19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/18

1.1

El CESE considera que desarrollar la economía verde integradora será el principal desafío al que Europa se verá confrontada en los próximos años si quiere seguir siendo una potencia económica mundial. En la Conferencia Río+20 la UE apostó por una economía verde como una forma de desarrollo sostenible. Ahora es cuando la UE debe actuar. Para ello, es necesario un modelo de desarrollo económico que priorice las inversiones públicas, y defina adecuadamente los incentivos para las privadas, en infraestructuras e I+D+i «verde», con la doble finalidad de incentivar la actividad productiva para salir rápidamente de la actual situación recesiva y de afrontar, desde posiciones de liderazgo, económico y social, la transición de esta tercera revolución industrial.

1.2

El CESE considera que los profundos y necesarios cambios en la forma de producción y consumo requieren como requisito fundamental asociar a la sociedad civil en todo este proceso de transición hacia una economía verde integradora y hacerlo a todos los niveles, muy especialmente a nivel sectorial y territorial (europeo, nacional y regional). Es necesaria una gestión participativa para paliar al máximo la resistencia y los efectos negativos que toda transformación conlleva. Esta participación es la que permitirá avanzar en los aspectos económicos, sociales y medioambientales de forma sostenible.

1.3

El CESE constata con preocupación que las políticas de estímulo fiscal verde han sufrido un profundo recorte en los últimos años debido a las políticas de «austeridad fiscal», que están teniendo unos dramáticos efectos de contracción de la actividad económica y destrucción de empleo. El IMF ha reconocido que los efectos contractivos reales de estas políticas sobre la actividad productiva han sido mucho mayores que las estimaciones realizadas hasta ahora.

1.4

El CESE subraya que con el desarrollo de la economía verde integradora las posibilidades de creación de empleo se incrementarán. Entendiendo como empleos verdes no sólo los relacionados con algunos de los nuevos sectores emergentes, sino todos aquellos derivados del «enverdecimiento» de procesos de producción y productos en todos los sectores. Una transición justa hacía una economía verde requiere políticas activas de empleo que aseguren la creación de puestos de trabajo decentes, incluyendo la formación profesional y la formación continua para los trabajadores en activo. El empleo de las mujeres y de los jóvenes en estos sectores serán la clave para este crecimiento.

1.5

El CESE considera que una política industrial consensuada entre los agentes sociales es imprescindible para coordinar los esfuerzos en innovación tecnológica, y para impulsar los cambios en las infraestructuras de producción de muchos sectores europeos afectados por el establecimiento de una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos. Ello exigirá también un notable esfuerzo inversor a las empresas.

1.6

Para el CESE, la UE debe integrar los objetivos de la estrategia del desarrollo sostenible en todas sus políticas, fundamentalmente en la EE 2020 y en las siete iniciativas emblemáticas. Es necesaria una coherencia entre las diferentes estrategias de la UE y los comisarios deben hablar con una sola voz en este tema. Concretamente, cuando se lleve a cabo la revisión intermedia de la EE 2020, la Comisión debería aprovechar la ocasión para reforzar los aspectos relacionados con la sostenibilidad y fusionarla completamente con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. Serán necesarios la definición y utilización de indicadores que se refieran a la calidad del crecimiento y que permitan su seguimiento y evaluación.

1.7

El CESE subraya el importante papel que el semestre europeo y el examen anual del crecimiento puede y debe jugar para garantizar el seguimiento de las políticas de desarrollo sostenible. El CESE considera necesaria la supresión de subvenciones nocivas para el medio ambiente y las recomendaciones específicas a los Estados miembros para incrementar la fiscalidad medioambiental, así como las recomendaciones para la gestión de residuos y aguas, y la mejora del reciclaje. En estos ámbitos los Estados miembros deberían demostrar una ambición y objetivos más amplios.

1.8

El CESE manifiesta su preocupación por el hecho de que la realidad del marco financiero plurianual de la Unión para 2014-2020 presenta una importante contradicción: los sectores económicos que emiten más CO2 (residencial, energético, industrial y de transporte) no son los que reciben un mayor volumen de fondos comunitarios para facilitar su proceso de transición hacia una economía verde, por lo que resulta imprescindible incrementarlos sustancialmente y garantizar la eficacia y eficiencia en su aplicación.

1.9

El CESE considera especialmente relevante avanzar en la fiscalidad ecológica, incluidos incentivos fiscales para las empresas que establezcan Fondos de Reinversión Contra el Cambio Climático, siempre que su gestión se haga de forma compartida con los trabajadores.

1.10

En relación con la política comercial de la UE el CESE considera que, para evitar los riesgos de deslocalización industrial, se debería considerar el establecimiento de aranceles equivalentes a la fiscalidad sobre CO2, para aquellos países que no acepten compromisos internacionales de reducción de las emisiones.

