Los medios de impugnación en el proceso contencioso

Los medios de impugnación en el proceso Contencioso-
Administrativo venezolano.
En el proceso contencioso-administrativo venezolano, son diversos los
tipos de recursos y acciones que se pueden interponer ante los órganos que la
ejercen, se habla de un recurso contencioso-administrativo objetivo,
referido a las demandas de nulidad contra los actos administrativos, es decir,
en el que el recurrente persigue sólo la declaratoria de nulidad del acto
administrativo que resulte contrario a derecho. Por otra parte, su puede hablar
de un recurso contencioso-administrativo subjetivo, el cual persigue
adicional a la pretensión de nulidad del acto administrativo, la condena de la
Administración, es decir, se formulan otros pedimentos adicionales como puede
ser la indemnización de una suma de dinero por concepto de daños y perjuicios
ocasionados por la actividad administrativa o el restablecimiento de las
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales
Las demandas de nulidad constituyen la vía para obtener la nulidad total o
parcial de los actos generales o individuales de los órganos formales de la
administración y los actos de autoridad, así como el restablecimiento de las
situaciones jurídico-subjetivas infringidas y el pago de los daños y perjuicios
producidos por la actuación ilegal de la Administración Pública.
Puede ser por razones ilegales e inconstitucionales.
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 8
establece el objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el
cual está constituido por la actividad administrativa desplegada por los órganos
que componen la Administración Pública, lo cual incluye actos de efectos
generales y actos de efectos particulares. En ese sentido, forman parte del
ámbito material de las demandas contencioso administrativas de nulidad los
siguientes actos:
A. Acto administrativo expreso y sus distintas manifestaciones (actos
administrativos definitivos, de trámite que sean recurribles, de efectos
generales, vinculados a una relación contractual y de autoridad).
B. Acto administrativo presunto (silencio administrativo): Se refiere a
una ficción que la ley establece a favor del administrado, que puede entender
desestimada su petición o recurso, a los solos efectos de poder deducir frente a
la denegación presunta la pretensión admisible.

C. Acto administrativo tácito: Se entienden como manifestaciones de
voluntad de la Administración que se deducen de actuaciones positivas y
colaterales vinculadas al caso concreto y que son desarrolladas por ella misma.
D. Acto administrativo de Autoridad:
Los actos de autoridad, o dicho de otra manera, la descentralización por
colaboración, se da cuando el Estado, no pudiendo garantizar por completo el
funcionamiento de los servicios públicos que está llamado a atender, busca la
colaboración de los particulares para coadyuvar al logro de los fines del Estado.
En este sentido, el Estado por medio de su poder imperium, confiere a los
particulares poderes exorbitantes propios de la Administración Pública para que
éstos puedan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y, así
cumplir con los fines del Estado
.[13]
Al respecto, José Araujo Juárez señala que la tendencia mundial es catalogar
como actos administrativos de autoridad, a las actuaciones de sujetos privados
que en virtud de una ley pueden dictar actos en función de la prestación del
servicio público y, que por su contenido material son verdaderos actos
administrativos.[14]
Ello así, “La figura de los actos de autoridad, es uno de los grandes aportes de
la jurisprudencia al Derecho Administrativo moderno venezolano, ya que
constituye una solución racional a la situación de ciertos entes que si bien, se
crean bajo forma de derecho privado, sin embargo, ejercen potestades
públicas, por disposición de una norma.2 [15]
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo definió los actos de
autoridad como “Aquellos emanados de personas de derecho privado conforme
a delegaciones que les hace la Ley, en procura de satisfacer fines de interés
público propios de la actividad administrativa, impugnables en consecuencia
ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de haberse producido
en el ejercicio de competencias fundamentadas en el imperium del
Estado” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, casos: María Josefina
Bustamante y Ramón Escovar León vs. Universidad Católica Andrés Bello, de
fechas 24 de noviembre de 1986 y 19 de enero de 1988).
Mediante sentencia Nº 886 de fecha 9 de mayo de 2002, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Federación Venezolana de Deportes
Ecuestres) ratificó la sentencia dictada por Sala Político Administrativa el 14 de
mayo de 1998 (Caso: Fundación IDEA) en la cual se recogieron las
características más importantes de los actos de autoridad.
En ese orden de ideas, el conocimiento de dichos actos corresponde al control
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que tratan de la
organización y desarrollo del servicio público o de una actividad que le ha sido
encargada a un particular y que ha sido denominada como de utilidad pública,
ello en virtud del interés general que están llamados a tutelar, de tal forma que
atendiendo a la naturaleza del acto recurrido en materia contencioso

administrativa, el control judicial de dicho acto está atribuido a esta jurisdicción,
de acuerdo al principio de universalidad y asimismo al artículo 259 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999.
Así las cosas, se concluye que:
· Los Actos Administrativos de Autoridad son aquellos que dictan entes
privados ejerciendo una función administrativa.
· Estos entes privados deben ejercer actividades propias de la
administración generadas por la prestación de un servicio público u otra de
interés general.
· Estas actuaciones son controladas por la Administración Pública y la
Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al principio de universalidad
de los actos administrativos y el artículo 259 de la Constitución Bolivariana de
Venezuela de 1999.
E. Reglamento:
a. Revisión directa mediante la interposición de demandas de nulidad
Constituyen materia de las demandas de anulación contencioso administrativa,
según se desprende del artículo 6.23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, el cual estableció como competencia de la Sala
Político Administrativa, “… Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un
acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo
sub-legal que le sirve de fundamento, siempre que el conocimiento de este
último corresponda a la Sala Político Administrativa”
b. Suspensión en el caso concreto de disposiciones Reglamentarias que
violen la reserva legal
De manera excepcional, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia ha reconocido la posibilidad de controlar por vía accesoria,
reglamentos que invadan la reserva legal y que sirvan de fundamento al asunto
debatido en el juicio principal (sentencia Sala Constitucional del 25 de abril de
2000, caso: José Gregorio Rossi García).
Modalidades de su interposición:
Demanda de nulidad + pretensión de condena (daños y perjuicios)
Demanda de nulidad + amparo cautelar
Procedimiento que rige las Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos
Particulares y Generales

Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Nulidad en la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra
contemplado en el Capítulo II, Título IV, Sección Tercera, denominado
“Procedimiento Común a las demandas de nulidad, interpretación de leyes y
controversias administrativas”.
COMPETENCIAS
Competencias de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
es competente para conocer de:
Demandas de nulidad contra los actos administrativos emanados de las
Altas Autoridades Nacionales
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos
generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la
República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la
República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de
los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está
atribuida a otro tribunal.
Demandas de nulidad de actos administrativos de efectos particulares
conjuntamente con el acto normativo que le sirve de fundamento
6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de
efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve
de fundamento, siempre que el conocimiento de este último corresponda a la
Sala Político-Administrativa.
Competencia de los Juzgados Nacionales de la JCA.(corte primera y
segunda de lo contencioso administrativo)
Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa son competentes para conocer de:
Demandas de nulidad contra los actos administrativos emanados de otros
funcionarios
5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales
o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el
numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta
Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia.
Competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la JCA.( Juzgados
Superiores de lo Contencioso Administrativo.)

Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
Demandas de nulidad contra los actos administrativos emanados de las
autoridades estadales o municipales de su jurisdicción
generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales
de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra
las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en
materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la
Ley Orgánica del Trabajo.
Demandas de nulidad contra los actos administrativos concernientes a la
función pública
particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la
ley.
Demanda por Abstención.
Concepto
Es el medio a través del cual el administrado afectado por una inactividad de la
Administración, que es un deber, la compele ante el órgano jurisdiccional
competente para que restablezca la situación jurídica infringida.
Para Badell (1995) “Constituye la vía procesal para controlar la ilegalidad que
se deriva del incumplimiento o negativa de la Administración en realizar una
actuación concreta que le corresponde por estar definida en forma concreta y
precisa por la ley”. (Pág. 177-178)
Para Mucci (1991) “Constituye un útil mecanismo procesal para el control de
las infracciones de orden jurídico consumadas por la pasividad administrativa”.
(Pág. 17)
La primera sentencia en materia de carencia o abstención dictada por la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 6 de diciembre de 1984,
caso: Teresita Aguilera, estableció como condición para la procedencia de la
pretensión de carencia o abstención, la existencia de una carga u obligación
legal donde “le corresponderá al juzgador precisar si la carga que el recurrente
le imputa a la autoridad administrativa es una carga específica contemplada en
una ley; de igual manera, siguiendo los mismos supuestos la Sala Político
Administrativa en fecha 28 de febrero de 1984, caso: Eusebio Igor Viscaya
Paz determinó que no se regula la abstención “ frente a una obligación
genérica (inconcreta, por tanto, en su formulación general ) que tienen los

funcionarios de actuar en ejercicio de atribuciones correspondientes al
respectivo cargo antes bien, debe tratarse de una obligación concreta y
precisa inscrita en la norma “ .
Fundamentación Constitucional:
Para articular el fundamento constitucional de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa con épocas recientes, citamos la regulación que establecía la
Constitución de 1961, en cuanto a esta jurisdicción: Art. 206:
“La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Corte Suprema de
Justicia y a los demás Tribunales que determine la ley. Los órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos
administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por
desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de
daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, y
disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas
subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”
En la vigente Constitución la regulación de la jurisdicción contenciosa se
encuentra en el artículo. 259 constitucional:
“La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la
jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anularlos actos
administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por
desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de
daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración; conocer
de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario
para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la
actividad administrativa”.
Podemos observar que en las disposiciones constitucionales transcritas, el
contenido de las mismas es prácticamente el mismo, salvo que la disposición
vigente, incorporó en forma taxativa la facultad de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa a conocer los reclamos por la prestación de los servicios
públicos que ya la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se
pronunció al respecto y se habla del contencioso de los servicios públicos.
Diferencias entre el recurso contencioso Administrativo por abstención o
carencia y el Recurso de anulación
Si bien es cierto, que entre el Recurso Contencioso Administrativo de nulidad y
el recurso de abstención existen algunos rasgos de similitud, por ser ambos
mecanismos procesales pertenecientes a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, los cuales persiguen como finalidad común, el control de las
conductas de la Administración Pública por la intervención de un órgano

jurisdiccional; no es menos resaltante el hecho, que poseen elementos
configurativos propios y característicos, que los diferencian y distinguen en su
origen, naturaleza, objetos y efectos.
• El Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, es un medio mediante el
cual un administrado afectado en su esfera jurídica subjetiva por un acto
dimanado por cualquier órgano de la Administración Pública, recurre al
Tribunal competente para atacar la validez de dicho acto preexistente por
razones de violación normativa, ya sea constitucional o legal, con la pretensión
ulterior de que sea declarada judicialmente la nulidad de tal pronunciamiento
administrativo; por lo que se deduce que el atributo primordial de dicho recurso,
es el hecho de que siempre e invariablemente estará precedido de un acto
previo por el cual se recurre, entendido éste, como una actuación positiva o
material.
• El Recurso por Carencia o Abstención, es un instrumento procesal por medio
del cual, un administrado también afectado en su esfera jurídica subjetiva , esta
vez no por un acto administrativo expreso y precedente, sino por una inercia en
el actuar del funcionario administrativo que se encuentra inevitablemente
conminado a realizar una actuación especifica y predeterminada por el
mandato irresistible que le impone el contenido de una norma de rango legal,
recurre de dicha conducta omisa, inactividad, incumplimiento o inejecución de
actuación que vulnera la imposición concreta del legislador, e inclusive de una
veleidosa negativa expresa por parte del funcionario en cumplir su carga. La
pretensión va encaminada a lograr un fallo sobre la “obligatoriedad de
determinado acto o de realizar una actuación concreta” por la Administración, y
a la cual se constriñe mediante una orden judicial de cumplimiento efectivo de
la obligación impuesta por ley, no obstante, en el caso de que la Administración
se mantenga en una actitud negativa contumaz ante dicho fallo jurisdiccional
que le ordena efectuar su obligación legal, se podrá obtener una dispensa
jurisdiccional del acto requerido, subsanándose de tal forma la omisión
impugnada. Esta última precisión pone en evidencia la utilidad del recurso, su
operatividad y conveniencia, y constituye un paso mas, con respecto al de
anulación, en cuanto tiene que ver con el proceso de reducir la arbitrariedad
administrativa; abriéndose con él, por otra parte, nuevo campo al legislador si
deseare garantizar un derecho individual íntimamente conectado al interés
colectivo.
Competencias:
Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
es competente para conocer de:
Recursos por abstención o carencia de las Altas Autoridades Nacionales

3. La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los
Ministros o Ministras, así como de las máximas autoridades de los demás
órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados por
las leyes.
Competencia de los Juzgados Nacionales de la JCA. .(corte primera y
segunda de lo contencioso administrativo)
Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa son competentes para conocer de:
Recursos por abstención o carencia de otros funcionarios
3. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas
en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de
esta Ley.
Competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la JCA. ( Juzgados
Superiores de lo Contencioso Administrativo.)
Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
Recurso por abstención o carencia de las autoridades estadales o
municipales de su jurisdicción
4. La abstención o la negativa de las autoridades estadales o municipales a
cumplir los actos a que estén obligadas por las leyes.
Demandas de Contenido Patrimonial.
Cuando la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se refiere a las
demandas de contenido patrimonial, trata el medio de impugnación mediante el cual
se da trámite a pretensiones relacionadas con la responsabilidad contractual o
extracontractual de la Administración Pública. En ese sentido hace referencia a uno de
los principales objetos del contencioso administrativo, esto es:
A. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños
y perjuicios originados por la responsabilidad contractual y extracontractual de la
Administración.
B. Las pretensiones ligadas al cumplimiento o la resolución de un contrato
administrativo.
De esa forma, en el contencioso administrativo se distinguen dos tipos de
responsabilidad de la Administración Pública, a saber: extracontractual y contractual.

