19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/23

1.1

La Comunicación de la Comisión representa una importante contribución a la apertura de un debate sobre la UE, más que necesario, y un importante paso adelante, tanto en lo que respecta a los métodos como al contenido, en relación con la Unión Económica y Monetaria (UEM). Además, proporciona por primera vez indicaciones sobre el papel internacional y el futuro político de la Unión. Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente la propuesta, que puede suponer un punto de inflexión histórico, siempre y cuando el Consejo, tras 20 años de espera, tenga el valor necesario y la voluntad para adoptar y poner en práctica los elementos útiles que permitan alcanzar los objetivos fijados y para aplicarla cuanto antes.

1.2

En realidad, con las decisiones tomadas en 2011 y 2012 el Consejo Europeo puso en marcha una reforma importante y pluridimensional de la gobernanza europea en el ámbito de la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos excesivos, el refuerzo de las normas presupuestarias y la coordinación de las políticas económicas de los países de la zona del euro. Las intervenciones no convencionales de adquisición «condicionada pero ilimitada» de obligaciones públicas de Estados con dificultades, decididas recientemente por el Banco Central Europeo (BCE), la instauración del mecanismo único de supervisión, dirigido a garantizar una supervisión prudencial rigurosa e imparcial y a romper el vínculo entre los Estados y los bancos, junto a las normas relativas a la liquidación de bancos, constituyen instrumentos necesarios para garantizar la estabilidad de la UEM.

1.3

El CESE apoya la estrategia presentada por la Comisión en su Comunicación, reiterada recientemente por el presidente del Consejo Van Rompuy («Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»), al objeto de reforzar la zona del euro. Sin embargo, considera que es insuficiente para garantizar que los Estados miembros, los ciudadanos y las empresas aprovechen plenamente las ventajas de la UEM, como han demostrado los hechos en los diez últimos años. El Consejo asume responsabilidades políticas al respecto, derivadas del Tratado de Maastricht, que limitaron gravemente el alcance de la UEM que se creó en esta ocasión. Por esta razón, la Comisión presenta ahora un Plan director para una UEM profunda y auténtica.

1.4

Para dar mayor estabilidad a la UEM y garantizar el crecimiento económico y el empleo en los países del euro es preciso realizar ya –no a medio o largo plazo–, simultáneamente, intervenciones más decididas, como un plan de crecimiento y unos mecanismos de integración más fuertes, que el Consejo deberá poner en práctica. Se necesita, pues, una combinación de medidas macroeconómicas y microeconómicas, un compromiso coherente, un espíritu de solidaridad y confianza, así como un sentimiento de pertenencia de los Estados miembros a la UE y de confianza mutua, sin olvidar que el objetivo principal de las disposiciones debatidas debe ser el bienestar de todas las personas.

1.5

El CESE valora positivamente la comunicación pero señala que, incluso si se pusiera en práctica íntegramente, difícilmente podría tener efectos sustanciales, especialmente en cuanto al método decisorio, ya que se echa en falta una propuesta concreta sobre la unión política en la que pueda integrarse el euro. Lo mismo ocurre con la deuda, la superación de los choques asimétricos, el crecimiento, la competitividad, el empleo (para el que convendría realizar un estudio de impacto sistemático). Todas ellas son limitaciones impuestas por la situación actual.

1.6

El CESE recuerda que ya ha elaborado dictámenes y ha propuesto soluciones respecto de la mayoría de las actuales propuestas de la Comisión Europea (CE), en particular, las relativas a los límites de la UEM y del BCE, y las cuestiones de crecimiento y deuda soberana (1). Los progresos realizados por la Comisión y el Consejo hasta la fecha constituyen una buena base para continuar los trabajos en este ámbito. Por ello, el CESE considera positivo que la CE haya decidido formular indicaciones futuras sobre estas cuestiones, y espera que ello brinde al Consejo la ocasión de adoptar cuanto antes medidas concretas sobre la deuda y el crecimiento, lo que supondría un verdadero salto cualitativo.

