Instrumentos de gestion ambiental

Instrumentos de gestión ambiental,
promoción del cumplimiento y aplicación de la ley
ambiental
Los instrumentos de gestión ambiental, apoyados por medidas de promoción del
cumplimiento y de aplicación de la ley ambiental, son una de las partes esenciales de los
regímenes de gestión ambiental. Estos elementos de los sistemas de gestión ambiental son
las herramientas operativas para lograr las metas de protección ambiental planteadas. De
acuerdo con una clasificación de la OCDE, los instrumentos de gestión ambiental pueden
agruparse en instrumentos regulatorios (de comando y control), instrumentos
económicos, reglas de responsabilidad, mecanismos voluntarios, instrumentos basados en
la información y la planeación del uso de suelo.24 A continuación se describen
brevemente estas clases de instrumentos.25
1 Instrumentos regulatorios
Los instrumentos de comando y control o instrumentos regulatorios se basan en el
establecimiento de requerimientos y estándares obligatorios que la comunidad regulada
debe cumplir bajo la vigilancia de las autoridades ambientales. Este tipo de instrumentos
se establecen en leyes, reglamentos y normas y son la columna vertebral de los regímenes
de gestión ambiental, aún los más modernos. Los instrumentos regulatorios pueden
diseñarse de muy diversas maneras, incluyendo: prohibiciones, control de emisiones al
medio ambiente, control de alimentación de procesos, control de insumos, control de
precios, estándares, licencias, permisos, sanciones, requerimientos de monitoreo y
evaluación del impacto ambiental.
Los estándares pueden ser también de varios tipos: los de desempeño prescriben el
resultado ambiental último, pero dejan a las entidades reguladas la libertad de determinar
los métodos que emplearán para alcanzarlo. Los estándares de tecnología exigen que se
emplee determinado equipo de control ambiental. Los estándares también pueden
establecer los criterios de calidad del aire ambiente o del agua, regular el desempeño
ambiental mediante límites máximos de descarga o emisión de contaminantes al agua o al
aire (ya sea por concentración o por cantidades totales) y limitar los desechos o regular
los productos. Los estándares normalmente se emplean conjuntamente con licencias o
permisos que indican las condiciones bajo las cuales se debe cumplir el estándar, y con
sanciones aplicables en caso de violaciones al estándar o a las condiciones de la licencia o
permiso.
Los instrumentos regulatorios también incluyen obligaciones de documentación y
reporte: puede exigirse que se documenten los atributos de un producto, un proceso o una
situación, y que esta información se reporte de distintas maneras a la autoridad. También
puede requerirse la divulgación de información mediante etiquetado, control publicitario
y declaraciones. Además, los distintos tipos de monitoreo también son instrumentos
regulatorios: el monitoreo de la calidad ambiental, el monitoreo de las descargas o
emisiones de contaminantes por las propias instalaciones obligadas, y las inspecciones
gubernamentales.
La evaluación del impacto ambiental de nuevos proyectos o nuevas fuentes de
contaminación (EIA) es uno de los instrumentos regulatorios más empleados, al igual que
los permisos o licencias. Este tipo de instrumento, a diferencia de la mayoría de los
instrumentos regulatorios, tiene un carácter preventivo. Además, son instrumentos
regulatorios los controles sobre productos o servicios, ya sea directos o a través de la

certificación y el licenciamiento obligatorios.
Los mecanismos de comando y control tienen algunas desventajas. Sobre todo, pueden
implicar una carga pesada sobre los escasos recursos públicos financieros e
institucionales. Otra desventaja es que los instrumentos regulatorios normalmente
castigan el comportamiento ambiental que tiene efectos negativos, pero no premian el
buen desempeño ambiental. Las sanciones pueden disuadir a los contaminadores de
sobrepasar los límites regulados, más no proporcionan prácticamente ningún incentivo
para la innovación y la competitividad en términos de buen desempeño ambiental.
También en el caso de los estándares de tecnología, éstos pueden ofrecer menos
flexibilidad e implicar riesgos para la autoridad reguladora en caso de que la tecnología
exigida no funcione adecuadamente.
