El documento describe el marco legal y los principios rectores del régimen disciplinario para los servidores públicos en Colombia según la Ley 734 de 2002. Se establece que la función pública debe salvaguardar la moralidad pública y que constituye falta disciplinaria cualquier conducta que incumpla deberes u obligaciones. El procedimiento disciplinario debe respetar principios como legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, igualdad y proporcionalidad de sanciones.