Esta ficha temática explica las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, que se han tensado fuertemente desde la anexión ilegal de Crimea por Rusia de 2014, su invasión y ocupación de determinadas zonas de la región de Dombás (Ucrania), sus políticas de desestabilización en toda la región, sus operaciones de desinformación e injerencia y sus violaciones de los derechos humanos. La invasión ilegal a gran escala de Ucrania por Rusia de 2022 dio lugar a la suspensión de toda la cooperación política, cultural y científica restante y a sanciones internacionales y de la Unión sin precedentes.
Base jurídica
- Tratado de la Unión Europea: título V (acción exterior);
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: artículos 206 y 207 (comercio) y artículos 216 a 219 (acuerdos internacionales);
- Acuerdo de colaboración y cooperación (relaciones bilaterales).
Las relaciones UE-Rusia
Hasta las protestas del movimiento Maidán en Ucrania de noviembre de 2013, la Unión y Rusia habían estado construyendo una asociación estratégica basada en el diálogo político, la integración económica y la cooperación en los asuntos mundiales. Las negociaciones, que se iniciaron en 2008, buscaban celebrar un nuevo acuerdo que englobara el comercio, la energía, la acción por el clima, la investigación, la cultura y la seguridad, mientras que la Asociación para la Modernización de 2010 se diseñó para promover la reforma, la innovación, y unos vínculos económicos más estrechos. La Unión también apoyó la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se completó en 2012.
Esta trayectoria llegó bruscamente a su fin en 2014, cuando Rusia comenzó su invasión inicial de Ucrania al anexionar ilegalmente Crimea e invadir determinadas zonas de la región de Dombás, en el este de Ucrania. Tales agresiones socavaron radicalmente la base de la cooperación y propiciaron una reevaluación exhaustiva de la política de la Unión respecto a Rusia.
En respuesta, la Unión introdujo las primeras medidas restrictivas contra Rusia, entre las que figuran la congelación de activos y la prohibición de entrada en la Unión a responsables y representantes rusos que estén implicados en la socavación de la soberanía de Ucrania. Se suspendieron las cumbres UE-Rusia, se congelaron las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de cooperación, y se revocó la participación de Rusia en el G8. Posteriormente, se impusieron sanciones sectoriales de mayor alcance que afectaban al comercio, las finanzas, la energía y la defensa.
En 2016 se definió a Rusia como «un reto estratégico clave» en la estrategia de seguridad global de la Unión, lo que alentó al Consejo a adoptar cinco principios rectores: 1) la aplicación de los Acuerdos de Minsk sobre un alto el fuego del conflicto en el este de Ucrania como condición básica con vistas a cualquier cambio sustancial de la posición de la Unión frente a Rusia; 2) la consolidación de las relaciones con los socios orientales de la Unión y otros países vecinos, incluidos los de Asia central; 3) el fortalecimiento de la resiliencia de la Unión (por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad energética, las amenazas híbridas o la comunicación estratégica); 4) compromisos selectivos con Rusia en cuestiones de interés para la Unión; 5) la necesidad de establecer contactos interpersonales y respaldar a la sociedad civil rusa.
La invasión a gran escala de Ucrania por Rusia de 24 de febrero de 2022 constituyó otro punto de inflexión en las relaciones UE-Rusia y conllevó una redefinición radical de la política de seguridad de Europa. La Unión ha condenado con la mayor firmeza posible la guerra de agresión no provocada, injustificada e ilegal de Rusia contra Ucrania, así como los ataques deliberados contra la población y las infraestructuras civiles, y las tentativas de anexionar territorio ucraniano por medio de falsos referéndums en las zonas ocupadas. También continúa solicitando la retirada inmediata e incondicional del conjunto de las fuerzas rusas de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y subraya que Rusia es plenamente responsable de su violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho internacional. La Unión ha condenado la utilización de los alimentos como arma por Rusia en la guerra contra Ucrania y la crisis mundial de seguridad alimentaria que Rusia ha desencadenado de esta manera.
