PROTECCIÓN CONTRA LAS REPRESALIAS
La política de protección de las Naciones Unidas contra las represalias 
("la política") garantiza que la Organización funcione de manera abierta, transparente y justa, y proteja a aquellos que informan de conductas indebidas (cualquier violación de las normas y reglamentos de la Organización por parte de los miembros del personal), ofensas (actos perjudiciales para los intereses, el funcionamiento o la gobernanza de las Naciones Unidas), o coopere con auditorías e investigaciones debidamente autorizadas.
Bajo esta política, las denuncias y la cooperación se consideran "actividades protegidas". Para recibir protección cualquier denuncia debe hacerse lo antes posible (nunca más tarde de seis años desde que sucediera la mala conducta) y estar motivada de buena fe. Para ser considerada actividad protegida, un informe de mala conducta debe incluir información o evidencia que respalde el convencimiento razonable de que ocurrió. En condiciones muy específicas y limitadas, la protección contra represalias puede extenderse a las personas que informan de conductas inapropiadas a través de mecanismos externos.
Por represalia entendemos cualquier acción perjudicial, directa o indirecta, que afecte negativamente a su empleo y/o condiciones de trabajo; y/o cuando dicha acción haya sido incitada a terceros, amenazada o realizada con el propósito de castigarlo, intimidarlo o herirlo porque participó en una actividad protegida. Para iniciar el proceso de protección, se debe enviar una solicitud a la Oficina de Ética dentro de los seis meses posteriores a la represalia.
Según la política, la Oficina de Ética mantiene la confidencialidad de todas las comunicaciones recibidas por los reclamantes que solicitan protección. No discutiremos la situación con terceros sin recibir su consentimiento previo. Además, la búsqueda de protección de la Oficina de Ética no le impide explorar recursos en otras oficinas de la ONU cuando corresponda.
Las represalias por actividades que no están "protegidas" bajo esta política (por ejemplo, la solicitación de una evaluación administrativa, testificar ante un tribunal administrativo de la ONU, buscar la asistencia del Defensor del Pueblo, estar en desacuerdo con las decisiones administrativas, etc.) también pueden equivaler a conducta prohibida o mala conducta. Si esto se demostrara, se puede acoger a la protección o amparo bajo otras políticas.
El mandato de la Oficina de Ética incluye:
- El recibimiento de quejas de represalias y la realización de revisiones preliminares;
- La remisión de casos prima facie de represalias a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) para su investigación;
- La recomendación de medidas provisionales de protección para los denunciantes durante una investigación;
- La remisión de los reclamantes al Defensor del Pueblo u otros recursos informales de resolución de conflictos o jefes de departamento/oficina por problemas de gestión, según corresponda; y
- La recomendación de medidas correctivas posteriores a la investigación cuando se haya establecido un caso de represalia, y la sugerencia de referencias para considerar medidas disciplinarias, según corresponda.
La Oficina de Ética no recibe acusaciones de mala conducta o irregularidades. Los funcionarios deben informar a una de las siguientes oficinas de la ONU autorizadas para recibir quejas:
- La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI);
- El "funcionario responsable" en su entidad según se define en la Sección 2 de ST/AI/2017/1 .
Bajo esta política, todos los funcionarios, personas en prácticas, Voluntarios de las Naciones Unidas y contratistas o consultores individuales están protegidos contra represalias. Si cree que fue objeto de represalias porque denunció mala conducta o irregularidades, o cooperó con una auditoría o investigación, comuníquese con la Oficina de Ética. Para ello, complete el formulario de Protección contra represalias de la Oficina de Ética. 
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Si la Oficina de Ética determina que no existe un caso prima facie de represalia y aun así desea que el asunto se revise más a fondo, debe solicitar una revisión al Presidente Suplente del Panel de Ética de las Naciones Unidas dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
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