1.7

De hecho, si bien las últimas decisiones de la Unión Europea (UE) recogidas en la Comunicación satisfacen, aunque solo sea parcialmente, el marco macroeconómico, resultan insuficientes las propuestas de carácter microeconómico sobre los sectores productivos, que son los únicos capaces de reactivar el crecimiento. Lo que pretende la Comisión en su documento es abrir un debate sobre la UEM, un tema que va mucho más allá del saneamiento presupuestario y de las políticas macroeconómicas. Se necesitarían también políticas microeconómicas como, por ejemplo, un auténtico pacto en favor de la industria (industrial compact).

1.8

Por otra parte, la propuesta de la Comisión podría recabar un mayor apoyo si en los distintos periodos de adopción de las medidas necesarias para mejorar la estabilidad y el funcionamiento de la UEM se destacara de manera más explícita la necesidad de llevar a cabo unas políticas europeas dirigidas a este objetivo, definiendo los ámbitos de intervención y las novedades que vayan a introducirse para que el gasto europeo sea más racional y eficaz.

1.9

La Comisión puede y debe contribuir a la aplicación de unas reformas indispensables para aumentar la competitividad de los sistemas productivos y administrativos nacionales, adoptando a tal fin unos métodos y criterios innovadores de intervención respecto del mercado único, la gestión de los Fondos Estructurales y las principales políticas comunes. También debería inspirarse en las innovaciones introducidas por el BCE y proponer modificaciones de igual magnitud, como ha defendido ya el CESE en varias ocasiones, en lo tocante a la aplicación de las políticas europeas que más afectan a las zonas, regiones y sectores más vulnerables de la UE.

1.10

En cuanto al BCE, es preciso aplicar plenamente su dispositivo en favor del crecimiento y el empleo y su función de prestamista de última instancia. La decisión de los países de la zona del euro de avanzar en esta dirección contribuiría a consolidar la confianza en el BCE y en el euro y a contrarrestar los ataques especulativos, especialmente los que van dirigidos a los países con mayores dificultades presupuestarias.

1.11

La estabilidad del euro no puede confiarse únicamente al BCE y a la política monetaria común, dejando total libertad a los Estados miembros a la hora de aplicar sus políticas fiscales y presupuestarias. El CESE considera que la unión fiscal, en la perspectiva de un presupuesto único de la zona del euro, no puede, como se indica en la Comunicación, ser un objetivo a largo plazo, sino que debe convertirse, junto a la moneda única y a la supervisión bancaria única, en el segundo pilar que permitirá sostener a corto y medio plazo la estabilidad de la UEM, tranquilizando así a los mercados sobre la coherencia del proyecto europeo.

1.12

En lo que respecta a las propuestas institucionales, la CE ha realizado un esfuerzo significativo. El CESE considera útil incluir en la agenda, finalmente, la cuestión institucional, incluida la de la unión política, que fundamenta las propuestas innovadoras de la Comisión. Es ésta una propuesta completamente nueva. Considera, sin embargo, que la mayor parte de dichas propuestas giran en torno al marco actual, con progresos muy limitados, por lo que no solucionarán la situación si el Consejo no va más allá, considerándolas como un estímulo para actuar.

1.13

Podrían constituir una etapa intermedia, pero el CESE, que debería formar parte de dicho proceso, considera, de acuerdo con lo que se ha propuesto y aprobado, que ya no es hora de dar pasos intermedios, sino que lo que se necesita es dar un salto cualitativo, tanto en lo que se refiere al contenido de las propuestas como al proceso decisorio empleado para ponerlas en práctica, y acabar con los simulacros, para que no sigamos luego repitiendo que se necesitan «verdaderas» políticas, una «auténtica» UEM, una «verdadera» unión política, etc. Es preciso actuar ahora con mayor determinación y rapidez, por un lado, para poner coto a la recesión que castiga a gran parte de la UE y, por otro, para colmar las lagunas que se han dejado en suspenso desde hace tiempo y en las que la crisis financiera internacional solo ha actuado como detonante.

1.14

El CESE pide al Consejo que, basándose en las propuestas de la Comisión, actúe con más valor y claridad en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y la responsabilidad de presentar propuestas que se deben aprobar y aplicar, en particular, apoyando la extensión del voto por mayoría a todos los ámbitos, empezando por las políticas económicas y de empleo, en la perspectiva de una modificación del Tratado.

