Dichiarazioni di voto scritte Isabel SERRA SÁNCHEZ

Hemos votado en contra de la Posición del Consejo sobre la prórroga de ChatControl 1.0 porque permite el escaneo voluntario de comunicaciones privadas, lo que genera graves riesgos para la privacidad y los derechos fundamentales. Aunque la lucha contra el abuso sexual infantil requiere medidas eficaces, este sistema supone una vigilancia generalizada poco eficaz y con importantes dudas sobre su proporcionalidad. Además, rechazamos la reintroducción de una normativa ya rechazada por el Parlamento mediante una maniobra procedimental que debilita las garantías democráticas. Defendemos una regulación permanente que combata estos delitos con herramientas eficaces y respetuosas con los derechos fundamentales.

Hemos votado en contra del informe sobre el posible componente fiscal del 28.º régimen porque, pese a algunas mejoras, mantiene un enfoque excesivamente centrado en la competitividad empresarial y la movilización de capital privado. El texto abre la puerta a nuevas ventajas fiscales y a medidas como la compensación transfronteriza de pérdidas o un tratamiento favorable de las opciones de compra de acciones, que pueden favorecer la competencia fiscal entre Estados miembros y reducir los ingresos públicos. La simplificación regulatoria no debe convertirse en una vía para facilitar la planificación fiscal agresiva ni debilitar la capacidad de los Estados para financiar servicios públicos.

Nos hemos abstenido porque, aunque la Comunicación reconoce la importancia del Derecho internacional humanitario y la respuesta a las crisis actuales, así como la necesidad de no politizar la ayuda, el texto presenta importantes limitaciones. Menciona la rendición de cuentas por violaciones del Derecho internacional, pero evita abordar responsabilidades concretas. Además, mantiene un enfoque favorable a la participación del sector privado y a mecanismos de financiación innovadores sin suficientes garantías de control democrático. También consideramos insuficiente su respuesta frente a la creciente securitización e instrumentalización geopolítica de la acción humanitaria europea.

Hemos votado en contra de la objeción porque bloquea la aplicación de una medida necesaria para reducir el impacto climático de los biocarburantes con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. La expansión de cultivos destinados a biocombustibles, especialmente soja y palma, contribuye a la deforestación y a la pérdida de ecosistemas sin garantizar reducciones significativas de emisiones. Defendemos la eliminación progresiva de estos combustibles y una transición energética basada en soluciones realmente sostenibles.

Hemos votado en contra de la objeción porque pretende impedir una medida preventiva necesaria para reducir la contaminación por plomo en los ecosistemas acuáticos. El plomo es una sustancia altamente tóxica que afecta a numerosas especies y la prohibición de determinados aparejos permitirá reducir una fuente evitable de contaminación y proteger la biodiversidad marina.

Hemos votado en contra porque el acuerdo profundiza en un modelo comercial basado en la liberalización, la protección de inversiones y el acceso a materias primas estratégicas, con beneficios concentrados principalmente en grandes empresas. Aunque contiene elementos positivos en cooperación política, derechos laborales y sostenibilidad, no incorpora garantías suficientes para proteger la capacidad regulatoria de los Estados, los derechos sociales, el medio ambiente y las comunidades afectadas.

Hemos votado en contra porque la resolución presenta una visión desequilibrada del acuerdo, destacando sus supuestos beneficios económicos y geopolíticos sin analizar suficientemente sus impactos sociales, laborales y ambientales. Consideramos positiva la voluntad de reforzar la relación política con México, pero rechazamos una resolución que legitima un modelo comercial que prioriza la liberalización frente a la soberanía económica y la justicia social.

Votamos en contra porque la Comisión utiliza la fragmentación del acuerdo para permitir la entrada en vigor de la parte comercial sin la ratificación de los parlamentos nacionales y regionales, reduciendo el control democrático. Además, mantiene las principales preocupaciones del acuerdo global: protección reforzada de inversiones, acceso extractivo a materias primas y una liberalización comercial con insuficientes garantías sociales y ambientales.

Hemos votado a favor porque el convenio refuerza la protección penal del medio ambiente estableciendo normas comunes para perseguir y sancionar los delitos ambientales graves. La criminalización efectiva de los daños ambientales, junto con una mayor cooperación internacional, es una herramienta necesaria para combatir la impunidad y proteger los ecosistemas.

Hemos votado en contra porque, aunque el protocolo tiene un carácter meramente técnico para incorporar a Croacia al acuerdo existente, no podemos apoyar un marco jurídico que mantiene la aplicación del Acuerdo de Aviación con Marruecos sobre un espacio aéreo que incluye el Sáhara Occidental ocupado. La UE debe respetar el derecho internacional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este territorio.