En marzo de 2022, la Unión adoptó su Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, en la que se determinaba que Rusia representa «una amenaza directa y a largo plazo para la seguridad europea», lo que supuso una brecha rotunda en las relaciones UE-Rusia mantenidas desde 2016. El Concepto Estratégico de la Alianza, adoptado en junio de 2022, coincidió al referirse a la Federación de Rusia como «la amenaza más importante y directa para la seguridad de los Aliados y para la paz y la estabilidad en el área euroatlántica». Por consiguiente, desde 2022, el planteamiento adoptado por la Unión con respecto a Rusia se ha regido por los siguientes principios: 1) se debe aislar a Rusia a escala internacional y se le deben imponer sanciones para impedirle librar la guerra; 2) la comunidad internacional debe garantizar la rendición de cuentas obligando al Estado ruso, a los autores individuales y a los cómplices a que asuman responsabilidades por las violaciones del Derecho internacional y los crímenes de guerra cometidos en Ucrania; 3) los países vecinos de la Unión deben recibir apoyo, también a través de las políticas de ampliación de la Unión, al igual que debe ayudarse a los socios de todo el mundo para hacer frente a las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; 4) debe apoyarse una estrecha cooperación con la OTAN y los socios de todo el mundo para defender el orden internacional basado en normas; 5) debe reforzarse la resiliencia de la Unión, en particular en materia de seguridad energética e infraestructuras críticas, y deben combatirse las amenazas cibernéticas e híbridas, la manipulación de la información y las injerencias de Rusia; 6) la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes deben recibir apoyo dentro y fuera de Rusia, al tiempo que se gestionan las amenazas a la seguridad y el orden público en la Unión.
En respuesta a la invasión rusa, los Estados miembros de la Unión adoptaron rápidamente sanciones de un rigor sin precedentes y en estrecha cooperación con sus socios, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. Desde el 24 de febrero de 2022, la Unión ha ampliado enormemente las medidas sectoriales restrictivas mediante veinte paquetes de sanciones sucesivos contra Rusia (hasta mayo de 2026), y ha añadido un número significativo de personas y entidades a la lista de sanciones con el objetivo de intensificar aún más la presión sobre Rusia para que esta ponga fin a la guerra. Con las medidas restrictivas se persigue debilitar las bases económicas de Rusia, al privarla de tecnologías y mercados esenciales y reducir en gran medida su capacidad bélica.
La rápida sucesión de los veinte paquetes de sanciones de la Unión contra Rusia, en lo que ya se ha denominado «revolución de las sanciones», ha dado lugar a un conjunto de medidas sin precedentes dirigidas contra los sectores esenciales de la economía rusa y las élites políticas del país. Cada paquete de sanciones ha modificado y ampliado gradualmente el alcance de los regímenes de sanciones adoptados a partir de 2014, con la adición de un nuevo régimen que prohíbe las importaciones en la Unión de productos procedentes de los territorios anexionados ilegalmente de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. Los paquetes de sanciones se han diseñado para ser duros y tener efectos de gran alcance en los sectores financiero, energético, tecnológico, de transporte y espacio aéreo, de consultoría y radiodifusión, así como en los sectores del metal, el lujo y otros productos. Las prohibiciones de exportación afectan aproximadamente al 54 % de las exportaciones a Rusia anteriores a la guerra, mientras que las prohibiciones de importación abarcan el 58 % de las importaciones anteriores a la guerra. Además, la Unión impuso aranceles a los productos agrícolas y fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia en marzo de 2025. En la clasificación de los principales socios comerciales de la Unión, Rusia pasó del quinto puesto en 2021 al decimoquinto en 2024. Además de las sanciones económicas e individuales, se impusieron posteriormente sanciones diplomáticas, incluida la suspensión de la facilitación de visados entre la Unión y Rusia. Junto con otros miembros de la OMC, la Unión Europea acordó denegar el trato de nación más favorecida a los productos y servicios rusos en los mercados de la Unión. Los preparativos para el vigesimoprimer paquete de sanciones están en marcha. Se espera que este próximo paquete se centre en mayor medida en la «flota clandestina» de Rusia, las instituciones financieras, las empresas militares e industriales y las empresas que participan en el comercio de cereal ucraniano robado.
Desde finales de mayo de 2026, en las listas de sanciones figuran más de 2 700 personas y entidades. Entre las personas sancionadas se encuentran el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, los 351 miembros de la Duma de Estado que respaldaron el reconocimiento de los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk, responsables y personal militar de alto rango, agentes de desinformación, los responsables de los ataques con misiles contra civiles y las infraestructuras civiles críticas y de la deportación ilegal, el traslado forzoso y la adopción ilegal de niños ucranianos, así como por su militarización y adoctrinamiento ideológico. En la lista de sanciones también se ha incluido a varios miembros de alto nivel de la organización mercenaria del Grupo Wagner.