Responsabilidad de la Administración
En relación a este tema, la doctrina más calificada –García de Enterría y Tomás
Ramón Fernández- expone que “la responsabilidad de la Administración es la
contrapartida a sus poderes de ejecutabilidad, por sí y ante sí, de los actos que
considera necesarios al cumplimiento de sus fines. Lo contrario sería imposición
arbitraria, ruptura de la legalidad”[25].
Por ser precisamente la Administración la rama del Poder Público que en mayor
número de ocasiones compromete la responsabilidad del Estado, nos dedicaremos a
estudiar cuáles son las formas clásicas o típicas de comprometer la responsabilidad
del Estado a través de la gestión de la función administrativa y que han sido
reconocidas por la jurisprudencia nacional En ese sentido analizaremos:
Fundamento Constitucional
La responsabilidad de la Administración se ve fundamentada, en términos generales,
en el precitado artículo 140 de la Constitución de 1999, interpretado conjuntamente
con la Exposición de Motivos, conforme a la cual la Administración deberá responder
patrimonialmente cuando los daños causados por su actuación –actuación
administrativa, falta en la prestación de servicios, riesgo creado, inactividad e incluso
actividad desarrollada por terceros- le sean imputables a ésta.
En efecto, la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999, que comenta la
disposición constitucional (Art. 140) establece “…la obligación directa del Estado de
responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de
sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal
o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas,
administrativas […] de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio
de tales funciones”.
Esa amplitud en la cual está contemplada la responsabilidad patrimonial del Estado en
la Constitución de 1999, da pie para analizar una tipología de tal noción, estudiando,
en concreto, la responsabilidad por funcionamiento de servicios, riesgo creado,
personas privadas en el ejercicio de funciones públicas y por daños morales causados
a los particulares.
Por funcionamiento normal o anormal del servicio
Como mencionamos, la Exposición de Motivos de la Constitución prevé expresamente
que la responsabilidad patrimonial de la Administración procede cuando se causen
daños por el funcionamiento de los servicios públicos, sea esta lesión causada por
funcionamiento normal o anormal de éstos.
En el caso del funcionamiento normal, tal responsabilidad parte, entre otros, del
principio de igualdad de las cargas públicas de los particulares (Art. 133, Constitución
de 1999), conforme al cual toda persona debe coadyuvar a los gastos públicos
generados, inter alia, por la prestación de servicios, por lo cual no puede

individualizarse un daño derivado de la prestación del servicio (funcionamiento normal)
en una sola persona, sin que ella reciba indemnización por tal daño.
De otra parte, la responsabilidad por falta o funcionamiento anormal del servicio
encuentra su justificación en el derecho que tienen todos los particulares de obtener
un funcionamiento normal y adecuado de los servicios públicos. De manera tal que
cuando la Administración no cumpla con esa obligación y actúe ilícitamente, deberá
indemnizar al particular.
El funcionamiento anormal que hace responsable a la Administración –Moreau- está
representado por el incumplimiento de una obligación preexistente. Por tanto, si la
Administración comete una falta es porque no se ha sujetado a las obligaciones que le
imponen las leyes en la prestación de su actividad y, por tanto, debe indemnizar los
daños causados[26]. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la expresión
“funcionamiento normal o anormal del servicio público” se entiende en su sentido más
amplio –Parada- como toda manifestación de la actividad administrativa, sea ésta
prestacional, de policía, sancionadora o arbitral, en todas sus expresiones, es decir,
actividad material (hechos u omisiones) o formal (actos)[27].
Existe una inagotable gama de supuestos bajo los que el Estado puede ser declarado
responsable por falta en la prestación de servicios, “…típicos casos de responsabilidad
del Estado por falta de servicio son aquellos que nos toca ver a diario en la televisión
de personas a quienes se les ha negado asistencia médica en hospitales públicos o
que se les ha mandado de vuela para la casa con ausencia de diagnostico o
diagnóstico equivocado, que posteriormente causa la muerte del individuo…”[28].
Haciendo referencia a la tesis de la responsabilidad por falta o falla del servicio, la Sala
Político Administrativa[29], ha insistido en señalar que “…en la actualidad, atendiendo
a principios de derecho público, el acento no está en los criterios de culpa, sino en
orden de garantizar la reparación de quien sufre el daño antijurídico, basado en los
criterios de falta o falla del servicio e, incluso del riesgo o daño especial (los cuales, a
su vez, se fundamentan en los principios de equidad, solidaridad social, igualdad ante
las cargas públicas, o al hecho de la insolvencia del agente público para responder al
daño), que expresan en alto grado, un sistema de responsabilidad objetiva, es decir,
que en menor o mayor medida atienden al daño causado (no obstante que
técnicamente para algunos autores tienen sustanciales diferencias con lo que es
responsabilidad objetiva, en tanto que para éstos strictu sensu la responsabilidad
objetiva supone que siempre se será responsable, excluyéndose así supuestos
eximentes de la misma: culpa exclusiva de la victima, hecho de un tercero, la fuerza
mayor) y donde la responsabilidad del estado entendida como indirecta pasa entonces
a ser directa…” (destacado nuestro).
Recientemente, la Sala Político Administrativa[30] del Tribunal Supremo de Justicia
señaló que: “…la Constitución vigente establece un régimen de responsabilidad
administrativa de carácter objetivo que comporta tanto la llamada responsabilidad por
sacrificio particular o sin falta, como el régimen de responsabilidad administrativa
derivada del funcionamiento anormal del servicio público, según el cual los usuarios de
los servicios públicos deben ser indemnizados por los daños que puedan surgir del
mal funcionamiento de éstos…” (destacado nuestro).
En nuestra opinión, es posible entender la responsabilidad por falta o funcionamiento
anormal del servicio como una garantía constitucional enmarcada en el contexto del
artículo 117 de nuestra carta magna, pues se garantiza a los particulares el correcto
funcionamiento de los servicios públicos y el derecho a obtener el debido

resarcimiento de los daños causados por el normal o anormal funcionamiento de los
mismos.
Aunado a lo anterior, el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa,
ha señalado de acuerdo a los principios generales del Derecho Administrativo que han
sido reconocidos por los artículos 140 y 141 de la Constitución, e incorporados
formalmente en nuestro ordenamiento jurídico-positivo interno, a través del artículo 14
de la Ley Orgánica de Administración Pública de 2001, que el “Estado” responderá
patrimonialmente por los daños y perjuicios causados sobre la esfera jurídico-subjetiva
de los ciudadanos por sus funcionarios o bienes (lato sensu), sí aquellos pueden ser
“imputados” o bien asociados con el “funcionamiento” de la “Administración Pública”.
En concreto, la Sala Político Administrativa, en cuanto a la responsabilidad del Estado
por falta o funcionamiento anormal de servicios, estableció que:
“…En efecto, esta Sala ha precisado que la responsabilidad del Estado encuentra
actualmente fundamento expreso en los Principios de Igualdad, Solidaridad y Justicia
Social o de Equilibrio ante las Cargas Públicas, los cuales se sustentan en el
postulado de persecución, consecución, satisfacción y tutela de los intereses
colectivos, por parte de las instituciones del Poder Público y sus órganos; motivo por el
cual, sí alguna autoridad legítima causa daños o perjuicios a un particular en el
ejercicio legal o ilegal de sus potestades públicas, éste último no debe de sufrir
individualmente las cargas de esa actividad administrativa, ya que un sujeto que forma
parte del colectivo no debe ser sometido a una situación más gravosa de la que
soportan la generalidad de los ciudadanos. En tal supuesto negado, el equilibrio debe
ser restablecido mediante la indemnización correspondiente, aunque la actividad
administrativa fuese lícita o se presuma que es de tal forma, sí causó de manera
excepcional un daño o perjuicio cierto.
(…)
Así, el Estado responde ordinariamente por el funcionamiento “anormal” (o por falta)
de las instituciones del Poder Público y sus órganos, en el cumplimiento o realización
de sus compromisos, cometidos y fines, esto es, por los daños y perjuicios que sean
ocasionados, bien sea por las personas (funcionarios y demás trabajadores) que
dependen de esos órganos en el ejercicio de sus funciones, o bien sea por las cosas y
bienes que le pertenecen o son administradas por esos órganos, sí dicho
funcionamiento es consecuencia de una conducta ilícita o contraria al derecho positivo.
(…)
Para el establecimiento de la antes dicha responsabilidad patrimonial del Estado, se
requiere de una declaración unilateral de reconocimiento que emane de una autoridad
gubernamental con competencia para ello, o de una declaración judicial de condena
que derive de un proceso judicial, a través del cual, se determine lo ilícito (o anormal)
del funcionamiento y la lesión que esa conducta produjo sobre cualesquiera intereses
legítimos y derechos subjetivos…” (destacado nuestro)[31].
Por sacrificio particular
Al igual que la responsabilidad por funcionamiento anormal, el deber de indemnizar
por sacrificio particular tiene apoyo constitucional expreso en la Exposición de Motivos
que plantea la globalidad de la responsabilidad, conjuntamente con el principio
constitucional de igualdad de las cargas públicas.

