI-) se impulsó, a partir del 2004, el Plan Nacional de Semillas para
reducir los niveles de importación de dicho insumo atendiendo a las siguientes metas
por rubros: 100% en hortalizas; 60-70 % en maíz, 50 % en papa. Sin alcances
precisos se ha trabajado también con granos de caraota, frijol, yuca , caña de
azúcar, arroz, maíz amarillo, soya, hortalizas; especies forrajeras y sorgo que
apuntalan la producción animal
6. En el 2008, se formula como política: “expropiar y rescatar tierras ociosas o sin
propiedad fundamentada”, en el marco de la cual se crean las Corporaciones
Venezolanas Agrarias (lácteos, café, cereales y oleaginosas, entre otras) y las
Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas S.A. (ECISA)). Para el
2010 se habían intervenido 2.001.823 hectáreas de 935 predios en propiedades
de latifundio.
7. En 2010, con la Misión Agro-Venezuela, especialmente fundamentada en la
adquisición forzosa de la empresa Agroisleña que se transformó en la empresa
Agro Patria, el gobierno inicia su intervención directa en la comercialización de
insumos agrícolas para bajar los costos de mercado.
8. En el mensaje anual 2010 en la Asamblea Nacional, el Presidente Chávez
destacó que a pesar de las dificultades climáticas de ese año se registraron los
siguientes incrementos productivos: 10% en sorgo, 7,47% en maní, 10% en
arvejas, 17% en frijol, 7% en quinchoncho, 3,6% en ajonjolí, 22% en algodón y;
1,7%.en caraota. En materia pecuaria destacó incrementos de 14,7 % en carne
bufalina y de 40% en carne bovina. El incremento en la producción porcina fue
de 6%.
9. En el 2006 se crea la Misión Árbol, con la intención de enfrentar el grave
problema de la deforestación en el país. Como metas a cinco años, se
establecieron la siembra de 30 mil Kg. de semillas y 92 millones de plantas en

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una extensión de 150.000 Ha. Todo ello propiciando la co-gestión con las
comunidades mediante la constitución de comités conservacionistas locales.
Para el 2010 se habían constituido 1010 de estas organizaciones de base, en los
24 estados del país, diseminados en 167 municipios.
10. La definición de las Zonas de Interés Turístico (ZIT), privilegiando los destinos
andinos y costa caribe: Mérida, Táchira, Trujillo, Puerto Cabello, Barlovento,
Penínsulas de Paraguaná y Paria, entre otros
Fuente: Martínez 2006, CVA 2010, MINAMB 2006; MAT, 2010; MINTUR (s/f),
Polanco 2011. Secretaria de la Presidencia 2010. Elaboración propia
Aceptando que los datos reflejan lo ocurrido en la realidad, cabría peguntarse si
realmente dichos números reflejan avances en materia de sostenibilidad ambiental,
es decir, en mejorar las condiciones de capacidad de carga territorial para
garantizar el suministro duradero de alimentos.
Desde nuestro punto de vista solo apuntan hacia esa meta el interés especial por el
café, un cultivo conservacionista, y el incremento del rebaño bufalino mejor
adaptado a las condiciones de inundación de hasta 9 meses al año en el medio
llanero. En cambio pareciera que la cartera crediticia agrícola va en sentido
contrario, si se considera que el estado Guárico, siendo la entidad federal que ha
concentrado la mayor cantidad de financiamiento del Banco Agrícola de Venezuela
(BAV), es a su vez el que registra una tasa de deforestación del 3,30% (la más alta
del país entre el 2000 y el 2009). En estos nueve años se ha reducido en 2.066
km2 la cubierta boscosa guariqueña, aumentando la huella ecológica carbono.
Esta situación se generaliza para otros tres estados llaneros: Anzoátegui, Barinas,
Apure (estos dos últimos también importantes receptores de financiamiento
proveniente del BAV). Estas entidades muestran tasas de deforestación alta (entre
2% y 2,5 %) registrando una reducción conjunta de 6.470 Km2 de bosques.
Durante el período considerado, en estas cuatro entidades llaneras se concentró el
61,61% del total de deforestación boscosa registrada en los 20 estados que se
despliegan al norte del Orinoco, estimada en 13.854,64 km
2
.