2 Instrumentos económicos
Los instrumentos económicos son instrumentos que crean señales de precios o
proporcionan otros incentivos económicos para alentar a los contaminadores y a los
consumidores a tomar decisiones que ayudan a lograr los objetivos ambientales. Los
instrumentos económicos incrementan el costo del comportamiento que daña el medio
ambiente y reducen el costo (o aumentan el valor) del comportamiento que protege el
medio ambiente. También se hace referencia a estos instrumentos como mecanismos de
mercado, aunque no todos los instrumentos económicos se basan en el mercado, sino que
éstos son un subgrupo.
La idea principal que inspira el uso de instrumentos económicos es que la degradación
ambiental es un problema de ineficiencia porque el costo del daño al medio ambiente
(una externalidad negativa) no lo asume el que lo causa (quien contamina o quien usa un
recurso natural), ni tampoco se internaliza en el precio de los productos o servicios por
los que se causa un daño ambiental. El principio de que el que contamina debe pagar y de
que el usuario de los recursos naturales debe pagar son expresiones de este razonamiento
económico. Estos principios son el fundamento que sostiene a los pagos por degradación
ambiental, como los impuestos, cobros o cánones sobre la contaminación, los impuestos a
insumos y desechos, y los cobros sobre productos. Asimismo, son la base de las tarifas
por uso de recursos naturales, como las regalías mineras, las tarifas de marcado de
madera, las tarifas de uso y los impuestos inmobiliarios. Otra perspectiva de estos
mismos principios ha inspirado otro tipo de instrumentos económicos, que consisten en
pagar a quienes generan servicios ambientales o externalidades positivas al mantener los
servicios de los ecosistemas, como la recarga de acuíferos, la conservación del suelo y de
la biodiversidad, la prevención de la erosión y del asolvamiento, la captura de carbono,
etc.
Los instrumentos económicos también incluyen los mecanismos comerciables que se
basan en la creación de mercados para hacer más flexible y eficiente el control ambiental.
Con estos esquemas se busca controlar la cantidad de contaminación o degradación
ambiental a la vez que se permite que los contaminadores maximicen su eficiencia en
alcanzar las metas totales de control de la contaminación. Se promueve que la reducción
de la contaminación se haga dónde sea más viable desde un punto de vista técnico y
económico, y compensando la contaminación que no puede ser abatida mediante
reducciones de contaminación de otras fuentes. Normalmente, se establece un límite
máximo de producción, emisión, importación o consumo de una sustancia en una zona o
por un sector y se distribuye la cantidad total permisible en unidades que se asignan a la
comunidad regulada. Quienes logren mayores reducciones pueden ofrecer sus unidades

excedentes a quienes no puedan lograr fácilmente las reducciones del contaminante en
cuestión y que necesitan unidades adicionales a las que les fueron asignadas. Entre los
mecanismos comerciables están los programas de créditos de reducción de emisiones, los
intercambios por zona, los permisos comerciables de calidad ambiental, las asignaciones
por intensidad de la contaminación, los programas de comercialización dentro de un tope,
las cuotas individuales transferibles y los derechos transferibles de desarrollo.
Otro instrumento económico son los sistemas de depósito-reembolso. Éstos se emplean
sobre todo para recuperar desechos y materiales peligrosos y para asegurar su debido
reciclaje o disposición final. Funcionan mediante la imposición de un depósito o
sobreprecio en el punto final de venta de un producto, que por sí mismo o por su envase o
embalaje, sea dañino para el medio ambiente. El sobreprecio o depósito se reembolsa al
devolver el objeto en el punto de venta o de recolección.
También son instrumentos económicos los subsidios gubernamentales que cubren el
costo de las medidas de prevención y control de la contaminación, como las dotaciones,
las garantías sobre préstamos, los préstamos blandos, los esquemas de costos compartidos
y las exenciones fiscales; al igual que la eliminación de los susidios que promueven las
actividades que tienen impactos ambientales negativos. Otro tipo de instrumentos
económicos son la creación de derechos de propiedad y el manejo de recursos de
propiedad comunal.