Se verifica la responsabilidad por sacrificio particular, cuando el Estado, en ejercicio de
su actividad lícita, causa un daño que en virtud de su gravedad y especialidad
comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, desde que
impone un sacrificio para el particular que excede de aquél que el común de los
administrados debe normalmente soportar.
En tal virtud, la Sala Político Administrativa[32] ha determinado que “…la
Administración está obligada, en principio, al resarcimiento en toda circunstancia: sea
por su actuación ilegítima; o bien porque en el ejercicio legítimo de sus competencias
genere daños a los administrados. En consecuencia, la actividad de la Administración,
manifestada a través de cualquiera de sus instituciones mediante las cuales gestiona
la prestación de servicios públicos, debe siempre resarcir a los particulares, si por el
resultado de su actuación se fractura el equilibrio social, alterando la necesaria
igualdad que debe prevalecer entre los ciudadanos ante las cargas públicas,
denominado por la doctrina responsabilidad sin falta o por sacrificio particular; o
porque en virtud de la misma gestión pública, el daño se produce como resultado de
un funcionamiento anormal de la Administración…” (énfasis añadido).
Por riesgo creado
La teoría del riesgo creado ha sido utilizada también por la doctrina y la jurisprudencia
para justificar la responsabilidad del Estado frente a la ausencia de falta. Para algunos
–López Mesa- ello es «un destacado fenómeno del derecho contemporáneo, el retorno
a formas primitivas de imputación de responsabilidad, prescindentes de la exigencia
de culpabilidad en el sujeto para atribuirle las consecuencias de un hecho del que es
autor material».[33]
Para Rivero, la responsabilidad de la Administración por riesgo se produce cuando “la
Administración en el ejercicio de su misión, expone a algunas personas a un riesgo
particular: por consiguiente, al crearse ese riesgo se está generando la
responsabilidad de un daño. Se señalan como ejemplos los daños causados por
actividades técnicas o cosas peligrosas”[34].
Por su parte, Tamayo Jaramillo expresa que una actividad será peligrosa o riesgosa
«cada vez que, con cosas o sin ellas, una persona moral o jurídica, con su actividad,
genera más peligros de daño de los que, por sí misma, está en capacidad de soportar
una persona. La ruptura de ese equilibrio de riesgos con los cuales la naturaleza dotó
a los individuos exige que el agente de esa ruptura asuma sus consecuencias».[35]
Así, se interpreta que cuando la Administración lleva a cabo una actividad de la cual se
beneficia o aprovecha y crea un riesgo de causar daños, debe responder por el daño
causado cuando dicho riesgo se verifique o concrete, con independencia de toda culpa
objetiva o subjetiva. Se expresa así, que el daño causado por la actividad riesgosa
comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas al imponer a
los afectados una carga que no están obligados a soportar.
Por ello se asegura que en este tipo de responsabilidad «la culpa deja de ser la
protagonista exclusiva en el escenario de la responsabilidad por daños, pasando a
compartir cartel con un factor de atribución nuevo, que al extender su esfera de
aplicación va a producir una suerte de socialización de la obligación de responder, por
imperio de la afinación del factor de atribución. La resignación cristiana ante lo que
antiguamente se denominaban “accidentes” dejó paso a la búsqueda a ultranza de un
obligado a reparar el perjuicio. La justicia y la equidad obligaron a asegurar una
reparación a las víctimas de accidentes “anónimos” o sin culpa aparente de nadie,

cuando echó de verse que significaba una irrealidad la imputación de dichos daños al
error humano, apreciado en sentido clásico»[36].
No obstante, hay quienes señalan que la responsabilidad por riesgo excepcional es un
régimen subsidiario que sólo resulta aplicable en el supuesto en el que la prueba de la
culpa por el demandante resulte imposible, pues si dicha prueba existe carece de
sentido determinar la responsabilidad del estado por vía de presunción objetiva.
También se esgrime que resulta inconveniente acudir al principio de igualdad ante las
cargas públicas para fundamentar la responsabilidad por riesgo, pues ello comportaría
extender la responsabilidad del Estado a aquellos supuestos en que los daños
causados tienen su origen en la conducta protectora de éste frente a actos o ataques
subversivos que ponen en riesgo a la comunidad[37].
Han sido muchos, sin embargo, los ordenamientos jurídicos que bajo la idea del riesgo
e inspirados en la jurisprudencia francesa, han determinado la responsabilidad del
Estado en múltiples supuestos que abarcan la responsabilidad de la Administración
por la presencia de obras que implican un riesgo para la colectividad (i.e. depósitos de
municiones o explosivos); los daños causados por enfermos mentales sujetos al
cuidado del Estado o de delincuentes reeducados por éste que posteriormente vuelven
a delinquir; los daños causados por el uso de armas de fuego por parte de los
funcionarios de los órganos de seguridad del Estado, aún cuando se encuentren fuera
de servicio; la caída de árboles plantados en la vía pública, entre otros[38].
En nuestro país, la jurisprudencia ha determinado la responsabilidad del Estado por
riesgo creado sobre todo en supuestos de daños causados por instalaciones
eléctricas. Así, se ha señalado que “la responsabilidad [del Estado] se hace aún más
evidente cuando se trata de cosas que representan un peligro objetivo del cual ese
guardián obtiene un beneficio. [...] Si se trata de una cosa peligrosa, dentro de las
cuales podemos incluir sin duda a la electricidad, y aun más la de alta tensión, de la
cual el guardián saca un provecho, resulta obvio que debe asumir totalmente las
consecuencias que deriven del riesgo que crea.[…]”[39].
No obstante, debe tenerse presente que la tendencia actual está dirigida a restringir a
supuestos excepcionales y específicos la responsabilidad del Estado por riesgo
creado, dado que en la actualidad el fundamento de la responsabilidad descansa en el
derecho del administrado a la integridad de su patrimonio bajo el principio de igualdad
ante las cargas públicas.
Por daños morales causados a particulares
Tal y como se encuentra contemplada la responsabilidad en nuestro texto
constitucional, en los artículos 140 y 259, conjuntamente con la Exposición de Motivos,
el deber del Estado de indemnizar por daños causados a los particulares en su
patrimonio –bienes y derechos- incluye, desde luego, su patrimonio moral.
Así, el daño moral consiste en la afección psíquica, moral, espiritual o emocional que
experimenta una persona, con ocasión de una lesión a su acervo moral o emotivo. La
jurisprudencia venezolana ha definido el daño moral como aquél inferido “...a derechos
inherentes a la personalidad o a valores que pertenecen más al campo afectivo que a
la realidad material económica...”.
La doctrina –Pietri- ha distinguido entre (i) los daños morales que recaen sobre bienes
inmateriales, de (ii) los daños morales que se derivan de daños materiales o
corporales, y que generan en consecuencia un daño moral[40].