Se debe recordar que históricamente la ampliación de la frontera agrícola ha sido
la causa principal de la deforestación al Norte del río Orinoco. Desde 1980 hasta el
año 2009, la cubierta boscosa de los llanos y del arco andino-costero se redujo en
un 47,3 % al pasar de 182.900,8 km
2
a 95.856 km
2
Se trata de 86.064,9 km
2
menos de bosque debido en un 75% a la expansión de la actividad agrícola sobre
todo en las tierras del piso tropical, es decir con altura por debajo de los 500 metros
sobre el nivel del mar. Considerando esta relación agricultura-deforestación se
evidencia la similitud entre la gestión ambiental bolivariana y la de los gobiernos
anteriores.
En cuanto al tercer componente de la capacidad de carga para la determinación de la
huella ecológica, la disponibilidad de agua, vemos como se mantienen en la lista de
rubros prioritarios el sorgo y el algodón, ambos de alta demanda de agua. En la
medida en que no se atienda la necesidad de bajar las exigencias sobre las bases
territoriales locales, adaptando nuestras demandas a la oferta eco básica se hace
difícil pensar en la soberanía alimentaria. Para el período 1999-2004, las fuentes
oficiales registran que el país importaba el 43% de las calorías que consumía, el
44,55% de las proteínas y el 59,75 de las grasas. Para el primer semestre del

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2008, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación refleja como logro la
adquisición de “659.419 toneladas de productos alimenticios de las cuales
237.085 son compras nacionales y 422.334 corresponden a compras
internacionales, a través del Plan Global de Compras ejecutado por la Corporación
de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA, S.A.)” [En línea]
http://www.minpal.gob.ve/i (consulta 19-08-11). En otras palabras se ha
mantenido la agricultura de puerto, propia del desarrollo exógeno que induce el
rentismo petrolero, en abierta contradicción con los postulados del desarrollo
sustentable endógeno.
Esta situación de similitud de resultados se mantiene al revisar el desempeño de la
gestión ambiental bolivariana a la luz de otros aspectos que han sido tema de
atención legislativa y programática, tales como:
Residuos sólidos: no se han incentivado medidas de reciclaje y reuso
alguno. A pesar de la Ley de Residuos Sólidos se mantienen centenares de
botes ilegales. Entre los 311 vertederos reconocidos, pocos son gestionados
y controlados adecuadamente. Siguen evidenciándose comunidades que
viven de la venta no controlada de lo que recogen en estos sitios.
Contaminación del aire: A pesar de la regulación del metabolismo urbano
que se plantea en el Plan Nacional Simón Bolívar (PNSB) 2007-2013, poco
se ha hecho para controlar las fuentes móviles, principales agentes de
contaminación de este medio especialmente en las concentraciones
metropolitanas del norte del país; éstas, además, evidencian también altos
niveles de ruido. En las áreas de producción petrolera se siguen reportando
emisiones no controladas.
Contaminación de agua: La Ley de Agua no ha frenado la degradación de
los cursos de agua como colectores de aguas residuales. La industria
siderúrgica y petrolera estatal sigue siendo la principal fuente de
contaminación por metales pesados. No se ha logrado reducir la
contaminación en la extensa línea de costa a pesar de la Ley de Zonas
Costeras. Llama la atención que a pesar de ello, El Ministerio de Turismo
sigue privilegiando la creación de Zonas de Interés Turístico en las
particularmente degradadas y presionadas playas caribeñas.
Contaminación del suelo: La ratificación del convenio de Estocolmo no ha
propiciado en control de las fuentes que generan contaminantes orgánicos
persistentes (COP); en especial llaman la atención los casos del policloruro
de bifenilo cuya principal fuente está representada por algunas empresas
básicas del Estado y los plaguicidas y fertilizantes utilizados en la agricultura
de presión ambiental, aún predominante en el país. Además, los problemas
de sodificación y compactación de suelo por prácticas agrícolas agresivas
con el ambiente siguen ocurriendo. Esta última es una afectación
particularmente registrada en el medio llanero, foco especial de las
propuestas de agricultura alternativa que al parecer no logran
materializarse.
Amenazas naturales: La Ley de Gestión Integral de Riesgos no ha servido
para reducir la vulnerabilidad del país frente a las amenazas climáticas,
geológicas y epidemiológicas. Contrariamente, se están tomando decisiones

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que aumentan el la vulnerabilidad como la ocupación urbana de la Zona
Protectora de Caracas.
Biodiversidad: La Ley de Biodiversidad no ha potenciado la valorización de
la “riqueza” renovable del país. Seguimos anclados en la visión de nación
con futuro exclusivamente petrolero a pesar del agotamiento del modelo
rentista heredado del siglo XX venezolano.
