La jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela, establecida por la Constitución de 1999, se encarga de garantizar que los actos de la administración pública cumplan con los principios de legalidad y legitimidad, protegiendo así los derechos de los administrados. Esta jurisdicción tiene un carácter especial y judicial, y su evolución normativa se ha consolidado a través de diversas leyes que regulan su funcionamiento. Además, la ley contempla varios medios de impugnación y establece la estructura y competencia de los tribunales encargados de estos asuntos.