En el primer grupo quedan comprendidas las lesiones al honor, a la vida privada, al
derecho a la propia imagen, al derecho al nombre de una persona, la lesión a los
derechos del cónyuge, y en general todas las lesiones a los derechos individuales o de
la personalidad, así como aquellas vinculadas con el aspecto social, relacionadas con
la pérdida de la estima que tiene la víctima del daño dentro de la sociedad.
El segundo grupo, se refiere principalmente a los daños morales que se derivan como
consecuencia de lesiones físicas de la persona. Tales lesiones causan –además de
las implicaciones materiales- un sufrimiento a la persona derivado del daño
ocasionado a su cuerpo, que se concreta a través de la imposibilidad o dificultad de
disfrutar plenamente de la vida.
Se ha admitido que la Administración, en el ejercicio de las actividades que le
competen, puede lesionar el patrimonio moral de los administrados, bien a través de
daños a la personalidad de los particulares o bien por medio de daños físicos que
ocasionan daños morales, los cuales generarán la responsabilidad del Estado.
En nuestro país, la indemnización del daño moral por la responsabilidad del Estado-
Administrador ha sido ampliamente admitida por la jurisprudencia. En un primer
momento, ello fue aceptado conforme al régimen común del Código Civil -tal como fue
explicado con anterioridad-.
Sobre el 1.196 del Código Civil, que admite la reparación por hecho ilícito respecto del
daño moral, configuró la jurisprudencia venezolana la responsabilidad del Estado por
las lesiones al patrimonio moral de los particulares.
Así, la Sala Político-Administrativa, mediante decisión referida a la responsabilidad de
una empresa del Estado, señaló lo siguiente:
«...tiene establecido la Sala de Casación Civil de esta misma Corte que los daños
morales, por su naturaleza esencialmente subjetiva, no está sujetos a una
comprobación material directa, pues ella no es posible. Para establecerlo, el legislador
en el artículo 1.196 del Código Civil faculta al juzgador para apreciar si el hecho ilícito
generador de daños materiales puede ocasionar, además, repercusiones psíquicas o
de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral de la víctima. La apreciación
que al respecto hagan los jueces del mérito así como la compensación pecuniaria que
acuerden en uso de la facultad discrecional que les concede el citado artículo, son del
resorte exclusivo de los jueces del mérito...» (énfasis añadido).[41]
En decisión posterior, la Sala Político Administrativa señaló que «...el reconocimiento
del daño moral es uno de los grandes logros del derecho moderno que quedó
plasmado en la norma del artículo 1.196 del Código Civil relativo al hecho ilícito pero
extensible a todo daño acarreado a la víctima en una relación jurídica...»[42] (énfasis
añadido).
La jurisprudencia ha determinado, con base a esta disposición, que el daño moral
puede ser ocasionado por la Administración por funcionamiento anormal o sacrificio
particular, aun cuando será en el primer supuesto, donde residirán las mayores
probabilidades de lesiones al patrimonio moral de los administrados. Un caso especial
es aquél en el cual la Administración lesiona el patrimonio moral de los particulares
desacreditando su honra y reputación. Piénsese así en el funcionario público que, con
ocasión del ejercicio de sus funciones, emite términos difamantes contra determinados
particulares, o hace uso de medios oficiales para tales fines.

Sobre la responsabilidad de la Administración en este supuesto, se pronunció la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 21 de febrero de 1996
(caso G. Mendoza vs Ministerio del Ambiente), al estimar procedente la reclamación
por daño moral interpuesta por un particular que consideró que el Poder Ejecutivo
había afectado su patrimonio moral al cuestionar su probidad y moralidad en el acto
que indebidamente había acordado su destitución.
En esa decisión la Corte destacó que el acto de remoción, había traído consigo un
“notorio daño moral al apelante”, por cuanto éste había sido destituido públicamente y
sin previo procedimiento, tomado por ciertos hechos que no habían sido probados y
que ofendían su moralidad.
Asimismo, respecto del daño moral ocasionado por el descrédito público realizado por
la Administración contra determinado particular, la Sala Político-Administrativa de la
Corte Suprema de Justicia señaló, en sentencia del 12 de diciembre de 1996, lo
siguiente:
«...En relación con la pretensión de condena por daños morales ocasionados por la
emisión y divulgación del acto administrativo impugnado, considera la Sala que, en
efecto, ella debe proceder, ya que ha quedado determinado a lo largo del proceso no
sólo que eran falsas las imputaciones contenidas en la providencia administrativa
recurrida [...], por lo que fue absolutamente incorrecto el tacharlo de inmoral, de
carácter de dignidad y de honor, y de mantener reiteradamente una conducta relajada
no cónsona con la vida militar; sino también que su carrera militar era promisoria ... ; y
que a raíz de su retiro intempestivo de la Armada tuvo el actor que pasar por grandes
dificultades, tanto en el ámbito familiar, como entre sus compañeros y amistades, y en
el plano profesional y económico, siendo objeto de rechazos y viéndose imposibilitado
de conseguir un trabajo acorde con sus capacidades...»[43].
La responsabilidad de la Administración, en estos casos, puede originarse, incluso, en
relación con el máximo jerarca, es decir, el Presidente de la República: basta con
pensar en las declaraciones presidenciales emitidas a través de medios oficiales de
comunicación e, incluso, a través de transmisiones conjuntas de radio y televisión
efectuadas con fundamento en el artículo 192 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, y en las cuales se afecte la honra y reputación de diversas
personas, jurídicas o naturales, públicas y privadas (i.e.: particulares, empresas,
organizaciones sindicales, magistrados del Poder Judicial, etc.).
Ahora bien, bajo la vigencia de la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo de
Justicia, se ha pronunciado asimismo en relación a los daños morales derivados de
lesiones físicas sufridas por el particular cuya responsabilidad era de la
Administración. Así, consideró procedente la reclamación por daño moral sufrido por
un particular a consecuencia del estallido de un aparato explosivo que le causó daños
físicos, en la sentencia de la Sala Político-Administrativa, de fecha 9 de octubre de
2001 (caso Hugo Eunices Betancourt Zerpa).
Este caso marca, además, una segunda etapa en lo concerniente a las reclamaciones
por daño moral, en la cual se admite la responsabilidad del Estado con fundamento en
el régimen de Derecho Público previsto en la Constitución al señalar que “en el caso
venezolano, ya esta Sala en otras oportunidades ha acordado la indemnización a los
ciudadanos que han sufrido daños en su esfera patrimonial o moral, por razón de
actos y hechos imputables a la Administración y en el caso específico de hechos
ilícitos, la responsabilidad de la Administración había sido determinada en función de
los artículos 1185 y siguientes del Código Civil. Más aún, en situaciones similares a la
que nos ocupa, se había ordenado la indemnización por daño moral en función del