Los impuestos, cargos y tarifas pueden asignarse de manera que los recursos recabados se
utilicen directamente en la gestión del objetivo ambiental en cuestión; por ejemplo,
pueden emplearse para financiar un sistema administrativo de monitoreo de emisiones o
para restaurar el medio ambiente. En otros casos, los recursos recaudados se incorporan
en los ingresos totales del gobierno. Los instrumentos económicos que generar recursos
para el gobierno pueden, sin embargo, emplearse de manera perversa para generar
recursos a corto plazo sin contribuir a lograr las metas ambientales de largo plazo. En este
sentido, pueden ser un obstáculo para la modernización de los modelos de gestión
ambiental. Por ejemplo, la necesidad de recursos puede llevar a los gobierno a mantener
cobros que perpetúan un comportamiento dañino al medio ambiente en vez de promover
un cambio de comportamiento.
Una de las limitaciones principales de los instrumentos económicos es que dependen de
la existencia de condiciones de mercado adecuadas, es decir, del flujo de información, de
la existencia de derechos de propiedad claros, de la capacidad de recaudación fiscal y de
subsidio del Estado, y de un sistema legal confiable. Además, los instrumentos
económicos operan mejor en el contexto de un marco regulador apropiado, y pueden ser
un buen complemento de los instrumentos de comando y control. Otro reto para el uso de
estos instrumentos es la apreciación común de que con ellos se pierde el control sobre el
asunto y se reduce la libertad gubernamental de tomar decisiones.
Dado que la mayoría de los instrumentos económicos descansan en la asignación de
derechos particulares sobre los recursos naturales, su uso puede enfrentar cierto rechazo
con base en el argumento de que los recursos naturales son bienes públicos cuyo
aprovechamiento no debe privatizarse. Otro argumento en contra del uso de instrumentos
económicos es que tienen efectos económicos regresivos no deseados. Algunos temen
que los instrumentos económicos castigan a la población pobre y de bajos recursos y a las
empresas pequeñas, afectando el crecimiento económico.
3 Responsabilidad ambiental
Las reglas de responsabilidad aseguran que los contaminadores cumplan con su

obligación de restaurar o compensar el daño ambiental que resulte de derrames
accidentales de contaminantes, y que asuman el costo de la degradación ambiental que
causan. También son un incentivo importante para que los contaminadores tomen
medidas preventivas más allá de los requerimientos regulatorios aplicables. En esta
categoría de instrumentos están la compensación del daño, las sanciones financieras
administrativas y las sanciones penales pecuniarias. Algunos incluyen a la
responsabilidad entre los instrumentos económicos.
La responsabilidad por el daño fortalece otros instrumentos al proporcionar a los
gobiernos y a los ciudadanos una forma de asegurar la compensación de daños causados
por accidentes y por violaciones a la legislación. Otro efecto positivo de la
responsabilidad por el daño es que las compañías de seguros y fianzas se suman a los
esfuerzos de gestión ambiental al presionar a los contaminadores para que mejoren su
desempeño y tomen medidas preventivas para reducir riesgos.
Sin embargo, para que la responsabilidad por el daño sea un incentivo al cumplimiento y
a la precaución, el costo de la compensación del daño debe ser mayor del costo de
cumplir con la ley o con las obligaciones establecidas en otros mecanismos. Los daños
ambientales con frecuencia son difíciles de cuantificar y las relaciones de causalidad son
difíciles de probar. Para enfrentar esto, puede establecerse el principio de responsabilidad
objetiva y lineamientos de referencia para la cuantificación de los daños. Además, la
responsabilidad por el daño es un mecanismo que depende del buen funcionamiento del
sistema legal y judicial.