2.1

En 2011 la OCDE y el PNUMA elaboraron sendos informes completos sobre la economía verde; la OIT inició el Programa «Empleos verdes»; y uno de los temas principales de la Conferencia Río+20 en 2012 fue «Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza».

2.2

En la UE, en 2006 se renovó la Estrategia de Desarrollo Sostenible y en 2009 se lanzó el paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático orientado a reducir un 20 % los gases de efecto invernadero, aumentar al 20 % el porcentaje de energías renovables y mejorar un 20 % la eficiencia energética para 2020 (1). La UE debe avanzar en mayores reducciones para 2025 y 2030. En 2011 la Comisión adoptó la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» (2), la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (3), la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020» y la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (4).

2.3

El CESE siempre ha apoyado el concepto de ecologizar la economía como una contribución al desarrollo sostenible, y que hay que poner en primer plano de la política europea y nacional las propuestas de la sociedad civil para la transición hacia una economía verde integradora, subrayando especialmente la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los actores sociales. Por ello varios de sus dictámenes se han referido a sus diversos aspectos y a las sucesivas propuestas de la Comisión: el CESE ha subrayado que mejorar la economía ecológica y la gobernanza no puede ir separado del fomento de la producción, el empleo y el consumo sostenibles, ni de la estrategia por la igualdad entre hombres y mujeres, ni del paquete de medidas de la UE sobre el cambio climático.

3.1

La economía verde integradora debe encontrar un equilibrio entre la prosperidad económica, una mayor cohesión social y una mayor conservación y uso racional de los recursos naturales, que mantienen nuestro bienestar y el de futuras generaciones. Su objetivo es la desmaterialización de la producción, es decir, desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales y de la generación de contaminación y residuos.

3.2

Según la OIT los empleos verdes son los que reducen el impacto medioambiental de empresas y sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles, contribuyen a reducir el consumo de energía, materias primas y agua, a descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El concepto de «empleo verde» es relativamente dinámico, ya que la línea que separa a los «empleos verdes» y a los «empleos no verdes» depende de los procesos de innovación tecnológica. Por tanto, no son sólo los relacionados con algunos de los nuevos sectores emergentes, sino todos aquellos derivados del «enverdecimiento» de procesos de producción y productos en todos los sectores.

3.3

El desarrollo de la economía verde viene determinado por dos vectores principales: uno impulsado por las políticas contra el cambio climático, y otro derivado de la creciente competencia de los países emergentes por la obtención de recursos que serán cada vez más escasos y caros.

3.4

La economía verde no es un mero ajuste sectorial entre sectores emergentes y otros más tradicionales (derivado del vector tecnológico hacía una economía baja en carbono). Incluye una modernización ecológica de la forma de producir y de consumir para integrar los objetivos de incremento del valor añadido de las empresas y de su sostenibilidad medioambiental, en términos de ahorro de materiales, de eficiencia energética, de organización del trabajo, y también de la propia relación de trabajadores y trabajadoras con la empresa en la mejora de la productividad de todos los factores.

3.5

En los últimos años, se han evidenciado los límites a la capacidad de la tierra, tanto desde el punto de vista de los recursos naturales disponibles para una demanda creciente, como de la capacidad de absorción de residuos y contaminación por parte del planeta.

3.6

No hay que olvidar los impactos del cambio climático en la salud: la mayor proliferación de sucesos meteorológicos extremos, el aumento de los niveles de ozono y de partículas en suspensión en la atmósfera, y de su toxicidad debido a temperaturas más elevadas, y la extensión al continente europeo de enfermedades infecciosas ya erradicadas.

3.7

Las transformaciones de la estructura energética, productiva y de transporte de las principales economías desarrolladas, y de gran parte de las emergentes, en los próximos años se concentrarán en el paso de una economía alta en carbono a otra nueva economía baja en carbono donde el peso relevante en la generación de energía lo tendrán las fuentes de energía renovables y limpias, es decir, aquellas que no emitan gases de efecto invernadero ni otros residuos peligrosos.

3.8

Esta profunda transformación productiva, que algunos denominan tercera revolución industrial, no será neutral en términos de competitividad internacional, sobre todo para aquellos países, como la mayor parte de los que conforman la UE, que son importadores netos de fuentes energéticas y materias primas. Por ello, ya desde 2009, muchos gobiernos de los países de la OCDE pusieron en marcha ambiciosos Planes de Estímulo en los que las inversiones en infraestructuras e I+D+i verde tenían un papel fundamental, con la doble finalidad de incentivar la actividad productiva para salir rápidamente de la actual situación recesiva y de afrontar, desde posiciones de liderazgo, la actual reestructuración productiva.