artículo 1193 ejusdem. Ahora bien, desde hace algún tiempo se ha venido insistiendo
en que no es propio acudir a las fuentes de las obligaciones que rigen en materia civil,
para declarar la responsabilidad de la Administración por su actividad, especialmente
por lo respecta a su actividad extra-contractual…” (énfasis añadido).
La principal particularidad de esta responsabilidad es que el daño cierto sufrido no
debe ser probado sino estimado, estimación que no será vinculante para el juez. Así lo
había señalado el Máximo Tribunal al establecer que “...lo que debe acreditarse
plenamente en una reclamación por daño moral es el llamado hecho generador del
daño moral, o sea, el conjunto de circunstancias de hecho que generan la aflicción
cuyo pretium doloris se reclama...”[44].
Igual criterio se mantuvo en la precitada decisión del caso Hugo Eunices Betancourt
Zerpa al señalar la Sala Político-Administrativa que “la indemnización por daño moral
encuentra su fundamento en la afección de carácter intangible desde el punto de vista
material que se produce en la esfera inmanente al individuo, tomándose en cuenta
para su valoración las circunstancias personales de la víctima, es decir, la edad, sexo
y el nivel de incapacidad que le produjeron los daños. Este derecho a la indemnización
por daño moral no persigue en modo alguno sancionar civilmente al causante del daño
–como sucede en otros ordenamientos jurídicos- pues su fundamento es el indemnizar
el dolor sufrido por una persona a raíz de una pérdida inmaterial, espiritual o afectiva.
De allí que el legislador haya dejado al Juez la estimación de la indemnización que
merece en cada caso, quien haya resultado dañado moralmente” (énfasis
añadido)[45].
En la determinación de esta responsabilidad, el resto de los elementos configuradores
sí serán exigibles, y de allí que deba precisarse la relación de causalidad entre el daño
moral y la Administración, referida –por lo general- al funcionamiento anormal de sus
servicios.
Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia tuvo la oportunidad de aplicar el artículo
140 de la Constitución, disposición que pone el acento en el daño causado –en este
caso, al patrimonio moral de los afectados- y no en la culpa de la propia
Administración, para establecer su responsabilidad, lo que ha significado una
evolución jurisprudencial que tiende a ampliar considerablemente, las causas de
responsabilidad del Estado-Administración, más allá de las tradicionalmente admitidas.
Así, la Sala Político-Administrativa, en sentencia de 10 de abril de 2002, determinó que
el precitado artículo 140, que establece la responsabilidad objetiva de la
Administración, abarca la indemnización por los daños morales causados a los
particulares, declarando así con lugar los daños morales reclamados por un particular
que sufrió electrocución por contacto con un tendido eléctrico propiedad de la empresa
pública CADAFE. En esa decisión la Sala determinó lo siguiente:
“En la vigente Constitución, el ámbito de responsabilidad patrimonial de la
Administración se extiende, de acuerdo con su artículo 140, “a todo daño sufrido por
los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
imputable al funcionamiento de la Administración Pública”, consagrando en definitiva y
sin margen de dudas, la responsabilidad objetiva, patrimonial e integral de la
Administración, cuando con motivo de su actividad ocasione daños a los particulares,
no importando si el funcionamiento dañoso de la Administración ha sido normal o
anormal, a los fines de su deber resarcitorio.
De tal manera que tanto la Constitución de 1961, vigente al momento de producirse el
siniestro, como la de 1999, establecen el sistema de la responsabilidad patrimonial del

Estado en el campo que le es propio al conocimiento y competencia de la jurisdicción
contenciosa administrativa, sin que sea necesario recurrir en todo caso a las fuentes
del derecho civil sobre el hecho ilícito, para determinar dicha especial responsabilidad.
Tal precisión se hace pertinente por cuanto en la evolución histórica de la
responsabilidad extracontractual de la Administración, no siempre el Estado resultó
ante los administrados responsable por los hechos dañosos que causaba, pues
durante mucho tiempo se le dispensó de responsabilidad por parte de los tribunales de
justicia, al considerarse que los ciudadanos debían soportar sin reclamo una actividad
que por estar destinada a la satisfacción del interés general, suponía un riesgo que los
particulares debían afrontar por sí mismos.
En este orden de ideas, de acuerdo al mandato constitucional resulta imperativo
señalar los elementos constitutivos que deben concurrir para la procedencia de la
responsabilidad de la Administración. Tales elementos son, conforme a la Carta
Fundamental: 1.- Que se haya producido un daño a los particulares en la esfera de
cualquiera de sus bienes y derechos. 2.- Que el daño inferido sea imputable a la
Administración, con motivo de su funcionamiento y 3.- La relación de causalidad que
obligatoriamente debe existir entre el hecho imputado y el daño producido.
Respecto del ámbito que abarca la responsabilidad del Estado, es terminante la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al disponer que son resarcibles
patrimonialmente los daños que sufran los particulares por el funcionamiento de la
Administración, en cualquiera de sus bienes y derechos, lo cual implica que el daño
moral es igualmente indemnizable, si este tiene origen en una actividad imputable a la
Administración” (énfasis añadido)[46].
Este criterio sobre la procedencia de la responsabilidad por daño moral con base en la
responsabilidad objetiva del Estado, fue ratificado por la Sala Político-Administrativa
Accidental de Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 3 de noviembre de 2004
(publicada el 16 de noviembre de 2004), con ponencia de la Conjuez Maria Luisa
Acuña López.
En ese caso, se demandó a la República de Venezuela por indemnización de daños y
perjuicios y daño moral, como consecuencia de que en el año 1992, un aviso de
señalización ubicado en la autopista dirección Valencia – Tocuyito se desprendió y
cayó sobre un vehículo que la transitaba, causándole la muerte a su conductor. Los
demandantes fundamentaron la responsabilidad del Estado en los artículos 3 y 206 de
la entonces vigente Constitución de 1961, alegando la responsabilidad objetiva del
guardián de la cosa prevista en el Código Civil (Arts. 1193, 1185 y 1196 del CC).
Sobre ello, la Sala Político Administrativa Accidental señaló que:
“…en situaciones similares a la que nos ocupa, se había ordenado la indemnización
por daños materiales y morales en función del artículo 1193 invocado en este caso por
la parte actora (CSJ-SPA, caso Alba Orsetti Cabello Sánchez, 19.07.84; CSJ-SPA,
caso Cedeño Salazar vs. Cadafe, 11.02.85; CSJ-SPA, caso Nemecio Cabeza vs.
Cadafe 05.04.94).
Ahora bien, […] el constituyente de 1999 […] consagró en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela una norma que prevé de manera expresa y sin
necesidad de recurrir a interpretación alguna, la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública por los daños que sufran los administrados como consecuencia
de su actividad. Dicha norma dispone:

“Artículo 140.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los
particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.
Con la anterior prescripción constitucional, se establece un mandato obligatorio a los
Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para ordenar cuando sea
procedente, la indemnización de los daños sufridos por los particulares como
consecuencia de la actividad de la Administración. Dicha norma se encuentra, a su
vez, complementada por disposiciones cuyo origen inmediato puede ser encontrado
en la Constitución de 1961 y que el Constituyente de 1999 no dudó en incorporar al
nuevo Texto Constitucional dado su valor y alcance en protección de los derechos
ciudadanos. Tales disposiciones son: el artículo 259 de la Constitución vigente
(antiguo 206 de la Constitución de 1961) relativo a la competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa para “condenar al pago de sumas de dinero y a la
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración”,
así como para “conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos” y los
artículos 21, 133 y 316 eiusdem (antiguos 61, 56 y 223 respectivamente, de la
Constitución de 1961), en los cuales se fundamenta el Principio de Igualdad o
Equilibrio ante las Cargas Públicas.
En este orden de ideas, resulta evidente que la responsabilidad extracontractual de la
Administración encuentra fundamento expreso en la actualidad en el Principio de
Igualdad o Equilibrio ante las Cargas Públicas. Este principio tiene fundamento en que
la Administración persigue la satisfacción y tutela de los intereses colectivos; y, si ésta
en ejercicio de sus potestades -por órgano de autoridad legítima- causa un daño a un
particular, éste no puede sufrir individualmente las cargas de la actividad dañosa de la
Administración. No debe en función del colectivo someterse a un miembro de éste a
una situación más gravosa que la que soportan la generalidad de los que la conforman
y, de ocurrir, el equilibrio debe restablecerse mediante la indemnización
correspondiente; por lo que, independientemente de que la actividad de la
Administración fuese lícita o ilícita, con o sin culpa, si ésta le ha causado un daño a un
particular, la Administración debe responder patrimonialmente.
Se infiere de lo expuesto, que la Constitución vigente establece un régimen de
responsabilidad administrativa de carácter objetivo que comporta tanto la llamada
responsabilidad por sacrificio particular o sin falta, como el régimen de responsabilidad
administrativa derivada del funcionamiento anormal del servicio público, según el cual
los usuarios de los servicios públicos deben ser indemnizados por los daños que
puedan surgir del mal funcionamiento de éstos.
[…]
Cabe concluir entonces, que del espíritu del Constituyente se deriva inequívocamente
la voluntad de consagrar un sistema integral de responsabilidad patrimonial del
Estado, que abarca todos los daños ocasionados por cualquier actividad derivada del
ejercicio de cualquiera de las funciones ejercidas por los órganos del Poder Público…”
(énfasis añadido).
De esa manera, se reiteró el criterio de la procedencia del daño moral en la
responsabilidad del Estado, pero con la particularidad de que acordó el cálculo de la
condena a ser pagada por parte de la República en Unidades Tributarias (U.T.).
Es claro que Venezuela ha acogido jurisprudencialmente el sistema de
responsabilidad objetiva de la Administración a través de la aplicación del artículo 140
de la Constitución, extendiendo el alcance de esa responsabilidad a la indemnización