4 Mecanismos voluntarios
Los mecanismos voluntarios se están utilizando cada vez más en los países
industrializados en los que existe una relación de confianza entre la comunidad regulada
y las agencias reguladoras. A través de estos mecanismos se establecen compromisos
formales entre el gobierno y la comunidad regulada para alcanzar ciertos objetivos
ambientales. La OCDE distingue tres tipos de instrumentos voluntarios: los acuerdos
ambientales negociados entre la industria y las autoridades reguladoras (la co-regulación,
los convenios y los acuerdos ambientales negociados), los programas públicos
voluntarios desarrollados por las autoridades en los que se invita a la comunidad regulada
a participar, y los compromisos unilaterales por parte de los contaminadores sin la
intervención gubernamental (la autorregulación, los códigos voluntarios y las
declaraciones de principios ambientales).
Estos instrumentos pueden emplearse para complementar los objetivos regulatorios, para
ir más allá de ellos, como mecanismos alternativos, o como precursores de un régimen
obligatorio. Los instrumentos voluntarios pueden tener éxito en el contexto de un marco
regulador bien desarrollado si se diseñan cuidadosamente y se implementan con objetivos
claros y con metas calendarizadas. Permiten fortalecer los objetivos regulatorios al
proporcionar flexibilidad a los esquemas de permisos o al combinarse con instrumentos
económicos.
Con ellos se puede mejorar la eficiencia y la efectividad de los regímenes ambientales,
pero no son mecanismos que pueden funcionar por sí solos. Una de las objeciones más
comunes a los instrumentos voluntarios se deriva de la percepción de que se trata de
concesiones a los contaminadores o de muestras de la debilidad de los reguladores.
Algunos incluso sospechan de los acuerdos voluntarios como abusos de los bienes
públicos a favor de los contaminadores privados. Estas objeciones pueden superarse

mediante la transparencia en el diseño de este tipo de mecanismos, acompañada de
medidas de divulgación, así como la realización de proyectos piloto que permitan un
mejor ajuste a esas medidas.
5 Instrumentos basados en la información
La información es uno de los elementos más importantes de un régimen de gestión
ambiental y juega un rol esencial en todas las etapas de la gestión ambiental. Los
instrumentos de política como los mecanismos regulatorios y los instrumentos
económicos dependen de la recolección y transferencia eficientes de información. Pero
además, la diseminación de información ambiental es por sí misma un instrumento
valioso de gestión ambiental. En términos generales, la diseminación de información
ambiental crea conciencia y promueve cambios en el comportamiento, especialmente la
educación y la capacitación ambientales.
Los instrumentos basados en la información son aquellos que reconocen el desempeño
ambiental implicado en ciertos productos o servicios a través de la certificación (ISO
14000) y el etiquetado; o aquellos que presionan a los contaminadores para que cumplan
con la ley o para que mejoren su desempeño ambiental, mediante la publicación de
inventarios de contaminantes y contaminadores, la calificación y comparación del
desempeño de distintas fuentes contaminantes, la divulgación pública de las violaciones a
la ley ambiental, etc. Otro instrumento que depende de la información ambiental son las
consultas públicas y las consultas con grupos de interés. Los programas de
reconocimiento del desempeño y los premios ambientales también son mecanismos
basados en la información. Estos proporcionan motivación para el cambio o refuerzan los
logros, además de tener un efecto educativo.
Estos mecanismos por lo general se basan en la provisión obligatoria de la información
relevante por parte de la comunidad regulada. En algunos casos ésta proporciona
voluntariamente esta información en respuesta a presiones de público o de los
consumidores, y en otros casos la información se recaba a través de terceros o por los
gobiernos directamente.