3.9

Sin embargo el desarrollo financiero de esos planes en muchos países de la UE, al igual que el presupuesto comunitario, han sufrido un profundo recorte derivado, entre otras razones, de las políticas de «austeridad fiscal». El economista jefe del IMF ha reconocido que los efectos contractivos de estas políticas sobre la actividad productiva son mucho mayores que los estimados hasta ahora, según un estudio realizado en 28 países el multiplicador fiscal desde la crisis iniciada en 2008 está entre 0,8 y 1,7 (5).

3.10

Esta ralentización del impulso a la economía verde puede generar enormes problemas para muchos países de la UE, ya que en la actualidad el diferencial tecnológico entre países desarrollados y emergentes es mucho más estrecho y dinámico. Europa en su conjunto no tiene garantizado formar parte del pelotón de cabeza de las naciones desarrolladas con economías bajas en carbono, lo que a largo plazo puede producir fuertes tensiones en la UE, ya que pondría en cuestión la capacidad de seguir construyendo una sociedad más avanzada económicamente, más cohesionada socialmente y más sostenible medioambientalmente. Sin embargo, hay que subrayar que la UE tiene una fuerte posición de liderazgo tecnológico y productivo en varios de los sectores industriales que tendrán clara vocación de futuro.

3.11

Al desarrollar la economía verde, con las inversiones e incentivos necesarios, las posibilidades de creación de empleo en Europa se incrementarán. No podemos olvidar las actuales actividades productivas que conforman actualmente la base económica de los países de la UE. Serán empleos verdes muchos de los puestos de trabajo que actualmente se consideran de industrias muy contaminantes, en la medida que afronten procesos que les permitan ganar eficiencia energética y reduzcan el consumo de materias primas y la contaminación que generan. Algunos ejemplos: en el sector del transporte por carretera las empresas que desarrollen y construyan vehículos eléctricos e híbridos, así como los dedicados al transporte público; los sectores de obra civil dedicados a la construcción de las líneas del tren de alta velocidad, ya que supone un importante ahorro energético por pasajero sobre el avión y sobre el tren convencional; los de la construcción dedicada a la rehabilitación energética de viviendas que son muy poco eficientes en términos de consumo energético. Esto debe hacerse en un marco de desarrollo y fortalecimiento del diálogo y la concertación social, así como de la negociación colectiva, de forma que el saldo final sea positivo en términos de empleo (en cantidad y calidad), y de equidad, (en condiciones de trabajo y salarios). Sin embargo, sólo ocho países de la UE tienen una definición oficial de empleos verdes. Ello da lugar a diferentes estimaciones fruto de definiciones y metodologías diversas.

4.1

Una característica absolutamente nueva de esta tercera revolución industrial es el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y la enorme sensibilidad y presión de la sociedad civil en torno a los temas de sostenibilidad y medio ambiente. En Europa, el fuerte desarrollo de las organizaciones ecologistas, de las asociaciones de consumidores, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de otros agentes de la sociedad civil es lo que permite que los cambios que vayan a producirse generen una economía que esté al servicio de un desarrollo más gobernable y sostenible, social y medioambientalmente, algo impensable en los anteriores procesos, donde eran las decisiones microempresariales las que determinaban absolutamente el cambio tecnológico y productivo.

4.2

La OIT en el Pacto Mundial para el Empleo aprobado en junio de 2009 resalta expresamente que «el diálogo social es un mecanismo de incalculable valor para el diseño de políticas adaptadas a las prioridades nacionales. Es una base sólida para suscitar la adhesión de los empleadores y de los trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos, la cual es indispensable para superar la crisis y llevar adelante una recuperación sostenible». Una política industrial consensuada entre los agentes sociales es imprescindible para coordinar los esfuerzos en innovación tecnológica e impulsar los cambios en las infraestructuras de producción de muchos sectores europeos afectados por la transición hacía una economía europea baja en carbono y más eficiente en el uso de los recursos.

4.3

La innovación tecnológica es algo consustancial a la economía verde. Por ello, aquellos sectores, empresas y tecnologías que impulsen el enverdecimiento de la economía recibirán un mayor impulso financiero, público y privado, ya que incrementarán la competitividad global de la economía europea. En este sentido el Deutsche Bank ha definido, con el objetivo de orientar las inversiones privadas, los siguientes sectores como prioritarios en relación con el cambio climático:

4.4

Con especial atención debería tratarse las dificultades que tienen las PYME europeas para obtener financiación suficiente para las necesarias inversiones que deben realizar en eco innovación.