1.15

Resumen de las propuestas del CESE

1.15.1

Para realizar una auténtica UEM, el CESE considera que es necesario, con carácter inmediato (sin modificar el Tratado):

1.15.2

A medio o largo plazo, será preciso, procediendo en su caso a modificaciones del Tratado:

2.1

El Comité es conciente de que se está debatiendo una de las cuestiones actuales más complicadas. Europa está entrando en una nueva fase de mayor integración, lo que requiere dar una serie de pasos valientes. El CESE acoge muy favorablemente la apertura de un debate sobre el futuro de la UEM como primera etapa en esta dirección, y añade que la situación macroeconómica de la UEM es el resultado de decisiones microeconómicas. Convendría, por lo tanto, alinear las políticas macroeconómicas y microeconómicas en pos de los mismos objetivos globales.

2.2

El artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, completado por los artículos 151 y 153, dispone esencialmente que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión deberá tener en cuenta la promoción de un nivel de empleo elevado, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y la lucha contra la exclusión. El Comité observa con sorpresa que la Comunicación no considera ninguno de estos parámetros como objetivos de una «Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica». El CESE pide, por tanto, que estos objetivos se enuncien explícitamente, y considera necesario que se instaure una mayor vigilancia (estudios de impacto) de los efectos de las políticas económicas y monetarias sobre la situación social y el mercado laboral, y que se elaboren medidas dirigidas a eliminar las consecuencias económicas y sociales negativas que podrían inducir estas políticas.

2.3

Ninguna de las propuestas presentadas por la Comisión en aras de una UEM más estable y creíble podrá llevarse efectivamente a la práctica (ni a corto, ni a medio o largo plazo) si los Estados miembros, y en particular los países más azotados por la crisis económica y financiera, no recuperan la senda del crecimiento ni solucionan los problemas de trabajo, desempleo –en fuerte crecimiento entre los jóvenes– y reducen las divergencias que siguen existiendo entre los Estados miembros. También es cierto que nada podrá hacerse si el Consejo y el Eurogrupo no tienen en cuenta las sugerencias de la CE para hacer avanzar las reformas necesarias y completar la UEM, que está en espera desde hace veinte años, y si los Estados miembros no se comprometen decididamente en esta dirección, para gestionar juntos la parte de sus atribuciones soberanas que debe ponerse en común a tal fin.

2.4

La principal preocupación de la Comisión sigue siendo asegurar la coordinación de las políticas económicas de los países miembros (desde hace ya tiempo, aunque con escasos resultados) mediante un conjunto articulado de medidas e instrumentos de refuerzo de la convergencia de las políticas presupuestarias y los sistemas de supervisión, lo cual sería útil para aliviar las dificultades de los países más endeudados a la hora de financiar la deuda pública y cumplir los estrictos planes de sostenibilidad de la deuda propuestos por la Comisión y recientemente aprobados por los países miembros (fiscal compact). Sin embargo, para recuperar la confianza de los ciudadanos y los mercados, las medidas adoptadas a nivel nacional deberán enmarcarse en una lógica común, europea, y producir efectos concretos y positivos para los ciudadanos y las empresas. Se necesita a tal fin una mayor coherencia entre las políticas macroeconómicas y microeconómicas (juventud, mercado laboral, seguridad social, etc.), que deberá lograrse a escala nacional.

2.5

Muchos de los países de la zona del euro han entrado en el quinto año de crecimiento negativo, y las previsiones para los próximos años indican que las mejoras en las principales variables macroeconómicas serán muy limitadas. Para que las propuestas de la Comisión dirigidas a reforzar la UEM sean creíbles y objeto de un debate amplio y consensuado sobre el futuro de la UEM, en el que no solo participen los expertos sino el conjunto de la sociedad civil europea, es preciso acompañarlas de observaciones o medidas complementarias.

2.6

De conformidad con los compromisos contraídos respecto de la UE, los países de la zona del euro deben proseguir en los próximos años unas estrictas políticas presupuestarias que, en primer lugar, podrían desarrollarse a través de reformas encaminadas a racionalizar la estructura de los presupuestos nacionales, tanto del lado de los gastos como de los ingresos públicos, teniendo debidamente en cuenta el imperativo de una justicia distributiva y los efectos multiplicadores de la fiscalidad. Ello permitiría obtener aumentos de eficiencia con efectos neutros en los saldos presupuestarios, y sin comprimir los gastos esenciales para el crecimiento económico y el bienestar social como la sanidad, los sistemas de seguridad social, la educación, la investigación e innovación o las infraestructuras (2).