La información se usa a través de estos mecanismos para involucrar a los interesados y a
la ciudadanía en general –sobre todo como consumidores– en los esfuerzos de protección
ambiental. La información también es un instrumento que apoya la intervención creciente
de la ciudadanía en la protección ambiental. Las leyes de derecho y acceso a la
información han permitido y alentado a los ciudadanos a tomar roles cada vez más
activos en la protección del medio ambiente. Al tener acceso a la información y al utilizar
mecanismos legales como los juicios ciudadanos, recursos de revisión administrativa y
litigios, los ciudadanos se están convirtiendo en agentes de monitoreo y aplicación de la
legislación. Además, involucrar al público es una forma de asegurar un trato justo,
imparcial y consistente para quienes violen la ley.26
6 Planeación del uso del suelo
La planeación del uso del suelo es un proceso mediante el cual se establecen restricciones
o prohibiciones sobre el desarrollo de proyectos potencialmente contaminantes en zonas
ambientalmente sensibles o para proteger la salud humana. La planeación del uso del
suelo también se emplea para concentrar a las instalaciones industriales en zonas o
parques industriales que tienen infraestructura para mitigar sus impactos. La evaluación
del impacto ambiental (EIA) está íntimamente relacionada con la planeación del uso del
suelo y ocasionalmente se traslapan. En Latinoamérica, se está aplicando con frecuencia

creciente la planeación integrada del uso del suelo y la gestión de las aguas, mediante la
gestión integral de cuencas.
7 Promoción del cumplimiento y aplicación efectiva de la ley
ambiental
Las medidas de aplicación de la legislación ambiental son un elemento esencial de todo
esfuerzo efectivo de protección ambiental. Un régimen de gestión ambiental implica
acción gubernamental para verificar y asegurar el cumplimiento de la ley. Toda la gama
de acciones de aplicación, desde la disuasión de conductas ambientalmente ofensivas
hasta la promoción del comportamiento sustentable, juegan un papel clave en el logro de
resultados en la gestión ambiental.
El cumplimiento es la adecuación de la conducta con la ley y la aplicación es la acción
gubernamental para compeler el cumplimiento por parte de los que han violado la ley y
para disuadir a otros de incumplir. El cumplimiento y la aplicación son relevantes a los
instrumentos de gestión ambiental regulatorios o a los paquetes de instrumentos en los
que se imponen obligaciones sobre la comunidad en cuestión. Aunque juegan un papel
más prominente en relación a los instrumentos regulatorios, también son clave para
asegurar el funcionamiento adecuado de los instrumentos económicos que dependen, por
ejemplo, del cumplimiento de ciertos límites de emisiones (permisos comerciables de
emisiones) o de la disponibilidad de información generada por los contaminadores
(cánones por descargas). Igualmente, sostienen el funcionamiento de los otros
mecanismos en tanto que todos dependen de la credibilidad del sistema de gestión
ambiental como un todo.
Los mecanismos principales de aplicación de la ley son las inspecciones, las órdenes
judiciales o administrativas, las sanciones y las medidas de remediación. Además, existen
respuestas informales y otros medios que permiten a los infractores restablecer su
situación de cumplimiento y que son importantes para lograr los objetivos ambientales de
que se trate.
Además, existe una gama de instrumentos que permite a los funcionarios de aplicación
promover el cumplimiento, como las notificaciones de infracción, las directivas para
corregir o prevenir infracciones, las ordenes de cumplimiento ambiental para detener
inmediatamente una actividad ilegal, prevenir que ocurra una violación a la ley o requerir
que se realice una acción determinada, además de las medidas alternativas de
cumplimiento.
Cuando las medidas de promoción del cumplimiento no logran asegurarlo o en casos de
violaciones graves, pueden utilizarse la persecución judicial y una serie de sanciones
administrativas y penales. Entre estas medidas se encuentran las multas o sanciones
pecuniarias, la clausura de instalaciones, la suspensión o cancelación de los permisos o
autorizaciones, el embargo de bienes, la prisión, las órdenes judiciales y el pago del costo
de contener o limpiar la contaminación. Las sanciones y las medidas de remediación por
lo general toman en cuenta la naturaleza y al gravedad de la violación, los beneficios
económicos derivados de la violación a favor del infractor y su condición económica.
Estos instrumentos de aplicación funcionan tanto como elementos de disuasión de otros
infractores potenciales como para responsabilizar al infractor de sus acciones, y de ser
posible, remediar el daño ambiental causado.27
Más allá de estas medidas, también se consideran medidas de aplicación una serie de
actividades gubernamentales basadas en la recopilación y divulgación de información, en

la comunicación con la comunidad regulada y en la promoción del cumplimiento.