La inclusión de la perspectiva ambiental y la sostenibilidad de los procesos
de formación de políticas públicas: aciertos y desaciertos.
El proceso Bolivariano ha estado especialmente dirigido por la idea de redistribución
progresiva del ingreso petrolero, dándole mayor participación a los sectores populares
que habían quedado relegadas sobre todo a partir de los años setenta, cuando se
registró un aumento en la tendencia regresiva de la distribución del presupuesto de la
Nación. De acuerdo a Arena y Gómez (1999) estamos en la presencia de un ejercicio
“redentor” de gobierno, en el que se ha tratado de poner el acento en la satisfacción
de las demandas primarias insatisfechas de las grandes mayorías nacionales
especialmente en el área de: vivienda, alimentación, salud, educación. Este objetivo,
que denota un claro sentido clasista, ha marcado las políticas públicas en Venezuela
durante los últimos doce años, primero con el marco institucional de que se definió
en 1999 con la creación del Fondo Único Social (FUS) adscrito inicialmente al
Ministerio de Desarrollo Social y luego a partir del 2001 a la Secretaria de la República
y el Plan Bolívar 2000, bajo la conducción directa del propio Presidente de la
Republica. Este se encargaba personalmente de la coordinación interinstitucional entre
los distintos Despachos del Ejecutivo Central bajo la premisa de la alianza cívico-
militar. Estas iniciativas de respuesta rápida reivindicativa fueron las que empezaron a
marcar la política pública nacional, a pesar que formalmente el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, mantenía el Programa Estratégico Social (PES), bajo la
tradición de los programas compensatorios más estructurales heredados de los
gobiernos anteriores. Sin embargo a partir del 2003, ante la eminente activación del
referéndum revocatorio del 2004 estas diferencias quedan superadas por la
reinterpretación de política pública bolivariana como instrumento de movilización y
proselitismo político y organización social. Funciones que se han visto potenciadas al
vincular las misiones a las estructuras para-gubernamentales que desde el Gobierno
se han venido incentivando: Consejos Comunales, Mesas Técnicas de Agua, Comités
de Tierras Urbanas, Mesas de Electricidad, entre otras.
A pesar de que algunas de iniciativas, como las últimas señaladas, están directamente
vinculadas a componentes fundamentales de la calidad del ambiente y de la vida
humana, en términos generales la política pública bolivariana, está dirigida a las
soluciones inmediatas y contingentes de corto plazo más que a propuestas
estructurales de largo plazo tal como lo demanda la sostenibilidad ambiental, quizás la
arista de desarrollo alternativo más consustancialmente comprometida con el
principio de solidaridad intergeneracional. En el marco de esta premisa, de manera
particular destacar como ejemplos el caso de las siguientes Misiones: Árbol, Vuelvan
Caras, Che Guevara, Agro-Venezuela, Energía, Vivienda Venezuela, Barrio
Adentro.
La Misión Árbol ha planteado reforestar unas 150.000 Ha, es decir unos
1500 Km2, cifra muy poco significativa para atender el problema de la

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deforestación en el país. Además, la Misión no potencia las posibilidades de
consolidar un sector de servicios ambientales, basado en el aumento y
mantenimiento de la cubierta arbórea.
Vuelvan Caras: En el marco de esta misión se han venido tratando de
impulsar los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDES) para el logro de una
mayor justicia social en el campo venezolano; sin embargo, tal política no se
ha traducido en prácticas agrícola más ajustadas a las limitaciones y
potencialidades de las bases ecológicas tropicales, que no pueden estar
sometidas, por ejemplo, a procesos de mecanización como los que se
pretenden con el convenio Irán- Venezuela de fabricación de tractores para
potenciar la producción en las localidades de intervención estatal.
Che Guevara: En esta Misión se adscriben las cooperativas que
originalmente estaban en la Misión Vuelvan Caras. A pesar de que se han
mejorado los aspectos organizativos y de control de gestión, no se ha
promocionado con la misma intensidad la adopción de técnicas y métodos
de agricultura sustentable en el seno del movimiento cooperativista
bolivariano.
Agro-Venezuela: Como componente fundamental de esta Misión aparece
AgroPatria, la estatizada empresa de suministro de insumos agrícolas. A
pesar de que se reconoce la existencia de una línea de bio-suministros,
siguen predominando los suministros de origen químico. En especial
preocupa que sigan comercializándose plaguicidas de alto impacto
ambiental.