2.7

Sin embargo, estas medidas de carácter nacional deberán acompañarse de disposiciones de alcance europeo, necesarias para asegurar el crecimiento económico, el empleo y la recuperación de las inversiones. Podría pensarse, por ejemplo, en mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo nacionales, con vistas a su incorporación en la zona del euro, en particular, a través del diálogo macroeconómico (3); en mutualizar parcialmente la deuda pública, para poner coto a la especulación; en la emisión de obligaciones europeas por el BEI y el FEI, al objeto de financiar el crecimiento y atraer los excedentes de ahorro globales (4); en la posibilidad de excluir de la deuda pública determinadas inversiones estructurales, necesarias para originar un ciclo virtuoso de crecimiento y, por último, en prestar mayor atención a la política industrial, tanto del lado de los gobiernos nacionales como de los responsables políticos europeos.

2.8

Aunque la responsabilidad de aplicar estas políticas incumbe a los gobiernos de los países miembros, la Comisión debe garantizar su aplicación, en el marco de sus prerrogativas institucionales y de los recursos presupuestarios de la UE que gestiona, contribuyendo, de este modo, a contrarrestar los desequilibrios y las divergencias territoriales que siguen existiendo.

2.9

Además, el CESE considera que el análisis de la Comisión sobre los aspectos históricos de la UEM no plantea las limitaciones económicas y políticas inherentes a la creación del euro, que son la principal causa de la crisis del euro y de la UE. No deja de sorprender que un análisis sobre la UEM no incluya referencia ni evaluación alguna de los criterios de Maastricht, la unicidad de la política monetaria ni las asimetrías económicas entre países. Tampoco es sostenible la idea de que la única causa de la crisis de 2008 sea la deuda, y no la debilidad política de la UE y de los gobiernos nacionales, considerando, en particular, que desde el origen de la UEM los Estados miembros se han negado sistemáticamente a mantener un debate sobre la coordinación de las políticas fiscales y presupuestarias.

2.10

Sería urgente realizar una unión económica, un gobierno económico de la UE (antes de la unión bancaria o en paralelo), y la Comunicación de la Comisión sienta las bases para ello.

3.1

A corto plazo se presentan y describen siete propuestas, algunas de las cuales ya son conocidas puesto que se refieren a medidas aprobadas recientemente por la UE: el semestre europeo, la legislación relacionada con el paquete de seis propuestas legislativas (conocido como el six-pack) y el two-pack, y la supervisión bancaria confiada al BCE. Son todos ellos pasos importantes, a los que se debe dar plena aplicación, con arreglo a la correspondiente normativa europea y a las recomendaciones específicas por país aprobadas por el Consejo. Las propuestas de la Comisión que el CESE considera más interesantes son las que se presentan a continuación.

3.1.1

La primera es la introducción, a raíz del mecanismo único de supervisión (MUS), de un mecanismo único de liquidación (MUL) para resolver los problemas de los bancos con dificultades. El aspecto más innovador de esta medida es que los costes de resolución serán sufragados por los accionistas y acreedores; «cualquier recurso adicional necesario para financiar el proceso de reestructuración» deberá proceder del propio sector bancario, y no ya de los contribuyentes (5).

3.1.2

La segunda es la introducción de un «instrumento de convergencia y competitividad» dirigido a respaldar las reformas estructurales en los países de la zona del euro. La propuesta describe de manera muy detallada (véase el anexo 1 de la Comunicación) el procedimiento que debe seguirse para adoptar y respetar los acuerdos que darán vida a este instrumento. No se especifica el grado de participación ni el alcance del apoyo financiero del que podrían beneficiarse los Estados miembros, que son dos elementos decisivos para garantizar la sostenibilidad del instrumento, aunque la Comisión se reserva la posibilidad de presentar una propuesta más detallada sobre sus modalidades de aplicación (p. 25 de la Comunicación). En opinión del CESE, este instrumento debería preceder o, al menos, acompañar las reformas estructurales, para atenuar sus efectos negativos. Por otra parte, el CESE subraya que el instrumento de convergencia y competitividad solo podrá ser eficaz, de forma gradual, si se utiliza en coordinación con las acciones y medidas emprendidas a nivel nacional.

