Financiación y justicia

Si bien todas las personas poseen el derecho fundamental a vivir y prosperar en una sociedad que garantice su bienestar, la falta de recursos para limitar y adaptarse a los efectos del cambio climático pone fuera del alcance de muchas personas desarrollar una vida digna e incluso su propia supervivencia. Esta es una injusticia flagrante, agravada por el hecho de que los países y comunidades con los recursos más limitados son en su mayoría los que menos han contribuido a causar el cambio climático. La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los países más ricos. Las naciones más pobres, con menos fábricas, automóviles y electrodomésticos que consumen combustibles fósiles, históricamente han emitido solo una pequeña fracción del total.

La Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 sentó las bases para la justicia climática al incorporar un principio histórico: las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio exige que todos tomen medidas frente al cambio climático. Sin embargo, la justicia requiere que aquellos que más han contribuido al problema asuman una mayor responsabilidad para resolverlo. Los grandes emisores deben actuar primero y con rapidez para reducir la contaminación. Además, la justicia depende de que las naciones más ricas proporcionen financiación a los países con recursos limitados, permitiéndoles hacer frente a las enormes cargas financieras que trae consigo el cambio climático.

En muchos aspectos, la financiación climática, cuando es suficiente y se invierte de manera adecuada, conduce a la justicia climática. ¿Cómo puede lograrse esto? 

1. Establecer un nuevo objetivo para la financiación climática

En 2009, los países desarrollados acordaron movilizar 100.000 millones de dólares al año para que los países en desarrollo pudieran adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto incluía fondos canalizados a través de mecanismos bilaterales, regionales y multilaterales, así como fondos privados, utilizando una variedad de herramientas como donaciones, préstamos e incluso seguros.

En 2022, los países desarrollados lograron este objetivo por primera vez, proporcionando un total de 115.900 millones de dólares en financiación climática para los países en desarrollo. Sin embargo, solo una pequeña parte de este total llegó a los países de ingresos bajos y solo alrededor de una cuarta parte se destinó a África. Los préstamos representaron la categoría de financiación más importante, principalmente dirigidos a países de ingresos medios.

En la conferencia sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en París en 2015, los gobiernos decidieron establecer una Nueva Meta Cuantificada Colectiva de financiación climática antes de 2025, con una cantidad de al menos 100.000 millones de dólaresal año, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Se prevé que esta nueva meta sea adoptada en la COP29 en Azerbaiyán en noviembre de 2024.

El nuevo objetivo de financiación canalizaría más fondos hacia medidas climáticas que se necesitan urgentemente en los países en desarrollo. Apoyaría soluciones bajas en carbono y resilientes al clima en sectores como la energía, el transporte y la agricultura, y debería permitir que los países en desarrollo puedan ser más ambiciosos en materia de clima en la próxima ronda de planes climáticos nacionales, que se presentarán en 2025.

La magnitud de la financiación que se necesita es considerable. Las estimaciones indican que los mercados emergentes y los países en desarrollo, excluyendo a China, necesitan cerca de 2,4 billones de dólares al año para 2030 a fin de cumplir con los objetivos climáticos. Esto es cuatro veces más de lo que se invierte actualmente. De esta cantidad, aproximadamente 1 billón de dólares al año deberá provenir de fuentes internacionales de financiación, tanto públicas como privadas.

2. Duplicar la financiación para ayudar a los países a adaptarse a los efectos del cambio climático

Si bien todos los países deben trabajar para lograr emisiones netas cero, cada nación y comunidad también debe adaptarse al cambio climático. La adaptación es la prioridad principal en los países con menores emisiones y una aguda vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, como ocurre en muchos pequeños Estados insulares en desarrollo y países menos adelantados. Construir viviendas resistentes a tormentas, plantar cultivos con tolerancia a la sequía, instalar suministros de agua de calidad e invertir en redes de seguridad social son algunas de las necesidades esenciales de adaptación.

En un momento en el que la mitad de la población mundial vive en "zona de riesgo" climática, donde las personas tienen 15 veces más probabilidades de morir a causa del impacto del cambio climático, el Secretario General ha hecho un llamamiento para duplicar la financiación destinada a la adaptación. Debe distribuirse equitativamente de manera que no imponga restricciones adicionales. Es preocupante que más del 60 % de la financiación para la adaptación implique préstamos en lugar de subvenciones, una proporción que ha ido en aumento. 

La adaptación climática se está volviendo más costosa a medida que los efectos del cambio climático se intensifican. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países podrían necesitar destinar hasta 387.000 millones de dólares al año para 2030, y significativamente más para 2050. 

A pesar de estas necesidades y de las promesas hechas en la COP26 en Glasgow para duplicar la financiación para la adaptación a alrededor de 40.000 millones de dólares al año para 2025, los flujos financieros públicos multilaterales y bilaterales en los países en desarrollo disminuyeron un 15 % en 2021, alcanzando solo 21.000 millones de dólares. Las necesidades de financiación para la adaptación son ahora entre 10 y 18 veces mayores que los flujos actuales de financiación pública internacional para la adaptación.

3. Reformar el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo para que cumplan su propósito

El sistema actual de préstamos a países para el desarrollo sostenible y la acción climática está fallando. El Secretario General ha descrito el sistema financiero internacional como "corto de miras, propenso a crisis y sin relación con la realidad económica actual", señalando que fue creado antes de que existiera el cambio climático.