4.5

Para que la innovación sea un valor competitivo el modelo de organización empresarial debe tener en cuenta prácticas que incentiven la implicación de sus trabajadores. Aprovechar que la participación de la fuerza de trabajo en la organización del trabajo y en la planificación de la empresa es un factor que claramente desarrolla la innovación y permite obtener ganancias de productividad. Esto supone un reto para modernizar el sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva y su relación con la gestión empresarial.

4.6

La participación de los trabajadores en las empresas es uno de los principales elementos que favorece el liderazgo tecnológico europeo en muchos sectores y hace que se mantenga su capacidad exportadora. No puede verse sólo desde el prisma de reparto de la riqueza generada, ya que en sí mismo es un elemento determinante en la generación de riqueza, como reconocen las propias empresas (6). En gran medida, las dificultades de innovación tienen que ver fundamentalmente con estructuras organizativas rígidas que conciben al trabajador como una mera herramienta.

5.1

En la Conferencia Río+20 la UE defendió una economía verde integradora que permitiera el progreso hacia el desarrollo sostenible. El objetivo de la Comisión es promover el crecimiento sostenible e integrador, incluyendo la ecologización de la economía en el centro de sus actividades de seguimiento para Río+20. Para la imprescindible implicación de la sociedad civil en este proceso, los gobiernos deben desarrollar el diálogo social.

5.2

Para ayudar a aplicar la iniciativa emblemática de la Comisión y la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, la Comisión ha establecido en 2012 una Plataforma europea, que presentará un informe intermedio en 2013 y un informe final en 2014, sobre la eficiencia en el uso de los recursos, que trabaja sobre propuestas concretas para una transición hacia una economía verde en los siguientes campos: «Condiciones marco para invertir en energías renovables», «Fijar objetivos y medir los progresos», en este sentido debe construirse un robusto sistema de indicadores más allá del PIB que indique los resultados de esas políticas en los sectores implicados y la sociedad en su conjunto (ganancia de competitividad, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, porcentaje de reciclado, eficiencia energética y de uso de recursos, porcentaje de energías renovables, reducción de contaminación) y «Economía circular/ecologizar la economía».

5.3

Es especialmente relevante avanzar en la fiscalidad ecológica, y en la reducción de los elevados subsidios a los combustibles fósiles que hay en muchos países de la UE, ya que los precios de muchos productos y servicios no indican correctamente la totalidad de los costes de producción al externalizarse los costes de contaminar. Las políticas voluntarias de eco etiquetado se han demostrado insuficientes, aún más en un entorno de crisis como el actual, en el que aumenta el número de consumidores para quienes lo relevante es el precio del producto, no su calidad medioambiental. Para que una política fiscal ecológica alcance un alto grado de consenso social debe tener en cuenta cuáles son sus efectos en la capacidad competitiva de las empresas y sus repercusiones sociales en los ciudadanos, lo que se ha venido a denominar «empobrecimiento energético», y desarrollar políticas complementarias (industriales, comerciales y de ayudas a los grupos sociales más desfavorecidos) que los mitiguen. Asimismo, deberían impulsarse incentivos fiscales para la reinversión de los beneficios empresariales en la reducción de emisiones de CO2 (a través de Fondos de Reinversión Contra el Cambio Climático) y otros impactos medioambientales adversos, siempre que su gestión en las empresas se haga de forma compartida con los trabajadores.

5.4

La Comisión aprobó su propuesta para el Séptimo Programa de Acción Medioambiental, que establece la contribución de la política medioambiental a la transición hacia una economía verde. El Parlamento y el Consejo deben aprobar este programa y el CESE ha contribuido con la elaboración de un dictamen específico (7). Sin embargo la realidad del marco financiero plurianual de la Unión para 2014-2020 presenta una importante contradicción: los sectores económicos que emiten más CO2 (residencial, energético, industrial y de transporte) no son a los que se destina un mayor volumen de inversión de los fondos comunitarios.

5.5

En relación con la política comercial de la UE, hay que tener en cuenta que el incremento de la fiscalidad sobre el carbono debería obligar, para reducir el riesgo de deslocalización, al establecimiento de aranceles equivalentes para aquellos países que no acepten compromisos internacionales de reducción de las emisiones. Un arancel sobre el carbono es una restricción al libre comercio, pero esto ya ha sido aceptado por la comunidad internacional en otros casos, el Protocolo de Montreal establecido para proteger la capa de ozono recogía la posibilidad de establecer restricciones comerciales para reforzar su cumplimiento, en la medida que el libre comercio no es un fin en sí mismo sino el medio para generar riqueza de una forma sostenible. Es indudable que evitar una catástrofe planetaria generada por el cambio climático es más importante que mantener los mercados mundiales abiertos a productos intensivos en la emisión de gases de efecto invernadero.