3.1.3

Además, parece que la propuesta sobre el marco financiero plurianual se perciba como un castigo destinado a sancionar a quienes no respeten el «pacto entre los Estados miembros y la CE», en vez de como un incentivo destinado a estimular la aplicación de las políticas definidas a escala europea. Las estrictas condiciones macroeconómicas impuestas a los Estados miembros deberían acompañarse de un plan de crecimiento y desarrollo de nuevas oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, elaborado con la participación activa de los interlocutores sociales y de la sociedad civil.

3.1.4

El papel más activo de la UE y del euro en la gobernanza de los organismos monetarios internacionales y el refuerzo de la capacidad de representación exterior del euro es uno de los aspectos más importantes planteados por la Comisión, así como por el CESE en un gran número de dictámenes, para dar más peso y fuerza decisoria a la UE y a la moneda única en la gobernanza monetaria internacional. Sin embargo, la Comisión no explica las dificultades que plantea esta propuesta, tanto dentro como fuera de la zona del euro, debido a la actitud desfavorable de la administración norteamericana (pero también británica) respecto del aumento del peso del euro (y la correspondiente reducción del peso del dólar) y de las diferencias que siguen existiendo entre los países de la zona del euro en cuanto a la defensa de intereses económicos y políticos específicos en muchos países en desarrollo que se benefician de la ayuda del FMI.

3.2

A medio plazo , las propuestas se refieren esencialmente a la creación de un fondo de amortización de la deuda (FAD), sometido a estrictas condiciones para limitar el riesgo moral, así como la creación de un nuevo instrumento de la deuda soberana para la zona del euro (Eurobills). Hace ya tiempo que estas propuestas son objeto de debate en las principales instituciones de la UE y en los Estados miembros. El CESE también ha destacado ya en varias ocasiones en sus dictámenes la necesidad de recurrir a las obligaciones europeas (Union Bonds) para mutualizar parcialmente la deuda, como instrumento adicional para facilitar en la zona del euro la financiación de la deuda soberana por los países más endeudados, así como para reducir el coste del servicio de la deuda (6).

3.2.1

Sin embargo, el CESE hubiera preferido que la Comisión presentara una propuesta propia o que se refiriera a las propuestas formuladas anteriormente por el CESE, por los ministros de economía de la UE, etc., aunque reconoce los méritos de la propuesta del Consejo alemán de expertos económicos, que se recoge en el documento de la Comisión.

3.2.2

Sin embargo, el énfasis puesto en el FAD no tiene en cuenta que gran parte del éxito de la política de reducción de la deuda soberana, en esta óptica, no solo depende de los progresos realizados en la reducción del gasto público, sino, sobre todo, del crecimiento de la renta. Ésta es la dirección que hay que seguir, aunque no la única, y durante un periodo de tiempo mucho más largo que el medio plazo, para lograr que la proporción entre la deuda y el PIB se mantenga por debajo del umbral requerido por Maastricht. La mejor propuesta quizá siga siendo la de los Union bonds, como ya ha expuesto detalladamente el Comité (7). Naturalmente, el problema no estriba en el instrumento técnico que se debe usar, sino más bien en la solución que se debe aportar.

3.2.3

Además, la propuesta en su conjunto sigue la lógica del pacto de estabilidad en lo que se refiere a las obligaciones de los Estados miembros, y no introduce ninguna innovación que suponga un cambio de orientación de dichas políticas, que no pueden seguir en la misma dirección.

3.3

A largo plazo , que es la parte menos desarrollada del documento de la Comisión, se prevé que la UEM evolucione hacia la culminación de la unión bancaria, fiscal y económica. El CESE aprueba claramente dichos objetivos, siempre y cuando se definan las modalidades necesarias para su realización. El CESE está de acuerdo en que se llegue a la completa integración de las políticas económicas de los Estados miembros, sobre todo en el ámbito fiscal y económico, y a un presupuesto único de la UE dotado de recursos financieros propios y de una capacidad tributaria autónoma.

3.3.1

En cuanto a los aspectos institucionales, la Comunicación se limita a describirlos, indicando la base para construir una unión económica y monetaria reforzada en su arquitectura jurídica y el gobierno de las principales políticas económicas, pero no dice nada de las condiciones macro y microeconómicas necesarias para garantizar la viabilidad de las propuestas a largo plazo.

