Los actos procesales

Teoría General del Proceso.
“LOS ACTOS PROCESALES”.
Autor: Abogado, Eladio Urbina Página 1
Abogado, Eladio Román Urbina Tortolero.
elurbina@gmail.com
Barquisimeto, 2013
LOS ACTOS PROCESALES.
Forma, Lugar y Tiempo de los Actos Procesales.
A manera de preámbulo, se comenzará indicando que la actividad procesal es
la que ejecutan los sujetos procesales dentro del proceso, la cual comienza con la
demanda y termina con la sentencia y su ejecución. Entre el acto que da inicio a la
relación y el que pone fin, se llevan a cabo una serie de actos encadenados y
estrechamente vinculados, de manera que unos son presupuestos de los otros y así
sucesivamente.
Antes de hablar de acto procesal como tal, debe entenderse que es un hecho
jurídico, entendiéndose por este, todo suceso o acontecimiento vinculado al derecho,
y de allí que se distingan los hechos naturales de los realizados por la voluntad del
hombre. El hecho es casi siempre obra de un tercero o de la naturaleza, y se distingue
por su carácter involuntario e irresistible por las partes. El acto jurídico en cambio, es
la manifestación externa de un pensamiento y lógicamente se realiza con la
intervención de la voluntad del hombre.
Es por lo anterior que se puede inferir que un acto jurídico, es todo
acontecimiento llevado a cabo con la intervención de la voluntad del hombre y que
produce consecuencias jurídicas.
En lo que respecta a las formas de los actos procesales, supone aquellos
requisitos que determinan el conjunto de circunstancias externas, tales como el
tiempo, el lugar y la forma in strictu sensu que deben adoptar los actos procesales
para que surtan los efectos que la Ley les imputa

Normalmente, las formas procesales se han establecido con un criterio
legalista y de estricto orden público y las mismas están establecidas en el artículo 7
del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), el cual expresa que:
“Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código
y en las Leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la
realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez
considere idóneas para lograr los fines del mismo”.
En este sentido, Rengel Romberg, citado por Ortíz ( ), señala que:
“Las formas procesales no son más que el complejo de requisitos a que
están sometidas las conductas procesales, e incluyen, en un sentido
restringido, a los modos de forma de expresión, el lugar y el tiempo en
que debe llevarse a cabo los actos procesales para que tengan eficacia
en un proceso judicial”.
Por lo que se puede decir entonces que el Acto Procesal es el que se vincula al
nacimiento, desarrollo y extinción de una relación jurídica, a través de la forma
jurídicamente regulada por la Ley, que es el proceso.
Ahora bien, Chiovenda define al acto procesal como: “aquél que tiene como
consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la
modificación o definición de una relación procesal”.
Forma de los Actos Procesales.
El acto procesal en Venezuela no está rodeado de fórmulas sacramentales,
pero sí se ha establecido una forma ordenada para la realización de dichos actos,
acordando oportunidades para cada uno de ellos, la ley adjetiva fija los términos y los
lapsos en que debe llevarse a cabo la actividad procesal, por los sujetos de la relación.
Todo lo relacionado con la forma de los actos se encuentra expresado en los artículos
183 al 190 C.P.C., y se refiere a las condiciones o requisitos que deben reunir tales
actos en cuanto al modo de expresión de los mismos, tal como:

1) El idioma legal: en cuanto al idioma legal aplicable en Venezuela que deben
emplearse en los actos procesales es el Castellano, tal como lo establece el
artículo 183 del C.P.C. y cuando se requiera realizar algún acto en otro idioma se
exige la participación de un auxiliar de justicia que es un intérprete público; en
este sentido se han establecido diversas situaciones de uso del idioma extranjero y
la necesidad de verterlo al idioma castellano (artículos 157, 184, 185 C.P.C) Así
mismo, debe tenerse presente que el uso de un idioma diferente sin la
intervención del intérprete público constituye una lesión al derecho a la defensa.
2) La escritura: de acuerdo con el artículo 25 del C.P.C, Los actos del tribunal y de
las partes, se realizarán por escrito. Por otra parte el artículo 187 dispone: “las
partes harán sus solicitudes mediante diligencias escritas que extenderán en el
expediente de la causa…”.
Las diligencias mencionadas en el artículo se le deben dictar al secretario del
tribunal y deben ser suscritas por éste; y, el escrito o memorial que las partes
presentan al mismo secretario deben ser certificado por el mismo.
Cabe destacar, que la forma de los actos del tribunal también es escrito que se
denominan autos o sentencias (art 188 C.P.C).
3) La publicidad de los actos procesales: los actos procesales deben ser realizados en
forma pública, garantizando siempre el acceso y participación de los interesados,
tal y como se desprende del artículo 24 del C.P.C.; de las actuaciones de las partes
y del tribunal se forma un expediente debidamente numerados en orden
consecutivo y ascendente cuyo acceso, a las partes y terceros, debe ser
garantizado. Por otro lado, el artículo 190 del texto procesal dispone que
cualquier persona puede imponerse de los actos que se realicen en los tribunales y
tomar de ellos las copias simples que quiera sin necesidad de autorización del
Juez. De ello igualmente se expresa el artículo 110 ejusdem.