Tras la muerte de Alexéi Navalni, líder de la oposición rusa y galardonado con el Premio Sájarov, en una prisión siberiana en febrero de 2024, y en respuesta a la creciente represión política en Rusia, el 27 de mayo de 2024 el Consejo estableció un nuevo régimen de sanciones contra personas y entidades responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos, de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Rusia. El nuevo régimen complementa el exhaustivo régimen de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos, lo que permite a la Unión decidir nuevas medidas específicas para Rusia en respuesta a las violaciones de los derechos humanos y la represión interna en el país. A mayo de 2026, se ha sancionado a 135 personas y 37 entidades, incluidos jueces, fiscales y miembros del poder judicial que desempeñaron un papel clave en el encarcelamiento y el asesinato de Alexéi Navalni.
El 8 de octubre de 2024, el Consejo aprobó un nuevo régimen de sanciones en respuesta a los esfuerzos desestabilizadores de Rusia a escala mundial y de la Unión por socavar los procesos democráticos, instigar o apoyar las manifestaciones violentas, intimidar a los críticos, manipular la información y llevar a cabo ciberataques o sabotajes contra infraestructura crítica.
En mayo de 2025, el Consejo amplió el ámbito de aplicación de sus medidas restrictivas autónomas para incluir activos tangibles como los buques, las aeronaves, los bienes inmuebles y componentes de la red de comunicaciones, así como las transacciones en las que participen proveedores de servicios financieros y de criptoactivos. En la lista de sanciones hay 69 personas y 19 entidades.
La Unión también ha intensificado la ejecución de estas sanciones para evitar su elusión por medio de terceros países. Las medidas se centran en la reexportación de productos de doble uso, componentes críticos y tecnologías avanzadas. Además del cierre del espacio aéreo y puertos de la Unión para todas las aeronaves y buques rusos, existen provisiones específicas para hacer frente a la creciente «flota clandestina» de buques rusa utilizada para eludir sanciones, en particular las prohibiciones de entrada en los puertos, las restricciones de prestación de servicios, y el control más estricto de las ventas de buques a terceros países. El número total de buques sancionados asciende a más de 600.
Para favorecer la ejecución, el 9 de junio de 2023, el Consejo añadió el incumplimiento de las sanciones de la Unión a la lista de eurodelitos. Esto permitió a los Estados miembros armonizar las sanciones penales y mejorar la cooperación en lo que respecta a la investigación y el enjuiciamiento del incumplimiento de estas sanciones.
En septiembre de 2022, los Estados miembros de la Unión suspendieron totalmente el acuerdo de facilitación de visados entre la Unión y Rusia de 2007. Si bien se publicaron unas directrices para aplicar la suspensión de los visados a fin de garantizar que tal suspensión no afectase a aquellas personas que necesitan protección y a las que viajan para atender fines esenciales, como periodistas, disidentes y representantes de la sociedad civil, en noviembre de 2025, la Comisión aprobó unas normas más estrictas en materia de visados como consecuencia del aumento del riesgo para la seguridad derivado de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, lo que incluye la instrumentalización de la migración, los actos de sabotaje y el potencial uso indebido de los visados.
A modo de represalia, el Gobierno ruso señaló como estados «poco amistosos» a todos los Estados miembros de la Unión, el Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones que cuentan con un plan de sanciones contra Rusia. Las contramedidas restringen actualmente un gran número de transacciones comerciales y financieras con personas y entidades de estas naciones.
El 31 de marzo de 2022, las autoridades rusas ampliaron de manera significativa su «lista negra» para incluir «a los máximos dirigentes de la Unión, a varios comisarios europeos y jefes de organismos militares de la Unión, así como a la abrumadora mayoría de los diputados al Parlamento Europeo», denegándoles el derecho de entrar en territorio ruso. Esta lista no está publicada oficialmente, por lo que no existe ninguna posibilidad de recurso legal, al contrario de lo que sucede con la prohibición de viajar que aplica la Unión. La lista negra rusa incluye, asimismo, a funcionarios de alto nivel de los Gobiernos de algunos Estados miembros de la Unión y diputados a Parlamentos nacionales, así como personalidades públicas y de los medios de comunicación.