Energía: La intención de esta Misión es el ahorro energético mediante la
sustitución de bombillos de alto consumo por ahorradores. Estos últimos,
sin embargo, tienen un grave problema de deposición final por el alto
riesgo de contaminación por mercurio. No se tiene información de cómo se
está resolviendo el asunto, lo cual no deja de ser preocupante tomando en
consideración que el sector eléctrico nacional tiene una alta responsabilidad
en la persistencia de los contaminantes orgánicos persistentes en Vezuela.
Vivienda Venezuela: Esta Misión surge para resolver los problemas de los
afectados por las lluvias del año 2010, sin embargo no se conoce si en esta
reasignación se contempla evitar la reconstrucción en áreas de alta
vulnerabilidad. Además, la satisfacción de las necesidades de vivienda está
asociada a los convenios con diversos países para la importación de
unidades preconstruidas, que en la mayoría de los casos no se adaptan a las
condiciones tropicales del medio natural venezolano.
Barrio Adentro: Esta es una Misión emblemática, que ha sido reconocida
como exitosa por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de
atención primaria. Sin embargo, le falta el componente de prevención tan
necesario si se quiere utilizar la estructura creada para enfrentar las
enfermedades emergentes y reemergentes vinculadas con la intervención
humana del medio natural como el dengue, la fiebre amarilla y el
paludismo, todas patologías que están incidiendo en la merma de las
condiciones de salud en el país.
Sin embargo, este déficit de sostenibilidad no es exclusivo de las políticas públicas
que mayor incidencia tienen en la cotidianidad y en la satisfacción de las
necesidades materiales, especialmente de los sectores populares. También se

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evidencia en otras iniciativas que se desarrollan en ámbitos distintos, como por
ejemplo en el campo de la cooperación internacional, con mecanismos como
PETROCARIBE, que se ha convertido en una vía para regionalizar la visión de la
política pública venezolana. A pesar de que este mecanismo pretende trascender
el suministro seguro de petróleo a precios y forma de pago preferenciales, este
propósito es, hasta el momento, la motivación principal del Acuerdo suscrito por
14 países de Centroamérica y El Caribe. PETROCARIBE ha fungido, hasta ahora,
como medio de propagación regional de esa especie de “síndrome de Prometeo”
del petróleo abundante y barato, sobre el que sustenta la gestión social dirigida
desde una presidencia venezolana que administra directamente el presupuesto
extraordinario de la Nación. El volumen de estos recursos ha venido creciendo
gracias a subterfugios como la estimación del presupuesto ordinario con base en
un precio del petróleo de 40 US $ por barril, muy lejano del precio actual que
ronda los 100$.
Considerando otros campos menos comprometidos con las demandas “urgentes”
de la sociedad, como por ejemplo el de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el
panorama puede verse un poco más optimista. Por ejemplo, resulta alentador que
en el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI), administrado por Observatorio
de Ciencia y Tecnología, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias (MCTII), se haya incorporado como un tema
clave el Cambio Climático, en sus distintas áreas de incidencia: técnica, social y
política. Se espera que mediante la incorporación de los aspectos que nos obligan
a pensar en el largo plazo y en el cambio civilizatorio, en este Programa (que partir
de 2011 sustituyó al Programa de Promoción a la Investigación-PPI-como
instrumento de gestión pública de la generación, difusión y aplicación del
conocimiento), se logren precisar las orientaciones para impulsar la sostenibilidad
de la políticas pública venezolana.
Conclusiones
Venezuela viene arrastrando un déficit creciente de sostenibilidad ambiental en su
concepción de desarrollo; en gran medida, debido al efecto que ha tenido el
petróleo sobre la vida nacional desde 1920 con la aprobación de primera ley
petrolera. Los distintos gobiernos que se han venido sucediendo en el poder desde
entonces, sin importar su ideología y concepción política del Estado, han preferido
mantener este perfil de nación petrolera. A pesar de las advertencias que se han
hecho sobre el peligro y debilidades que encierra la “Venezuela Petrolera”
(algunas de gran significación para el discurso político como “la siembra del
petróleo” realizada hace más de ocho décadas), poco se ha hecho para superar el
modelo basado en la renta petrolera.