Lugar de los Actos Procesales.
Por regla general, los actos procesales se realizan en la sede del Tribunal. La
sede es el local donde se desenvuelven las actividades judiciales, en las horas de
despacho. Por excepción se pueden realizar algunos actos fuera de la sede del
Tribunal. (Art. 191 C.P.C., determinación de la sede).
El traslado del Tribunal fuera de la sede debe acordarse previamente, puede
hacerse de oficio, cuando el Juez se traslada a la morada del testigo en caso de
impedimento (Art. 490, 472, 473, 442, 713, 723 CPC) o a petición de parte, cuando el
Juez lo crea conveniente (Art. 489 CPC).
Siendo así las cosas, se entiende por lugar de los actos procesales, al espacio
geográfico en el cual las actuaciones procesales habrán de practicarse y que, por regla
general, coincide con la sede física en el cual el órgano jurisdiccional tiene su sede y
su específica competencia territorial.
Es por ello que Rengel Romberg, citado por Ortiz (), explica que las causas y
juicios se distribuyen horizontalmente entre jueces que actúan en territorios diferentes
(competencia territorial), que corresponden en la organización judicial a las
circunscripciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los decretos
complementarios; y dentro de cada circunscripción judicial se hallan establecidos las
sedes de los distintos tribunales y las oficinas o locales en que éstos operan.
Ahora bien, el artículo 191 del C.P.C, expresa que los jueces no podrán
despachar los asuntos de su competencia, sino en el lugar destinado para la sede del
tribunal, a no ser para los actos respectos de los cuales acuerden previamente otra
cosa conforme a la Ley, de oficio o a petición de parte.
No obstante esta expresa consagración sobre el lugar de los actos procesales,
la misma norma consagra una excepción, cuando exista la necesidad de acordar una

sede distinta respecto de algunos actos expresamente previsto por las Leyes
procesales.
Por consiguiente, estas especialidades son originadas bien porque éste es su
modo normal de ejecución, como ocurre en el caso de las notificaciones, citaciones o
emplazamientos y, también algunas diligencias que el legislador procesal ha previsto
expresamente por ejemplo: la práctica de inspecciones judiciales (art. 472); la
notificación de los interdictos (art. 714); la declaración de testigo en su morada (art.
490); la ejecución de medidas de embargo (art.591); la entrega de material de la cosa
vendida(art.929).
Finalmente, el incumplimiento de esta formalidad implica la anulabilidad del
acto procesal realizado, por cuanto la celebración de tal acto fuera de la sede del
tribunal requiere del decreto de constitución de éste en otra parte.
Tiempo de los Actos Procesales.
El proceso es una relación jurídica que avanza desde la demanda hasta que
culmina en la sentencia. Esa marcha constante y sucesiva que se hace evidente en el
encadenamiento de los actos, regulados según un orden y una determinación,
constituyen el tiempo del acto. Entre uno y otro media un espacio de tiempo que se
denomina término o lapso. Todo lo relacionado con el tiempo de los actos procesales
se encuentra establecido en los Arts. comprendidos del 192 al 206 CPC.
Se entiende por tiempo de los actos procesales el ámbito temporal dentro del
cual los sujetos procesales pueden desplegar su conducta con eficacia para un proceso
determinado midiéndose, en consecuencia, en días y horas hábiles para la realización
del acto procesal.