3.3.2

El CESE considera que un objetivo tan ambicioso podría logarse si se entablara una cooperación reforzada dirigida hacia una Unión política. Este proceso podría facilitarse si en el contexto macroeconómico internacional se llevaran a cabo las reformas que, hasta ahora, solo se han realizado parcialmente, en relación con las normas de funcionamiento de los mercados crediticios y financieros, los mecanismos de supervisión macroprudencial y microprudencial y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos (a partir de los déficit de los Estados Unidos y de los excedentes chinos) que han alimentado la crisis financiera. Si no se realizan progresos significativos en esta dirección, resultará difícil evitar la repetición de otras crisis económicas y financieras.

4.1.1

El CESE valora positivamente el intento de la CE de paliar el actual «déficit democrático» de que adolece la UE. También coincide en que el principal problema es el de la transferencia de soberanía. Se trata, pues, de iniciar un proceso de unión política integrador, que permita gestionar en común algunas de las políticas «soberanas» que siguen siendo competencia nacional, a través de un proceso decisorio más transparente y democrático, al objeto de dar una voz única y un «gobierno» europeo al euro, que es el segundo pilar de la UEM que aún falta.

4.1.2

A este respecto, el CESE considera que:

4.1.3

El problema no reside tanto en las dificultades de asociar al PE, sino más bien en la creación de un proceso decisorio común entre los países de la zona del euro y la posterior participación del PE. Lo que ya no se puede aceptar es que se mantengan políticas económicas e industriales independientes para cada Estado y una política monetaria común, una situación que penaliza la economía de los países más débiles, a falta de instrumentos de compensación.

4.2.1

El CESE considera positivo que el PE se asocie al debate sobre las propuestas relativas al crecimiento y que también participen los parlamentos nacionales. Lo mismo debería ocurrir para los programas de ajuste, en vez de limitarse a una simple «información». Sin embargo, se permanece en el nivel de los procedimientos formales, muy lejos de lo que debería hacerse en el proceso decisorio de la UE.

4.2.2

En cambio, las propuestas relativas a los partidos políticos sí son innovadoras, al afirmar que los partidos no solo deberían ser europeos en teoría sino también en la práctica, y actuar como una estructura europea única y no como la suma de órganos nacionales, como siguen haciendo los Estados miembros u otras asociaciones (sindicatos, asociaciones de empresarios, etc.).

4.2.3

Convendría que no solo los partidos, como propone la CE, sino también las otras grandes organizaciones europeas (por ejemplo, los sindicatos, las asociaciones de empresarios, etc.), al menos en la zona del euro, se organizaran y actuaran con un enfoque común, europeo, no nacional, de cara a las elecciones de 2014.Se daría así un extraordinario paso adelante, aunque no sería suficiente. Sería en cualquier caso un buen ejemplo para todos.

4.2.4

Con motivo de las elecciones, convendría dar al Parlamento Europeo un poder constituyente que le permita (junto al Consejo), dentro de un plazo fijado previamente, mostrar el camino hacia una Unión política, extendiendo el voto por mayoría a todos los ámbitos y el derecho de voto del Parlamento Europeo también a los ámbitos del crecimiento y el empleo.

4.3.1

El CESE es partidario de agrupar y unificar las políticas económicas y de empleo, ya que son las dos caras de una misma moneda, aunque se trate de un problema económico, y no jurídico. Sin embargo, se necesita un proceso decisorio común para todas las políticas económicas, que ponga en común la Estrategia Europa 2020, la coordinación de los presupuestos nacionales, las políticas macroeconómicas y microeconómicas, el mercado laboral de la zona del euro, etc. para ir más allá del actual sistema decisorio. No cabe imaginarse que para cambiar la UEM sea suficiente que el PE cree una comisión ad hoc.

4.3.2

Igualmente, parece confuso sugerir que la situación actual mejorará otorgando al vicepresidente encargado de las políticas económicas un poder de coordinación de la UEM, incluso en colaboración con el PE. Sirva de ejemplo, a este respecto, el caso de la política exterior. Para ello se necesitaría dar un verdadero poder al comisario o, en su caso, a un ministro.

