La Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, firmada por Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) en 1993, aplazó ciertas cuestiones a las negociaciones posteriores sobre el estatuto permanente. Las rondas de negociaciones celebradas en 2000-2001, 2007-2008 y 2013-2014 no fueron concluyentes.
A continuación figuran las posiciones del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino sobre el estatuto permanente y otras cuestiones pertinentes.
y los acuerdos posteriores a los que llegaron Israel y la OLP. En 2002, el Comité celebró la afirmación de la visión de «una región en que dos Estados, Israel y Palestina, vivieran uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas», como figura en la resolución 1397 (2002) 
del Consejo de Seguridad. El Comité instó al pronto cumplimiento de ese objetivo mediante un mecanismo concreto y detallado que abarcara los ámbitos político, económico y de seguridad en un plazo prefijado. En este sentido, el Comité también celebró la iniciativa de paz 
aprobada por los Estados árabes en la Cumbre de Beirut el 28 de marzo de 2002 y pidió a Israel que respondiera a esa iniciativa de buena fe.
El Comité apoya los esfuerzos continuos del Cuarteto diplomático, integrado por los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas, en particular para promover un plan de paz titulado «Hoja de ruta basada en la ejecución para una solución biestatal permanente del conflicto israelo-palestino», que el Consejo de Seguridad hizo suyo en su resolución 1515 (2003) . El Comité instó al Cuarteto y a la comunidad internacional a que ayudaran a que las partes cumplieran con las obligaciones que les incumbían en virtud del plan, relativas principalmente a cuestiones de seguridad y a la congelación de la actividad en los asentamientos.
En opinión del Comité, la hoja de ruta ofrece una posibilidad para lograr un arregloamplio, justo y duradero de la cuestión de Palestina, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) , 338 (1973) , 1397 (2002) y 1515 (2003) , y con el principio de una solución biestatal permanente basada en las fronteras de 1967, el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino y el derecho de todos los Estados de la región a vivir en paz y seguridad. El Comité considera que, a fin de hacer realidad la solución biestatal, las partes deberán respetar todos los acuerdos y compromisos firmados con anterioridad.
El Comité apoya plenamente la solución al conflicto basada en dos Estados, Israel y Palestina, que vivan uno junto al otro en paz y seguridad, dentro de unas fronteras reconocidas mutuamente. La postura del Comité es que la solución biestatal solo se puede lograr sobre la base de las fronteras anteriores a 1967 (la «Línea Verde»). El Comité considera que las líneas del armisticio de 1949 solo se pueden modificar mediante negociaciones y acuerdos entre las partes. El Comité destaca que, hasta que la cuestión se haya resuelto de una manera global y mutuamente aceptable por medio de negociaciones, las partes deberán abstenerse de introducir de facto cualquier cambio unilateral sobre el terreno.
El Comité se ha pronunciado con firmeza en contra de la construcción por parte de Israel del muro de separación y las estructuras y obstáculos conexos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desviándose de la frontera anterior a 1967. Esta construcción ha venido acompañada de la destrucción y confiscación de tierras y propiedades palestinas y del desplazamiento de miles de familias palestinas. El Comité acogió con agrado la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia, que afirmaba claramente que la construcción del muro era ilegal en virtud del derecho internacional. El Comité también acogió con agrado la resolución A/RES/ES-10/15 de la Asamblea General, aprobada el 20 de julio de 2004, en que esta tomaba conocimiento de la opinión consultiva y exigía a Israel que cumpliera con sus obligaciones legales, señaladas en la opinión consultiva. Preocupa seriamente al Comité que, con la construcción de esta barrera, supuestamente por motivos de seguridad, el Gobierno de Israel pretenda en realidad anexionarse de hecho más tierras palestinas y definir de manera unilateral las fronteras de un futuro Estado palestino, prejuzgando así el resultado de las negociaciones sobre el estatuto permanente. El Comité sostiene la postura de que Israel no tiene derecho a construir ninguna de esas estructuras de separación en tierra palestina. La construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, debe cesar de inmediato, y se han de desmantelar el muro y las estructuras conexas levantadas hasta la fecha, de conformidad con lo dispuesto en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Todos los actos legislativos y reglamentarios relativos a su construcción se deben revocar o dejar sin efecto. Israel tiene la obligación de indemnizar a la población palestina por todos los daños causados por dichas construcciones. En este sentido, el Comité respalda plenamente el mandato del Registro de las Naciones Unidas de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado y pide su aplicación plena sin demora.
, así como con el Entendimiento Mutuo de Annapolis , que pedía de manera inequívoca el fin de la expansión de los asentamientos, incluido el llamado «crecimiento natural». El cumplimiento de este requisito por el Gobierno de Israel constituye un indicador crucial de su voluntad política de reanudar negociaciones serias sobre todas las cuestiones relacionadas con el estatuto permanente con miras a alcanzar una solución biestatal del conflicto. de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1948, es un requisito esencial para alcanzar la paz, tanto israelo-palestina como regional. El Comité considera que solo se puede lograr una solución duradera al problema de los refugiados palestinos dentro del contexto del derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus viviendas y propiedades, de las que fueron desplazados en los últimos decenios. El Comité estima que una solución justa para los refugiados palestinos y el pueblo palestino en general engloba también una compensación y unos remedios justos por los daños causados durante la ocupación. La vulnerabilidad inherente de los refugiados y las terribles condiciones de su exilio exigen una solución justa y duradera basada en los principios del derecho internacional y las lecciones aprendidas en el contexto de iniciativas de resolución de conflictos exitosas en otras partes del mundo. Los diversos planes de reasentamiento y compensación de los refugiados propuestos a lo largo de los años, así como la labor que ha realizado el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA ) prestando asistencia a los refugiados fueron siempre concebidos como medidas provisionales, no para reemplazar el derecho al retorno.El Comité pone de relieve el derecho inalienable del pueblo palestino a la soberanía sobre sus recursos naturales, reafirmado por la Asamblea General en su resolución A/RES/71/247 de 21 de diciembre de 2016. En este sentido, el Comité apoya plenamente la exigencia de la Asamblea de que Israel, la Potencia ocupante, deje de explotar, dañar, destruir, agotar o poner en peligro los recursos naturales del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. El Comité se opone a la política discriminatoria de Israel de restringir a la población palestina el acceso a los recursos hídricos de su propia tierra, mientras pone una abundante cantidad de agua procedente de esos recursos a disposición de sus propios ciudadanos, incluidos los colonos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Cualquier acuerdo sobre el estatuto permanente debe cumplir el derecho internacional en relación con el uso compartido y la asignación de los recursos hídricos tanto subterráneos como superficiales mediante la asignación equitativa y razonable per capita evitando daños importantes, y respetando la obligación de notificación previa antes de emprender proyectos de gran envergadura que puedan afectar a la asignación de agua de los vecinos.