El valor fundamental involucrado en esta noción descansa en la seguridad
jurídica que el proceso debe ofrecer a los justiciables, evitando que los actos
procesales se realicen a escondidas o en horas inaccesibles para las partes o los
terceros.
Se observa que, el artículo 192 del C.P.C. dispone que:
“Tampoco podrán los jueces despachar sino en las horas del día
destinadas al efecto, las cuales indicarán en una tablilla que se fijará
en el tribunal, para conocimiento del público. Para actuar fuera de
dichas horas, cuando sea necesario, habilitarán con un día de
anticipación o haciendo saber a las partes las horas indispensables que
determinarán”.
Seguidamente, el artículo 193 del mismo código expresa que: “ningún acto
puede practicarse en día feriado, ni antes de las seis de la mañana, ni después de las
seis de la tarde, a menos que por causa urgente se habilite el día feriado o la noche”.
Se observa claramente que esta norma, permite diferenciar tiempos procesales
útiles y hábiles de los términos y plazos.
En cuanto al tiempo útil, se aprecia que la Ley dispone unas horas del día en
las cuales puede practicarse los actos procesales (artículo 193 del C.P.C.), que a tenor
de la Ley, son las que van desde las 6 am, hasta las 6 pm,
Con respecto al tiempo hábil, (artículo 192 del C.P.C.) se refiere precisamente
a las horas del tiempo útil en las cuales el tribunal ha decidido despachar, las cuales
habrán de anunciarse en una tablilla que se coloca visiblemente, en las puertas del
tribunal (artículo 195 ejusdem).
Importa y por muchas razones hacer referencia a las excepciones establecidas
en cuanto al tiempo de los actos procesales estipulados en la norma procesal, en este
sentido:

a) En referencia al tiempo útil, se permite que por causa urgente pueda
habilitarse el día feriado o la noche, entendiéndose por causa urgente a los
efectos de la habilitación, el riesgo manifiesto de que quede ilusorio una
providencia o que frustre cualquiera diligencia importante para acreditar algún
derecho o para la prosecución del juicio (artículo 193 del C.P.C.).
b) La obligación de actuar en tiempo hábil, esto es, en las horas del día indicado
en la tablilla, la cual también admite excepciones, por cuanto, se permite
actuar fuera de dichas horas, cuando sea necesario, habilitándose las horas
indispensables con un día de anticipación o haciéndose saber a las partes
(notificaciones).
Además de lo señalado, en cuanto a los días hábiles y útiles, se manejan
también dentro de la dimensión temporal de los procedimientos lo relativo a los
términos y lapsos que se establecen para el cumplimiento del texto procesal, la regla
general está contenida en el artículo 196 del C.P.C.
Horas de Despacho
Las horas de despacho, se caracterizan por la actividad del Tribunal en pleno,
unipersonal o colegiado. Se hace saber al público las horas destinadas a despacho
mediante la colocación en las puertas del tribunal de una tablilla o cartel. Por el
mismo medio se hará saber al público los días en que las necesidades del trabajo
impidan dar despacho (Ver Arts. 192, 193, 194 CPC)
La Habilitación
Tiene por objeto hacer hábiles aquellas horas o días en las que normalmente el
Tribunal no puede actuar. Puede ser necesaria o urgente. La necesaria sólo produce la
habilitación de las horas comprendidas entre las seis de la mañana y las seis de la
tarde, y las fijadas por el Tribunal. La necesidad de esta habilitación queda al poder
discrecional del Juez.

La habilitación urgente tiene por objeto hacer hábil el día feriado o la noche,
día y hora en que no se puede normalmente actuar. Por lo tanto, no se puede
confundir lo necesario con lo urgente, ni las horas que se indiquen fuera de la tablilla
con la habilitación de la noche o del día feriado en que ocurre la habilitación urgente.
(Art. 192 y 193 CPC).
Término y Lapso Procesal
Son usados como sinónimos, pero evidentemente no coinciden entre sí, no
obstante desde la interposición de la demanda hasta que termina con la sentencia se
llevan a cabo una serie de actos procesales.
Con respecto a este aspecto el Art. 196 del CPC dispone: "Los términos o
lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente
establecidos por la ley; el Juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice
para ello".
- Término procesal: se refiere al día específico y concreto durante el cual puede
desplegarse la conducta constitutiva del acto procesal.
- Lapso: es el espacio de tiempo dentro del cual las partes pueden ejercer alguna
actividad dentro del proceso.
o Los lapsos procesales pueden clasificarse:
a) Según su origen: los lapsos procesales pueden ser legales, judiciales y
convencionales según sea establecido por la Ley.
b) Según al sujeto en beneficio de quien se acuerde: los lapsos pueden ser
comunes y particulares, dependiendo si el lapso está establecido para ambas
partes o sólo para una de ellas.