4.3.3

Una cuestión tan importante no puede resolverse con maniobras jurídicas o parlamentarias formales. Sería necesario, en primer lugar, aceptar una transferencia de la soberanía en cuestiones de política económica, monetaria y de empleo del nivel nacional al nivel europeo, como ha propuesto ya el CESE en varias ocasiones. Debería instaurarse un «gobierno económico» de la zona del euro, a cargo del Eurogrupo, que dispusiera de poder de decisión y voto por mayoría, junto al PE, procediendo a las oportunas modificaciones del Tratado. Esto debería realizarse sin demora, con la misma urgencia con la que se adoptó el pacto presupuestario, la unión bancaria, etc., y permitiría realizar un mercado único para las políticas económicas, industriales, el crecimiento y el empleo, con una visión común y decisiones solidarias entre países, en interés de los ciudadanos de la UE.

4.4.1

El CESE valora positivamente todas las propuestas relativas a la representación exterior de la zona del euro. Se trata de un punto clave de la Comunicación, dadas las repercusiones internacionales de la crisis y la relación entre las monedas. Actualmente, el euro es como la «olla de barro frente a las ollas de hierro». La estrategia elaborada por la CE para consolidar la presencia de la zona del euro en el FMI consiste, en una primera fase, en concederle un estatuto de observador y, solo en una segunda fase, en solicitar un escaño único. Se trata de planteamientos a largo plazo, que debilitan la zona del euro, que sin embargo debería hablar cuanto antes con una sola voz en los distintos organismos, como ha señalado ya el CESE en repetidas ocasiones. Por ello, pese a ser realistas, las propuestas de la Comisión son aún tímidas e insuficientes a corto y medio plazo. Aquí también, todo dependerá de lo que haga el Consejo.

4.5.1

El planteamiento adoptado en relación con el BCE resulta insuficiente. Además, el CESE no está de acuerdo con la afirmación según la cual el Tratado tenga que abordar «el refuerzo de la responsabilidad democrática en el BCE», puesto que el BCE es un organismo en el que las decisiones se toman por mayoría (no es así en el Consejo). Por otra parte, los problemas y el papel del BCE son de otra naturaleza, y no se puede tratar únicamente la supervisión, como parece hacer la Comunicación de la Comisión. Se refieren a la duración de su mandato, al crecimiento y al empleo, así como a la estabilidad y la inflación.

4.5.2

Con esta perspectiva, es necesario asegurarse del buen funcionamiento de los mecanismos que permiten a las políticas del BCE trasladarse a la economía real. Las intervenciones no convencionales realizadas recientemente por el BCE para dar mayor eficacia a estos mecanismos, consistentes bien en proporcionar liquidez al sistema bancario (programas de adquisiciones de bonos garantizados (CPBB) y de refinanciación a largo plazo (LTRO)) o en adquirir títulos del Estado en el mercado secundario (programas para mercados de valores (SMP) y operaciones monetarias de compraventa (OMT)), pueden considerarse como un primer paso en la buena dirección, pero no permiten aún al BCE actuar como prestamista de última instancia capaz de tomar sus propias decisiones de manera autónoma cuando sea necesario, una función que, como es sabido, requiere modificar los Tratados.

4.5.3

Es preciso reforzar la autonomía decisoria y los instrumentos de intervención del BCE en relación con su función de prestamista de última instancia, no para aumentar la deuda de los Estados o de la UE sino para dar mayor credibilidad al euro y para contrarrestar los ataques especulativos que arremeten contra la deuda soberana de los países más endeudados. En lo que respecta, en particular, a los efectos producidos por las intervenciones del BCE en la sostenibilidad de la deuda soberana, el CESE recuerda que el anuncio de esta actuación por sí solo contribuyó a apaciguar las tensiones, tanto en el mercado de los títulos de la deuda pública de los países de la zona del euro como en los mercados financieros y crediticios.

4.6.1

El CESE considera positivo reforzar el papel del Tribunal de Justicia, pero no en el ámbito propuesto en la Comunicación (procedimiento de infracción de los Estados miembros). En efecto, esto equivale a perpetuar la convicción de que los problemas económicos, deuda incluida, son problemas técnicos o jurídicos, y no problemas políticos que deben tratarse en el contexto de un proceso decisorio democrático y transparente de la UE, cuya soberanía pertenece a los ciudadanos.