Esta concepción rentística petrolera del Estado, en la medida en que la población
nacional ha venido creciendo y concentrándose especialmente en la fachada
caribeña del territorio nacional, va mostrando cada vez más su insostenibilidad,
dada la perniciosa combinación entre la creciente presión sobre la bases ecológicas
del norte caribeño-montañoso y el absurdo desaprovechamiento de los potenciales
naturales del centro llanero y sur guayanés-amazónico. En la medida en que la
subestimación de la Venezuela no petrolera persista no se logrará ni siquiera

19
vislumbrar una propuesta de país más consustanciada con la geo-bio-socio
diversidad que muestra el ambiente venezolano.
En este marco de análisis, el proceso bolivariano ha tenido un desempeño
dilemático en la necesidad de buscar un nuevo modelo de desarrollo nacional. Por
un lado se debe reconocer que en estos doce años se han logrado avances
legislativos y prescriptivos que orientarían el tránsito hacia un país ambientalmente
más sostenible, resaltando especialmente el mandato constitucional que obliga al
Estado a propiciar el ordenamiento territorial sostenible del país, la articulación
interinstitucional en la gestión ambiental (en el marco programático de los dos
planes nacionales sexenales que se han formulado) y la elaboración de proyectos
para la creación de Regiones-Plan que se conviertan en “vitrinas” para el devenir
del país en el camino de la “sustentabilidad suave”. Sin embargo estos avances no
se han concretado en la realidad. Contrariamente, las políticas públicas que se han
gestado durante el proceso bolivariano apuntan a repetir los errores de los
gobiernos anteriores, en especial los del período democrático comprendido entre
1958 y1998, que supeditaron el mediano y largo plazo a medidas cortoplacistas
orientadas a satisfacer las demandas del presente, comprometiendo el futuro de
las próximas generaciones. En el marco de este inmediatismo (donde lo importante
queda permanentemente relegado por la urgencia y las prescripciones proactivas
se diluyen en respuestas reactivas frente a las eventualidades), se han desarrollado
las diferentes iniciativas que demarcan la política pública bolivariana: Fondo Único
Social (FUS), Plan Bolívar 2000 y las Misiones. Esta estrategia en la que las
decisiones se sustentan en una administración cada vez más centralizada del
cuantioso ingreso extraordinario del petróleo, no garantiza la resolución de los
problemas estructurales que limitan las posibilidades del país para acceder a la vía
del desarrollo sostenible. A pesar de las intenciones de cambio profundo, hoy la
gestión pública permanece anclada en la cada vez más anacrónica idea del
porvenir venezolano garantizado exclusivamente en la cuantía de nuestros
depósitos petroleros. Desde nuestro punto de vista, la progresividad en materia
social que se ha intentado durante el proceso bolivariano, al no incorporar en su
ejecución las orientaciones que se desprenden de la consideración del ambiente
como patrimonio que las generaciones actuales deben preservar para las futuras,
adolece de la necesaria visión de largo plazo que se requiere para superar los
problemas estructurales que de desprenden de la inorgánica relación sociedad-
naturaleza que se ha venido imponiendo en Venezuela, especialmente desde la
entronización del exogenizante modelo rentista petrolero en las primeras décadas
del siglo pasado.
Recomendaciones de Política: hacia una política pública
ambientalmente sostenible
En el siglo XXI el país requiere de una nueva propuesta de desarrollo que,
enmarcada en el artículo 128 de la CBRV, logre estructurar estrategias de
valoración y aprovechamiento socialmente incluyente y potenciadoras de la
diversidad de opciones territoriales, para la transición sostenible post-petrolera
para las cuales disponemos de ventajas comparativas derivadas de la posición del
país en el neo trópico americano y como punto de encrucijadas eco-regional.

20
Se debe enfatizar que para esta iniciativa se cuenta ya, además de la Constitución,
de instrumentos legislativos y prescriptivos, que permiten conferirle viabilidad legal
y orientación programática a la elaboración de propuestas alternativas. De manera
particular se recomienda para ello atender especialmente las leyes orgánicas de
Ambiente, Agua, Ordenación del Territorio, Gestión de la Diversidad Biológica,
Gestión de Riesgos Socio-Naturales y Tecnológicos, que brindan el sustento legal
de arranque para el aprovechamiento duradero de los bienes y servicios
ambientales. De la misma manera, del Plan Económico Económico-Social 2001-
2007, deberían rescatarse las siguientes directrices:
La formulación de políticas de ordenamiento territorial para materializar un
estilo de desarrollo que privilegie la actividad económica en
correspondencia con la vocación y potencial internos.
