El documento es una denuncia del fiscal Alberto Nisman que expone un supuesto plan delictivo orquestado por altas autoridades del gobierno argentino para otorgar impunidad a los acusados iraníes del atentado a la AMIA en 1994. Se alega que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Héctor Timerman, junto con otros actores, facilitaron este encubrimiento mediante negociaciones y acuerdos secretos, priorizando relaciones comerciales y energéticas con Irán sobre la justicia. La denuncia incluye evidencias de un esquema que busca deslegitimar la investigación judicial y desvincular a los imputados de las responsabilidades penales que enfrentan.