Habida cuenta de la violación persistente por Rusia del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, la Unión sigue apoyando los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos, incluido el crimen de agresión, así como por los enormes daños causados. Las bases jurídicas de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania fueron establecidas por la Comisión, el Consejo de Europa y Ucrania en febrero de 2025. El Tribunal, constituido formalmente el 25 de junio de 2025, investigará y perseguirá los delitos de agresión de Rusia contra Ucrania perpetrados por la dirección política y militar de la Federación de Rusia y sus aliados, en particular Bielorrusia. En mayo de 2026, la Comisión Europea también ratificó, en nombre de la Unión, el Convenio por el que se establece una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, que será responsable de revisar, evaluar y determinar las reclamaciones de indemnización por los daños, pérdidas o perjuicios causados por Rusia a Ucrania y al pueblo ucraniano. También será responsable de determinar el importe de la indemnización debida en cada caso. El Registro de Daños Causados por la Agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania se abrió de forma oficial el 2 de abril de 2024 para la presentación de solicitudes, lo que constituye un primer paso hacia la aplicación del mecanismo de indemnización. En Ucrania se han abierto más de 140 000 investigaciones de crímenes de guerra desde el inicio de la invasión a gran escala. Se dotó a Eurojust de nuevas facultades para preservar, analizar y almacenar pruebas con el fin de facilitar la investigación ulterior de crímenes de guerra, actos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Ucrania. En 2023 se puso en marcha el Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania en Eurojust, con el equipo conjunto de investigación de la Unión.
El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de detención contra el presidente Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria de Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación de Rusia, confirmando que existen motivos razonables para creer que ambos son responsables penales de la deportación ilegal y el traslado de niños ucranianos desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia. El 5 de marzo de 2024, la CPI emitió órdenes de detención contra dos altos mandos militares rusos.
La Unión también trabaja en estrecha coordinación con los socios del G7 para garantizar que los ingresos procedentes de los activos soberanos congelados de Rusia contribuyan a los esfuerzos de reconstrucción y a los gastos militares de Ucrania, de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión. De los 260 000 millones EUR de activos del Banco Central de Rusia en todo el mundo, 210 000 millones EUR están inmovilizados dentro de la Unión. En mayo de 2024, el Consejo aprobó un marco jurídico que permite que los ingresos generados por estos activos se utilicen para apoyar a Ucrania. En octubre de 2024, los países del G7 alcanzaron un acuerdo sobre el uso de los ingresos extraordinarios generados por los activos para el servicio y el reembolso de un préstamo para la aceleración de los ingresos extraordinarios de 50 000 millones USD a Ucrania, que contará con una contribución de 18 100 millones EUR por parte de la Unión. Paralelamente, el complejo debate sobre la legalidad y los riesgos conexos sobre el uso del capital principal continúa entre los Estados miembros. En su lugar la Unión adoptó, en abril de 2026, un préstamo de apoyo de 90 000 millones EUR para Ucrania para el período 2026-2027, que se financiará mediante empréstitos conjuntos en los mercados de capitales y estará respaldado por el presupuesto de la Unión. Ucrania es legalmente responsable de pagar el principal del préstamo solo si Rusia le paga reparaciones de guerra.
Bajo el mandato de Vladímir Putin, y especialmente a partir de 2012, el espacio para la acción individual y colectiva ha disminuido de manera gradual pero sistemática mediante restricciones legislativas y la intimidación selectiva de los críticos. A lo largo de los años, las autoridades rusas han introducido restricciones legales generales contra «agentes extranjeros» y organizaciones «indeseables» y «extremistas», dirigidas contra cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), mientras que la censura a los medios de comunicación, internet y las redes sociales ha aumentado significativamente. Se ha designado como «agentes extranjeros» a agentes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos y periodistas independientes, a quienes se ha acosado y encarcelado, se han clausurado organizaciones de defensa de los derechos humanos y se han restringido las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación. El periodismo de investigación objetivo también ha sido atacado, mientras que los medios controlados por el Estado han promovido incansablemente una imagen de «fortaleza asediada» sometida al ataque del «Occidente colectivo». La libertad académica también se ha visto drásticamente restringida.
Además, las elecciones parlamentarias de 2016 y 2021 y las elecciones regionales y locales de septiembre de 2022 se celebraron en un entorno político y mediático restrictivo, lo que derivó en una victoria significativa para el partido de Putin, Rusia Unida. Los observadores electorales (hasta 2016) y los medios de comunicación independientes constataron que las elecciones seguían incumpliendo los estándares internacionales y quedaban desvirtuadas por el fraude, la movilización en los lugares de trabajo, la exclusión sistemática de la oposición y otras irregularidades. En septiembre de 2023, la Federación de Rusia celebró elecciones regionales, también en los territorios ocupados de Ucrania, que la Unión condenó y consideró ilegales e ilegítimas. Los observadores electorales de las organizaciones de defensa de los derechos de los votantes de Russian Election Monitor y Golos declararon que fueron aún menos justas y libres que las elecciones anteriores. El derecho de voto de los ciudadanos rusos se ha deteriorado hasta el punto de que estas elecciones pueden considerarse carentes de verdaderos principios democráticos.