de los daños morales causados a los particulares por el funcionamiento de la
Administración.
Responsabilidad Contractual:
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no establece de forma
expresa la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer
sobre las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento,
caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos, como sí lo
hacía la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1976, en su artículo 42,
numeral 14, lo que dio origen a una abundante creación jurisprudencial. En ese
sentido, la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia de fecha 14 de junio de 1983, dictó la celebre decisión Acción
Comercial C.A. retomando, en forma definitiva, la teoría general de los contratos
administrativos. En dicha sentencia, el Supremo Tribunal, a la par que reconoció la
existencia de contratos administrativos –como categoría distinta a las de los contratos
“de derecho común” celebrados por la Administración-, ratificó la noción de servicio
público como identificadora de esta modalidad contractual. En este sentido, se indicó:
“Cuando requerimientos de interés colectivo así lo postulan, acude la Administración a
la figura del contrato administrativo para asegurarse la colaboración del particular en la
satisfacción de determinadas necesidades de interés general. La presencia de la
Administración –dadas determinadas condiciones- en el negocio jurídico, marca a éste
inevitablemente de características distintas a las de la contratación ordinaria, para
asegurar de esta manera que aquella, depositaria del interés general o colectivo,
pueda comprometerse sin sacrificarlo en aras de intereses privados de los
administrados, por importantes –individualmente considerados- que éstos parezcan.
(...)”.
Sin embargo, en razón de que una de las características fundamentales de todo
contrato administrativo es que una de las partes intervinientes sea necesariamente la
administración pública, podemos inferir que la posibilidad para los particulares de
interponer acciones por ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, suscitadas en
razón de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los
Estados o los Municipios viene a ser definida por los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo
9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece
que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para
conocer de:
“4. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños
y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los
órganos que ejercen el Poder Público.
5. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos.”
“8. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, los
institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación
en las cuales la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas
jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva.
9. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos
autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación, en la cual
la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes
mencionadas tengan participación decisiva, si es de contenido administrativo.”

Responsabilidad Extra-contractual:
Respecto al régimen de la responsabilidad de la Administración, la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en varias
decisiones que conforme a la Constitución de 1999, en sus artículos 3, 21, 30,
133, 140, 259 y 316, queda establecida de manera expresa la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública, por los daños que sufran los
particulares como consecuencia de su actividad.
Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de
sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento
dela Administración Pública.
Pública, por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su
actividad.
Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de
sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento
de la administración publica
Procedimiento que rige las Demandas de Contenido Patrimonial
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece un
procedimiento especial para las demandas de contenido patrimonial en la
Sección Primera, Capítulo II, Título IV.
Como ha quedado expuesto, la jurisdicción contencioso administrativa, de
rango constitucional, de desarrollo jurisprudencial, y con una nueva regulación
legal específica, es el instrumento más importante para hacer efectivo el
derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. Todas estas normas
adjetivas que se han comentado recogen, sin duda, el amplísimo espectro de
actuación de este sistema de justicia, al que corresponde imponer el principio
de responsabilidad del Estado, que junto a la separación de los poderes y la
legalidad, constituyen la base fundamental del Esto de Derecho y de Justicia
que se proclama en el Texto Constitucional.
Competencias:
Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente
para conocer de:
Demandas de cuantía superior que se ejerzan en su contra
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún
instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la
República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación

decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Demandas de cuantía superior que ejerzan contra los particulares
2. Las demandas que ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República,
los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su
cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no
esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Competencia de los Juzgados Nacionales de la JCA.
Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son
competentes para conocer de:
Demandas de cuantía intermedia que se ejerzan en su contra
instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la
decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera
setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido
expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.
Demandas de cuantía intermedia que ejerzan contra los particulares
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República,
cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil
unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en
razón de su especialidad.
Competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la JCA.
Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
son competentes para conocer de:
Demandas de cuantía inferior que se ejerzan en su contra
instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la
decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Demandas de cuantía inferior que ejerzan contra los particulares

2. Las demandas que ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República,
cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no
esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Demanda por Interpretación de Leyes
De acuerdo con el artículo 266,6 Constitucional, corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia la atribución para “conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y
alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley”.
Los artículos 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
numeral 21, y 26, numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
atribuyen a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la
competencia para “conocer de los recursos de interpretación de leyes de contenido
administrativo”.
Posibilidad de Interpretación de leyes
ü “el recurso de interpretación no debe limitarse a los casos expresamente
autorizados por el legislador” (Sentencia Sala Constitucional del 22 de septiembre de
2000).
ü Requisito para admisión del recurso: “que la interpretación solicitada sea de un
texto legal, aún cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de
interpretarse” (Sentencia SPA del 22.05.02).
ü “a pesar de que una ley no prevea la posibilidad de interpretación de sus normas,
esto resulta posible en virtud de la conexidad que pueda existir con otra ley que
establezca tal posibilidad o por la importancia del asunto del que se trate”. (Sentencia
SPA del 06.02.07, Caso: Interpretación artículo 86 Ley Orgánica para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento)
Requisitos de Admisibilidad de la Demanda de Interpretación
Mediante Sentencia Nº 229 publicada el 18 de diciembre de 2008, la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los requisitos de admisibilidad de los
recursos de interpretación, los cuales son los siguientes:
- Legitimación para recurrir, así como la necesidad de que el recurso sea
planteado frente a un caso concreto o específico.
- La interpretación solicitada debe versar sobre un texto legal, aun cuando el
mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretación de sus normas.
- Debe precisarse el motivo de la interpretación, es decir, que la parte solicitante
señale cuál es -a su juicio- la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones legales
objeto de interpretación.
- La Sala no debe haber emitido con anterioridad un pronunciamiento sobre el
punto a interpretar y, de haberlo hecho, que no sea necesario modificar el criterio
sostenido con la nueva interpretación.