c) Según los efectos: el lapso puede ser perentorio y no perentorio. Los primeros
son aquellos que una vez cumplidos implican una preclusión absoluta, esto es,
la pérdida de la facultad de realizar el acto por haber dejado pasar la
oportunidad sin realizarlo, por ello son llamados lapsos fatales o preclusivos.
Los segundos son llamados conminatorios porque están establecidos por la
Ley para la regularidad del procedimiento, sin que su inobservancia produzca
preclusión, por ejemplo el lapso de tres días consagrados para que la parte
afectada pueda hacer oposición a las medidas cautelares (art,602).
- Cómputos: de igual forma el artículo 197 del C.P.C. y siguientes establecen todo
lo relativo al cómputo del término y los lapsos procesales.
Litisconsorcio.
Para Ortiz (), no es más que: “el fenómeno de acumulación procesal subjetiva
por la cual varias personas pueden como sujeto activo (actor) o sujeto pasivo
(demandado) con respecto de una misma pretensión jurídica o varias pretensiones
necesariamente vinculadas entre si por razones de conexidad”.
Así mismo, para Cuenca (), el litisconsorcio es: “cuando la relación jurídica
se integra con varios demandantes o varios demandados surge el fenómeno conocido
con el nombre de litisconsorcio”
De todas estas definiciones, se puede decir que el litisconsorcio supone la
presencia de varias personas como parte actora contra un demandado, o un actor
contra varias personas como parte demandada, o de varios actores contra varios
demandados, que se presentan en la relación procesal, reunidas voluntariamente en
una posición, aunque concurran con pretensiones autónomas.

De acuerdo con esta definición, cuando la relación jurídica se integra con
varios demandantes o varios demandados surgen el fenómeno conocido con el
nombre de litisconsorcio,
Generalmente, las partes en el proceso son singulares, un actor y un
demandado, pero el principio de economía de los juicios, que tienden a impedir la
proliferación de controversias separadas y el riesgo de que se dicten sentencias
contradictorias, exige convocar a todos los litigantes interesados para que resuelvan
en un solo juicio los problemas vinculados a una misma cuestión jurídica.
Clases de Litisconsorcio.
Desde el punto de vista volitivo.
Se denomina Litisconsorcio voluntario a la integración procesal con
pluralidad de sujetos que depende de la voluntad de cada sujeto en particular a quien
por razón de economía procesal y para evitar sentencias contradictorias, resulta
aconsejable que tramite las diversas pretensiones que lo integran en un único proceso.
En este caso la Ley no obliga la integración litisconsorcial porque se trata de
diversas pretensiones que muy bien pudieran ser decididas por separado, solo en este
caso, se corre el riesgo de sentencias contradictorias por el vínculo que existe entre
las varias pretensiones.
Este litisconsorcio se denomina también facultativo, por cuanto la existencia
de la relación procesal no depende de la integración de las varias personas, sino que
cada persona podría litigar por separado. Mientras el litisconsorcio necesario las
personas deben litigar en el mismo proceso, en el voluntario las personas pueden
intervenir en la misma causa.
Cabe destacar que en principio para que proceda el litisconsorcio voluntario,
el Juez debe ser competente por la materia. Ello es una exigencia de cualquier

acumulación, para lo cual deberá revisarse los diversos criterios de atribución de
competencia material. Ahora en cuanto a la competencia territorial, deberá tomarse en
cuenta lo establecido en el artículo 49 del C.P.C el cual dispone:
Artículo 49 del C.P.C.
La demanda contra varias personas a quienes por su domicilio o residencia
deberán demandarse ante las distintas autoridades judiciales, podrá proponerse ante la
del domicilio o residencia de cualquiera de ellas, si hubiere conexión por el objeto de
la demanda o por el título o hecho de que dependa, salvo disposiciones especiales.
Desde el punto de vista de la pretensión.
El litisconsorcio será simple atendiendo a que la pretensión es única aun
cuando sean varias las personas que se presentan en la posición de parte actora o parte
demandada
Según Montero Aroca, se está en presencia de un proceso único con
pluralidad de partes cuando dos o más personas se constituyen en él, en la posición de
actor y/o demandado, estando legitimadas para ejercer o para que frente a ellas se
ejercite una única pretensión (originadora de un único proceso), de tal modo que el
juez ha de dictar una única sentencia, en la que contendrá un solo pronunciamiento, y
el cual tiene como propiedad inherente a la misma el afectar a todas las personas. Este
tipo de litisconsorcio constituye el llamado “necesario o forzoso”.
Por otro lado, el litisconsorcio será complejo en tanto que, además de la
pluralidad de personas en la condición de parte activa o pasiva, también se da en él
una pluralidad de pretensiones; esta pluralidad hace que la legitimación activa o
pasiva corresponda a varias personas, pero no de manera necesariamente conjunta,
sino que cada persona podría ejercitar su pretensión en procedimientos separados.