Tras obtener su cuarto mandato presidencial en 2018, Vladímir Putin impulsó en 2020 enmiendas constitucionales que le permitían permanecer en el poder después de 2024 (en teoría hasta 2036). En marzo de 2024, Vladímir Putin ganó su quinto mandato presidencial, al obtener el 87,28 % de los votos, con una participación del 77,44 % de las personas con derecho a voto, en unas elecciones que se consideraron antidemocráticas. Estas «elecciones» presidenciales se celebraron en un entorno muy restringido y bajo fuerte propaganda. La Unión Europea hizo pública una declaración sobre las elecciones presidenciales rusas en la que reiteraba que no reconocía, ni reconocerá nunca, ni la celebración de estas denominadas «elecciones» en los territorios de Ucrania ni sus resultados. El entonces vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, declaró que las elecciones se basaron en leyes represivas y estuvieron marcadas por la ausencia de competencia creíble y medios de comunicación independientes, por la detención y persecución arbitrarias de líderes de la oposición política, representantes de la sociedad civil y periodistas, así como por la muerte repentina de Alexéi Navalni, detenido en una de las colonias penales más duras de Rusia. Además, era la segunda vez consecutiva que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no había podido observar las elecciones en la Federación de Rusia (tras las elecciones parlamentarias de 2021).
Tras una década de reducción de la esfera pública bajo el mandato de Vladímir Putin, se abrió una nueva espiral de represión política interna que comenzó con el regreso de Alexéi Navalni a Rusia en enero de 2021 y que ha aumentado drásticamente desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022. Cualquier disenso o desviación respecto a la versión oficial de los hechos se ve penalizada, y se han criminalizado aún más las voces críticas en la sociedad. El Índice de Democracia de 2024 elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU) describe a Rusia como un «régimen autoritario», que ocupa el puesto 150 de un total de 167 países. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, Rusia ocupaba el puesto 172 de 180 países, considerando que casi todos los medios de comunicación independientes han sido prohibidos u objeto de censura militar. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova, ha destacado en numerosas ocasiones que la situación de los derechos humanos en Rusia se había deteriorado significativamente desde la invasión de Ucrania, con un patrón de supresión de los derechos civiles y políticos.
Desde el 24 de febrero de 2022 se ha detenido en Rusia a 20 000 manifestantes en contra de la guerra y, según OVD-Info, actualmente hay más de 6 500 presos políticos. La Unión ha condenado la represión sistemática de ONG, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, tanto dentro como fuera de Rusia, y sigue apoyando a los rusos que se han manifestado o han protestado contra la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha reafirmado reiteradamente su solidaridad con todas las personas rusas que han sido enjuiciadas, encarceladas o intimidadas por seguir luchando por los derechos humanos y decir la verdad sobre las acciones ilegales del régimen.
En 2024 y 2025, el desmantelamiento de las libertades cívicas ha continuado y se ha ampliado con nuevas leyes que permiten enjuiciar a menores de tan solo catorce años por delitos de «sabotaje», la confiscación de bienes por declaraciones contra la guerra, castigos más severos por traición, casos delictivos inventados en los que se recurre a torturas, amenazas y provocaciones, la persecución de expresiones privadas, principalmente en internet y la prohibición de que todos los «agentes extranjeros» participen en cualquier tipo de actividad educativa, incluida la publicación de libros y la enseñanza. En 2026, la censura de internet ha alcanzado niveles sin precedentes, con un mayor control estatal sobre la infraestructura de internet que impide el acceso a las plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería globales, criminaliza progresivamente el uso de VPN, obliga a los usuarios a usar aplicaciones controladas por el Estado y lleva a cabo interrupciones generalizadas y cortes del acceso a internet móvil.
Acuerdos en vigor
El Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC), firmado en junio de 1994, sigue siendo la base jurídica de las relaciones entre la Unión y Rusia. Aunque tenía una validez inicial de diez años, se ha ido renovando cada año por acuerdo tácito. El ACC estableció un marco para el diálogo político y la cooperación, que incluía consultas periódicas sobre derechos humanos y cumbres presidenciales dos veces al año. Sin embargo, todos los diálogos institucionales en el marco del ACC se han suspendido desde 2014.