Algunos acuerdos internacionales como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de
América del Norte, consideran también entre las actividades de aplicación el
mantenimiento de bitácoras y la presentación de reportes, la divulgación pública de
información sobre incumplimiento, la emisión de boletines u otras declaraciones
periódicas sobre procedimientos de aplicación, la promoción de auditorias ambientales, la
obtención de compromisos de cumplimiento voluntario y de acuerdos de cumplimiento, y
la facilitación o la promoción de la mediación y el arbitraje.28 Además, la provisión de
asistencia técnica a la comunidad regulada también se puede considerar como medida de
aplicación de la ley.29
Los instrumentos de aplicación se usan más efectivamente cuando su uso se guía
mediante políticas o directrices de aplicación de la ley que definen los criterios para
seleccionar la respuesta de aplicación más adecuada. En particular, son útiles los criterios
para adoptar respuestas proporcionales a la situación y para tomar en cuenta los factores
de mitigación y de agravación. Un aspecto importante de una política de aplicación es el
equilibrio entre permitir suficiente discreción a los oficiales responsables, e impedir que
se apliquen los instrumentos de manera arbitraria.
Independientemente de la importancia de la verificación del cumplimiento y de las demás
actividades de aplicación, estas son por lo regular costosas y pueden ser complejas. Por
ello, y dado que la credibilidad de un régimen ambiental puede debilitarse si sus medidas
no son aplicadas de manera efectiva, el diseño de los instrumentos de gestión ambiental
debe incluir la consideración de la viabilidad operativa de las medidas de aplicación que
se requieren para su funcionamiento. Entre los elementos que aseguran la viabilidad
operativa de los mecanismos de aplicación están la asignación de recursos materiales y
financieros y de personal capacitado, así como la provisión de suficiente capacidad legal
y habilidad técnica para aplicar las medidas. Otro elemento importante es la facilidad y el
costo del cumplimiento para la comunidad regulada, ya que estos factores pueden afectar
significativamente el grado del cumplimiento y la credibilidad de las medidas.
La OCDE ha trabajado recientemente en este tema de aplicación ambiental efectiva, en
particular en relación con las economías en transición de la Europa del Este, el Cáucaso y
el Asia Central. Para asistir a estos países en la reforma de las autoridades encargadas de
la aplicación de la ley ambiental, se adoptaron los siguientes principios que pueden ser
interesantes para los países centroamericanos en su esfuerzo de mejorar sus regímenes de
gestión ambiental:
I. Elementos fundamentales de la aplicación
Principio 1. Los sistemas de aplicación ambiental deben asegurar la protección
efectiva y eficiente de la salud humana y el medio ambiente.
Principio 2. La prevención es mejor que la cura para asegurar el cumplimiento; por
lo tanto, las autoridades de aplicación ambiental deben maximizar los efectos
disuasivos de sus actividades.
Principio 3. Las autoridades de aplicación ambiental deben dar un trato equitativo a
la comunidad regulada; las acciones de aplicación deben tener justificaciones
sólidas.
Principio 4. Los requerimientos ambientales deben ser realizables en términos de su
aplicación y deben establecer objetivos de cumplimiento viables.
Principio 5. Las autoridades de aplicación ambiental deben trabajar con integridad y
ser plenamente responsables (sujetas a rendición de cuentas) por todas las
decisiones discrecionales que tomen.

II. Responsabilidades, poderes y organización de las autoridades de aplicación
ambiental
Principio 6. Las autoridades de aplicación ambiental deben establecerse como
instituciones autónomas, con responsabilidades claras y jurídicamente definidas,
y con las facultades adecuadas para lograr sus objetivos.
Principio 7. La estructura organizativa de una autoridad ambiental debe reflejar las
prioridades ambientales y las responsabilidades jurídicamente definidas.
Principio 8. Las decisiones de aplicación deben delegarse y tomarse al nivel más
bajo posible en el que los asuntos pueden ser manejados de manera efectiva; las
autoridades de aplicación ambiental a nivel nacional deben proporcionar el
apoyo y la coordinación adecuados.
