Los Tratados y el Parlamento Europeo 

El primer Tratado firmado en 1951 estableció la Asamblea Parlamentaria que luego pasó a denominarse Parlamento Europeo. El objetivo del Tratado inicial era que seis países que habían estado anteriormente en guerra trabajasen en colaboración para alcanzar objetivos comunes.

En los Tratados siguientes se han ido ampliando los ámbitos de colaboración o han tenido como objetivo mejorar el funcionamiento de las instituciones de la UE a medida que aumentaba el número de sus Estados miembros, desde seis hasta los 27 actuales. Por ejemplo, el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea introdujo la política agrícola y el Tratado de Niza reformó la estructura institucional de la UE.

El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Cuentas ejercen sus competencias conforme a los Tratados. La Comisión tiene la función de “guardiana de los Tratados”.

¿Cómo se crean los Tratados europeos?

Cuando se quiere establecer un nuevo Tratado o modificar uno existente, se convoca una Conferencia Intergubernamental, constituida por representantes de los gobiernos de los Estados miembros. El Parlamento tiene una función consultiva y ofrece su opinión durante la concepción y desarrollo del Tratado.

Más poderes para el Parlamento

Cada nuevo Tratado ha otorgado más poderes democráticos, legislativos y de control al Parlamento. Con el Tratado de Bruselas (firmado en 1975) el Parlamento adquirió el derecho de controlar las cuentas de la UE al finalizar cada ejercicio, y de evaluar si la Comisión ha gastado correcta y prudentemente el presupuesto comunitario.

El Acta Única Europea (Tratado firmado en 1986) estableció la obligación de obtener la aprobación del Parlamento para la adhesión a la UE de un Estado candidato. El Tratado de Ámsterdam (firmado en 1997) reforzó la función del Parlamento en el procedimiento de codecisión con el Consejo para toda una serie de ámbitos sujetos al Derecho comunitario (protección de los consumidores, capacidad de trabajar legalmente en otro país y cuestiones medioambientales, por citar solo una muestra).

El último Tratado, el de Lisboa, entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

El Tratado de Lisboa fortaleció al Parlamento Europeo, amplió la responsabilidad de los Parlamentos nacionales en la determinación del curso de la política europea y otorga a los ciudadanos europeos el derecho de iniciativa. El Tratado de Lisboa reforzó los poderes del Parlamento, convirtiéndolo en un colegislador plenamente reconocido con mayores competencias presupuestarias. También otorgó al Parlamento un papel fundamental en la elección de la presidencia de la Comisión Europea.