En este último caso, se corre el riesgo de sentencias contradictorias. A este
tipo de litisconsorcio se le denomina también voluntario o facultativo. En este
litisconsorcio pueden distinguirse dos modalidades: litisconsorcio alternativo y
litisconsorcio solidario, dependiendo si las diversas pretensiones se resuelven en la
sentencia de modo alternativo o solidario.
El principal efecto del litisconsorcio es que las diversas pretensiones deberán
decidirse en una misma sentencia, lo cual implica que una pretensión puede ser
rechazada, mientras que otra puede declararse procedente; la actuación de los
litisconsortes es independiente entre ellos pero la unidad del proceso genera efectos
importantes que deben ser precisados.
Es oportuno mencionar que, las formas de acumulación pueden asumir tres
situaciones distintas.
a) Cuando varias pretensiones vinculadas entre sí deben ser resueltas por el mismo
tribunal
b) Cuando varias personas que tienen la misma pretensión o varias pretensiones
vinculadas, estas deben ser resueltas por el mismo Juez.
c) Cuando varias causas, actualmente existentes, se relaciones entre sí, lo cual
aconseja que sean resuelta por el mismo juez. Todas responden a la misma
naturaleza (se trata de acumulación procesal)
La acumulación procesal se produce cada vez que pueden reunirse en un
mismo procedimiento diversas pretensiones contra una misma persona o varias de
ellas, y diversas personas que persiguen las mismas pretensiones o pretensiones
conexas. Igualmente, se produce la acumulación cuando diversos procedimientos
relacionados entre sí pueden ser reunidos en un mismo expediente.

Desde el punto de vista de la sucesión procesal.
Se entiende como el evento extraordinario por el cual una persona entra en la
misma posición de una parte procesal en un procedimiento judicial concreto. Se trata
de una sustitución en un juicio pendiente de una parte por otra persona que ocupa su
posición procesal por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa.
Las características generales de los supuestos se sucesión procesal son los
siguientes:
1. El sucesor entra en el juicio y debe asumirlo en el estado en que se encuentre sin
que pueda alegarse reposición alguna.
2. Los actos cumplidos o verificados antes de producirse la sucesión son actos
válidos y sus efectos deben ser respetados.
3. El sucesor es verdadero titular de los derechos e intereses que se debaten en el
juicio; en cambio que, en la sustitución procesal, el sustituto no es el titular del
derecho o interés pero puede ejercitarlo en el juicio.
4. La sucesión procesal pudiera tener efectos sobre la competencia subjetiva del Juez
quien, frente al sustituto, puede tener alguna causal de inhibición o recusación.
La sucesión procesal puede darse por causa de muerte como una aplicación
específica de la situación general de la herencia ; o por acto entre vivos, por el acto
voluntario de la disposición de la cosa litigiosa.
La sucesión por causa de muerte (mortis causa).
De conformidad con el artículo 796 del C.C, la propiedad se adquiere por la
ocupación y la misma propiedad y demás derechos se adquieren y trasmiten por la
Ley, por sucesión, por efecto de los contratos.

Ante lo expuesto se tiene, que cuando una persona fallece y es parte en un
juicio se tramiten a sus herederos tanto la propiedad como la posesión de los bienes
pro indiviso hasta que se produzca la liquidación.
Esta es la razón por la cual la Ley procesal les atribuye la legitimación a todos
lo herederos para comparecer en juicio. (Artículo 144 C.P.C)
La condición de sucesor, sin embargo puede ser a título universal, en cuyo
caso se transfieren todos los bienes que forman la universalidad del patrimonio,
activo y pasivo del causante, pero también puede ser a título particular en cuyo caso
se habla de legatario, el cual pasa a ser titular sólo del bien individual establecido por
el de cujus en forma de legado. En este último caso se aplica la última parte del
artículo 145 del C.P.C.
En fin, se puede entonces concluir que en la sucesión por causa de muerte en
un determinado proceso, las partes desde su inicio hasta su terminación son siempre
las mismas. Ahora bien, en el curso de un proceso puede presentarse una sucesión o
una sustitución procesal o de partes, bien sea porque muera el actor o muera el
demandado.
La sustitución por acto inter vivos.
Se realiza mediante un acuerdo de voluntades entre el cedente y el cesionario,
sobre un derecho litigioso. Tal cesión puede producirse por cualquier tipo de negocio
jurídico pero, siempre sobre bienes litigiosos para que opere la figura de sucesión
procesal. La regulación de este supuesto se encuentra tanto en el C.P.C. (Artículo
145) como en el C.C. en su artículo 1.557.
Otro aspecto que se debe explicar, es que en principio, la regla general en
nuestro ordenamiento procesal es que fuera de los casos previstos por la Ley, no se
puede hacer valer en juicio, en nombre propio un derecho ajeno (Artículo 140
C.P.C.), con esto se postula la necesidad de legitimación, es decir, la identidad que