El Pacto para el Futuro, adoptado por líderes mundiales en septiembre de 2024, constituye el acuerdo más detallado en la historia de la Organización de las Naciones Unidas sobre la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional para que represente y sirva mejor a los países en desarrollo.

Las injusticias del sistema financiero internacional tienen impactos profundos. Incluso si muchos países desean invertir en acciones climáticas que beneficien al mundo en su conjunto, muchos no pueden permitírselo. Actualmente, 52 países en desarrollo se enfrentan a graves problemas de deuda. Estos albergan al 40 % de todas las personas que viven en la pobreza extrema; la mitad de estos países están entre las naciones más vulnerables al cambio climático.

Los altos costes de financiación son en gran medida responsables de las cargas insostenibles de deuda nacional. Incluso antes del reciente aumento de los tipos de interés, los países menos adelantados que pedían préstamos en mercados internacionales de capital se enfrentaban a tipos de hasta el 8 %, en comparación con el 1 % en muchos países más ricos. En términos de financiación climática, esto puede traducirse en costes adicionales que agravan los ya elevados requerimientos de la acción climática. Entre 2019 y 2020, más del 60 % de la financiación climática implicó fondos prestados, alrededor de 384.000 millones de dólares, mientras que solo 47.000 millones provinieron de préstamos de bajo coste o con tipos de interés concesionales. La financiación sin coste, basada en donaciones, ascendió únicamente a 36.000 millones de dólares.

El Secretario General ha instado a reformar el sistema financiero internacional para que la asistencia económica destinada al clima y al desarrollo sea más asequible, adecuada y acorde con la magnitud de la crisis climática. Ha propuesto un estímulo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aumente la financiación para el desarrollo sostenible en al menos 500.000 millones de dólares al año. En colaboración con la primera ministra de Barbados, el Secretario General impulsó la Iniciativa de Bridgetown, que aboga por canalizar miles de millones del Fondo Monetario Internacional, bancos multilaterales de desarrollo y el Plan de Estímulo para los ODS hacia los países en desarrollo, movilizando asimismo más de 1,5 billones de dólares anuales en inversiones verdes del sector privado.

4. La movilización de financiación para pérdidas y daños

Los fondos destinados a la adaptación ayudan a prepararse y mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, las pérdidas y daños son inevitables, y afectan de manera desproporcionada e injusta a los países en desarrollo más vulnerables. Las olas de calor prolongadas, la desertificación, la acidificación de los océanos y los eventos extremos como incendios forestales y las malas cosechas ya están ocurriendo y se prevée que empeorarán con el tiempo, destruyendo infraestructuras y extenuando economías ya frágiles. Algunos países perderán grandes porciones de tierra debido al aumento del nivel del mar.

La financiación específicamente destinada a pérdidas y daños ayuda a cubrir el impacto del clima que ocurren incluso si los países se adaptan y se preparan adecuadamente con antelación. Se puede recurrir a diversas herramientas económicas. El Secretario General ha propuesto impuestos sobre las ganancias extraordinarias de los combustibles fósiles como una opción. Los intercambios de deuda, en los cuales se perdona una deuda existente a cambio de que los fondos se destinen a respuestas climáticas, ofrecen otra alternativa.

En 2022, las negociaciones climáticas de la ONU acordaron crear un Fondo para Pérdidas y Daños. En 2023, los países pusieron en marcha el fondo, que está alojado en el Banco Mundial, con promesas iniciales de casi 700 millones de dólares para comenzar a nutrir el fondo. 

Ahora, los países desarrollados deben aportar mucha más financiación para llenar este fondo. Un análisis de 2023 estimó que, entre 2000 y 2019, el mundo sufrió al menos 2,8 billones de dólares en pérdidas y daños debido al cambio climático, lo que equivale a un coste de aproximadamente 16 millones de dólares por hora.

El Secretario General de la ONU ha descrito la acción sobre pérdidas y daños como una cuestión de solidaridad internacional y justicia climática.

5. Protección de todas las personas ante los desastres climáticos con sistemas de alerta temprana para 2027

Cuando los desastres se avecinan, los sistemas de alerta temprana salvan vidas. Sin embargo, solo la mitad de los países cuentan con ellos. A medida que se intensifican los fenómenos meteorológicos y climáticos peligrosos, el Secretario General ha lanzado una iniciativa para garantizar que todos estén cubiertos por estos sistemas a más tardar en 2027. Esto es más factible que nunca, dado que el 75 % de las personas tienen un teléfono móvil y el 95 % puede acceder a Internet. Es también más necesario ya que los desastres han aumentado cinco veces en los últimos 50 años, causando una pérdida promedio de 115 vidas y 202 millones de dólares diariamente.

Los sistemas de alerta temprana no solo garantizan los derechos humanos a la vida y la seguridad, sino que también son altamente rentables. La Comisión Global de Adaptación estimó que un aviso con 24 horas de antelación ante un desastre inminente puede reducir los daños en un 30 %. Invertir 800 millones de dólares en estos sistemas en países en desarrollo evitaría pérdidas de entre 3000 y 16.000 millones de dólares anuales.

Teniendo esto en cuenta, la iniciativa Alerta Temprana para Todos aboga por destinar 3.100 millones de dólares entre 2023 y 2027 para lograr una cobertura universal. Esto equivale a solo 50 centavos por persona al año. Para acelerar dicha acción, las Naciones Unidas se asocian con la Cruz Roja, la sociedad civil, empresas tecnológicas, gobiernos donantes, bancos de desarrollo y el sector de los seguros.