Baile José CEPEDA

Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe de iniciativa sobre soberanía digital y tecnológica y sobre infraestructuras digitales europeas, tras un proceso de negociación liderado exclusivamente por la mayoría proeuropea, integrada por el S&D, el PPE, Renew Europe y Los Verdes, y sin ninguna contribución de la extrema derecha.
El informe aprobado envía un mensaje político claro: Europa debe reforzar su soberanía tecnológica, proteger la privacidad y la seguridad digital de los ciudadanos, apostar por energías limpias para el sector digital y preparar el terreno para iniciativas legislativas clave como el Chips Act 2.0, la Ley de Redes Digitales, la Ley de la Nube, la IA y la Ley de Computación Cuántica.
Por ello, desde la delegación socialista española reafirmamos nuestro compromiso con una Europa digital resiliente y democrática, donde la tecnología esté al servicio de las personas y donde la soberanía no signifique aislamiento, sino capacidad de decisión estratégica y protección frente a amenazas externas.

El 28 de diciembre los comerciantes iraníes iniciaron unas manifestaciones con el cierre del Gran Bazar de Teherán con motivo de una inflación que alcanza el 50% y hace inaccesible el acceso a los alimentos. A las movilizaciones se unieron estudiantes y mujeres -que habían liderado protestas anteriores- y que acabaron protestando contra el régimen. El gobierno respondió con una represión brutal: arrestos masivos, un apagón de internet y miles de muertos y detenidos.
Así las cosas, los socialistas hemos apoyado esta resolución que denuncia con firmeza la represión violenta del régimen contra manifestantes pacíficos, las detenciones masivas, los juicios injustos, las ejecuciones y el apagón de comunicaciones. En ella ponemos la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la libertad del pueblo iraní en el centro de la acción europea. Apoyamos una transición democrática libre y solicitamos medidas concretas como sancionar a los responsables de la represión, designar al IRGC como organización terrorista, apoyar la rendición de cuentas internacional, proteger a la sociedad civil y a la diáspora iraní, garantizar herramientas contra la censura y exigir la liberación de presos políticos, el fin de la represión y la abolición de la pena de muerte.