En la cumbre de San Petersburgo de 2003, la Unión y Rusia acordaron profundizar su cooperación mediante la creación de cuatro «espacios comunes» que abarcaban: 1) la economía, 2) la libertad, la seguridad y la justicia, 3) la seguridad exterior, y 4) la investigación, la educación y la cultura. Paralelamente, la política de la Dimensión Septentrional entre la Unión, Rusia, Noruega e Islandia se renovó en 2007 y promovió la cooperación transfronteriza en las regiones bálticas y de Barents. En 2008 se iniciaron negociaciones con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo entre la Unión y Rusia que incluyera compromisos jurídicamente vinculantes en ámbitos como el diálogo político, la justicia, la libertad, la seguridad, la cooperación económica, la investigación, la educación, la cultura, el comercio, la inversión y la energía. En 2010 se presentó la Asociación para la Modernización. Las negociaciones relativas a un acuerdo para la facilitación de visados concluyeron en 2011. Sin embargo, la invasión rusa de Crimea llevó a la suspensión de todas las negociaciones y los procesos en este sentido. En 2014 el Consejo Europeo suspendió la cooperación con Rusia (exceptuando la cooperación transfronteriza y los contactos interpersonales), así como la nueva financiación de la Unión tras la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia de febrero de 2022. Toda cooperación restante quedó suspendida.
Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo aprobó el ACC en 1997, con arreglo al «procedimiento de dictamen conforme».
El Parlamento ha aprobado una serie de resoluciones sobre Ucrania en las que condena la anexión ilegal de Crimea por Rusia en 2014 y su papel en la desestabilización del este de Ucrania. En sus Resoluciones, de 11 de junio de 2015, sobre la situación militar estratégica en la cuenca del mar Negro tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, y de 12 de marzo de 2019, sobre el estado de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia, el Parlamento respaldó las sanciones de la Unión y destacó la necesidad de que esta proporcione una asistencia financiera más ambiciosa a la sociedad civil rusa y de promover los contactos interpersonales a pesar de las difíciles relaciones. En la Resolución de 2019 sobre la situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia expresaba una honda preocupación por el comportamiento internacional de Rusia, en particular en los países de la Asociación Oriental. La Resolución también criticaba el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia y proponía que Rusia dejara de ser considerada un «socio estratégico» de la Unión. En septiembre de 2021, el Parlamento aprobó una Recomendación sobre la dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia en la que obliga a la Unión a «garantizar que toda nueva implicación con el Kremlin estará supeditada a la promesa de este de poner fin a su agresión interna contra su propio pueblo, detener la represión sistemática de la oposición y […] de presos políticos, […] de las organizaciones de la sociedad civil, […] derogar o modificar la legislación incompatible con las normas internacionales, como la relativa a los “agentes extranjeros” […] y poner fin a su agresión externa contra los países vecinos». Pide que la Unión tenga líneas rojas claramente definidas y se abstenga de proseguir la cooperación con Rusia con el único fin de mantener abiertos los canales de diálogo. También pide una visión y una estrategia sobre el futuro de las relaciones de la Unión con una Rusia libre, próspera, pacífica y democrática.
Antes de 2014, el Parlamento era favorable a un nuevo acuerdo global con Rusia basado en valores e intereses comunes. Sin embargo, el Parlamento ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en Rusia, por ejemplo en lo que se refiere a las leyes contra la «propaganda» LGBTIQ+, que despenalizan las formas menos graves de violencia doméstica, y la represión de ONG independientes o que reciben financiación extranjera, entre otros aspectos. El Parlamento ha condenado de manera especial el nivel sin precedentes de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los habitantes de Crimea, en particular los tártaros de Crimea. En 2018, exigió la liberación del director de cine ucraniano Oleg Sentsov, que se había opuesto a la anexión ilegal de Crimea, y a quien concedió el Premio Sájarov. Sentsov fue liberado en 2019 en el marco de un intercambio de presos entre Rusia y Ucrania. El Parlamento condenó taxativamente el intento de asesinato de Alexéi Navalni cometido en 2020.
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el Parlamento ha adoptado numerosas resoluciones en las que condena la agresión rusa y los crímenes perpetrados a su paso, y ha expresado su firme apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.