- La interpretación que se solicita no puede perseguir la sustitución de los recursos
procesales existentes, ni obtener una declaratoria con carácter de condena o
constitutiva.
- Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acciones de naturaleza
diferente, incompatibles, excluyentes o contradictorias, y
- El objeto de la interpretación no debe pretender la obtención de una opinión
previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo
conocido por otro tribunal, bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos
públicos.
Competencias:
para conocer de:
Recurso de interpretación de normas de contenido administrativo
21. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo.
Demanda por Controversias Administrativas
Las controversias administrativas se refieren a enfrentamientos entre autoridades
públicas que corresponde dirimir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Conflictos negativos: Dos entidades se dicen incompetentes
Conflictos positivos: Dos entidades se dicen competentes
Ámbito material
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010, siguiendo el
esquema de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, regula dos supuestos
de controversias:
1. Controversias entre entes públicos territoriales. Art. 26,7 LOTSJ.
2. Controversias entre autoridades. Art. 26,8 LOTSJ.
• Controversias entre entes públicos territoriales: actos preparatorios o
definitivos realizados simultáneamente por las autoridades para ejercer funciones
iguales respecto a una misma materia, o funciones diferentes pero que se opongan
entre sí.
• Controversias entre autoridades: Sentencia 1468 de fecha 27 de junio de 2000
(Caso: Carlos Manuel Ortiz):
1. Se manifiestan entre organismos, autoridades o entes públicos distintos y no en
el seno de un mismo organismo.

2. Se manifiestan entre organismos o autoridades legítimas, en cuanto a sus
atribuciones, es decir, la controversia no constituye un problema de legitimidad de las
autoridades, sino más bien de titularidad competencial.
3. Deben afectar el Orden Público.
Procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas
Respecto al procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas
en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra
contemplado en el Capítulo II, Título IV, Sección Tercera, denominado “Procedimiento
Común a las demandas de nulidad, interpretación de leyes y controversias
administrativas”.
Competencias:
para conocer de:
Ej: Municipio Maracaibo Contra la Republica.
Resolución de las controversias que se susciten entre los entes político-territoriales
7. Las controversias administrativas entre la República, los estados, los municipios u otro ente
público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que se trate de
controversias entre municipios de un mismo estado.
Resolución de las controversias que se susciten entre autoridades y entes u órganos que ejerzan el Poder Público
8. Las controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre
distintos órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de una
competencia atribuida por la ley.
Autoridades de un mismo municipio
Controversias administrativas suscitadas entre municipios de un mismo estado
9. Las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una
competencia directa e inmediata en ejecución de la ley.
Demandas contra vías de hecho.

Cuando hay carencia de un acto administrativo. Se le puede acumular un
amparo cautelar.
La competencia dependerá de quién incurrió en vía de hecho.
Las vías de hecho se refieren a aquella actuación material en la que incurre la
Administración Pública y que ha debido legitimarse mediante la producción de un acto
administrativo previo.
La sentencia líder respecto a la vía de hecho en Venezuela es la Nº 190 dictada por la
Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de
mayo de 1991 (Caso: Ganadería El Cantón, C.A.), que estableció lo siguiente:
“Consagrado el artículo 19 (ordinal 4º) de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, el vicio reconocido como “vía de hecho” de la Administración, es
asimilado en este texto legal a dos supuestos de infracción grosera de la legalidad,
plasmados en la emisión del acto por “autoridadesmanifiestamente incompetentes, o
con prescindencia total y absoluta del procedimiento”. Taxativos ambos en su
formulación, ha entendido sin embargo la doctrina, que bien pueden ser incluidos
dentro del respectivo “género” –representado por esos supuestos-, otros
más específicos y equivalentes, como por ejemplo, la supresión de la audiencia
obligatoria del afectado por un acto represivo o el caso de los funcionarios de hecho,
respectivamente. Ha asimilado asimismo la doctrina a la vía de hecho en la
elaboración del acto administrativo, la grosera ilegalidad en que incurriere la autora del
acto para la ejecución de uno, aun legalmente formado” (Negritas del original)
De la noción de vía de hecho transcrita se evidencia que la misma presenta dos
vertientes:
1. La primera referida a asimilarla a todo acto administrativo en el cual estén
presentes los vicios de incompetencia manifiesta o prescindencia absoluta del
procedimiento legalmente establecido (artículo 19.4 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos).
2. La segunda manifestación de la vía de hecho la configura toda actuación material
de la Administración que se realiza sin cobertura o título jurídico.[15]
Estas características generales de las vías de hecho se siguen manteniendo en la
actualidad. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló
mediante sentencia Nº 912 del 5 de mayo de 2006, que los supuestos generadores de
la misma se pueden dividir en dos grupos:
1. Inexistencia o irregularidad sustancial del acto de cobertura (de la actuación
material).
2. Exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada.
Formas a través de las cuales la Administración puede incurrir en vías de hecho.
a) Cuando no existe acto administrativo que legitime la actuación material de la
Administración Pública.
b) Cuando aún existiendo el acto que sirve de fundamento y es válido, la ejecución
material se aparta sustancialmente de los supuestos de hecho de dicho acto.
c) Que el acto que sirve de fundamento a la actuación material existe pero es ilegal
y por tanto carece de fuerza legitimadora de la actuación material de la Administración.
d) Exista un acto administrativo absolutamente legal, y que las actuaciones
materiales que la Administración realice no sean diferentes a su contenido, pero que

en si misma sea irregular porque se lleven a acabo fuera del procedimiento legalmente
establecido.
Procedimiento que rige las Demandas contra vías de hecho
Respecto al procedimiento que rige las demandas relacionadas con vías de hecho, la
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa optó por establecer un
procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la misma Ley
(Artículos 65 al 75).
para conocer de:
Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las Altas Autoridades Nacionales
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes
enumeradas.
Competencia de los Juzgados Nacionales de la JCA.
Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son
Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a otros funcionarios
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el
numeral anterior. (institutos públicos y institutos autónomo,universidades…)
Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción
5. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales
de su jurisdicción.
Concejo legislativo, institutos autónomos municipales
Reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios
públicos.
Ámbito Material
Cualquier reclamo por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios
públicos (art. 65 LOJCA).
La Sala Constitucional, en decisión de fecha 15 de diciembre de 2005 (Caso:
CADAFE), estableció los elementos que califican una actividad como servicio público:
- Que la actividad sea, en esencia, una actividad de prestación, esto es que
apareje una ventaja, beneficio o un bien destinado a la satisfacción de una necesidad
de carácter general;

- Que dicha actividad sea asumida por el Estado, lo que implica la verificación
previa de una decisión exteriorizada y concreta.
- Que el Estado puede cumplirla directamente, o bien indirectamente, por medio
de concesiones otorgadas a favor de cualquier persona, exigiéndose la capacidad o
competencia para poder actuar como concesionarios.
- Que la prestación del servicio, considerado como público, sea regido por un
estatuto o régimen especial que le permita distinguirlo de otras actividades públicas, y
cuyos caracteres sean la generalidad, uniformidad, igualdad, continuidad,
obligatoriedad y, subordinación a normas preponderantemente de Derecho Público.
Por ejemplo: la electricidad, servicio de saneamiento y agua potable y telefonía básica,
suministro de gas, servicio de aseo urbano.
Procedimiento que rige los Reclamos por la omisión, demora o deficiente
prestación de los servicios públicos
Respecto al procedimiento que rige los reclamos por la omisión, demora o deficiente
prestación de los servicios públicos, los mismos se tramitarán por el procedimiento
breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, siempre y cuando no tengan contenido
patrimonial o indemnizatorio.
Competencias:
Competencia de los Juzgados de Municipio de la JCA.
Artículo 26. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son
Demandas por la prestación de servicios públicos
1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o
privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos.

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