Principio 9. Las autoridades de aplicación ambiental deben identificar y establecer
relaciones efectivas de trabajo con otras dependencias y departamentos cuyas
actividades influencien la aplicación ambiental.
III. Rol de la ciudadanía y de la comunidad regulada
Principio 10. Las autoridades de aplicación ambiental deben asegurar la
comunicación efectiva con la ciudadanía y proporcionar oportunidades a los
ciudadanos para contribuir a una aplicación ambiental más efectiva.
Principio 11. Las autoridades de aplicación ambiental deben establecer mecanismos
para asistir a la comunidad regulada a comprender mejor y a cumplir
voluntariamente los requerimientos ambientales.
Principio 12. Las autoridades de aplicación ambiental deben requerir a la comunidad
regulada para que conduzca monitoreo propio de su desempeño ambiental y
reporte sobre el mismo.
IV. Métodos de trabajo, estrategias y herramientas
Principio 13. En sus métodos de trabajo, las autoridades de aplicación ambiental
deben adoptar una aproximación basada en el desempeño; esta aproximación
debe enraizarse en un proceso regulatorio iterativo (cíclico).
Principio 14. Las autoridades de aplicación ambiental deben desarrollar estrategias
ambientales a la medida y apoyarlas en planes anuales de implementación,
tomando en cuenta la necesidad de determinar prioridades, equilibrar medidas
preventivas y punitivas de manera efectiva y usar los recursos escasos de manera
eficiente.
Principio 15. Las estrategias y planes operativos de las autoridades de aplicación
ambiental deben identificar de manera precisa y exacta y hacer un perfil de la
comunidad regulada.
Principio 16. Los requerimientos regulatorios nuevos deben incorporarse de manera
paulatina durante un periodo adecuado de transición y deben tomar en cuenta las
acciones que deberán realizar conforme a estos requerimientos las autoridades de
aplicación ambiental y la comunidad regulada, y los costos asociados a ello.
Principio 17. Cada inspección debe ser planeada y ejecutada conforme a criterios
mínimos; una aproximación integral debe aplicarse de manera gradual.
Principio 18. Las autoridades de aplicación ambiental deben tener acceso a remedios
adecuados para sancionar el incumplimiento de manera oportuna y proporcional.
Principio 19. Deben desarrollarse indicadores para medir el desempeño de las
autoridades de aplicación ambiental y mejorarlo de manera continua.
V. Recursos, presupuesto y administración financiera
Principio 20. Las autoridades de aplicación ambiental deben establecer un sistema
efectivo de manejo de personal que se ocupe de la remuneración, la motivación y
el desarrollo profesional.
Principio 21. Las autoridades de aplicación ambiental deben identificar los recursos

humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo sus
responsabilidades; deben presentar solicitudes de asignación de recursos,
plenamente justificados, a través de los procesos presupuestarios regulares.
Principio 22. Las autoridades de aplicación ambiental deben aplicar rigurosamente el
presupuesto y los procedimientos financieros administrativos.
VI. Cooperación internacional
Principio 23. Las autoridades de aplicación ambiental deben contribuir y aprovechar
la experiencia internacional sobre aplicación y cumplimiento.
La implementación efectiva de los principios rectores requiere de un cierto medio
“habilitador”. Ese medio habilitador consistirá de varios elementos, incluyendo
prerrequisitos propios a las entidades, prerrequisitos nacionales, y apoyo
internacional. Los prerrequisitos esenciales relativos a las autoridades de aplicación
ambiental incluyen:
- objetivos claros y una estrategia para llevar a cabo las reformas
- un liderazgo firme
- selectividad y gradualismo
- comprensión de las tendencias del desarrollo
- voluntad política
La más fundamental de las premisas en la que se basa la implementación de los
principios rectores es la presunción de que los gobiernos están comprometidos con la
promoción del uso de los mercados para organizar la actividad económica y con el
establecimiento de sistemas democráticos de gobierno y del estado de derecho. Sin
estos compromisos, los roles y relaciones de las empresas, las agencias de aplicación
ambiental, la sociedad civil y la judicatura seguramente serían distintos a los que se
han recomendado en estos principios.3

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