En el período transcurrido desde la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia, el Parlamento ha apoyado firmemente la imposición de sanciones firmes y eficaces por parte de la Unión como instrumento fundamental contra la Federación de Rusia, Bielorrusia y otros aliados de la Federación de Rusia. Ha abogado por la confiscación de los activos rusos inmovilizados por la Unión y su uso para ayudar a la reconstrucción de Ucrania y la indemnización a las víctimas de la agresión rusa. Por lo que se refiere a la cooperación en materia de sanciones en todo el mundo, el Parlamento ha pedido a sus socios que se sumen a estas sanciones, y considera con preocupación que varios terceros países están colaborando con Rusia para ayudarle a eludirlas.
En su Resolución de 23 de noviembre de 2022, el Parlamento reconoció a Rusia como un Estado promotor del terrorismo y que utiliza medios terroristas e instó a la comunidad internacional a unirse en la exigencia de responsabilidades por la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. En varias resoluciones ha pedido que el presidente Putin, otros líderes rusos y sus aliados bielorrusos rindan cuentas por el crimen de agresión que han cometido. En su Resolución de 19 de enero de 2023, el Parlamento apoyó la creación de un tribunal internacional especial para enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania perpetrado por los dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia y sus aliados, en particular Bielorrusia. Apoya plenamente, además, la investigación en curso del fiscal de la CPI sobre la situación en Ucrania y los presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Asimismo, el Parlamento acogió favorablemente las órdenes de detención de la CPI contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria de Derechos del Niño para el presidente de Rusia, en relación con las deportaciones ilegales de niños ucranianos a territorio ruso. En mayo de 2025, el Parlamento condenó firmemente la «estrategia genocida» llevada a cabo por Rusia, con el apoyo de Bielorrusia, diseñada para borrar la identidad ucraniana a través del traslado forzoso y la deportación de menores ucranianos, su adopción ilegal, el asesinato y la rusificación y militarización forzadas. En marzo de 2026, el Parlamento Europeo condenó el reclutamiento coercitivo de extranjeros por Rusia, en particular de extranjeros procedentes de África, como una grave violación de los derechos humanos y del Derecho internacional.
El Parlamento también condenó la falsificación sistemática de la historia por parte del régimen ruso para justificar su guerra ilegal contra Ucrania, su incapacidad para establecer la rendición de cuentas por los crímenes soviéticos, su enaltecimiento del totalitarismo estalinista, así como su obstrucción deliberada de la investigación histórica, y rechaza los esfuerzos por socavar la historia y la identidad de Ucrania.
En su Recomendación, de 8 de junio de 2022, sobre la política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea tras la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el Parlamento instó al VP/AR, Josep Borrell, a adoptar un enfoque global con respecto a la Federación de Rusia y a abandonar cualquier compromiso selectivo con Moscú frente a las atrocidades y crímenes de guerra orquestados por las élites políticas rusas y cometidos por tropas rusas, sus representantes y mercenarios en Ucrania y en otros lugares.
En su Resolución de 16 de febrero de 2023, el Parlamento reconoció que la guerra de agresión rusa había cambiado radicalmente la situación geopolítica en Europa y, por tanto, instó a la Unión a adoptar decisiones políticas, financieras y de seguridad audaces, valientes y globales, y a mantener el aislamiento internacional de la Federación de Rusia.
Al mismo tiempo, como declaró el Parlamento en su Resolución, de 6 de octubre de 2022, sobre la escalada de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania, también considera que la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros deben empezar a reflexionar sobre cómo colaborar con Rusia en el futuro y cómo ayudarla a lograr una transición satisfactoria de un régimen autoritario a un país democrático que renuncie a políticas revisionistas e imperialistas.
Antes de que comenzara la guerra de agresión, el Parlamento ya había condenado durante años la represión interna por parte del régimen ruso y el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Cuando Rusia emprendió su guerra de agresión contra Ucrania, el Parlamento reiteró en los términos más enérgicos su condena, en particular por las severas restricciones impuestas a la libertad de opinión y expresión, al derecho de reunión pacífica y asociación y por las represiones sistemáticas contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los abogados y la oposición política. El Parlamento también ha deplorado la legislación rusa ampliamente represiva, incluida la relativa a los «agentes extranjeros» y a las «organizaciones indeseables», los cambios en el Código Penal y la Ley de medios de comunicación de masas, que se utilizan para ejercer un acoso judicial contra las voces disidentes en el país y en el extranjero y socavar la independencia de los medios de comunicación. Además, ha denunciado la continua y creciente censura aplicada en Rusia.
