PERVERSA CONCEPCIÓN DE LA JUSTICIA

La Justicia de Paz en la Venezuela del siglo XX, desarrollada por la asociación civil Constitución Activa, nace como una experiencia vecinal –no judicial- en la que quienes la desarrollaron originariamente, realizaron lo que se llama en metodología de la investigación, una observación participante, es decir, una observación silenciosa, con una participación respetuosa, propositiva no impositiva. El autor propone una forma de manejar los conflictos vecinales sin imponer prácticas ni señalar principios ni jurídicos ni sociológicos ni antropológicos ni de ningún tipo. De esa manera fue construyéndose la Justicia Vecinal de Paz, con los aportes y sabiduría natural de los vecinos. Se trataba de un descubrimiento en absoluto desarrollo. Se estudia en el presente trabajo también otro modelo: la llamada “Justicia de Paz formal”, la que en lugar de penetrar humildemente, en forma “observante”, en la esencia de las prácticas comunitarias y de captar el sentido natural de la dinámica surgida de las comunidades, se la ha convertido en una rama más del derecho formalista, con vinculación con el Tribunal Supremo como su rector. El derecho procesal no sólo constituye una ciencia sino también un modo de pensar y de razonar y, hasta pudiera decirse, una manera de ser en la vida, sin embargo, según Mago Bendahán, sus normas no son aplicables a esta nueva forma de obtener justicia.

Este trabajo tiene por objetivo analizar las contribuciones que se pueden realizar desde la evaluación para repensar y justificar la inversión de recursos financieros en el sector Justicia, en el marco del VII Seminario de gestión Judicial organizado por el CEJA. Los argumentos centrales del mismo reposan en dos preocupaciones. Por un lado, al cabo de un período de más de dos décadas de reformas judiciales en América Latina, aun se sabe poco sobre el impacto de los proyectos y por ende sobre el beneficio de las reformas. Esto es un serio obstáculo para justificar el direccionamiento de recursos hacia el sector justicia. Por otro lado, con escasas excepciones, actualmente no existen discusiones en los organismos internacionales ni en los poderes judiciales respecto a la necesidad de prestarle atención a evaluación, de profundizar su estudio y de generar capacidades en la materia. Uno de los pocos ámbitos donde se abordan estas cuestiones es la academia, pero sin embargo no existen canales de diálogo entre esta y los financiadores o los organismos que promueven proyectos de desarrollo a nivel internacional. Estos son problemas que se retroalimentan: la evaluación está poco desarrollada en los organismos y poderes judiciales, y por ende no es posible medir el impacto de las reformas. Por ende no podemos justificar las inversiones realizadas y comprometer recursos para nuevas inversiones. En este trabajo primero realizo un breve repaso de la inversión en justicia a través de las carteras de los organismos internacionales. Luego abordo la cuestión de la falta de determinación del impacto de la inversión en el sector, y posteriormente las oportunidades y desafíos en la materia. Finalmente, dejo planteadas algunas inquietudes respecto a las acciones que podrían desplegarse desde los poderes judiciales, organismos internacionales y centros de estudio.

1.-¿QUÉ ES EL IUS PUNIENDI? Es la facultad de castigar que tiene el Estado, determinando delitos e imponiendo penas. 2.-¿QUÉ ES EL IUS POENALE? Es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado; determinando en abstracto los delitos, las penas y medidas de seguridad. 3.-¿ CÓMO DEFINIRÍA AL DERECHO PENAL SUSTANTIVO O MATERIAL ? Como conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. 4.-¿ COMO DEFINE FRANZ VON LISZT AL DERECHO PENAL ? Como un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. 5.-¿ CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PENAL ? Es una rama de DERECHO PUBLICO, que tiende a proteger intereses individuales y colectivos. 6.-¿ COMO DEFINIRÍA A LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL ? Como a un conjunto sistemático de principios, doctrinas y escuelas, relativas al delito, al delincuente y a las medidas de seguridad. 7.-¿CÓMO ESTÁ DIVIDIDO PARA SU ESTUDIO EL CONTENIDO DEL DERECHO PENAL? En una parte General, que se ocupa de las instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas; y otra Especial, que se ocupa de los ilícitos penales, las penas y medidas de seguridad.

JURISDICCIÓN PENAL Concepto: Puede decirse que la jurisdicción penal es el poder emanado de la Constitución y acordado a los tribunales del Poder Judicial para conocer a través de un proceso y con arreglo a sus normas, sobre la existencia concreta de un hecho delictivo que ha sido motivo de una acusación, y decidir 36 de modo imparcial e independiente sobre la responsabilidad penal de sus partícipes, actuando la ley penal en el caso concreto, imponiéndoles una pena o adoptando a su respecto alguna alternativa no punitiva, o absolviéndolos. Esta noción puede deducirse de las disposiciones de la Constitución que acuerdan al Poder Judicial el conocimiento y decisión de todas las causas (pleito judicial; proceso criminal) que versen sobre puntos regidos por ella, por las leyes de la Nación y los tratados con las naciones extranjeras (art. 116 CN); y reconoce a los tribunales la atribución de aplicar la ley penal (art. 75 inc. 12 CN) en las condiciones y con los límites previstos en la propia Constitución y los tratados internacionales incorporados a su nivel. Del concepto unitario de jurisdicción se ocupa la "Teoría General del Proceso" (Ferreira de de la Rúa; González de la Vega de Opl) Tales atribuciones deben ser ejercitadas con imparcialidad, es decir, sin designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas y con independencia, o sea, sin influencia alguna de mandatos o presiones políticas o sociales: deberán sólo subordinarse a la prueba y a la ley. La decisión sobre la aplicación de la ley penal puede implicar la imposición de una pena (arts. 18, 60 y 115 CN) o medida de seguridad, como culminación de un juicio (art. 18 CN) basado en una acusación (acusación, juicio, castigo, es la secuencia de los arts. 60 y 115 CN), o la adopción de alguna medida alternativa a la sanción (v. gr., art. 76 bis C. Penal); también la decisión puede ser sobreseimiento o absolución (incluso en caso de prescripción de la acción penal por no haber podido resolver a tiempo sobre los extremos de la imputación, se decide el caso mediante el sobreseimiento).