debe existir entre la persona que acude al proceso y aquella a quien la Ley le atribuye
la capacidad de estar en juicio o cualidad procesal por esta vía se topa con la figura de
sustitución procesal.
Por consiguiente, se habla de sustitución procesal cuando se constata la
existencia de una parte procesal que, obrando en nombre o interés propio en el juicio,
ejercita un derecho material ajeno. La figura se producirá en aquellos casos en que no
coinciden el titular del derecho material y la parte procesal.
Desde el punto de vista de los sujetos.
- Litisconsorcio activo: varios sujetos procesales se presentan como parte actora.
- Litisconsorcio pasivo: los sujetos procesales se reúnen o agrupan como
demandados.
- Litisconsorcio mixto: existe una pluralidad de actores y de demandados, o sea,
varios actores y varios demandados.
Además, en otras posiciones, participan en el proceso terceros, como actores o
demandados en intervención principal, adhesiva o forzosa, que constituyen a la
llamada tercería.

La Intervención de Terceros. (Tercería)
Para comenzar se debe tener presente que la doctrina contemporánea ha
terminado por señalar que los terceros no son más que partes procesales sobrevenidas
a lo largo del proceso.
Por esto, los terceros procesales son aquellos que tienen algún interés legítimo
en las resultas del juicio entre partes.
En este sentido, se entiende por terceros procesales, aquellas personas que, en
principio, no figuran en el juicio como actor o demandado pero que, debido a su
especial posición jurídica, se encuentran unidas con los sujetos o con el objeto de ese
proceso judicial, de tal manera que tienen un interés legítimo en las resultas de las
sentencias que allí se dicte.
En un proceso tenemos esencialmente dos partes: demandante y demandado,
cada una de ellos va a ser valer de alguna forma sus puntos de vista sobre el fondo del
litigio; el demandante sostiene su posición y el demandado los suyos, generalmente
son posiciones contrarias, salvo los casos de un convenimiento; pero existe la

posibilidad de que el Legislador incluya a terceras personas, quienes inicialmente no
son parte del proceso pero pueden posteriormente hacerse parte de la misma.
El legislador expresa de manera bastante clara cuáles son los supuestos en los
cuales esas terceras personas pudieran intervenir en el proceso.
Intervención Voluntaria de Terceros.
Se entiende por intervención voluntaria de un tercero en un juicio entre partes,
aquellas en la cual una persona, procediendo con entera libertad, despliega una
actividad procesal tendente a tutelar un interés jurídico propio que, con respecto del
interés de las partes, puede ser un interés concordante con el de algunas de ellas o
excluyente del interés de las partes del proceso donde interviene.
Por otro lado, la intervención voluntaria del tercero se refiere a cualquier
situación en la cual una persona que no ha sido parte inicial en un proceso (como
actor o demandado), interviene en él en razón de un interés propio cuya tutela exige.
En relación a ello este interés puede ser:
A. Excluyente y principal (juicio de tercería)
B. Intervención adhesiva.
a. Coadyuvante: cuando lo que se pretende es que una de las partes venza en
la controversia.
b. Litisconsorcial: cuando el tercero interviene insolidum con una de las
partes, es decir con el mismo interés y en la misma posición de partes.
De acuerdo con otros autores, la intervención voluntaria se produce, según el
ordenamiento jurídico venezolano, cuando el tercero espontáneamente, por derechos
propios, interviene para demandar tanto al actor como al demandado, en figura de
relieve especial que se denomina tercería.

Esta tercería voluntaria se subdivide en excluyente, preferente, o concurrente,
según el grado de la pretensión deducida por el tercero, bien que aspire a excluir a las
partes, a ser preferido a ellas por el orden de créditos o a concurrir en igual grado.
Como un ejemplo de esto se tiene, al señor González lo demandan y pierde el
proceso, le corresponde cumplir de manera voluntaria con lo que dice la sentencia,
pero si no lo hace le pueden obligar aún con la fuerza pública, el Tribunal puede
obligarle de manera forzosa. Esto quiere decir que en la posibilidad de existir un error
y se toquen bienes que no son propios, que son de una tercera persona (del señor
Anzola) que nunca concurrió al proceso y simplemente por error van a trabar una
medida sobre sus bienes, derechos o propiedades. El Tercero (el señor Anzola) no
queda indefenso, puede intervenir en el proceso y exponer sus alegatos, puede
exponer que no es parte en ese proceso y están afectando su propiedad y entonces
puede intervenir.
Intervención forzada (provocada u obligatoria).
Se entiende por intervención forzada la actividad procesal del tercero
compelido por una orden judicial y en el cual el interés jurídico del tercero es
arrastrado por la solicitud de las partes al pretender del tercero un derecho de
saneamiento o de garantía.
Por último, basta con afirmar que la intervención voluntaria o coactiva del
tercero produce el crecimiento de la Litis y es necesaria la concurrencia de dos
condiciones esenciales para que ella se produzca.
1. Que haya una controversia ya iniciada, en estado de pendencia.
2. Que el interviniente haya sido realmente extraño al proceso, o sea, que no haya
participado anteriormente en el litigio con pretensiones autónomas e intereses
propios