En particular, el Parlamento ha deplorado reiteradamente la condena que Rusia impuso a Alexéi Navalni, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2021. Tras la detención y el encarcelamiento de más activistas, el Parlamento adoptó, el 7 de abril de 2022, una Resolución sobre el aumento de la represión en Rusia y otra, el 20 de abril de 2023, en la que se condena la creciente represión en Rusia, y en particular los casos de Vladímir Kara-Murza y Alexéi Navalni. Como parte de la campaña «Free Navalny» (Navalni Libre), en junio de 2023 el Parlamento instaló delante de su edificio en Bruselas una copia a tamaño real de la celda de castigo (Shizo) en la que Alexéi Navalni cumplía su condena de diecinueve años. El 29 de febrero de 2024, el Parlamento aprobó una Resolución a raíz de la muerte repentina de Alexéi Navalni, calificándola de «asesinato», cuya responsabilidad penal y política recae en el Gobierno ruso y en Vladímir Putin personalmente, y denunció la escalada de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen ruso.
El Parlamento ha expresado su solidaridad y apoyo al pueblo de Rusia y Bielorrusia que protesta contra la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y ha exigido a los Estados miembros que protejan y concedan asilo a los rusos y bielorrusos que son perseguidos por hablar en contra de la guerra, así como a los desertores y a los objetores de conciencia rusos y bielorrusos. También aboga por que las instituciones de la Unión se comprometan con los líderes democráticos y la sociedad civil de Rusia y apoya la creación de un eje democrático para Rusia, organizado por el Parlamento Europeo. La presidenta del Parlamento Europeo se reunió con representantes de la oposición rusa en 2022, y la Subcomisión de Derechos Humanos mantiene periódicamente intercambios de puntos de vista con periodistas independientes rusos, la sociedad civil y representantes de la oposición. En junio de 2023, varios diputados al Parlamento Europeo también organizaron una mesa redonda sobre el futuro de una Rusia democrática, en la que participaron representantes de las instituciones de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y representantes destacados de la oposición política y de los medios de comunicación libres rusos de todas las corrientes.
El 14 de febrero de 2024, el Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral y la Delegación del Parlamento Europeo sobre las relaciones con Rusia organizaron conjuntamente una conferencia en la que se invitó a representantes de la oposición rusa y a abogados defensores de los derechos humanos a debatir sobre el significado de las últimas elecciones presidenciales.
El 25 de abril de 2024, antes de su receso, el Parlamento celebró una votación importante en la que concluía que las denominadas elecciones presidenciales celebradas en Rusia del 15 al 17 de marzo fueron ilegítimas y antidemocráticas, ycondenó inequívocamente las elecciones ilegales celebradas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. El Parlamento también instó a los Estados miembros de la Unión Europea y a la comunidad internacional a que no reconozcan como legítimo el resultado de las elecciones presidenciales rusas, ya que no fueron ni libres ni justas, ni cumplieron las normas electorales internacionales básicas, por lo que carecieron de legitimidad democrática.
Desde el inicio de la décima legislatura, en julio de 2024, el Parlamento Europeo ha reiterado su apoyo continuo a Ucrania y ha condenado la agresión de Rusia a través de una serie de resoluciones.
Las relaciones con los legisladores rusos se llevaron a cabo principalmente en el marco de la Comisión Parlamentaria de Cooperación, un foro interparlamentario establecido por el ACC UE-Rusia. Entre 1997 y 2014, la Comisión Parlamentaria de Cooperación sirvió de plataforma estable para desarrollar la cooperación y el diálogo entre las delegaciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea Federal rusa. Desde marzo de 2014, no obstante, el Parlamento ha interrumpido estas reuniones interparlamentarias, de conformidad con las medidas restrictivas diplomáticas adoptadas por la Unión en respuesta a la crisis en Ucrania. No obstante, la Delegación del Parlamento en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia sigue reuniéndose periódicamente para analizar y debatir el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en el mundo y a escala nacional y, en particular, la creciente represión de las autoridades rusas contra la sociedad civil rusa. En este contexto, la Delegación mantiene intercambios de puntos de vista periódicos con representantes de la oposición rusa, defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes, así como con expertos internacionales. En junio de 2025, la Delegación celebró una reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Exteriores con la participación de Yulia Naválnaya y dos antiguos presos políticos, Vladímir Kara-Murza e Ilya Yashin.
Rusia no ha invitado al Parlamento Europeo como observador de elecciones desde 1999.
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