La revisión de las nuevas inversiones petroleras programadas para el Oriente
y Occidente del país cuidando de no sobrepasar lo que las sociedades
locales puedan asimilar de manera planificada, con miras a reforzar un
crecimiento en lo social, económico y ambiental basado en una
industrialización del petróleo aguas abajo y en un decidido apoyo al resto
de las actividades económicas de las dos regiones.
El estímulo a la producción agrícola primaria y agroindustrial, con énfasis
en las prácticas conservacionistas, para alcanzar los niveles adecuados, en
volúmenes, calidades y rendimientos, que garanticen la seguridad
alimentaría y faciliten una ordenación sustentable del territorio
La atención del desequilibrio oferta-demanda de agua en las poblaciones
de la franja norte-costera, mediante el fortalecimiento de las instituciones
vinculadas a la planificación, aprovechamiento y protección ambiental de
los recursos hídricos nacionales.
La búsqueda de eficiencia en las inversiones que el gobierno debería
ejecutar para desconcentrar descentralizadamente el país, mediante la
articulación interregional del país por Ejes de Desarrollo.
La incorporación de la dimensión internacional en el ordenamiento nacional
del territorio, propiciando que en las Políticas Exterior y de Seguridad y
Defensa del Estado Venezolano, se privilegie el tratamiento de nuestra
plataforma continental y de la integración fluvial suramericana.
Este conjunto de lineamientos anunciaban no solo la revalorización de la diversidad
geo-eco-social del país, sino también un remozamiento tanto de los métodos y
teorías de la planificación, tal como se trató de expresar en los planes realizados en
el Orinoco-Apure y Norte Llanero. Las metas que en estos se propusieron siguen
siendo factores que podrían medir el desempeño de un plan de desarrollo
sustentable para el país. Entre éstas, valdría la pena mencionar las siguientes:
Creación de “vitrinas” que muestren la praxis para la provisión de servicios
ambientales: ecoturismo, captura de carbono, conservación,
aprovechamiento y estudio de la biodiversidad local.
Seguimiento de experiencias de Territorios Innovadores en la aplicación y
seguimiento de experiencias pilotos de gestión sostenible y “certificación
verde”.

21
Consolidación de experiencias piloto en la compensación -vía Ley de
Asignaciones Económicas Especiales (LAEE)- de las comunidades locales por
el mantenimiento de bosque en pié y de los servicios de administración y
vigilancia sobre los servicios ambientales.
Incentivo para creación de firmas locales bajo esquema de empresas
privadas, mixtas y cooperativas, capaces de participar en el mercado
nacional de la biotecnología, especialmente en los circuitos salud,
alimentación humana y forraje para ganado.
Ejemplo de cómo lograr el justo trato a las comunidades indígenas en el
mantenimiento de sus condiciones de hábitat y mejora de sus niveles de
vida.
Espacio propicio para la inversión privada y pública en capital humano para
el desarrollo sustentable.
Mostrar la voluntad política para la “siembra endógena del petróleo”
Estos aportes se complementan con las orientaciones sustentables ambientales que
se establecen en el Plan Nacional Simón Bolívar, ya referidas anteriormente, y con
las iniciativas que se han venido tomando en el Programa de Estímulo a la
Investigación (PEI) del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e
Industrias Intermedias (MCTII), como son la incorporación de temas del cambio
climático que marca una encrucijada que muestra la necesidad de cambiar nuestro
modelo de desarrollo rentista petrolero que en la actualidad, además de reiterar
sus deficiencias para superar los obstáculos históricos del desarrollo venezolano,
refleja su incapacidad para asumir los nuevos retos del siglo XXI venezolano (como
son el referido cambio climático y la transición demográfica que viene registrando
el país).
Sin embargo se debe advertir que siendo las políticas públicas una vía para darle
respuestas a las demandas de la sociedad, hace falta estimular la organización de
las comunidades en la búsqueda de respuestas a los déficits de sostenibilidad en
sus condiciones de vida. Se deben impulsar desde los espacios ciudadanos, ONG,
Universidades, Asambleas de Vecinos, entre otras, propuestas que incentiven la
creación de mecanismos permanentes de co-gobernanza gobierno-sociedad y
generen una dinámica interactiva de formulación y seguimiento de las políticas
públicas que cubra de manera articulada las distintas aristas de la sostenibilidad:
ecológica, social, económica, territorial y política. La capacidad de respuesta a esta
exigencia implica la necesidad de una actitud mucho más activa y proactiva de la
sociedad que debe superar su condición de sujeto pasivo y reactivo de las políticas
públicas.

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