Con respecto a la tercería, ésta se acumula a la controversia principal por
razón de economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias.
En la intervención de carácter forzoso, no priva la voluntad del tercero que
interviene, ya que lo hace por orden del Tribunal, por un llamamiento o por citación a
solicitud de la parte interesada al Tribunal y éste lo cita para que concurra.
Esto es importante establecerlo porque los supuestos para intervenir de
manera voluntaria son distintos a la de manera forzada y debemos basarnos en los
ordinales adecuados ya que ocurre algo similar a las cuestiones previas donde cada
uno tiene su tramitación.
Oportunidad para interponer la tercería.
Van a variar, dependiendo de varias circunstancias, en principio va a
depender del tipo de intervención que se vaya a efectuar, si es forzada por ejemplo,
la parte interesada tiene que solicitar ese tercero sea llamado a través de la citación
que le libre el Tribunal y su oportunidad procesal, para efectuar esta solicitud es con
la contestación de la demanda y cuando lo hace es porque le sirve de respaldo a la
defensa (ya sea saneamiento por evicción o por vicios ocultos), distinto es el caso si
la intervención es voluntaria, ya que dependiendo del tipo y del fundamento de la
intervención la oportunidad procesal en la cual tengo que proponerla.
Igual sucede en el caso de la fianza, si hay un fiador solidario el principal de
repente puede ser codemandado igualmente, con el obligado principal, pero si la
fianza es simple tiene carácter de solidaridad. Cabe destacar, que hay distintas
posibilidades en ésta defensa y en la forzada se debe hacer al momento de contestar la
demanda, tal y como lo indica el artículo 364 C.P.C., mientras que en la voluntaria
puede el tercero concurrir cuando está en fase de prueba, o que se entere después que
se haya dictado la sentencia o apelaron y fueron a la alzada y el procedimiento está en
segunda instancia y en ese momento fue cuando se enteró, o puede enterarse cuando

haya sentencia definitivamente firme y esté en etapa de ejecución de la sentencia, sin
embargo tiene un pequeño límite: cuando el bien haya sido rematado y en tal caso lo
que puedes intentar es una acción reivindicatoria en contra de terceros (artículo 384
C.P.C).
En el caso de los niños se pudiera alegar el ordinal 1º del artículo 371 C.P.C.,
pero en todos estos casos hay intervención del Ministerio Público y su procedimiento
en estructura es diferente al procedimiento ordinario ya que es regulado por la
LOPNA.
Análisis del artículo 370 del C.P.C.
En este artículo se indica que los terceros podrán intervenir, o ser llamados a
la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes:
1º. Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante, o
concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en el mismo título; o que
son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una
prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos.
2º. Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, éste
se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546. Si el tercero,
sólo es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o si sólo tiene un derecho
exigible sobre la cosa embargada, podrá también hacer la oposición, a los fines
previstos en el aparte único del artículo 546.
3º. Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de
alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso.
4º. Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a éste
la causa pendiente.

5º. Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía
respecto del tercero y pida su intervención en la causa.
6º. Para apelar de una sentencia definitiva, en los casos permitidos en el artículo 297.
Análisis.
En torno a esta última apreciación el Legislador Patrio consagró en el artículo
370 del Código de Procedimiento civil, la intervención de los terceros en los procesos
estableciendo para ello las causales taxativas contenidas en los ordinales que van del
1º al 6º que a continuación se analizan:
“…1° Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante, o
concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en el mismo título; o que son
suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una
prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos…”
En este numeral estamos en presencia de la tercería en estricto sentido y
contempla cuatro supuestos:
- Cuando el tercero considere que tiene un derecho preferente al del demandante.
- Cuando el tercero pretenda concurrir, o en la solución del crédito.
- Cuando el tercero alegue que los bienes demandados, secuestrados o sujetos a
alguna medida de prohibición de enajenar y gravar son de su propiedad (tiene un
derecho de propiedad sobre estos bienes).
- Cuando el tercero alegue tener sobre esos bienes un derecho distinto a la
propiedad.

Este ordinal envuelve en sus cuatro supuestos la intervención Voluntaria y
Principal de un tercero, establecida por una pretensión jurídica que interpone una
persona contra las partes originarias en otro proceso, invocando sus propios derechos
e intereses, bien sea para excluir al demandante en el derecho alegado, para ser
preferido en el derecho alegado o para concurrir con alguna de ellas en el derecho
alegado fundándose en el mismo título.
“…2° Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero,
éste se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546. Si el tercero,
sólo es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o si sólo tiene un derecho
exigible sobre la cosa embargada, podrá también hacer la oposición, a los fines
previstos en el aparte único del artículo 546…”
Intervención Voluntaria y Principal de Terceros denominada “Oposición al
Embargo” previsto también en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, es
presupuesto procesal de la oposición de terceros al embargo: Que la oposición la
formule un tercero que no se encuentra comprendido en la relación sustancial que se
discute en el proceso principal, que es extraña con relación al embargo o ejecutado y
que actúa por sí misma, en su nombre mediante titulo propio oponible al ejecutante y
al ejecutado.
“…3° Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de
alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso…”
Supone este ordinal, que el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener
las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso.
Implica la intervención de los terceros “adhesivos” porqué vienen a coadyuvar con
las partes por lógica no pueden tener lugar sino después que la causa formalmente
exista. Se han calificado por el Máximo Tribunal como terceros coadyuvantes.
Resulta oportuno indicar que existen dos tipos de Intervención adhesiva:

a) Común, simple o dependiente (Art. 380CPC): Puede intervenir cualquier tercero
que tenga interés actual de ayudar a una de las partes a vencer el juicio reforzando la
defensa pero sin añadir hechos nuevos a la litis, se une a la causa en el grado y estado
en que se encuentre.
b) Litisconsorcial (Art. 381CPC): para su legitimación el tercero debe reunir el
interés jurídico actual, invoca un interés y un derecho propio, por lo que puede
aumentar objetivamente el contenido de la litis. Esta forma adhesión se hace hasta la
contestación de la demanda, aquí se establece un litisconsorcio regido por el Art. 147
Código de Procedimiento Civil
“… 4° Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a
éste la causa pendiente…”
Este ordinal contempla la forma de intervención forzada del tercero por ser
común a éste la causa pendiente, tiene lugar por iniciativa de la parte, ya sea la actora
o la demandada, y no por iniciativa del juez o de oficio, implica que la controversia
ya este iniciada, en estado de pendencia y que el interviniente no haya participado
anteriormente en el litigio con pretensiones autónomas ni intereses propios.
“…5° Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía
respecto del tercero y pida su intervención en la causa…”
Configura una intervención forzosa pues surge de la voluntad de una de las
partes, no de oficio (por orden del Juez); y es posible bien porqué la causa es común
al tercero o bien por cuanto, la parte que solicita la intervención forzosa pretenda del
tercero un derecho de saneamiento o garantía. De allí que sea llamada precisamente
Cita de Saneamiento o de Garantía; implica un procedimiento que se inicia por vía
incidental en un juicio pendiente en el cual el comprador demandado (garantido)
llama al vendedor (garante) como tercero, para que coadyuve en la defensa de su
derecho real sobre la cosa, y a su vez, responda por la evicción que le prive del todo o

parte de ella, mediante el pago de una indemnización por los perjuicios causados, en
caso de resultar perdidosos en el juicio. Implica un juicio distinto que se desarrolla
como accesorio del principal, que se haya condicionado a lo que en el primero (el
principal) se resuelva, pues de proceder la pretensión deducida contra el garantido,
privándosele de su derecho de propiedad, el sentenciador deberá pronunciarse en ese
mismo fallo sobre la cita planteada.
“… 6° Para apelar de una sentencia definitiva, en los casos permitidos en el artículo
297...”
Este ordinal da la posibilidad al tercero afectado por un fallo en su contra, por
extensión de la regla general que se desprende de la interpretación concordada con el
artículo 297 para que intervenga por vía de tercería adhesiva, para apelar de la
sentencia definitiva, no sólo a las partes, sino a aquél que, por tener interés inmediato
en lo que sea objeto o materia del juicio, resultare perjudicado por la sentencia,
puesto que pueda hacerse ejecutoria contra él mismo, bien porqué haga nugatorio su
derecho, lo menoscabe o lo desmejore.
Tal intervención solo persigue el ejercicio del recurso de apelación contra una
sentencia definitiva, la misma debe ser propuesta mediante escrito o diligencia,
presentada evidentemente luego de producido el fallo a recurrir, que afecte al tercero.

Los actos procesales

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